Lunes, 12 de mayo de 2025. Acaba de arrancar una nueva edición de la bienal Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España (Feindef), el escaparate de armas de referencia en nuestro país. E Ifema es todo un hervidero de gente. Desde primera hora, la normalidad la marca un ir y venir continuo de taxis, vehículos VTC y ejecutivos. Una estampa de negocios en la que se cuela, a eso del mediodía, una docena de activistas antimilitaristas que acceden al recinto por la puerta sur. Seis se rocían con pintura roja, representando la muerte alrededor del comercio de armas, y se tumban sobre la calzada con carteles de países asolados por la guerra –Palestina, Yemen, Líbano, Sudán o Ucrania–. Otros dos, trajeados como si fueran peces gordos de la industria armamentística, lanzan billetes falsos de 500 euros mientras se estrechan la mano y miran con indiferencia a las víctimas. Y el resto, despliega pancartas y corea lemas.

José Miguel Lorenzo formaba parte del primer grupo. Juli Aguado, por su parte, representaba en la performance a uno de esos "señores de la guerra" que se daban cita en la capital. Y ambos tienen hoy sobre sus mesas una propuesta de sanción por aquella acción. Ellos, y los otros diez compañeros que aquel lunes fueron trasladados en tres vehículos policiales a la comisaría del distrito de Hortaleza para su identificación –no portaban documentación–. Tras recibir la denuncia formulada por la Dirección General de la Policía, la Delegación del Gobierno ha fijado para cada uno de los activistas una multa de 700 euros. Y lo ha hecho en base a la Ley de Seguridad Ciudadana –conocida popularmente como ley mordaza–, una norma que el Ejecutivo prometió hace años derogar.

El expediente sancionador, al que ha tenido acceso infoLibre, identifica la infracción cometida como grave. Es, en concreto, la que se recoge en el artículo 36.3 de la citada ley: "Causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana". No es la primera vez que protestan contra la industria armamentística a las puertas de su feria de referencia. Ni la primera que, por ello, acaban en comisaría. "A veces nos multan y otras veces no, porque la Policía es quien eleva la propuesta de sanción y Delegación quien decide si se tramita. En esta ocasión, el Gobierno más progresista de la historia ha decidido que se tramite", resalta al otro lado del teléfono Lorenzo.

En el parte de intervención, al que ha accedido este diario, se realiza un somero relato de la actuación policial. En él, los agentes hacen una suerte de fotografía de la performance. Y acusan a los activistas de "interrumpir el tráfico de acceso y desencoche de las personas asistentes" a la feria. A diferencia de las actas, que se limitan a hacer referencia a las manchas que quedan en la vía o a la puesta "en peligro" del tráfico, el parte niega expresamente resistencia alguna por parte de los activistas: "El indicativo interviene para proceder al embolsamiento del colectivo y retirarlo de la calzada. No existe empleo de la fuerza por parte de los actuantes". "Los hechos generan una obstaculización del normal funcionamiento del tránsito rodado en el recinto ferial para acceder al evento", completa el documento.

Una vez recibida la comunicación de la Delegación del Gobierno en Madrid, los activistas tenían dos opciones. Por un lado, pagar la multa sin rechistar y obtener una rebaja sobre la misma. Por otro, dar la batalla. Y Lorenzo, por supuesto, se decantó por la segunda. En su recurso, el activista antimilitarista niega que la acción en la que participó afectase al tráfico. "El lugar donde nos encontrábamos estaba ubicado dentro del recinto privado del Ifema, donde apenas acceden vehículos", resalta. Es más, añade, solo se ocupó "uno de los tres carriles" que discurren frente a la puerta principal, "quedando dos libres para el tráfico rodado, que en ese momento no había".

En su escrito, Lorenzo también alega que "en ningún momento" se "interrumpió" el "normal funcionamiento del acto". "Los asistentes pudieron continuar asistiendo, con la única salvedad de que también pudieron vernos simbolizando las consecuencias del uso de las armas que se exponían", apunta. Y pone también el acento en la ausencia de resistencia por parte de los activistas, pertenecientes a colectivos como Desarma Madrid o Alternativa Antimilitarista-MOC: "Resulta difícil de creer que en mitad de la supuestamente tan grave alteración del orden público de la que se nos acusa, los agentes ni siquiera tuvieran que hacer uso de la fuerza para que nos levantáramos".

No es la primera vez que pelean contra la ley mordaza. Y, hasta ahora, no les ha ido mal. En un cajón terminaron, al final, las sanciones que se impusieron a casi una treintena de activistas por realizar pintadas a favor de la paz y en contra de la Organización del Tratado Atlántico Norte en la fachada de la Escuela de Guerra del Ejército en Madrid coincidiendo con la cumbre de la OTAN en la capital. Y lo mismo ocurrió con las tramitadas por protestar en 2017 contra otra feria de tecnología de defensa en la capital. Como no se pudo demostrar ni desobediencia ni resistencia a la autoridad en la acción, todo quedó finalmente archivado.

Aguado, que se desplazó más de 300 kilómetros para participar en la protesta contra la feria armamentística, critica que se esté "castigando el derecho a la protesta". En conversación con este diario, reconoce que este tipo de sanciones, con las que se persigue un "control social", son armas de doble filo. Por un lado, "disuaden y mucho": "Sientes que te quitan garantías". Pero también sirven de "caja de resonancia". "Igual que ocurría con el movimiento insumiso, que cada vez que alguien iba a la cárcel aumentaba de tamaño", resume este profesor de Sociología en la Universitat de València y experto en movimientos sociales.

Pese a las multas, Aguado, que lleva en el activismo antimilitarista desde los ochenta, piensa seguir al pie del cañón. Sobre todo, en un momento de rearme mundial como el actual. "No es que te lo pida el cuerpo, es que te lo pide el contexto. Guerras, genocidio y todo el catálogo de desastres provocados por el militarismo. Hay que estar ahí y deberíamos ser más. Es gordo lo que hay y lo que viene", asevera. En la misma línea se pronuncia Lorenzo, que avisa de que seguirán alzando la voz contra ferias de tanques, helicópteros, drones, miras telescópicas o simuladores de tiro. Escaparates como Feindef, que desde su primera edición en 2019 ha quintuplicado el espacio de exposición y ha multiplicado por diez el número de exposiciones internacionales. "Es un espacio repleto de militares de alta graduación, políticos o ministros. Por eso no les debe de gustar que aparezcamos por ahí", sentencia el activista.

España aumentó un 50% su gasto militar el año pasado hasta 40.200 millones de dólares (34.265 millones de euros), señaló este lunes en un informe el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI).

El SIPRI resaltó que es la primera vez desde 1994 que la partida destinada a armamento supera el 2% del producto interior bruto (PIB) español (el 2,1% en este caso). En la última década, el gasto militar español aumentó un 122%, de acuerdo con los datos suministrados por SIPRI.

España ocupa el puesto número 15 en la lista a nivel global, dos más arriba que en 2024, con un 1,4 % del gasto militar mundial.

La subida del gasto militar español se enmarca en un alza generalizada en todos los países europeos miembros de la OTAN, presionados por Estados Unidos y en el contexto de la guerra en Ucrania, lo que provocó que la inversión en el continente alcanzase los 864.000 millones de dólares (736.000 millones de euros), un 14% más.

Se trata del mayor crecimiento anual del gasto militar en Europa Central y Occidental desde el fin de la Guerra Fría. La suma combinada de la inversión de los 29 países europeos que forman parte de la Alianza alcanzó los 559.000 millones (476.000 millones de euros), liderada por Alemania, que por primera vez desde 1990 dedicó más del 2% de su PIB a este área.

Con 114.000 millones de dólares (97.000 millones de euros) destinados, la inversión de Alemania -el cuarto país a nivel mundial con el 3,9% del total- aumentó un 24 % respecto a 2024.

Rusia, tercera en la lista mundial, invirtió 190.000 millones (162.000 millones de euros), un 5,9 % más y el 7,5 % de su PIB, mientras que Ucrania gastó 84.100 millones (71.683 millones de euros), un 20 % más y el equivalente al 40 % de su PIB.

El informe refleja una subida del gasto militar mundial de un 2,9% en términos reales el año pasado, debido a la mayor inversión en Europa y en Asia-Oceanía, a pesar de la caída en Estados Unidos.

La cifra total ascendió a 2,89 billones de dólares (2,45 billones de euros), el nivel más alto desde 2009 y el equivalente al 2,5% del producto interior bruto (PIB) mundial.

La inversión militar en Asia-Oceanía, un 8,1%, lo que ayudó a compensar la caída del 7,5% en Estados Unidos, que sigue encabezando no obstante la lista por países y acapara un tercio del gasto total, casi el triple que China, el segundo.

"Dado el rango de las crisis actuales, así como los objetivos de gasto militar a largo plazo de muchos países, este crecimiento continuará probablemente durante 2026 y más allá", señaló el informe.

El gasto militar estadounidense ascendió a 954.000 millones de dólares (813.000 millones de euros), un 7,5% menos, debido a que no se aprobó ninguna ayuda militar a Ucrania, algo que sí había ocurrido durante los tres años anteriores de guerra.

Estados Unidos aumentó no obstante su inversión tanto en capacidades militares convencionales como nucleares "para mantener su dominio en el hemisferio occidental y disuadir a China en el Indo-Pacífico".

El informe considera probable que la caída en la inversión estadounidense sea transitoria.

"El gasto aprobado por el Congreso para 2026 ha aumentado a más de un billón de dólares, una subida substancial respecto a 2025, y podría crecer a 1,5 billones en 2027 si la última moción presentada por el presidente Trump es aceptada", afirma el SIPRI.

La inversión militar en Asia-Oceanía ascendió a 681.000 millones (580.000 millones de euros), un 8,1% más y la mayor subida desde 2009, con China como principal potencia con un gasto de 336.000 millones (286.000 millones de euros), un 7,4% más.

El gasto japonés subió un 9,7% hasta 62.200 millones (53.017 millones de euros), el 1,4% de su PIB, una proporción que no alcanzaba desde 1958.

Taiwán gastó 18.200 millones (15.513 millones de euros), un 14% más, la mayor subida en al menos cuatro décadas.

"Aliados de Estados Unidos en Asia y Oceanía como Australia, Japón y Filipinas están gastando más en sus ejércitos por tensiones regionales duraderas y la creciente incertidumbre sobre el apoyo de EEUU Como en Europa, también están bajo presión de la administración Trump para que gasten más", señala el informe.

En Oriente Medio, la inversión militar fue de 218.000 millones de dólares (186.000 millones de euros), un 0,1% más.

Israel redujo su gasto militar casi un 5% debido a una menor intensidad en la guerra en Gaza y al acuerdo de alto el fuego con Hamás, señala el SIPRI, que destaca que el resto de países de la zona aumentaron sin embargo su inversión.

En la película El Señor de la Guerra, Nicolas Cage encarna a un traficante de armas ruso que vende su material militar al mejor postor, sin importarle el cliente que va a recibir su mercancía. Y, como siempre, la realidad supera la ficción. Hace escasas fechas, el día 20 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al búlgaro Peter Dimitrov Mirchev de un "complot para abastecer de armamento de guerra al Cártel Jalisco Nueva Generación". Este tipo fue arrestado en Madrid hace algunos meses a petición de los servicios secretos americanos, que llevaban tiempo tras él.

Dimitrov tiene un protagonismo principal en esta historia, pero hay actores secundarios que los harían optar firmemente a grandes premios de cine. Se trata de Elisha Odhiambo Asum, de Kenia, Subiro Osmund Mwapinga, de Tanzania, y Michael Katungi Mpweire, de Uganda. Estos tres tipos son clave en el engranaje del contrabando de armas porque facilitaban la opción de conseguir un tipo de armamento que solo se puede adquirir legalmente si se pertenece a un ejército.

Dimitrov tenía un bagaje extenso en este aspecto. Según la Justicia de EEUU, llevaba 25 años dedicándose al tráfico de armas y era buen aliado del ruso Víktor But, un as del contrabando de armas que fue intercambiado por EEUU y que ahora ejerce como político regional en su Rusia natal. Se le conocía como El mercader de la muerte.

But fue el amo y señor de las guerras y los proxies de ciertos países, y de él aprendió Dimitrov. El búlgaro fue detenido el 8 de abril de 2025 en Madrid, y se desconoce qué tipo de labor estaba realizando en España, aunque seguro que no estaba de vacaciones.

No se descarta, y menos aún tras las últimas evidencias de presencia de los mexicanos en el país, que tuviera reuniones con emisarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, habida cuenta de que la presencia en España de esta organización criminal está más que probada: desde laboratorios de metanfetamina o cocaína hasta un control exhaustivo de que su mercancía llega a buen puerto, nunca mejor dicho.

El interés de este traficante de armas búlgaro era colocar 58 millones de euros en armamento al CJNG, liderado en ese momento por el Mencho, y en su catálogo de venta se jactaba de poder conseguir hasta tanques.

Enviaba ese folleto como si se tratara de la elección de una cena en un restaurante, pero esta vez el plato llegaba en forma de proyectil. La presencia de los tres africanos era clave en su estructura porque podían conseguir, gracias a sus contactos, documentos que legalizaban los envíos de armas, ya que lograban obtenerlos de forma oficial simulando operar como si fuesen el ejército de Tanzania.

Querían hacer llegar al CJNG ametralladoras, lanzacohetes, granadas de mano, equipos de visión nocturna, rifles de francotirador, minas antipersona y armas antiaéreas. Pero podían conseguir incluso misiles tierra-aire, lo que da una idea del tipo de recursos militares que necesitan ahora grupos criminales como los cárteles mexicanos.

La potencia de fuego que requieren para combates urbanos o a tumba abierta en espacios rurales es cada vez mayor: desde la especialización de operadores de drones que han participado activamente en la guerra de Ucrania hasta artilleros eficaces que disparen armas de calibre .50.

La necesidad crece en los brazos armados de los cárteles mexicanos y, para la expansión que busca el Cártel Jalisco, es imprescindible obtener personas capaces de abastecerles de armas sin acudir al mercado de EEUU, que es su principal opción.

Sin embargo, el CJNG no se fiaba desde hacía tiempo de poder seguir operando de la misma forma para hacer llegar tantas armas y munición como necesitan. El encargo de un pedido de 58 millones de euros en forma de arsenal ofrece una perspectiva de lo que una organización del calibre del CJNG mueve en forma de dinero. Y prueba que no era la primera vez que Dimitrov trabajaba con el Cártel Jalisco, al que le envió unos 50 fusiles de asalto Kalashnikov, como demuestran los investigadores norteamericanos.

Aquello fue la prueba de fuego y querían más: desde drones hasta los misiles tierra-aire mencionados antes. Todas estas armas son utilizadas en combates en los principales bastiones del Cartel, y que se haya extendido tanto esta organización criminal desde 2011 no es fruto de la casualidad. Todo responde a una estrategia criminal bien orquestada y ejecutada. El contacto con un traficante de armas búlgaro les permitiría obtener recursos militares en el momento en que quisieran efectuar ofensivas en zonas calientes como Michoacán, Guerrero o Guanajuato.

Aunque los cárteles consiguen con bastante facilidad fusiles de asalto y RPG desde EEUU a través del contrabando en su frontera, esa situación podría cambiar en cualquier momento si el Gobierno de turno de EEUU modificara ciertas pautas de compraventa y planificara una seguridad adaptada a una realidad en la que los principales fabricantes de armas de ese país abastecen los arsenales de los cárteles mexicanos.

Por eso, tipos como Dimitrov, con una experiencia extensa en estos menesteres, son clave para que una organización criminal del tamaño del CJNG funcione. Sin armas no son nada, porque estas constituyen la base de su poder. No hay otra cuestión de control de territorio que esa: en el momento en que otro Cártel tenga mejor armamento y hombres más entrenados, ese territorio pasa a ellos.

Es la única razón por la que están continuamente solicitando armamento cada vez más destructivo; están en ese juego del gato y el ratón mientras manejan drones con explosivos. Y a ello se suma que los blindados que utilizan han mejorado tanto que los convoyes en los que se desplazan por México están al nivel de milicias del Kurdistán iraquí o de Siria.

Dimitrov se enfrenta ahora a la cadena perpetua, al igual que sus compañeros de aventuras. Intentar sobornar a militares de media África es lo que tiene si pretendes abastecer de armas a una organización criminal considerada como terrorista por EEUU.

Para España no lo es; por eso, cuando extraditó desde Madrid a Peter Dimitrov Mirchev, la Audiencia Nacional decidió hacerlo sin los cargos por terrorismo. Aquí se sigue considerando que es solo una organización criminal dedicada al narcotráfico, pero lo cierto es que el Cártel Jalisco Nueva Generación, en términos estrictos, puede considerarse una organización criminal que también comete atentados con fines subversivos para tener un control total de su territorio.

Y, tras la caída del Mencho, nada ha cambiado: las cuatro letras siguen vigentes y, por ahora, más vivas que nunca, aunque se quedaron sin su traficante internacional de armas de turno. Un señor de la guerra.

El Gobierno ha activado por primera vez la cláusula de excepcionalidad incluida en el embargo al comercio de armas con Israel para permitir a Airbus importar determinados componentes de defensa y de doble uso procedentes de ese país. La decisión, aprobada en el último Consejo de Ministros del año, se justifica oficialmente por el riesgo que el veto suponía para varios programas estratégicos de la compañía en España y por el impacto que tendría sobre el empleo y la autonomía industrial.

Según la referencia oficial publicada por Moncloa, la autorización se concede “de manera excepcional” y afecta a cuatro proyectos concretos: el A400M, el A330 MRTT, el C295 y el dron táctico SIRTAP. El Ejecutivo subraya que se trata de programas “con gran potencial industrial y exportador” y que se consideran “indispensables para la viabilidad económica de las líneas de producción y preservar miles de empleos de alta cualificación en España”.

La excepción se ampara en la disposición adicional primera del decreto ley aprobado en septiembre para imponer un embargo total al comercio de material de defensa con Israel en respuesta a la guerra en Gaza. Esa cláusula permite autorizar transferencias cuando la aplicación estricta del veto suponga un “menoscabo” para los “intereses generales nacionales”.

En la justificación incluida en la referencia del Consejo, el Gobierno sostiene que “no existen alternativas inmediatas para suplir con garantías determinados componentes tecnológicos imprescindibles” y advierte de que la imposibilidad de mantener ese comercio con Israel pondría “en alto riesgo la continuidad de estos proyectos en España”, con un impacto “industrial, económico, de empleo y tecnológico” que afectaría a la autonomía estratégica del país.

Tras hacerse pública la decisión, la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió que la excepción aprobada no guarda relación con las políticas militares de su departamento, sino que se enmarca en el ámbito comercial, industrial y de las exportaciones. Robles reiteró que España no compra armas a Israel, sino tecnología para determinados programas, y subrayó que el Ministerio de Defensa está desarrollando un plan de desconexión de la tecnología israelí para que sea la industria nacional la que asuma esos proyectos.

En esa línea, insistió en que el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros se refiere a Airbus en relación con exportaciones a terceros países y a la creación y mantenimiento de empleo, y que no afecta, según su planteamiento, al ámbito armamentístico.

Sin embargo, los cuatro programas citados explícitamente en la referencia oficial —A400M, A330 MRTT, C295 y SIRTAP— son plataformas militares. Se trata de aeronaves de transporte estratégico y táctico, reabastecimiento en vuelo, vigilancia y patrulla, y sistemas no tripulados desarrollados para fuerzas armadas. La referencia del Consejo no aclara si los componentes autorizados se destinan a programas del Ejército español o a contratos internacionales, y se limita a destacar su valor industrial y comercial.

Ese margen interpretativo ya había aflorado incluso antes de que el Gobierno activara una excepción formal. Como ha publicado Civio, el Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona) adjudicó a finales de noviembre un contrato para la compra de 63 chalecos antibalas a la empresa Guardian Homeland Security, pese a que tanto la licitación como la adjudicación se produjeron después de la entrada en vigor del decreto ley que veta la importación y exportación de material de defensa israelí. Según el análisis de Civio, si los chalecos —que la propia empresa presenta como “made in Israel”— no se encontraban ya en España antes del 25 de septiembre, su importación debería haber quedado prohibida, al tratarse de equipos de protección incluidos en el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. 

No se trata de un caso aislado: a comienzos de octubre, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares anuló un contrato prácticamente idéntico tras hacerse público. Y antes del embargo, pero ya bajo un compromiso político del Gobierno de no comprar ni vender armamento a Israel, Interior formalizó en abril un contrato millonario para la adquisición de munición a la misma empresa israelí, una operación que no pudo revertirse por la avanzada fase de tramitación, según alegó entonces la Abogacía del Estado.

Desde Centre Delàs d’Estudis per la Pau, el profesor de Derecho Administrativo Eduardo Melero considera que la excepción aprobada evidencia hasta qué punto el embargo ha quedado supeditado a los intereses de la industria armamentística. A su juicio, no se trata de un hecho aislado, sino de un mecanismo más dentro de una política sostenida durante años por distintos gobiernos para favorecer las exportaciones de defensa.

Melero apunta además a la amplitud del concepto de “intereses generales nacionales” recogido en el decreto, que permite encajar prácticamente cualquier argumento económico o industrial. En ese contexto, considera exagerada la apelación del Gobierno a la autonomía estratégica para justificar una excepción apenas tres meses después de la entrada en vigor del embargo.

El jurista subraya también una contradicción en el discurso oficial. Mientras Defensa presenta la operación como ajena al ámbito militar, los proyectos incluidos en la excepción son, según Melero, inequívocamente aeronaves militares, y los componentes cuya importación se autoriza encajan en la categoría de material de defensa o de productos y tecnologías de doble uso —es decir, susceptible de ser usado en sistemas armamentísticos— según la legislación española y europea. A su entender, el problema no es solo la excepción en sí, sino la falta de información pública sobre qué componentes concretos se están autorizando y con qué alcance.

Desde Centre Delàs denuncian, además, una opacidad estructural en la política de control del comercio de armas. Las deliberaciones y los informes de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), que avaló la excepción, no son públicos y están protegidos por la normativa de secretos oficiales, lo que impide conocer los argumentos exactos que han sustentado la decisión.

Melero cuestiona también el relato del Gobierno sobre la cancelación de contratos militares con empresas israelíes. Según explica, en la Plataforma de Contratación del Sector Público no constan acuerdos formales de rescisión de algunos de los principales contratos anunciados como anulados, lo que, en su opinión, revela que el embargo ha sido más simbólico que efectivo.

El Centre Delàs advierte además de que la excepción concedida a Airbus no es el único punto débil del embargo. Existen, según el centro, múltiples vías para sortearlo mediante operaciones triangulares y programas industriales compartidos con terceros países. En esos casos, componentes de origen israelí pueden integrarse en sistemas fabricados o ensamblados fuera de Israel y reintroducirse en los circuitos industriales europeos sin computar formalmente como importaciones desde ese país. Este tipo de esquemas, habituales en la industria de defensa multinacional, limitarían aún más el alcance real del veto aprobado por el Gobierno, que solo afecta directamente a operaciones desde o hacia España.

La decisión ha provocado además tensiones políticas dentro del Ejecutivo. Los ministros de Sumar registraron objeciones formales en el Consejo de Ministros, al considerar que no existen motivos suficientes para aplicar la cláusula de excepcionalidad. En su razonamiento, sostienen que los argumentos esgrimidos se centran en el impacto económico sobre una parte de la industria aeroespacial y en consideraciones de credibilidad empresarial, pero no en obligaciones derivadas del derecho internacional.

Fuera del Gobierno, Podemos ha cuestionado abiertamente la credibilidad del embargo y ha acusado al Ejecutivo de vaciarlo de contenido mediante excepciones apenas tres meses después de su aprobación.

El propio real decreto establece que el Gobierno debe comparecer ante el Congreso para informar del alcance de las excepciones y del balance del embargo en sus primeros meses de aplicación, una rendición de cuentas que sigue pendiente tras el parón de la actividad parlamentaria.

El Departamento de Estado de EEUU aprobó la posible venta a Taiwán de repuestos y piezas de reparación de aeronaves militares por un total de 330 millones de dólares, en lo que supone la primera venta de armamento a la isla tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero, según informa EFE.

En un comunicado, la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA) detalló que la Oficina de Representación de Taipéi en Estados Unidos solicitó la compra de "componentes no estándar, repuestos y piezas de reparación, consumibles y accesorios" para cazas de combate F-16, aviones de transporte C-130 y para el caza de producción autóctona de Taiwán, el IDF.

La operación es "coherente con la legislación y la política de Estados Unidos" y "sirve a los intereses nacionales, económicos y de seguridad" del país norteamericano "al respaldar los esfuerzos continuos del beneficiario por modernizar sus fuerzas armadas y mantener una capacidad defensiva creíble", indicó la DSCA.

"La venta propuesta ayudará a mejorar la seguridad del beneficiario y contribuirá a mantener la estabilidad política, el equilibrio militar y el progreso económico en la región", señaló el comunicado sobre la venta de este equipo, que será transferido a Taiwán desde las reservas del Gobierno de Estados Unidos.

Con este movimiento, el Gobierno de Estados Unidos "continúa asistiendo a Taiwán en el mantenimiento de una capacidad de defensa suficiente", manifestó el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de la isla en un comunicado.

La provisión de estas piezas de armamento "no solo ayudará a sostener la preparación de combate de los cazas de la Fuerza Aérea y a reforzar la defensa aérea" de Taiwán, sino que también "fortalecerá la resiliencia defensiva y mejorará la capacidad de respuesta frente a las incursiones 'en zona gris' de la República Popular China", de acuerdo al MDN.

Esta es la primera venta de armamento de EEUU a Taiwán tras el retorno al Despacho Oval de Trump y llega semanas después del encuentro en Corea del Sur entre el mandatario republicano y su homólogo chino, Xi Jinping. Tras la reunión, en la que no se mencionó a Taiwán, Trump reiteró que China no intervendrá militarmente en la isla mientras él dirija la Casa Blanca.

Xi "dijo abiertamente, y su gente dijo abiertamente en las reuniones: 'Nunca haríamos nada mientras el presidente Trump sea presidente', porque saben las consecuencias", declaró al canal CBS. Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para concretar la "reunificación" de la isla y el continente, uno de los objetivos a largo plazo trazados por Xi tras su llegada al poder en 2012.

Desde hace más de siete décadas, EEUU se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín. Esa postura ha provocado permanentes roces entre EEUU y China, cuyo Gobierno ha definido a la "cuestión taiwanesa" como la "línea roja" en las relaciones entre las dos potencias.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge interroga este miércoles al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a dos directivos en la causa en la que les investiga por la venta de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras, según informa EFE.

El magistrado investiga si incurrieron en un delito de contrabando y participación por complicidad en otro de lesa humanidad por vender partidas de acero a esta empresa, presuntamente "con pleno conocimiento" de que el material "iba lógicamente destinado a la producción de armamento", según la providencia de citación a la que ha tenido acceso EFE.

El presidente de la empresa, a quien el juez considera "máximo responsable de la toma de decisiones en Sidenor Aceros Especiales", está citado este miércoles junto al director general corporativo y al director comercial, de quienes "cabe deducir" que habrían intervenido también en los hechos que se investigan.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 explica en su providencia que la venta de partidas de acero, "repetidamente", a la citada empresa se realizó "sin solicitar la correspondiente autorización al Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente".

Al conocer las imputaciones, Sidenor, acrónimo de Siderúrgicas del Norte, informó en un comunicado de que seguirá las indicaciones de sus abogados para "responder al juez, a quién dará toda la información que obre en su poder".

Este procedimiento judicial se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, personada como acusación popular en representación de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel.

En un comunicado, la asociación subraya que es la primera vez que se abre una investigación de este tipo en España e incide en que desde la campaña se seguirá trabajando en "la aplicación de un embargo de armas integral y retroactivo".

El Gobierno francés inició este miércoles el procedimiento para suspender temporalmente en Francia la plataforma china de comercio electrónico Shein hasta que demuestre que "todo su contenido cumple con las leyes y regulaciones vigentes" en el país, informó el equipo del ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, en un comunicado. Los miembros del Gabinete de Lecornu analizarán la situación "dentro de 48 horas", según la escueta nota.

Poco después, Shein anunció que suspende la venta en Francia de productos ofrecidos por vendedores externos tras el escándalo por la venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas. Shein tomó esta decisión "tras las preocupaciones suscitadas por ciertos anuncios de vendedores externos independientes".

La decisión del Ejecutivo francés se produce dos horas después de que Shein haya abierto en París la puertas de su primera tienda física y solo unos días después de que estallara en Francia un escándalo por la venta en esta plataforma de muñecas sexuales de aspecto infantil e hiperrealistas, con argumentos de venta pedo-pornográficos. La inauguración ha estado protagonizada por manifestaciones contra la misma por la venta de estos productos.

El ministro de Economía advirtió el pasado lunes y reiteró ayer que al Gobierno "no le temblará la mano" para prohibir las actividades de la plataforma china en Francia si se demostraba que se hubieran realizado actividades ilícitas. La Fiscalía de París abrió a principios de esta semana una investigación a Shein por "difusión de imágenes o representaciones de menores de naturaleza pornográfica", que también afecta a AliExpress, y por la "difusión de mensajes violentos, pornográficos o degradantes accesibles a menores", en la que además de esas dos plataformas figuran la también china Temu y la estadounidense Wish.

La tienda del gigante asiático, ubicada en la sexta planta de los emblemáticos almacenes BHV, enfrente del Ayuntamiento de la capital francesa y a dos pasos de la catedral de Notre-Dame, abrió sus puertas a las 13.00 hora local en un espacio de 1.200 metros cuadrados.

Coincidiendo con la apertura de la tienda, la prensa francesa informó de la detención y puesta bajo custodia de un hombre en Bouc-Bel-Air, cerca de Marsella, tras interceptar un paquete con una muñeca sexual de aspecto infantil remitido a su nombre y comprado en la plataforma Shein.

Directivos de la compañía china de comercio electrónico deberán responder el 18 de noviembre a las preguntas de los parlamentarios franceses que integran una comisión de investigación para comprender cómo pudieron venderse productos ilícitos en este país.

Además, un grupo de diputados de diversos horizontes políticos anunció este miércoles la próxima presentación de una resolución europea contra el problema de la moda rápida, que insta a Bruselas y al Gobierno francés a adoptar una postura más firme contra Shein. Entre ellos está el diputado del partido conservador Los Republicanos Antoine Vermorel-Marques, quien también es el ponente de la comisión de investigación sobre los controles de productos importados en Francia.

Ese diputado tiene previsto denunciar este miércples ante la fiscalía de París la venta de armas de categoría A (machetes y puños americanos) tras descubrir anuncios en la plataforma. "Se vende como un éxito de ventas en Shein... e incluso con descuento para Navidad. Eso ya es demasiado", exclamó en sus redes sociales, recordando que "la venta de estas armas se castiga con 5 años de prisión y una multa de 75.000 euros" en Francia.

La Iniciativa de Defensa Estratégica, conocida popularmente como "Guerra de las Galaxias", fue el vasto programa militar anunciado en 1983 por el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, destinado a proteger a su país de un eventual ataque nuclear. El escudo antibalístico basado en la investigación en láseres, nuevos misiles interceptores o satélites y radares de última generación invirtió en pocos años unos 30.000 millones de dólares de entonces y provocó una nueva carrera armamentística que la Unión Soviética no pudo seguir.

Hoy, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los líderes de Estados miembros de Polonia, Suecia, Rumanía o Dinamarca evitan hablar de una guerra espacial pero apuestan decididamente por un escudo aéreo antidrones con el que la Unión Europea parece querer emular al Reagan de los 80, en una iniciativa europea cuyo coste está todavía por determinar pero que sumará miles de millones de euros.

La Comisión Europea y sus Estados miembros en la frontera oriental quieren desarrollar el muro antidrones en un par de años para su funcionamiento a pleno rendimiento a finales de 2028. Estaría compuesto de una red de sensores, radares y sistemas de interceptación distribuidos en diferentes países capaces de proteger el espacio aéreo del continente frente a drones externos considerados hostiles. Primero, en 2027, estaría operativo el muro para derribar las aeronaves no tripuladas y un año después todo el sistema de vigilancia integral.

Bruselas sostiene que “es necesario actuar con rapidez” para defender y disuadir en todos los dominios, sean tierra, mar, aire o ciberespacio, incluidas las carencias el sector de los drones y antidrones. Las necesidades totales de financiación, según cálculos de la Comisión Europea, ascenderían a 800.000 millones de euros, de ahí la cifra del programa ReArm.

Recientemente, el comisario europeo de Defensa, el lituano Andrius Kubilius, cifró un primigenio escudo antidrones solo para Polonia y los países bálticos que reforzase las baterías antiaéreas y radares ya existentes en 1.000 millones de euros. El monto para todo el continente, incluida Noruega o los Balcanes, sería muy superior. Bruselas recoge así los llamamientos desde los estamentos militares de diferentes Estados miembros. En Alemania, el jefe del Estado Mayor, el general Breuer, ha insistido en que “no hay alternativa” a la construcción en los próximos cinco a ochos años de una defensa antimisiles contra una “Rusia más agresiva”.

La visión en Bruselas es concebir el escudo antimisiles europeo como una iniciativa militar y también una afirmación estratégica de la autonomía de los 27 frente a los Estados Unidos, para garantizar que la disuasión en el espectro aéreo se sostiene con capacidades propias producidas dentro del ecosistema industrial del continente.

La italiana Leonardo, la francesa Thales, la alemana Rheinmetall, la española Indra o el consorcio aeronáutico Airbus, propiedad de Alemania, España y Francia, serían algunas de las grandes corporaciones beneficiadas, tractoras del ecosistema de empresas medias y pequeñas distribuidas por el continente. Los cálculos del Parlamento Europeo señalan que el ecosistema de la industria de defensa engloba a unas 2.000 multinacionales, compañías de medio tamaño y pequeñas empresas cuya facturación anual asciende a 70.000 millones de euros. 

Parte del pastel del escudo antimisiles europeo también recaería en empresas fuera de la UE como la británica BAE Systems o la noruega Kongsberg. De esta última recientemente Bélgica y Países Bajos anunciaron la compra de diez sistemas avanzados de defensa contra misiles Nasams por 2.500 millones de euros. La española SMS modernizará, según el contrato firmado en marzo, ese mismo tipo de baterías antiaéreas en servicio dentro de las Fuerzas Armadas españolas por cerca de 500 millones de euros.

SMS es el consorcio Sistema de Misiles de España que engloba a las empresas de defensa Sener, GMV, Instalaza y Escribano. Esta última es un fabricante de sistemas de artillería que está diseñando torres contra drones que serán equipadas en barcos de la armada o instalaciones militares. Instalaza es el fabricante aragonés especializado en lanzacohetes con productos suministrados a las tropas, por ejemplo, de Ucrania contra la invasión rusa.

Existe a nivel europeo otro consorcio liderado por la francesa Thales que confirma este jugoso negocio para las armamentísticas europeas. Bajo las siglas EISNET, con la participación de 23 socios industriales, centros de investigación e instituciones académicas de doce Estados miembros, inició su andadura hace casi un año frente a las amenazas de enjambres de drones o misiles hipersónicos, con financiación del Fondo Europeo de Defensa de la UE. Su aspiración es ganar contratos públicos nacionales o comunitarios para el desarrollo de radares, sistemas de sensores, centros de comunicación y datos, además de los misiles, torres de artillería o láseres de interceptación.

“Sería irresponsable si el escudo aéreo europeo no se construye rápidamente, especialmente para los países que no cuentan con la disuasión nuclear”, escribe Guntram Wolff, director durante una década del think tank bruselense Bruegel. Sin embargo, los obstáculos de un proyecto de tal magnitud, reconoce Wolff, son “el coste y la conjunción entre la velocidad de despliegue y los objetivos de política industrial en el sector de la defensa”. “La emisión de deuda de la Unión Europea podría superar estas cuestiones”, propone el economista alemán.

Financiar con deuda conjunta un proyecto semejante choca con la política tradicional de numerosos gobiernos europeos, los halcones de la austeridad como Alemania, Austria o Países Bajos, reacios a financiar conjuntamente con dinero de sus haciendas iniciativas continentales. La solución a la guerra de las galaxias europea llegará desde los presupuestos de la UE a costa del gasto regional, en la lucha contra el cambio climático o a la agricultura. Y se sustentará en partidas como el Programa Europeo de la Industria de la Defensa, EDIP, pactado el 15 de octubre entre la Comisión, los 27 y el Parlamento Europeo. 

Dentro de la Eurocámara pocas las voces se han alzado contra este escudo. El grupo de La Izquierda considera que “es una iniciativa que pretende lanzar la creciente carrera armamentística que vive en su seno Europa a costa del gasto social y climático”, mientras parte de Los Verdes se han puesto de perfil y, como la eurodiputada alemana Hannah Neumann, miembro del Comité de Defensa y Seguridad, hablan de que “un muro antidrones no nos protegerá de los ciberataques ni ayudará a la defensa aérea o a la producción de municiones”.

La militarización de la UE sí está en el epicentro de las críticas de la bancada de La Izquierda. Así lo señala el eurodiputado alemán de Die Linke, Özlem Demirel al denunciar que “con el EDIP la política industrial de la UE se va a convertir en la extensión de la industria militar”. Con la experiencia de su país, que sólo tras la invasión rusa de Ucrania aparcó las décadas de apaciguamiento que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, Demirel señala que “el armamento y las capacidades militares son lo contrario a la seguridad, como la historia europea nos ha enseñado”. 

Marc Botenga, del Parti du Travail de Belgique, advierte que el EDIP es “un programa industrial que ata nuestras futuras economías a la guerra sacrificando las inversiones sociales al dirigir dinero público hacia los fabricantes de armas”. Mientras, las críticas en algunos Estados miembros al muro antidrones no son a su concepción por el ingente desembolso de fondos europeos. En la reciente Cumbre de Copenhage las voces discrepantes, como la italiana Giorgia Meloni o el griego Kyriakos Mitsotakis, ambos en la bancada de la derecha o ultraderecha, se centraron en exigir que beneficie al conjunto de la UE, también la frontera sur mediterránea. Una postura compartida por el Gobierno español, porque así lo emplearían para el control de la migración irregular.

A pesar de haberse alcanzado un plan de paz para Gaza, varios sindicatos españoles mantienen la convocatoria de movilizaciones prevista para este miércoles. “Seguimos movilizándonos por Palestina”, titulan CCOO y UGT un comunicado conjunto en el que exponen sus motivos para mantener los paros parciales de este 15 de octubre. Mientras, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado, junto con otros sindicatos, una huelga general, como ya hizo el año pasado.

Concretamente, las organizaciones Solidaridad Obrera, Alternativa Sindical de Clase (ASC) y Confederación Intersindical se han sumado a la huelga, que se desarrollará durante las 24 horas de este miércoles. También han mostrado su apoyo colectivos como la plataforma Madrid por Palestina, la asociación Hispano-Palestina y el movimiento 'Boicot, Desinversiones y Sanciones' (BDS). “Llevamos décadas viendo cómo el Estado de Israel viola sistemáticamente resoluciones – una tras otra- de organismos internacionales que en teoría velan por la paz en el planeta”, argumenta CGT en un comunicado.

El motivo principal de CGT para llevar a cabo esta jornada de huelga es “la lucha por una redistribución del gasto público en favor de los trabajadores y de las trabajadoras, y contra el auge de la inversión pública en partidas destinadas a la defensa y a la militarización”. Desde CGT ponen el foco en el Gobierno de España y la comunidad internacional como “cómplices” del genocidio en Gaza.

“A pesar de las movilizaciones ciudadanas para boicotear económicamente al Estado sionista, no hay evidencias más allá de un tímido comunicado de intenciones para cortar lazos con este país”, prosigue la nota de prensa. El sindicato hace hincapié en las relaciones comerciales de España con Israel, destacando las exportaciones de material militar. “Además de evidenciar la complicidad con este crimen también indica que las partidas presupuestarias se están destinando a otros intereses alejados de la realidad que viven los trabajadores y las trabajadoras en el Estado español”, razonan.

CGT considera que estos gastos tienen un impacto negativo en “otros servicios esenciales para la vida digna de las personas trabajadoras”. Es por esto que entre las exigencias del sindicato se encuentra el aumento de las pensiones, el incremento de ofertas de empleo público o la mayor dotación a partidas autonómicas relacionadas con la vivienda. 

Además de la huelga general, CGT ha convocado una manifestación en Madrid para el mismo día, que comenzará en Atocha a las 19.00 horas y terminará en la plaza de Callao. La organización anarcosindicalista registró la convocatoria ante el Ministerio de Trabajo el pasado 3 de octubre. Unos días antes, el 29 de septiembre, CCOO y UGT presentaron ante el ministerio la convocatoria de varios paros parciales.

“Ningún plan puede considerarse de paz duradera si excluye al pueblo palestino, si perpetúa la ocupación, o si ignora las resoluciones de Naciones Unidas”, exponen los sindicatos en un comunicado conjunto. Es por esto que la movilización convocada para este miércoles sigue en pie, para “mostrar la apuesta de la ciudadanía por la paz, la justicia y la libertad para el pueblo palestino”.

CCOO y UGT anunciaron una “jornada de lucha” el pasado 19 de septiembre, tras conocerse días antes que una comisión independiente de la ONU acusaba a Israel de cometer un genocidio en Gaza. Ahora, la protesta se ha materializado en una serie de paros parciales, distribuidos en tres horquillas: de 2.00 a 4.00 horas, de 10.00 a 12.00 horas, y de 17.00 a 19.00 horas. 

Al igual que CGT, estos sindicatos se muestran escépticos ante el plan de paz para Gaza impulsado por Donald Trump. “A día de hoy seguimos sin conocer todos los detalles del acuerdo, que apenas constituye un primer paso hacia un eventual alto el fuego”, afirman en la nota de prensa. Por su parte, el Sindicato de Estudiantes, que también ha convocado una huelga estudiantil este miércoles, ha tildado el acuerdo de “una farsa”.

La Red Estatal contra la Ocupación de Palestina (Rescop) ha denunciado este viernes que cuatro barcos con armas y combustible destinados a "abastecer el genocidio" palestino navegarán por aguas españolas y/o recalarán en puertos nacionales, según informa EFE.

Esta red de organizaciones propalestinas ha exigido que se deniegue el atraque de estos buques, que se retengan e inspeccionen. La Rescop ha indicado en un comunicado que cuatro barcos van a utilizar puertos y aguas territoriales españolas "en las próximas horas y días en sus rutas de suministro de material militar y combustible a Israel".

Según información obtenida del puerto de Barcelona y la plataforma de seguimiento de barcos VesselFinder, dos buques utilizarán el puerto de la ciudad condal, otro atracará en Ceuta y un cuarto pasará por aguas españolas en su ruta hacia Gibraltar. Se trata del Petrolina Ocean, con bandera de Chipre, que está haciendo labores de suministro en el puerto de Barcelona, donde tiene previsto cargar 6.100 toneladas de combustible para transportar a Israel, según Rescop.

En las inmediaciones del puerto de la ciudad condal se encuentra el Zim Virginia, con bandera israelí, que regresa de Israel a Estados Unidos después de haber entregado "13 toneladas de componentes de helicópteros militares, 5 toneladas de proyectiles" y 22 vehículos de uso militar. También tiene previsto hacer escala en el puerto de Valencia.

El tercer barco es el Danica Sunrise, con bandera de Dinamarca, que también se encuentra en la ruta desde Israel a Estados Unidos, pertenece a una compañía especializada en carga de explosivos y tiene previsto hacer escala en Ceuta.

De la misma compañía es el Marianne Danica, que viaja de India a Israel para entregar 18 contenedores de munición y no ha podido hacer escala en Cabo Verde, por lo que se dirige a Gibraltar, para lo que tendrá que atravesar aguas españolas. En 2024, Exteriores prohibió su atraque tras acreditar que transportaba munición y explosivos.

La Rescop ha exigido en su comunicado que el Gobierno impulse un "embargo integral de armas a Israel sin excepciones" que incluya también el tránsito y ha solicitado a las autoridades competentes que denieguen a estos cuatro buques el acceso a los servicios portuarios.

"Ningún puerto español debe permitir el atraque de barcos implicados en el comercio de armas con Israel. Siguen pasando armas manchadas de sangre por nuestros puertos y aeropuertos. Seguimos financiando y facilitando el genocidio, la ocupación y el apartheid en Palestina mediante el suministro de combustibles", ha subrayado.

El lugar, la praia do Amado, en Carrapeteira, en el término municipal de Aljezur. Al sur de Portugal. En el Algarve. Para situarnos, en el extremo sureste de la península ibérica. Muy cerca, cerquísima, del punto donde se dio la voz de alarma hace algunas semanas de la presencia de hombres armados asaltando un mercante que cubría la ruta Vigo-Málaga cargado, presuntamente, con un alijo de cocaína.

En ese enclave, efectivos de la Guardia Nacional Republicana portuguesa (GNR) llevan algún tiempo vigilando las costas. El motivo, la presencia de personas cuyo perfil se corresponde con las que acabaron siendo detenidas: siete individuos de entre 19 y 48 años provistos de un armamento con capacidad para acribillar, literalmente, a quien se les ponga por delante.

Estas personas fueron localizadas raíz del avistamiento de una embarcación tipo narcolancha en las inmediaciones del arenal. Llegaban en coches de gran tamaño. En concreto, dos todoterreno y una furgoneta que también fueron intervenidas. Ya estaban todos los elementos precisos para la actividad criminal que, se sospecha, lleva tiempo ejecutándose en esa zona de la península ibérica: el abordaje de grandes buques para la recogida de la cocaína, ya sea en connivencia con parte de su tripulación o en contra de su voluntad.

En el último caso del que dio cuenta este periódico en un amplio reportaje, los narcos tuvieron más de 11 horas desde que se dio la voz de alarma hasta que llegaron las autoridades portuguesas procedentes de Lagos, cuyo juzgado tiene en sus manos a los ahora detenidos. Podrá preguntarle acerca de estos hechos con tranquilidad. En el anterior, de hace algunos meses, la Guardia Civil llegó más rápido, logrando decomisar 1.300 kilos de cocaína que estaban en una zona perfectamente visible, probablemente preparados para su recogida por parte de un comando que, o se llevó parte, o no se llevó nada, en aquel momento. Pero consiguió huir.

Todo apunta a que los arrestados en Carrapeteira, que llevaban consigo dos fusiles tipo Kalashnikov (AK--47) y otros dos M-4 con su correspondiente munición (cuatro cargadores) formarían parte de uno de esos equipos que, al más puro estilo de los piratas, están cometiendo 'vuelcos' de droga en la citada ruta, o bien están recogiendo sustancia previamente preparada por otros miembros de la organización. Eso aún no se sabe bien.

El operativo, según explica la GNR, comenzó en la madrugada de este miércoles, cuando un equipo de vigilancia nocturna detectó una embarcación de alta velocidad que se dirigía lentamente hacia la costa, en circunstancias que indicaban claramente actividad ilícita. Simultáneamente, se identificaron los tres vehículos sospechosos que se dirigían a la playa.

Ante la actividad sospechosa, y tras observar indicios de un transbordo en curso, se activaron de inmediato los recursos operativos necesarios para neutralizar el incidente e interceptar a los citados individuos que acabarían siendo detenidos.

La Polícia Judiciária portuguesa, a las órdenes del Tribunal de Lagos, se encargan ahora de continuar con las pesquisas, todo ello en aras de determinar la participación de los arrestados en los citados hechos o en otras acciones delictivas similares en la región.

Uno convive con los libros que ha leído. Ser lector se convierte en algo más que una costumbre o una afición o un trabajo. Esa parte de nuestras lecturas que se hace identidad suele definirnos. Son como los recuerdos y las sombras que viajan junto a nosotros en el viento de los años. Miramos la realidad con los mismos ojos con los que hemos leído la guerra de Troya en la épica grecolatina o en la tragedia Hécuba de Eurípides, o los que relacionan en nuestra memoria la idea de catástrofe histórica con las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. De manera temerosa, llegamos desde nuestras lecturas a temer las circunstancias del mundo en el que habitamos ahora.

El deseo de contar y contarnos nos vincula en el tiempo. Los supervivientes de las catástrofes, desde Troya a la Alemania nazi, desde el exterminio nuclear de las ciudades de Japón hasta el genocidio de Gaza, necesitan contar sus historias para que no se olvide lo ocurrido. Acabamos de recordar el 80 aniversario de la tragedia que provocó la bomba atómica lanzada por los EE.UU sobre Hiroshima. Yo, en mi militancia de lector, he preferido recordar el 79 aniversario de la publicación de Hiroshima en la revista The New Yorker, una historia literaria de lo ocurrido escrita por John Hersey, corresponsal de guerra y novelista norteamericano nacido en China en 1925. La editorial Debate publicó hace 10 años la magnífica traducción de Hiroshima que hizo Juan Gabriel Vásquez. No es un libro escrito para entretener, la lectura a veces se hace difícil, pero vive con nosotros cada vez que se establecen debates sobre las guerras y los genocidios.

La barbarie suele valerse de la mentira. Una trama política intentó justificar el bombardeo atómico en nombre de la bondad: se necesitaba acabar una guerra y salvar las vidas que iban a cobrarse los nuevos enfrentamientos de EEUU y Japón. El rigor de los estudios históricos ha demostrado que en agosto de 1945 los japoneses se daban ya por derrotados y buscaban el final, algo que sabía EEUU.  La intención de la bomba atómica no fue acabar con una guerra, ya terminada, sino probar un nuevo armamento y establecer una dinámica de poder en la posguerra. A ese interés por mandar en el mundo se sacrificaron más de cien mil vidas.

John Hersey hace literatura, no entra en polémicas sobre los datos ofrecidos por el Gobierno americano y se dedica a contar las vidas de algunos habitantes de Hiroshima, lo que estaban haciendo el 6 de agosto de 1945, a las ocho y quince minutos de la mañana, cuando la ciudad estalló. Muchos debates pierden sentido, muchos argumentos se quedan sin razón, al tocar la piel de unos seres humanos y al reconocer todas las vidas que se ocultan, una a una, bajo los números que nos ofrecen las cifras resumidoras.

La señorita Sasaki estaba trabajando en su oficina. Unas estanterías llenas de libros se le vinieron encima. Hersey escribe: “Allí, en la fábrica de estaño, en el primer momento de la era atómica, un ser humano fue aplastado por los libros”. Libros como escombros.

Eurípides advirtió que las guerras tienen consecuencias más allá de las batallas. Y Ulises afirmó, cuando Hécuba le recordaba que había salvado la vida porque ella no lo denunció como espía dentro de la corte de Troya, que la compasión puede ser un gran error. Las guerras van más allá de las batallas, se convierten en discursos de odio, en inseguridad ante la amenaza de los otros, y justifican la sustitución de la convivencia por el armamento. La nueva mitología de la guerra se convierte en una religión alimentada por los dioses del dinero, poco partidarios de las compasiones.

Son los vientos que hoy nos empujan. Mi militancia lectora sabe que la cultura, el progreso, la ciencia y la técnica pueden caérsenos sobre la cabeza, como le ocurrió en Hiroshima a la señorita Sasaki. ¿Debemos asumir esta idea del futuro? Los ojos que han leído a Eurípides y a Hersey responden que no, que ese no es el camino. Detrás de las polémicas, los argumentos, las mentiras y las artimañas, está lo que de verdad importa: la dignidad de la vida humana. No podemos enterrarla bajo los escombros de las cifras, ya sean de víctimas o de cuentas de beneficios en las fábricas de armas. 

El Grupo de La Haya, liderado por Colombia y Sudáfrica, endureció este miércoles su posición frente a la guerra en la Franja de Gaza y acordó en su reunión ministerial, celebrada el martes y miércoles en Bogotá, seis acciones para impedir el suministro de armas y municiones a Israel y bloquear la financiación a sus actividades militares. Ha informado EFE.

Tras dos días de conversaciones en las que participaron representantes de más de 30 países, los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Cuba, Malasia, Namibia, Sudáfrica, Indonesia, Irak, Libia, Nicaragua, Omán y San Vicente y las Granadinas suscribieron la declaración del Grupo de La Haya al considerar que Israel pone en riesgo la seguridad y la paz de Oriente Medio.

Estos países acordaron "impedir el suministro o transferencia de armas, municiones, combustible militar, equipo militar conexo y equipos de doble uso a Israel, según proceda", reza el documento del Grupo de La Haya, organización creada en enero pasado por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica en respuesta a la grave crisis humanitaria en la Franja de Gaza.

Señalaron además que su decisión busca garantizar que sus industrias "no contribuyan con los medios que permitan o faciliten el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones del derecho internacional".

Por eso también impedirán "el tránsito, atraque, prestación de servicios a buques en cualquier puerto si procede dentro de nuestra jurisdicción territorial" que lleve "armas, municiones, combustible militar, equipo militar conexo y equipos de doble uso a Israel".

Por último, los países acordaron además garantizar que se investiguen "los crímenes más graves bajo la ley internacional" y buscar "justicia para todas las víctimas" en los territorios palestinos.

La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, participó en el encuentro y consideró que los compromisos acordados por el Grupo de La Haya son un "salvavidas" para los palestinos que sufren los estragos de la guerra.

"Las seis medidas concretas acordadas por doce de ustedes reflejan la valentía que tuvieron ayer (durante la primera jornada de la reunión ministerial del Grupo de La Haya), no son únicamente medidas sino que son salvavidas para las personas que están siendo atacadas sin cesar", expresó Albanese.

En su opinión, "las medidas acordadas son absolutamente bienvenidas y todos los Estados deben implementarlas".

"Los compromisos con los embargos de armas tienen que volverse políticas urgentes y luego legislación doméstica que se haga cumplir legalmente. La idea es que no haya forma en que se puedan saltar esos compromisos", añadió.

Para la diputada europea francesa Rima Hassan, de origen palestino, la declaración de Bogotá contiene "seis medidas concretas que acordaron para poner fin a la impunidad de Israel marcan un punto de inflexión histórico para el pueblo palestino".

En ese sentido, Hassan criticó a "los países europeos" porque considera que "no son los garantes del derecho internacional, sino de un orden mundial que quieren colonialista, racista y opresor".

"No es el derecho internacional el que no consigue poner fin al genocidio, sino la voluntad política de los Estados de aplicarlo", alertó.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anfitrión de la reunión, denunció que lo que sucede en la Franja de Gaza es un experimento de los más ricos del planeta para responder a una "rebeldía de la humanidad".

"Gaza es simplemente un experimento de los megarricos tratando de demostrarle a todos los pueblos del mundo cómo se le responde a una rebeldía de la humanidad", dijo Petro en Bogotá durante la clausura de la reunión ministerial.

Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel el 1 de mayo de 2024, luego de que el presidente calificara en múltiples ocasiones la ofensiva en Gaza como un "genocidio", y días después suspendió las exportaciones de carbón a ese país.

El mandatario también aseguró que "el día en que todo ser humano en el planeta sea libre, no hay guerras", en alusión a Palestina y a otros conflictos en diferentes partes del mundo.

Como parte de su plan para recortar el presupuesto de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump quiere modificar en torno a medio centenar de sus regulaciones, lo que incluye simplificar y flexibilizar la verificación de antecedentes para comprar armas, según ha informado EFE.

El controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) ha estado enviando personal para revisar el funcionamiento del ATF, del cual quiere eliminar a unos 540 de sus inspectores, dos tercios del total, informan este miércoles varios medios estadounidenses.

También pretende revisar unas 50 de sus normativas, lo que incluye, por ejemplo, la destrucción de archivos de dueños de armas de fuego pasados 20 años (en la actualidad deben guardarse de manera permanente) o extender el periodo de revisión de antecedentes previo a la compra de un arma de fuego de 30 a 60 días.

Todo esto busca reducir el volumen de burocracia con el que carga esta oficina que depende del Departamento de Justicia, el cual ha propuesto ya una reducción de presupuesto para la ATF del 25% para el próximo ejercicio fiscal, que arranca en octubre.

La fiscal general, Pam Bondi, incluso ha llegado a proponer fusionar la ATF con la Administración de Control de Drogas (DEA).

Estas medidas de recorte burocrático aumentan el riesgo de que se creen lagunas relativas a los antecedentes y datos de las personas que posean y quieran comprar armas, según argumentan asociaciones para el control de armas de fuego.

Y a esto se suma el plan para simplificar el formulario 4473 -el que requiere la ATF para iniciar el proceso de revisión de antecedentes- de las siete páginas actuales a tan solo tres, según adelantó el diario The Washington Post.

Desde el inicio del año han fallecido en EE.UU. 7.358 personas en incidentes con armas de fuego y 13.203 han resultado heridas, mientras que se han producido 192 tiroteos masivos, un término que incluye un mínimo de cuatro personas heridas o fallecidas, sin contar al agresor, según los últimos datos de la oenegé Gun Violence Archive.

De entre las víctimas, 503 adolescentes (entre los 12 y los 17 años) se cuentan entre los fallecidos desde que arrancó 2025, mientras que 1.424 han resultado heridos.

El Ministerio de Defensa ha ordenado suspender la licencia de una empresa israelí para fabricar en España 168 sistemas de misiles contra carro Spike LR2 destinados a equipar al Ejército de Tierra.

Según ha adelantado la Cadena Ser y han confirmado a EFE fuentes de Defensa, el ministerio ha ordenado revocar este contrato que se anunció el 3 de octubre de 2023 por un valor de alrededor de 285 millones de euros y que fue adjudicado a la empresa Pap-Tecnos, filial española de la empresa israelí Rafael Advanced Defense System.

Entonces, Defensa explicó que la obsolescencia de los sistemas utilizados hasta ahora obligaba a reemplazarlos por otros más modernos, como los que ya se encuentran en servicio en muchos de los ejércitos de los países aliados y que la empresa israelí era la única capacitada técnicamente para el desarrollo de estos misiles de quinta generación.

La adjudicación -que no ha llegado a formalizarse- contemplaba que el Ministerio de Defensa debía pagar unos 285 millones de euros en cinco años para equipar con estos nuevos misiles a las unidades del Ejército de Tierra y a la Infantería de Marina, que ya operaban con la versión anterior, los misiles SPIKE LR. El pasado viernes, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ya apuntó que el Gobierno trabajaba en "planes de desconexión" para no depender de Israel "de ninguna de las maneras".

Aunque dejó claro que España no tiene "absolutamente" ningún proyecto de compraventa de armamento con Israel, admitió que "algunos programas tienen dependencias tecnológicas de alguna empresa de Israel" y, por eso, Defensa estaba "trazando planes de desconexión".

El nuevo orden geopolítico mundial ha convertido al sector de la seguridad europeo en la nueva pepita de oro. Y los inversores son conscientes de ello. Solo el año pasado, según datos de la compañía de análisis PitchBook, las firmas de capital riesgo invirtieron en compañías de defensa del Viejo Continente 576,6 millones de euros, el doble de lo que se registró en el ejercicio anterior. Un pastel del que también quieren comer los fondos españoles especializados, que han acabado por convertirse en una de las piezas clave del rearme planteado por el Gobierno de coalición. Unos vehículos de inversión para los que el Ejecutivo ya ha puesto sobre la mesa más de 367 millones de euros.

Estos instrumentos financieros son uno de los pilares sobre los que se apoya el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, aprobado a finales de abril en Consejo de Ministros y remitido a Bruselas para que la OTAN y la Unión Europea lo analicen. De ahí que el Gobierno contemple la inversión en "fondos de capital riesgo especializados en el ámbito de la defensa" dentro de la partida destinada a la mejora de condiciones laborales, preparación y equipamiento de las Fuerzas Armadas. Y dos son los nombres propios que destacan en este mundo y que aspiran a repartirse buena parte de la tarta: Hyperion Fund y Nazca Aeroespacial y Defensa I.

El ámbito geográfico de inversión de ambos se circunscribe a nuestro país, si bien también contemplan la posibilidad de hacerlo en compañías extranjeras, siempre que se vayan a integrar en otras españolas –así lo establece el segundo fondo– o estén afincadas en un país de la OTAN –como fija el primero–. Las normas de ambos vetan la inversión directa o indirecta en compañías cuyo negocio principal consista en la venta de armas, munición o equipamiento letal. Ahora bien, en el caso del segundo, el folleto incluye una cláusula que bordea la prohibición: "Esta restricción no se aplicará en la medida en que dichas actividades formen parte de políticas explícitas de la Unión Europea o las complementen".

Cuando lo registró ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la idea de Nazca Capital, cuyos tentáculos llegan a todo tipo de sectores –desde el agroindustrial al de la salud o el audiovisual–, era que su nuevo fondo orientado a la inversión en "tecnologías y soluciones de uso dual" del ámbito aeroespacial, de defensa y seguridad pudiera alcanzar un tamaño máximo de 500 millones de euros, el triple que el de Hyperion y uno de los mayores vehículos de inversión especializado en la materia del Viejo Continente. Una cifra que ha ampliado hasta los 600 millones después de haber recibido un fuerte espaldarazo institucional.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Ciencia, se ha convertido en inversor ancla del fondo –aquel que pone sobre la mesa importantes sumas de dinero, sirviendo de cebo para atraer a otros inversores–. A través de Innvierte, programa de apoyo a la inversión de capital riesgo en empresas de base tecnológica, el CDTI ha acordado una aportación de hasta 294 millones de euros al fondo de Nazca Capital. La entidad gestora, liderada por Santiago Carbó y Álvaro de Mariátegui, aún debe conformar el consejo asesor del fondo, que estará compuesto "por perfiles de alta relevancia" en el ámbito de la defensa o la seguridad.

Quien ya cuenta con ese equipo es Hyperion Fund. En su caso, presumen de contar con el asesoramiento de pesos pesados a nivel internacional: desde el ex secretario general de la OTAN Anders Fogh Rasmussen hasta la exministra francesa Michèle Alliot-Marie o la diplomática estadounidense Paula Dobriansky. A diferencia de su competidor, el fondo, que cuelga de la gestora Singular, cuenta con caras más reconocidas. Entre sus ejecutivos está el exlíder del PP Pablo Casado, que no supo medir en su día las consecuencias de una guerra con Isabel Díaz Ayuso pero sí fue capaz de anticiparse al bum militar. Y le acompañan un nieto del expresidente del Banco Santander –Ricardo Gómez-Acebo Botín– o un exasesor del exministro de Defensa Pedro Morenés –Joaquín Ortiz–.

También Hyperion cuenta ya con respaldo institucional. En diciembre, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación se comprometió a invertir en el fondo 28,5 millones de euros. Un vehículo de inversión en el que también participa el Instituto de Crédito Oficial. A través de su Fondo Next-Tech, una iniciativa conjunta de esta entidad pública con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha inyectado 45 millones de euros para un vehículo de inversión en el que también ha puesto los ojos Nortia, el holding inversor del empresario Manuel Lao, y grandes compañías como Indra –que ha buscado una participación del 15% en el fondo– o Prosegur.

Desde que consiguió los compromisos para echar a andar, el fondo de Pablo Casado no ha parado de moverse. En las últimas semanas, Hyperion se ha hecho con un 11,7% de la startup espacial Sateliot tras inyectar 10 millones. Además, ha participado, junto a Lauria Partners, en la operación de compra de la empresa de ingeniería y fabricación de mecánica de alta precisión en los sectores aeroespacial y de la defensa Gutmar, donde Hyperion entrará como socio minoritario. Y también en la compra del grupo de aviación privado Gestair. Además, ha liderado otra ronda de financiación alrededor de la startup de sistemas de propulsión Pangea.

En la polémica sobre el comercio de armas entre España e Israel, se debatió públicamente la conveniencia de considerar los contratos nulos de pleno derecho, arguyendo que la Corte Internacional de Justicia había establecido unos mandatos para impedir que se cometiera genocidio y que no se facilite la colonización de Territorio Palestino, u otras posibilidades. Finalmente, parece que se ha invocado una cuestión se seguridad nacional para, unilateralmente, rescindir el contrato de munición que proveía una empresa israelí.

Pero esos Mandatos de la Corte Internacional de Justicia siguen estando vigentes y afectan al resto de contratos existentes entre empresas españolas y las autoridades israelíes, y no solo armamentísticos.

El 9 de marzo se produjo un hecho relevante, incluida una foto, que afecta a uno de esos contratos entre una empresa española y las autoridades israelíes. Nos referimos a la empresa CAF, que amplía, construye y gestiona líneas de tranvía entre la ciudad ocupada de Jerusalén y las colonias próximas. 

En la foto mencionada, figuran el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, la ministra de Transporte israelí y otras autoridades, además del representante de CAF, empresa gestora de las líneas Roja y Verde, constructora y proveedora de los vehículos. El motivo de la instantánea es el corte de la cinta y la inauguración de la ampliación de la Línea Roja de tren ligero por territorio palestino ocupado, al nordeste de Jerusalén, hasta Neve Ya'akov en el barrio de Pisgat Ze’ev. 

El trazado de esas líneas ha sido realizado por las autoridades de ocupación. Esa zona mencionada fue conquistada por las fuerzas militares israelíes en 1967, durante la Guerra de los Seis Días. Poco después, la potencia ocupante amplió el término municipal de Jerusalén y le sumó 65 km2 de la Cisjordania ocupada, aparte de integrar Jerusalén Este, otros 5 km2. El objetivo de esa ampliación y desarrollo urbanístico, favoreciendo a unos y expropiando a otros, hasta culminar en el Muro que penetra en otra parte de Cisjordania, ha consistido en cambiar demográfica y políticamente la composición de esa nueva Jerusalén.

El 14 de abril de 1968 se expropiaron tierras para construir los asentamientos de Neve Ya'akov. El 30 de agosto de 1970, otras tierras para construir y ampliar los asentamientos de Neve Ya'akov, Ramot Allon, Shu'afat Ridge, East Talpiyyot, Gilo, Atarot, Gai Ben Hinom, Jaffa Gate y Ramet Rahel con un área total de 12,280 km2. El 20 de marzo de 1980 se amplió la expropiación para de mas espacio para el asentamiento de Pisgat Ze'ev con un área total de 4,4 km². Pisgat Ze'ev es el más joven de los barrios "satélite". Se planificó para crear una zona urbanizada continua desde French Hill hasta Neve Ya'akov en el norte. El barrio se estableció en 1984 en una colina.

El objetivo era crear barrios satélites o de circunvalación de la Gran Jerusalén. Para ello es necesario el traspaso de población de la potencia ocupante a territorio ocupado, incluyendo a los nuevos solicitantes de ciudadanía israelí, provenientes de cualquier parte del mundo, si son considerados ‘judíos’, así como una red de comunicación. Si los barrios adquieren un volumen relevante de población se precisa ya un transporte colectivo masivo como es el tren ligero que CAF está ampliando, construyendo, provisionando vehículos, señalización, etc., y gestionando.

Neve Ya’akov, Pisgat Ze'ev, Sua’fat… se encuentran clasificados como parte de los Territorios Ocupados de Palestina, tal como se puede verificar en el mapa de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, que señala el incumplimiento de las Convenciones de Ginebra, las Resoluciones de las Naciones Unidas y los Dictámenes de la Corte Internacional de Justicia, aunque CAF y otros quieran desinformar diciendo que CAF tiene sólo proyectos en ‘Israel’. 

Todo esto lo sabía y lo sabe CAF. También lo conoce su empresa socia israelí Shapir o su proveedora de elementos de geolocalización y especializada en industria militar, la madrileña GMV, sus auditores Deloitte y EY, la consultora Negocio Responsable, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el departamento interministerial español Punto Nacional de Contacto, que afirma seguir las orientaciones de la OCDE, y el ministerio de Asuntos Exteriores, que apoya, según dice, el derecho del pueblo palestino a tener un Estado (¿sin territorio, sin gente, en Facebook?), así como su autodeterminación.

Entretanto, se materializan los planes sionistas consistentes en ocupar un territorio, expulsar a sus habitantes originarios, siguiendo el mismo Destino Manifiesto y colonial que a tantos pueblos indígenas ha masacrado, confinándolos en reservas bantustanes, si no muertos.

Pero para ello hay que contar con la complicidad de muchos que se dicen defensores de las normas, de los derechos humanos, sean Estados o aquellas entidades supranacionales de las que forman parte, y también de las empresas que se benefician del poder de la fuerza que facilita la colonización: véanse CAF y su Consejo de administración, Edreams, Carrefour, GMV, OSSA, TYPSA...

Netanyahu, con todo su poder, cortó la cinta. Le precedieron otros generales y sionistas como él, que allanaron el camino. Detrás de él, sí, los que están detrás, disfrutando, de momento, figuran los miembros del Consejo de Administración de CAF, representantes de sus accionistas, Kutxabank, Mayoral, Daniel Bravo, la Administración Vasca,...y receptores de sus dividendos de colonización, Andrés Arizkorreta García, Javier Martínez Ojinaga, Marta Baztarrica Lizarbe. Begoña Beltrán de Heredia Villa, Julián Gracia Paladín, Carmen Allo Pérez, Luis Miguel Arconada Echarri, Juan José Arrieta Sudupe, Idoia Zenarruzabeitia Beldarrain y Manuel Domínguez de la Maza.

Si los contratos de armas se rescinden y si los consideramos nulos en función del mandato de la Corte Internacional de Justicia, ¿los contratos que afectan a la colonización no debieran tener el mismo tratamiento? ¿Cómo afecta el respeto al derecho internacional a las empresas de un Estado que dice acatar las Convenciones de Ginebra y otras normas internacionales? ¿Hay voluntad de hacer cumplir las normas internacionales, aunque no haya necesidad de escándalos?

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Santiago González Vallejo es cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.

Dentro se exponían las armas catalogadas como más rápidas, más efectivas. Los tanques definidos como los más innovadores. Los drones cuyos fabricantes vendían como los más precisos. Delegaciones de distintos países y diferentes profesionales del sector de la defensa celebraban el gran escaparate, se saludaban animadamente y compartían café. Lo hacían en castellano, en inglés, en francés y en alemán. El interior de la Feria de Madrid (Ifema) era, desde las 9.30 horas de la mañana de este lunes, un hervidero de gente. Y ni una sola de esas personas sospechaba nada de lo que iba a ocurrir apenas dos horas y media más tarde. Fuera, un grupo de activistas se preparaba. "La guerra empieza aquí, parémosla aquí", "Señores de la guerra, fuera de Madrid", coreaban. Al mediodía, Ifema ya no era sólo un hervidero de gente, sino también un evidente contraste.

El sol todavía no había terminado de salir y el tradicional atasco madrileño de hora punta todavía no había conseguido despejar la M-40, pero multitud de hombres y mujeres —aunque sobre todo hombres— ya recorrían el camino que separa la verja de la entrada de Ifema de una de sus puertas, la sur. Al cruzarla, un trabajador de seguridad intentaba descongestionar las dos largas colas que se habían formado en busca de una de esas acreditaciones plastificadas que se cuelgan del cuello y permiten total libertad de movimiento por el recinto. "Quien tenga código QR en su móvil puede pasar directamente", informaba. Muchos se dirigieron entonces a la puerta. La Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España (Feindef) ofrece 66.690 metros cuadrados distribuidos en cuatro pabellones, así que si se quieren recorrer todos no hay tiempo que perder.

Cruzar las puertas del primer pabellón que se encontraba tras pasar el arco de seguridad, era como entrar en una especie de concesionario. A la izquierda, dos tanques daban la bienvenida. El Dragón VCR 8x8 presumía de incrementar "las capacidades de combate", de disponer de "interfaces de usuario" y hasta de un "computador balístico". A la derecha, un helicóptero NH90 exhibía su diseño para "batallas de alta intensidad" o incluso para "operaciones anfibio". En el horizonte, aviones militares y hasta barcos. Todos relucientes y con el característico olor a nuevo que llevan incorporado los vehículos a estrenar. Todos, en definitiva, listos para ser comprados. Y usados.

La que arrancaba este lunes era la cuarta edición de una feria bianual que este año ha marcado todos sus récords. El espacio disponible para el particular escaparate es un 67% más grande que el que hubo en 2023 y se espera que haya un 43,8% más de asistentes repartidos por un 70,7% más de expositores. Sin embargo, los países representados por las delegaciones internacionales sí que han caído. Los 47 que estuvieron en 2023 son esta vez 45. Y un nombre resuena sobre todos los demás ausentes: Israel.

Fue el pasado mes de octubre cuando el Ministerio de Defensa, que es quien apoya institucionalmente el evento que organiza la Fundación Feindef, vetó al país. "No habrá participación institucional de Israel ni de ninguna empresa israelí. España está comprometida con la paz y la seguridad en Oriente Próximo", aseguró la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce. La intención estaba clara: no sólo no iba a haber representación oficial del Gobierno de Benjamin Netanyahu, es que tampoco habría cabida para ellos en forma de stand. El propio presidente de la Fundación, el ex secretario de Estado de Defensa Ángel Olivares, lo adelantó por su parte tras ver un vídeo en el que soldados españoles en la misión de Naciones Unidas en Líbano eran atacados. "Feindef no puede acoger en su seno a empresas con el pabellón nacional que provoca esta situación", señaló.

Sin embargo, un trabajador sentado al otro lado de un pequeño mostrador bajo un cartel de "información" confirmaba la presencia de uno de los grupos más señalados por quienes diseccionan las redes empresariales con el Gobierno de Netanyhau: Oesía. La compañía, especializada en ingeniería electrónica para los sectores de la defensa y la seguridad, niega vínculo y negocios armamentísticos con Israel, pero fue la misma semana pasada cuando un informe les apuntó directamente. En concreto, a Tecnobit. Según una investigación del Centro Delás de Estudios por la Paz, la filial colaboró en el suministro a nuestro país de un designador láser de la compañía israelí Rafael que costó a España 207,4 millones. El objetivo, instalarlos en 45 cazas Eurofighter.

El Grupo Oesía, además, es una muestra de la segunda vida en el sector privado de los responsables militares. Allí está como director de Soporte y Seguridad Alfredo Sanz, quien ocupara puesto de responsabilidad en el Cuartel Supremo de la OTAN. Y Fernando Acero, quien fuera en su día director de ciberdefensa del Ejército del Aire, es hoy Chief Information Security Officer a nivel global de la compañía. Además, al menos media decena de miembros de su Comité de Estrategia vienen de las Fuerzas Armadas. En 2024, la empresa obtuvo récord de beneficio neto: 13,7 millones de euros, un 50% más que un año antes.

El stand de Oesía vivía sin embargo este lunes ajeno a esas críticas. Los visitantes se acercaban y preguntaban, como ocurría con los demás expositores. Pero, ¿quién se interesa por la última mira acoplable a un rifle? Pues según informa la propia Feindef, quienes acuden a la feria no lo hacen por un interés personal. O al menos no meramente por eso. Quienes este lunes llenaban los casi 70.000 metros cuadrados de Ifema eran autoridades de ministerios de Defensa, Interior, Industria, Comercio, Turismo, Ciencia, Exteriores, Economía, etc., pero también miembros de distintos gobiernos y fuerzas armadas, altos mandos de los ejércitos, embajadores, delegados oficiales de agencias y organismos internacionales, altos directivos o delegados de compras y ventas de empresas.

La propia naturaleza del evento lo explica. "Feindef no es sólo una feria comercial, es el lugar donde se forjan alianzas estratégicas, se exploran las últimas innovaciones tecnológicas y se abren nuevas oportunidades de negocio", explica la organización en el dosier que facilitan a la prensa.

Las imágenes se repetían una y una otra vez. Esas conversaciones e intercambios se producían, casi siempre, alrededor de un mostrador. Y eran esas las superficies que mostraban, otra vez, el gran escaparate en el que se había convertido Ifema. A un lado, pistolas; al otro, botas militares; detrás, cascos de protección; delante, chalecos antibalas. Casi ningún objeto dejaba a nadie indiferente. Y si no, se ayudaban de eslóganes. O incluso iban algo más allá.

El stand de la compañía Vimad se había convertido en este sentido en una parada casi obligatoria. Su simulador permitía a los asistentes a la Feria meterse en la piel de un agente de seguridad que tenía que disparar al objetivo sin causar daños a nadie más. "Como si hubiera un tiroteo en un Mercadona y hubiera que seleccionar qué vida merece la pena salvar", explicaba un representante de la empresa. Mientras algunos asistentes se ponían a prueba —"¡Te he ganado!", celebraba una mujer frente a un compañero—, otros tantos subían a un tanque, se hacían fotos frente a un barco o admiraban varios drones. La idea no era sólo mirar, sino también tocar, probar. Y vender.

La feria, que se extenderá hasta este miércoles, se ha celebrado siempre alrededor de la segunda semana de mayo. No se ha hecho coincidir, por tanto, con nada. Pero el contexto en el que se está desarrollando es importante. Y mucho.

Hace menos de una semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a defender ante el Congreso de los Diputados su decisión de incrementar el gasto militar hasta el 2% del PIB, lo que se traducirá en un desembolso de más de 10.000 millones de euros. Según el líder del Ejecutivo, "hay que adaptarse, nos guste o no" a lo que marca la UE, y eso no va a provocar, aseguró, ni un recorte social, ni una subida de impuestos, ni un incremento del déficit público.

Sin embargo, los colectivos sociales antimilitaristas lo dudan. Y por eso este domingo y este lunes se han concentrado ante lo que han denominado "feria de la guerra". Lo hacían este 12 de mayo al filo de las 12.00 horas del mediodía. Un grupo de poco más de una docena de personas cruzaba la valla de Ifema para, frente a sus puertas, verterse pintura roja y tumbarse en el suelo con carteles de países cuya población es víctima de la guerra: Palestina, Yemen, Líbano, Myanmar, Sudán o Ucrania. A sus lados, dos hombres trajeados terminaban de componer la escena de contraste que, a mayor escala, se estaba produciendo dentro de la Feria de Madrid. Lanzaban reproducciones de billetes de 500 euros al aire mientras miraban con indiferencia al resto de manifestantes que permanecían inmóviles en el suelo. "La guerra empieza aquí, parémosla aquí" o "Señores de la guerra, fuera de Madrid", coreaban otros tantos.

Poco más de media hora después, la docena de activistas de Desarma Madrid y Antimilitarista-MOC era conducida a dependencias policiales. Y ellos, otra vez, mostraban ese contraste. "Los criminales están dentro, pero nos detienen a quienes lo denunciamos", señalaban. No será esta su última acción. El martes celebrarán un coloquio en el Teatro del Barrio y el miércoles 14 han convocado una nueva manifestación frente al Cuartel General del Ejército. Y es que, según dicen, Feindef no está orientada a nada más que a "vender armas a los países en conflicto en connivencia con los gobiernos de países occidentales". El boicot a Israel funcionó. Y por eso quieren seguir. "La movilización es fundamental en estos tiempos de rearme", sentencian los activistas.

Un juzgado de Barcelona ha abierto diligencias previas para investigar si buques de la naviera danesa Maersk pasaron por España en una cadena logística para enviar material militar a Israel, en una causa en que la magistrada había citado como imputados a dos capitanes de barco, aunque la vista se ha suspendido, según informa EFE.

En un auto del pasado 7 de mayo, la jueza sustituta del juzgado de instrucción 6 de Barcelona acordó abrir diligencias previas al presumir la posible existencia de una infracción penal, a raíz de la denuncia interpuesta por la asociación Fin al Comercio de Armas con Israel, que pide actuar para evitar el "ataque generalizado" contra la población civil palestina.

En su resolución, la jueza apuntaba que, al no estar determinadas la naturaleza, las circunstancias, ni las personas que habrían intervenido en los hechos denunciados, era procedente abrir diligencias previas para practicar los trámites "esenciales" para determinar los hechos y, en su caso, el procedimiento aplicable.

En su resolución, la jueza también requirió a la filial de Maersk en España que identificara y facilitara los datos de los capitanes de los buques Nexoe Maersk y Maersk Detroit para poder citarles a las 9.30 horas de este lunes como investigados. No obstante, el interrogatorio de ambos investigados se ha suspendido por motivos de agenda de los abogados, según ha detallado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La jueza también acordó en su auto pedir un informe a la Fiscalía sobre su posible falta de competencia territorial o jurisdiccional. Por el momento, la Fiscalía no ha emitido el informe, ya que está pendiente de la práctica de otras diligencias, según han informado a EFE fuentes del ministerio público.

La jueza solicitó además a Maersk que notificara quien era su responsable jurídico para, si fuese necesario, poderlo citar también como investigado.

La magistrada ha abierto esta investigación a raíz de una denuncia de la asociación Fin al Comercio de Armas con Israel, que sostiene que transportar material militar a Israel, "utilizando el Puerto de Barcelona como lugar de tránsito y abastecimiento de servicios y combustible" podría ser un delito de genocidio y lesa humanidad o, alternativamente, de los de acto preparatorio contra la Comunidad Internacional, tráfico de armas y contrabando.

Según los denunciantes, que se basan en el contenido de fuentes abiertas, como webs de la naviera, y de informaciones periodísticas los puertos españoles "se están utilizando como plataformas de tránsito para envíos de armamento y componentes militares con destino a Israel".

En un comunicado, los denunciantes sostienen que el Nexoe Maersk está atracado hasta las 19.00 horas de este martes en el Puerto de Barcelona. Según los denunciantes, tenía que hacer escala en los puertos de Barcelona, Valencia y Algeciras antes de recoger, en el puerto de Tánger, la carga militar procedente del Maersk Detroit para trasladarla hasta el puerto de Haifa, en Israel, desde donde se derivaría a la base aérea militar de Nevatim.

En su denuncia, la entidad asegura que el Maersk Detroit salió el pasado 5 de abril de Houston (EEUU) con el objetivo de transportar una carga de componentes de aviones de combate a la base aérea israelí de Nevatim y que tenía previsto cruzar el Estrecho de Gibraltar el pasado 20 de abril, haciendo escala en el Puerto de Tánger (Marruecos), donde descargaría el material.

"Los buques Maersk Detroit y Nexoe Maersk están directamente implicados en una cadena logística y programada de suministro armamentístico a Israel, coadyuvante con la ejecución del plan sistemático para atacar y acabar con la población civil gazatí", sostiene la denuncia.

Esta entidad ya solicitó sin éxito el pasado 15 de abril que un juzgado de Barcelona retuviera y registrara a uno de los dos buques, que había atracado en el Puerto de Barcelona. En aquella ocasión, el juzgado de instrucción 30 de Barcelona, que estaba de guardia, rechazó la petición por falta de indicios. El caso se remitió posteriormente, por reparto, al juzgado de instrucción número 6 de Barcelona.

España se ha consolidado como uno de los principales mercados europeos de la industria militar israelí. Una tendencia que ni siquiera han revertido los bombardeos contra Palestina. Desde que se empezó a reducir de nuevo a escombros la Franja de Gaza, nuestro país ha importado del Estado hebreo armamento por más de 36 millones de euros, según los datos recogidos por el Centro Delás de Estudios por la Paz en Beneficio Colateral, informe presentado este mismo miércoles. Y se ha convertido en punto estratégico para el envío a Israel de material de defensa en plena guerra en Oriente Próximo. Sobre todo, desde Estados Unidos.

Las estadísticas de comercio exterior recopiladas por el organismo reflejan que la práctica totalidad de los Estados miembro de la Unión Europea han continuado importando de Israel material del código arancelario 93 –"armas y municiones"– desde los ataques de Hamás del 7 de octubre y la posterior campaña de bombardeos de Israel. Lo han hecho por 238,6 millones de euros. Los tres principales compradores fueron Estonia, Países Bajos y República Checa. Y luego, Suecia y España. Nuestro país importó, en concreto, este tipo de productos por 15,08 millones de euros.

A esto hay que sumarle, además, otros 21,6 millones de euros de material ubicado en el código arancelario 8710, que engloba "tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate", incluyendo sus partes. En total, entre unas cosas y otras, las importaciones de este tipo de productos militares al Estado hebreo superaron los 36,6 millones de euros. "Nunca España ha importado tanto como tras el 7 de octubre", recoge el Centro Delás en su informe, en el que deja claro, no obstante, que esos dos códigos arancelarios mencionados apenas representan "una parte menor" de todo el comercio de material de defensa con Israel.

El portal DataComex, que recoge las estadísticas de comercio exterior, justifica parte de esas importaciones. En concreto, las que aparecen reflejadas bajo los códigos arancelarios que se refieren a "revólveres y pistolas", "bombas, granadas y torpedos" o "partes y accesorios de armas de guerra". En algunos casos, habla del "retorno a España de material del Ministerio de Defensa, previamente enviado a Israel con carácter temporal, con el fin de ser objeto de reparaciones". En otros, de "operaciones para cubrir las necesidades de defensa nacional" o de "programas estratégicos" del departamento que dirige Margarita Robles para uso del mismo ministerio.

El Centro Delás asegura que las importaciones de sistemas de armas desde el Estado hebreo "pueden ser tan cuestionables" como las exportaciones. "Las operaciones militares israelíes son, en la forma en las que las conocemos, muy caras, probablemente inviables sin abaratarlas. Para poder reducir el gasto y tener costes relativamente asequibles, la industria militar de Israel necesita producir mucho más allá de su demanda interna, por lo que se defiende como razón de Estado fomentar las exportaciones de armas y el acceso a nuevos mercados internacionales", explica el organismo. De ahí que el país exporte más del 70% de su producción de material de defensa.

Tecnología militar de vanguardia que no dudan en publicitar como "probada en combate". Así lo hace, por ejemplo, Elbit Systems, que presume de que sus sistemas han sido clave en los ataques sobre la Franja de Gaza. "El Hermes 450 es un UAS maduro y de eficacia probada en combate, con más de 300.000 horas de vuelo operativas y un historia de seguridad y fiabilidad líder en su clase", recoge la firma sobre uno de sus drones. O Rafael Advanced Defense Systems. Ambas compañías acumulan, de hecho, más de la mitad de los contratos adjudicados desde el 7 de octubre a las firmas israelíes. Un pastel de alrededor de 1.000 millones de euros del que también comen Guardian Homeland Security SA o Netline Communications Technologies Ltd.

El estudio también dedica un capítulo a la utilización de nuestro país como punto de tránsito de material de defensa con destino final Israel. Algo que sucede de cuatro formas distintas. Por un lado, están los barcos militares estadounidenses que hacen escala en la base naval de Rota, como hizo el MV Sagamore a finales de 2024, según una investigación de Progressive International y Palestinian Youth Movement. Buques que se benefician de la regulación establecida en el Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y EEUU, que establece que las autorizaciones de escala se otorgarán por las autoridades españolas "sin solicitar información sobre el tipo de armas a bordo" de los barcos.

A estos se le suman los buques militares o comerciales adscritos al "Programa de Seguridad Marítima" que, por lo general, realizan escala en Algeciras, barcos asiáticos que acceden al Estado hebreo a través del estrecho de Gibraltar o navíos comerciales de la israelí ZIM que conectan Estados Unidos e Israel. "En los doce meses siguientes al 7 de octubre, 'agentes del GOI/MOD' (siglas en inglés de 'Gobierno de Israel/Ministerio de Defensa') habrían transportado al menos 8.618 toneladas de material desde EEUU hasta Israel tras hacer escala en Valencia y Barcelona. Esos envíos incluyeron material del código 8710 ('tanques y otros vehículos blindados de combate' y sus partes)", recoge el informe, que también sitúa a España como "país de tránsito aéreo" de estas armas.

Algunas empresas también utilizan España para esquivar las restricciones establecidas en sus países de origen. "Noruega tiene prohibida la exportación de armas a Israel, pero estas transferencias se producen desde filiales de empresas noruegas en Estados Unidos o en España", sostiene el Centro Delás. Este es el caso de la multinacional noruego-finlandesa Nammo. En noviembre de 2023, Nammo Palencia exportó desde nuestro país 987.000 euros en municiones a Israel. La Secretaría de Estado de Comercio aseguró entonces que lo que se había mandado era "munición sin explosivo", pero la propia multinacional reconoció después que dos centenares de esos cartuchos eran completos.

Desde el reinicio de la guerra, Israel ha reportado importaciones desde España por valor de 5,3 millones de euros bajo el código arancelario de "armas y municiones" en 88 envíos distintos, cantidad que, sin embargo, quintuplica la registrada en la base de datos de comercio exterior del Ministerio de Economía bajo ese mismo código.