Budapest (Hungría).– “Aquí la vida se ha detenido. No hay sitios donde salir, ningún lugar para los niños, ninguna oferta cultural… Sobrevivimos en la pobreza día a día. Por eso, lamentablemente, se puede comprar a la gente. No es culpa suya; cualquiera vendería su voto cuando sus hijos lloran porque tienen hambre.”

Así lo cuenta un hombre de Tiszabura, un pueblo de 3.000 habitantes situado al norte de la Alföld, la Gran Llanura. Pero esto podría ocurrir en cualquiera de los cientos de localidades húngaras más pobres, donde el Fidesz, el partido del primer ministro Viktor Orbán, obtuvo sus mejores resultados electorales hace cuatro años, y donde se está movilizando aún más de cara a las elecciones legislativas del 12 de abril.

El fenómeno del “voto asistido” está muy extendido en Hungría desde la transición democrática de 1990. Pero el Fidesz, partido nacional-conservador en el poder ininterrumpidamente desde 2010, lo ha convertido en una máquina bien engrasada, que ha ido ganando fuerza elección tras elección.

Un documental de 52 minutos, titulado El precio de un voto, recopila numerosos testimonios que ponen al descubierto el mecanismo. Como muestra del frenesí que se ha apoderado de Hungría y de sus 10 millones de habitantes, la película ha sido vista 1,4 millones de veces desde su publicación en YouTube el 26 de marzo. Y nos preguntamos: ¿llegarán los encuestadores que sitúan a Tisza y a su candidato Péter Magyar a la cabeza de sus sondeos a esos votantes situados al margen de la vida política? ¿Dispone el Fidesz de un reservorio de votos oculto?

En las últimas elecciones legislativas, en 2022, el Fidesz arrasó con el 92% de los votos en Tiszabura. En los diez municipios más pobres en términos de renta per cápita, obtuvo una media del 96% de los votos; su resultado sigue siendo del 88% en los veinte municipios más pobres, que son también aquellos donde la participación fue mayor, según los cálculos de la revista G7.

Este falso plebiscito es el resultado de la fuerte dependencia de los municipios periféricos, de las redes clientelares y de la compra de votos de las poblaciones más vulnerables: los romaníes (cuya población se estima en 800.000 personas en Hungría), las personas mayores con pocos recursos, las personas incorporadas a los planes de empleo de interés público, los consumidores de drogas, etc. De este modo se desvían decenas de millones de euros de dinero público.

Se transporta a los votantes a los colegios electorales en furgonetas y, a veces, incluso con los vehículos del programa estatal para los pueblos, “Magyar Falu”. Su votación se lleva a cabo a la vista de los agentes municipales, que los acompañan a la cabina de votación con el pretexto del analfabetismo, o se hacen mostrar una foto de la papeleta electoral a posteriori, a cambio de una bolsa de 5 kilos de patatas, una cesta de la compra bien surtida, una dosis de droga o un billete de 5.000 a 20.000 forints (de 15 a 50 euros).

El Fidesz también ha creado fuertes vínculos de dependencia con los propios municipios. Las subvenciones públicas a los municipios pueden duplicarse si están en manos del partido. Los municipios pequeños con pocos empleados también dependen de un sistema centralizado para solicitar subvenciones públicas, especialmente las europeas.

“Es terrible ver esta injusticia entre municipios que ni siquiera tienen que solicitarlo para que les llueva el dinero, mientras que nosotros tenemos que luchar por la más mínima microinversión”, afirma Csilla Dienes, alcaldesa de Szamossályi.

Los municipios también dependen en gran medida de diversas ayudas estatales, como la “leña social” para la estufa destinada a los más pobres y los pequeños empleos a través de trabajos de interés general. Se trata de un sistema de empleos municipales, por ejemplo, para el mantenimiento de espacios y edificios públicos o para hacer los turnos de salida de las escuelas. Con una remuneración de 280 euros netos, la mitad del salario mínimo, suponen un salvavidas para muchos.

En esas condiciones, a los alcaldes en el cargo les interesa fomentar el voto a favor del Fidesz, y los habitantes también lo perciben como una condición para su supervivencia económica.

Esto es lo que observamos en Piskó, un pueblo de 250 habitantes que acababa de votar al 100% a favor del partido de Viktor Orbán en las elecciones europeas de mayo de 2019, con una participación del 60%, casi veinte puntos superior a la del resto del país. “Si Orbán no gana las elecciones, perderemos estos empleos públicos y será nuestro fin”, repetían los habitantes.

El Estado utiliza tanto la zanahoria como el palo. En el documental, un habitante del gueto romaní de Tiszavasvári da testimonio de los métodos que se emplearon para hacerle renunciar a su candidatura a las elecciones municipales del año pasado: unos agentes vinieron a cortarle la electricidad y los servicios sociales le confiscaron a su hijo cuando nació.

La amenaza de hacer intervenir a los servicios sociales es recurrente y pesa como una espada de Damocles, especialmente sobre las jóvenes romaníes, para garantizar la docilidad de la comunidad. “No quiero que me quiten a mis hijos”, teme una joven entrevistada. Médicos, empresarios o directores de colegios se convierten a veces en transmisores de este clima de intimidación, con poderosos medios de coacción a su disposición.

El partido Tisza contará con observadores en cada colegio electoral y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha enviado una importante misión para supervisar las elecciones. Esta última concluirá sin duda, al igual que en 2018 y 2022, que se trata de unas elecciones “libres pero no justas”, debido a la omnipresencia de propaganda estatal. “[En caso de victoria del Fidesz,] ¿cómo deberemos reaccionar y qué consecuencias deberemos extraer de unas elecciones que habrán sido claramente amañadas?”, se pregunta un alto diplomático destinado en Budapest.

Según los autores del documental, el Fidesz se aseguró así entre 200.000 y 300.000 de los tres millones de votos obtenidos en las elecciones de 2022. “En 2026, serán el doble”, asegura un organizador local del sistema. “Más cosas en juego, más dinero, más preparación”, resume. Esto podría representar entre el 7% y el 8% de los votos este año. Suficiente para inclinar la balanza si las elecciones están reñidas.

Tisza podría salir victorioso en las urnas la noche del 12 de abril, pero no conseguir la mayoría en el Parlamento. Se trata de un escenario relativamente probable, consecuencia de un sistema electoral reformado en 2011 por el Fidesz y posteriormente reestructurado a su medida. De manera clásica, las circunscripciones se han redefinido para dar más peso al voto rural, más favorable al partido en el poder.

Para asignar los 199 escaños del Parlamento, 8 millones de votantes disponen de una única vuelta y de dos papeletas: una para una lista nacional (93 diputados) y otra para el candidato o candidata de su circunscripción (106 diputados). Un mecanismo denominado “compensación del ganador” permite a un partido transferir el excedente de votos obtenidos en las circunscripciones a la lista nacional. Sobre el papel, esta disposición beneficia al Fidesz, que lleva mucho tiempo forjándose un arraigo local, a menos que la ola del Tisza sea poderosa.

Además, el Fidesz puede contar con dos escaños reservados a las minorías romaní y alemana, y con uno o dos escaños que podrían cubrirse con el voto de las minorías húngaras transfronterizas (en Rumanía, en particular). Estas últimas se han beneficiado de un acceso simplificado a la nacionalidad y del derecho a votar en la lista nacional, así como de numerosas subvenciones estatales para sus instituciones culturales.

Los politólogos húngaros estiman que Tisza necesitaría una ventaja de entre 6 y 8 puntos porcentuales para convertir su victoria en las urnas en una mayoría simple en el Parlamento. Por su parte, el Fidesz podría encontrar un socio de coalición en el partido de extrema derecha Mi Hazánk (Nuestra Patria), si este logra superar el umbral mínimo del 5%.

Traducción de Miguel López

En el imponente salón de honor del Congreso Nacional chileno en Valparaíso, el 11 de marzo, el presidente progresista saliente Gabriel Boric entrega solemnemente los símbolos republicanos —la banda presidencial y el pico del libertador O'Higgins— a su sucesor de extrema derecha, José Antonio Kast.

El ya expresidente, el jefe de Estado más joven de Chile, se retiró tras ofrecer un firme apretón de manos y esbozar una sonrisa a su oponente. Deja las llaves de la república chilena en manos de un hombre que asume abiertamente la herencia de Augusto Pinochet, quien lideró la dictadura cívico-militar que asoló el país de 1973 a 1990.

El traspaso de poderes se desarrolló en un ambiente tranquilo, a pesar de las tensiones que marcaron los últimos días de la transición entre los presidentes entrante y saliente. El 3 de marzo, José Antonio Kast puso fin abruptamente a una reunión bilateral con su predecesor. El motivo de la discordia fue un cable submarino que conectaría a Chile con su principal socio comercial, China.

Este proyecto de telecomunicaciones provocó sanciones por parte de Washington, que lo consideró “un peligro para la seguridad de la región”. A finales de febrero, tres funcionarios de la Administración Boric, entre ellos el ministro de Transportes, vieron revocados sus visados. Ante esta situación, el nuevo presidente de extrema derecha, aliado de Donald Trump, reprochó a Gabriel Boric no haberle informado de las amenazas estadounidenses, interrumpiendo a continuación las reuniones en el marco de la transición.

Tras cinco días de suspensión, y por invitación de Gabriel Boric, el presidente del Partido Republicano, elegido el 14 de diciembre, dio marcha atrás y prometió “una transferencia de poderes impecable”.

La investidura de José Antonio Kast, finalmente pacífica, concluyó con la presentación del nuevo Gobierno. Luciendo la banda presidencial, el nuevo jefe de Estado tomó juramento a sus veinticuatro ministros sobre la Constitución de Chile, la misma que se adoptó en 1980 bajo la dictadura.

Claudio Alvarado, ministro del Interior, fue el primero en subir a la tribuna. Este exdiputado de 65 años es miembro de la Unión Demócrata Independiente (UDI, derecha), partido fundado en 1983 por la mano derecha de Pinochet, Jaime Guzmán. Subsecretario de Estado durante los dos mandatos presidenciales de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), es uno de los pocos miembros del Gobierno vinculados a un partido político.

De hecho, la mayoría de los ministros son independientes con perfil técnico y empresarial que tienen poca experiencia en la administración del Estado. Esta audaz elección del nuevo inquilino del palacio presidencial de La Moneda preocupa incluso a su propio bando. “La apuesta del presidente conlleva riesgos”, afirma el diputado de Renovación Nacional (RN, ultraliberal) Luis Pardo, quien añade que “los partidos aliados tendrán que colaborar para paliar esa falta de experiencia política”.

Las críticas hacia este nuevo Gobierno también provienen del bando progresista, que teme que se produzcan conflictos de intereses.

Uno de los nombramientos que más ha molestado a la oposición es el de Trinidad Steinert como ministra de Seguridad. Conocida por su labor como fiscal en la persecución de los delitos cometidos por el cártel venezolano de la droga Tren de Aragua, ha sido señalada por la diputada Maite Orsini (Frente Amplio, izquierdas), quien considera que el nombramiento de una magistrada para un alto cargo político podría perjudicar la imparcialidad del Ministerio Público y afectar al Estado de Derecho.

Otros dos ministros, Fernando Barros, nombrado para Defensa, y Fernando Rabat, que asume la cartera de Justicia y Derechos Humanos, han suscitado la preocupación de las asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura. Un centenar de organizaciones de defensa de los derechos humanos manifestaron en un comunicado su “total rechazo al nombramiento” de estos dos abogados “que no solo defendieron jurídicamente a Augusto Pinochet”, sino que también “han relativizado públicamente las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura”.

Los movimientos feministas también están preocupados por el nombramiento de Judith Marín para el Ministerio de la Mujer y de la Igualdad de Género. Secretaria general del ultraconservador Partido Social Cristiano, conocida por sus posiciones antiabortistas, es también, con 30 años, la ministra más joven.

En total, este nuevo equipo ministerial está compuesto por once mujeres y trece hombres. Llegan con la promesa de un gobierno “de emergencia”, centrado en la lucha contra la delincuencia, la inmigración clandestina y la reactivación económica. Simbólicamente, José Antonio Kast firmó, pocas horas después de su investidura, una serie de decretos emblemáticos sobre el aumento de la plantilla policial y el refuerzo del control fronterizo.

Hacia las 12:30, en el Congreso Nacional, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, dio por concluida la ceremonia de traspaso de poderes. El nuevo presidente de la República se mezcló entonces con la multitud y saludó a los diferentes jefes de Estado presentes en la toma de posesión.

Entre ellos, muchos son aliados del bando conservador y ultraliberal: Javier Milei (Argentina), que intercambió un largo abrazo con el recién investido presidente, pero también Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador) o Tamás Sulyok (Hungría). Los representantes de las grandes potencias progresistas de América Latina brillaron por su ausencia.

La presidenta mexicana y el presidente colombiano no asistieron, y Lula da Silva canceló su asistencia en el último momento alegando “motivos de agenda”. Según varios medios de comunicación brasileños, habría influido en esta decisión la presencia del hijo de Bolsonaro, probable oponente de Lula en las próximas elecciones.

Según Claudia Heiss, politóloga de la Universidad de Chile, José Antonio Kast “cometió un error al darse el gusto de invitar a un aliado político”, Flávio Bolsonaro, cuando “es mucho más importante contar con el presidente de Brasil”, socio diplomático histórico y primer aliado comercial de Chile en América Latina.

“Estamos asistiendo a un fortalecimiento de las fuerzas ultraliberales”, añade Claudia Heiss, refiriéndose a la cumbre Shield of Americas (Escudo de las Américas) de Miami, en la que se reunieron el 7 de marzo el presidente estadounidense y doce jefes de Estado cercanos a la Casa Blanca. Entre ellos, Kast. “Hay una alineación de los ultraconservadores con Donald Trump, que no oculta su deseo de hegemonía en todo el continente”, opina la politóloga chilena.

Al caer la noche, José Antonio Kast se presentó en el balcón del palacio de La Moneda, en Santiago, y se dirigió a los cientos de simpatizantes reunidos en la plaza de la Constitución.

Insistió en las políticas de seguridad que deben aplicarse para “perseguir, juzgar y condenar” a aquellos “que han tomado el control de sus barrios o han sembrado el terror entre la población”. También prometió a las fuerzas armadas y a la policía “apoyo legislativo y mejores recursos” para combatir el crimen organizado y limitar la migración en las fronteras.

El republicano atacó indirectamente al Gobierno saliente en varias ocasiones. Así, consideró que el país le “ha sido transmitido en las peores condiciones” en el plano económico. Sin embargo, Gabriel Boric termina su mandato con una inflación estabilizada en el 3,5 % y un crecimiento del PIB en torno al 2,4 %, tras haber accedido al poder en 2022 tras una revuelta social y una pandemia mundial que generaron grandes dificultades económicas.

José Antonio Kast terminó su discurso saludando a sus hermanos, uno de los cuales fue ministro durante la dictadura de Pinochet, y a sus padres. Su padre es un exmilitar de la Alemania nazi que emigró tras la Segunda Guerra Mundial. Este ferviente católico, miembro del movimiento conservador de Schönstatt, concluyó su primera intervención como jefe de Estado con una invocación religiosa: “¡Que Dios bendiga a Chile y nos dé sabiduría para gobernar!”.

Marion Esnault es periodista independiente en Chile. Este es su primer artículo para Mediapart.

Traducción de Miguel López

Más de 11 millones de portugueses están llamados a las urnas este domingo en las elecciones presidenciales en el país ibérico para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, tras diez años en la Jefatura de Estado, según recoge EFE.

La jornada de votación se inició en los centros electorales de Portugal continental y de Madeira a las 8.00 hora local (misma hora GMT) y se prolongará hasta las 19.00 hora local (misma hora GMT), mientras que en Azores lo hará sesenta minutos más tarde por encontrarse en un diferente huso horario.

Estas son las claves del día:

Cuando ejerzan su derecho a voto, los electores se encontrarán con una papeleta con 14 candidatos, pese a que son once los confirmados por el Tribunal Constitucional para participar, ya que fueron impresas antes de la decisión de la corte.

Los once postulantes a la Presidencia confirmados son: el líder de ultraderecha André Ventura, el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro, el eurodiputado João Cotrim de Figueiredo, apoyado por Iniciativa Liberal (IL), el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, y el exministro y comentarista político conservador Luís Marques Mendes, que ha recibido el respaldo del gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha).

A ellos se suman una única mujer, la excoordinadora del Bloco de Esquerda y eurodiputada Catarina Martins, el sindicalista André Pestana, el cofundador del partido ecologista Livre Jorge Pinto, el dirigente comunista António Filipe, el pintor Humberto Correia y el músico Manuel João Vieira.

Casi todos los sondeos realizados en las últimas semanas coinciden en que ningún candidato logrará hoy más de la mitad de los votos, que son los necesarios para proclamarse ganador este domingo, por lo que será necesaria una segunda vuelta en un plazo máximo de 21 días que con toda probabilidad será el 8 de febrero.

Esta circunstancia se ha dado una sola vez en democracia, en 1986, cuando el socialista Mário Soares triunfó en una segunda ronda muy reñida frente al demócrata-cristiano Diogo Freitas do Amaral.

La encuesta del centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público, publicada el martes, indica que Ventura quedaría hoy primero, seguido por Seguro, aunque en una segunda vuelta este último sería primero.

Sin embargo, han sido muchos los sondeos publicados en las últimas semanas, la mayoría realizados con menos de 1.000 encuestados, lo que no son muestras significativas, que han dado diferentes favoritos como Marques Mendes o Cotrim de Figueiredo.

El presidente en Portugal tiene la función de árbitro y fiscalizador de la vida política, y no tiene prerrogativas ejecutivas.

Entre otros poderes puede promulgar o vetar leyes, disolver el Parlamento, convocar elecciones, nombrar al primer ministro, declarar la guerra en caso de agresión efectiva o inminente (a propuesta del Gobierno), declarar el estado de sitio o de emergencia, nombrar a los embajadores y garantizar la unidad del Estado.

Desde la implantación de la República en Portugal en 1910, ha habido 20 presidentes, siendo Manuel de Arriaga el primero.

Tras la caída de la dictadura salazarista con la Revolución de los Claveles de 1974, ha habido siete: António de Spínola (1974), Francisco da Costa (1974-1976), António Ramalho Eanes (1976-1986), Mário Soares (1986-1996), Jorge Sampaio (1996-2006) y Aníbal Cavaco Silva (2006-2016) y Marcelo Rebelo de Sousa, que asumió funciones en 2016 y concluye ahora su segundo mandato.

La encuesta publicada este martes que daría como vencedor de una primera vuelta al líder de ultraderecha André Ventura, seguido del exministro socialista António José Seguro, ha puesto patas arriba la campaña portuguesa. El sondeo recoge que el presidente de Chega ganaría con un 24% de los votos, un punto más que Seguro, aunque no sería capaz de vencer en una segunda vuelta.

Tras ambos, el estudio del centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público coloca a el eurodiputado liberal João Cotrim de Figueiredo con un 19%. En cuarta posición se quedaría uno de los nombres más populares, el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, exjefe del Estado Mayor de la Armada, con un 14% de los votos, empatado con el comentarista político y exministro conservador Luís Marques Mendes.

El sondeo ha provocado un auténtico terremoto en la campaña, que sigue dominada por la gran igualdad entre los candidatos. Gouveia e Melo admitió este miércoles a la prensa durante un acto electoral en el mercado de Alvalade, en Lisboa, que está "verdaderamente angustiado" con lo que está pasando y el riesgo de que Portugal escoja "un mal presidente". "Es esto lo que pongo en la consciencia de los portugueses -agregó-. Cuando hablan del voto útil, por favor no piensen en los partidos, piensen que el voto útil es para el cambio y la seguridad"

Por su parte, Cotrim de Figueiredo hizo este miércoles en sus redes sociales un llamamiento público al primer ministro Luís Montenegro (centroderecha) para que respalde su candidatura, pese a que el jefe del Ejecutivo ha dado su apoyo a Marques Mendes, quien en el pasado presidió el Partido Social Demócrata (PSD), que él dirige ahora.

"Estoy seguro que, como yo, no quiere ver un candidato ni del Partido Socialista ni de Chega en el Palacio de Belém (sede de la Presidencia lusa). Mi candidatura es la única que puede parar ese escenario", escribió el eurodiputado.

En respuesta, Marques Mendes acusó este miércoles a Cotrim de Figueiredo de hacer un "show político" y aseguró que Montenegro participará este miércoles en un acto suyo en Famalicão, en el norte del país.

Por su parte, Seguro indicó que la carta que escribe todos los días es a los portugueses para que voten por él. "Soy el único demócrata que defiende el Estado social, la sanidad pública, la escuela pública, nuestra Constitución que puede pasar a una segunda vuelta", señaló, citado por los medios.

Portugal celebra el domingo elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa tras diez años en el poder. Si ningún aspirante logra más de la mitad de los sufragios habrá una segunda vuelta en los 21 días siguientes entre los dos que queden primero y segundo.

No es casualidad que Jeannette Jara, ganadora de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, haya decidido al día siguiente patearse uno de los municipios más abandonados del Gran Santiago. El nivel de inseguridad, uno de los temas principales de la campaña electoral, es muy elevado allí.

En un restaurante cooperativo, la candidata de una amplia plataforma que incluye a toda la izquierda y a la democracia cristiana invitó a las mujeres del barrio a debatir sus principales preocupaciones durante un almuerzo. Jeannette Jara, de 51 años, que nació en una de estas zonas marginales de la periferia de la capital de Chile, hija de un electricista y de una madre que trabaja "esporádicamente" como vendedora o camarera, apuesta por la cercanía.

“Mi hermana trabajaba en una casa no muy lejos de aquí y a veces iba a ayudarla”, cuenta. Explica que le propusieron reforzar su seguridad, pero que ella se negó porque “prefiere más policías en los barrios” que a su alrededor. Le hace gracia el cristal que su oponente en la segunda vuelta, el pinochetista José Antonio Kast, hizo instalar a su alrededor como protección durante su último mitin.

En agosto, cuando Jara ganó las primarias de la izquierda con una aplastante mayoría del 60 % de los votos, su victoria se interpretó como un acontecimiento histórico: por primera vez desde el retorno a la democracia en 1990, el Partido Comunista Chileno (PCCh) presentaba una candidata a la presidencia. A lo largo de la campaña, ella destacó su origen humilde, pero José Antonio Kast, procedente de la alta sociedad del país, la superó en las cinco ciudades más pobres. Un golpe duro para esta mujer que lleva militando desde los 14 años.

En un país donde la sensación de inseguridad alcanza máximos históricos, alimentada por cadenas de televisión que dedican varias horas al día a los homicidios relacionados con el narcotráfico y los actos delictivos, la derecha parece ser la única respuesta creíble para una parte importante del electorado.

Jara, que fue ministra con el presidente de izquierdas Gabriel Boric, se ve perjudicada por el balance del Gobierno, que, a ojos de esas personas, no ha sabido responder al aumento de la violencia. Pero la realidad es que, aunque la tasa de homicidios ha pasado de 4,5 a 6 por cada 100.000 habitantes entre 2018 y 2024, Chile sigue siendo uno de los países más seguros de la región.

Ocupar ese terreno de la seguridad, acaparado por su oponente de extrema derecha, es un gran reto para la candidata. Y no es el único. Hasta el punto de que, a pesar de su victoria en la primera vuelta, se la da por perdedora.

En efecto, simplemente no cuenta a priori con suficientes reservas de votos para ganar las elecciones. Evelyn Matthei (centro-derecha) y Johannes Kaiser (extrema derecha libertaria) obtuvieron respectivamente el 12,5 % y el 14 % de los votos, y han llamado a sus electores a votar por Kast en la segunda vuelta. Tras haber conseguido el 24 % de los votos, Kast puede esperar razonablemente obtener más del 50 % en la segunda vuelta.

El origen de los votos puede sorprender. Entre las personas que van a votar a Kast en la segunda vuelta se encuentra, por ejemplo, Beatriz Bernal, de 48 años, una funcionaria que se declara de izquierdas y que se sonroja al votar “por primera vez en su vida a la derecha”. En la primera vuelta, votó a Evelyn Matthei, que en su momento fue la favorita y que sufrió un duro revés el domingo. ¿El motivo? “El comunismo, no puedo, es mi límite.”

El domingo 16 de noviembre, en las calles de Santiago, varias personas de muy diversos orígenes explicaban su decisión de votar a un candidato de derechas para impedir la llegada de una comunista a la presidencia. A pesar de que su partido ha rebajado claramente sus exigencias programáticas, concediéndole una amplia autonomía, en nombre de la necesidad de coaligarse frente al peligro reaccionario.

Juan Carlos, un venezolano afincado desde hace nueve años en Chile y conductor de Uber, votó por José Antonio Kast. Defensor de una línea muy dura en materia de inmigración, Kast quiere construir trincheras y un muro en la frontera, y propone 2.000 vuelos para deshacerse de las 330.000 personas indocumentadas. “Me fui de Venezuela por el comunismo, me es imposible votar lo mismo”, dice. “Creo que Kast será razonable y que distinguirá entre las personas serias, que trabajan, y las demás.”

En Chile, los extranjeros pueden votar tras cinco años de residencia. Y los venezolanos, los más numerosos, representan precisamente el 77 % de los extranjeros inscritos en el censo electoral.

Consciente de que la etiqueta de comunista es su talón de Aquiles, Jara ha declarado que, si gana la presidencia, devolverá su carné del partido, preocupada por encarnar las diversas izquierdas, desde las más moderadas hasta las más alternativas, a las que ahora representa.

Para Mireya Dávila, politóloga de la Universidad de Chile, los resultados del domingo demuestran que Jara no ha logrado superar “un anticomunismo muy arraigado en la sociedad chilena, no solo en la derecha, sino también en parte del centroizquierda”.

Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) fueron asesinados o desaparecieron cientos de militantes del PCCh. En la década de 1980, una rama del partido optó por la violencia armada, lo que provocó una ruptura con otra parte de la izquierda y el centroizquierda, que luchaban contra el régimen por la vía pacífica. Esa estrategia fue fructífera, ya que el dictador abandonó el poder tras la victoria del “no” en el plebiscito de 1988 (aunque siguió siendo jefe de las Fuerzas Armadas durante diez años más).

Tras el retorno de la democracia, bajo el gobierno de la Concertación, una coalición de centroizquierda que gobernó Chile entre 1990 y 2010, el Partido Comunista permaneció casi siempre en la oposición y participó por primera vez en el gobierno en 2014, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet. Fue en esa época cuando Jeannette Jara ocupó su primer cargo en un gobierno, como subsecretaria de Previsión Social.

Para la politóloga Mireya Dávila, “Jara está más cerca del legado de Bachelet que del de la vieja guardia del PC”. Pero para Roberto Funk, también politólogo de la Universidad de Chile, “quizás esos matices sean perceptibles entre el electorado de izquierda, pero no para la mayoría de los chilenos”, que siguen asociando a la candidata con una izquierda radical.

Durante su campaña, Jara ha perdido un tiempo precioso justificando la naturaleza actual de sus vínculos con el Partido Comunista. Aunque, lejos de la imagen de ideóloga que se le quiere atribuir, se ha destacado en el Gobierno de Boric por su flexibilidad y su sentido del diálogo social. Ella ha sido, por ejemplo, la artífice de grandes reformas sociales, como la semana laboral de cuarenta horas o la reforma del sistema de pensiones heredado de la dictadura.

Otro ejercicio de equilibrio particularmente peligroso: destacar su propio balance, distanciándose al tiempo de Gabriel Boric, de cuyo Gobierno fue ministra, dada su escasa popularidad. Elegido con promesas de reformas radicales, Boric ha decepcionado a una parte de los votantes de izquierdas y ha dado muchas garantías a los sectores más conservadores, sin haber sido recompensado por ello.

Ante una derrota anunciada, Jara no tiene más remedio que ser pragmática. Nada más conocerse los resultados, tendió la mano a Franco Parisi, el candidato populista que llegó al tercer puesto para sorpresa de todos, al ganar en las regiones del norte, tradicionalmente afines a la izquierda (Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama).

En 2021, apodado el “candidato fantasma” por la prensa chilena, Parisi obtuvo el 12,8 % de los votos sin pisar suelo chileno y llevando a cabo su campaña en las redes sociales desde Estados Unidos. Este economista de 58 años regresó finalmente a Chile en 2023, tras haber sido objeto de una medida de prohibición de salida del territorio por impago de la pensión alimenticia de sus dos hijos.

Entre sus propuestas más destacadas se encuentran la reducción de los salarios de los políticos, la construcción de barcos-prisión, pero también el reembolso del IVA de los medicamentos, medida que Jara desea incorporar ahora a su programa con el fin de captar parte de su abundante reserva de votos: casi una quinta parte del electorado.

Traducción de Miguel López

Es un nuevo enfrentamiento entre la izquierda y la extrema derecha nostálgica de la dictadura de Pinochet (1973-1990). Cuatro años después de su derrota, el candidato José Antonio Kast vuelve a estar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile, previstas para el 14 de diciembre. En 2021, fue derrotado por su joven rival de izquierdas, Gabriel Boric, que prometía acabar con el legado neoliberal de la dictadura, tras el movimiento social de 2019 que abrió el camino a la redacción de una nueva Constitución (finalmente rechazada).

Esta vez, Kast, de 59 años, se enfrentará a Jeannette Jara, de 51, una candidata comunista que fue ministra de Trabajo del presidente saliente (el cual, según la norma, no podía presentarse a un segundo mandato consecutivo). Al igual que Boric, Jara proviene de una amplia coalición entre las diferentes ramas de la izquierda y la democracia cristiana, aunque procede de una formación política de cultura radical, ajena a quienes participaron en la transición democrática negociada entre fuerzas moderadas a principios de la década de 1990.

El domingo 16 de noviembre, Jeannette Jara obtuvo casi el 27 % de los votos en la primera vuelta, marcada por una fuerte participación: casi 13 millones de votantes, de un total de 15,7 millones, ya que, por primera vez, el voto es obligatorio. Kast, por su parte, quedó en segundo lugar con el 24 % de los votos.

A primera vista, estos resultados parecen un déjà vu. En 2021, Boric obtuvo el 25,8 % de los votos, frente al 27,9 % de Kast. Sin embargo, la comparación no es muy alentadora para la unión del centro y la izquierda, que logró duplicar su puntuación en cuatro semanas.

De hecho, Boric, que había sido líder del poderoso movimiento estudiantil de 2011, tenía entonces la ventaja de presentarse como una alternativa al presidente saliente de derechas, Sebastián Piñera, que se había enfrentado a una movilización democrática y social sin precedentes desde la transición democrática. Además, entre las dos vueltas, se benefició del apoyo de dos candidaturas progresistas que representaban cerca del 20 % del electorado que había acudido a las urnas. En comparación, en 2025 la oferta política se ha desplazado claramente hacia la derecha.

Resultados de la primera vuelta de las elecciones

Fuente: Servicio Electoral de Chile Creado con Datawrapper

Kast no era el único candidato de la extrema derecha. Incluso fue superado en virulencia por Johannes Kaiser, un exmiembro de su partido, mientras que la candidata de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, hizo gala de propuestas sobre austeridad y seguridad.

“A Jeannette Jara ya no le queda reserva de votos, mientras que el debate público y la sociedad chilena se han radicalizado hacia la derecha en cuatro años”, confirma Franck Gaudichaud, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos Contemporáneos en la Universidad Jean-Jaurès de Toulouse. “La extrema derecha ha logrado imponer tres de sus temas: el rechazo a la inmigración legal e ilegal, la insistencia en los peligros del narcotráfico y el rechazo a los intentos de reformas económicas del Gobierno de Boric. El Chile de 2019 ya no es reconocible, en medio de una ola regional desfavorable para los dirigentes salientes.”

El duelo de la segunda vuelta dependerá en gran medida del comportamiento del electorado de Franco Parisi. Este economista al frente de una formación de derechas, el Partido de la Gente (PDG), ha sorprendido a todos al quedar en tercera posición, con cerca del 20 % de los votos. Aunque ya se presentó en 2021 y no superó el 13 % de los votos.

En cuarto y quinto lugar figuran los dos candidatos rivales a los que Kast venció en unas “primarias de la derecha” a gran escala. Johannes Kaiser obtuvo cerca del 14 % de los votos y Evelyn Matthei solo el 12,5 %, un resultado históricamente bajo para la derecha, en la línea de la derrota sufrida hace cuatro años. Los demás candidatos obtuvieron resultados marginales.

Evelyn Matthei, la gran perdedora de la noche, acudió a la sede de la campaña de José Antonio Kast, en el elegante barrio de Las Condes, en Santiago, para mostrarle su apoyo. “Tenemos demasiados problemas: seguridad, economía, desempleo, presupuesto insuficiente y afluencia incontrolada de migrantes”, afirmó, retomando todos los temas de una campaña marcada por los discursos sobre seguridad y los ataques contra los migrantes, en particular los venezolanos. “Por lo tanto, es imperativo cambiar radicalmente de rumbo.”

Johannes Kaiser, que reivindicaba un enfoque similar al de Javier Milei en Argentina y se presenta como libertario tras abandonar el Partido Republicano de Kast, hizo lo mismo y se unió a su antiguo aliado para afirmar que “votar hoy por José Antonio Kast es votar por Chile”.

En su discurso ante sus seguidores, Kast consideró que “la oposición ha derrotado a un Gobierno fallido” y pidió a los chilenos que “no se dejen engañar” por su adversario. “Jeannette Jara es Gabriel Boric con otro tono; si ella gana, es el Partido Comunista el que gana”, afirmó.

Agradeció a Johannes Kaiser y Evelyn Matthei por su apoyo y pidió unidad para ganar el 14 de diciembre. Esa fecha, subrayó, “no serán unas elecciones como las demás, sino las más importantes de nuestra generación, un verdadero plebiscito entre dos modelos de sociedad”. “A la tercera va la vencida”, aseguró.

Kast se presentó por primera vez como independiente en 2017. Entonces solo obtuvo el 8 % de los votos, un año después de abandonar la Unión Democrática Independiente (UDI), un partido fundado durante la dictadura militar, partidario del pinochetismo y defensor del modelo neoliberal que se mantuvo en vigor tras el paso a un régimen pluralista. En 2021, Boric le superó por 11 puntos en la segunda vuelta.

Franco Parisi, que afirma no ser “ni facho ni comunacho”, no ha dado instrucciones para la segunda vuelta: “No le doy un cheque en blanco a nadie, sería una falta de respeto. Tengo malas noticias para los candidatos: gánense los votos. Espero que hagan algo. El PDG no necesita ningún favor”.

“A Parisi se le califica fácilmente de populista de derechas”, explica el profesor Gaudichaud. “Le gusta aparecer en televisión. Aunque su identidad política es liberal, xenófoba y misógina, se distingue por un discurso demagógico que valora el sentido común y rechaza la casta en el poder, y por una estrategia de campaña esencialmente digital, con muy poca infraestructura organizativa.”

“Encarna a la perfección un estado de ánimo antipolítico”, añade el profesor e investigador, quien señala que los millones de votantes adicionales movilizados por el voto obligatorio han constituido para él una reserva privilegiada.

Jeannette Jara, ya el domingo por la noche, mencionó a Parisi en su intervención. Elogió su actuación, probablemente pensando que en 2021 Boric había logrado atraer los votos que se habían decantado por él. “El trabajo realizado por Franco Parisi es notable y merece nuestro respeto y nuestro aplauso”, dijo, indicando que apoyaba sus propuestas para reformar el sistema sanitario.

Para poder imponerse en la segunda vuelta, teniendo en cuenta los resultados combinados de la derecha y la extrema derecha (70 %), Jara tendrá que buscar votos entre la derecha tradicional y moderada. Por eso rindió homenaje a Evelyn Matthei, “víctima de una terrible campaña de difamación”. “Tácticas como esas son intolerables en política”, añadió, en referencia a las campañas de desprestigio llevadas a cabo en las redes sociales por los seguidores de Kast.

Reconoció que las elecciones del 14 de diciembre serán difíciles. “Hoy comienzan unas nuevas elecciones y los retos son enormes”, declaró, antes de enumerar los logros del Gobierno del presidente saliente.

Gabriel Boric ha obtenido algunas victorias (aumento del salario mínimo, reforma del sistema de pensiones que obliga a los empresarios a cotizar por sus empleados, mejor atención sanitaria para los más vulnerables, etc.), pero su prudencia y la falta de mayoría parlamentaria han obstaculizado su acción y su credibilidad en materia de seguridad ha resultado débil. Por lo tanto, durante la campaña para la segunda vuelta, la candidata debería tratar de desvincular su imagen de la de un poder ejecutivo demasiado impopular.

Jeannette Jara denunció a sus adversarios, acusados de “avivar el miedo”. “Eso no basta para gobernar un país. Hay que ser capaz de llegar a acuerdos, de dialogar”, añadió. “No dejéis que el miedo os paralice”, insistió, como para conjurar el destino y el regreso de la extrema derecha el próximo 11 de marzo a La Moneda, sede de la presidencia, treinta y cinco años después del fin de la dictadura de Pinochet, que bombardeó el palacio para acabar con la democracia el 11 de septiembre de 1973.

Una cosa es segura: el mundo partidista nacido de la transición democrática iniciada hace casi cuatro décadas ha desaparecido. Ya había ocurrido en las elecciones presidenciales de 2021, pero sobrevivió en parte en sede parlamentaria, en la Cámara (renovada en su totalidad el domingo, por el sistema de votación proporcional) y en el Senado (renovado en 23 de los 50 escaños).

El avance de la extrema derecha ha completado la entrada de Chile en una nueva era política. Sus listas, cuyo porcentaje de votos se ha duplicado en cuatro años, obtienen 42 escaños en la Cámara de Diputados, frente a los 22 de 2021. El bloque más radical supera ahora a la derecha tradicional, que se había adaptado a la democracia liberal: sus listas retroceden ligeramente en votos pero en escaños pasan de 53 a 34 en la nueva asamblea elegida.

La izquierda también retrocede, y solo puede contar con 64 diputados. En cuanto a Parisi, su Partido de la Gente duplica su representación en la Cámara, con 14 diputados frente a los 6 de 2021, fecha de su primer acceso al Parlamento.

Fuente: Servicio Electoral de Chile Creado con Datawrapper

Infografía Mediapart

“Se ha rediseñado el panorama político de la transición”, resume Franck Gaudichaud, “con el impresionante avance de una extrema derecha xenófoba y pinochetista, y la consolidación de un populismo de derechas, a expensas de las coaliciones tradicionales que han gobernado Chile desde la década de 1990.”

Si Jeannette Jara lograra, a pesar de todo, entrar en La Moneda, heredaría una situación parlamentaria aún más adversa que la que tuvo que afrontar Gabriel Boric. Si Kast se convirtiera en jefe del Estado, en cambio, la cuestión sería la de una posible alineación entre la presidencia y el parlamento. El sistema electoral proporcional ha contenido el peso de su propia coalición en la Cámara de Diputados, pero las adhesiones logradas hasta la derecha tradicional le permiten esperar una mayoría, al igual que en el Senado.

Será sin embargo más difícil alcanzar el quórum de cuatro séptimas partes de los miembros del Parlamento (28 senadores y 88 diputados) para aprobar los textos más importantes (las leyes orgánicas constitucionales). Por eso el Partido de la Gente de Parisi desempeñará un papel fundamental en la Cámara de Diputados con sus 14 escaños.

Desde 2006 y el primer mandato de la presidenta socialista Michelle Bachelet, no se ha visto en Chile una alineación entre la presidencia y las dos cámaras. Y nunca ha ocurrido con la derecha y mucho menos la extrema derecha. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. Aunque Kast ganara, tendría que contar con una disciplina parlamentaria que hasta ahora no se ha verificado y que es poco probable con una configuración tan fragmentada.

Traducción de Miguel López

El senador opositor centrista Rodrigo Paz Pereira ganó la segunda vuelta de este domingo con el 54,57% de los votos, según la información preliminar difundida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia con poco más del 97% de las actas procesadas, según informa EFE.

El senador agradeció este domingo el apoyo recibido y prometió volver a "abrir" el país al mundo y trabajar con todos los sectores que quieran sumarse para "salir adelante" de la crisis en que se encuentra su nación.

Paz obtuvo la victoria frente a un 45,43% del exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), según los datos del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) ofrecidos esta noche por el TSE, con el 97,68% de las actas computadas.

Los votos válidos alcanzan el 94,56%, los blancos un 0,75% y los nulos un 4,69%, de acuerdo a la información preliminar que no es el cómputo oficial, aunque el presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel, indicó que estos resultados muestran "una tendencia" que "parece ser irreversible".

Según Hassenteufel, el nivel de participación ciudadana en la segunda vuelta estuvo entre el 85 y 89%, un dato que se confirmará "una vez que se concluya el cómputo oficial".

El vocal valoró que el Sirepre, "que ya dio muy buenos resultados en la primera ronda" realizada el pasado 17 de agosto, "también hoy ha cumplido eficazmente su función".

Ratificó que la jornada de votación fue "tranquila", transcurrió "sin incidentes mayores" y permitió que todos los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.

Paz y Quiroga fueron los dos candidatos más votados en las elecciones generales de agosto, en las que también se renovó al Parlamento nacional para el próximo quinquenio, aunque ninguno obtuvo el porcentaje suficiente para proclamarse vencedor en la primera vuelta.

Por eso este domingo los bolivianos volvieron a las urnas para elegir por primera vez en su historia a su presidente y vicepresidente en una segunda vuelta, mecanismo establecido en la Constitución vigente desde 2009.

Paz es candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) junto al expolicía Edman Lara y Quiroga representa a la alianza Libre junto al emprendedor tecnológico Juan Pablo Velasco.

El ganador tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre, lo que supondrá también el fin de los 20 años de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

El político derechista boliviano Jorge Tuto Quiroga obtuvo el 66,53% de los votos de los electores residentes en España en la segunda vuelta de los comicios presidenciales de este domingo. Con el 87% de las actas procesadas, el candidato conservador obtuvo en España 19.905 de las 30.834 papeletas depositadas en las urnas, según los resultados provisionales publicados por el Órgano Electoral Plurinacional. 

Rodrigo Paz consiguió 10.016 votos, que es el 33,47% del total. La participación en España fue del 37,46% de los 82.300 electores registrados.

Por el contrario, el presidente electo ganó ampliamente en el conjunto del electorado boliviano que se encuentra en el extranjero, al obtener el 57,09% de los 122.148 votos emitidos, según el 75,5% del escrutinio. Su oponente sacó el 42,91%.

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este lunes a Rodrigo Paz por su victoria en las elecciones presidenciales de Bolivia y ha expresado su deseo de mantener una sólida cooperación bilateral.

Sánchez se ha hecho eco en las redes sociales de ese triunfo de Paz, líder del Partido Demócrata Cirstiano (PDC), en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales bolivianas.

"Mi reconocimiento al pueblo boliviano por su compromiso democrático", ha subrayado el jefe del Gobierno tras trasladar su enhorabuena al que será nuevo presidente de su país.

Además, le ha trasladado su deseo de que España y Bolivia sigan trabajando juntos por una cooperación sólida y duradera.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este lunes a Rodrigo Paz por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia y le ha deseado "acierto" para lograr el cambio en el país suramericano.

"Mis sinceras felicitaciones al presidente electo de Bolivia por su calara victoria. Le deseo todo el acierto para que los bolivianos tengan el cambio que merecen. Muchos retos por delante", ha escrito Feijóo en un mensaje en la red social X.

El presidente francés, Emmmanuel Macron, nombró este martes a Sébastien Lecornu, de 39 años y ministro de Defensa hasta hoy, como nuevo primer ministro francés, según informó el Elíseo y recoge EFE.

Macron le ha encomendado "la tarea de consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con vistas a la aprobación de un presupuesto nacional y la construcción de los acuerdos esenciales para las decisiones que se tomen en los próximos meses", precisó la Presidencia francesa en un comunicado.

Una de las claves de la promoción de Lecornu habría sido su cercanía con Macron, que quería haberlo nombrado en Matignon (sede de la jefatura del Gobierno) ya el pasado diciembre, en detrimento del centrista François Bayrou, quien presentó hoy su dimisión tras perder la víspera de forma aplastante una moción de confianza.

La ola parda parece tan irresistible que su contención provisional casi parece una buena noticia. En Rumanía, el pasado domingo se evitó una catástrofe política y geoestratégica con la derrota del candidato de la Alianza para la Unidad de los Rumanos (AUR, extrema derecha). George Simion, nacionalista, reaccionario y hostil a la ayuda a Ucrania, habría podido privar a la Unión Europea y a la Alianza Atlántica de un socio fiable en su “flanco oriental”, frente al régimen ruso y las redes trumpistas.

Ahora, muchos esperan un cambio similar en Polonia. El partido Ley y Justicia (PiS), que ostenta la presidencia, busca salvaguardar el legado de su “revolución conservadora”. El duelo entre su candidato y el del bando liberal, el alcalde de Varsovia, polarizará sin duda la sociedad de forma intensa. En este país, al igual que en Rumanía, la derrota de la derecha más dura es condición necesaria para el avance de la causa de las mujeres, las minorías, la sociedad civil y el Estado de derecho en general.

Es lógico que todas aquellas personas que apoyan estas causas hayan sentido cierto alivio ante las noticias procedentes de Bucarest. Pero esto no debe llevar a una falta de lucidez, o a un entusiasmo mal entendido, como han señalado muchos observadores y responsables políticos desde el domingo.

Con cierta ingenuidad, el semanario alemán Die Zeit se felicitó de que los rumanos hubieran elegido “la casa de Europa” dándose una “oportunidad de consolidar [su] democracia” al votar por Nicușor Dan, el alcalde anticorrupción de la capital. De manera igualmente reveladora, la eurodiputada francesa Nathalie Loiseau felicitó “al pueblo rumano [por haber] resistido a las mentiras y manipulaciones con las que ha sido bombardeado”, como si el atractivo de la extrema derecha se redujera a un malentendido atribuible a las injerencias rusas.

En la misma línea tranquilizadora, Le Nouvel Obs se preguntaba recientemente sobre un posible “contra-efecto Trump”, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Poco antes, el New York Times señalaba que las guerras comerciales y el autoritarismo de Trump habían perjudicado a los candidatos conservadores asociados con él, en Australia y en Canadá. Sin negar esas dinámicas de campaña, se puede relativizar la evolución concreta del equilibrio de fuerzas e insistir en las tendencias aún más sombrías en Europa.

En Canadá, el sucesor liberal de Justin Trudeau se ha limitado principalmente a debilitar a las demás fuerzas progresistas y a conservar la mayor parte de su propio electorado. Esto no ha impedido que su rival, procedente del ala radical del Partido Conservador, haya aumentado los resultados de su formación con respecto a las últimas elecciones. La diferencia entre los dos grandes partidos apenas supera los dos puntos porcentuales, lo que también ocurre en Australia. Las diferencias en el número de escaños son más significativas solo por efecto del sistema electoral.

En Rumanía, la mayor movilización contra Simion no le impidió avanzar en la segunda vuelta. En un contexto de aumento de la participación en 10 puntos, obtuvo 1,5 millones de votos más que el 4 de mayo. En Polonia, al resultado del PiS, menos impresionante que en 2020, hay que añadir el auge de formaciones extremistas a su derecha. Y en Portugal, quienes pensaban que Chega había alcanzado su techo en 2024 se han llevado una sorpresa: André Ventura y su trumpismo luso, inexistentes hace seis años, estuvieron a punto de arrebatarle el segundo puesto en las urnas al Partido Socialista.

Los problemas de fondo no están camino de resolverse. Las fuerzas que se supone deben contener a las derechas compatibles con Trump, o incluso con Putin, no tienen ni las intenciones políticas ni las propuestas programáticas necesarias para actuar sobre las causas que las atraen.

Las tres últimas elecciones en Europa son elocuentes: la geografía electoral de esas derechas está correlacionada con la del declive económico y la precariedad social. Los tres países afectados, en su conjunto, ocupan además una posición subordinada en el espacio capitalista europeo. Son de los Estados más vulnerables y dependientes de ese espacio. Sin embargo, ni el nuevo presidente rumano, ni el rival polaco del PiS, ni el primer ministro portugués reelegido promueven una economía política alternativa a esta configuración.

El alcalde de Bucarest, por ejemplo, aunque sea un independiente identificado por su lucha contra la corrupción, se inscribe plenamente en el paradigma neoliberal que ha acentuado las fracturas sociales y territoriales de Rumanía. En Portugal, los dos partidos que se alternan en el poder —los únicos que se mantienen a flote frente al ascenso meteórico de Chega— han construido conjuntamente el modelo turístico que encierra al país en un desarrollo subordinado, alejado de las necesidades de la población. Y en Polonia, los liberales que pretendían evitar un destino “al estilo húngaro” fueron expulsados del poder en 2015 por un PiS que parecía más comprometido con las cuestiones de redistribución y justicia social.

Eso no significa que las derechas extremas o radicales tengan soluciones pertinentes a los problemas socioeconómicos de fondo. Además, hay que admitir que, al igual que en Francia, su fuerza motriz reside en actitudes xenófobas y autoritarias muy reales, arraigadas en la larga historia de las sociedades.

Pero no se puede entender el éxito de su política del resentimiento sin relacionarla con las condiciones materiales de existencia, el sentimiento de un “mundo finito” en el que solo sobrevivirán los más despiadados, y la ausencia de organizaciones de masas que cultiven una visión del mundo igualitaria y solidaria.

En este sentido, hay que tomar en serio las injerencias de potencias extranjeras en los procesos electorales, pero sin olvidar nunca que su poder de desestabilización está ligado a la escasa confianza de las poblaciones en sus instituciones y sus élites dirigentes, y a su disponibilidad para aceptar discursos demagógicos que se aprovechan de esta situación. Un algoritmo sesgado y cuentas falsas en TikTok no pueden bastar por sí solos para dirigir millones de votos hacia candidatos xenófobos, conspiranoicos y complacientes con el imperialismo.

Terminemos subrayando que el Estado de derecho, en nombre del cual se pide a los ciudadanos que “hagan un frente”, debe defenderse con rigor y coherencia. No es lo que ha ocurrido en el caso rumano, donde la acumulación de amateurismo y opacidad ha llevado a la anulación de las elecciones presidenciales de diciembre de 2024, en plena campaña para la segunda vuelta. Esto da pie a una retórica centrada en las elecciones robadas y a ideas como las de George Simion, que ahora habla de injerencias imaginarias, en particular de Francia, para pedir una nueva anulación.

Quizás sea necesario desarrollar un concepto más amplio del Estado de derecho, más allá de la defensa indispensable de las libertades fundamentales y la seguridad jurídica. Existe ya una tradición al respecto. Durante la República de Weimar, juristas como Hermann Heller (1891-1933) hablaron de “Estado de derecho social”, con la idea de que una “organización justa de las relaciones socioeconómicas” prolongaba la lucha por la libertad y la igualdad “en el orden del trabajo y de los bienes”. Es esa organización justa la que permite la efectividad de los derechos y consolida el apego del cuerpo cívico a un modelo político pluralista.

Los liberales de verdad, preocupados por las garantías constitucionales que protegen contra el gobierno tiránico promovido por los trumpistas más allá de sus fronteras, deberían comprenderlo y subordinar sus preferencias económicas a esa prioridad. Sería necesario para que el tiempo ganado frente a la extrema derecha no sea tiempo perdido.

Traducción de Miguel López

Teresa, vestida con una camiseta a rayas azul marino, observa tras sus gafas de sol a su candidato favorito: Sławomir Mentzen. “Nunca he votado a Konfederacja, pero hay que dar una oportunidad a los jóvenes: ya estamos hartos de los mismos políticos que nos gobiernan desde hace años”, declara esta jubilada de 65 años que, el 23 de abril en Radom, asiste con su hijo al mitin del candidato de Konfederacja a las elecciones presidenciales.

El centro peatonal de esta localidad de casi 200.000 habitantes, situada a unos cien kilómetros al sur de Varsovia, está abarrotado de gente por ese motivo. Entre edificios deteriorados del siglo XIX, la asistencia es decididamente masculina, dominada por menores de 40 años.

Algunos, apenas mayores de edad, solo esperan una cosa: que termine el mitin para hacerse un selfie con su líder y compartirlo inmediatamente en las redes sociales. Y es que Sławomir Mentzen, de 38 años y copresidente de la formación de extrema derecha Konfederacja (Confederación), es un maestro de la comunicación política en TikTok e Instagram.

Mentzen, padre de familia, elegido diputado por primera vez en las elecciones legislativas de otoño de 2023, cuando su partido obtuvo el 7 % de los votos, se ve ahora como presidente de la República de Polonia. A pocos días de la primera vuelta, prevista para el 18 de mayo, parece difícil que este economista libertario logre pasar a la segunda vuelta (el 1 de junio), que parece muy probable. Konfederacja ya no goza del mismo entusiasmo que al inicio de una maratón electoral que comenzó muy pronto, en septiembre de 2024.

Por mucho que este treintañero quiera huir de los medios de comunicación, sus declaraciones sobre el aborto en caso de violación (legal en Polonia), al que se opone, o sobre los estudios superiores, que, “en un mundo ideal, deberían ser de pago”, por no hablar de su pobre actuación en los debates televisivos, han hecho que muchos le hayan dado la espalda.

A pesar de todo, su partido puede presumir de haber seducido mucho más que en sus inicios. La formación, fundada a finales de 2018, se define como libertaria (menos impuestos y ayudas sociales, más competencia y privatización en la sanidad y la educación), conservadora (contra la legalización del aborto y  la inmigración) y especialmente escéptica con los refugiados ucranianos en Polonia.

“Estoy de acuerdo con él, hay que acabar con los privilegios de los ucranianos en Polonia”, nos dijo Teresa durante el mitin de Radom. “Tengo la impresión de que en el médico lo tienen todo y enseguida, mientras que nosotros tenemos que esperar horas”.

Sławomir Mentzen, aprovechando cierto cansancio entre la población polaca, ha logrado imponer el debate sobre el pago de las prestaciones familiares a los ucranianos que trabajan en Polonia (y no a todas las personas que se encuentran legalmente en el territorio).

Konfederacja solo obtuvo el 4,55 % de los votos en las elecciones europeas de 2019, su primera participación en unos comicios, sin alcanzar el umbral del 5 % necesario para obtener escaños. Cinco años después, ha más que duplicado su resultado, enviando a seis representantes al Parlamento Europeo, con un resultado histórico del 12,08 %.

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 18 de mayo, Mentzen se enfrentará a otros doce candidatos. La tarea parece especialmente difícil para desbancar en la primera vuelta a sus principales rivales: Rafał Trzaskowski, alcalde de Varsovia, procedente de la Coalición Cívica (KO), la formación del primer ministro de centro-derecha Donald Tusk, y Karol Nawrocki, apoyado por los nacional-conservadores de Ley y Justicia (PiS), en el poder entre 2015 y 2023.

Para el Gobierno de Donald Tusk, lo que está en juego es importante: una victoria de Rafał Trzaskowski pondría fin a un año y medio de convivencia turbulenta con el presidente Andrzej Duda, cercano al PiS, que termina ahora su segundo mandato.

Andrzej Duda ha pedido recientemente el voto para Karol Nawrocki, director de la Institución de la Memoria Nacional (IPN), punta de lanza de la política memorialista del país. Este historiador ultraconservador lucha en parte por los mismos votantes que Konfederacja. Con una salvedad: la formación extremista, que se presenta como antisistema y nunca ha gobernado, promete romper el duopolio que lleva más de veinte años en el centro de la vida política polaca. “Hay que romper ese hormigón”, proclamó su candidato desde el pequeño escenario montado en Radom.

“Desde que nací, solo he conocido la Plataforma Cívica [el partido de Donald Tusk que domina la alianza electoral KO, ndr] y el PiS. No han ofrecido nada a Polonia. Mentzen quiere construir un país seguro y desarrollado”, afirma Bartosz Kossakowski, de 18 años, que termina el bachillerato esta primavera.

Con su largo flequillo cayéndole sobre la cara, este joven, que votará por primera vez, está preocupado por los inmigrantes que, según él, el Gobierno quiere instalar en Polonia. “Si todos fueran médicos o arquitectos, el Reino Unido, Francia y Bélgica serían países ultradesarrollados, pero solo hay que robos y violaciones...”, cree saber. Este polaco, que aspira a estudiar en la prestigiosa escuela de cine de Łódż, está convencido de que “la Unión Europea, demasiado caótica, acabará cayendo”.

En materia de inmigración, este votante está totalmente de acuerdo con Sławomir Mentzen, quien, en Radom, no duda en afirmar que Estocolmo se ha convertido en “la capital de la violación” debido a los extranjeros, cuando “Suecia era antes el lugar más seguro del mundo”. Un discurso muy extendido entre la extrema derecha europea, a pesar de las estadísticas.

En cuanto al aborto, el candidato llega a comparar a la ginecóloga Gizela Jagielska, que recientemente practicó un aborto terapéutico tardío, con el Dr. Mengele (médico torturador en Auschwitz). En cambio, en lo que respecta a la UE, Mentzen ha suavizado su discurso, limitándose a criticar duramente su burocracia, así como el Pacto Verde y las regulaciones climáticas, a las que considera responsables del encarecimiento de la electricidad.

Otro elemento que explica su creciente popularidad: Konfederacja, que agrupa a dos partidos, Nueva Esperanza, de tendencia libertaria, liderado por Mentzen, y el Movimiento Nacional, del diputado Krzysztof Bosak, se ha separado definitivamente de algunos de sus fundadores, como el misógino y prorruso Janusz Korwin-Mikke y el eurodiputado monárquico y notoriamente antisemita Grzegorz Braun.

El dúo también reniega hoy de una diatriba que Mentzen pronunció en 2019: “No queremos judíos, homosexuales, aborto, impuestos ni Unión Europea”.

Esta nueva postura “ha beneficiado a Konfederacja, que ha podido ampliar su base electoral”, analiza la politóloga Renata Mieńkowska-Norkiene. “Por el contrario, Rafał Trzaskowski y Karol Nawrocki han endurecido su posición, situándose más a la derecha”, añade la experta vinculada a la Universidad de Varsovia, que considera que Mentzen ha llevado a cabo una campaña eficaz sobre el terreno. Organiza encuentros casi a diario, preparados de manera impecable, con ciudadanos de todo el país. En ellos repite el mismo discurso, adaptado a las particularidades locales.

Para la profesora, el votante tipo de Konfederacja es un hombre menor de 40 años, conservador y con un buen nivel de vida. Reside en una ciudad pequeña o mediana, a menudo dirige su propia empresa y se siente muy atraído por la perspectiva de una reducción de impuestos. “La mayoría de esas personas no tienen familia y están lejos de la edad de jubilación, por lo que los servicios sociales les parecen relativamente inútiles en esta etapa de su vida”, concluye Renata Mieńkowska-Norkiene.

Traducción de Miguel López

El Tribunal Constitucional de Corea del Sur aprobó este viernes, de manera unánime, la destitución definitiva del presidente Yoon Suk-yeol, por su controvertida declaración de ley marcial, con lo que el país deberá celebrar elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de 60 días. El fallo fue adoptado con el voto a favor de los ocho jueces del máximo tribunal surcoreano. Para que la destitución fuera ratificada, se requería el respaldo de al menos seis de los ocho magistrados que componen la instancia, según informa EFE.

Yoon permanecía suspendido de sus funciones desde hace más de 100 días después de que la Asamblea Nacional aprobara una moción para su destitución tras su declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre. El tribunal concluyó que el presidente violó la Constitución al declarar la ley marcial el 3 de diciembre y al enviar al Ejército al Parlamento para impedir que los legisladores anularan el decreto. El mandatario ha negado todos los cargos.

El fallo, leído por el presidente interino del tribunal, Moon Hyung-bae, tiene efecto inmediato y es irrevocable, por lo que Yoon queda apartado del cargo formalmente y el país deberá celebrar elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de dos meses. "La crisis política no justifica las acciones tomadas. La situación en la Asamblea Nacional en ese momento no justificaba el ejercicio de poderes nacionales de emergencia", señaló Moon durante la lectura del veredicto.

En su argumentación, el tribunal subrayó que el presidente incurrió en una violación sustancial de la ley al impedir el ejercicio de las funciones legislativas. También concluyó que Yoon infringió disposiciones constitucionales al violar el derecho de los legisladores a deliberar y votar, así como su inmunidad parlamentaria.

Agregó que el presidente utilizó fuerzas armadas con fines políticos, lo que constituyó una grave transgresión de la neutralidad política del Ejército y de su deber como comandante en jefe. El proceso ha estado marcado por una fuerte polarización social y política, con protestas masivas en todo el país y encuestas que mostraban alrededor del 60 % de apoyo ciudadano a la destitución.

El principal partido opositor celebró la decisión como una "victoria del pueblo", mientras que el partido oficialista declaró que "acepta humildemente" el veredicto del tribunal. El presidente interino Han Duck-soo aseguró que el Gobierno trabajará para garantizar una transición de liderazgo sin contratiempos hasta la elección del nuevo jefe de Estado, prometiendo que no habrá vacíos en áreas clave como la seguridad nacional y la política exterior durante el periodo de interinidad.

En su resonante discurso de Múnich (Alemania) en febrero, J. D. Vance puso el foco de atención mundial en la política rumana. Ante un grupo de responsables europeos, el vicepresidente de Estados Unidos criticó la decisión de Bucarest de anular las elecciones presidenciales del 24 de noviembre, “basándose en las débiles sospechas de una agencia de inteligencia”. Antes de sentenciar: “Si vuestra democracia puede ser destruida con unos cientos de miles de dólares de publicidad digital de un país extranjero, entonces no era muy fuerte”.

J. D. Vance se refería a los resultados obtenidos por Călin Georgescu, candidato independiente de extrema derecha, hostil a la ayuda a Ucrania, conspiranoico, contrario a las vacunas y nostálgico de Ion Antonescu (el Pétain rumano), que había obtenido cerca del 23 % de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

El Tribunal Constitucional de Bucarest anuló posteriormente, el 6 de diciembre, la segunda vuelta, impidiendo así la probable coronación de Georgescu. Los jueces habían destacado, en particular, “la injerencia de un Estado”, pero sin nombrar explícitamente a Rusia y sin aportar pruebas exactas de la injerencia rusa.

Las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos no han aportado nada al malestar general de la sociedad civil rumana, ni al de una parte de la clase política, ante la proximidad de las nuevas elecciones presidenciales, reprogramadas para el 4 de mayo. Luego, el 10 de marzo, la comisión electoral rechazó la candidatura de Georgescu para las próximas elecciones. Una “decisión totalmente ilegal”, afirmó el interesado, fanático de las prácticas New Age, mientras que Elon Musk y J. D. Vance se apresuraron otra vez a echarle una mano, cargando contra las autoridades que “cancelan elecciones cuyos resultados no les gustan”.

La decisión de la comisión electoral era la esperada, sobre todo después de la acusación formal de Georgescu a finales de febrero. Se le acusa de numerosos delitos: declaraciones falsas sobre sus cuentas de campaña (se jactó durante la campaña de no gastar ni un euro), apología del crimen de guerra (debido a sus referencias al movimiento legionario fascista de Rumanía durante el periodo de entreguerras) o incitación a acciones anticonstitucionales.

La investigación, aún en curso en Bucarest, ha permitido encontrar elementos sobre la financiación de su campaña electoral, en particular a través del papel, bien identificado por los periodistas desde el año pasado, del influencer de TikTok Bogdan Peschir, que ha hecho parte de su fortuna en criptomonedas. Una serie de registros también permitió encontrar conexiones entre Georgescu y antiguos miembros de la Legión Extranjera francesa, entre ellos el franco-rumano Horațiu Potra, patrón de una empresa de mercenarios, y que se aprovecha de su parecido físico con Evgueni Prigojine, el fundador del grupo paramilitar ruso Wagner, fallecido en 2023.

Se sospecha que Potra preparó con tiempo la campaña de Georgescu y buscó su financiación. Aunque los investigadores han establecido que viajó a Moscú dos meses antes de las elecciones de noviembre, en este momento aún no se ha establecido la relación directa de la campaña de Georgescu con Rusia. A mediados de marzo, el Financial Times publicó una tribuna en la que se afirmaba que “hubiera sido mejor que a Georgescu se le permitiera presentarse en mayo, con sólidas garantías de protección institucional”.

Recogiendo las exigencias de la sociedad civil de Bucarest desde hace meses, el diario británico añade: “Las autoridades también deberían hacer públicas el mayor número de pruebas posible. Los muchos votantes de Georgescu el año pasado merecen una explicación completa y convincente de por qué no podrán volver a votar por él esta vez”.

La descalificación de Călin Georgescu, un escenario inédito para un país de la Unión Europea (UE), ha trastocado el panorama electoral. En este momento han sido validados para competir diez candidatos. Y es George Simion, copresidente de AUR (Alianza para la Unidad de los Rumanos, sigla que también significa “oro” en rumano), quien lidera las encuestas. Espera recuperar los votos de los que en Rumanía se conocen como “soberanistas”.

Simion, cuyo partido quedó en segundo lugar en las elecciones legislativas de diciembre (18 %), también se benefició de la retirada de otra candidata de extrema derecha, Anamaria Gavrilă, que había sorprendido en las mismas elecciones legislativas al obtener el 6,5 % de los votos al frente de una nueva formación, el Partido de la Juventud (POT). En cuanto a Diana Iovanovici Șoșoacă (SOS Rumanía), con un discurso aún más radical que el de Georgescu, la comisión electoral le ha impedido presentarse, como en otoño. Simion parece tener, por tanto, ofrecer vía libre a la extrema derecha.

Para Bruselas, el candidato de AUR muestra una actitud más pragmática que Georgescu. No duda en criticar a Moscú: “La Rusia de Putin constituía, y sigue constituyendo, una de las principales amenazas para los Estados europeos, y en particular para nosotros, para los Estados bálticos y Polonia”, declaró en marzo, lejos de las declaraciones anti-UE y anti-OTAN de Georgescu. Simion fue elegido en enero como uno de los tres vicepresidentes del ECR, el partido de los conservadores y reformistas europeos, alineado con la presidenta del Consejo italiano, Giorgia Meloni.

Pero queda por ver si funcionará plenamente la transferencia de votos de Georgescu a Simion. El primero había sido miembro de AUR durante un tiempo antes de ser expulsado, considerado demasiado sulfuroso tras haber defendido a varias figuras fascistas rumanas de entreguerras. “Algunos votantes de Georgescu están cabreados y simplemente boicotearán las elecciones”, predice Ioan Horga, politólogo de la Universidad de Oradea, contactado por Mediapart. “Otros se decantarán por Simion. Pero algunos también podrían optar por candidatos como Victor Ponta o Nicușor Dan”.

Victor Ponta no es ningún desconocido: fue primer ministro (2012-2015), miembro del Partido Socialdemócrata (PSD), se presenta como independiente y se ha radicalizado, asumiendo un giro trumpista. Ponta ahora hace campaña destacando su cercanía con Donald Trump y sus viajes a Mar-a-Lago, la residencia privada del presidente de los Estados Unidos.

En cuanto a Nicușor Dan, el actual alcalde de Bucarest, espera recoger votos de los decepcionados de los dos grandes partidos tradicionales (además del PSD, los liberales del PNL). Pero tiene la competencia de la experiodista Elena Lasconi, candidata de la coalición USR (Salvar Rumanía), que quedó segunda detrás de Georgescu en noviembre (19 % de los votos) y que sigue convencida, a pesar de las encuestas, de poder repetir la actuación.

En este panorama fragmentado, el PNL y el PSD, que han gobernado juntos durante tres años en una coalición sin precedentes, se han aliado en torno a una candidatura única, la de Crin Antonescu. Pero este liberal intenta despistar presentándose también como candidato independiente, ya que existe una intensa repulsa hacia los partidos tradicionales, agotados y en gran parte corruptos. El declive de esas dos formaciones, documentado por muchos especialistas, explica sin duda, más que la injerencia rusa, el fulgurante ascenso de candidatos extremistas en el país.

Para Ioan Horga, la situación política parece no obstante un poco más estable de lo que estaba en diciembre y enero. Especialmente desde que el presidente, Klaus Iohannis, muy cuestionado por su gestión de la presidencia, terminó dimitiendo de su cargo, siendo sustituido por Ilie Bolojan, que ocupa el cargo accidentalmente hasta las próximas elecciones.

Bolojan ha establecido nuevas normas de transparencia sobre los gastos de la presidencia y del gobierno, y ha creado un sistema de conferencias de prensa periódicas. También ha dejado huella al publicar la semana pasada los detalles de los gastos de viaje de su predecesor, que se negaba a hacerlo. Klaus Iohannis hizo 193 viajes al extranjero, a menudo en jets de lujo, durante diez años de mandato, que han costado casi 23 millones de euros a los contribuyentes rumanos. “Sea cual sea la identidad del futuro presidente, Bolojan ha establecido marcos para una institución más transparente, que ahora deberán respetarse”, quiere creer el profesor Ioan Horga.

Traducción de Miguel López

El Demokraatit, una fuerza liberal opositora que representa al independentismo moderado, ganó las elecciones en Groenlandia con el 29,9%, escrutado el 100% de los votos, informó este miércoles la Autoridad Electoral y recoge EFE.

El Naleraq, que aboga por una separación rápida de Dinamarca, fue segundo con el 24,5%, y los dos partidos del Gobierno de izquierda que gobernó los últimos tres años, también independentistas moderados, sufrieron un desplome, en unos comicios marcados por el interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en adquirir esa isla ártica.

El partido socialista Inuit Ataaqatigit (IA) del presidente autonómico, Múte B.Egede, fue tercero con el 21,4%, quince puntos menos que en los comicios de 2021; y su socio de coalición, el socialdemócrata Siumut, histórico dominador de la política groenlandesa, obtuvo el 14,7%, la mitad que hace cuatro años. El liberal Atassut, moderado en el tema de la independencia, subió cuatro décimas hasta el 7,3 %, mientras que la otra fuerza que se presentaba, el Qulleq, de línea similar al Naleraq, se quedó fuera con el 1,1%.

El triunfo del Demokraatit fue una sorpresa: triplicó sus votos y pasó del cuarto al primer lugar, en unas elecciones en las que el único sondeo -de hace un mes y con un 30 % de indecisos- le colocaba tercero con casi el 19 %.

Es la primera vez desde que Groenlandia aprobó su Estatuto de Autonomía en 1979 que el ganador de las elecciones no es ni el Siumut ni el IA, las dos únicas fuerzas políticas que han liderado gobiernos hasta ahora. El Naleraq, que hasta la mitad del escrutinio aparecía en cabeza en el recuento provisional, obtuvo también un resultado excelente, ya que duplicó sus apoyos.

"Queremos extender la mano a todos. Estamos en un tiempo en el que debemos estar juntos. De parte de Demokraatit estamos abiertos a hablar con todos los partidos y buscar la unión, en especial con lo que ocurre en el extranjero", afirmó su líder, Jens-Frederik Nielsen a la televisión pública groenlandesa KNR. Nielsen, que en campaña criticó la "falta de respeto" de Trump hacia Groenlandia, abogó tras conocerse el resultado por una línea "tranquila" hacia EEUU y por "construir una base" antes de hablar de crear un Estado independiente.

"Respetamos el resultado de las elecciones. Ahora empieza el trabajo en un nuevo período", escribió Egede en sus redes sociales, resaltando que el IA estaba "listo" para participar en las negociaciones.

Todas las formaciones parlamentarias han criticado durante la campaña las declaraciones de Trump, que ha prometido inversiones "billonarias" en la isla si se une a Estados Unidos, una opción que rechaza el 85 % de los groenlandeses, según un sondeo de hace varias semanas. Groenlandia cuenta desde 2009 con un nuevo Estatuto de Autonomía que incluye el derecho de autodeterminación, una idea que apoyan todas las fuerzas parlamentarias pero a medio o largo plazo, a excepción del Naleraq.

Con sus algo menos de 57.000 habitantes en 2,2 millones de kilómetros cuadrados (el 80 % cubierto por hielo de forma permanente), Groenlandia depende en gran medida de la ayuda económica de Dinamarca, que aporta el 40 % de sus ingresos, y de la pesca, que supone el 90 % de las exportaciones. La participación en los comicios fue del 70,9 %, cinco puntos más que en 2021, donde había sido excepcionalmente baja.

Austria tendrá un gobierno de coalición formado por el conservador ÖVP, el socialdemócrata SPÖ y los liberales de Neos, tras el acuerdo anunciado este jueves por estas formaciones europeístas. El pacto, adelantado por la agencia APA y recogido por EFE, deja fuera al ultraderechista FPÖ, que ganó las elecciones legislativas de finales de septiembre con casi el 29% de los votos, pero fracasó en su intento de formar gobierno con el ÖVP.

El líder del ÖVP, Christian Stocker, será el nuevo canciller, según los medios locales. Mientras, se espera que los tres partidos presenten este mismo jueves su programa de gobierno bajo la idea matriz de "consenso y pragmatismo".

Un endurecimiento de la política de asilo, medidas de ahorro para consolidar el presupuesto y reducir el déficit, que en 2024 fue del 4 %, evitando así un procedimiento de la Unión Europea contra Austria, son algunas de los pilares de ese programa. El plan también prevé ahorrar más de 6.300 millones de euros en 2025 y 8.700 millones el año que viene 2026.

Aunque socialdemócratas y conservadores, tradicionalmente los dos grandes partidos del país, han gobernado a menudo en la fórmula de gran coalición, es la primera vez que Neos, una formación fundada en 2012, entra.

Se espera que el Gobierno tome posesión el próximo lunes, una vez que las direcciones de los partidos conservador y socialdemócrata den su visto bueno, y que los Neos hagan lo propio en un congreso este domingo.

El líder del FPÖ, Herbert Kickl, exige elecciones anticipadas y califica el nuevo pacto como una "coalición de perdedores". El acuerdo pone fin a cinco meses de parálisis política desde las elecciones de septiembre y supone el primer Ejecutivo tripartito en Austria desde 1949.

Stocker asumió el liderazgo del ÖVP en sustitución del excanciller Karl Nehammer, quien dimitió en enero tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones con el SPÖ y Neos, y ante la posibilidad de un pacto de su formación con la ultraderecha, una opción a la que se había opuesto durante la campaña electoral.

El FPÖ fue inicialmente excluido de las negociaciones tras las elecciones, pero tras ese primer fracaso recibió el encargo de formar gobierno y después de cinco semanas de contactos con el ÖVP tampoco pudo cerrar ningún acuerdo.

Las largas negociaciones reflejan las dificultades que muchos países europeos afrontan para formar gobiernos estables, en un contexto donde partidos de extrema derecha, como el euroescéptico y prorruso FPÖ, siguen ganando terreno impulsados por el descontento económico y la inmigración. El auge del FPÖ, que ya alcanza el 35% en las encuestas de intención de voto, coincide con dos años de recesión en Austria, que en 2024 registró un crecimiento negativo del 0,9%.

El presidente austríaco, Alexander Van der Bellen, instó en los últimos días a los partidos a llegar a un acuerdo, apuntando las crecientes tensiones entre Europa y Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. "Los próximos años serán difíciles", advirtió el presidente de 81 años y exlíder de Los Verdes.

Los candidatos socialdemócrata y conservador a canciller en las elecciones generales del próximo domingo en Alemania, Olaf Scholz y Friedrich Merz, respectivamente, chocaron este domingo sobre la inmigración irregular en el país, pero coincidieron en su ataque frontal a la ultraderecha y en reafirmar la vigencia del cordón sanitario a la Alternativa para Alemania (AfD), según informa EFE.

Scholz, del Partido Socialdemócrata, tercero en las encuestas de intención de voto, y Merz, aspirante común del bloque conformado por la Unión Cristianodemócrata (CDU) y su hermana bávara Unión Socialcristiana (CSU), primero en los sondeos, se enfrentaron por segunda vez en un plató de televisión desde el debate del domingo pasado.

Pero en esta ocasión también estaban invitados la líder de la AfD, Alice Weidel, cuyo partido ocupa el segundo puesto en las encuestas, y el ecologista Robert Habeck, cuarto con Los Verdes, lo que supone el primer debate a cuatro bandas cara a cara en la historia de la televisión germana.

A una semana de las elecciones y cuando las encuestas apenas se mueven desde hace semanas, los cuatro candidatos quieren atraer los votos de los indecisos, dado que ninguna fuerza obtendría mayoría para gobernar en solitario. Ya al inicio del debate, Merz, que fue criticado por Scholz por haber logrado en el Parlamento aprobar una moción no vinculante por primera vez con el apoyo de la AfD y haber intentado hacer lo propio con un proyecto de ley, se encontró a la defensiva.

El conservador, cuyo proceder ha suscitado protestas masivas en Alemania, reiteró que "mantendrá lejos" la "víbora" de la AfD como él ha calificado alguna vez a la ultraderecha, y aseguró que "tampoco trabajaremos juntos con este partido".

Descartó el escenario austríaco, al afirmar que hará "todo lo que pueda para evitar que eso ocurra", que AfD se convierta en primera fuerza como el ultraderechista FPÖ en el país vecino, incluso si el vicepresidente de EEUU, JD Vance, considera que no se deberían excluir "voces alternativas" en Europa, en referencia a la extrema derecha. "No voy a permitir que un vicepresidente estadounidense me diga con quién tengo que hablar aquí en Alemania", enfatizó Merz.

Scholz, que también dijo que "no habrá ninguna colaboración con la ultraderecha", volvió a calificar de "inaceptable" el comportamiento de Vance, que incluso llegó a abogar por eliminar los cordones sanitarios a la ultraderecha.

El canciller reiteró que un representante de AfD calificó de "cagada de pájaro" el nacionalsocialismo y sus crímenes contra la humanidad cometidos en la Segunda Guerra Mundial, una comparación que Weidel calificó de "escandalosa".

Merz la interrumpió para expresarle su indignación por una entrevista en el diario Bild, el más leído en Alemania, en la que la líder ultraderechista dijo que podía imaginarse que el jefe de la AfD en el estado federado de Turingia (este), Björn Höcke, podría ser potencialmente un ministro. "Todo el mundo puede llamarle legalmente nazi", recordó el conservador, en referencia a que la Oficina de Protección de la Constitución de Alemania ha clasificado a la filial regional de Höcke de extrema derecha.

No menos golpes se repartieron los candidatos en lo relacionado con la migración, tema natural de la AfD y tras los recientes ataques a manos de solicitantes de asilo en el país, también uno de los principales asuntos de la agenda electoral de los demás partidos, especialmente de la CDU.

Merz volvió a echar en cara a Scholz que en "cuatro días llegan tantos inmigrantes irregulares nuevos al país como deportaciones hay en un mes". Scholz recalcó que el año pasado se redujeron las llegadas ilegales en 100.000 personas y este año habrá otra disminución similar, al tiempo que aseguró que hubo durante sus tres años de mandato un aumento del 70% en las deportaciones.

Tras el atropello el pasado jueves en Múnich cometido por un afgano, Merz sostuvo que el Gobierno germano es el único en Europa que aún acepta refugiados de Afganistán y que, para cambiar esto quizás haya que hablar con los talibanes.

Scholz le replicó que ya hubo un vuelo de deportación al país centroasiático y que habrá otro en un futuro. Este tema fue de los pocos en los que Habeck reaccionó de forma enérgica, al recordar a Merz que los talibanes son "un régimen de terror" y que los "pequeños contingentes" de refugiados que llegan son personas que ayudaron a Alemania en su momento.

Weidel a su vez prometió "frenar la inmigración ilegal" a través de controles consecuentes las 24 horas al día de las fronteras y la deportación igualmente constante de "delincuentes e ilegales en este país". Eso sí, no supo decir cómo y con qué personal pretende "proteger" unos 4.000 kilómetros de fronteras.

El PSOE ganaría unas hipotéticas elecciones generales con el 33,4% de los votos, frente al 28,1% del PP, lo que amplía a 5,3 puntos la distancia entre ambos partidos, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y recoge EFE. La encuesta fue realizada entre el 31 de enero y el 6 de febrero, pocos días después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y cuando el Gobierno había salvado, gracias a un acuerdo con Junts, parte el decreto ómnibus que había rechazado el Congreso con los votos de populares e independentistas catalanes.

El despegue de los socialistas se debe a que ganan 1,6 puntos en voto estimado respecto al anterior barómetro de enero, los mismos que se deja el PP, al tiempo que Vox sube casi un punto (0,9) entre las dos encuestas y obtiene el 13,3% de los sufragios.

En las fuerzas a la izquierda del PSOE, Podemos es quien saca más rédito en este nuevo muestreo, al subir medio punto hasta el 4,4% de los votos, recortando su distancia con Sumar, que aguanta su anterior porcentaje con el 6,4% (una décima más).

Baja significativamente la estimación de voto de Se Acabó la Fiesta, la formación de Luis Pérez, Alvise, con 0,8 puntos menos, al pasar al 1,6%.

Los republicanos de ERC pierden tres décimas, hasta el 1,6%, mientras Junts cae una y se sitúa en el 1,3%. EH-Bildu sube una décima y logra el 1,3 y el PNV se mantiene en el 1% de voto estimado, en tanto que el BNG sufre una caída de seis décimas y cosecha solo el 0,8% en este barómetro. Coalición Canaria llega al 0,3 y UPN conserva el 0,1%.

El líder socialista, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno y por más españoles que hace un mes, ya que lo apoya el 23,7% (2,1 puntos más que en enero), seguido a distancia por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que prefiere un 9,9% (dos décimas menos).

La nota que obtienen los principales dirigentes políticos sigue siendo baja en la evaluación ciudadana, muy lejos del aprobado y con porcentajes similares a los de la anterior encuesta del CIS. Pedro Sánchez obtiene una media de 4,13 puntos, seguido de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, con 3,96, con Feijóo en tercera posición (3,61 puntos) y el presidente de Vox, Santiago Abascal, en cuarta y última posición con 2,85 puntos.

La vivienda sigue encabezando el listado de los principales problemas el país, con el 34,1% seguido de la crisis y los problemas económicos (20%) y el paro (20). En cuarto lugar se sitúa el Gobierno y partidos políticos (17,1%), seguidos de los problemas políticos (17), la inmigración (16,5) y la calidad del empleo (16,3).

Cuando el CIS pregunta por los problemas que más afectan personalmente al encuestado, el orden varía un poco: la crisis y los problemas económicos se sitúan en cabeza (30,1%), seguidos de la vivienda (22,2), la sanidad (19,4), la calidad del empleo (17,9), el paro (11,4) y la falta de apoyo y oportunidades de la juventud (8,5)

De nuevo son muchos más los encuestados que consideran que su situación económica personal es buena o muy buena (62,5%) que quienes destacan la buena situación económica general de España (37,1).

Liana Ganea, directora de Active Watch, una ONG que defiende a los medios de comunicación, afirma con una sonrisa: “Si un rumano le dice que ha entendido todo lo que está pasando, esa persona está mintiendo”. El periodista de investigación Victor Ilie lo expresa de otro modo, pero comparte la misma cautela: “Los teóricos de la conspiración están haciendo su agosto en Rumanía estos días... El Estado fue tan impreciso a la hora de cancelar las elecciones que todos los escenarios siguen abiertos”.

En Rumanía, la sociedad civil parece desorientada. Por un lado, hay un alivio innegable. Muchos activistas han quedado tranquilos porque Călin Georgescu, el candidato presidencial independiente de extrema derecha, hostil a la ayuda a Ucrania y crítico con la OTAN, no ha salido finalmente elegido. Fuera del radar durante la mayor parte de la campaña, el candidato conspiracionista, nostálgico de Ion Antonescu, el “Petain” rumano, obtuvo casi el 23% de los votos en la primera vuelta de las elecciones del 24 de noviembre.

Pero a muchos tampoco les ha gustado la anulación de la segunda vuelta, decidida por el Tribunal Constitucional el 6 de diciembre, apenas dos días antes de las elecciones, cuando ya había comenzado la votación de la diáspora, algo inédito en un país de la Unión Europea. Los jueces se basaron en informes de los servicios secretos rumanos, desclasificados dos días antes, para concluir que no todos los candidatos a las elecciones habían tenido la misma igualdad de condiciones. El Tribunal también apuntó a la “injerencia de un Estado”, sin nombrar explícitamente a Rusia.

“Estoy realmente inquieta”, afirma Irina Zamfirescu, activista por el derecho a la vivienda y profesora universitaria. “Luché durante quince días entre las dos vueltas con la idea de que me iba a despertar con un presidente de extrema derecha. Pero la anulación de las elecciones no me ha dejado tranquila. Quizá hayan tenido razones para hacerlo, pero hasta que no expliquen exactamente por qué, esto no irá bien”. Y añade: “La Constitución establece unas condiciones precisas para la exclusión de un candidato. No podemos imaginar excepciones de última hora, sobre la marcha”.

Cristian Neagoe, ex activista de Greenpeace que ahora trabaja para una asociación que defiende un parque natural en la capital, habla de “sentimientos postraumáticos”: “Estamos intentando recuperar un poco el aliento, antes de que vuelva a empezar la tormenta”. Se refiere a las nuevas elecciones presidenciales, previstas para mayo. “Es muy fácil culpar a los rusos o a los chinos, pero también es un hecho que la sociedad rumana va muy mal estos últimos tiempos”, insiste, y añade que ha vivido estas semanas en un estado de “ansiedad extrema”.

Tras el anuncio de la anulación de la segunda vuelta, en un primer momento pensó que “era una decisión muy mala para una democracia todavía muy frágil, que da la impresión de que nueve jueces togados pueden decidir en contra de lo que piensan nueve millones de electores”. Pero Cristian Neagoe ha cambiado ligeramente de opinión. Ahora cree que probablemente era la decisión “menos mala” que se podía tomar, en nombre del apoyo que considera indispensable para una Ucrania desgarrada por la guerra. Rumanía desempeña un papel clave, sobre todo en la exportación de cereales ucranianos a través de su puerto de Constanza, en el mar Negro.

En el seno de esta sociedad civil, es palpable el malestar de estos activistas cuando ven que la extrema derecha, en torno a Georgescu, pero también a George Simion, líder de la Alianza para la Unidad de los Rumanos (AUR), se moviliza casi todas las semanas en las plazas del país para denunciar un golpe de Estado. En una peligrosa inversión, son los votantes frustrados de extrema derecha quienes esgrimen los argumentos del Estado de derecho y los valores democráticos.

Algunos políticos pro-UE siguen exigiendo responsabilidades. Es el caso de Elena Lasconi, candidata de la coalición Salvar Rumanía (USR), que quedó segunda en la primera vuelta, o del alcalde de Bucarest, Nicușor Dan, un matemático que quiere presentarse como independiente a las próximas elecciones presidenciales. En declaraciones a Mediapart, el eurodiputado Nicolae Ștefănuță, antes liberal y que ahora se sienta con los ecologistas en el Parlamento Europeo, añadie: “He acogido con satisfacción la decisión del Tribunal Constitucional. Pero es muy importante que se aporten pruebas. De momento, todos avanzamos en la oscuridad”.

El fantasma del control de Moscú sobre el debate político en Rumanía, miembro de la UE desde 2007, ha dejado atónita a Europa. Pero estos días se está imponiendo otra historia en Bucarest. Gira en torno al supuesto amateurismo de unas autoridades opacas, que tienen dificultades para dar cuenta de su gestión de la crisis y para explicar una decisión que no es precisamente anodina en una democracia: la suspensión de unas elecciones. Los más críticos son los dos grandes partidos postcomunistas rumanos, el Partido Socialdemócrata (PSD) y el Partido Liberal (PNL), en coalición desde hace tres años.

El contenido de los documentos desclasificados por el presidente de la República (ver último apartado) tiene mucho que ver. “Que las autoridades rumanas no ofrecieran igualdad de condiciones a todos los candidatos me parece una hipótesis totalmente posible. Pero no existen las pruebas que apoyan esta hipótesis. Ese es todo el problema”, afirma Bogdan Manolea, responsable de ApTI, una ONG que defiende los derechos digitales. “Por el momento, sólo hay alegaciones, especulaciones y probabilidades. Los documentos desclasificados no dicen lo suficiente”.

“Realmente no hay nada clasificado en lo que se ha publicado. No es en absoluto información recopilada por los servicios secretos, sino más bien una compilación, un trabajo estadístico”, añade el periodista Victor Ilie, que ha publicado varias investigaciones sobre la financiación de la campaña presidencial.

Y dice, molesto: “Durante años, Rumanía se ha sentido superior a la República de Moldavia. Nos habíamos convertido en miembros de la UE, mientras que ellos eran los pobres que seguían bajo el yugo de Moscú. Pero hay que leer el informe publicado por los servicios de inteligencia moldavos sobre la injerencia rusa [en diciembre -ndr] : no es literatura mezclada con estadísticas como el nuestro, es un trabajo implacable, con nombres y cifras”.

La abogada Silvia Uscov, que afirma no ser votante ni partidaria de Georgescu, considera “ilegal” la decisión del Tribunal. En primer lugar porque los mismos jueces habían validado unos días antes los resultados de la primera vuelta, descartando cualquier fraude tras las quejas de algunos candidatos. Pero “las elecciones sólo pueden anularse en base a un fraude probado, según la Constitución”, afirma.

En segundo lugar, porque en los documentos desclasificados no hay ninguna prueba de injerencia. “No puedo aceptar violaciones de los derechos fundamentales en un Estado democrático, simplemente porque no nos gusta tal o cual persona [...]. Hoy es Călin Georgescu, pero mañana puede ser cualquiera”, advierte.

La situación se ha vuelto un poco más tensa desde que el diario Snoop publicó a finales de diciembre la existencia de un vínculo entre el partido liberal en el poder y la campaña en Internet a favor de Georgescu. Según este medio, el PNL pagó, a través de la empresa de comunicación Kensington, a influencers en TikTok que utilizaron un eslogan favorable a las propuestas del candidato ultraderechista: “Equilibrio y verticalidad” (sin mencionar explícitamente a Georgescu en sus vídeos).

Esta investigación ha alimentado especulaciones más generales sobre que los dos partidos tradicionales han estado jugando con fuego con la esperanza de ganar la presidencia: el PSD, el partido del primer ministro Marcel Ciolacu, apostando por el ascenso de AUR para asegurarse un cara a cara con la extrema derecha en segunda vuelta, y el PNL, el partido del presidente Klaus Iohannis, apostando por Georgescu como respuesta.

Como señala el periodista Cristian Panzari en un análisis publicado en G4Media el 7 de enero, titulado “Una red de mentiras”, tanto un candidato de AUR como directivos del PSD han reconocido la existencia de un plan para facilitar el voto a AUR en determinados territorios, con el fin de crear un duelo entre ambos partidos en la segunda vuelta.

El PNL nunca ha desmentido esa información y dirigentes del partido como mucho han intentado defenderse ante Snoop el miércoles 22 de enero, diciendo que se les había pasado por alto esa estrategia.

Dan Tăpălagă, otro columnista muy molesto por la situación, escribe sin rodeos en un texto publicado por PressOne del que ya se ha hecho eco el Courrier des Balkans: “Lo que ha ocurrido [...] está cada vez más claro. El PSD y el PNL lucharon con armas prohibidas por el puesto de Jefe del Estado, liberando los demonios del extremismo en la sociedad, que luego se han vuelto incontrolables. [...] Manos invisibles de ambos partidos han intentado justificar el desastre electoral con la supuesta injerencia rusa”.

Victor Ilie está más o menos en la misma onda: “Junto con otros colegas, cada vez creo más que la decisión de desclasificar estos documentos ha sido todo un acto político, para hacer fracasar estas elecciones.”

La acusación es grave y alimenta un sinfín de especulaciones. También se alimenta por el hecho de que la mayoría de los jueces del Tribunal Constitucional fueron nombrados por el PSD. O por el hecho de que, contrariamente a lo que aseguraban las autoridades al día siguiente de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Georgescu no era, al menos para ellas, un completo desconocido.

La periodista de investigación Emilia Șercan lo documentó en un análisis en PressOne el 25 de noviembre: el candidato era bien conocido, y lo había sido desde mucho antes, al menos por el aparato estatal. Sobre todo porque había sido el hombre propuesto en su día como primer ministro por George Simion, jefe de la AUR, y había representado a Rumanía en foros internacionales. Y también porque cuenta con apoyos en los servicios secretos rumanos, que han trabajado para ayudarle a ascender.

En estos momentos, el PNL y el PSD, los dos grandes perdedores de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, siguen en el poder. El primer ministro saliente, Marcel Ciolacu, que quedó tercero en la primera vuelta, ha sido reconfirmado como jefe de Gobierno tras las elecciones legislativas de diciembre.

En este juego, el hecho de que la coalición en el poder impulse la candidatura única del liberal Crin Antonescu contra la extrema derecha para las presidenciales de mayo no se ve como una señal tranquilizadora: este hombre está asociado a un episodio muy controvertido de la historia reciente, cuando intentó ignorar el resultado de un referéndum en 2012 para derrocar al entonces presidente, Traian Băsescu.

Nada de esto significa, por supuesto, que no haya habido injerencia rusa. Todas las personas con las que Mediapart habló en Bucarest consideran incluso muy plausible esa hipótesis, ya sea apoyando directamente a Georgescu o participando en general en la polarización extrema de las posiciones en el debate público.

Pero muchos lamentan la forma en que han actuado las autoridades: en lugar de impedir la candidatura de Georgescu antes de la primera vuelta, esperaron a ver el resultado –y la derrota de sus respectivos candidatos– antes de anular las elecciones enteras. Y sin aportar las pruebas precisas que permitieran poner fin a la polémica.

Liana Ganea lamenta, por ejemplo, que la autoridad responsable del buen desarrollo de las elecciones no tomara medidas cuando Georgescu se jactó, unas semanas antes de las elecciones, de estar llevando a cabo una campaña totalmente virtual, en la que decía no haber gastado ni un solo leu, la moneda rumana. “Por supuesto, eso no es posible. Y no cumple las normas de campaña, que exigen una contabilidad transparente de los gastos. Pero el problema es que los partidos tradicionales también son muy opacos en lo que se refiere a sus cuentas de campaña”, argumenta este activista.

En 2024, su ONG publicó un informe en el que documentaba las zonas grises de la financiación de la última campaña electoral europea, tanto por parte del PSD como del PNL. Evidentemente, la gestión del caso Georgescu es también un reflejo de las debilidades estructurales de la democracia rumana.

En noviembre de 2024, el Tribunal Constitucional rechazó la candidatura de otra figura de extrema derecha, la eurodiputada Diana Șoșoacă, presidenta de SOS Rumanía, conocida en particular por su postura antivacunas. Los jueces habían dictaminado que ciertas declaraciones, contra la OTAN o la UE, eran contrarias a la Constitución del país, un argumento que había escandalizado a muchas ONG. Curiosamente, Georgescu no fue acusado de nada en aquel momento, aunque está procesado desde 2022 por haber elogiado a Ion Antonescu, el militar que colaboró con el régimen nazi cuando mandaba en Rumanía.

En este contexto tan delicado, la sociedad civil rumana espera noticias de Bruselas. Diez días después de la anulación de las elecciones, la Comisión abrió una investigación sobre TikTok. El objetivo es averiguar por qué la plataforma ha incumplido claramente el Reglamento de Servicios Digitales (RDS), que le obliga a moderar sus contenidos. “Lo ocurrido en Rumanía demuestra que el RDS no ha funcionado. Pero el reglamento existe, y tenemos que defenderlo”, insiste Bogdan Manolea. Quiere creer que los textos europeos ya existentes constituyen un marco suficiente, si realmente se aplican, para las próximas elecciones presidenciales.

La primera vuelta de las elecciones está prevista para el 4 de mayo. Por el momento, no está claro si Călin Georgescu, que encabeza las encuestas, podrá presentarse. Una vez más, el debate podría sumir a la sociedad civil rumana en un fuerte malestar.

Según estos estudios, para la campaña de Georgescu se pagó a una red de un centenar de influencers con 8 millones de suscriptores, principalmente en TikTok. Durante las dos últimas semanas de la campaña estuvieron muy activas unas 25.000 cuentas, incluidas unas 800 que habían estado durmientes desde su creación en 2016. En los documentos aparece también una empresa, FA Agency, domiciliada en Sudáfrica, que una investigación de Le Monde ha demostrado después que está vinculada a un empresario ucraniano, Dmytro Macharov, que dirige un grupo publicitario.

Los servicios secretos apuntan también al papel de un hombre de 36 años, Bogdan Peschir, conocido en TikTok con el seudónimo de BOGDR y ya bien identificado por los medios rumanos. Según la cifra facilitada por TikTok a las autoridades, éste pagó 380.000 euros a influencers para promocionar a Georgescu. El origen de la fortuna de este hombre, muy activo en el mercado de las criptomonedas, sigue sin estar claro. Georgescu, por su parte, niega cualquier vínculo con Rusia e insiste en que el único “pacto” que ha hecho es “con el pueblo rumano y con Dios”. Rumanía tiene casi 9 millones de usuarios de TikTok, es decir, alrededor del 47% de su población, la tasa más alta de la UE.

Las entrevistas se realizaron en Bucarest durante la semana del 13 de enero de 2025.

Traducción de Miguel López

El martes 28 de enero, reunidos en la sede del movimiento en París, todos los fieles y afines a la dirección de La Francia insumisa (LFI) respaldaron a Jean-Luc Mélenchon. Allí, el tres veces candidato presidencial presentó a la prensa las grandes líneas de una nueva versión de L'Avenir en commun (Futuro en común), el programa de LFI desde 2017, que ya ha sufrido varias revisiones.

“Este es el programa presidencial del movimiento insumiso, que acompañará a su candidato cuando llegue el momento”, anunció Mélenchon delante de los diputados Manuel Bompard, Hadrien Clouet, Éric Coquerel, Clémence Guetté, Mathilde Panot y Aurélie Trouvé, y añadió: “Queremos demostrar que estamos preparados, sean cuales sean las circunstancias que se nos presenten”.

En otras palabras, LFI, que defiende la “destitución” de Emmanuel Macron por su negativa a convocar al Nuevo Frente Popular (NFP) para formar gobierno el pasado verano, lanza un mensaje: en pleno caos institucional, al partido no le pillarán desprevenido si por casualidad se acorta el mandato del presidente de la República. “Macron acabará dimitiendo o siendo destituido. No es serio pensar que Francia vaya a tener un Gobierno que caiga cada dos meses durante los próximos treinta, harían falta diez Bayrou o Barnier”, argumentó la presidenta del grupo LFI en la Asamblea Nacional, Mathilde Panot.

Parezca o no un escenario disparatado, se trate sólo de un deseo o de una hipótesis creíble, LFI avanza sus posiciones en un panorama político que a veces parece desarticulado –en lo que respecta a la antigua mayoría de Macron–, a veces vacilante –en lo que respecta a la actitud del Partido Socialista (PS) frente al Gobierno–  mientras la Agrupación Nacional (RN) se está frotando las manos por la rápida derechización de François Bayrou. Jean-Luc Mélenchon ensalzó la “afirmación de un planteamiento serio” del programa, cuando “gente que se proclama fuerza de gobierno no tiene ni siquiera el principio de un programa”.

El contenido de la versión 2025 de L'Avenir en commun no ha modificado ni se desvía de la línea marcada por el pacto de legislatura del NFP, pero va más allá y se organiza de forma diferente. “Hemos revisado la arquitectura general para poner en valor la coherencia de nuestra propuesta a los franceses”, explica la introducción del texto firmado por Clémence Guetté, Hadrien Clouet y Jean-Luc Mélenchon.

Esa mejor legibilidad es de agradecer en un programa que incluye 831 medidas, 143 de las cuales son nuevas. La mitad de ellas proceden del trabajo parlamentario de los insumisos desde 2022, y el resto son propuestas de los universitarios que trabajan en el Instituto La Boétie – el think tank del partido– y los grupos sectoriales del movimiento.

La nueva división del texto en cuatro partes temáticas retoma consignas conocidas de LFI: la primera, sobre las instituciones, expone las medidas propuestas para “hacer una revolución ciudadana” ; la segunda, “Armonía entre los seres humanos”, está dedicada al “estado de emergencia social”; la tercera, “Armonía entre los seres humanos y la naturaleza”, al cambio climático; y la cuarta, “Ordenar el mundo”, a la geopolítica.

La introducción del texto establece un marco que tampoco es ajeno a la gramática melenchonista. Lejos de ofrecer un esquema dogmático, propone “a millones de personas una transición concreta y practicable de esta sociedad de injusticia a otra basada en la ayuda mutua y el reparto”. Se basa no obstante en la visión del mundo desarrollada por Mélenchon en L'Ère du peuple (La era de la gente), en particular la oposición de los intereses del pueblo (definido por su condición urbana y uberizada) a los de la oligarquía. También encontramos en él el leitmotiv de Jean-Luc Mélenchon sobre “la nueva Francia”, “la del pueblo eliminado hoy de todo poder, la que puede nacer de sus reivindicaciones”.

Entre las novedades sustanciales y concretas figuran varias propuestas defendidas por LFI en la Asamblea Nacional durante los dos últimos años. Entre ellas, una ley anticoncentración de medios de comunicación (basada en los trabajos de Aurélien Saintoul), la creación de un servicio público para la primera infancia (defendido por William Martinet), el “plan del agua” destinado a consagrar en la Constitución el agua como bien común y defender todo su ciclo, y la moratoria de los grandes proyectos innecesarios y ecocidas.

La sección dedicada a la lucha contra el racismo y la discriminación también incluye la propuesta del contrato de legislatura del NFP de “crear un plan interministerial para analizar, prevenir y combatir la islamofobia y el antisemitismo en Francia, y sus efectos en la vida de las personas que los sufren”, que no aparecía en la versión anterior de L'Avenir en commun.

La masacre del 7 de octubre provocó en su momento la explosión de la coalición Nueva Unión Popular, Ecológica y Social (Nupes). La negativa de Jean-Luc Mélenchon a calificar de “terrorista” el atentado de Hamás y sus ambiguas declaraciones sobre el antisemitismo –en un momento en que los actos antisemitas y racistas han alcanzado cotas sin precedentes en Francia–  tuvieron como efecto marginarle e inhabilitarle para representar a las demás fuerzas de la izquierda. Esta formulación era, pues, una condición sine qua non para la formación del NFP.

Por último, además de derogar varias medidas aplicadas por Macron (reforma de las pensiones, ley anti-okupa y ley France Travail), el texto dedica una nueva atención a los municipios, “los primeros lugares donde se ejerce el poder popular”, para los que se propone un fondo de apoyo municipal. Aunque el calendario electoral no prevé elecciones presidenciales antes de 2027, sí habrá elecciones municipales en marzo de 2026, que los Insumisos no pretenden saltarse esta vez.

En definitiva, para Aurélie Trouvé, presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, esta nueva edición ilustra la forma en que, en su opinión, LFI se distingue de las demás fuerzas de izquierda en cuanto al fondo: “En materia de ecología, este programa asume una visión que el conjunto de la izquierda aún no ha hecho suya: el cambio va más lejos que en el programa del NFP, al defender, por ejemplo, la salida de las energías fósiles y de la energía nuclear”, explica.

En cuanto a los tiempos, que plantea interrogantes, va de la mano de la voluntad del movimiento Insumiso de seguir presionando al ejecutivo recordándole la anomalía democrática que surgió tras el triunfo del NFP en las elecciones legislativas anticipadas. Paralelamente al trabajo sobre su programa, LFI ha empezado a sensibilizar a los alcaldes sobre la próxima búsqueda de patrocinios para presentarse a unas elecciones presidenciales anticipadas, lo que deja poco tiempo para reaccionar. “Seguimos el mismo calendario que para las últimas elecciones presidenciales. Las cosas avanzan bastante bien: ya tenemos unos 150 patrocinios comprometidos”, afirma Manuel Bompard.

Al mismo tiempo, mientras la estrategia de los socialistas lucha por alejar a François Bayrou de la derechista Los Republicanos (LR), LFI quiere presentarse como la alternativa más capaz, en la izquierda, de afrontar unas elecciones presidenciales anticipadas. Una nueva abstención del Partido Socialista (PS) en la próxima moción de censura, sobre el presupuesto, mientras que los ecologistas y los comunistas votarán a favor con los Insumisos, legitimaría un poco más esta idea. “Si el desacuerdo dentro del NFP es sobre la censura, volverá a dar ventaja a la LFI, que es coherente sobre el tema desde el principio”, dice un diputado ecologista que defiende la idea de una candidatura única de izquierdas para las próximas elecciones presidenciales, pero que teme el efecto repulsivo de Mélenchon sobre el electorado de clase media.

Tal y como están las cosas, aunque la candidatura de la LFI pretende ser “una candidatura programática”, entre los cuadros de los insumisos no hay dudas sobre la identidad de la persona que podría encarnarla inmediatamente .

Traducción de Miguel López

Quizá deberíamos empezar por reconocer que estamos perdidos y confusos. Derrotados y desorientados. Aturdidos sin estar totalmente sorprendidos. Aunque este momento no sea precisamente el mejor para reflexionar sobre lo que ocurre.

Sin embargo, la escasez, tanto en número como en interés, de reacciones y producciones de texto sobre los días que siguen al 5 de noviembre de 2024, si la comparamos con lo que se vio tras los atentados del 13 de noviembre, la revuelta de los “chalecos amarillos” o el 7 de octubre de Israel, tiene algo que nos intriga. Incluso aunque podamos leer, a pesar de todo, interesantes análisis sobre lo que significa la victoria de este candidato, por ejemplo aquí, aquí o aquí.

Hay, por supuesto, múltiples razones para ello. Aunque la elección de Donald Trump es todo un acontecimiento por sus consecuencias probables o posibles –la aceleración irreversible de la catástrofe climática, la deportación de decenas de miles de inmigrantes, el triunfo del capitalismo libertario, la agonía de lo que quedaba del Estado de bienestar, el endurecimiento del autoritarismo global–, no constituye un imprevisto, o uno de esos choques que fuerzan a nuestros cerebros a ponerse en marcha bajo la violencia del momento.

El choque nos derriba pero sin llegar a sacudirnos, llegando incluso a dar la sensación de que la misa ya estaba dicha y de que ya se había dicho todo sobre el personaje y lo que encarna.

Parte de la estupefacción actual se debe sin duda también al interregno entre la elección y la investidura. Es un periodo propicio a la incertidumbre mezclada con miedo, sobre todo porque el presidente electo no para de lanzar granadas ensordecedoras y cohetes cegadores, con un torrente diario de nombramientos y declaraciones tan aberrantes como preocupantes.

En esta configuración particular, las dos vías más utilizadas para conjurar la legítima ansiedad están resultando insatisfactorias. La primera consiste en prolongar la campaña electoral anunciando a cada paso el apocalipsis democrático. Incluso si las opciones anunciadas para la administración son suficientes para alimentar esta actitud, pasa por alto el hecho de que las descripciones de Trump como un "fascista", un "lunático" o un "narcisista perverso”, aunque puedan ser factualmente correctas, han sido de total inutilidad electoral y política. Cuando no contraproducentes.

La segunda, en cambio, trata de relativizar las cosas, apoyándose en un cambio de escala, más que de naturaleza, entre el primer mandato de Donald Trump y el que está por venir. O señalando que no ha aumentado considerablemente el número de votos a su favor con respecto a 2020, aprovechando en cambio un hundimiento del voto demócrata y la lógica electoral habitual de no contar con los salientes, de la que el propio Trump fue víctima cuatro años antes.

Por este punto de vista, sobre todo con un sistema electoral cuestionable en el que 30.000 personas en Wisconsin, 80.000 en Michigan y 140.000 en Pensilvania deciden quién ocupará la Casa Blanca, cabría pensar, en modo business as usual, en un relevo clásico dentro de cuatro años, sin desafíos estructurales.

Incluso aunque no tratemos de situarnos en un ilusorio término medio entre estas dos actitudes, teniendo en cuenta primero la necesidad de estar a la altura de un punto de inflexión histórico y en segundo lugar no entrar en pánico con la esperanza de salir del aturdimiento, todavía hay una serie de dificultades para pensar en la era post-Trump.

Una de las principales razones de estas dificultades es el efecto de saturación, con el anterior y el nuevo presidente de Estados Unidos tan hábiles para ocupar los cerebros, los discursos y las imágenes para que, según el caso, se quedan vacíos o se sobrecalienten.

En efecto, el trumpismo se sitúa en un espacio todavía difícil de comprender cuando sigue estando inmerso en marcos políticos de los que aún no se sabe hasta qué punto se han hecho añicos definitivamente.

No está claro que la victoria del candidato republicano en los Estados del Rust Belt deba interpretarse únicamente a la luz de los análisis clásicos del historiador y periodista Thomas Frank, que hace veinte años se preguntaba What's the matter with Kansas? How Conservatives won the heart of America (¿Qué pasa con Kansas? Cómo los conservadores han ganado el corazón de los Estados Unidos).

Es bastante concebible que Donald Trump haya ganado en Pensilvania más a base de chistes sobre la anatomía del pene del golfista Arnold Palmer que ofreciendo un futuro a las poblaciones blancas de estas tierras desindustrializadas.

Donald Trump ha conseguido así desbaratar las explicaciones “sociológicas, económicas o comunicativas”, sobre todo haciendo del resentimiento, en palabras del filósofo Jean-Yves Heurtebise, “la pasión colectiva por excelencia”.

Probablemente aún nos cueste entender que el huracán político trumpista pueda ser tanto un presagio de catástrofes aún más intensas como la culminación de décadas de disfuncionalidades y renuncias que han hipotecado el futuro climático y ecológico del planeta y forjado un mundo individualista y ultracompetitivo que ha renunciado a democratizar la educación.

En un mundo así, en el que ahora parece casi imposible invertir las tendencias, la elección de un personaje como él no es tanto una ruptura con el pasado como un resultado lógico. En un mundo donde la fuerza prevalece sobre la ley, Trump es elegido no a pesar de ser un matón, sino porque parece ser el más fuerte de los matones. En un mundo tan desigual y desprotegido, la gente vota a multimillonarios porque espera estar en el lado correcto de la rueda de la fortuna.

Más allá de la capacidad de Trump para desbaratar cualquier ataque y jugar con las debilidades de sus adversarios, las dificultades para afrontar el momento actual vienen determinadas por un profundo sentimiento de impotencia que mezcla consideraciones estratégicas y medios de acción, pero también datos más existenciales.

Hoy en día, las preguntas sobre las estrategias políticas giran principalmente en torno a las opciones tácticas y las identidades electorales de la izquierda, confrontando un radicalismo transformador con una socialdemocracia inclinada hacia el centro, o incluso hacia la derecha.

El fracaso de Kamala Harris y de una campaña que buscaba sobre todo captar los votos cautivos de los republicanos moderados acaba sin duda de deslegitimar la estrategia de un Partido Demócrata atrapado en las desiguales prioridades económicas de sus donantes.

Sin embargo, aunque el senador independiente Bernie Sanders tenía toda la razón al declarar, tras el desastre demócrata, que “no debería sorprender demasiado que un Partido Demócrata que ha abandonado a la clase trabajadora se encuentre con que la clase trabajadora lo ha abandonado a él”, quizá sea demasiado cómodo imaginar que una campaña dirigida por el senador de Vermont, o un equivalente, habría funcionado mucho mejor. Al menos por dos razones.

Por un lado, la izquierda radical comparte con la izquierda centrista una forma de ilusión política y demográfica que supone que la diversificación de las sociedades occidentales tiende estructuralmente hacia victorias del campo emancipador.

La importancia del voto hispano a favor de Donald Trump –más allá de la heterogeneidad de lo que abarca el término “latino”, ya que divergen las trayectorias políticas de los cubanos anticomunistas de Florida, de los inmigrantes puertorriqueños de más edad y más a la izquierda de Pensilvania y de los mexicanos de segunda generación que viven en California– es particularmente reveladora. Sobre todo porque su magnitud no fue prevista prácticamente por nadie.

Una de las razones de este fracaso radica en que las gafas interseccionales que lleva una parte de la izquierda, a veces demasiado simples o demasiado amplias, pueden limitar su campo de visión, al exigir que se consideren conjuntamente las opresiones de clase, género y raza, olvidando considerar otras dimensiones.

Cualquier investigación sólida en ciencias sociales nos recuerda que la “identidad” personal, tal como puede transponerse políticamente, no puede reducirse a esas tres categorías. Por ejemplo, muchos estadounidenses de origen latino o centroamericano son pequeños comerciantes o empresarios, que pueden haberse dejado seducir por la retórica del sueño americano y el voto a un hombre de negocios multimillonario respaldado por el hombre más rico del mundo, sin dejarse desanimar por las ocurrencias racistas de la campaña de Trump.

Por otra parte, la trillada oposición entre izquierda social e izquierda societal se revela definitivamente obsoleta frente a un adversario que combina de forma inédita los ataques al estatuto de los trabajadores y a los derechos de las minorías.

Puede que uno de los únicos beneficios de este periodo sea aclarar la naturaleza del adversario, que no puede reducirse al “nat-con” (nacional-conservadurismo) teorizado por el ensayista Yoram Hazony como doctrina para el trumpismo de 2025.

La nebulosa política que domina ahora Estados Unidos es más bien una extraña síntesis libertaria-reaccionaria en forma de máquina de guerra contra los pobres y los trabajadores, pero también contra las minorías sexuales, de género y étnicas. Es una máquina de guerra sin precedentes que requiere una respuesta tan ofensiva en el frente social como en el societal.

Conviene recordar que el libertarismo original de Ayn Rand era fundamentalmente liberal en cuestiones de moral, se apartaba de toda religión y, además, estaba completamente abierto a la emigración. Rand abogaba por la abolición de los impuestos y por la desregulación y desestatización totales, pero defendía el derecho al aborto, las relaciones sexuales fuera del matrimonio y el ateísmo.

Eso no ha impedido que el libertarismo haya sido captado hoy por el campo más reaccionario, más concretamente el ultracatolicismo. La obsesión natalista y anti-LGTB de Elon Musk forma parte de esta captura del libertarismo por sus sectores reaccionarios, pero el verdadero emblema de esta reconfiguración política es el magnate de Silicon Valley Peter Thiel, una de las principales figuras del movimiento libertario en Estados Unidos y uno de los pocos empresarios tecnológicos que han apoyado a Trump desde 2016.

Este gestor de fondos especulativos, cofundador de PayPal y fundador y principal accionista de Palantir, una de las firmas tecnológicas más poderosas, opacas y liberticidas del mundo, es también un cristiano convencido, pues estudió la filosofía católica del francés René Girard, que enseñó en Estados Unidos durante la mayor parte de su vida.

Es, sobre todo, el padrino político y financiero de J. D. Vance, futuro vicepresidente de Estados Unidos, representante agresivo de un catolicismo muy conservador que, como Thiel, se inspira en el pensamiento de René Girard y se apoya en politólogos como Patrick Deneen y el monje cisterciense Edmund Waldstein, gurú de toda una generación de jóvenes católicos en Estados Unidos gracias a su página web The Josias.

Este movimiento antimoderno ha forjado una alianza sin precedentes con un radicalismo ultraliberal que es antiestatal, o que al menos rechaza todo lo que cae bajo la mano izquierda del Estado. Es sobre todo una corriente antidemocrática y antiigualitaria, inspirándose en parte en el régimen clerical autoritario austriaco de los años 30 o en el ideario de Charles Maurras.

Esta corriente ya actuaba en el Tribunal Supremo, donde seis de los nueve jueces son católicos conservadores, a pesar de que los católicos sólo representan alrededor del 20% de la población en Estados Unidos y de que desde hace tiempo se identifican políticamente con un catolicismo progresista vinculado al Partido Demócrata, encarnado por Kennedy o Biden.

Esta corriente tiene también una doctrina, visible en los textos de la Heritage Foundation presidida por Kevin Roberts, que mantiene desde hace tiempo numerosos vínculos con el Opus Dei.

En lugar de extraer de esta reconfiguración del adversario político que es necesario abolir las discusiones entre la izquierda social y la izquierda societal, algunos culpan a la “política identitaria” y la excesiva atención prestada a la identidad trans en particular, aunque la campaña de Kamala Harris apenas haya puesto de relieve su preocupación por las minorías.

Seth Moulton, miembro demócrata de la Cámara de Representantes por Massachusetts, declaró al New York Times que “los demócratas pasan demasiado tiempo intentando no ofender a nadie en lugar de ser radicalmente honestos sobre los retos a los que se enfrentan muchos americanos”. Y añadió: “Tengo dos niñas pequeñas. No quiero que compitan en una carrera o en un campo de deportes contra un atleta masculino o alguien que antes era un atleta masculino. Pero como demócrata, se supone que debo tener cuidado con decir eso”.

Estos comentarios fueron contestados entre los suyos, e incluso dentro de su propio equipo, lo que le llevó a decir en MSNBC que había “hablado con autenticidad, como un padre, sobre uno de los muchos temas en los que piensa que estamos desconectados con una mayoría de votantes”. Y añadió: “Quizá no utilicé todas las palabras correctas, pero lo esencial es que la reacción que recibí demuestra mi idea de que ni siquiera podemos mantener un debate en el partido”.

Esta supuesta lección de las elecciones americanas, en forma de rechazo del wokismo, se extiende más allá de las fronteras de Estados Unidos, ya que se puede encontrar, por ejemplo, en los escritos de Michel Guerrin, redactor-jefe de cultura de Le Monde, quien explica que “entre las razones del triunfo de Donald Trump, está el machismo del campeón, y luego, por otra parte, el wokismo cultural, bien vivo en los campus americanos y en las artes, que acaba de recibir un gancho infernal. Tanto los votantes blancos como los latinos han podido sentir rechazo por ideas, obras y prácticas que pretenden esencializar a las minorías valorizándolas. Esta vanguardia woke, contemplada con indulgencia por las bases demócratas, quedó aislada de una América real, popular y derechizada”.

Si hay una lección que aprender de la ofensiva reaccionaria, es la de no dividir la igualdad ni escindir las luchas democráticas. Por supuesto, podemos cuestionar la tendencia de algunos sectores de la izquierda radical de centrarse en la calidad del lenguaje y en cuestiones de representación más que en la opresión, sin negar que la evolución del lenguaje tiene como objetivo contrarrestar las dominaciones heredadas que también necesitan ser transformadas por la forma en que se expresan.

Por lo tanto, no podemos, como siguen haciendo algunas voces de la tradición marxista, reclamar una política de clase más agresiva y una exigencia de ruptura con el marco social y económico y, al mismo tiempo, pedir a las minorías que moderen sus reivindicaciones alegando que serían inaceptables para un pueblo mitificado.

La dificultad del momento proviene, sin embargo, más allá de las diferencias estratégicas, del sentimiento más profundo de que esa elección afecta directamente a la escala de acción en la que se desplegaron en gran medida las victorias más recientes del campo emancipador al tiempo que se acumulaban las derrotas electorales. A saber, a las luchas territoriales, a la reinvención de modos de vida locales y a la idea de crear archipiélagos a partir de zonas que han logrado defenderse.

¿Hasta qué punto es probable que la elección de Trump desaliente esas luchas? En otras palabras, ¿qué peso tienen nuestros gestos ecológicos cuando la primera potencia mundial promete perforar aún más? ¿Cómo podemos seguir mostrando solidaridad con el pueblo de Gaza cuando sabemos que la futura administración americana será aún peor que la del "Genocide Joe"? ¿Hasta dónde será posible seguir tejiendo solidaridad en un contexto de desmantelamiento de todo lo que queda de los servicios públicos y del Estado del bienestar?

Por supuesto, podemos suponer que estos espacios de posibilidad serán tanto más útiles e intensos en un contexto de deterioro generalizado. Pero también es dudoso que sea posible sembrar semillas fértiles durante mucho tiempo en un mundo cada vez más contaminado y tóxico.

Sin embargo, la cuestión no es sólo la escala de la acción, sino también los recursos desplegados. Dan ganas de buscar trolls progresistas y podcasters feministas, de crear una red de influencers y frikis afines a los valores defendidos por la izquierda para contrarrestar los éxitos del movimiento MAGA (Make America Great Again).

Tampoco podemos evitar preguntarnos qué habría pasado si Mark Zuckerberg, con su Facebook y su fortuna, hubiera sido tan ofensivo en su apoyo a Kamala Harris como lo ha sido Elon Musk con Donald Trump con X y sus miles de millones.

Formular la pregunta es casi responderla. Por un lado, no podemos esperar que poderosos donantes del Partido Demócrata en Estados Unidos, o millonarios franceses que serían las simetrías inversas de Bolloré en Francia, apoyen una política de ruptura con el actual sistema social y económico que les ha enriquecido. Tras la victoria del candidato republicano, Mark Zuckerberg, al igual que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, se apresuró a anunciar su intención de donar varios cientos de miles de dólares a la investidura de Donald Trump.

Por otra parte, no es plagiando la retórica y los métodos del adversario como podemos esperar estar en su contra, porque es imposible, desde el campo de la emancipación, sostener discursos tan simplistas como los del masculinismo o el supremacismo, plegarse a la lógica del líder todopoderoso o valorar la lucha de todos contra todos y reducir la buena vida al grosor de la propia cuenta bancaria.

Sería inútil pensar en hacer política emancipadora favoreciendo bajos instintos y tristes pasiones, cualquiera que sea su potencial electoral en un mundo donde las desigualdades son tales que reina el sálvese quien pueda, y donde la falta de educación de calidad, liquidada o reservada a los más ricos, sirve de caldo de cultivo a la desinformación y al disparate político.

En palabras del director de escena Sylvain Creuzevault, en un artículo de Le Monde dedicado a la estética y los imaginarios de la nación, pero que podría transponerse a muchos otros ámbitos, “la forma en que la izquierda puede abordar la cuestión de la nación es legítima, pero no podemos trabajar con las herramientas del adversario ni en el lenguaje del enemigo”.

Esto no impide, sin embargo, reflexionar sobre lo que podría ser una transgresión de la izquierda que no se limitara a reactivar las utopías del siglo XX y que, por tanto, pareciera susceptible de desbaratar los planes de los cincuenta tonos de marrón que hoy tienen en común la promesa de un cambio radical: ya sea del orden de una precipitación hacia un futuro insostenible o de la pretensión de un retorno reaccionario a un mundo desaparecido.

Una reflexión que, sin embargo, se topa con la tercera aporía del campo progresista en el momento post-Trump, que puede calificarse de existencial.

A diferencia de 2016, para los demócratas no ha sido una sorpresa. Y sacaron toda la artillería, sobre todo en los Estados clave del Blue Wall (Wisconsin, Michigan, Pensilvania, etc.) que habían dado por seguros hace ocho años. Kamala Harris gastó cientos de millones de dólares y movilizó a decenas de miles de voluntarios en lugares donde Hillary Clinton ni siquiera se había molestado en aparecer. Todo en vano.

Lo que no hace sino demostrar que el problema no es sólo electoral, sino mucho más estructural, incluso existencial, como demuestra también la forma en que el nivel de educación y el hecho de vivir en metrópolis se han convertido en los criterios más decisivos para votar.

Como explicaba recientemente en nuestras columnas Jonathan Smucker, estratega de movimientos sociales y de la izquierda pro-Bernie Sanders, “Criticamos al Partido Demócrata por su desconexión, pero hay otro problema: una brecha cultural cada vez más profunda. Es lo que yo llamo la insularidad de la élite cultural. No me refiero al 1% más rico, que está en el centro de la desigualdad económica. Hablo del 10% al 20% de la población que, debido a su nivel de educación y al lugar donde viven, se han aislado del resto de la sociedad”.

Por tanto, el cambio necesario para resistir a los años de Trump no será meramente programático o estratégico, y menos aún intelectual, sino necesariamente geográfico, respaldado por un trabajo social y educativo cuyos contornos parecen, hoy más que ayer, difíciles de trazar.

Traducción de Miguel López

Rumanía ha dado otro paso hacia la incertidumbre —a tan solo tres días de las elecciones legislativas de este domingo— después de que el Tribunal Constitucional ordenara este jueves un nuevo recuento de la primera vuelta presidencial, ganada de forma inesperada por el ultra prorruso Calin Georgescu.

Los magistrados de la alta corte solicitaron por unanimidad "la verificación y el recuento de todas las papeletas de voto, incluidos los válidos y nulos, emitidos en las elecciones" del pasado domingo, según un comunicado de la institución. La decisión de repetir el escrutinio de los 9,4 millones de votos emitidos el pasado domingo es inédita y además puede afectar a los candidatos que se medirán en la segunda vuelta y a la propia fecha de los comicios.

Además de Georgescu, que logró casi el 23 % de las papeletas, pasó a la segunda ronda la proeuropea Elena Lasconi con el 19 %, pero con solo 2.740 votos de diferencia sobre Marcel Ciolacu, primer ministro y líder del gobernante Partido Social Demócrata (PSD). Ciolacu ya anunció su dimisión como líder socialdemócrata después de quedar fuera de la segunda vuelta.

El presidente de la Autoridad Electoral Permanente (AEP), Toni Grebla, también recordó que la campaña para la segunda ronda comenzará después de que el Constitucional valide a los dos candidatos con más votos, explicó a la agencia Agerpres. Eso significa que la segunda vuelta, inicialmente prevista para el 8 de diciembre, posiblemente se celebrará en otra fecha tras el nuevo recuento. Grebla aseguró a la prensa rumana que todavía no había recibido de forma oficial la exigencia del Constitucional y comenzará el recuento en cuanto les llegue.

En cuanto a los recursos de anulación de los comicios, uno de ellos presentado por el candidato presidencial Cristian Terhes, argumentó que algunas formaciones, y en particular la de la europeísta Lasconi, habrían difundido propaganda electoral fuera de plazo. Ese recurso se abordará mañana, mientras que un segundo recurso fue rechazado por haberse presentado fuera de plazo.

Tanto Lasconi como Ilie Bolojan, líder interino del PNL, la mayor formación de centroderecha, se mostraron críticos con la decisión del Constitucional. "El voto de cada uno de nosotros es sagrado. Lo que el Tribunal Constitucional intenta hacer ahora es absolutamente aterrador para un país democrático", indicó Lasconi en Facebook y consideró que la corte estaba "jugando con la seguridad nacional". Según los dos políticos conservadores, ignorar los resultados legítimos podría generar una grave crisis de confianza en las instituciones democráticas del país.

En las últimas horas se han redoblado las presiones sobre Georgescu para que explique cómo financió su campaña, con el temor de una posible injerencia rusa debido a su discurso contra la OTAN y la Unión Europea (UE). Rumanía es un aliado clave en la ayuda occidental a Ucrania, desde sus puertos se exporta el cereal de ese país, los pilotos ucranianos se entrenan en el uso de F-16 en su espacio aéreo y el país albergará, cuando se complete, la mayor base de la OTAN en suelo europeo.

La Autoridad Electoral Permanente solicitó este jueves a la Fiscalía que investigue a Georgescu ante las sospechas que suscita que no revelase ni gastos ni contribuciones en su campaña. Georgescu declaró a la AEP que no tuvo ninguna aportación ni tampoco ningún gasto. La AEP reveló el miércoles los gastos de los candidatos presidenciales y el inexistente de Georgescu contrasta con los más de tres millones de euros invertidos por Lasconi.

Georgescu, que no contaba con el respaldo de ningún partido, convirtió el 6 % que le daban las encuestas en una clara victoria con el 23 % de los votos, gracias, en parte, a una enorme viralización de sus vídeos en redes sociales. El candidato ultra centró su campaña en las redes sociales, especialmente TikTok, donde sus vídeos se visualizaron cientos de millones de veces en una estrategia bien organizada que incluía a influencers que replicaban sus mensajes, según un análisis del think tank Expert Forum.

Georgescu logró un crecimiento explosivo en TikTok —pasó de unos 30.000 seguidores en septiembre a los más de 360.000 actuales— en una visibilidad "repentina" y "artificialmente creada". El mismo domingo se comenzó a recogerse testimonios de influencers que afirman haber recibido dinero por compartir contenido de Georgescu, pero aseguran que desconocían que se tratase de una campaña política.

El Consejo Supremo de Defensa del País (CSAT) indicó, tras una reunión este jueves, que "un candidato presidencial" obtuvo una exposición masiva en TikTok al no ser identificado como candidato político por la plataforma, lo que le permitió eludir la normativa electoral y eso le ayudó a ganar visibilidad.