Las grandes transformaciones sociales y políticas se ven mejor de lejos. Es fácil que pasen inadvertidas a nuestros ojos mientras están sucediendo porque, entre otras cosas, la vida normal continúa con sus afanes y esfuerzos. 

A lo largo de la historia de nuestro país hay un barómetro que mide cuán profundas son las medidas que se han ido adoptando, cuán intensas son las transformaciones que han producido y cómo su impacto ha aspirado a consolidar un nuevo marco para las relaciones sociales, económicas y culturales. 

Ese barómetro es el de la reacción. La natural resistencia a los cambios, tan consustancial al ser humano, su inercia y su apego a lo malo conocido frente a lo bueno por conocer, adquiere en España tal intensidad que nos sirve de indicador, de verificación de lo logrado. De esta manera, cuando se intentan ocultar con ruido los avances de un Gobierno, o cuando estos logros desaparecen por haber sido asimilados ya, basta con observar el cariz de la reacción para perfilar el alcance transformador de esas conquistas. 

Ocurrió tras el Trienio Liberal (1820-1823), que después de restituir la Constitución de 1812, avanzar en libertades e intentar levantar un estado moderno, terminó con la invasión francesa de nuestro país (los “Cien mil hijos de San Luis”), el retorno del absolutismo de Fernando VII y la reposición de la Inquisición. 

Ocurrió tras los avances logrados y ante los que iban a llegar con la II República: desde el voto de las mujeres hasta la prometida, necesaria y nunca llevada a cabo, reforma agraria. Fueron tales los avances, iba a ser de tal calado la transformación, se había catado la libertad de tal manera y se vieron posibles tales logros, que la reacción fue la mayor colección de atrocidades de nuestra historia: un golpe de Estado, una guerra civil y una larga dictadura que negó las libertades a los españoles y el progreso a la nación. 

Se dice que, en España, la derecha siempre manda solo que a veces no gobierna. En el actual período democrático ha moderado sus formas, aunque no ha liquidado sus vicios (corrupción, clientelismo, apropiación de símbolos…). Dice aceptar la Constitución, pero la incumple siempre que siente amenazados sus intereses y sus privilegios, y cuando pierde el gobierno responde con insultos, crispación y deslealtad.

Ahora ha elevado el tono y promete derogar el sanchismo, entendido como el conjunto de medidas de calado acometidas por el gobierno de Pedro Sánchez. Medidas como la reforma laboral que ha llevado a niveles de récord el empleo, especialmente el juvenil y el de las mujeres, el IMV, la subida del SMI, la actualización de las pensiones al IPC por ley, y su reforma para garantizar su sostenibilidad sin planes privados, o leyes como las que reconocen a los animales de compañía su capacidad de sentir y les aporta protección adecuada. 

Derogar el sanchismo es dar marcha atrás en derechos fundamentales reflejados en la ley de vivienda, la ley de eutanasia, la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y de garantía de los derechos LGTBI, la ley de garantía integral de la libertad sexual… Es derogar las leyes de educación, de formación profesional y de ciencia, las becas y las facilidades al estudio, la investigación y la formación… Es derogar la excepción ibérica que bajó el precio del gas y de la luz,  el impuesto a las grandes fortunas o a los beneficios estratosféricos de las grandes compañías.  

Quieren derogar el sanchismo porque, en un país sin desigualdad, ser un privilegiado carece de interés. Si no puedes contratar a precio de miseria a jóvenes y mujeres, ¿cómo sobrevivirán los negocios basados en la explotación de personas en situación vulnerable? Si la gente tiene cada vez más formación, ¿cómo vas a inculcar principios irracionales, privilegios de clase o de cuna, o cómo vas a mantener los ingresos extractivistas de las élites locales? Si cualquiera puede estudiar unas oposiciones a juez, ¿qué privilegio queda para quienes tienen uno o dos apellidos compuestos?

Quieren derogar el sanchismo porque, en palabras de Feijóo, molesta a la “gente de bien”. Porque no pueden vivir sin mirar a alguien por encima del hombro, porque se han quedado sin modelo de negocio miles de empresaurios que se sustentaban en el “esto es lo que hay y si no te gusta, tengo a veinte en la puerta”. 

Y lograrán retomar ese poder, esa vuelta atrás, si consiguen convencerte de que no vayas a votar o de que lo hagas en contra de tus intereses. Si estás entre esos dos tercios de la población que afirman en las encuestas que su vida ha mejorado con un gobierno progresista, ¿a quién crees que beneficia que gane esta derecha reaccionaria? 

La historia enseña, pero no se repite. Los cambios de gobierno tienen sus riesgos y en el actual momento concurren nuevos elementos que lo hacen innecesario e inconveniente a los intereses de la inmensa mayoría social. 

Uno de ellos es que la derecha nacional que intenta el asalto al gobierno se ha radicalizado. Hoy, como antaño, es la extrema derecha atrasadista, machista y patriotera la que marca el paso al partido conservador con las consecuencias que ya sabemos: menos libertad, un modelo económico fracasado y más desigualdad. Volverían los ajustes y los recortes en derechos y prestaciones sociales.

Otro es que el espacio de libertades y de progreso que supone la Unión Europea está siendo atacado por las mismas fuerzas reaccionarias que nos quieren gobernar. Ya lo han conseguido en Italia, y antes lo hicieron en Polonia y Hungría. Si España se sumara a ese bloque extremista y antieuropeo, las actuales políticas de la UE quedarían muy cuestionadas y sería muy probable su reorientación conservadora. Este embate, que conste, va más allá de nuestras fronteras.

No hablan del presente, ni hacen propuestas de futuro, porque ese derogar el sanchismo es lo mismo que volver a un mundo que ya no existe: el anterior a la moción de censura de 2018.

Si obtuvieran el apoyo suficiente aparecerá su espíritu reaccionario y contrarreformista y España retrocederá. Derogarán todo lo que puedan, en algún caso no podrán hacerlo y en otros ni siquiera lo intentarán. Pero su negacionismo hará que asuntos tan importantes y trascendentales como el cambio climático, la transición energética, la migración o la igualdad, por citar algunos, quedarán aparcados o relegados. No les importará el incremento de las desigualdades económicas y sociales, porque vestirán su desastre de herencia recibida. 

A tiempo estás de pararlo con tu voto. A tiempo estamos de evitar que la reacción, una vez más, frene el avance de las libertades y el progreso económico de España. 

Queda mucho por hacer, pese al alcance de la mayoría de las leyes aprobadas, porque muchas de ellas no han dejado de ser medidas paliativas frente a los efectos de la pandemia y de la guerra. En condiciones normales, un gobierno progresista podrá profundizar aún más en los avances logrados y en abordar otras tareas que las circunstancias vividas han obligado a aparcar. 

De esto van las próximas elecciones generales: de elegir retroceder sobre lo conquistado, o de elegir continuar este camino para seguir progresando.  

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Maxi Novillo es empleado público.

Cierto que hay mucho bulo y desinformación en los que caen muchos ciudadanos, pero no creo que sean decisivos a la hora de marcar una tendencia; por una sencilla razón: cuando se perciben cambios de opinión al principio muy sutiles, no se deben a méritos de la oposición sino a deméritos del Gobierno; la oposición está en su deber de desgastarlo y hacer ver a la ciudadanía lo mal que lo está haciendo; nos podremos quejar de cómo es esa oposición de desleal, etc., pero es así en todos los sitios, y se utilizan todos los medios habidos y por haber.

Las percepciones sutiles de ese cambio de tendencia empiezan a advertirse con los cambios en el código penal por los delitos de sedición y malversación; ahí ya sabíamos que el Gobierno se la jugaba y principalmente el PSOE, su impulsor, los beneficios han sido evidentes y por eso creo que ahí, en el tema catalán, como casi siempre, está la madre del cordero y el pie en el que cojea nuestra democracia (sin olvidar el tema vasco, que es paralelo); luego la tendencia ya subió de tono con la ley del sí-es-sí y las acitudes soberbias de las líderes de Unidas Podemos, su principal impulsora; ahí ya veíamos cernirse el peligro; y la traca final, el acabóse fue el "favor" que hizo Bildu con sus listas, y pies para qué os quiero! Tocata a rebato en tiempo de fugas... Y entre medias para qué contar, las disputas pueriles de Podemos con Sumar; por lo que sintiéndolo mucho: esto no hay quien lo arregle, "alea jacta est", que significa: "la suerte está echada".

¿Por qué?

Porque esas tres percepciones tienen mucho que ver con lo que llamo "intangibles simbólicos", es decir ideas ancladas en el inconsciente colectivo que atañen a aspectos fundamentales del "ser" (no del "existir"), ideas claves que son transversales y que nos atañen a todos seamos del color que seamos y que se resumen en un solo concepto: unidad. Unidad de la patria, unidad del gobierno, unidad del partido, unidad de la pareja, por ejemplo, y "ad laterem" defensa de la sociedad frente a los elementos dañinos que perturban esas diferentes unidades; y paradójicamente la pandemia y la guerra no han producido elementos aglutinantes sino disgregadores porque a causa de nuestro sistema descentralizado los anticuerpos que han provocado han sido hostiles al Gobierno.

Frente a esa aplastante realidad, la única alternativa es la valiente convocatoria de elecciones anticipadas para evitar una hemorragia aún mucho mayor. Ya sabemos que es injusto y que si bien el PSOE y Pedro Sánchez ya sabían que "quien con críos se acuesta, escarmentado alborea", no había otro remedio y que fue bonito mientras duró; pero el problema es que nunca es instructivo, no se aprende de los errores, no hay "meas culpas", cosa que no entiendo pues la primera medida cauterizadora es mirarse hacia dentro, señalar la herida para poner el esparadrapo correspondiente y evitar la infección.

El problema ahora es que las heridas, por mucho que echemos mercromina, han penetrado hasta el tuétano de los huesos y han provocado una necrosis irreversible. Incluso suponiendo que Sumar finalmente integre a Podemos, será un simple parche; porque salvo que todo el voto de la izquierda se oriente hacia el PSOE, cosa que dudo, la desconfianza subsistirá hacia otro gobierno de Sánchez apoyado en indepes y exetarras; con eso, el electorado ha dicho claramente, no se juega y da igual que todos vivamos en el mejor de los mundos posibles y que nuestros bolsillos estén boyantes. España es así, y a esa España, hay que reconocerlo, la derecha la entiende mejor.

En cualquier caso: Catalunya y Euskadi están ahí, no se olvide, que siempre serán los auténticos árbitros de la cuestión nacional. Pero ahora toca recentralización, es decir, regresión. De hecho, los catalanes ya han empezado a construir nuevas trincheras para el momento en que se constituyan las nuevas Cortes, con presumible mayoría de la derecha.

Así va el guion, pero como estamos en momentos de cisnes negros, lo mismo Pedro Sánchez con su característico espíritu de agónico luchador hasta la extenuación es capaz de torcer el rumbo de la fatalidad con todos los hados desfavorables.

La batalla definitiva está servida; se pueden perder batallas pero no la guerra. Las dos Españas sempiternas... No tenemos remedio.

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Francisco Javier Herrera Navarro es socio de infoLibre

Días antes de las elecciones del 28 de mayo, planteaba en estas mismas páginas que, después de las votaciones, nada quedaría igual, en tanto en cuanto los resultados iban a cambiar la configuración del espacio político de todos los partidos. Así ha sido.

El PP estrena tras las últimas elecciones el maillot de líder. Se supone que esta debería ser una gran noticia para ellos, pero parece que el adelanto electoral forzado por decisión de Pedro Sánchez ha complicado su agenda. Esta semana debería empezar a consumarse su llegada al poder en las comunidades autónomas y ayuntamientos donde han conseguido la victoria. Este desfile de celebraciones debe, sin embargo, apaciguarse o retrasarse en algunos casos, debido a la imprescindible negociación con Vox.

El PP ha tomado la decisión de retrasar la toma del poder en aquellos lugares en los que la presencia de Vox sea demasiado visible. Les preocupa que pueda afectar a un sector de extraordinario valor entre su electorado. Se trata de aquellos votantes que provienen del PSOE que pudieran sentirse incómodos apoyando ahora pactos con la ultraderecha después de haber abandonado a los socialistas por sus acuerdos con partidos más radicales a su izquierda. El disputado voto de los electores que viven entre PSOE y PP puede ser la clave decisoria el 23J.

La ventajosa situación de la que parte el PP, que cualquier partido desearía, viene acompañada de algunos dilemas complicados de gestionar. Para los populares, el ideal sería la celebración de las elecciones mañana mismo para que se repitiera en lo posible lo ocurrido el 28M. Consiguió dominar los temas de campaña (ETA y el pucherazo) con la estrecha colaboración de su ejército mediático, pero cuesta pensar que esos mismos argumentos sirvan para llegar con impulso suficiente hasta dentro de seis semanas.

Lo que más les conviene es una campaña que en la medida de lo posible no despierte y movilice al votante de izquierdas que duerme plácidamente en estado de hibernación. Veremos al PP, sus encuestas y sus medios insistir repetidamente en su segura victoria con el fin de que el abstencionista semicomatoso de izquierdas siga recostado. Igualmente, necesita que el votante moderado que ha venido del PSOE sienta que va a viajar en el tren que va destino hacia la victoria.

Al actual PP, que acaba de ganar en las urnas, le interesa que no pase nada nuevo, que no cambie la conversación global centrada en denostar y castigar la figura de Pedro Sánchez como paradigma de todos los demonios. El discurso del PP se cimenta en no tener réplica y mucho menos documentada o fidedigna. Por este motivo, veremos muy pocos debates, si es que llegamos a ver alguno. Los populares confían en que su discurso furibundo y demoledor contra el presidente Sánchez es mucho más efectivo que los esfuerzos del Gobierno por explicar cómo han conseguido sacar adelante al país en medio de todo tipo de hecatombes. Hasta ahora, la estrategia les ha funcionado.

En este arranque de la precampaña, los populares insisten en mantener el eje único de su discurso —derogar el sanchismo—, que se plasma en la absurda disyuntiva de elegir entre Pedro Sánchez o España. Este dilema da por hecho que los millones de españoles que han apoyado al Gobierno de coalición no son españoles o, como mínimo, apoyan la destrucción de su propio país. Tiene poco sentido, suena ridículo, pero sus seguidores compran el planteamiento. De ahí partimos. El único añadido que ha aparecido en su oferta electoral es el de incluir en el mismo paquete el cabreo que puede suponer tener que ir a votar a finales de julio, en pleno verano. Este es el nivel.

Pedro Sánchez ha podido resolver las dudas que las encuestas de opinión despertaban durante los últimos meses. El resultado electoral ha sido bastante nítido. Muestra que el apoyo general que ha recibido es porcentualmente similar al de las últimas elecciones generales, pero con tres importantes matices negativos. El primero es que se confirma que hay un trascendental trasvase de votos hacia el PP. No es muy importante en volumen, pero ayuda a situar a los populares por encima de los tres puntos de ventaja sobre los socialistas, lo que les puede garantizar ser la fuerza más votada el 23J. De todos los votos posibles, los que se van de un partido a un rival directo acaban matemáticamente por valer el doble, el que pierde uno y el que gana el otro a la vez.

Un segundo factor a tener en cuenta es que esa pérdida de votos del PSOE en el territorio más moderado quedaba disimulada, en buena medida, gracias a la llegada de nuevos votantes que procedían de su izquierda y que apostaron por el llamado voto útil, a la vista de la fragmentada y confusa situación que se vivía en plena descomposición de Unidas Podemos. En tercer lugar, parece observarse, junto a este corrimiento de votantes desde la izquierda hacia el centro derecha, que la caída del voto a la izquierda del PSOE se ve acentuada por una subida de la abstención en ese mismo espacio.

Si la izquierda quiere volver a gobernar, debe claramente conseguir revertir estos tres factores. Es imprescindible que el PSOE recupere al menos una parte de sus votantes prestados al PP. Es un votante moderado del que se necesita que recupere su confianza perdida, en buena medida motivada por los obligados pactos alcanzados para mantener la mayoría parlamentaria. La otra condición ineludible para poder gobernar es que Sumar se afiance como alternativa electoral y pueda superar a Vox y convertirse en tercera fuerza política. Es determinante que Sumar despierte al mayor número posible de los abstencionistas que han ido perdiendo su interés en votar en estos últimos tiempos.

La firma del acuerdo en Sumar abre una esperanzadora alternativa de solución a la oferta electoral de la izquierda en nuestro país. Para poder hacer frente a la alternativa que representa PP+Vox es indispensable que PSOE y Sumar puedan competir de igual a igual desde la perspectiva de la ley electoral. Jesús Maraña lleva semanas advirtiendo en sus comentarios que tan importante como llegar a un acuerdo dentro de Sumar era que éste fuera sólido y constructivo en la forma de concretarse. Tenemos acuerdo, pero, evidentemente, la polémica desencadenada tras la exclusión de Irene Montero no beneficia en nada al lanzamiento de la candidatura. Esperemos que a partir del próximo día 19, una vez oficializadas las listas, todos los implicados entiendan la importancia de mantener una voz unida e ilusionante.

El 9 de noviembre de 2016 yo estaba allí. El flash informativo salió a las 02:35 de nuestra privilegiada oficina en el National Press Building de Washington. “Trump gana las elecciones en Estados Unidos”. El flash en la Agencia EFE está reservado para la historia. Las noches electorales son el Disney de cualquier periodista con ganas de serlo. Las campañas electorales en Estados Unidos son el Disney supremo. Esa campaña y esa noche eran otra cosa.

Gané la porra electoral de la corresponsalía y fue un disgusto. Acerté la victoria de Trump porque me había tocado cubrir su campaña y la convención de Cleveland donde exactamente 125.000 globos azules, blancos y rojos lo certificaron como candidato republicano a la Casa Blanca. Estuve segura de que Estados Unidos sí sería capaz de cruzar el umbral del horror dos noches antes del Election Day, cuando tuve que dejar de reportear con un grupo de apoyo a Hillary Clinton porque Trump acababa de convocar un mitin en un área rural de Leesburg (Virginia) para unas horas después. Era un domingo por la noche a ocho grados. Llegó tardísimo, empezó después de las doce, y más de 15.000 personas de todas las edades lo acompañaron con euforia hasta el final.

La noche electoral del 8 de noviembre de 2016 fue otra cosa. Había ganado el candidato que basaba su campaña en el odio a la gente para la que nosotros escribíamos. En el odio a quienes, en parte, éramos. La mayoría éramos españoles con visa de periodista, una “visa de no migrante”, pero una visa al fin y al cabo. En esa redacción todos hablábamos la lengua de quienes ya habían empezado a sufrir el aumento de los delitos de odio. El daño empieza antes de que los ultraderechistas lleguen a las instituciones, pero el daño es infierno si penetran en ellas.

Bajé al 1600 de la Avenida Pensilvania, la puerta norte de la Casa Blanca, donde se protesta y donde se celebra en Washington. Y esa noche no había apenas ni de lo uno ni de lo otro. A Donald Trump lo rechazaron en las urnas el 95,9 % de sus nuevos vecinos. La capital empezaba su duelo. "Pasar de Obama a Trump es algo demasiado difícil de aceptar", me contó entonces Tiffany, una joven negra que vivió la "emoción colectiva" de la primera investidura de Barack Obama en 2009. Repasar los reportajes de aquellos meses para ser precisa con los datos en esta columna me ha puesto todavía más triste. La copia es demasiado exacta. Yo no volví a España para este cruel déjà vu.

El primer sábado después de la victoria de Trump, acompañé a mis amigas estadounidenses en una ruta de senderismo hasta el Annapolis rock de Maryland. Nunca las había visto tan apesadumbradas. Estaban asustadas por lo que iba a pasar, pero creo que en ese momento sobre todo estaban tristes porque no entendían su propio país. ¿Quién podía votar a un candidato racista, xenófobo, machista, ignorante, tan infame? Casi 63 millones de personas, casi la mitad de los que fueron a las urnas en esa nación de dimensiones continentales.

Lo primero que reconocieron los medios prestigiosos de Estados Unidos fue su parte de la culpa. Que en esa campaña habían emitido más minutos mostrando el atril vacío a la espera de Trump que contando esa parte del país tan enfadada, tan abandonada, como para entregarle la Presidencia a alguien que venía a romperlo todo. En un paréntesis de esta columna he tenido que cubrir cómo centenares de ganaderos han intentado entrar por la fuerza en la sede de la Junta de Castilla y León en Salamanca y lo he tuiteado. Nadie de los que han dicho, de alguna manera, “qué salvajes” me ha preguntado por qué protestan, qué les pasa para que, por una vez, hayan dejado solas las explotaciones en las que viven como esclavos. Vox avanza y crece en el mundo rural español. Cuando les cuestionas por qué les votan, suelen decir lo mismo: “Son los que nos hacen caso”, “los otros se ríen de nosotros”, “los otros se creen que somos tontos”, “estamos trabajando a pérdidas”, “nos están asfixiando”.

Yo en Washington no conocía personalmente a nadie que hubiera votado a Trump. Aquí conozco a gente, a bastantes chavales y a bastantes hombres, que votarán a Vox. Allí vivía en la capital político-periodística y aquí vivo en esa España mesetaria, rural, vacía que desde hace décadas siente que no cuenta, que no le importa a nadie, que su mundo conocido se acaba. Una de las razones para irme de Washington fue la sensación de que allí había más periodistas que noticias, y mira que había noticias. Me cansé de pensar que íbamos todos corriendo sintiéndonos muy importantes para al final dar la misma información mil veces. Sé que intentar escribir para medios nacionales e internacionales contando esta España olvidada es una quijotada mayor que la de irme de corresponsal a Washington con 23 años. Pero me siento útil, bien.

Me importa muchísimo el 23 de julio como periodista. Pero esta vez me juego mucho más como ciudadana. En 2016 yo sabía que estaba en Estados Unidos temporalmente, que si se ponía todo fatal podría pedir otro destino o volver tranquilamente a mi casa en Zamora. Ahora no tengo plan B y no quiero tenerlo. Después de muchas vueltas confirmé que España es el mejor país para vivir si te gusta este estilo de vida: la calle, la comunidad, las mesas eternas compartidas, la red de seguridad que sólo el Estado puede brindar. A mí este estilo de vida me gusta más que todo, me gusta muchísimo más que el dinero, porque en este estilo de vida no se necesita tanto. Y es más rico, dice el refrán, el que menos necesita. Me gusta tanto que es el que he elegido para mi hijo. No sé qué puedo hacer —nos preguntamos tantos estos días— para no tener que vivir aquí ese día después. Lo primero, digo yo, es pensar que nada está escrito, que todavía es posible. Hoy, aquí, es siempre todavía.

El adelanto electoral anunciado este lunes ha dado un vuelco al calendario energético de España. El encarecimiento de la factura de la luz y el gas derivado de la guerra de Ucrania y el impacto del cambio climático en la península dieron un impulso a la agenda energética del Gobierno el pasado invierno, pero medidas que estaban a punto de cerrarse se quedarán en el aire por las elecciones generales.

El desarrollo de la eólica marina, la ley de movilidad sostenible o el real decreto de comunidades energéticas se quedarán en un cajón, al menos hasta otoño. El futuro Gobierno también tendrá que concluir la revisión del Plan Nacional de Energía y Clima y de la Ley de Cambio Climático, mientras que la reforma del mercado eléctrico de Bruselas podría descafeinarse sin el impulso socialista durante la presidencia española del Consejo Europeo. La única norma que podría salvarse es la reforma de la tarifa de la luz regulada, la conocida como PVPC, que está lista para ir al Consejo de Ministros y podría salir adelante si la aprueba este órgano en el próximo mes y medio. 

Uno de los grandes proyectos del Ministerio de Transición Ecológica para este año era sacar por fin a concurso los primeros parques eólicos flotantes en España, una tecnología que lleva años de retraso en la península. El Gobierno publicó en febrero el esperado Plan de Ordenación de Espacios Marítimos que recoge en qué zonas del litoral pueden construirse molinos de viento para generar electricidad renovable, el primer paso para desarrollar un marco jurídico y para celebrar la primera subasta de eólica marina, que se esperaba para el segundo semestre de 2023. 

La subasta de eólica marina consiste en un concurso público donde las compañías presentan su propuesta para construir molinos en la zona acotada por el Gobierno para después vender la electricidad generada a la red nacional a un precio fijo mediante contratos a largo plazo, incluso a más de diez años. De esta manera, los promotores consiguen ingresos fijos y pueden asegurar que la inversión que supone investigar la tecnología y construirla es rentable. 

"El sector estaba convencido y preparado para que este año se llevase a cabo la subasta y las elecciones la dejan en el aire", dice un portavoz de una de las grandes promotoras de eólica marina en España. Tanto esta multinacional como muchas otras ya han estudiado las cuadrículas fijadas por el ministerio en el mar y tienen listos sus planes de construcción, por lo que solo necesitan que el futuro Gobierno elabore una regulación para esta tecnología y publique la subasta. "Si lo que esperábamos para este año se pospone a 2024, podríamos tener problemas para cumplir el objetivo de instalar 3 gigavatios antes de 2030", añade el portavoz. 

El real decreto que regula la creación de las comunidades energéticas también ha quedado paralizado por el adelanto electoral, ya que acaba de terminar el proceso de consulta pública y el siguiente paso sería llevarlo al Consejo de Ministros, aunque en Transición Ecológica desconocen por ahora si dará tiempo a sacarlo adelante. Esta norma llega dos años tarde porque traspone una directiva europea que España debía haber adoptado antes de julio de 2021. 

Las comunidades energéticas son modelos a gran escala de autoconsumo donde diferentes actores –vecinos, empresas y administración local– se unen para generar y consumir energía renovable. Por ejemplo, permiten instalar paneles solares en un colegio o una fábrica para dar luz a un vecindario y alimentar una electrolinera para recargar coches eléctricos. Aunque la comunidad energética ya existe como figura jurídica en la legislación española, carece de una normativa concreta que especifique cómo se constituye, cómo una persona se puede incorporar o salir de ella o cómo funciona la venta de electricidad sobrante a la red. En todo caso, el siguiente Gobierno tendrá que retomar esta norma, ya que su trasposición a la legislación nacional es obligatoria. 

Igualmente, el futuro ministro de Transportes tendrá que hacerse cargo de la ley de movilidad sostenible, que desde el lunes pasado fue enterrada definitivamente porque se encontraba en trámite parlamentario y las Cortes se han disuelto. Esta ley estaba pensada para impulsar el coche eléctrico, reducir la contaminación del transporte de mercancías y mejorar el transporte público, aunque fue muy criticada por las organizaciones sociales.

"La ley tenía de sostenible el nombre. Su principal carencia es que no tenía objetivos a alcanzar. Habla de promover y avanzar en descarbonización, pero de manera vaga y sin hablar de porcentajes", opina Juan F. Martín, responsable de Cambio Climático de la Fundación Renovables. Esta ley de movilidad también tendrá que retomarla el siguiente Gobierno porque forma parte del Plan de Recuperación comprometido con Bruselas. 

El real decreto que sí es posible que vea la luz en esta legislatura es la reforma del mercado regulado de la luz, el conocido como PVPC. El año pasado el precio de la luz de millones de familias se disparó por el encarecimiento del gas y el Gobierno preparó esta reforma a toda prisa durante el invierno para evitar que en el futuro las familias sufran de manera directa los vaivenes del mercado en la factura eléctrica mensual. 

El real decreto que modifica el PVPC está listo para ir al Consejo de Ministros tras el visto bueno del Consejo de Estado y recoge que a partir del 1 de enero de 2024 el precio de la luz en el mercado regulado no solo se fije mediante una subasta diaria, sino que tenga en cuenta también una cesta de precios de la luz en el mercado de futuros. De esta manera, aunque el gas en el mercado internacional se dispare de un día para otro, el consumidor tardará en sufrir la subida, lo mismo que cuando el precio baje bruscamente. 

Según fuentes del sector, si este decreto se paraliza por las elecciones y se aprueba en otoño –si así lo quiere el futuro Gobierno–, podría tener problemas para ser implementado. Las compañías necesitan tener esta base jurídica aprobada antes de verano porque en el segundo semestre de 2023 las eléctricas acudirán al mercado a comprar electricidad a futuros, y el precio que paguen servirá para fijar esa cesta de precios que permitirán fijar el próximo año el precio del PVPC. En todo caso, la importancia de esta reforma ha perdido peso en los últimos meses, ya que el precio de la luz se ha estabilizado. 

Por último, la revisión del Plan Nacional de Energía y Clima es el único que tiene garantizada su salida bajo el actual Gobierno, pero su recorrido estará muy ligado a quien ocupe la Moncloa en la próxima legislatura. Este documento es el pilar de la política energética de España, ya que establece qué porcentaje de energía limpia producirá el país en 2030 y qué tecnologías verdes se impulsarán. El texto tiene que ser enviado a Bruselas antes del 30 de junio y Transición Ecológica lleva meses elaborándolo, por lo que será un plan continuista, en la línea del que lleva vigente desde 2021.  

Sin embargo, la Comisión devolverá a España a lo largo del verano el texto con las modificaciones que considere, y ya será el siguiente Gobierno el que decidirá si implementa los cambios de Bruselas o si incluso redacta de nuevo el plan. Hay margen de maniobra, ya que la versión definitiva del texto debe estar lista el 30 de junio de 2024. Los objetivos del PNIEC son los que después se trasladan a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, por lo que esta última tendrá que ser revisada después para equiparar las nuevas metas de descarbonización. 

Con todas estas leyes clave sobre la mesa, Juan F. Martín, de la Fundación Renovables, reconoce que temen un giro de 180 grados si el PP llega al Gobierno junto a Vox. "Vox ya ha dicho que quiere eliminar la Ley de Cambio Climático. No creo que el PP esté dispuesto a esto, pero sí creo que hay un riesgo muy alto de que los avances en medioambiente se rebajen por poner estas políticas en manos de retardistas", opina.

El pérfido Sánchez dio la campanada. ¡Adelanto electoral! Los cabalistas más reputados de la prensa española se estrujan las sienes intentando sondear el oscuro abismo de la mente presidencial. "Es un genio", dice uno. "¡Es idiota!", dice otro. Los analistas, si no descansan, son como niños.

Por lo visto, don Pedro convocó al sanedrín mientras se les hundía el Titanic. "Tengo una idea buenísima". Bravo, titán, ¡estadista! Los alcaldes desvarados haciendo palmas con las orejas, que las cámaras están mirando. Viva mi dueño.

¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No, es Yolanda Díaz! Tanto "proceso de escucha" y al final, la casa sin barrer. Discusiones en la cúpula del trueno. ¿Lo huelen? Es el embriagador tufillo a discurso sentimentaloide y rencillas personales. "La gente no entendería que no llegásemos a un acuerdo", declara un famoso dirigente mientras intenta estrangular a un camarada con el cargador del iPhone. Por todas partes, los simpatizantes imploran: "queremos un proyecto ilusionante". Válgame el cielo. Nunca he visto a un conservador ir a votar encandilado, pero el buen izquierdista no solo quiere una candidatura que defienda milimétricamente (todas y cada una de) sus convicciones; además (por contrato), fe, esperanza y caridad.

Así lo declaró José Luis a los micrófonos de infoLibre: "La involución reaccionaria es preocupante, pero, moralmente, no puedo legitimar con mi voto a un partido que no proteja los derechos de la mosca almizclera". No hay entente más izquierdoso que la Unión Onanista-Abstencionista.

Del otro lado, los defensores de "la moción de censura para echar a Sánchez" están disgustadísimos. No hay quien los entienda. Ayer tronaban porque los rojos no dejaban que los obreros se achicharrasen al sol; hoy lloriquean porque hay que votar en julio. "Los comatosos y los pacientes en cuidados intensivos no pueden hacer bajo el rigor de la canícula". Columnistas extremadamente moderados están dispuestos a destapar el pucherazo: ¡vacaciones o democracia! El departamento meteorológico de este periódico se ha puesto a trabajar la impugnación de todos los resultados electorales logrados en días de frío, lluvia o levante.

Ojalá se pudiese, no sé, votar por correo. La otra tarde escuchaba en la radio una denuncia estremecedora: no habrá carteros suficientes. Y así fue, niños, cómo el email y el verano acabaron con la democracia representativa. Pongo la oreja y oigo: "se están haciendo colisionar dos derechos fundamentales, el sufragio universal y tomarse unas coquinas en Chipiona". Tienen razón, yo iría llamando a los cascos azules.

En fin, que Sánchez es un oportunista. Me pinchan y no sangro. Que quiere salvarse a toda costa: será el primero. Pero si yo quisiese "desmontar el Sanchismo" (¿qué carajos será eso?) –cáncer del Estado de Derecho, pecado que clama la venganza del cielo–, no esperaría un segundo. España bien vale una misa (o sacrificar unas gambitas de Huelva o un arroz en Alicante).

No quisiera olvidarme del mayor damnificado por la treta electoral. ¿Ciudadanos? Tranquilos, esos ya no sufren. "Han dejado la política", dicen. Ja. Por voluntad propia, ¿no te jode? No, no… ¡su majestad, el rey! "El adelanto electoral y el calendario compromete la posibilidad de descanso del Jefe del Estado y limita mucho sus vacaciones", titulaban en EL MUNDO. Por fin un argumento de peso: hay que parar la democracia.

El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez un día después del fracaso de la izquierda en los comicios autonómicos y municipales ha forzado a todos los partidos a afrontar una nueva campaña electoral sin haberse recuperado de la anterior y sin acabar de digerir los resultados del 28M, que vuelven a teñir de azul el mapa de poder territorial. En este contexto, el ajustado margen que tiene Podemos —y el resto de partidos a la izquierda del PSOE— para negociar con Sumar la futura coalición electoral les ha servido para esquivar el debate público — y la asunción de responsabilidades— sobre los errores que les han llevado a esa contundente derrota.

Aunque el PSOE perdió todos sus gobiernos autonómicos a excepción de Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra, la verdadera debacle se produjo por su izquierda. Podemos e Izquierda Unida, que concurrían conjuntamente en 10 de las 12 autonomías en juego, han pasado de tener 49 escaños a 18 en los parlamentos regionales. De los seis gobiernos autonómicos que aspiraban a revalidar, solo pueden conservar Navarra —y podrían entrar en Asturias—, al tiempo que han desaparecido de la Comunidad de Madrid, de la Comunitat Valenciana y de Canarias. En el ámbito municipal también se perdió la simbólica alcaldía de Barcelona, aunque IU capeó mejor el temporal y logró mantener algunos de sus bastiones, como Zamora o Rivas (Madrid).

La dirección de Podemos asume que se trata de un "mal resultado" que les deja en una posición de debilidad dentro de Sumar, el proyecto encabezado por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Los morados siempre han reivindicado que son el "motor" de ese espacio, pero saben que ahora no tienen mucho margen para negociar. Ante la nueva convocatoria electoral, distintas voces de la dirección de Podemos consultadas por infoLibre señalan que aún no "ha habido tiempo" de analizar en profundidad sus errores, pero sí dan algunas pistas de lo que creen que no ha funcionado de la campaña del 28M.

La falta de unidad ha perjudicado las opciones de la izquierda. Ese es uno de las principales conclusiones tras el 28M. Podemos sí alcanzó acuerdos con IU en la mayoría de territorios y, aunque tanteó a formaciones como Compromís y Más Madrid, ambas lo rechazaron. Una situación que perjudicó especialmente a los morados al no sobrepasar la barrera del 5% allí donde competían con estas fuerzas. ¿Y cómo se explica Podemos que no hayan logrado superar esa barrera? Las explicaciones difieren en función del interlocutor —y no faltan las alusiones al papel de los medios — aunque hay un consenso generalizado en que ha pesado el hecho de que sus candidatos fueran menos conocidos que sus rivales y, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, creen que ha faltado un trabajo de oposición como sí ha hecho Rita Maestre los últimos años. Asimismo, creen que gran parte del electorado no les ha percibido como una opción "útil" por estar precisamente en esa barrera del 5%.

De cara al 23J, Yolanda Díaz quiere que todos los actores a la izquierda del PSOE confluyan en su proyecto. Si esto ocurre, Sumar podría sortear los efectos antiproprocionales de la ley electoral y luchar por la tercera plaza con Vox. "En números globales la derecha no tiene mayoría absoluta", reflexionan voces del espacio, que creen que Cataluña y Euskadi podrían jugar un papel decisivo para lastrar el avance de Alberto Núñez Feijóo.

La batalla cultural será, a todas luces, uno de los elementos de la campaña del 23J. Fuentes de la dirección de Podemos admiten que en el 28M han hecho una campaña "muy defensiva" que no les ha beneficiado y que han perdido la capacidad de marcar el "debate nacional". "Hemos dejado los marcos a la derecha, que ha apostado muy fuerte por el debate nacional y ha conseguido colar consignas como ETA, fraudes electorales y derogación del sanchismo", explican. En ese sentido plantean que hay que tener un "proyecto claro e ilusionante" para contrarrestar el discurso de las derechas.

"El 15M y sus efectos unificaron a todas las dispersas fuerzas de la izquierda, después, como casi siempre ocurre, vinieron las divisiones. Me temo que los análisis están sesgados por los puntos de vista de cada fragmento, olvidando lo que realmente ocurre", señala el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, en conversación con este periódico. Monedero cree que, como resultado de esta división, la derecha tiene más claridad ideológica que la izquierda y acierta en el diagnóstico. "Con motivo de la pandemia, la derecha decidió dejarle a la izquierda, en palabras de Miguel Ángel Rodríguez, 'todo lo feo', mientras que ellos solo iban a hablar de lo luminoso. Y ahí nos encontramos con la izquierda hablando de eutanasia, muertes, residencias, confinamientos, colas del hambre, mientras la derecha hablada de cervezas, terrazas y bocadillos de calamares. En esa batalla cultural, entendieron mejor qué necesitaba la gente. Y como no tienen escrúpulos, se lo dieron. Aunque dejaran morir a los ancianos en las residencias", explica Monedero.

En Podemos creen que el resultado del 28M ha demostrado que no solo vale con gestionar para conseguir apoyo. La política, creen, ya no se rige por las decisiones sino por las emociones. "Nos estamos jugando que las medidas que se han conseguido en el Gobierno de coalición se puedan perder", lamentan desde el espacio. Por ese motivo creen que sí hay que apelar la gestión, pero haciendo una campaña "en positivo" porque "el miedo a Vox" ya no funciona.

Así lo explica Monedero: "Hay que revertir el relato. Son las encuestas donde la gente dice que le va bien o muy bien en lo económico y, sin embargo, el país se hunde", lamenta. El cofundador de Podemos cree que "pesa más el odio a la izquierda" que "las barbaridades que haga la derecha" y por eso no se ven las consecuencias de votar al PP y a Vox. "Hay una alienación que no se puede desmontar racionalmente porque es emocional. De manera que la campaña tiene que ser emocional: la gente que no se ha tirado por la ventana, quien ha podido hacerle un regalo a sus hijos, la pareja que se iba a separar al no poder pagar el alquiler y siguen juntos, el matrimonio que puede seguir pagando la hipoteca, el viejo que puede ayudar a sus nietos, el ser querido cuidado en el hospital con cariño", expone.

Podemos no escatima sus críticas a los medios de comunicación, a los que atribuyen gran parte del desgaste electoral que lleva sufriendo el partido desde 2016. En la campaña electoral del 28M, esas críticas se multiplicaron hasta el punto de que una de las promesas del candidato a la alcaldía de la capital, Roberto Sotomayor, era "quitarle la medalla" de oro de Madrid a la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana. Otro de los periodistas que se sitúa en su radar es el presentador de Al Rojo Vivo y directivo de laSexta, Antonio García Ferreras. En uno de los últimos mítines de la campaña, Pablo Iglesias centró gran parte de su intervención en criticar a Ferreras y al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Algunas voces apuntan a que esta estrategia no funciona y solo interpela a los más afines.

Sobre esta cuestión, Monedero cree que "convencer a la gente de que quien te habla todos los días te está mintiendo es muy difícil": "Sale mal casi siempre porque el desequilibrio es brutal. Porque mienten al tiempo que dicen verdades y son la pantalla al mundo. Es el último samurai con la katana frente a los cañones del ejército imperial", ironiza.

Todas las fuentes consultadas aseguran que entrar en el Gobierno de coalición ha sido una buena decisión, pero algunas de ellas reconocen que hay un "desgaste" evidente por ello que pagan en las urnas, especialmente con las leyes de Igualdad. Aseguran que la derecha ha tratado de "ridiculizar" al máximo a la ministra Irene Montero hasta el punto de hacerle parecer "incompetente". Una situación que se ha acrecentado con la ley del solo sí es sí y el goteo de revisiones a la baja, lo que les ha hecho "mucho daño". "Ahora que el PSOE ha reformado la ley con el apoyo del PP hemos dejado de ver titulares diarios del tema", señalan.

Reconocen también que la convivencia con el PSOE ha sido complicada y que la derecha ha utilizado los reproches a los ministros socialistas como "un arma" para atacarles. Aun así, están convencidos de que el futuro solo pasa por otro Ejecutivo de coalición en el que esperan tener "más fuerza". Asimismo, consideran que es vital que se impulse una agenda progresista desde los movimientos sociales y combinar ese rol con el de la institucionalidad.

Nació con un cartel de su fundador en bolas y se va con lo puesto. Es Ciudadanos, el partido llamado a ser bisagra, fundado en 2006 y circunscrito a Cataluña como respuesta al avance nacionalista que, como muchos partidos de centro, ha tenido una vida intensa y precoz. Este martes, el Comité Nacional del partido ha decidido no presentarse a las elecciones generales del 23 de julio. Réquiem por un muerto.

Hay una fecha que coloca a Ciudadanos ante el abismo: la de junio de 2019, cuando Albert Rivera, su creador y referente, tomó la decisión de no apoyar la investidura de Pedro Sánchez cuando la formación gozaba de su mejor momento político, con 57 diputados tras las generales de abril de 2019 y una amplia implantación territorial que incluía, entre otras grandes plataformas, la vicepresidencia del gobierno de Andalucía y por otro, la de Madrid y de Castilla y León en gobiernos presididos por el Partido Popular. En el primer caso, formó parte del cambio político a favor del PP tras 37 años de gobiernos socialistas y en el segundo caso atornilló bien fuerte al sillón de la presidencia al Partido Popular sin propiciar ese cambio del que hablaban. La muleta del cambio, a grandes rasgos, sólo sirvió para favorecer al PP.

Quien fuera el chico mimado por una potente corriente de intelectuales de corte centro conservador de Cataluña y España y de no pocos directivos de las empresas del Ibex 35, aquel ganador de jovencito de la Liga Nacional de Debate Universitario cuyo discurso persuadió a una parte importante de los líderes de prensa, aquel político que encandilaba con esas llamadas a la convivencia en Cataluña, la mirada europeísta y a no jugar a “ser ni izquierda ni derechas sino útiles a los españoles”, aquel verano de 2019 apretó bien los tornillos de su bisagra política para que la hoja de la puerta de Ciudadanos, también a nivel nacional, sólo se abriera para un lado: la derecha.

Según las distintas tesis, Rivera sucumbió al cuento de la lechera y a una demoscopia dudosa que le auguraba un sorpasso frente a un PP de liderazgo flojito con Pablo Casado. Otras voces también hablan de que a Rivera le pudo la notoria falta de sintonía con el presidente Pedro Sánchez en un duelo de testosterónico.

Hay voces, las de las crónicas rosas, que incluso apuntan a aquel verano Rivera andaba a sus cosas recién iniciada una nueva relación sentimental. Se han publicado libros que reconstruyen aquellos días, como el de Fran Hervías, Ciudadanos. La historia jamás contada (Atalaya), secretario de Organización del partido a nivel nacional y uno de los que, tras Rivera, abandonó el barco para encontrar acomodo en el Partido Popular. Siguiendo su estela, han sido decenas de dirigentes, consejeros y cargos medios naranjas que continuaron el camino de la derecha. La lista es larga en Andalucía, Madrid, Murcia y decenas de corporaciones municipales.

Con todo ese cúmulo de razones en la mochila, Rivera decidió no apoyar la investidura de Sánchez tras las elecciones de 2019 y cavó la tumba.

La consecuencia directa fue que en la repetición electoral de noviembre de 2019, los naranjas se dejaron 40 diputados por el camino. Rivera salió de la política y legó a los suyos un discurso acerado que, en algún momento desde la tribuna, ha sonado más enconado con el gobierno de coalición que, incluso, el de Santiago Abascal. Tal ha sido el tono de Inés Arrimadas a lo largo de la legislatura.

“Está frustrada”, opinan algunas voces de la prensa habitual en la cámara baja de la heredera de un barco a la deriva que, recordemos, consiguió la gesta en las autonómicas de Cataluña de que Ciudadanos fuera la fuerza más votada en la tierra de los secesionistas.

Después del incendiario otoño de 2017, en las elecciones de aquel 21 de diciembre de 2017 Arrimadas ganó en votos (más de un millón) y en escaños (37) pero no obtuvo una mayoría suficiente para gobernar. A la vuelta de la Navidad, la dueña de ese inédito caudal de votos para un partido tan joven decidió no presentarse a la investidura y al poco se sentó en el escaño de al lado de Albert Rivera en el Congreso hasta que, a partir de noviembre de 2019, le tocó ocupar el sitio del jefe dimisionario.

En el tiempo de su mandato sólo ha encadenado disgustos: Arrimadas ha vivido la moción de censura abortada en Murcia que, como con un efecto mariposa, se cargó la convivencia en el gobierno del presidente López Miras y motivó el adelanto electoral en Madrid, aquello libró a Ayuso de su socio naranja, luego tocó la repetición electoral en Castilla y León que dejó a un solo procurador en la cámara autonómica –Francisco Igea, su enemigo en primarias-, luego vino la pérdida del gobierno de la ciudad de Granada (allí también con un acuerdo de gobierno para el PP que primero le cedía la vara de mando a los naranjas) y, como broche, hace un año, llegó la desaparición de Ciudadanos en Andalucía tras el 19J. Desastre tras desastre. También Arrimadas ha dado un paso al lado y cedió el mando a otros en un proceso de primarias trufado de egos para repartir la miseria.

Este martes, Adrián Vázquez, secretario general del partido naranja, un dirigente poco conocido tras el último proceso de refundación, ha anunciado que el Comité Nacional del partido ha decidido no concurrir a las elecciones generales del próximo 23 de julio con las que Pedro Sánchez ha respondido a su fracaso electoral del 28M. El escenario empujaba a ello: salvo algunos ayuntamientos de entidad menor, los naranjas han desaparecido del mapa de local y autonómico de España, incluido el Ayuntamiento de Madrid donde hasta el domingo Begoña Villacís, uno de los rostros más reconocidos a nivel nacional de la formación, era vicealcaldesa de la capital. En plena campaña, trascendió además que Luis Garicano, que en su día sonó como ministro de Economía del gobierno PSOE-Cs que sólo existió en las crónicas de hipótesis, se sumaba al equipo económico de Génova. Otro palo más.

El esfuerzo de meterse de lleno en una campaña de generales, por mucho que concentraran sus fuerzas en un par de territorios donde todavía se escuchan sus mensajes, hubiera sido una tarea tan titánica como infructuosa. “El mensaje de las elecciones ha sido muy claro. La oferta del centro liberal en España no ha tenido fuerza. (...) los españoles no nos ven como una buena alternativa transformadora. No es una buena noticia para nosotros, el comité nacional ha decidido que no concurramos en este ciclo electoral mientras nos preparamos para el nuevo escenario político”. Ha sido el mensaje trasladado por el eurodiputado Adrián Vázquez, una de las caras que ha liderado este último trecho junto a Patricia Guasp, portavoz nacional del partido que con esta decisión hace un último y enésimo favor al Partido Popular, que ya prácticamente había engullido a su electorado por completo pero que con su desaparición se presenta como un partido que no tiene nada a su izquierda hasta el PSOE.

Según ha trascendido, ha habido un “intenso debate” en el seno del Comité Nacional y los que quedan en Ciudadanos han quedado en verse de nuevo en julio y preparar el “escenario político futuro”. Un mensaje que abre tímidamente la puerta, quizás, a concurrir en las elecciones europeas de junio de 2024, una institución, por otro lado, donde Ciudadanos tiene casi más peso político que en España con cinco eurodiputados. Pero todo suena a un ya si eso de libro.

Con los datos de estas elecciones municipales en la mano, la descomposición del partido ha llevado a que apenas 300.000 electores hayan cogido la papeleta naranja el pasado domingo 28M, un 1,35% de los votos, que se traduce en 392 concejales con Aragón como principal territorio y, en la mayoría de los casos, ligados a candidatos con gran tirón popular en municipios pequeños.

¿Qué hará esa resistencia naranja que todavía no ha entregado su papeleta al PP en esta convocatoria de elecciones generales?

En un momento en que en los dos grandes partidos políticos están con la calculadora en la mano para proyectar mayorías posibles para gobernar, Paloma Piqueiras, vicepresidenta de la Asociación de Comunicación Política (ACOP) y profesora de la Universidad Complutense, traza una diferencia entre el voto de Ciudadanos en Cataluña y el voto de la formación en el resto de España “porque no votan en el mismo sentido”.

El nacimiento de Ciudadanos, recuerda, remite a poner freno al avance nacionalista y ese voto que aún queda en Cataluña “puede verse identificado con el talante moderado de Salvador Illa, que ha devuelto al PSC a un espacio de entendimiento constructivo”, opina la politóloga. Con todo, queda por ver si finalmente ese votante cogerá la papeleta del PSC o se queda en casa, hastiado de todo un poco.

En el resto de España, la tendencia, según Piqueiras, es la del voto conservador, fundamentalmente al Partido Popular de Núñez Feijóo, aunque habrá quien se sienta identificado con el discurso de Vox, pues también ese perfil extremo integró las lista de Ciudadanos en algunos territorios en los que hicieron fortuna un tiempo en el que los naranjas hablaron de ser bisagra pero en la práctica abrieron siempre la puerta para el mismo lado.

El Comité Nacional de Ciudadanos ha acodado este martes no presentar listas a las elecciones generales del próximo 23 de julio al considerar que "el mensaje de las elecciones locales ha sido muy claro" y que su partido no es visto como una fuerza transformadora, informa Europa Press.

Tras conocerse el anuncio de elecciones generales anticipadas, la dirección de Ciudadanos convocó de urgencia al Comité Nacional al ser "el único órgano del partido que tiene la potestad" para tomar una decisión sobre la concurrencia a las elecciones, según explicó el secretario general, el eurodiputado Adrián Vázquez.

Desde la debacle de noviembre de 2019, que llevó a dimisión de Albert Rivera, Ciudadanos ha ido acumulando fracasos en las distintas citas electorales de los últimos años. Los comicios autonómicos y municipales del domingo supusieron otro duro varapalo ya que no lograron representación en ninguna de las autonomías en liza y perdieron casi todos sus concejales de hace cuatro años.

Ni siquiera la portavoz nacional del partido, Patricia Guasp, consiguió revalidar su escaño en el Parlamento Balear y también la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se quedó sin acta.

Para entender el sorprendente adelanto de elecciones generales anunciado este lunes por Pedro Sánchez (ver aquí), conviene releer su Manual de resistencia, especialmente el capítulo 3 —el que narra su periplo por España luchando contra viento y barones por la recuperación de la Secretaría General—, para comprobar que, en su concepción de la acción política, a veces sólo puedes defenderte atacando. De nuevo el baloncesto como inspiración estratégica. Nadie, ni el propio Feijóo, contemplaba un resultado electoral como el que se ha encontrado el PP este domingo. Ha sido tan abultado y contundente que cabría esperar una disculpa de González Pons, de Ayuso y del jefe de ambos: ¿algo que añadir a ese “riesgo de pucherazo” que propagaron? Qué rostro. Cuánta irresponsabilidad. Trumpismo en versión castiza.

La decisión de Sánchez es audaz, es arriesgada, y sólo su resultado final indicará si pasará a la historia política como una genialidad o una temeridad (Esperanza Aguirre, gran seguidora de la corriente filosófica de los sexadores de pollos, lo expresaba de forma más gráfica: “a cojón visto, macho seguro”). Pero a esta hora del lunes ya resulta indiscutible que ha logrado lo que no consiguieron ni él mismo ni su partido durante toda la campaña del 28-M: cambiar la conversación pública y marcar la iniciativa. Por más que Sánchez insistía en anunciar medidas de carácter económico, social, laboral o cultural (tantas que quizás llegaron a confundirse con promesas electoralistas en lugar de decisiones reflejadas en el BOE), el hilo conductor impuesto por las derechas políticas y mediáticas empezó resucitando a ETA y terminó poniendo en solfa la solvencia del sistema electoral español por los casos localizados de compraventa de votos por correo (ver aquí). 

La convocatoria anticipada de elecciones generales corta de raíz lo que iba a llenar portadas y telediarios en las próximas semanas y meses: quién tuvo la culpa de la derrota, qué cabezas hay que cortar como ideólogos estratégicos, qué condiciones exige Podemos a Yolanda Díaz para llegar a un acuerdo de cara a diciembre, cuánto tiene que equivocarse Tezanos para devolver al CIS el crédito que merece… y unas cuántas preguntas más, algunas llenas de lógica y otras forzadas. 

El anuncio de Sánchez pilla con el pie cambiado a la amplísima nómina de vencedores del 28-M, que calculaban disfrutar las mieles del éxito hasta el otoño. Una victoria cuyos elementos clave pueden resumirse así: el PP ha ganado en votos en el total de las municipales, gracias fundamentalmente al hundimiento absoluto de Ciudadanos; el PSOE pierde 1,2 puntos de apoyo en ese mismo voto municipal, con una distancia de unos 700.000 por debajo del PP, que son los votantes socialistas que se calcula que se han quedado en casa, desmovilizados, desmotivados o irritados; el contundente cambio de color en el mapa de poder de las comunidades autónomas en liza, más allá de mayorías absolutas como las de Madrid, tiene relación directa con el citado desastre de Ciudadanos, la fortaleza de Vox pendiente de trasladar de las últimas generales a ayuntamientos y autonomías y, por último, con el hecho comprobable de que Unidas Podemos y los acuerdos a la izquierda del PSOE se han quedado en no pocos territorios a unas décimas del 5% imprescindible para obtener representación (ver aquí). 

No son estas conclusiones (insisto, comprobables) las que restan mérito a la indiscutible victoria de las derechas este 28-M (lean aquí a Daniel Basteiro). En mi opinión, lo lamentable es que se demuestra por enésima vez que en España existe un sistema político-económico-mediático-judicial (otros lo llaman ‘Estado profundo’) para el que todo vale con tal de mantener o recuperar el poder ejecutivo y el legislativo. Lo diré de otro modo, por más que a uno le cueste ampliar la caterva de insultos y difamaciones que recibe en las redes (o en los comentarios) desde la valentía del anonimato: se puede ser progresista o conservador, socialdemócrata o comunista, neoliberal o ecosocialista… pero ante todo se tiene que ser demócrata. Y España sigue padeciendo a amplios sectores de la derecha que demuestran alergia a la democracia, y prefieren utilizar el bulo, la desinformación o la calumnia para liquidar al adversario, por lo civil, por lo penal o por lo electoral. Sólo así se entiende el desparpajo con el que seguimos asistiendo a técnicas antisistema por parte de las principales fuerzas del espectro conservador: ETA está viva, el sistema electoral no es fiable y el Poder Judicial no se renueva porque no nos da la gana. Ahí lo dejo.

Pedro Sánchez, ante la evidencia de que se avecinaban meses a la defensiva bajo el relato victorioso del 28-M para el PP y Vox, ha tirado por la calle del medio, que es la mejor avenida en democracia: la de las urnas. ¿Quieren derogar el sanchismo? Aquí me tienen. Discutamos, de paso, si este país prefiere seguir hablando de un terrorismo derrotado, de unas okupaciones hiperexageradas, de un apocalipsis económico negado por la realidad y por todas las instancias internacionales… Y haría bien Sánchez en no empecinarse en protagonizar toda la respuesta en la próxima campaña. Porque en el plano económico, por ejemplo, tiene más crédito y valoración Nadia Calviño que el presidente a la hora de explicar dónde está España y adónde puede y quiere llegar. ¿Con quién del PP o de Vox puede discutir Calviño —de igual a igual— sobre políticas económicas y fracasos del neoliberalismo? 

Por supuesto que el órdago de Sánchez tiene riesgos. Quizás la ola de euforia, de optimismo y de “cambio de ciclo” a la que el PP se ha subido, con la inestimable ayuda de tropecientas cabeceras mediáticas, sea ya imposible de frenar. O puede que la fecha elegida, en mitad de la primera fase de vacaciones veraniegas, desmovilice más de lo que pueda resolver el demonizado voto por correo. Lo sabremos la noche del 23 de julio. Pero mucho antes conoceremos si se cumple otro de los objetivos del arriesgado anuncio: Sumar y Podemos tienen diez días para liquidar diferencias y remar a favor de un nuevo gobierno de coalición progresista. No hay más margen si todas y todos asumen la responsabilidad de intentar frenar una ola reaccionaria que no es exclusiva de España, pero que aquí enlaza con décadas (si no siglos) de concepción patrimonialista y clientelar del Estado. Uno sospecha que el próximo pulso electoral no va de derechas o izquierdas, ni de fachas o progres, sino de democracia moderna —con un Estado del bienestar imperfecto y mejorable— o de neoliberalismo retrógrado, patrocinador exclusivo del ‘sálvese quien pueda’. 

Que acierte Sánchez o se equivoque, sólo se comprobará en la noche del 23 de julio. Quienes hasta ahora lo dibujaban como un individuo insaciable de poder, que haría lo que fuera por mantener la poltrona, difícilmente discutirán que con este anuncio se juega, a los 51 años, su carrera política. (Ninguna pena. Más nos jugamos todas y todos los demócratas, creo). 

Los españoles irán a las urnas el domingo 23 de julio, menos de un mes después de que España asuma la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea. Ni es la primera vez que sucede (Macron llegó al Elíseo en plena presidencia francesa y los checos cambiaron de Gobierno por moción de censura en 2009) ni debería afectar a las instituciones europeas.

La presidencia española es lo que se llama “una presidencia dorada”, porque es la última presidencia completa antes de los comicios europeos de mayo de 2024. Como explicaba en Política Exterior el diplomático Pablo Rupérez, “en nuestro semestre previsiblemente se cerrarán numerosos proyectos legislativos. Negociar en representación del Consejo para lograr acuerdos en las múltiples reuniones será una de las mayores responsabilidades del semestre español”.

El 13 de julio será una fecha importante. Ese día Sánchez dará un discurso ante el pleno del Parlamento Europeo. Lo que suele ser una intervención institucional con respuestas institucionales probablemente se convierta en un ataque sin cuartel de la derecha y la extrema derecha. España es el único gran país del bloque en el que el Partido Popular Europeo tiene alguna opción de gobernar en los próximos años. Los gobiernos de Francia, Alemania, Polonia, Italia (aquí sus restos están en coalición) o Países Bajos los tiene por ahora lejos de su alcance.

La Comisión Europea no tiene en cuenta oficialmente procesos electorales porque siempre hay alguno en marcha en algún Estado miembro. Sus relaciones son con el Gobierno en ejercicio, aunque esté en funciones. Y, en caso de cambio, con el nuevo Gobierno y sus miembros a partir del día de la toma de la investidura.

En caso de cambio de Gobierno, los ministros españoles seguirían presidiendo sus respectivos consejos de ministros hasta que tomaran posesión tras la investidura sus sucesores. Los ministros de Exteriores y Defensa no presiden sus consejos (lo hace Josep Borrell) y los Eurogrupos (ministros de Economía y Finanzas de los 20 países del euro) no los presidirá Nadia Calviño sino el irlandés Pascal Donohoe, su presidente permanente.

Si los equipos del ministro saliente y del entrante se comportan como adultos no debería haber más traumas, aunque en algunos casos el cambio de nombres significará probablemente tal cambio de políticas (Clima y Energía con Teresa Ribera y Empleo con Yolanda Díaz, por poner dos ejemplos) que la agenda podría cambiar profundamente. En otros, en asuntos como Migración (donde se está negociando desde hace años la reforma de la normativa europea de Migración y Asilo) o el apoyo a Ucrania no debería haber cambios.

Los conocedores de los pasillos comunitarios siempre recuerdan que los accidentes políticos son menores cuando, como en el caso de las presidencias semestrales, gran parte del trabajo cae en las espaldas de la Representación Permanente ante la Unión Europea. En el caso español, reforzada estos meses con vistas a la presidencia. Esas personas no deberían cambiar. Las presidencias tienen también partes grises, por ejemplo la tradición de abstenerse en votaciones donde haya divisiones importantes entre los 27.

Sánchez sería en todo caso presidente en una de las dos grandes cumbres que se esperan en el semestre: la que unirá a los gobernantes europeos con los latinoamericanos en Bruselas el 17 y 18 de julio. Más dudas habría sobre la cumbre europea del 6 de octubre que debe celebrarse en la Alhambra de Granada. En caso de que las derechas sumen mayoría y Núñez-Feijóo sea presidente podría llegar a esa cumbre.

España sigue siendo el país que más rápido ha ido implementando su Plan de Recuperación y que por lo tanto más rápido ha recibido los pagos del Next Generation. Los próximos meses hasta las elecciones deberían ser tranquilos en ese aspecto porque no habría que pedir más tramos hasta otoño y porque las grandes reformas (Pensiones y Laboral) comprometidas con Bruselas para 2022 y 2023 ya están hechas y ya tienen la luz verde de la Comisión Europea.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el adelanto de las elecciones generales para el próximo 23 de julio tras asumir personalmente la derrota electoral sufrida este domingo por el PSOE en las elecciones autonómicas y municipales, informa Europa Press.

Una fecha que podría afectar a muchos españoles que, en pleno periodo vacacional pueden ser llamados a formar parte de una mesa electoral. Muchas personas se preguntan si un viaje programado y reservado con anterioridad exime de formar parte de una mesa electoral.

Las excusas para librarse de este deber son pocas y deben justificarse apropiadamente. Formar parte de la mesa electoral es obligatorio por ley, y puede estar castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o una multa de veinticuatro meses.

Tras ser realizado el sorteo, la administración tiene tres días de plazo para informar a los ciudadanos y estos podrán alegar su causa justificada para no acudir a la mesa electoral antes de 7 días. Los motivos de justificación deben ser causas recogidas en la Ley Electoral.

Las leyes no son demasiado flexibles y solo se aceptan los motivos que aparecen fijados en la misma. Ahora bien, si tienes un viaje programado, es decir, pagado de antemano, sería posible esquivar tus obligaciones en la mesa alegando un perjuicio económico. Siempre que lo hayas contratado antes de saber que eras uno de los seleccionados.

Según la Ley Orgánica de Reforma Electoral, tanto el presidente como los vocales y los suplentes de las mesas electorales deben cumplir con su deber. Si no acuden, no cumplen sus funciones. O si las abandonan sin motivo, podrán recibir una pena de prisión de 3 a 12 meses. O una multa por falta de competencia de 6 a 24 meses.

En cuanto a las multas pecuniarias, aunque dispones de 6 a 24 meses, pueden ser muy elevadas y estas irán acorde a la capacidad económica personal. Por tanto, no hay una cantidad dineraria exacta ni fija para todos. Además, quedaría registrado el hecho como delito si el acusado ha recibido y firmado la notificación.

Las causas para no acudir a una mesa electoral son muy variadas. Y un viaje programado es una de las más habituales. Se aceptan todo tipo de justificaciones, las cuales las Juntas Electorales de cada zona valoran individualmente. Para ello, se debe aportar la documentación necesaria para solicitar tu renuncia y el perjuicio económico que te supondría.

Los "impedimentos y excusas justificadas para los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas Electorales" se recogen en el BOE y se distribuyen en causas personales, familiares y profesionales. Solo podrán evitar la mesa electoral quienes justifiquen su ausencia previamente con uno de los motivos que recoge la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Por causas personales se puede alegar tener más de 65 años y menos de 70, un embarazo a partir de 6 meses o embarazo de riesgo, haber estado en una mesa electoral al menos 3 veces en los últimos 10 años, discapacidad, incapacidad (temporal o permanente) o invalidez, pertenencia a órdenes religiosas de clausura o intervención quirúrgica o por pruebas clínicas relevantes sobre esos días.

Entre las causas familiares se puede argumentar el cuidado de un hijo menor de 14 años del que no pueda ocuparse otro adulto, el cuidado de menores de edad, discapacitados o familiares enfermos o acontecimientos familiares de gran importancia (bodas, comuniones, bautizos).

Finalmente entre las causas profesionales están realizar funciones en servicios sanitarios, ser jefe de servicios informativos que deban cubrir la jornada de las elecciones, obligación de participar en un evento público en el que eres imprescindible o tener funciones electorales o prestar servicios en los juzgados, administraciones o juntas.

El voto por correo no exime a los ciudadanos de ser llamados a formar parte de una mesa electoral, pese a la creencia extendida de que sí lo hace.

El viaje por tanto no es eximente, pero la decisión definitiva la tomará la Junta Electoral de Zona. Por tanto, en caso de viaje programado y reservado con anterioridad, el derecho a justificar esta causa existe.

Para ello se deberá aportar las reservas de la documentación que permiten sostener la solicitud y el perjuicio económico de perder los billetes si el viaje fue contratado antes de conocer la obligación de ser miembro de una mesa electoral. Lo más probable es que la alegación no prospere, pero la decisión corresponde a la Junta Electoral de la Zona que, una vez recibida la alegación, la resolverá en cinco días.

La aerolínea Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, ha recopilado los principales procedimientos que pueden seguir los pasajeros en caso de que tengan un vuelo y hayan sido llamados a formar parte de una mesa electoral.

En primer lugar, Vueling recomienda a los pasajeros tener contratado un seguro de cancelación al reservar sus vuelos. De esta manera, en casos de imprevistos como la selección para formar parte de una mesa electoral, podrán recuperar o cambiar la reserva de su viaje.

El pasajero puede intentar también acogerse al hecho de que el desplazamiento del viaje supone un prejuicio económico y que por ese motivo no puede cancelarlo para acudir a la mesa electoral.

De todas formas, es importante tener en cuenta que un viaje no está estrictamente contemplado dentro del listado de excusas o impedimentos que prevé la ley, por lo que no está 100% garantizado que la alegación sea aceptada. Es clave recordar que para que el argumento sea válido, el viaje debe haber sido contratado antes de la convocatoria de las elecciones.

En caso de que el pasajero no pueda justificar su ausencia en la mesa electoral, Vueling ofrece la posibilidad de reembolsar el coste del billete. La citación a la mesa electoral tiene el mismo comportamiento que una citación judicial, por tanto, presentando la documentación correspondiente Vueling procederá al reembolso o voucher.

Es importante conocer la documentación a presentar, es decir, además de la citación, se necesita la firma del presidente de la mesa conforme ha estado realmente ejerciendo la obligación.

Si la reserva no incluye el cambio de vuelo, el pasajero puede igualmente acogerse a lo que se considera como "motivos justificados" para solicitar el reembolso en forma de crédito de vuelo. Durante el proceso, es importante recordar elegir la opción "Citación judicial", ya que la citación a una mesa electoral se contempla dentro de ésta.

En caso de que el pasajero ya haya iniciado su viaje y necesite volver a su lugar de origen para para formar parte de la mesa electoral asignada, Vueling facilita cambiar el vuelo de regreso sin coste adicional. Para ello, es necesario que el pasajero se comunique con la compañía con antelación para que puedan gestionar el cambio o se realice un reembolso en crédito de vuelo.

Vueling también recomienda a los pasajeros que lleven consigo la documentación que acredite su función como miembro de mesa electoral. De esta manera, podrán justificar su situación en caso de cualquier incidencia.

Los fotógrafos que han acudido hoy a la rueda posterior al Consejo de Ministros han captado una imagen de Yolanda Díaz portando un documento en el que se habla de las polémicas del Gobierno central y de la desmovilización de la izquierda en Andalucía, según informa Europa Press.

El citado texto, dice en su encabezamiento: "Documento rdp del Consejo de Ministro", seguido de "contexto". Al pie de esta palabra se puede leer: "El Consejo de Ministros se reúne a las puertas del comienzo formal de la campaña de las elecciones autonómicas andaluzas, cuando las encuestas avanzan que Moreno Bonilla necesitaría a Vox para gobernar y a una izquierda desmovilizada".

La vicepresidenta segunda aparece en la fotografía acompañada del ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras la rueda de prensa y portando en su brazo, sujeto por la mano, en la que también lleva su teléfono móvil, el citado documento.

También se puede leer, aunque no en su totalidad, que "el Gobierno de coalición se ha visto envuelto últimamente en nuevas polémicas" y añade que "especialmente a partir del caso Pegasus". Y vuelve a citar más abajo la desmovilización del electorado, citando también el "efecto Feijóo".

La vicepresidenta Yolanda Díaz se había desmarcado, durante su intervención en la rueda de prensa, de las acusaciones lanzadas ayer por Podemos, contra los contratos para la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid, de los que aseguró que habían sido adjudicados "a dedo". La también ministra de Trabajo ha rechazado estas afirmaciones dejando claro que los contratos cumplen con la legalidad.

Este lunes, 26 de junio, es el primer aniversario de las elecciones generales que permitieron a Mariano Rajoy, aunque en minoría, revalidar una nueva legislatura en la Moncloa. La XII Legislatura arrancaría días después, el 19 de julio. Pero el Gobierno no dejaría de estar en funciones hasta el 30 de octubre, cuando Mariano Rajoy fue investido presidente gracias a un pacto con Ciudadanos y a la abstención de casi todo el Grupo Socialista. El jefe del Ejecutivo y sus ministros llevaban en funciones desde las elecciones del 20 de diciembre de 2015. Transcurrido un año de esta cita ante las urnas, Rajoy y su equipo han comprobado ya la dificultar de gobernar en minoría.

Rajoy ha superado una moción de censura hace un par de semanas. Pero llega al aniversario de las elecciones del 26J con un escándalo de corrupción más en sus filas: la operación Lezo. Le esperan, además, la comisión de investigación parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del PP y la comparecencia como testigo en la Audiencia Nacional en el marco del caso Gürtel. Y tres ministros de su Gobierno están particularmente tocados: Rafael Catalá (Justicia), Cristóbal Montoro (Hacienda) y Juan Ignacio Zoido (Interior). Otros miembros de su gabinete, como Dolors Montserrat (Sanidad), Isabel García Tejerina (Medio Ambiente), Alfonso Dastis (Exteriores) o Fátima Báñez (Empleo) han adoptado un perfil bajo, motivo por el que se han generado ciertos recelos hacia ellos en sectores conservadores.

A continuación, infoLibre repasa cómo llega Rajoy y su Gobierno al 26J y los retos más importantes a los que van a tener que hacer frente en los próximos meses.

  Rajoy: sin escudo ante los escándalos de corrupción

Hace un par de semanas, el Congreso de los Diputados acogió un debate de moción de censura al presidente del Gobierno. La iniciativa, planteada por Unidos Podemos, nació muerta si se tiene en cuenta que la formación morada no buscó apoyos antes de anunciarla. Pero tampoco arañó votos después de registrarla. En el PP vendieron el fracaso de la moción como un éxito, un espaldarazo a Rajoy que, además de dar réplica de forma personal tanto a Iglesias como a la portavoz de Podemos, Irene Montero, "poniéndolos en su sitio", dejó claro que no hay una mayoría alternativa a la suya.

Los conservadores ponen el acento en que Rajoy exhibió ante los ciudadanos su mejor perfil: "El de un hombre serio, el de un hombre de Estado que acudió a la Cámara con datos bajo el brazo que dejan claro que la recuperación económica es una realidad". Pero no pueden ocultar que, por mucho que Rajoy tirara de este discurso, los escándalos de corrupción que afectan al PP marcaron el debate.

En este sentido, superada la moción de censura, el presidente tiene dos nuevos retos importantes en los que el plato fuerte, y único, será la corrupción. El próximo 26 de julio está llamado a declarar como testigo en el marco del caso Gürtel. Su intento de hacerlo desde la Moncloa, por videoconferencia, fue desestimado y no podrá evitarse la foto en el juzgado.

Tampoco podrá esquivar acudir a declarar, en calidad de presidente del Partido Popular, a la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal de su partido en el Congreso de los Diputados. La idea de los conservadores era que fuese el primero en acudir a este órgano parlamentario. Pero un acuerdo PSOE-Unidos Podemos-Ciudadanos ha hecho que sea el extesorero del PP, Luis Bárcenas, el primero en acudir. Ocurrirá este lunes, 26 de junio, casi a la misma hora que Mariano Rajoy ha convocado al Comité Ejecutivo Nacional del su partido en la sede nacional.

Con este acuerdo de la oposición, y si el PP no consigue paralizar una comisión que baraja incluso llevar al Tribunal Constitucional (TC) mientras no se defina el ámbito temporal y las administraciones afectadas, es muy posible que la comparecencia de Rajoy quede para el próximo periodo de sesiones, a la vuelta de las vacaciones de verano.

En el PP y en el Gobierno se declaran "tranquilos" ante ambas citas. Creen que ya han tocado techo en lo que tiene que ver con la corrupción y que, a partir de las municipales y autonómicas de 2019, toca recuperar votos. "Hay que esperar a que escampe. La imagen en los tribunales no gusta. Tampoco es cómodo que se someta a las preguntas de todos los grupos sobre las cuentas del PP. Pero transparencia y tranquilidad", señala un miembro del Comité Ejecutivo Nacional.

En el último año, Rajoy ha sido testigo de cómo su partido iba perdiendo dirigentes que en su día fueron grandes referentes para el votante conservador. Esperanza Aguirre dejó la portavocía en el Ayuntamiento por los avances judiciales de la operación Lezo, que mantiene a su delfín, Ignacio González, en prisión. Y Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia y exsenadora, entregó su carné de militante en plena ebullición de la operación Taula.

  Catalá: el primer ministro reprobado de la democracia

Una de las consecuencias del Gobierno en minoría es que la oposición se pusiese de acuerdo para crear la comisión sobre la presunta financiación ilegal del PP, algo que no había ocurrido en los últimos 13 años. Otra es la de las reprobaciones de los miembros del Ejecutivo. Rafael Catalá se convirtió a mediados de mayo en el primer ministro de la democracia reprobado. Pero todo apunta a que no va a ser el único. La reprobación no tiene efectos jurídicos, pero sí simbólicos: supone la retirada de la confianza a quien se enfrenta a ella por parte de los parlamentarios.

En su reprobación, Catalá fue acusado de obstaculizar las investigaciones de los escándalos de corrupción. Pero no todo quedó ahí. En la misma sesión, también se retiró la confianza al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y al por entonces fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix.

Moix presentó su renuncia "personal e irrevocable" al cargo hace un par de semanas, después de que infoLibre desvelara que posee el 25% de una sociedad con sede en Panamá que, a su vez, posee un chalé en la sierra madrileña. Su vacante está pendiente de cubrir.

Las fuentes consultadas mantienen que Rajoy sigue confiando en Catalá de la misma forma que cuando lo fichó en septiembre de 2014, después de que Alberto Ruiz-Gallardón dejara el cargo por la polémica sobre la reforma de la ley del aborto. 

Sectores del Gobierno y del PP admiten que la gestión del caso Moix ha dejado tocados tanto a Maza como a Catalá. Pero también señalan que Mariano Rajoy no parece dispuesto a hacer caer a un ministro al que considera de su máxima confianza. En la anterior legislatura, el titular de Justicia integraba el llamado G-8, el grupo de ministros muy cercanos al presidente del Ejecutivo que intentaban hacer contrapeso a los fieles a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Catalá es del círculo de la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Esta, a su vez, tiene una estrecha relación con Rajoy.

En todo caso, el PP tiene muy complicado que la oposición se siente a negociar un pacto por la Justicia, uno de los objetivos del departamento de Catalá, con un ministro reprobado.

  Montoro: el rostro visible del varapalo del TC a la amnistía fiscal

Cristóbal Montoro, titular de Hacienda, ha visto en menos de un mes cómo pasaba de ser el máximo responsable del éxito de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 a ser el máximo responsable de que el Tribunal Constitucional haya tumbado la amnistía fiscal. Fue hace un par de semanas cuando el tribunal declaraba inconstitucional esta iniciativa por haber recurrido al decreto ley para su aprobación.

Montoro, uno de los ministros con los que Rajoy tiene mayor sintonía, acudió al Congreso este miércoles para explicar la decisión tumbada por el TC. Previamente, se había enfrentado a tres preguntas parlamentarias sobre la decisión del Alto Tribunal, y a una interpelación urgente de los socialistas, paso previo a la reprobación.

Si nada se le tuerce a los partidos de la oposición –Ciudadanos parece a favor– Montoro se convertirá en el segundo ministro de la democracia, y de Rajoy, reprobado por el Congreso.

Como en el caso de Catalá, Rajoy no ha exhibido la más mínima duda sobre la gestión de uno de los ministros más expuestos, tanto parlamentariamente como en los medios de comunicación. De hecho, este mismo miércoles, en la sesión de control al Gobierno, defendió la amnistía fiscal ilegal con el argumento de que fue un intento de salvar una situación de "prequiebra".

No obstante, una muestra de que el golpe de la sentencia del TC ha sido fuerte para el Gobierno está en que el miércoles Montoro cerrase su intervención en el Congreso ofreciendo a los grupos una reforma de la Ley General Tributaria para prohibir en el futuro nuevas amnistías fiscales como la de 2012.

  Zoido: un equipo en el punto de mira por el 'caso Lezo'

Por su parte, Juan Ignacio Zoido, titular de Interior, arrastra las polémicas de la etapa de su antecesor, Jorge Fernández, y su número dos, José Antonio Nieto, se ha visto salpicado en la operación Lezo. Cuando estalló este escándalo, se supo que el secretario de Estado de Seguridad se había reunido con el hermano de Ignacio González, Pablo González.

Esta misma semana, el Pleno del Congreso aprobó la reprobación del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por el supuesto "chivatazo'" de la citada investigación.

La reprobación fue incluida en la moción que registraron los socialistas como consecuencia de la interpelación que el pasado 17 de mayo el diputado andaluz Felipe Sicilia, miembro de la nueva dirección del Grupo Socialista, dirigió al ministro del Interior por la reunión que Nieto mantuvo con el hermano de González cuando éste era directivo de Mercasa.

La censura salió adelante con el apoyo de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra y del PDeCAT, mientras que PNV y Ciudadanos se abstuvieron. El PP votó en contra.

  El malestar con los "ministros de perfil bajo"

Junto a los ministros que acusan un importante desgaste están aquellos a los que sus propios compañeros de partido ven instalados en un "perfil bajo".

Es el caso de Dolors Montserrat (Sanidad), Isabel García Tejerina (Medio Ambiente), Alfonso Dastis (Exteriores) o Fátima Báñez (Empleo). 

"Sería mejor repartir juego. Siempre dan la cara los mismos y siempre se queman los mismos", valora un dirigente regional que considera que el PP necesita más implicación de ministros en actos de partido. "Si queremos recuperar los feudos tradicionales que perdimos en 2015 tenemos que empezar a preparar ya las próximas elecciones. Tenemos mucha buena gestión que vender. A la gente, a los votantes, a los militantes, les gusta que sea el ministro el que acuda a ellos", añade.

La misma fuente salva del grupo de miembros del Consejo de Ministros con perfil bajo a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y a la titular de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ambas rivales internas.

De Cospedal destacan las fuentes consultadas que está haciendo una "gran labor" en un departamento de Estado y que muestra de ello es la gestión de la crisis de la tragedia del Yak-42. De Santamaría, que perdió la función de portavoz en el Gobierno que Rajoy nombró en noviembre en beneficio de Méndez de Vigo, subrayan su "trabajo en Cataluña", adonde viaja con frecuencia.

Rajoy ha encargado a su mano derecha gestionar el día a día del asunto que más le preocupa: el "desafío soberanista" de Cataluña. El Gobierno, hasta la fecha, no ha dado ninguna pista de la hoja de ruta que tiene en mente para frenar el referéndum. Se limitan a asegurar que es "ilegal" y que "no se va a producir". 

Los partidos gastaron en la campaña de las elecciones generales del 26 de junio un total de 45 millones de euros, según hizo público el lunes el Tribunal de Cuentas. Pero no todos aprovecharon igual de bien su inversión. En términos económicos,de entre los cuatro principales partidos quién hizo un gasto menos provechoso fue el PSOE, ya que los 13,2 millones que desembolsó para la campaña únicamente se tradujeron en 5,4 millones de votantes, lo que supone que cada papeleta le costó a los socialistas 2,44 euros. El que se encuentra en la situación opuesta es Unidos Podemos: para obtener sus cinco millones de votos, la coalición gastó 6,3 millones de euros, lo que supone 1,24 euros por papeleta conseguida.

El informe publicado por el Tribunal de Cuentas ofrece información detallada tanto del origen como del destino de los fondos utilizados por los partidos en la campaña electoral. En términos absolutos, las campañas de PP y PSOE fueron de largo las más costosas: tanto conservadores como socialistas gastaron el 26J un total de 13,2 millones de euros, más del doble de lo que invirtieron Ciudadanos y Unidos Podemos. Pero el rendimiento que sacaron a esa inversión fue muy diferente, ya que mientras al PSOE le costó más de 2,4 euros cada papeleta conseguida, el gasto del PP se tradujo en 7,9 millones de votos, una cifra que implica que cada voto conseguido por los conservadores tuvo detrás una inversión de 1,66 euros.

En comparación con las elecciones del 20 de diciembre, ambos partidos gastaron menos dinero en la campaña, aunque el PP aprovechó mucho mejor la situación que los socialistas. La campaña del 20D supuso un gasto de 16,4 millones de euros para el PSOE y de 19,3 millones para los conservadores: para conseguir sus 5,5 millones de votos, los socialistas invirtieron 2,96 euros por papeleta, mientras el PP se quedó en una ratio de 2,67 euros de gasto por cada uno de sus 7,2 millones de votantes. Pero, con las 700.000 papeletas que ganó el PP entre el 20D y el 26J y los seis millones de euros que se ahorró en la segunda campaña con respecto a la primera, consiguió rebajar su ratio de gasto por voto en un 37,8%.

Por su parte, Ciudadanos y Unidos Podemos también coincidieron, aproximadamente, en el coste de sus campañas electorales para el 26J: el partido naranja se gastó 6,4 millones y la coalición de Podemos e IU –junto a las confluencias–, 6,3 millones. Pero la inversión fue mucho más rentable para la alianza de izquierdas, ya que obtuvo cinco millones de votos –por lo que cada papeleta le supuso un gasto en campaña de 1,24 euros– por los 3,1 millones de papeletas que sumó Ciudadanos. Dividiendo el gasto en campaña del partido naranja entre los votos que consiguió, se obtiene como resultado que tuvo que invertir 2,06 euros por sufragio.

Las campañas de PNV, ERC y PDeCAT, menos eficientes

Las confluencias de Podemos, de hecho, hicieron campañas más efectivas a nivel económico que la coalición Unidos Podemos. Y es que En Marea (coalición de IU, Podemos y Anova), En Comú Podem (que aunaba a Podemos, EUiA, ICV y Barcelona en Comú) y A la valenciana (la alianza de Compromís, Podemos e IU) invirtieron menos dinero por voto finalmente obtenido que su referente estatal. La confluencia valenciana consiguió sumar 659.000 votantes con un desembolso de campaña de 844.000 euros, lo que supone una ratio de 1,28 euros por voto. La coalición catalana, por su parte, se hizo con 853.000 sufragios invirtiendo tan sólo 794.000 euros, lo que implica que cada papeleta le costó 0,93 euros. Pero el mejor dato, de largo, es el de En Marea: tan sólo 126.000 euros de inversión en campaña –fue la única de las cuatro coaliciones que no envió papeletas por correo el 26J– se tradujeron en 347.000 votos, una ratio de 36 céntimos de euro por votante.

Los partidos nacionalistas, por el contrario, gastaron mucho más dinero en sus campañas electorales si se toma en consideración el número de ciudadanos que finalmente los votaron el 26 de junio. Especialmente paradigmático es el caso del PNV: según el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, gastó un millón de euros en campaña para conseguir 287.000 votos, lo que supone que cada papeleta costó a los nacionalistas vascos 3,49 euroscostó . En las elecciones del 20D la ratio había sido incluso mayor: 3,8 euros por voto.

El PDeCAT no se queda lejos, ya que su inversión de 1,6 millones de euros en la campaña se tradujo en 483.000 votos, una ratio de 3,3 euros por papeleta conseguida. Sin embargo, este dato supuso una mejora para el partido con respecto al 20D, cuando gastó 2,2 millones en campaña para conseguir 567.000 votos: casi cuatro euros por votante. ERC, por el contrario, se mantuvo el 26J en cifras muy similares a las de diciembre, ya que invirtió millón y medio de euros en la campaña y consiguió 632.000 sufragios, lo que implica que cada voto le costó 2,43 euros.

Diferentes electorados

Pero, ¿a qué se debe esta disparidad de cifras? Pablo Simón, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), explica que es muy complicado estudiar las campañas de los partidos políticos porque éstos, tradicionalmente, son muy reticentes a ofrecer los gastos detallados y desglosados territorialmente. "Son las estructuras provinciales de los partidos las que vehiculan normalmente el gasto, pero nunca hacen público el detalle, así que sólo podemos hacer interpretaciones generales", señala el experto.

No obstante, Simón explica que uno de los principales motivos por los que las campañas de PP y PSOE son más caras es el envejecimiento de su electorado. Los nuevos partidos tienen un electorado más joven y con mucho mayor acceso a las redes sociales, un medio "mucho más barato" a la hora de hacer campaña que las tradicionales "banderolas y carteles" que los partidos utilizan para captar a votantes más mayores. Y ese mismo motivo, continúa Simón, explica que "los partidos tradicionales fueron quienes más pegas pusieran a acabar con el envío de papeletas por correo, porque al votante mayor le gusta ir con su voto preparado de casa, sobre todo en zonas rurales".

Pero "no puede movilizarse el voto únicamente a través de dinero, y de hecho, las campañas electorales mueven un porcentaje muy bajo del voto y sirven más para movilizar abstencionistas", explica Belén Barreiro, directora de la empresa demoscópica MyWord y expresidenta del CIS. A este respecto, Simón pone un ejemplo de una campaña barata y efectiva: la que realizó el PP en la campaña del 20D en zonas rurales de Palencia. Bajo el eslógan "mi pueblo no se cierra", los conservadores "repartieron propaganda buzón a buzón en pueblos pequeños" criticando la propuesta de Ciudadanos de fusionar municipios, explica el experto, que señala que se trató de una campaña barata pero que apuntó de pleno a una de las zonas donde el PP cimentó su victoria electoral: el medio rural.

Los créditos de los bancos fueron la principal vía de la que se sirvió Ciudadanos para financiar su campaña para las elecciones generales del 26 de junio. Según recoge el informe de fiscalización de las cuentas de campaña de los partidos para esos comicios elaborado por el Tribunal de Cuentas, el partido naranja justificó un gasto de 6,46 millones de euros, de los que más de 5,5 millones salieron de "operaciones de endeudamiento", lo que supone un 85,2% del total. Por su parte, el PSOE financió a través de créditos un 64,7% de su campaña, por un 51,4% del PP. Unidos Podemos y sus confluencias, por el contrario, no recibieron ningún préstamo bancario.

El informe que hizo público este lunes el Tribunal de Cuentas recoge la contabilidad de campaña de los partidos políticos que consiguieron en las elecciones del 26 de junio representación en el Congreso o en el Senado: además de PP, PSOE, Unidos Podemos y las confluencias y Ciudadanos, el documento también analiza las cuentas de PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, ERC, EH Bildu y Agrupación Socialista Gomera. Entre todas esas formaciones, el gasto en la campaña fue de 45 millones de euros, de los cuáles 22,9 procedieron de préstamos bancarios. 

La diferencia entre el gasto de los cuatro grandes –PP, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos– y el resto es notable, y de esas cuatro formaciones, fue Ciudadanos la que más dependió de los créditos para financiar su campaña. Entre gastos ordinarios –publicidad exterior, anuncios en prensa y radio o "gastos financieros"– y el desembolso en envíos de propaganda electoral, el partido de Albert Rivera gastó un total de 6,46 millones de euros, 1,6 millones menos de los que declaró como recursos de campaña. De esa cantidad, un total de 5,5 millones procedían del endeudamiento; 1,9 eran "adelantos de subvenciones" y 712.148 euros provinieron directamente de las arcas del partido.

El PSOE, por su parte, llevó a cabo una campaña mucho más costosa: sumando PSOE, PSC y la coalición de los socialistas con Nueva Canarias, el gasto total por operaciones ordinarias y envío de propaganda a los domicilios que el Tribunal de Cuentas considera justificado ascendió a 13,2 millones de euros. De esa cantidad, 8,6 millones procedieron de préstamos bancarios –el PSOE pidió prestados 7,4 millones; el PSC 795.000 euros y la coalición con Nueva Canarias, 361.000–, lo que supone que el 64,7% de los fondos utilizados por los socialistas durante la campaña del 26J salieron del "endeudamiento".

La campaña del PP tuvo un coste casi calcado a la del PSOE: uniendo las cuentas remitidas por los conservadores y sus coaliciones con Foro, UPN y el Partido Aragonés, el Tribunal de Cuentas considera justificado que los conservadores gastaron 13,2 millones de euros. De esa cantidad, 6,79 millones procedieron de préstamos bancarios, todos ellos consignados en la contabilidad del PP. La otra gran fuente de financiación de la campaña del PP y sus aliados, según el Tribunal de Cuentas, fueron los adelantos de subvenciones electorales: más de 5,7 millones de euros salieron de las arcas públicas.

El 91% del crédito, para PP, PSOE y C's

Vistas las cifras, no es de extrañar que el grueso de los créditos que se concedieron para la campaña del 26J fueran a parar a las arcas de PP, PSOE y Ciudadanos y sus respectivas coaliciones. Esas tres formaciones acapararon 20,9 millones de los 22,9 que los partidos consiguieron a través de esta vía, lo que supone que más del 91% del dinero que los bancos prestaron para la campaña fue a beneficio de PP, PSOE y Ciudadanos. Coalición Canaria (64.610 euros), PDeCAT (916.976 euros) y ERC (999.598 euros) también pidieron créditos para la campaña.

Por el contrario, ni Unidos Podemos ni sus confluencias hicieron uso de esta herramienta de financiación: su gasto total de campaña –teniendo en cuenta tanto a Unidos Podemos como a En Comú Podem, En Marea y À la valenciana– fue de casi 6,3 millones de euros, procedentes fundamentalmente de subvenciones públicas y de los fondos del partido. Unidos Podemos, por ejemplo, declaró tener para la campaña 3,1 millones de euros de sus propios fondos, de los que 2,6 millones –según el portal de transparencia de Podemos– procedieron de entregas de particulares que, posteriormente, el partido devolvió a los militantes. Agrupación Socialista Gomera, PNV y EH Bildu tampoco recurrieron al endeudamiento para financiar sus campañas.

Además, en su informe, el Tribunal de Cuentas también incluye algunas deficiencias consignadas en la contabilidad de los partidos. Por ejemplo, Ciudadanos, À la valenciana, En Comú Podem, En Marea, ERC y el PSC abonaron gastos para el 26J por un importe conjunto de 46.444 euros a través de cuentas bancarias diferentes a las que la ley obliga a abrir a los partidos para sufragar sus campañas. No obstante, los seis partidos declararon esos gastos en la contabilidad presentada.

Por otra parte, À la valenciana, el PDeCAT, el PSC y Unidos Podemos no habían satisfecho el pago a algunos proveedores en el momento de enviar la contabilidad al Tribunal de Cuentas. La coalición entre Compromís, IU y Podemos debía a sus proveedores 260.908 euros, mientras el PDeCAT tenía una deuda de 2.705 euros y la del PSC ascendía a 71.382 euros. El agujero más grande en esta partida lo tenía Unidos Podemos: la coalición debía a sus proveedores 566.165 euros. No obstante, en sus alegaciones, À la valenciana asegura haber liquidado esa deuda "en su totalidad".

Los partidos políticos destinaron 45,03 millones de euros en la campaña de las elecciones generales de junio de 2016, un 28% menos que en los comicios anteriores de diciembre de 2015, según se recoge en el informe del Tribunal de Cuentas dado a conocer este lunes.

Para esa campaña, y dado que se trataba de una repetición de elecciones por no haber sido capaces de elegir un Gobierno en las Cortes Generales que salieron de los comicios del 20 de diciembre de 2015, los partidos políticos celebraron una serie de reuniones buscando acordar medidas para tratar de ahorrar dinero al erario público. Al final, la reducción del gasto no ha llegado al tercio y se ha quedado en el 28%.

En concreto, los partidos políticos con representación parlamentaria declararon recursos por un total de 45.030.168,16 euros, de los que la mitad corresponden a créditos con entidades financieras (22,88 millones).

Del resto del dinero, un 32,9% salió de adelantos de subvenciones electorales (14,82 millones), un 16,2% de aportaciones de la propia formación política (7,30 millones) y los 11,73 millones de euros procedían de aportaciones privadas.

Los gastos electorales considerados justificados por el Tribunal de Cuentas, tras efectuarse las correspondientes comprobaciones y ajustes, se cuantifican en 44,31 millones de euros, de los que el 58,4% corresponde a operaciones electorales ordinarias (25,85 millones) y el 41,6% al envío de propaganda electoral (18,45 millones). Por contra, el Tribunal de Cuentas ha determinado que 114.205,45 euros utilizados por los partidos en la campaña no tienen naturaleza electoral y, por tanto, no son subvencionables.

Aunque ningún partido ha superado el techo de gasto fijado para esas elecciones, hubo una formación política que rebasó el límite de gastos de publicidad exterior en 1.386,37 euros, lo que supone un exceso del 90,14% sobre dicho límite. Se trata de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) del presidente del Cabildo insular, Casimiro Curbelo, que fue senador del PSOE hasta que protagonizó un altercado en un club de Madrid.

El Tribunal de Cuentas ha detectado también que en tres formaciones políticas (Ciudadanos, En Comú y el PSC) hubo fondos no ingresados en las cuentas electorales (por importe conjunto de 40.470,62 euros), y en seis partidos (Ciudadanos, Compromís, En Comú, En Marea, ERC y PSC) se abonaron gastos a través de cuentas no electorales (por importe conjunto de 46.444,03 euros).

En ambos casos se produce un incumplimiento de la Ley Electoral (LOREG), que establece que todos los fondos destinados a sufragar los gastos electorales deben ingresarse en las cuentas electorales y los gastos deben pagarse con cargo a las mismas. Eso sí, todos estos partidos habían declarado dichos gastos en la contabilidad presentada al Tribunal.

Otra deficiencia detectada es que seis formaciones políticas (Ciudadanos, CC, Compromís, CDC, En Marea y UPN) realizaron pagos, por un importe conjunto de 304.774,77 euros, fuera de los 90 días posteriores a la jornada electoral, lo que supone otro incumplimiento de la LOREG. Y otros cuatro partidos (Compromís, CDC, PSC y Unidos Podemos) mantenían deuda con proveedores o acreedores una vez superado el límite temporal para disponer de los saldos de las cuentas corrientes electorales por un importe acumulado de 901.161,39 euros.

Facebook no informa al Tribunal

Por último, el Tribunal de Cuentas ha señalado a tres empresas, entre ellas Facebook, que no han cumplido su obligación de comunicar contratos con partidos de más de 10.000 euros. En total, el saldo no informado fue de 81.014,05 euros.

Entre sus recomendaciones, a institución que preside Ramón Álvarez de Miranda aconseja replantearse el envío de papeletas y sobres electorales a los ciudadanos, pues considera que ya está asegurado que esos materiales van a estar disponibles en todos los colegios la jornada de votación. El tribunal aboga por nuevas fórmulas que permitan ahorrar dinero al Estado y que garanticen que la subvención sea finalista y se pague por sobre enviado y no por elector, como hasta ahora.

Asimismo, aconseja vincular el límite máximo de gastos electorales con el número de electores, colectivo al que se dirige la actividad electoral de las formaciones políticas, más que con el número de habitantes correspondientes a las poblaciones de derecho de las circunscripciones donde presente su candidatura cada formación política.

Sobre los límites en publicidad exterior y anuncios en prensa y radio de titularidad privada, la instituciones sugiere adaptarlos a los nuevos soportes de publicidad existentes como consecuencia de la introducción de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, entre los que cabe señalar la publicidad en prensa digital y otros usos en internet.

Por último, propone que todas las donaciones privadas que reciba un partido tras convocarse las elecciones se consideren destinadas a financiar el proceso electoral y que, por tanto, se sometan a los requisitos previstos en la LOREG y se abonen en las cuentas bancarias abiertas al efecto a que se refiere el artículo 124 de esta Ley.

La Asociación de Estadísticos Superiores del Estado (AESE) ha enviado una carta a la secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido Valenzuela, en la que pide la destitución del presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Gregorio Izquierdo Llanes, por la “degradación estadística, administrativa y organizativa” que, a su juicio, “erosiona” el organismo desde hace "más de cinco años”.

En la carta, a la que ha tenido acceso infoLibre, la AESE culpa a Gregorio Izquierdo y a su consejo de dirección del “gran número de conflictos innecesarios” que padece el INE, “agravados por la contumacia en el error y la nula capacidad de autocrítica” de los máximos responsables del organismo. Los estadísticos critican las actuaciones del presidente por su “carácter arbitrario, frívolo y carente de todo plan definido por una estrategia y unos objetivos”. Según explican a la secretaria de Estado, las decisiones de Izquierdo Llanes han provocado un “ambiente enrarecido de trabajo”, han desmotivado al personal y mermado la calidad de las estadísticas elaboradas por el INE.

No es la primera vez que la AESE pide la destitución de Gregorio Izquierdo. En diciembre de 2015 reclamó su relevo en otra carta al entonces secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa. Entonces, los estadísticos denunciaban que en el INE llevaban ya dos años “conviviendo dos estructuras orgánicas, una de facto y otra de iure”de facto de iure, que “destrozó los equipos técnicos de trabajo y la  movilidad de funcionarios”.

Además, la AESE ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la rebaja de nivel de los delegados del INE en 20 provincias. Los estadísticos aseguran que esa rebaja se ha “cebado” en las delegaciones provinciales del País Vasco y Cataluña. Y amenazan con demandar al INE por prevaricación administrativa si decide modificar su estructura orgánica eludiendo los procedimientos normativos. La AESE se refiere a la intención del INE de suprimir la Subdirección General de Estadísticas del Turismo, tras jubilarse su último responsable, para aumentar, en cambio, la plantilla de la Secretaría General del organismo.

“Injerencias” en la redacción de las notas de prensa

También ha enviado una carta a la número dos de Economía mostrando su malestar la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado para la Defensa de la Estadística Oficial (Esedeo), que dice aglutinar a dos tercios del personal del INE, sobre todo a los destinados en sus servicios periféricos. Esedeo denuncia que el organismo externalizó parte de las encuestas por culpa de la pérdida continua de personal laboral y funcionario de los máximos niveles (A1 y A2), lo que a su juicio “repercute en la calidad de los trabajos estadísticos”.

Por su parte, el INE ha declinado hacer ningún tipo de manifestación sobre las cuestiones “pendientes de resolución judicial o decisión administrativa”. Y ha negado a infoLibre las acusaciones de los estadísticos: “No se corresponden con la realidad y resultan del todo injustificadas”.

Los estadísticos de la AESE, una asociación que se integra en Fedeca, la federación de sindicatos de los Cuerpos Superiores de la Administración, como abogados del Estado, diplomáticos, inspectores de Hacienda o técnicos comerciales del Estado, acusan además al presidente del INE de “intentar modificar los criterios y formulaciones técnicas de los funcionarios responsables de las estadísticas”, mediante lo que califican como “torticeras injerencias” de Gregorio Izquierdo en la elaboración de las notas de prensa.

El INE niega tales actuaciones, por cuanto son “incompatibles con los principios establecidos en el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas”.

La polémica del voto por correo

En su carta, la AESE culpa también al presidente del INE de los “enfrentamientos internos” que, según dice, provocaron sus “decisiones equivocadas” respecto a la tramitación del voto por correovoto por correo, tanto en las últimas elecciones generales como en las autonómicas de Galicia y el País Vasco. Entonces el INE cambió “de forma apresurada y no negociada” el sistema de retribución de las horas extraordinarias que el personal debe realizar durante el periodo electoral, cuando sufren una mayor carga de trabajo.

La Oficina del Censo Electoral, que depende del INE, es la encargada de actualizar y exponer el censo, atender las reclamaciones y recibir las papeletas del voto por correo. Hasta ese momento, a los trabajadores se les retribuía esa labor extra con un complemento de productividad. Pero el INE decidió cambiarlo, según dice a requerimiento de la Inspección de Trabajo, por una remuneración por hora de 14 euros brutos. Ese cambio suponía un recorte salarial del 60%, por lo que sólo se presentó voluntario el 55% del personal laboral. El INE recurrió a funcionarios de otras administraciones y a trabajadores eventuales para cubrir las necesidades. Sólo en Barcelona, por ejemplo, la Oficina del Censo Electoral firmó 20 contratos de 10 días y una decena de sólo tres días de duración. Hay que recordar que las solicitudes para votar por correo se duplicaron en las elecciones del 26 de junio de 2016, hasta alcanzar los 1,2 millones.

El INE asegura a este periódico que las denuncias de la AESE a este respecto no son más que una “manipulación”, puesto que su gestión del censo electoral el 26-J recibió la “felicitación expresa” de la Junta Electoral Central. El INE se refiere a la comunicación institucional que la Junta Electoral Central hizo pública el 22 de julio del año pasado, con la que formalmente daba las gracias “por su dedicación y esfuerzo” a los ciudadanos que formaron parte de las mesas electorales y al personal que prestó sus servicios “en las juntas electorales provinciales y de zona, en la Oficina del Censo Electoral, en la Dirección de Política Interior, en las Fuerzas de Seguridad, en los consulados y la Dirección de Asuntos Consulares, en los ayuntamientos y en Correos”.

España padece el resultado. Tras los resultados del 26 J de 2016 –y tras la demolición, desde su propio Comité Federal, del PSOE– Rajoy fue investido presidente. Sucedió, después de fracasar en su primer intento de investidura, ¡con el mismo programa con el que había sido negada la confianza apenas dos meses antes!

El viejo político había derrotado a tres líderes jóvenes. Aunque dos no perciban su fracaso.

A Rivera le hizo tragarse sus juramentadas palabras de que sus votos no le harían presidente.

A Iglesias le aguantó todas las imprecaciones que éste le lanzó para terminar oyéndole decir que era un "señor estupendo".

A Sánchez se lo habían quitado de enmedio desde la cúspide de su propio partido.

Algunas de las consecuencias de esa triple derrota (siendo la del PSOE la más abrumadora) se dejaron ver de inmediato.

En C's, su transitoria relevancia (en los procedimientos de investidura) quedaba disminuida y ninguneada.

En el PSOE y Podemos –los dos partidos de cuya colaboración dependía en buena parte la renovación democrática y el rescate social–, internamente divididos, triunfando la línea más contraria a la colaboración con el otro.

La victoria rejuveneció a Rajoy tanto como envejeció a sus rivales.

Sánchez quedó fuera de la escena política, a la que solo ha vuelto impulsado por el activismo rebelde de un amplio sector de la militancia del PSOE. " Soy distinto", ha dicho para abrirse un futuro. Le toca demostrar que es no sólo distinto sino mejor.

Iglesias regresa al pasado: para él no hay vía al futuro que no pase por el adelanto de Podemos sobre el PSOE. La invocación de la triple alianza juega el papel que hace décadas tuvo la metáfora de las dos orillas. La enfermedad de este izquierdismo ya no es infantil sino viejuna.

Rivera pide árnica y acceso a gobernar donde sea.

En cambio Rajoy, engrandecido ante los propios, tras aguantar haber sido solo el señalado por el dedo de Aznar y luego golpeado por su dedazo, puede pensar ahora que es capaz de pasar a la historia por la puerta más grande. Su entrevista secreta con Puigdemont el pasado 11 de enero es un botón de muestra. Bien está. Pero, desvelado el secreto, ¿quién le tose? La explicación del hecho y del resultado faltan.

Su poder omnímodo sobre su partido queda consolidado. La forma en que se ha resuelto la crisis de la democracia representativa y la Presidencia del Gobierno le han dado una amplia capacidad de iniciativa política; la que no tenía ni antes ni después del 20 de diciembre de 2015.

No tiene una mayoría parlamentaria, pero la dispersión de las fuerzas opositoras convierte en oro el número de sus escaños. Máxime cuando Rivera y la gestora del PSOE necesitan mostrar que sus votos valen para mucho; y cuando Iglesias toma esa apariencia como si fuera la entera realidad para crear otra: la de que existe una triple alianza frente a la que él va a dirigir la fuerza combativa de un Podemos ganador vuelto a la calle. En suma, la dirección de tres partidos a vivir de las apariencias y el presidente del Gobierno a manejar esas apariencias en provecho propio.

¿Cómo calificar este período político?

No creo que estemos en una segunda Transición que se haya quedado a mitad de camino y que se vaya a completar a partir de que Podemos gane las próximas elecciones. Largo itinerario que solo puede acortar Rajoy adelantando la fecha electoral a su conveniencia.

El sueño de estar viviendo una segunda Transición es la cara de la moneda cuya cruz es el cuento de la gestora de que el PSOE haría una oposición que "crujiría" (Madina dixit) al Gobierno del PP.

Ni Transicion ni crujimiento del Gobierno. Lo que estamos viviendo es una segunda intransición. (Quede hablar de la primera para otra ocasión).

Rajoy impera sobre su partido y cuenta con la división de las fuerzas parlamentarias que se le oponen.

Solo habría una forma de "crujir" al Gobierno: abrir, paso a paso, la posibilidad de una moción de censura entre las tres fuerzas que antes del 20D se presentaron como fuerzas del cambio. Parece evidente que esta posibilidad no está ni se le espera. Tampoco puede vaticinarse que las eventuales movilizaciones sociales vayan a concentrar su objetivo político en llevar a la Presidencia del Gobierno a Iglesias, en las próximas elecciones, para poner fin al "régimen del 78". Si a este lo dinamitara la explosión de la cuestión catalana no sería precisamente para ningún bien democrático.

Un período de intransición también porque tampoco Rajoy ha dado muestras de que su reeditada Presidencia conlleve la renovación de las políticas de su Gobierno. Las que le llevaron a perder más de tres millones y medio de votos. Ahora amenazan con hacer crónicos los males.

Por ahora no ha abierto vía ni frente a la fractura social; ni frente a la fractura territorial (la que concierne a Cataluña pero que tiene nexos con la situación y significado de la Unión Europea y con el sistema de financiación de las comunidades autónomas); ni frente a la fractura intergeneracional; ni frente a la corrupción que degrada las instituciones y lastra las cuentas públicas.

Rajoy impera sobre su partido y se refuerza con las dificultades de pacto entre los demás. Pero esto no basta; no domina las circunstancias que derivan de esas fracturas.

Ahora, aupado en su éxito, puede que sueñe con hacer algo más meritorio que vivir de las debilidades ajenas; y no hay por qué disuadirle del intento, ni minusvalorar su inteligencia para comprender que los problemas no se resuelven solos. Creo que incluso a Podemos, en esa eventualidad, no le interesaría apostar a "cuanto peor mejor".

Este es un tiempo nuevo respecto al que precedió al 20D de 2015. El pasado inmediato (del que queda tanto por aprender) ha sido la llave de este presente, distinto al que pudo haber sido y no fue. Pero la llave que abrió este presente (por la mano de Rajoy) no es la llave del futuro. Está por ver quién encuentra esta llave y quién es capaz de utilizarla. Las fuerzas políticas que se han empezado a mover en  el nuevo tiempo político se han reconfigurado en el inmediato pasado. Y lo seguirán haciendo ahora.

El futuro inmediato no está escrito. Ni siquiera el del PSOE, al que se le augura una división ineluctable. Cual drama griego.

Quienes derrocaron a su secretario general no comprendieron que la suerte del PSOE estaba vinculada a la del secretario general. Pensaron interesadamente que no había sido elegido por la militancia sino designado por quienes mandan en el PSOE. Se han encontrado con el hecho de que ha sido la militancia quien le ha dado nuevo aliento. Cierto que el secretario general, elegido por las bases, no se convirtió en el águila política capaz de alzarse a la presidencia desde el limitado número de los escaños del PSOE. Cierto también que le pusieron mucho plomo en las alas para que no remontara el vuelo más alto que las gallinas. Cierto que no es un gallina. Por esto sus temerosos adversarios han tenido que esgrimir como argumento que su victoria será la división del PSOE. ¿Ayuda tal pronóstico a aceptar el resultado sea cual sea? Es solo un error más que revitaliza al derrocado; cuya victoria se teme ahora porque le suponen afán de revancha.

Pero también es cierto que Pedro Sánchez no puede revivir, fructíferamente para su partido, tan solo por los errores de sus adversarios internos. Su suerte está vinculada a lo que haya sido capaz de aprender de su propia trayectoria.

Como también la suerte del PSOE está vinculada a lo que colectivamente pueda aprender de su propia historia, desde aquel renacimiento que tuvo en Suresnes. Si repiensa su historia creo que el PSOE podrá concluir que recuperar la hegemonía (en la izquierda y en España) no podrá hacerse en el modo en que lo logró entonces.

Está cantado en el poema de Antonio Machado: existe la posibilidad de que como el olmo viejo y centenario vuelva a conocer otra primavera. También el riesgo de verse reducido a leña u otras diversas utilidades.

¿No sería lamentable que desapareciera el partido históricamente más vinculado a la democracia española?

Paradójico sería que quedaran, como únicos partidos históricos, el PNV y ERC, hegemónicos en el País Vasco y en Cataluña; y, como hegemónico en España, el PP, cuyo compromiso con la democracia pocas veces ha ido más allá de tolerarla en provecho propio. Un partido que se mantiene como pez en el agua en este tiempo que ahora llaman de la postverdad y que su encumbrado jefe sabe que eso no es otra cosa que el triunfo del cinismo. No el de la escuela griega que fundó Antístenes, sino el de la mentira descarada que con éxito viene practicando.

En cambio, con el arma de la impostura nadie ganará en el PSOE una victoria que no sea pírrica. Ya lo han probado quienes derrocaron a Sánchez pagando el precio del descrédito que se han ganado.

Está por ver ahora qué es capaz de enseñarnos Sánchez.

Está por ver también que es lo que quiere aprender y puede enseñar la sabiduría colectiva de la militancia del PSOE llamada al debate de proyectos y a las urnas.

Quienes van a votar en la elección de la Secretaría General no son almas muertas de Gogol. Ni creyentes fervorosos fácilmente manipulables al grito de no es no.

Es la parte hoy más viva del PSOE. Y al parecer mayoritariamente está por apoyar a Sánchez.

La suerte de los políticos es a veces inescrutable. Conoce el milagro de la resurrección.

La suerte de la democracia no. Depende del compromiso de la ciudadanía. Y esta, para activarse, necesita que quienes aspiren al liderazgo político despejen algunas de las incertidumbres y algunos de los riesgos que plagan este período de intransición que vive Españaintransición. Mientras, el mundo hierve con Trump y su compaña.

El mayor talón de Aquiles de Unidos Podemos y sus confluencias a la hora de atraer votantes se encuentra en aquellos que se consideran a sí mismos como de centroizquierda. Al menos, esa es la conclusión que se extrae del último barómetro del CIS, que se hizo público este miércoles y que revela que únicamente el 24% de las personas que se autoubican en el 4 (en una escala en la que el 1 es la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha) aseguran haber votado a Unidos Podemos o alguna de sus confluencias territoriales el pasado 26 de junio, la mitad de las que dicen haber elegido la papeleta del PSOE.

El sondeo se ha hecho público en un momento en el que Podemos se encuentra –ya desde hace meses– sumido en un intenso debate estratégico en el que, entre otros temas, también se está discutiendo sobre si la formación debe aspirar a abrirse a sectores sociales que tradicionalmente no votan a la izquierda del PSOE –la tesis defendida por el secretario de Política, Íñigo Errejón– o si, por el contrario, debe centrar sus esfuerzos en movilizar e ideologizar a sectores de la sociedad desencantados con la política y que habitualmente votan poco.

La estrategia a seguir se determinará en el próximo congreso del partido, conocido como Vistalegre II, pero el barómetro del CIS sirve da pistas sobre cuál fue uno de los agujeros de Unidos Podemos el 26J: el centroizquierda. Y es que, según los datos de la encuesta publicada este miércoles por la institución, sólo el 24% de todas las personas que se autoubican en el número 4 de la escala de ideología dice haber votado en las anteriores elecciones a alguna de las candidaturas en las que participaba el partido morado: el 16,8% a Unidos Podemos, el 2,9% a En Comú Podem, el 2,5% a la coalición À la valenciana (que incluía a Podemos, Compromís e IU) y el 1,8% a En Marea.

El absoluto dominador entre los ciudadanos con esta ideología es el PSOE. El 48% de ellos aseguran haber votado a los socialistas el pasado 26 de junio, lo que supone duplicar el resultado de Unidos Podemos y las confluencias. Por el contrario, Podemos y sus coaliciones están por encima de los socialistas en el recuerdo de voto de las personas que se autoubican en la izquierda o la extrema izquierda: el 41,1% de quienes se autoubican en el punto 3 de la escala asegura haber votado morado, por un 47,7% de quienes se sitúan a sí mismos en el 2 de la escala y un 55,7% de quienes se ubican en el 1. La mayor parte de los encuestados se sitúa entre el 3 y el 5 de la escala ideológica: el 21,2% en la posición central, el 13% en el 4 y el 14,3% en el tres.

La clase social y los ingresos

Pero las dificultades de Unidos Podemos para disputar el voto del centroizquierda no serán las únicas que se plantearán en Vistalegre II. Iglesias afirmó hace varias semanas que su intención –en línea con el resto de sus tesis– es que el partido no trate de disputar el concepto de clase media a sus rivales políticos, sino centrarse en construir la fortaleza del partido "en lo popular" y la clase obrera. Pese a que el secretario general ha aclarado en varias ocasiones que considera que el concepto de clase media tiene que ver con las "aspiraciones" del ciudadano, lo cierto es que también cuenta con un componente económico.

Utilizando la clasificación de clases sociales que ofrece el propio barómetro, y tomando como referencia lo que los encuestados aseguran haber votado el 26J, Unidos Podemos y sus confluencias fueron tercera fuerza entre los obreros cualificados ("manuales cualificados, semicualificados, capataces y artesanos") y no cualificados ("obreros de la industria y de los servicios y jornaleros del campo"). El 13,8% del primero de los grupos afirma haber votado a Unidos Podemos o alguna de sus alianzas –por un 22,2% del PSOE y un 15,8% del PP–, mientras que entre los obreros no cualificados este porcentaje se reduce al 11,1% –por un 26,8% de los socialistas y un 14,4% de los conservadores–.

De igual forma, Unidos Podemos tuvo –según los datos de recuerdo de voto del CIS– problemas el pasado 26 de junio para movilizar en su favor precisamente a los ciudadanos con menor renta. Entre las familias sin ingresos, que ingresan menos de 300 euros o que tienen una renta de entre 301 euros y 600 euros mensuales, Unidos Podemos y sus confluencias tienen resultados similares al resto de los partidos, que recogen muy poco porcentaje de sus sufragios de entre estos grupos. Pero únicamente el 7,6% de los encuestados que dice haber votado a la coalición de Podemos e IU tenía unos ingresos familiares mensuales de entre 601 y 900 euros, por apenas un 2,9% de los votantes de En Comú Podem. La excepción es la alianza de Compromís, Podemos e IU: el 14,3% de quienes dicen que la votaron tenía unos ingresos familiares de entre 601 y 900 euros.

Frente a este dato, el 15,5% de quienes aseguran haber votado al PSOE pertenecen a familias con esta categoría de ingresos mensuales, un porcentaje que es del 11,2% en el caso del PP. Por el contrario, y tomando como referencia el recuerdo de voto, Unidos Podemos y sus confluencias fueron más fuertes el pasado 26J entre familias con situaciones económicas más desahogadas: el 9,4% de los encuestados que recuerdan haber votado a la coalición tenían unos ingresos familiares mensuales de entre 2.401 y 3.000 euros, una cifra que se eleva hasta el 12,9% en el caso de En Comú Podem y que se reduce hasta el 4,8% en el de À la valenciana. Por su parte, el 5,2% de los votantes del PSOE pertenecieron a este grupo, por un 6,7% del PP.