El problema de las arenas movedizas es que cuanto más te mueves, más te hundes. Esa es más o menos la experiencia que vivió Nicolas Sarkozy este lunes 4 de mayo, durante la última jornada de la vista que el Tribunal de Apelación de París dedicó al fondo del juicio por la financiación libia, antes de los alegatos de las acusaciones particulares previstos para este martes y miércoles; del informe de la Fiscalía General la semana que viene; y de los alegatos de la defensa, que se prolongarán hasta finales de mayo.

La vista de este lunes tenía como tema lo que el expresidente francés calificó, el 29 de abril, de “escándalo dentro del escándalo”, es decir, el descubrimiento por parte de su defensa de un supuesto sistema libio de comisiones ilegales que cambiaría por completo la perspectiva del caso y desarmaría a la acusación.

En el centro del debate, como es sabido, se encuentra una sociedad offshore llamada Rossfield, propiedad del intermediario Ziad Takieddine, el hombre encargado de las relaciones secretas del gabinete de Sarkozy con la dictadura de Muamar el Gadafi entre 2005 y 2007. La acusación ha señalado a Rossfield como una de las presuntas cajas negras de la corrupción franco-libia. De hecho, esta sociedad recibió en 2006 fondos del régimen libio —6 millones de euros en total—, abonados en particular para financiar la campaña presidencial de 2007, según testimonios coincidentes y los famosos cuadernos de Choukri Ghanem.

Los primeros pagos se produjeron apenas unas semanas después de las reuniones clandestinas de Brice Hortefeux y Claude Guéant, los dos colaboradores más cercanos de Sarkozy, con el número dos del régimen libio, Abdallah Senoussi, condenado además por terrorismo en Francia. Ahora bien, la promesa de revisar su situación penal es, según la acusación, una de las posibles contrapartidas a las sospechas de corrupción que ocupan al tribunal, algo que niega la defensa.

Desde los supuestos descubrimientos “impactantes” de sus abogados, el expresidente insiste con vehemencia ante el tribunal: no, nada que ver. Rossfield sería en realidad el eje motor de un sistema de comisiones ilegales, y la mitad de los fondos percibidos por la empresa (3 de los 6 millones de euros) habría sido destinada en beneficio del hijo de Senoussi, llamado Mohamed. La defensa de Sarkozy necesita, evidentemente, demostrar que la hipótesis de la acusación sobre Rossfield es errónea, necesariamente errónea: cuanto más dinero se haya destinado a otros fines, menos habría podido servir para financiar una eventual corrupción franco-libia. Elemental.

Pero resulta que, a raíz de las revelaciones de Mediapart publicadas el pasado 1 de mayo, que señalaban (con documentos que lo respaldaban) un razonamiento general engañoso y manifiestos errores de cálculo en la argumentación de la defensa del expresidente, sus abogados enviaron al tribunal, poco antes de la apertura de la vista del lunes, nuevas tablas (que corrigen al menos un error de bulto), con nuevos cálculos (ahora serían 3,7 millones de euros para el hijo de Senoussi de los 10 millones de dinero libio de Takieddine). Pero con nuevas fantasías contables.

“No creo que pueda haber la más mínima discusión al respecto. Hemos contado y vuelto a contar”, aseguró este lunes Sarkozy. Los elementos son, según se mire, “clarísimos”, “milagrosos” o de una “evidencia total”. Jura que “el pendrive TAK [que contiene parte de los archivos de Ziad Takieddine] aporta elementos que dan un matiz diferente al caso”. “¡Es alucinante que Takieddine pague las vacaciones del hijo [Mohamed Senoussi] de quien lo contrata [Abdallah Senoussi]!”, declaró ante el tribunal, cuando en realidad no es ningún descubrimiento: Mediapart ya había informado de esa relación financiera en 2011.

Pero lo que publicado por Mediapart el 1 de mayo va más allá. El examen detallado de las cuentas bancarias de Ziad Takieddine, y más concretamente de una cuenta abierta en un banco libanés (el Ahli International Bank), demuestra, al comparar los movimientos con los datos del “pendrive TAK”, que Ziad Takieddine recibía fondos precisamente para cubrir los gastos en beneficio del hijo de Senoussi, sin relación alguna con Rossfield. Es decir, todo lo contrario de una retrocomisión, cuyo principio consiste en desviar una comisión de un contrato específico para devolverla, total o parcialmente, al remitente.

El fiscal, Damien Brunet, que representa a la acusación, continuó explicando que el dinero ingresado en la cuenta del Ahli International Bank “absorbe los gastos mencionados” en beneficio del hijo de Senoussi. “Admitámoslo. Puede que haya otras aportaciones que sirvan para remunerar al hijo de Senoussi. Quizás. No se lo niego. Pero si que hay dinero que remunera a Senoussi. ¿Qué cambia?”, preguntó Sarkozy, seguro de sí mismo. Eso lo cambia todo, potencialmente, ya que Rossfield ya no tiene mucho peso, o incluso ninguno, en el esquema.

El presidente del tribunal, Olivier Géron, aprovechó la ocasión y sacó la calculadora, manejando grandes cifras contables: Takieddine percibió, según recordó, 13 millones de euros durante el periodo en cuestión y habría transferido 3 millones a Mohamed Senoussi, si se confirma la cifra avanzada por Sarkozy. “De hecho, no hace falta Rossfield para explicar los pagos a Mohamed Senoussi”, dedujo lógicamente el magistrado. Sarkozy pareció no entender la observación y respondió desviándose hacia otro asunto. Incluso terminó soltando: “Esto no es un concurso de contabilidad”.

“¿A qué contrato se refieren las comisiones?”, insistió, no obstante, el presidente Géron. Sarkozy no lo sabía, pero aseguró que eso no era lo importante. “En los 19.000 documentos [del pendrive TAK], no hay la más mínima alusión a la financiación de mi campaña, cuando Takieddine es un fanático de los detalles”, afirmó, partidario desde el inicio de las vistas de las pruebas por omisión.

La abogada de la asociación anticorrupción Anticor, Claire Josserand-Schmidt, señaló por su parte que en el “pendrive TAK” figuraba un correo enviado por Takieddine al propietario de una vivienda en Londres habitada por el hijo de Senoussi. En ese mensaje, fechado en 2007, el intermediario indicaba claramente que se haría cargo de los alquileres con el dinero enviado por el padre, Abdallah Senoussi. Ciertamente, ha habido sistemas de retrocomisiones más opacos. "No hay nada secreto", observó el presidente Géron, siguiendo el hilo de su razonamiento, siguiendo su argumento.

Al examinar en las últimas horas los nuevos elementos presentados por Nicolas Sarkozy ante el tribunal, Mediapart ha detectado un nuevo error de envergadura, no exento de ironía. Los abogados del expresidente señalaron, a partir del “pendrive TAK”, que una parte de los fondos supuestamente transferidos por Takieddine al hijo de Senoussi —150.000 euros— acabó en manos del diseñador Elie Saab, conocido por su cercanía a los Senoussi. Según la defensa, la prueba bancaria apareció después en la cuenta de Ziad Takieddine en el Ahli International Bank (por lo tanto, sin relación alguna con Rossfield), con el rastro de una transferencia correspondiente de enero de 2008.

El problema es doble: no solo el pago no está en la moneda correcta (en dólares y no en euros), sino que, además, el destinatario no es Elie Saab, sino Elias Bou Saab, un político libanés, que no es la misma persona que el diseñador.

Por su parte, uno de los abogados de la acusación particular, Vincent Ollivier, ha puesto de relieve la retórica, cuando menos sesgada, de Sarkozy, quien se había indignado porque el tribunal de primera instancia le había denegado la comunicación del “pendrive TAK”, cuando en realidad no se había formulado ninguna solicitud oficial en las vistas del año pasado. Algo que los abogados de Sarkozy tuvieron que admitir finalmente este lunes.

La vista concluyó con el examen de la personalidad de los acusados, centrada en examinar en detalle su situación financiera y sus posibles antecedentes penales. En el caso de Sarkozy, declaró ganar varios millones de euros al año gracias a sus ingresos como abogado y asesor de grandes grupos, sus dietas por asistir a consejos de administración, los derechos de autor de sus éxitos editoriales y una jugosa inversión en un fondo español.

Al ser preguntado por sus proyectos de futuro, se mostró categórico respecto a la vida política. “Para mí, se acabó, no hay vuelta atrás. He querido empezar una nueva vida, tras 40 años de vida política, algo que ninguno de mis predecesores ha hecho”.

En cuanto a sus antecedentes penales, el presidente Géron le recordó que había sido condenado en firme en dos ocasiones: una en el caso Bismuth, por corrupción, y otra en el caso Bygmalion, por financiación ilegal de campaña. Dos presuntos delitos por los que también está siendo juzgado en el caso libio y que él niega.

Uno de los abogados de Sarkozy, Tristan Gautier, le interrogó el 28 de abril sobre las confidencias que Ziad Takieddine hizo en 2005 a un detective privado, Pierre Sellier, quien las había consignado en “actas literales” incorporadas al expediente.

En una de ellas, fechada el 1 de abril de 2005, podía leerse, en relación con posibles contratos libios: “El juego consiste en obtener el mejor precio del empresario para obtener un margen de A. Z [Takieddine] quiere crear una sociedad que redistribuya A, de la cual una parte irá al hijo K”. La defensa del expresidente veía en este pasaje el anuncio del futuro sistema de retrocomisiones de Rossfield en beneficio del hijo de Senoussi.

Pero, como señaló el fiscal Damien Brunet, Takieddine se refería al “hijo K”, es decir, a Saif al-Islam Gadafi, y no a Mohamed Senoussi. Por otra parte, la empresa de la que hablaba Takieddine no tenía, evidentemente, ninguna relación con Rossfield. Podría tratarse más bien de una oficina estatal franco-libia para la venta de armas, un proyecto con el que fantaseaba abiertamente y del que hay rastros en sus propios archivos. Esa estructura debía estar “bajo el control total de CG” (es decir, Claude Guéant), y dirigida por la mano derecha de Saif al-Islam Gadafi. Ese proyecto nunca vio la luz.

En esa misma acta, Ziad Takieddine afirmaba que nunca redistribuía dinero a los políticos en Francia. El redactor de la nota lo comentaba entre paréntesis con un elocuente: “Hum…”. La defensa de Sarkozy no había leído ese pasaje.

El abogado de la asociación anticorrupción Sherpa, Vincent Brengarth, por su parte, interrogó el 4 de mayo al expresidente sobre otro fragmento de las transcripciones, en el que Ziad Takieddine afirmaba haber cenado con Nicolas Sarkozy y Claude Guéant el 30 de junio de 2005, pese a que el acusado jura que cortó sus relaciones con el intermediario en 2003. Nicolas Sarkozy, que la semana anterior había dado mucho crédito a esas transcripciones, esta vez cambió de postura. Esa cena nunca existió, respondió.

Traducción de Miguel López

Durante un receso, Alexandre Djouhri se abrió paso entre los abogados y el público para coger del brazo a Édouard Ullmo, exdirectivo de Airbus también procesado en el caso, que salía de la sala. “Espero que no te mantengas en la misma línea que la última vez”, le espetó, antes de volver a la sala, sonriendo de oreja a oreja. “Ullmo está loco. Dice que no me conoce. Yo conozco a su mujer, a sus hijos…”, ironizó el intermediario, condenado en primera instancia a seis años de prisión firme.

El miércoles, en el tercer día del juicio de apelación sobre los fondos libios, los acusados siguen tanteándose. ¿Se atreverá alguno de ellos a salirse del guion? Alineados y sentados detrás de pequeñas mesas con sus nombres, ya solo son siete, en ausencia de Claude Guéant (declarado no apto para comparecer por razones médicas, ndt) bajo las lámparas de araña de la sala de audiencias de la primera sala civil del tribunal. Nicolas Sarkozy y Brice Hortefeux, que son los primeros de su fila, se han dado ostensiblemente la espalda durante tres días. Uno estaría tentado de ver en ello una señal, pero no está nada claro.

Tras anunciar que se unirían “en el fondo” los dos argumentos planteados el martes por la defensa del expresidente —la inmunidad presidencial y la competencia del Tribunal de Justicia de la República—, y antes de interrogar al exministro Éric Woerth, el presidente del tribunal, Olivier Géron, llamó al estrado a las familias de las víctimas del atentado del DC-10 para sus primeras declaraciones.

“Ahora tenemos certezas. Es difícil aceptar que un presidente de la República haya negociado la impunidad de quien mató a nuestros familiares”, explica Guillaume Denoix de Saint Marc, hijo de una víctima del atentado, sorprendido al ser llamado a declarar. Danièle Klein y Yohanna Brette, hermana e hija de víctimas respectivamente, asimismo invitadas a declarar, denuncian también brevemente “la omnipresencia” de Abdallah Senoussi en este caso y “las reuniones” de Claude Guéant y Brice Hortefeux con el número dos libio, responsable de los atentados del régimen.

Estas conversaciones secretas constituyen el núcleo del pacto de corrupción del que se acusa a los colaboradores de Nicolas Sarkozy.

Con los brazos firmemente apoyados en la mesa del tribunal, el presidente del tribunal, Olivier Géron, de pelo corto canoso y complexión de jugador de rugby, conoce a algunos acusados mejor que a otros. Y viceversa. El magistrado interrogó a Alexandre Djouhri, al banquero Wahib Nacer y a Nicolas Sarkozy por videoconferencia desde sus centros de detención, cuando tuvo que decidir sobre su puesta en libertad. Una ventaja para él, una desventaja para ellos. Los llama por turnos para que hagan unas declaraciones preliminares y para que, en su caso, enseñen algunas cartas.

“Básicamente, recurro porque he sido víctima de una trampa”, resume Alexandre Djouhri con ánimo.

“Señor Djouhri, sé cómo se expresa usted. Sus palabras son a veces algo precipitadas. Intente expresarse con fluidez para el señor secretario…”, intenta el presidente.

Indiferente a este comentario, el intermediario se lanza sin pensárselo dos veces. Quiere explicar “la trampa”. Fue detenido el 7 de enero de 2017 cuando iba al cumpleaños de su hija en Londres. Le leyeron una orden de detención europea en la que se mencionaba a Mediapart y la acusación de “haber participado en la financiación de la campaña de Nicolas Sarkozy por un importe de 50 millones” de euros. Fue encarcelado y luego puesto en libertad bajo fianza. Finalmente, cuando salió libremente de Londres hacia París, la trampa le esperaba a su llegada.

“GIGN [grupo de intervención de la gendarmería, ndt], pasamontañas, metralleta, ¡rumbo a [la prisión de] Fresnes!”, resume. “Nunca en mi vida he huido de la justicia. Pero todos los artículos me hacían parecer un deus ex machina. Me han encarcelado cuatro veces por motivos falsos, pero sigo en pie. Si estoy aquí en 2026, es porque no han encontrado nada. No voy a morir con los ojos vendados. Si le hubiera pasado a otra persona, estaría hablando en sánscrito.”

Con la mirada fija en el acusado, el presidente y sus asesoras intentan seguirle. Alexandre Djouhri continúa. Dice haberse enfrentado a “una instrucción monárquica”. “Pin-pon, fase 4, terrorista”, resume de nuevo. “¡Pero denme una prueba! Nunca he recibido una acusación, salvo la de Ziad Takieddine —que en paz descanse— en la prensa”.

Denuncia “el poder de la prensa”, que ha hablado “a lo largo y lo ancho” del “espectro Djouhri”, del “atrevido Djouhri”. “Para ser atrevido hay que estar condenado…”, añade. Según él, Manuel Valls, entonces primer ministro, había dicho que iba a “acabar en la cárcel”. “Así que han puesto precio a mi cabeza”, concluye de golpe.

Nicolas Sarkozy, con traje negro y camisa a rayas blancas y azules, sube al estrado.

“Señor presidente, he recurrido porque no he cometido ninguno de los hechos por los que he sido condenado. Movilizaré todas las fuerzas de las que soy capaz para defender esta verdad arraigada en mí”, dice. Por lo tanto, “no tengo declaraciones preliminares”. “Desde mi punto de vista, no hay necesidad de explicaciones en esta fase”, concluye.

Si Olivier Géron esperaba una larga intervención del expresidente, se llevó una decepción.

En la misma línea, Brice Hortefeux se declara “totalmente inocente de los cargos que se le imputan”. “He recurrido porque el tribunal consideró que me había reunido con Abdallah Senoussi de forma premeditada. Eso es falso. Lo demostraré ante este tribunal”, asegura con cierto tono solemne. También promete demostrar que “ese breve encuentro” no tenía por objeto obtener financiación libia para la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy. Y también que tampoco “contribuyó a una transferencia de fondos públicos libios a Francia al entregar un documento bancario”.

Desde el 26 de septiembre, no hay “una sola mañana” en la que no se pregunte por los motivos de la sentencia de primera instancia, que considera “injusta e infundada”. “Una suma de hipótesis no constituye una verdad”, afirma.

El banquero Wahib Nacer se declara “totalmente inocente”. Thierry Gaubert se felicita de que el tribunal, en su sentencia, finalmente no lo haya incluido en “la asociación de malhechores”. Édouard Ullmo no tiene nada que declarar. Por último, Éric Woerth, absuelto en primera instancia, considera que “no hubo financiación ilegal en esta campaña”.

Los siete acusados no muestran, por el momento, ningún signo de cambio.

El presidente Géron se dará cuenta de ello al interrogar a Éric Woerth, nombrado el 13 de marzo presidente del PMU (Pari mutuel urbain, Apuestas mutuas urbanas, que gestiona las apuestas hípicas).

El tribunal trata en primer lugar de comprender el cambio de Éric Woerth, tesorero histórico del clan Chirac —había sido desde 1993 director financiero del partido RPR—, hacia el clan a priori adversario de Nicolas Sarkozy, cuando este último se convirtió en presidente del partido UMP en 2004. “Pensó que podía quedarme en su equipo”, dice simplemente Éric Woerth.

En cuanto a la campaña de 2007, el exministro recuerda una reunión, una sola, con Nicolas Sarkozy, quien le pidió que fuera su tesorero. Claude Guéant ya estaba organizando la campaña. Por desgracia, Éric Woerth no tiene memoria para las fechas.

“¿Cuándo dejó de ser tesorero de la UMP para convertirse en tesorero de campaña?”, pregunta Olivier Géron.

— “En 2006. Un año antes [de las presidenciales].

— En la agenda del Sr. Hortefeux hay menciones de reuniones a principios de 2005. El 18 de enero de 2005, ‘Cita con Woerth en NS, comité directivo’. El 16 de febrero, ‘Entrevista en NS, presupuesto con BH’. Estamos en 2005.

— Son reuniones para sentar algunas bases con personas que pueden desempeñar un papel.

— Así que, en febrero de 2005, ya se empieza a hablar de la campaña y de su financiación.

— No lo recuerdo. Quizá fuera 2005”, acaba por confirmar Woerth.

La precisión es importante, ya que es en la primavera y el verano de 2005 cuando se establecen los primeros contactos en Libia, antes de que Claude Guéant y Brice Hortefeux se desplazaran allí para reunirse con Abdallah Senoussi, en octubre y diciembre.

En diciembre de 2006, el presidente señala una reunión en la agenda de Brice Hortefeux: “NS recibe a Woerth, BH debe estar presente, presupuesto de campaña”.

“¿Qué es esta reunión y por qué es necesario que esté el Sr. Hortefeux?

— Formaba parte de la asociación de financiación de los amigos de Nicolas Sarkozy. Brice es un viejo amigo”, justifica Éric Woerth.

— “Hay algo que no entiendo”, insiste el presidente. “Pone ‘presupuesto de campaña’. Si miramos la aportación de la asociación [a la campaña], son 240.000 euros. En términos presupuestarios, no es nada. ¿Por qué es necesario que el Sr. Hortefeux esté presente?

— En primer lugar, en aquel momento no sabía que aportaba 240.000 euros. Era normal que Brice estuviera allí. Brice era amigo de Nicolas Sarkozy”.

Hay, pues, cosas que Éric Woerth no puede explicar. Así, asegura que “nunca fue informado del alquiler de una caja fuerte por parte de Claude Guéant”. Es en esa caja fuerte, abierta en 2007 en el banco BNP Opéra, donde el exdirector de campaña afirma haber guardado los discursos de Nicolas Sarkozy.

Por último, sigue sin poder explicar la llegada de dinero en efectivo no declarado a la campaña presidencial de la que era tesorero. La investigación ha encontrado rastro de una suma de 35.000 euros distribuida entre una veintena de personas del equipo de campaña. “Cae del cielo”, resume Éric Woerth, quien decide recompensar a parte de su equipo con este dinero enviado de forma anónima. Sostiene, sin convencer, que no se trata de un gasto electoral, ya que el dinero no se abonó hasta el día siguiente a las elecciones.

Según los investigadores, la circulación de efectivo habría sido mucho mayor. Algunos testigos hablan de un “desfile” de personas que “vienen a recoger su sobre” a la sede de la UMP. “Hay mucho chismorreo ahí de por medio”, protesta Éric Woerth. “No tengo la impresión de haber cometido una falta grave. La campaña se financió con cheques. No la financió Libia, la financió la Société Générale”.

“Entonces, ¿cómo llegaron esos 35.000 euros?”, pregunta Olivier Géron.

— “Llegaron en unos diez envíos, ya fuera a la UMP, a la sede de la campaña, a mi nombre o a la dirección financiera. No hay nada indicado. Se observa que hay una serie de entregas de dinero que suman unos 35.000 euros. Se detiene al cabo de unos meses. No se utilizó en la campaña.

— Pero entonces, ¿por qué no hay ningún testimonio? Ningún empleado confirma que se haya producido esa entrada de dinero en efectivo…

— Es normal, nadie abría el correo. Era yo quien lo abría.

— ¿Era usted personalmente quien abría los sobres?

— Sí.”

Éric Woerth asegura que el ambiente de la campaña era “extraordinario”. Y que, por lo tanto, hay “gente que [hizo] cosas extraordinarias e incluso un poco extrañas”. Los gastos que figuran en las cuentas de campaña deben poder rastrearse. “Esas sumas no rastreables” no podían, por tanto, integrarse en la campaña, reconoce el exministro.

El presidente Géron recuerda que, legalmente, el candidato se expone a sanciones penales en este asunto.

“¿No le habló al Sr. Sarkozy de esta entrada de dinero en efectivo? Al fin y al cabo, él era el responsable.

—Quizá debería haberlo hecho, pero no lo hice porque es algo anecdótico en la campaña”.

La Fiscalía General continuará el interrogatorio al exministro el lunes por la tarde.

Entre los 230 artículos publicados por Mediapart sobre el caso libio, uno de ellos, en abril de 2012, se hacía eco de la revelación de una nota procedente de los archivos del régimen de Gadafi. Esta nota, fechada en diciembre de 2006, mencionaba un acuerdo de financiación para la campaña presidencial de 2007. Se la denominó la “nota Koussa”, por el nombre de su firmante, Moussa Koussa, exjefe de los servicios secretos exteriores libios.

En su sentencia del 25 de septiembre de 2025, en la que condenaba a Nicolas Sarkozy por asociación ilícita, el tribunal de París consideró que “lo más probable es que este documento sea falso”. Esa valoración ha sido utilizada en varias ocasiones desde entonces por Nicolas Sarkozy para cuestionar duramente el trabajo de Mediapart. En particular en su obra Le Journal d’un prisonnier (Diario de un prisionero, edit. Fayard), en la que escribió, en la página 54: “El caso Dreyfus prosperó sobre la base de documentos falsos. El mío comenzó sobre la base de la falsificación de Mediapart.”

Mediapart, a través de su abogado, Emmanuel Tordjman, envió el lunes 16 de marzo al presidente del Tribunal de Apelación, Olivier Géron, una breve carta que fue distribuída, tal y como habíamos solicitado, a todas las partes del proceso (acusados, partes civiles y fiscales). Esta carta se redactó para señalar que la valoración del tribunal de París contradecía varias resoluciones judiciales. De hecho, en tres ocasiones, y de forma definitiva ante el Tribunal de Casación en 2019, la autoridad judicial concluyó que la “nota Koussa” no era ni una falsificación intelectual ni una falsificación material, desestimando así las denuncias de Nicolas Sarkozy y Brice Hortefeux.

Uno de los cinco abogados del expresidente de la República, Sébastien Schapira, solicitó el miércoles 18 de marzo que la carta de Mediapart fuera “desestimada”, al considerar que se trataba de una “injerencia” susceptible de menoscabar “la serenidad de las deliberaciones” del juicio de apelación sobre la financiación libia.

El fiscal general, Damien Brunet, consideró por su parte que la solicitud debía ser denegada, ya que la carta podía ser debatida de forma contradictoria. Una postura compartida por el abogado de la asociación anticorrupción Sherpa, Vincent Brengarth, quien añadió que la misiva de Mediapart no contenía ningún elemento que no fuera ya conocido.

Invocando el artículo 427 del Código de Procedimiento Penal, según el cual “el juez solo puede basar su decisión en las pruebas que se le presenten durante el juicio y que hayan sido discutidas de forma contradictoria ante él”, el presidente del Tribunal de Apelación rechazó finalmente, tal cual, la solicitud formulada por la defensa de Nicolas Sarkozy.

Traducción de Miguel López

El Tribunal Correccional de París decidirá el próximo 9 de marzo si acepta la solicitud del expresidente francés Nicolas Sarkozy, quien pide no tener que llevar por segunda vez el brazalete electrónico por su última condena en firme de finales de 2025 debido a un caso de cuentas de la campaña de 2012, informa EFE.

Tras la vista de este lunes, que se celebró a puerta cerrada, el abogado del antiguo jefe de Estado, Vincent Desry, declinó hacer declaraciones a los medios. Sarkozy quiere que se aplique una 'unificación de penas' para evitar el brazalete electrónico por segunda vez.

Entre febrero y mayo de 2025, el ex jefe de Estado llevó este dispositivo de control por una condena en firme debido al llamado caso Bismuth, de corrupción y tráfico de influencias por hechos de 2014.

A finales de noviembre de 2025, el exmandatario vio confirmada una segunda sentencia en firme por el caso Bygmalion, sobre sus cuentas de campaña para las presidenciales de 2012. Entonces se le sentenció a seis meses de prisión conmutadas por arresto domiciliario por la financiación irregular de su campaña de 2012.

Para Sarkozy, si se aplica el principio de 'unificación de penas', no sería necesario portar de nuevo el brazalete, ya que ya lo llevó a comienzos de 2025. La decisión sobre el brazalete llegará una semana antes de que el expresidente se enfrente a un proceso en apelación por el caso más grave en su contra.

Se trata de su presunta implicación en una trama de financiación ilegal para la campaña que le permitió convertirse en presidente de Francia en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi.

Por este proceso, Sarkozy fue condenado en primera instancia en septiembre de 2025 a cinco años de prisión por corrupción y tráfico de influencias, de los que cumplió tres semanas (entre el 21 de octubre y el 10 de noviembre) entre rejas.

Sin embargo, el exmandatario conservador logró finalmente ser liberado a la espera de que se resuelva su recurso en apelación, que se celebra entre el 16 de marzo y el 3 de junio.

Los ingresos y gastos en efectivo en la cuenta de caja del PSOE en el período 2017-2024 –los correspondientes al paso por la secretaría de Organización del partido de José Luis Ábalos y Santos Cerdán– tienen un origen "plenamente trazable y documentado", lo que, según fuentes del partido, permitiría descartar una supuesta financiación ilegal de la formación. Así lo establece un informe encargado por los socialistas a dos profesores de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). El documento, que analiza también una muestra de las justificaciones de gastos presentados por Ábalos y resto de miembros del "equipo de Organización", constata que el partido conserva constancia de todos los reembolsos pagados a esas personas, así como las hojas de gastos y los justificantes de pago aportados.

Para analizar todos esos ingresos y gastos en metálico –una muestra de los entregados por el PSOE en la Audiencia Nacional para su investigación– la formación contrató al catedrático de Derecho Financiero y Tributario Félix Alberto Vega Borrego (que fue candidato al Consejo del Poder Judicial de Unidas-Podemos en 2018) y el profesor titular de la misma área y exasesor económico de Presidencia del Gobierno César Martínez Sánchez. El documento, que se titula Informe sobre la adecuación de las contingencias del sistema de gestión de pagos en metálico en el PSOE (2017-2024), tiene por objeto descartar irregularidades, pero según sostienen en el PSOE, no se aportará a la parte del caso Koldo que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, en la que el partido es parte acusadora. Fuentes socialistas aseguran que la documentación presentada en ese juzgado es "mucho más amplia".

Sobre los ingresos en efectivo de la cuenta de caja en el período de ocho años analizado, el informe constata tres fuentes. La primera es el remanente del arqueo de la cuenta del ejercicio anterior (que se registra como primer asiento) al que se suman las reposiciones en efectivo procedentes de la cuenta del PSOE en el BBVA. En los ejercicios estudiados, las cantidades ingresadas en esa cuenta de caja ascendieron a 947.671,79 euros. De ellos, los expertos universitarios refieren únicamente 7.283,79 euros correspondientes a lo que denominan "ingresos atípicos". Se trata, según los autores del informe, de lo correspondiente a pequeñas ventas de merchandising (por ejemplo en las fiestas del Orgullo), venta de mobiliario inservible de las sedes como chatarra y la participación en un premio de lotería en 2023. "Ninguno de estos ingresos plantea incidencia contable significativa", sostiene el informe encargado por el partido.

El documento también analiza las salidas de efectivo y constata que todos los apuntes relativos a estas "identifican al perceptor y al área orgánica" correspondiente de la formación, lo que, según sus autores, "permite relacionar cada disposición de efectivo con su destinatario y con el centro interno al que se imputa el gasto". Todos esos pagos, entre los que se encuentran los percibidos por Ábalos, Koldo, Cerdán o la Secretaría de Organización en su conjunto, figuran contabilizados y se corresponden con sus respectivas disposiciones de caja. "La revisión del período 2017-2024 muestra un sistema de caja coherente, cerrado y verificable, en el que todas las entradas de efectivo tienen un ajuste bancario o responden a ajustes de anticipos, y todas las salidas están correctamente documentadas", sostienen los profesores en su informe. "No se detecta movimiento alguno que pueda considerarse ajeno al circuito ordinario de tesorería ni indicios de fondos no declarados o no trazados", añaden.

La segunda parte del informe corresponde a un análisis de los gastos reembolsados al equipo de organización en cuatro de los cinco ejercicios en que Ábalos ejerció como número tres del PSOE. Se trata del período 2017-2020 porque, según el informe, a partir del 2021 (último ejercicio de Ábalos, que fue sustituido por Cerdán el 13 de julio de ese año) y hasta 2024 solo constan cuatro pagos de bajo importe. Los profesores advierten de que su análisis se basa en una hoja de Excel facilitada por el partido por un importe total de 126.858,89 euros, de la cuál se ha extraído una muestra que corresponde a las liquidaciones superiores a los 2.000 euros, que suponen el 51% del total de los gastos correspondientes a comidas y otros gastos de representación, así como a taxis, aparcamientos, gasolina... Entre los comprobantes, todos ellos facilitados por el partido, los autores advierten de que algunos están total o parcialmente ilegibles "lo que podría afectar a la representatividad de los resultados obtenidos", explican.

Los expertos sostienen que, de su investigación, se extrae que, en pocas ocasiones, los gastos fueron "notoriamente improcedentes" y ponen como ejemplo algunos menús infantiles pasados a cobro al partido. Los gastos de restauración de la muestra van de los tres a los 703,95 euros con facturas que van desde un comensal hasta 15. Los autores contemplan como "excesivos" los gastos superiores a 60 euros por persona, que en los tres primeros ejercicios (2017, 2018 y 2019) no superaron el 5% del total, pero que, en 2020 se dispararon hasta convertirse en uno de cada cuatro de los presentados. El informe recoge algunas facturas de comidas del mismo día. "Se han señalado explícitamente los gastos que parecen manifiestamente impropios en relación con el momento temporal de su realización", sostiene el documento encargado por el PSOE.

Respecto a los tiques y comprobantes, "se trata en su mayoría de restaurantes situados en el eje Madrid-Valencia" (esta última es la provincia de la que procede Ábalos y en la que obtuvo su escaño). Pero también constan recibos de restaurantes de otras localidades españolas y en pocas ocasiones del extranjero. Pese a los problemas de legibilidad de algunos de los documentos analizados, los profesores concluyen que "el PSOE ha custodiado, a pesar de su antigüedad, tanto las hojas de liquidación como los comprobantes de gasto". "En las hojas de de liquidación constan los datos básicos que identifican al solicitante del reembolso", prosigue, y se distingue entre "gastos de viaje, gastos de representación y gastos de funcionamiento". "Al final de la hoja de liquidación consta, junto con el recibí, la firma de las personas que ordenan el reembolso, a saber: el visto bueno del secretario responsable [en los casos analizados el del propio Ábalos] y el visto bueno de la administración".

La información analizada en el documento es solo una parte de la enviada por el PSOE a la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno reclamó el pasado 3 de diciembre todos los pagos en metálico efectuados por el partido entre 2017 y 2024, y no solo los vinculados a Ábalos y su exasesor Koldo García. Lo que reclamó el instructor del caso Koldo en ese tribunal fue los desembolsos realizados a "cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos". Lo que el juez quiere conocer es si los pagos en efectivo del partido pudieron ser utilizados por el exministro y su exasesor para blanquear dinero de procedencia irregular o delictiva. Anticorrupción, por su parte, sostiene que "se han puesto de manifiesto una serie de conductas que pudieran ser calificadas" como presunto blanqueo o un posible desfalco "cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades".

Con el informe encargado a ambos académicos, los socialistas tratan de demostrar, mientras se analiza toda la documentación contable facilitada a la Justicia, que sus ingresos en cash procedieron casi íntegramente de su cuenta bancaria y que los gastos que se acometieron con ellos están correctamente registrados. Si Ábalos, Koldo o Cerdán se sirvieron de su cargo para blanquear dinero o para estafar a la formación con sus justificantes, es algo que corresponde investigar al juez. Porque en caso de que sea cierto, sostienen, el PSOE sería víctima.

El juez del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar ha acordado solicitar al Parlamento Europeo el suplicatorio de suspensión de la inmumidad para poder investigar al eurodiputado Luis Pérez Fernández, Alvise, por supuesta financiación irregular de su campaña a las elecciones europeas con el partido Se Acabó La Fiesta (SALF).

Este es el segundo suplicatorio elevado a la Eurocámara para que se le levante la inmunidad a Alvise de las cuatro causas que tiene abiertas en el Supremo, ya que el pasado mes de julio ya se acordó remitir la que investiga presuntos delitos, como acoso, de los que habría sido víctima la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert.

Este mismo domingo Alvise Pérez presentó en un acto en Vista Alegre, en Madrid, su partido SALF a nivel nacional y con el que pretende concurrir a las próximas elecciones generales con un programa que plantea la deportación masiva de inmigrantes irregulares, la creación de una cárcel como las de El Salvador o un referéndum para decidir si España sigue en la UE.

En relación a este nuevo suplicatorio, Sánchez Melgar indica que los hechos investigados, basados en una denuncia del empresario Álvaro Romillo, conocido como "CriptoSpain", se refieren a una reunión entre ambos antes de las últimas elecciones europeas, en la que Alvise le habría solicitado dinero para financiar su partidp, pero de forma oculta, sin constar en documentación alguna, ni reflejarse en su contabilidad. A cambio de entregarle ese dinero, 100.000 euros, Romillo le pidió influencias y contactos derivados de su actuación como parlamentario europeo.

Ambos -prosigue el auto- habrían acordado que la entrega se haría por un tercero, comisionado de Romillo, que entregaría a Pérez una mochila con dicha cantidad. Los detalles se habrían fraguado mediante mensajería instantánea, como ha sido comprobado por la instrucción a través del teléfono móvil de Romillo, que está siendo investigado en la Audiencia Nacional por una presunta estafa piramidal a través de su plataforma Madeira Investment.

El citado comisionado llevó una mochila de color oscuro, que entregó a Alvise, quien dijo tomarla y llevarla a su casa, sin ingresar tal cantidad de dinero, que iba en billetes de diversas clases, conforme aseguró al serle tomada declaración, y que dejó guardada en su casa, gastándose hasta el día de la declaración, aproximadamente el 50% de su importe, en gastos y necesidades del partido político, como viajes o almuerzos.

El auto recuerda que Alvise, en la declaración que prestó en julio ante el instructor de forma voluntaria, aseguró que recibió ese dinero en pago por una conferencia en el hipódromo de Madrid, ante una colectividad de posibles seguidores o interesados en su posición política, intervención de escasa duración, y por la que iba a cobrar la expresada suma de 100.000 euros, “hecho a todas luces, poco verosímil”, indica el auto. Alvise negó que utilizara el dinero para la financiación de su partido porque, según aseguró, la campaña le costó poco más de 30.000 euros.

Indica el instructor que la prueba pericial del teléfono intervenido a Romillo en esta causa, y que ha sido practicada por la policía judicial, acredita sin embargo "todos los aludidos extremos", fundamentalmente las conversaciones entre ambas personas y los pormenores de una presunta financiación irregular.

Ello, añade, "supone una forma de proceder que desequilibra el buen funcionamiento electoral, tratándose de aprovechar de influencias futuras (...) que ayude al Sr. Pérez a obtener escaño en el Parlamento europeo y se transgreda, en consecuencia, el bien jurídico protegido que lo es la limpieza y transparencia electoral”, reza el auto.

El magistrado considera que los hechos objeto de investigación han de ser calificados, como sendos delitos de financiación ilegal de partidos políticos y delito electoral.

Dado que no puede seguir con la investigación sin obtener el placet del Parlamento Europeo para continuar instruyendo la presunta comisión delictiva, el juez acuerda además suspender, mientras tanto, las actuaciones, salvo aquellas actuaciones urgentes que no comprometan los derechos esenciales del eurodiputado.

El instructor argumenta también que este procedimiento judicial no guarda relación alguna con las actividades desempeñadas en el ejercicio de sus obligaciones parlamentarias, y que los hechos imputados y los delitos que se consideran de aplicación se centran en su actuación anterior en el tiempo a la adquisición de su condición de diputado del Parlamento Europeo.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy entrará el próximo día 21 de octubre a la prisión parisiense de La Santé por la condena de 5 años de prisión dictada en su contra en septiembre pasado en relación a la financiación libia de su campaña presidencial de 2007, indicaron este lunes fuentes judiciales a varios medios franceses, tal y como recoge EFE.

Sarkozy, que se convertirá así en el primer exjefe de Estado francés en ir a prisión, ha comparecido este lunes ante la Fiscalía Nacional Financiera para conocer la fecha y el lugar de su encarcelamiento.

Su entrada en prisión se producirá el martes de la semana que viene debido a la orden de prisión emitida en su contra, pese a haber apelado la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Correccional de París hace dieciocho días.

El político conservador, que ejerció de presidente de 2007 a 2012, fue condenado el 25 de septiembre por conspiración para delinquir al permitir que sus allegados solicitaran al régimen libio de Muamar el Gadafi financiación ilegal para la campaña presidencial que le abrió las puertas del Palacio del Elíseo.

El tribunal justificó esta medida en el caso de Sarkozy, de 70 años, por la "excepcional gravedad de los actos" cometidos por un líder político que entonces aspiraba al máximo cargo de la República francesa.

Una vez en prisión, sus abogados podrán presentar una solicitud de puesta en libertad ante el Tribunal de Apelación, que tendrá un plazo máximo de dos meses para resolverla, es decir, justo antes de las próximas navidades y le permitiría presentarse libre al juicio en apelación previsto, en principio, para el próximo marzo. En caso de ser rechazada, podrán formalizar otras.

Las únicas dos prisiones en la región de París que cuentan con espacios adaptados para presos que necesitan protección son La Santé en París y Fleury-Mérogis en Essonne, ya sea en los llamados "pabellones vulnerables" o en espacios de régimen de aislamiento, en el que, según medios franceses, debería estar Sarkozy.

Vox es, junto a Nueva Canarias, el partido que ha recibido un mayor número de sanciones por parte del Tribunal de Cuentas (TCu). La última resolución del organismo en la que se le impone una multa al partido de Santiago Abascal data del mes de julio y se debe a que Vox recibió donaciones ilegales en 2020. Además, como ha revelado la investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), de infoLibre y Follow the Money, Vox se ahorró una quinta sanción gracias a que otro caso de donaciones investigado en ese mismo expediente prescribió debido a los retrasos del TCu.

Pero esa no fue la única multa de la que se libró el partido. La formación de extrema derecha evitó otra más gracias a ocultar los detalles de su contabilidad al Tribunal de Cuentas. La resolución de julio del TCu, obtenida tras una solicitud de información vía ley de transparencia realizada por infoLibre y Follow the Money, desvela que el organismo fiscalizador solicitó a Vox la relación de donaciones recibidas por el partido para varias campañas, pero la formación no entregó la documentación.

Esto le permitió eludir la sanción, ya que el Tribunal de Cuentas fue incapaz de corroborar cuánto dinero había recibido Vox para una de esas campañas. Los donativos se habían solicitado para que el eurodiputado Hermann Tertsch pagara la indemnización que la Justicia le impuso por vulnerar el honor del abuelo del exvicepresidente Pablo Iglesias al mentir sobre él. 

El TCu pudo comprobar que Vox había donado 15.500 euros a Tertsch para pagar esa indemnización, pero, por la falta de esa contabilidad detallada, no pudo corroborar que ese dinero había llegado a la formación de donaciones finalistas hechas por particulares. A pesar de esa falta de acreditación, la prensa se había hecho eco de que la campaña de Vox estaba dando sus frutos y que el dinero estaba llegando por parte de simpatizantes del partido.

Los partidos en España tienen prohibido pedir o aceptar donaciones finalistas; es decir, donativos que se entreguen para que se destinen a un fin en concreto. Aun así, Vox ha solicitado y recibido este tipo de donaciones en varias ocasiones e, incluso, anteriormente, el Tribunal de Cuentas le ha sancionado por ello.

Cuando el organismo fiscalizador comenzó a revisar las cuentas del partido del año 2020 detectó tres casos con donaciones finalistas —además, de otra infracción por el dinero que recibían en efectivo e ingresaban como donaciones anónimas, algo que también está prohibido por ley—.

Esos tres casos correspondían a las donaciones que Vox pidió para personarse ante la Justicia contra el entonces ministro José Luis Ábalos por el encuentro con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid-Barajas; las que reclamó para comprar un coche nuevo para un concejal al que le habían quemado su vehículo; y las que solicitó para que Hermann Tertsch no gastara su dinero en pagar la indemnización que le impuso la Justicia.

El primer caso acabó en sanción. El segundo no, porque fue el que prescribió por solo un día. ¿Pero qué pasó con el tercero? Vox también se salvó. A pesar de la infracción, el TCu no pudo acreditar la recepción de las donaciones para ayudar al eurodiputado Hermann Tertsch y el partido ultra se salió con la suya.

El Tribunal detectó las donaciones finalistas para apoyar a Tertsch cuando revisó la contabilidad de Vox de 2020. Por ello, advirtió de una tercera infracción por la aceptación de ese tipo de donativos prohibidos por la ley. Aun así, al organismo le faltaba información. Todas las donaciones reflejadas en las cuentas de Vox no venían con la indicación de a qué campaña estaban destinadas.

Es entonces cuando el TCu se dirige a Vox y le solicita "la relación de ingresos recibidos en las distintas campañas de captación de fondos del partido político" en 2020. El organismo ya había pedido esas cuentas a la formación para 2018 y 2019 y esta las había entregado, algo que sirvió para poder sancionar algunas de las infracciones previas de Vox. Pero en esta ocasión el partido cambia de forma de proceder. Decide no hacer caso a las peticiones del Tribunal y no entrega las cuentas, a pesar de que el TCu las solicitó "en varias ocasiones".

El partido tampoco informó del "importe global" que había obtenido vía donaciones para cada una de las tres campañas. Debido a esa falta de información, el organismo no pudo determinar "el importe total recibido y aceptado para cada una", según indica la propia resolución. Es ahí cuando el Tribunal de Cuentas intenta por otros medios acreditar qué ha pasado exactamente y cuánto dinero se ha recibido en esas donaciones.

El Tribunal emprende entonces la búsqueda por su cuenta. Así, localiza tuits de Vox anunciando lo recaudado para el caso de la personación contra Ábalos. Esto permite al organismo sancionar al partido por esa campaña. Sobre el caso del concejal no se realiza ninguna otra indagación porque ya se había producido la prescripción. Y sobre el de Hermann Tertsch, la búsqueda no da los resultados esperados.

A diferencia del caso de Ábalos, el Tribunal de Cuentas no encuentra anuncios públicos de Vox sobre lo recaudado y, por ello, la infracción no acaba en sanción, ya que el organismo no puede cuantificar realmente hasta qué punto se recibieron esas donaciones. De hecho, en las cuentas entregadas por Vox solo pudieron localizar una que indicaba un concepto relacionado con la campaña de Tertsch —no quiere decir que no hubiera más, en el caso de Ábalos solo encontraron siete, que sumaban 240 euros, pero los tuits de Vox confirmaban 20.000 euros recaudados—.

En cualquier caso, gracias a la ocultación de las cuentas detalladas que había pedido el Tribunal, Vox se sale con la suya. En total: dos de las tres infracciones detectadas en la resolución de julio acabaron sin sanción, a pesar de que el TCu recoge en su resolución que "se deben calificar los ingresos recibidos y aceptados [por Vox] como tres infracciones continuadas" distintas.

Vox no anunció públicamente cómo había terminado la campaña para ayudar a Tertsch, pero The Objective aseguró el 10 de julio de 2020, el mismo día que había arrancado, que el partido había recaudado ya algo más de 10.200 euros del total de 12.000 que la Justicia había impuesto como indemnización al eurodiputado.

El caso se remonta a un artículo de Tertsch en ABC en 2016, en el que acusaba a Manuel Iglesias, abuelo del exvicepresidente Pablo Iglesias, de participar en el fusilamiento de dos personas y lo calificaba de "miliciano criminal". La Justicia resolvió que Tertsch había "tergiversado la realidad de los hechos con claro ánimo de difamar y desacreditar" y le condenó por "intromisión ilegítima en el honor". La indemnización se la tuvo que abonar a Javier Iglesias, hijo de Manuel y padre del exvicepresidente, que era quien había denunciado.

El Tribunal de Cuentas lo que sí pudo acreditar, a través de la documentación entregada por Vox, es que el partido había donado en octubre de 2020 un total de 15.500 euros a Tertsch. La explicación a que la cifra sea superior a los 12.000 que suponía la indemnización puede deberse a que el político ultra también había sido condenado a pagar las costas del proceso.

En cualquier caso, la información recopilada, debido a la falta de colaboración de Vox, fue insuficiente para que el organismo considerara que podía sancionar al partido. De hecho, en su resolución el TCu cita al Tribunal Supremo y recuerda que los artículos de prensa no sirven como pruebas casacionales y que, por tanto, a pesar de la publicación de The Objective, como Vox no ha facilitado las cuentas y tampoco ha anunciado públicamente cuánto recaudó, no le puede imponer una sanción por la infracción.

"El Tribunal debe investigar por su cuenta para corroborar que la información periodística es veraz. La pregunta es: ¿tiene medios suficientes?", detalla a infoLibre Inés Olaizola, catedrática de Derecho Penal en la Universidad Pública de Navarra y vocal del Consejo de Navarra, órgano consultivo superior de esta comunidad autónoma.

La experta, además, apunta a la posibilidad de que Vox acabe sancionado, pero por otro motivo: no haber entregado la información que le pedía el TCu. "La legislación contempla la posibilidad de sancionar a un partido cuando no completa la información requerida por el Tribunal de Cuentas, pero es necesario que el órgano fiscalizador tenga los suficiente medios y agilidad para poder actuar", explica.

La ley de financiación de partidos (LOFPP) recoge como una infracción "la presentación de cuentas incompletas o deficientes que impidan al Tribunal de Cuentas llevar a cabo su cometido fiscalizador". infoLibre ha preguntado al TCu si esto es lo que sucedió con Vox y si se está estudiando esa posible infracción, pero el organismo no ha respondido.

Uno de los problemas con este caso está en que una vez abierto el expediente sancionador, la ley no permite solicitar información o documentación extra al partido político, que es el posible afectado, ya que podría servir para incriminarlo. Pero el Tribunal de Cuentas la había solicitado antes de iniciar el expediente en varias ocasiones y Vox había hecho caso omiso. 

Esa forma de actuar también contraviene la LOFPP, que recoge el deber de colaboración de los partidos políticos. "Estarán obligados a la remisión de cuantos documentos, antecedentes, datos y justificaciones les sean requeridos por el Tribunal de Cuentas para el cumplimiento de su función fiscalizadora", reza su artículo 19.

Consulta aquí la resolución completa del Tribunal de Cuentas sobre las donaciones de Vox:

Lee aquí la investigación completa Money to the far-right de infoLibre y Follow the Money.

El 28 de julio el Tribunal de Cuentas (TCu) sancionó a Vox por recibir donaciones para una finalidad concreta, algo que está expresamente prohibido por la ley de financiación de partidos (LOFPP). La multa ascendió a 50.000 euros y era ya la cuarta que el organismo imponía al partido de ultraderecha por financiación irregular.

Esa infracción obedecía a la petición de donativos por parte de Vox para personarse ante la Justicia contra el entonces ministro José Luis Ábalos por el paso de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, por el aeropuerto de Madrid-Barajas —el caso acabó archivado—. Pero ese incumplimiento por parte de Vox no es el único que el organismo de fiscalización recogió en su resolución de este verano.

La investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), realizada por infoLibre y Follow the Money, revela que el Tribunal de Cuentas apreció otra infracción continuada en las cuentas de la formación política de Abascal. A pesar de ello, el TCu avisó tarde del inicio del expediente sancionador al partido y el caso prescribió sin que se pudiera sancionar. El plazo caducó por un solo día.

Todo se remonta a una campaña para recaudar fondos en febrero de 2020. El 24 de ese mes, Sergi Fabri, concejal de Vox en Salt (Girona), denunció en la red social X que le habían quemado el coche. Junto a un vídeo del vehículo en llamas, tuiteó el siguiente mensaje: "El precio de defender a ese pueblo humilde y trabajador que quiere vivir tranquilo". En declaraciones a El Confidencial aseguró no saber quién había podido ser, pero que la "vinculación política con el hecho es evidente".

Días después, el 28 de febrero, Vox lanzó una campaña: "Ayudemos a nuestro concejal Sergi a recuperar su coche". En pocas horas, según publicaron en su página web, consiguieron el dinero necesario para que el concejal pudiera "adquirir un coche nuevo".

Los fondos recabados a través de esa petición eran donaciones finalistas, según el TCu. Esos donativos son los que se entregan con un destino o fin concretos, como, por ejemplo, la celebración de un evento puntual, la financiación de una causa judicial o un crowdfunding, como hizo Vox para el caso del coche del concejal.

Y los partidos en España tienen prohibido pedir o recibir ese tipo de donaciones. La ley lo impide porque podrían comprometer la autonomía y la independencia de las formaciones políticas. Se hace para "evitar la 'compra' de un partido", explica a infoLibre Inés Olaizola, catedrática de Derecho Penal en la Universidad Pública de Navarra y vocal del Consejo de Navarra, órgano consultivo superior de esta comunidad autónoma.

"Es para evitar contraprestaciones concretas: 'Hago la donación para que hagas algo concreto'. Porque esto podría tener una deriva peligrosa con intereses encubiertos. Podría llegar a la captura del legislador: 'Yo te dono para que cuando llegues al poder hagas cosas concretas que me favorezcan'. La cuestión es más dudosa en los supuestos en los que el propio partido marca la finalidad, por ejemplo, en los casos de crowfunding, donde las pequeñas aportaciones tienen precisamente una finalidad. Sin embargo, la ley no diferencia, y prohíbe de forma tajante la donación finalista. Hay una suerte de principio de desconfianza", explica.

La resolución del Tribunal de Cuentas de este verano, obtenida tras una solicitud al amparo de la ley de transparencia realizada por infoLibre y Follow the Money, muestra que el organismo de fiscalización investigó el caso de las donaciones para la compra del coche. El problema se produjo con los plazos. El TCu pudo comprobar que Vox había recibido donaciones con ese fin, al menos, hasta el 3 de marzo de 2020. 

El plazo para este tipo de sanciones administrativas es de cinco años. El Tribunal abrió el expediente sancionador el 27 de febrero de 2025, aún dentro del tiempo estipulado. Pero no notificó a Vox ese inicio hasta el 4 de marzo de 2025, ya fuera de plazo aunque por un solo día.

El Tribunal de Cuentas suele trabajar con cierta demora. A día de hoy, las últimas cuentas de los partidos políticos que ha fiscalizado son las del ejercicio de 2020. "El Tribunal actúa siempre con mucho retraso. Los informes tardan años en salir. Ya sea por razones de complejidad de su trabajo o por falta de medios", explica Olaizola. infoLibre ha preguntado al organismo por qué se produjo el retraso que llevó a la prescripción de la infracción, pero el Tribunal de Cuentas no ha respondido.

A pesar de que debido a ese retraso el TCu no pudo entrar a resolver y sancionar el caso, el organismo deja claro en su resolución que Vox recibió y aceptó "varias donaciones finalistas" para la compra de un nuevo coche, "cometiendo presuntamente varias infracciones muy graves". El Tribunal, además, las califica como "continuadas".

La situación no es distinta de la que terminó con una sanción a Vox ese mismo mes de julio, que versaba sobre una campaña similar en la que el partido había recopilado donaciones para personarse contra el entonces ministro José Luis Ábalos en el caso de la entrada en el aeropuerto de Madrid-Barajas de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

De hecho, Vox ya había sido penalizado por casos similares. En total, la formación suma 1,15 millones de euros en multas del Tribunal de Cuentas por cuatro infracciones distintas, más de lo que se ha impuesto nunca a ningún otro partido político.

Vox ha recurrido ante el Tribunal Supremo todas las sanciones. Al igual que hizo en el caso de julio ante el Tribunal de Cuentas, Vox se justifica en que, bajo su parecer, las únicas donaciones finalistas prohibidas son aquellas en las que el donante "fija unilateralmente la finalidad". Es decir, según Vox, si los partidos son quienes indican la finalidad de las donaciones, estas no serían ilegales. Pero el TCu ha resuelto ya en múltiples ocasiones que esto no es así. 

"El legislador ha prohibido, por un lado, que los donantes impongan condiciones a los partidos políticos para recibir donaciones y, por otro, que las formaciones políticas reciban o acepten donaciones finalistas, independientemente de quién fije la finalidad", asegura el Tribunal de Cuentas en su resolución de julio. A pesar de ello, Vox se ahorró esa quinta sanción gracias a la prescripción del caso por la tardanza del organismo fiscalizador.

En pocos días comenzará un curso político que se adivina intenso. El otoño discurrirá, previsiblemente, entre informes de la UCO aún por conocer que pueden poner en apuros al actual Gobierno de coalición, instrucciones judiciales “imaginativas” y bastante estrafalarias (como la que lleva a cabo el juez Peinado en contra de Begoña Gómez) y juicios relacionados con múltiples casos de corrupción: caso Rato, caso Erial, Operación Púnica, Kitchen, Novo Cartago, Campus de la Justicia, Gürtel, Lezo….

La acumulación de todos estos asuntos, la complejidad de muchos de ellos y la dificultad para que la ciudadanía siga con detalle todas las informaciones sin perderse en la maraña de autos, sentencias, recursos, interrogatorios, imputaciones y desimputaciones, pueden desencadenar un clima de antipolítica que no sólo no lleva a ningún lado, sino que favorece a quienes quieren acabar con todo, quienes hoy capitalizan los malestares y descontentos; es decir, la ultraderecha. 

A la par, esa impugnación total a la política, el consabido “todos son iguales”, acaba beneficiando a los más corruptos, que no pagan su culpa de forma proporcionada al delito cometido. Si la opinión pública iguala a quien ha falseado un curriculum con quien ha puesto en marcha toda una red de influencias para legislar a medida de quien mejor paga, es éste último quien evidentemente sale ganando.

Es comprensible que la ciudadanía, atónita ante el conocimiento de cada caso de corrupción más perverso que el anterior, sienta la tentación de pensar que todo es lo mismo, que no hay solución y que no la habrá. Craso error. Para empezar, en países como España la corrupción está muy perimetrada en las élites políticas y económicas, y opera en la mayoría de los casos alrededor de las licitaciones públicas. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública fija en poco más de 73.000 los cargos políticos elegidos por los ciudadanos en España. ¿Cuántos de ellos están inmersos en alguna causa de corrupción? Efectivamente, una ínfima minoría.

No sólo eso, cerca del 40% de los alcaldes en España no cobra ningún sueldo público al carecer de dedicación exclusiva, algo que determina el tamaño del municipio. Otros muchos, apenas unas dietas en función de viajes, reuniones, etc. Ellos y ellas también son políticos, también lideran instituciones y gestionan asuntos públicos. Nada de todo esto busca minimizar la importancia de la corrupción, pero sí situarla en su justa medida para evitar el avance de una antipolítica populista que llena de apoyos a la ultraderecha.

Podrán ustedes pensar que cómo es posible que esa ultraderecha recoja los apoyos cuando ellos mismos han sido ya sentenciados, como es el caso de Vox, hasta en tres ocasiones, nada menos que por financiación ilegal, esa figura que todos los socios del Gobierno actual establecieron como línea roja en el caso que afecta a Koldo y Cerdán como requisito para seguir manteniendo su apoyo. En efecto, así es. Vivimos tiempos de paradojas continuas y esta es una de ellas; pero ese halo de antisistema del que Vox ha conseguido rodearse es creíble para sus votantes. Es más, es eso lo que votan. No es tanto por su política de vuelta a la familia tradicional, de cuestionamiento de la crisis climática o de rechazo al diferente –aunque hay ciertas dosis de todo ello–, sino porque esto configura una imagen y un relato antisistema de un partido dispuesto a dar una patada al tablero llevándose todo por delante. Ironías de la vida. 

Por todo lo anterior, descansen lo que queda de agosto, tomen aire, prepárense para un otoño caliente (otro más, sí) e intenten no caer en las garras de la antipolítica porque no sólo no ayudarán a resolver el veneno de la corrupción, sino que darán alas a quienes quieren acabar con todo, incluida la convivencia de la que aún hoy disfrutamos. 

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar si, tal y como denunció en diciembre el PSOE ante la Fiscalía General del Estado, Vox podría estar incurriendo en un delito de financiación ilegal al emplear "huchas o cajas de caudales" para captar ingresos económicos en la calle "al menos desde 2020". Según ha adelantado El independiente y confirman a EFE fuentes fiscales, la Fiscalía Anticorrupción dirigida por Alejandro Luzón, que asumió la denuncia del PSOE, indaga en unas diligencias que permanecen secretas si estas prácticas por parte de Vox pueden ser irregulares.

En la denuncia presentada a mediados de diciembre ante la Fiscalía General del Estado, el PSOE señalaba que había realizado un análisis "exhaustivo" del modo de proceder para financiarse del partido liderado por Santiago Abascal a través de recaudaciones en mesas informativas en la calle. El PSOE calcula que la cuantía alcanzada en los últimos años con esta forma de captación de fondos "podría alcanzar los cinco millones de euros, según los datos obtenidos de las cuentas anuales que la formación política publica en su página web".

Junto a las huchas, el PSOE señala también la venta de productos de merchandising en los puestos de información callejeros de Vox como una vía para "captar fondos en metálico de un modo absolutamente opaco".

En su opinión, la recepción de donaciones anónimas en huchas y la realización de ventas promocionales sin justificar una mínima contabilidad o recibos contravendrían lo establecido en la normativa, pues, según argumenta el PSOE "las donaciones anónimas, pueden ocultar formas de financiación ilícitas sin aportar ninguna transparencia sobre las mismas".

Asimismo, subrayan que estos ingresos "también parecen carecer de toda trazabilidad, confundiéndose con los ingresos de donaciones anónimas que se anotan de forma conjunta como tales, por un valor inferior a 300 euros para evitar identificar a una persona, siguiendo las directrices internas de Vox que han sido publicadas por diferentes medios de comunicación".

En la denuncia, el PSOE también incluye un préstamo de 6.500.000 de euros concedido por el banco húngaro MBH Bank Nyrt, cuyo principal accionista es un fondo estatal de ese país, vinculado al presidente, Víktor Orban, que, a juicio de los socialistas, Vox habría tratado de ocultar en su contabilidad. De esa manera, "infringiría nuevamente la normativa de financiación, que prohíbe la financiación de partidos políticos por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos".

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha asegurado este lunes que las cuentas de su partido son "claras y transparentes", que no tienen "absolutamente nada que ocultar" y que todo está incluido en su contabilidad y presentado ante el Tribunal de Cuentas. En una rueda de prensa, Fúster ha enmarcado la denuncia del PSOE en la "oleada de persecución a Vox" instigada desde el "triángulo mágico Génova-Ferraz-Sol". "Aquí tenemos a un Partido Socialista podrido de corrupción que quiere evitar que un partido se financie con el dinero del bolsillo de sus simpatizantes", ha recalcado.

Ha subrayado que los ingresos por actividades promocionales están autorizados por el artículo 2s de la ley de financiación de partidos políticos, mientras que "lo que no está bajo ningún concepto autorizado es regalarle un palacete al Partido Nacionalista Vasco". "Eso sí que es financiación irregular", ha advertido y ha preguntado hasta qué límite se va a llegar para tratar de sacar a Vox de las instituciones.

Ha apuntado además que la noticia sobre la apertura de diligencias por Anticorrupción se conozca el mismo día que se publica que la número dos del Fiscal General ha pedido al Supremo que amnistíe la malversación al expresidente catalá Puigdemont. En su opinión, el PSOE necesitaba un "titular para tapar esto", pero ha incidido en que ellos no se van a apartar "ni un milímetro" de su objetivo de echar a Sánchez de la Moncloa.

Y ante esta actitud que ha denunciado de los socialistas, Fúster ha preguntado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, si va reunirse con Sánchez para seguir contribuyendo a su "blanqueamiento". "Sánchez no va a quedar con Feijóo. Sánchez se va a quedar con Feijóo", ha dicho el portavoz de Vox sobre la reunión que mantendrán el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición este jueves sobre el gasto en defensa y la situación en Ucrania.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha pedido al Tribunal Supremo que abra una investigación a Luis Pérez, Alvise, por presunta financiación ilegal de su campaña a las elecciones europeas, al no poder imputarle por estar aforado como eurodiputado. En su exposición razonada al Supremo, el magistrado atribuye al líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) un presunto delito electoral y otro de financiación ilegal de partidos políticos por haber recibido 100.000 euros en metálico del empresario Álvaro Romillo para sufragar su campaña al Parlamento Europeo, según informa EFE.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional considera que existen “indicios sólidos” de responsabilidad penal frente al diputado del Parlamento Europeo, y pide también al Supremo que investigue al empresario y a Alvise de forma conjunta, al apreciar una “íntima conexión” en la dinámica comisiva entre ambos, pues son conductas que constituyen, dice, “la cara y cruz de una misma moneda”.

En el caso de Romillo, el magistrado considera que podría tratarse de una “actividad activa de donación o de aportaciones ilegales”, que castiga a quien entregare donaciones o aportaciones destinadas a un partido o federación, coalición o agrupación de electores por sí o por persona interpuesta.

Calama expone en su resolución los indicios delictivos que se han puesto de manifiesto a través de la denuncia presentada por el propio Romillo, investigado a su vez en otra pieza de esta causa por la supuesta estafa de la plataforma Madeira Invest y que declaró ante el juez haber entregado dicha cantidad a Alvise. Entre esos indicios el magistrado alude a los documentos aportados y el informe pericial, así como la declaración judicial prestada por el empresario.

La investigación, señala en su auto el juez, ha evidenciado que el eurodiputado Luis Pérez solicitó la colaboración de Romillo para crear una wallet (monedero virtual) con objeto de recibir donaciones anónimas que quedaran fuera de todo control público. Estos aportes estaban destinados a sostener los gastos de la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 por parte de la agrupación electoral SALF, encabezada por Alvise.

Tanto los servicios prestados por Romillo para la apertura de la wallet, así como la entrega de 100.000 euros referidos, fueron efectuados por este con la intención de que Alvise, posteriormente, pudiera actuar en distintos foros publicitando tanto su plataforma bancaria Sentinel como la mercantil Madeira Invest Club. De esta forma, señala Calama, perseguía conseguir nuevos inversores a los que cobraba un 10% de la inversión. Esta comisión la compartiría con Alvise si resultaba eficaz y llegaban a un acuerdo.

Así, el primer acto de colaboración tuvo lugar el pasado 6 de abril en el madrileño hipódromo de la Zarzuela. En ese evento, Alvise, ante un grupo de 3.000 inversores de Madeira Invest, hizo defensa de esta plataforma de negocio que, según afirmaba, quedaba fuera de cualquier control financiero, y permitía obtener una significativa rentabilidad sin tributar por ella.

Al mismo tiempo, continúa el auto, Alvise expuso su programa político para su candidatura europea basada en la libertad financiera. En este sentido, en un mensaje de audio, Romillo expresó a Alvise que el día anterior había salido “la obra” (de Madeira Invest Club), y habían recaudado 100 millones de euros en 53 minutos.

El instructor considera que los hechos podrían calificarse como delito de financiación ilegal del artículo 304 bis del Código Penal. Se trata, explica, de un delito de mera actividad, que no requiere que se produzca el resultado ni cabe su comisión por omisión, por lo que se entiende consumado con la mera conducta sin necesidad de que se dé el resultado. “No hace falta la aceptación o trámite alguno añadido, sino el solo hecho fáctico de la entrega del donativo en cuestión”, concluye.

Para el juez, la conducta de Alvise también sería constitutiva de un delito electoral del artículo 149 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral que consiste "en el falseamiento de las cuentas electorales de los partidos políticos y agrupaciones de electores, afectando a sus funciones, al juego limpio electoral como garantía del pluralismo político, y a la correcta conformación y manifestación de la voluntad popular".

El falseamiento de las cuentas -prosigue- "oculta la financiación ilegal del partido, la quiebra de las normas representadas por la Ley General Electoral o las leyes sobre financiación de los partidos. Todo ello afecta a valores constitucionalmente relevantes puestos en riesgo en el delito contemplado”, apunta.

Antes de dirigirse al Supremo, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, Calama ofreció a Alvise la posibilidad de declarar de forma voluntaria ante él y, si bien en un principio hizo creer que accedía a ello, finalmente no se presentó ante el juez y declinó el ofrecimiento.

Tras conocerse la denuncia de Romillo, Alvise se declaró "culpable como autónomo" de haber cobrado por su trabajo sin la preceptiva factura, animó a sus seguidores a la insumisión fiscal y se mostró convencido de que se libraría "como siempre" porque detrás de "las calumnias y los mensajes entrecortados no hay nada más que una complementaria de Hacienda".

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación del eurodiputado Luis Pérez, Alvise, en el Tribunal Supremo por presunta financiación ilegal de partidos en relación a la supuesta obtención de 100.000 euros de un empresario para su campaña electoral.

Fuentes fiscales han informado a EFE de que el ministerio público ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que eleve exposición razonada al Tribunal Supremo para investigar al líder de Se Acabó la Fiesta, al ser éste el órgano competente por su aforamiento.

Anticorrupción ha remitido un informe a petición del magistrado en el que expone los indicios que considera que existen contra Alvise, unas semanas después de que éste declinase acudir a la Audiencia Nacional, donde el juez Calama le había citado para declarar de forma voluntaria. Pese a que en un principio su defensa anunció que la intención del eurodiputado era comparecer ante el juez, días después, en un escrito, comunicó que no lo haría.

Quien sí lo hizo fue el empresario Álvaro Romillo, investigado a su vez por una presunta estafa piramidal a través de la plataforma de inversiones Madeira Invest, que ratificó su denuncia ante el juez y afirmó haber entregado el pasado 27 de mayo 100.000 euros a Alvise para su campaña electoral de los pasados comicios europeos. Recabada la declaración de este empresario, investigado también en la causa relativa a la supuesta financiación ilegal, la Fiscalía cree que ha llegado el momento de enviar el procedimiento que afecta a Alvise al Tribunal Supremo para que abra una investigación.

El juez Calama decidió investigar la denuncia del empresario Romillo al ver en ella "inicial verosimilitud" e incluso llegó a apuntar a que se podría considerar a Alvise como cooperador necesario o cómplice de la supuesta estafa de Madeira Invest, "dada la implicación que en la denuncia" se le atribuye "en la promoción de la actividad presuntamente ilícita llevaba a cabo a través del entramado financiero generado en torno" a la plataforma.

La denuncia de Romillo relataba distintos contactos mantenidos con Alvise Pérez con la intención de que el empresario obtuviera la promoción de sus servicios y el eurodiputado "podría financiar con seguridad y holgura su campaña sin persecución estatal". Según la denuncia, el 27 de mayo comunicó a Alvise que podía recoger en efectivo 100.000 euros, a lo que este último respondió: "100 %. Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío".

Tras conocerse la denuncia, Alvise se declaró "culpable como autónomo" de haber cobrado por su trabajo sin la preceptiva factura, animó a sus seguidores a la insumisión fiscal y se mostró convencido de que se libraría "como siempre" porque detrás de "las calumnias y los mensajes entrecortados no hay nada más que una complementaria de Hacienda".

Al admitir a trámite la denuncia, el juez reconoció que el líder de Se Acabó la Fiesta está aforado ante el Supremo por ser eurodiputado, pero también aclaró que dicha admisión no constituye un acto de "imputación formal". Ahora deberá decidir si lo envía al alto tribunal. 

 El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar una denuncia contra el eurodiputado Luis Pérez, Alvise, por un posible delito de financiación ilegal de partidos por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros de un empresario para su campaña electoral, según informa EFE.

El magistrado admite que el líder de Se Acabó la Fiesta está aforado ante el Tribunal Supremo por ser europarlamentario, pero también aclara en su auto que la admisión a trámite de una denuncia no constituye un acto de "imputación formal", y le ofrece al mismo tiempo declarar de forma voluntaria el próximo 20 de noviembre.

Recuerda en este sentido que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "la atribución del estatuto de 'imputado' no requiere de suplicatorio y la autorización parlamentaria se precisa tan sólo para 'inculpar' o 'procesar', pero no para imputar".

El magistrado permite también a Alvise aportar documentos y diligencias de investigación y personarse en la causa, que se investigará como una pieza separada del procedimiento abierto sobre una presunta estafa piramidal cometida a través de la plataforma de inversiones Madeira Invest.

El fundador de este supuesto chiringuito financiero, el empresario Álvaro Romillo —investigado por esa presunta estafa—, fue quien denunció al eurodiputado, a quien dijo haber entregado el 27 de mayo de 2024, antes de las elecciones europeas, 100.000 euros para su formación. El juez le cita también como imputado el 20 de noviembre en esta pieza separada.

Aparte de la investigación sobre si hubo o no financiación ilegal, el juez también apunta a que se podría considerar a Alvise como cooperador necesario o cómplice de la supuesta estafa de Madeira Invest, "dada la implicación que en la denuncia" se le atribuye "en la promoción de la actividad presuntamente ilícita llevaba a cabo a través del entramado financiero generado en torno" a la plataforma.

El juez Calama destaca en su auto que la denuncia del empresario Romillo venía acompañada de unos documentos que la "dotan de inicial verosimilitud", y afirma que "concurren los requisitos necesarios" para investigarla.

La denuncia, a la que hace referencia el auto, relata los distintos contactos mantenidos con Alvise Pérez con la intención de que el empresario obtuviera la promoción de sus servicios y el eurodiputado "podría financiar con seguridad y holgura su campaña sin persecución estatal". Tras varios contactos, según la denuncia, el 27 de mayo Romillo comunicó a Alvise que podía recoger en efectivo 100.000 euros, a lo que este último respondió: "100 %. Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío".

Cuando Romillo recibió la confirmación de un empleado de que dicha cantidad había sido entregada, de acuerdo con el relato de la denuncia, escribió al eurodiputado para volvérselo a confirmar, y este respondió que "todo ok" y que "100.000 gracias".

Este empresario acudió en un primer momento a la Fiscalía General del Estado para denunciar estos hechos y aportó un informe pericial para acreditar que los mensajes intercambiados entre ambos no habían sido manipulados. La Fiscalía del Tribunal Supremo la envió después a la de la Audiencia Nacional al constatar que el juez Calama investiga varias denuncias contra Romillo, y que incluyen los hechos que se atribuyen a Alvise Pérez.

El juez explica que la admisión a trámite de la denuncia supone "la apertura de una vía para la investigación judicial de unos hechos" que un denunciante ha puesto en conocimiento del juzgado y de los que "no se puede excluir su carácter delictivo". "Naturalmente, lo anterior no impide la posibilidad de una verdadera imputación judicial tras la comprobación provisional de la realidad de los hechos", concluye. 

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Koldo del pasado 8 de octubre ha dado un paso más y ha situado al exministro de Transportes y todavía diputado José Luis Ábalos en el centro de la trama corrupta. Pese al enorme salto cualitativo dado a la causa por ese documento policial, el PP, que ya está personado en ella como acción popular, ha decidido no ampliar su acusación a la supuesta financiación irregular del PSOE que ahora aprecia. El partido de Alberto Núñez Feijoo ha preferido hacerlo en otra investigación judicial recién conocida y en la que, hasta el momento, no ha aparecido la figura de ningún dirigente o cargo socialista. Se trata del caso Hidrocarburos que investiga delitos fiscales por un importe de 182,5 millones de euros en una trama de distribución de carburantes, instruida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. ¿Por qué el PP recurre a esta última causa para jugar su principal carta judicial contra el Gobierno?

El nexo entre ambas instrucciones es el empresario y conseguidor Víctor de Aldama. En el caso Koldo, Aldama juega un papel fundamental. Él es el que organiza pagos regulares de en torno a 10.000 euros al mes (también otros abonos extraordinarios) al principal asesor de Ábalos en el ministerio, Koldo García Izaguirre. También es la persona que orquesta la compra de un chalé en la lujosa urbanización de La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción (Cádiz) destinada únicamente al disfrute del ex secretario de Organización del PSOE y, durante muchos años, mano derecha de Pedro Sánchez. Aldama se encarga también de que la pareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, pueda permitirse vivir en un apartamento en el undécimo piso de la Torre de Madrid, uno de los edificios más representativos de la capital situado en plena plaza de España. Mediante esos pagos en dinero y en especie, Aldama habría conseguido la adjudicación presuntamente fraudulenta de contratos de suministro de mascarillas por valor de 54 millones de euros o utilizar su influencia para que el Gobierno rescatara Air Europa.

El informe de la UCO que ha acorralado a Ábalos también esboza parte de la operativa de Aldama en el caso Hidrocarburos, que ha costado al empresario su ingreso en prisión provisional. Los investigadores narran en el documento, cómo, tras la destitución de Ábalos y Koldo en el ministerio, este último siguió intermediando a favor del empresario en otro ministerio, el de Industria. El objetivo era conseguir para Villafuel, empresa controlada por Aldama y su socio, también encarcelado, Claudio Rivas, el título de operador del mercado mayorista de hidrocarburos, un paso fundamental para desarrollar la trama corrupta a través de un conglomerado de empresas pantalla que sirvió para poner en marcha el fraude fiscal millonario y supuesto blanqueo posterior de lo obtenido con él.

Villafuel consiguió ese distintivo en septiembre de 2022, según la investigación que dirige el juez Pedraz, pero en el informe de la UCO del caso Koldo -instruido por su compañero Ismael Moreno- se relata un intento previo y fallido de obtenerlo gracias a la influencia de Koldo, ya cesado como asesor de Ábalos. Tanto Aldama, como su socio Claudio Rivas, achacaron el fracaso en esa primera tentativa al hecho de haber dejado de pagar el chalé que disfrutaba Ábalos tras su salida del ministerio, según relatan los investigadores de la Guardia Civil. El empresario, según los agentes, se habría valido de la entrega de ese inmueble al exministro para conseguir el título de operador para Villafuel. "Esta última condición quedó comprometida con la salida en el mes de julio [de 2021] de Koldo-Ábalos", del ministerio.

Tras ocho meses de investigación, el caso Koldo se encuentra ya muy avanzado. Pero hasta el momento, los investigadores no han encontrado un solo indicio de que de la trama se hubiera beneficiado el PSOE. Lo que hasta el momento se ha descubierto es que los pagos de Aldama y los empresarios de su entorno y sus prebendas para conseguir influencia en el Gobierno se centraron únicamente en el ministro y su asesor. Con la presentación de la querella por financiación ilegal en el caso Hidrocarburos, el PP pretende estar presente en una causa que podría extender la operativa de Aldama a otros dos ministerios del Gobierno de Sánchez: el de Industria, donde Koldo habría hecho gestiones tras su salida, y el de Transición Ecológica, cuya Dirección General de Hidrocarburos es la que tramita el título de operador. En esta última causa, que está bajo secreto de sumario, tampoco han aparecido, por el momento, pagos al partido, pero se encuentra en una fase mucho más preliminar.

El único vínculo con presuntos pagos al PSOE al que alude el PP en su querella no se deduce de las actuaciones judiciales ni del caso Koldo ni del de Hidrocarburos, sino en una noticia del diario The Objective en la que un supuesto denunciante anónimo aseguró que Aldama reclamó un pago de 600.000 euros para conseguir el título de operador de hidrocarburos, cantidad que se destinaría a "sus contactos en el Gobierno". El teórico denunciante aseguró que 90.000 euros de ese montante total se abonaron en una bolsa de plástico en la sede del PSOE en la calle Ferraz. Entre los querellados por ese partido en el fraude de combustibles, está también Koldo García como urdidor de la operación, pero su nombre, hasta el momento, no ha aparecido en la causa.

Este jueves, la Fiscalía Anticorrupción, presente en ambos casos, ha recurrido precisamente a ese hecho, que la querella se basa en una denuncia anónima no contrastada con hechos, para pedir al juez Pedraz que la rechace de plano. El Ministerio Público también se basa en el hecho de que el escrito del partido de Feijóo se contradiga con hechos ya aclarados en la investigación del caso Koldo, que dirige Ismael Moreno. La fiscalía no se opone a que el PP entre en el caso como acusación popular, pero no por un supuesto delito de financiación ilegal del que, hasta el momento, no ha aparecido un solo indicio.

¿Qué tendrá Manuel Fraga Iribarne que le cae tan bien a todos los contrabandistas? se preguntaba Perfecto Conde en su libro La conexión gallega. Del tabaco a la cocaína.

Vicente Otero Terito, Manuel Díaz Ligero, Celso da Ponte, José Ramón Barral Nené, Luis Falcón o los Charlín fueron quienes abrieron las puertas de lo que acabó siendo un gigantesco negocio basado en el imperio del fraude. Del estraperlo al tabaco rubio de “batea” y más tarde a la “fariña”.

Otero era el patriarca, el “capo”, amigo íntimo de Don Manuel. Cuenta Perfecto Conde en su libro que Vicente Otero era un hombre de “ideas políticas manifiestas” que nunca ostentó ningún cargo público porque no quiso, como sí hicieron Nené Barral o Manuel Ligero dentro de Alianza Popular.

Terito era militante de Alianza Popular y recibió la insignia de oro y brillantes del partido de la mano de Fraga por toda su contribución a la causa política. También era dueño en Cambados de la sede local del AP.

Era uno de los principales sostenedores económicos de lo que ahora es el Partido Popular, tanto él como todos sus “compañeros” de fechorías. Cuantos más políticos del PP alcanzasen puestos de poder, mejor les iría. Información privilegiada, tráfico de influencias, mientras sus “negocios” no se viesen alterados, serían fieles al partido de Don Manuel.

Hay que recordar que el propio Laureano Oubiña declaró ante los micrófonos de la Cadena Ser que tiene pruebas de haber financiado ilegalmente a Alianza Popular con dinero en efectivo. Pruebas que se compromete a presentar en el juzgado "si me llaman", según afirmó. 

Otro suceso ocurrido en Cambados, que también refleja Perfecto Conde en su libro, todavía resuena por toda la Ría de Arousa. Se trata de un incidente que protagoniza Terito en el Parador de Turismo de esa localidad pontevedresa, cuando sacó una pistola y puso orden en un cónclave entre contrabandistas y narcotraficantes que se habían reunido a tratar algunos temas internos y entre los que figuraba la asignación de contribuciones económicas para las campañas electorales del partido fundado por Don Manuel. Había diversidad de opiniones en cuanto a las cantidades a donar. El capo puso fin a la discusión con cuatro tiros al aire. Dicen que todavía están los agujeros en el techo.

De esos barros, estos lodos. Cuando Don Manuel alcanzó la Xunta de Galicia, el narco Marcial Dorado, amigo de Alberto Núñez Feijóo, recibía contratos para sus empresas. Empresas que demostraron ser una tapadera para blanquear dinero procedente del narcotráfico.

En los años 90, José Cuíña era el hombre fuerte del PP. Pablo Crespo fue secretario de Organización del Partido Popular en Galicia desde 1995 a 2003.

Crespo llegó a número tres del PPdG de la mano de Cuíña. Lo fichó cuando el joven Pablito era director de una sucursal bancaria en Vilagarcía de Arousa y no tenía ninguna experiencia en política. 

El propio Pepe Cuíña aparece anotado en los papeles de Bárcenas como uno de los recaudadores de dinero negro. En 1990, el extesorero anota la entrega de un talón de 10 millones de las antiguas pesetas. Los fondos los aportaba un “Pepe C”, nombre al que Bárcenas añadía entre paréntesis las letras (“gal”) para que quedase claro que el dinero procedía de Galicia.

En una entrevista con Jordi Évole en el año 2013, Pablo Crespo declara que el Partido Popular recibía dinero de manera irregular. El dinero que recaudaba anualmente el PP de Galicia era al menos de unos trescientos mil euros, los cuales se incrementaban en campaña electoral, hasta los tres o cuatro millones de pesetas, de las cuales sólo declaraban al fisco un millón. 

El 65% de la financiación del Partido Popular era irregular frente a un 35% de manera regular. También reconoció haber repartido sobres con dinero a dirigentes del PP, los considerados sobresueldos y que tampoco declaraban a Hacienda. Él mismo reconoce tener todavía recibís de la época con firmas de varios dirigentes del PP 

El ex secretario de Organización del PP de Galicia llegó a ser un hombre fuerte que entregaba personalmente los billetes al ex tesorero nacional del partido, Álvaro Lapuerta. Crespo ya no iba a Madrid a hacer entregas de dinero, sino que era el propio Lapuerta el que se desplazaba a Santiago de Compostela, para recibir los pagos, según reconoció ante el juez el propio Crespo. En una de las citadas ocasiones, Pablo Crespo entrega a Lapuerta la cantidad de veintiún millones de pesetas en efectivo dentro de una carpeta azul. Dinero negro, sin declarar. Como bien se ha conocido después, era de donantes, de grandes empresarios que recibían después contratos públicos.

De la mano de Crespo, el dinero siguió fluyendo hacia Madrid. Primero Bárcenas anotaba de manera anónima quien entregaba el dinero. En los años 1997 y 1998 había entradas en metálico bajo los epígrafes “Galicia” o “Galicia (O.C.)” pero después, en 1999, en el cuaderno aparece una entrega de 21 millones de pesetas con el nombre de “P. Crespo”.

El mismo modus operandi que el del PP de Galicia se traslada a toda España: Madrid, Valencia… 

Hemos conocido por los diferentes tesoreros que ha tenido el Partido Popular que la contabilidad en B, la contabilidad paralela, nunca había sido un problema para ninguno de sus dirigentes. Tanto Aznar como Rajoy o Feijóo, todos tenían asumido que esa era la fórmula de funcionamiento y ya estaba normalizado desde los años 80 con su fundador, Fraga Iribarne. 

Luis Bárcenas entregó al juez de la Gürtel toda la documentación de la caja B del PP que fue acumulando durante 20 años como gerente y tesorero. Entre 1990 y el 2000, la mayor parte de los fondos con los que se llenaba esa caja procedían de Galicia. La caja B del PP no se entendería a nivel nacional sin la que crearon en el PPdG, ese Partido Popular de Galicia al que pertenecían el señor Feijóo y el señor Tellado, por poner algún nombre de los actuales dirigentes del partido Popular a nivel nacional.

¿Recuerdan el caso Naseiro?

El caso Naseiro fue la primera investigación judicial originada por las sospechas de corrupción en la financiación del Partido Popular. Rosendo Naseiro era el tesorero del PP en el año 1990, con José María Aznar. 

Se autorizaron unas grabaciones telefónicas por un caso de investigación de narcotráfico y las escuchas desvelaron indicios de otros delitos, entre ellos, financiación ilegal. Las conversaciones grabadas revelaron una trama de sobornos y comisiones a cambio de recalificaciones y venta de terrenos. 

Por cierto, el hoy ya condenado y ministro de Aznar Eduardo Zaplana se desveló como un político obsesionado por enriquecerse: “Tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir” desvelaban los pinchazos telefónicos.

El Tribunal Supremo anuló la principal prueba de cargo, que resultó ser la única: las grabaciones de las conversaciones telefónicas. Caso sobreseído.

El extesorero del PP Luis Bárcenas declaró ante el juez que el dictamen jurídico utilizado en la defensa de los imputados en el caso Naseiro fue encargado por Federico Trillo al abogado Manuel Cobo del Rosal y pagado con fondos del Partido Popular procedentes de la caja B. 

Trillo había sido fichado por el mismísimo Fraga para el partido ya que como miembro del OPUS siempre había hecho gala de sus contactos en el ala más conservadora de la judicatura. Movilizó todas sus conexiones para lograr que las escuchas de la policía fueran declaradas irregulares por el Tribunal y para manchar mediáticamente la trayectoria del juez Luis Manglano. 

Luis Manglano, un hombre serio y un excelente magistrado, sufrió las consecuencias de haber ordenado investigar, por primera vez en España, la presunta financiación ilegal del PP. El segundo fue el juez Garzón y ya sabemos cómo acabó.

El cierre del caso Naseiro revalorizó a Federico Trillo ante José María Aznar y le premió primero con la presidencia del Congreso y más tarde con el Ministerio de Defensa. 

El sistema de financiación irregular del Partido Popular durante casi 20 años ya quedó acreditado y fue condenado por ello. 

Estamos ante un partido corrupto. Sus cimientos y toda su estructura están infectadas de corrupción, es sistémica. Feijóo no puede mirar hacia otro lado como hace habitualmente. Alguien que navegaba con un narco, y adjudicaba contratos a empresas que servían de tapadera para blanquear dinero procedente del narcotráfico, no puede ser el que lidere la derecha en este país. Para empezar, debería presentarse en la Comisión de Investigación que se ha abierto en el Parlamento de Galicia y reconocer los contratos con Eulen, la empresa donde su hermana es directiva, los 1.311 contratos adjudicados sin concurso por un valor total de 4.832.029,85 euros, así como las 1.034.964 licitaciones a dedo por valor de 4.000 millones  de euros repartidas en poco más de una legislatura. Eso sería sólo la punta del iceberg.

La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen pasó a la ofensiva este miércoles en el tercer día de interrogatorios en el juicio por presunta financiación ilegal de su partido con fondos del Parlamento Europeo (PE), en el que aseguró estar siendo acusada "sin pruebas", informa EFE.

Después de que ninguno de los tres asistentes parlamentarios que tuvo en sus años como diputada en Bruselas y que figuran en la acusación pudiera dar muestras claras de su trabajo, Le Pen consideró "contrario al derecho de la defensa verse obligada a demostrar que se es inocente".

"Es la acusación la que debería aportar la prueba del delito que nos reprocha, yo no puedo aportar la prueba de que soy inocente", dijo Le Pen ante el tribunal, en el que mantuvo un intenso debate con la presidenta, Bénédicte de Perthuis.

La líder de la extrema derecha gala, que afronta penas que podrían llegar a los diez años de cárcel y otros tantos de inhabilitación, lo que comprometería su ambición presidencial en 2027, retomó su línea inicial de defensa, según la cual está siendo objeto de un proceso político por sus posiciones críticas en Bruselas.

"¿Cómo pueden pedirme documentos de hace tantos años? De 2009. Yo no guardo nada, tendría que construirme un castillo si lo guardara todo. No veo el interés", aseguró la política después de que se le pidieran muestras del trabajo parlamentario de Guillaume L'Huillier.

El propio acusado aseguró que no las tiene, igual que la víspera hicieron su exjefa de gabinete Catherine Griset y el lunes su guardaespaldas Thierry Légier.

Para el abogado del Parlamento Europeo, Patrick Maisonneuve, la ausencia de todo documento es una prueba en sí misma de que no existió trabajo para la Eurocámara. "En realidad, trabajaban para el partido", reiteró el letrado de la acusación particular.

La misma tesis que sostiene la Fiscalía, que acorraló en el estrado a Guillaume L'Huillier, cuyo caso fue abordado este miércoles en el tribunal.

L'Huillier cobró durante años como asistente parlamentario de varios eurodiputados del Frente Nacional, rebautizado ahora como Agrupación Nacional, al tiempo que fue director de gabinete de Jean-Marie Le Pen.

Esa doble función constituye para la acusación otro indicio de que apenas trabajó en la Eurocámara, pese a que era quien le remuneraba.

Fue el tercero de los asistentes de Marine Le Pen que compareció estos últimos días.

 El abogado de la líder ultraderechista, Rodolphe Bosselut, señaló que todos estos testimonios "dejan patente la debilidad de la acusación" y "ponen de manifiesto que no hay una acusación sólida".

"Hay un problema de fondo, la acusación no está fundada sobre elementos factuales, no está fundamentada en nada. Y por eso es una presunción de culpabilidad", reiteró ante los medios Le Pen, que consideró que se está "haciendo un juicio a la política".

"¿Está prohibido ser asistente parlamentario y tener un compromiso político?", se preguntó Le Pen, que desde el primer día del juicio ha tratado de describir a sus asistentes como peones de un ideal que no se circunscriben a un trabajo parlamentario.

La triple candidata al Elíseo, finalista de las dos últimas presidenciales, cree que tras la acusación hay "un proceso a la libertad parlamentaria".

El abogado del Parlamento Europeo no lo ve de la misma manera y espera que en los próximos días se vean las pruebas de que la ultraderecha francesa orquestó un sistema en el que los trabajadores del partido eran pagados con dinero de Bruselas.

"No hay nada que muestre que fueron asistentes parlamentarios porque en realidad trabajaban para el partido", reiteró Maisonneuve, quien agregó que "en los próximos días llegarán otras pruebas en el terreno de la complicidad, de la organización y de la centralización" del sistema.

El proceso, que todavía tiene un mes por delante, entra ahora en una fase más técnica y menos espectacular que, posiblemente, acarree menos atención mediática. 

"Soy culpable". Es el título del vídeo que el líder y eurodiputado de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, publicaba este jueves en su canal de Telegram en el que reconocía que recibió 100.000 euros del responsable de la empresa de inversión Madeira Invest, Álvaro Romillo. "Soy culpable como autónomo que ha cobrado en efectivo un trabajo del que luego el Estado me saquea más de la mitad. Soy culpable de ejercer legitima defensa del terrorismo fiscal que practica el Estado", alega, tratando de sortear la acusación de financiación ilegal de partidos para convertirlo en una 'simple' irregularidad fiscal.

Una versión en la que se desmiente a sí mismo. Según los audios aportados por el empresario junto a la denuncia a la Fiscalía General del Estado, el dirigente ultra se puso en contacto con Romillo y le trasladó sus "necesidades", entre las que se encontraban "fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas" o "fondos para el partido". "En cash es irrastreable, sí", llega a decir en algún momento el eurodiputado, para quien el empresario crea los monederos de criptomonedas que el agitador publica en su canal de Telegram para recaudar fondos.

Una "colaboración" que Alvise promete a Romillo llevar hasta el corazón de la Unión Europea: "Las encuestas me dan hasta dos eurodiputados. Si logro entrar, podríamos organizar charlas en el Parlamento Europeo para hacer lobby masivo sobre la escripto divisas [sic] y la independencia fiscal", señala. El líder de SALF no se queda ahí sino que va más allá y se compromete con Romillo a impulsar leyes en España a favor del negocio de Madeira Invest Club cuando sea "llave de Gobierno con Feijóo y Abascal", en un hipotético escenario de elecciones generales.

La documentación en poder del Ministerio Público recopila meses de conversaciones a través de canales de mensajería entre Pérez y Romillo, y audios y podría acarrear al eurodiputado una multa de hasta medio millón de euros por financiación ilegal. Un delito que viene recogido en el artículo 304 del Código Penal, que castiga con multas o penas de prisión –en función de la gravedad– a quienes reciban "donaciones o aportaciones" destinadas a una agrupación de electores infringiendo el artículo 5.1 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que prohíbe "aceptar o recibir directa o indirectamente" donaciones anónimas, de más de 50.000 euros procedentes de una misma persona o que vengan de personas jurídicas o entes sin entidad jurídica.

Alvise, sin embargo, asegura en el vídeo difundido en Telegram que se librará "como siempre", porque "detrás de las calumnias y los mensajes entrecortados no hay nada más que una complementaria de Hacienda" e insiste en que ese dinero lo cobró a cambio de un trabajo, que no especifica aunque él mismo le confiesa que lo va a utilizar para su campaña electoral. "Me posibilitas una parte urgente de la campaña", aseguró cuando supo que iba a recibir el dinero. Pero más allá de las implicaciones a nivel judicial que tenga para el líder de SALF este caso, ¿le puede perjudicar políticamente o incluso reforzar dentro de su comunidad? infoLibre lo aborda de la mano de la periodista y politóloga Laura Teruel y del sociólogo Iago Moreno.

Ambos expertos creen que este caso concreto no afectará políticamente a líder de SALF. "Alvise tiene un votante rocoso, una base muy concreta con un 2-3% de suelo electoral que resiste a cambiar de tendencia", explica Moreno, especialista en extrema derecha y fenómenos digitales. "El discurso de Se Acabó La Fiesta nunca se construyó a través de hechos y verdades, sino que nace de las mentiras y es muy difícil que sea la verdad la que lo desmonte", reflexiona. Moreno destaca que Alvise siempre ha llevado la conspiración por bandera y que sus actividades, antes siquiera de dedicarse a la política activa, "siempre han estado plagadas de irregularidades", señala en referencia a la publicación de documentos policiales filtrados, fotografías que corresponden a la esfera familiar de cargos públicos de izquierda o la difusión de pruebas falsas de fraude: "No me parece que sea coherente el argumento de quienes dicen que, con esto, se ha acabado Alvise".

Coincide con él Teruel, profesora titular de la Universidad de Málaga. "Los votantes de Alvise son, mayoritariamente, personas descontentas con la clase política y con orígenes de clase distintos. Alvise es hábil explotando ese hartazgo y construyendo un relato que le beneficie aunque sea a base de mentiras”, expone la periodista. Así, considera que, al admitir lo que ha hecho ante sus seguidores, el agitador y difusor de bulos les está haciendo partícipes para tratar de convencerles de que su lucha contra la "mafia" de Hacienda es también la de ellos. Además, también considera que el sesgo de confirmación de su comunidad se ve reforzado porque "el que le vota no suele informarse por medios, de los que desconfía, sino por redes".

Un vistazo a su canal de Telegram muestra cómo cada día sirve a sus seguidores un menú compuesto casi exclusivamente por bulos bajo el epígrafe 'Las noticias de verdad', en las que, además, se refiere a sí mismo en tercera persona. Tras aparecer las primeras informaciones sobre la donación de cien mil euros, el líder de SALF atribuyó esa denuncia a un movimiento del Gobierno para desviar el foco mediático. "Fuentes judiciales sospechan de un acuerdo entre Cryptospain y el Fiscal del Gobierno para generar escándalos contra la oposición en pleno proceso judicial del hermano y esposa de Pedro Sánchez", escribió la mañana del jueves. Horas más tarde publicó el vídeo en el que se confesó "culpable" de haber recibido ese dinero.

El agitador se sirve también de recurrente argumentario en el que los jueces y los medios conforman un "sistema criminal" que solo sirve para perpetuar la corrupción robando recursos a los ciudadanos que tienen que pedir "créditos al consumo" para lograr sobrevivir cada mes. Denunciar ese conglomerado delincuencial es el principal objetivo de este exasesor de Ciudadanos que, previamente, pasó por el desaparecido UPyD. Pero lo quiere denunciar a su modo, con palabras gruesas, insultos y datos no contrastados y a menudo falsos. Por eso, uno de sus objetivos declarados para concurrir a las europeas era obtener su aforamiento ante el Tribunal Supremo. "Y sus seguidores le votaron por eso", señala Teruel.

La piedra angular del discurso de Alvise es el rechazo a los impuestos. El agitador ha identificado que en su electorado cala a fondo el llamado "populismo fiscal" tras años de martilleo —por parte del Partido Popular y Vox—contra el supuesto "atraco" de un gobierno que "se forra" gracias a la recaudación. La siembra de ese discurso florece ya en una pérdida en el campo de la derecha de confianza en la utilidad de los impuestos y de compromiso fiscal con los servicios públicos. No es la primera vez que el agitador alude a los impuestos como un "robo" porque "acaban en los bolsillos de los políticos" pese a que los datos muestran que las principales partidas son pensiones, sanidad, educación y dependencia.

Moreno recuerda que Alvise siempre ha tenido "una sinergia con el discurso libertario" como se puede comprobar con su relación con algunos youtubers que "promueven abiertamente la evasión fiscal" y considera que la justificación que ha dado "concuerda" con lo que ha defendido en el pasado. "Esto no le da descrédito ante sus seguidores. Bajo esa lógica, para sus seguidores no es grave que cometa una irregularidad porque está siendo consecuente", señala.

"Es llamativo que algunas de las personas que más necesitan el Estado del Bienestar le estén comprando el discurso. Alvise utiliza algunas de las deficiencias del sistema para cargar contra todo el sistema y obvia las implicaciones que tendría para la gente una privatización total. El problema de fondo es que los impuestos cada vez están más demonizados por la derecha y mientras la izquierda no sea valiente ese discurso va a calar entre una parte del electorado", reflexiona Teruel.

El hecho de que a Alvise pueda no pasarle factura el hecho de haber recibido donaciones presuntamente ilegales no significa que no haya determinadas cuestiones que sí le puedan hacer daño. De hecho, el sociólogo tiene claro que no está sabiendo" estar a la altura de esa performance del Joker que prometía como agenda de este curso": "Ni el Parlamento Europeo tiene la influencia sobre la agenda política española que él venía anunciando ni es un buen podio para atraer la atención mediática, como también han podido comprobar Irene Montero o Herman Tertsch", analiza. Además, cree que Alvise "no ha sido capaz de cumplir" con sus principales promesas. "Dijo que iba a revelar unos audios con enormes consecuencias para la política española y no ha pasado. Hizo el sorteo, pero pasó sin pena ni gloria. Ha tenido muchos cambios de posición porque intenta abarcar mucho y no llega".

Tanto él como Teruel coinciden en que el alcance de SALF, en caso de presentarse a unas eventuales generales, será limitado. La periodista está convencida de que nunca logrará la estructura territorial para asentarse políticamente y el sociólogo cree que, como mucho, podría obtener un o dos escaños en las generales. Con todo, advierten de que no hay que desdeñar este tipo de fenómenos políticos, tanto por los motivos por los que llegan a tener una bolsa de votantes considerable, como por el 'efecto eco' que pueden tener en sus otros competidores de la derecha, PP y Vox. "La política son ciclos, es como una partida de ajedrez y ahora le toca mover al resto de la derecha para ver si es capaz de dejarlo por tierra o todo lo contrario", zanja el sociólogo.

El hombre que ha denunciado al eurodiputado de Se Acabó La Fiesta, Alvise Pérez, al que habría entregado 100.000 euros de la presunta estafa piramidal de Madeira Invest ha entregado un informe pericial para acreditar que los mensajes intercambiados entre ambos no han sido manipulados.

La denuncia, presentada por el responsable de Madeira Invest, Álvaro Romilla, a la que ha tenido acceso EFE, ya se ha enviado a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que es la competente para investigar si puede existir un delito de financiación ilegal, ya que el denunciado es aforado por su condición de eurodiputado.

En ella, se incluyen una serie de pantallazos de mensajes intercambiados con Alvise entre el 29 de marzo y el pasado 13 de septiembre. Esos mensajes acreditan, a juicio de Romilla, la entrega el 27 de mayo de 2024, antes de las elecciones europeas, de 100.000 euros a Alvise, lo que podría constituir un delito de financiación irregular.

El informe pericial añadido subraya que "se puede garantizar la trazabilidad y cadena de custodia de los archivos, en cuanto a que no han sufrido ninguna alteración o modificación desde su generación, y en consecuencia los datos presentados se consideran como originales y auténticos". Los intercambios de mensajes se realizaron a través de la aplicación Signal y, de acuerdo con este informe, "no han podido ser manipulados de ninguna forma o creados artificialmente con los fines de aparentar una conversación".

El peritaje lo ha remitido tanto a la Audiencia Nacional, que ha recibido la denuncia inicial por la estafa pirámidal de la que presuntamente es cabecilla Romilla, conocido como 'Luis Criptospain', como ante la Fiscalía, ante la que él ha denunciado a Alvise.

En esos mensajes, Alvise y Romilla hablan en varias ocasiones de la aportación de 100.000 euros del segundo a la campaña del primero. "Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias, tío", escribe el político en la mañana del 27 de mayo después de que el primero le invite a ir a su sede a recoger el dinero. "Todo ok. 100.000 gracias, Luis", añade horas después Alvise. 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha ratificado en sus informes aportados en la pieza A de Imelsa y ha confirmado que hubo financiación irregular en las campañas electorales del PP de Valencia en 2007 y 2011 a través de donaciones y pagos de empresas, según recoge Europa Press.

Así se ha manifestado el agente de las diligencias y su equipo en su declaración testifical en el juicio que ha arrancado este martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia contra el fuera vicealcalde de la ciudad de Valencia Alfonso Grau, en su día mano derecha de la exalcaldesa y exsenadora, Rita Barberá; la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento Mari Carmen García Fuster; el exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas; y el axedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón.

La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular (Compromís) solicitan para Grau nueve años de prisión por un delito de malversación y otro de cohecho; cinco años para Salinas y Santón por malversación; y un año para García Fuster por cohecho.

Inicialmente en esta pieza había 49 personas acusadas contra las que se llegó a dictar auto de procesamiento y entre las que se encontraban el propio PP y concejales y asesores del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento de la capital en la época de Barberá como alcaldesa por un delito de blanqueo en las elecciones municipales de 2015. Sin embargo, el procedimiento se archivó contra ellos y solo han quedado cuatro acusados.

En su intervención, el instructor de las diligencias hasta 2017 ha explicado que su informe inicial se remonta a 2015 y ha dicho que se pidieron nuevas diligencias tras una conversación en la que la exconcejala María José Alcón le contaba a su hijo y a su hermana una "operativa" de transferencias bancarias a la cuenta del grupo municipal del PP de Valencia que luego eran reintegradas en dinero en efectivo. Se trataba de la parte del 'pitufeo' que ha sido archivada.

A raíz de esa conversación y de un escrito anónimo que recibió la Guardia Civil en el que se describía la misma operativa, se analizaron las cuentas del PP de Valencia. El agente ha descrito que hallaron dos: una de ellas que contenía ingresos que venían del Ayuntamiento y, otra, para las cuotas de afiliados e ingresos en efectivo. Fue en esta última cuenta en la que se descubrieron 50 ingresos en efectivos por valor de 1.000 euros cada uno: el supuesto 'pitufeo'.

Al analizar las cuentas se percataron, tal y como ha descrito el agente y su compañero, que había terceras empresas que hacían ingresos a las mercantiles que había contratado el PP para hacer las campañas electorales de 2007 y 2011. En concreto, respecto a la primera campaña, que se firmó con Laterne por 150.000 euros, el instructor ha indicado que el coste real podría haber superado los dos millones de euros, "aunque es difícil de cuantificar", ha afirmado.

Otro agente de la Guardia Civil que siguió la causa desde 2017 ha informado sobre este aspecto que tanto para la campaña de 2007 como para la de 2011 el PP contrató a una empresa por unos importes muy inferiores a los gastos en los que verdaderamente se incurrieron. En 2011 fue con Trasgos.

En resumen, en la campaña de 2007 el contrato era por 150.000 euros y los gastos superaron los dos millones; mientras que para la de 2011 se firmaron 170.000 euros pero los gastos fueron al menos 110.000 euros más de lo que se había ingresado. "Se deduce que debía de existir otra fuente de ingresos", ha señalado.

Así, ha añadido: "Tanto para 2007 como para 2011 hay empresas y fundaciones que hacen aportaciones a las empresas organizadoras de las campañas electorales del PP. Empresas que tenían intereses económicos con el Ayuntamiento", ha señalado. También ha dicho que consta que García Fuster abonó y contrató trabajos directamente a una empresa para las campañas electorales.

Otro agente que ha declarado este martes ha indicado que en la vivienda de García Fuster había sobres con dinero, tal y como le trasladó algún compañero. No obstante, ha aclarado que él no participó en ese registro.

Las defensas de los acusados han aprovechado esta primera sesión del juicio para alegar prescripción de delitos en la presunta caja B del PP de València para evitar ser juzgados.

En su turno de palabra, la defensa de García Fuster ha sido la primera en solicitar la prescripción del delito de cohecho que se imputa a su representada. "Si el delito se comete en 2011 por importe de 28.500 euros y contra ella se dirige la acusación de cohecho por primera vez en diciembre de 2022, hay prescripción. El delito prescribe a los cinco años y es una simple operación aritmética", ha aseverado. El fiscal discrepa de esta interpretación y señala que el último ingreso es en 2014 y que en 2016 se le cita a declarar. No ve prescripción.

El abogado de Grau también ha aludido a la prescripción sobre los delitos de las campañas electorales de 2007 y 2011. Esta parte ve ausencia de delito continuado de malversación porque no hay una pluralidad de hechos ni dolo ni un 'modus operandi' homogéneo. Así, resume: "En 2007 habría prescrito el delito; en 2011 mi representado fue no participante; y en 2015 es inexistente".

Frente a su argumento, el fiscal se ha quejado de que la defensa "no está diciendo la realidad de lo acontecido en la causa" y ha recordado que a Grau se le citó a declarar dos veces, una en septiembre de 2016 y otra en el año 2017. "Nosotros hablamos de un delito de malversación continuado y su prescripción es de 15 años", ha apostillado.

El abogado de Santón también ha alegado prescripción del delito y ha negado, en cualquier caso, que fuera algo continuado por falta de unidad y de continuidad en el tiempo. Por su parte, la defensa de Salinas también se ha referido a la prescripción del delito.

La tesorería de Voz envió un correo electrónico "URGENTE" dando instrucciones para regularizar sus donaciones. El texto ordenaba “regularizar de manera urgente todo el dinero" que tuvieran "por merchandising (...). Los ingresos han de realizarse tal y como se recaudaron, cantidades inferiores a 299 euros, indicando la fecha de recaudación”. Así lo ha adelantado elDiario.es tras haber accedido a las circulares de la tesorería. Las opciones para ingresarlo eran dos: la cuenta provincial del partido u otra cuenta aparte.

 Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos obliga a identificar al transmitente si la donación supera los 300 euros. Con ingresos menores, ya sea por 1 euro, no hay que demostrar de dónde viene. Con esta operación, el partido evita dar datos de la procedencia de sus ingresos. Las donaciones anónimas están prohibidas desde la entrada en vigor de la ley.

El Tribunal de Cuentas investiga los ingresos de Vox por el crecimiento de más de 300.000 euros en un año, entre 2018 y 2019. El dinero se ingresó a través de cajeros automáticos en efectivo “sin identificar”, según relata un informe del organismo, que detalla que en su mayoría son cantidades inferiores a 300 euros. Vox entorpece la labor del Tribunal al continuar sin aportar la documentación para cotejar la venta de esos productos.

En la circular de la tesorería del partido se daban instrucciones sobre cómo hacer los ingresos de la “hucha de donativos de municipios”. También indican que se haga en efectivo y no por transferencia y ponen el límite, de nuevo, en 299 euros. En la orden se aclara que si no se hace como se dicta, “bien se devolverá el dinero, bien se lo quedará la Hacienda pública si no hay identificación del donante”