El Tribunal de Cuentas ha desvelado el descontrol que sufren las millonarias subvenciones públicas destinadas a reactivar las deprimidas comarcas mineras del carbón en España. Los 1.786 millones de euros asignados a los Planes del Carbón entre 2006 y 2017 “carecían de los elementos esenciales para surtir los efectos” de lo que debería haber sido un esquema estratégico, ya que no definían “ni objetivos ni indicadores para realizar un seguimiento de los progresos conseguidos”, ni cuantificaban el impacto que se esperaba conseguir.

De hecho, las deficiencias de esos planes eran tales que incluían iniciativas que “no se concretaron en ninguna actuación” ni siquiera se gastaron los recursos a ellas consignados, como es el caso de las medidas para restaurar el medio ambiente y la seguridad minera previstas en el Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012, o las medidas de apoyo a la formación y para seguridad en los trabajos de minería del Marco de Actuación para la Minería del Carbón 2013-2018.

Además, las irregularidades y las deficiencias de control interno salpican la actividad del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC)Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), dependiente ahora del Ministerio para la Transición Ecológica y encargado de gestionar las subvenciones, así como de los ayuntamientos y fundaciones que las recibían.

De forma que de unos planes iniciados en realidad en 1990 no se ha realizado hasta el momento ninguna evaluación de eficacia. Pero la fiscalización llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas revela que el grado de ocupación de las infraestructuras financiadas con estas subvenciones –en polígonos industriales, por ejemplo– es “reducido” e incluso algunos edificios dotacionales –como residencias de ancianos– en los que se invirtieron fondos públicos no están siquiera en uso. El tribunal concluye que su análisis de los planes expone, por tanto, “una gestión escasamente orientada a alcanzar una aplicación eficiente y eficaz de los recursos públicos”.

Así, el informe del Tribunal de Cuentas explica también que el número de sociedades constituidas por habitante en Asturias, León y Teruel, las zonas beneficiadas por las ayudas públicas, es menor en las zonas mineras que en las no mineras, al menos en cifras absolutas. En términos relativos, no obstante, sólo entre 2009 y 2011, el número de nuevas sociedades fue “ligeramente superior”, coincidiendo con algunas convocatorias de subvenciones. Sobre el empleo generado, el informe asegura que su aumento no se puede relacionar “única y directamente” con las ayudas, al tiempo que descarta que éstas hayan mitigado la despoblación de las áreas subvencionadas.

El órgano fiscalizador critica la “excesiva ambigüedad y falta de rigor” de la regulación legal de las subvenciones al carbón. Lo que permitió “múltiples deficiencias” a la hora de justificar la ejecución de las obras por parte de los beneficiarios. El informe encontró “incidencias” en la justificación del 51% de los convenios que analizaron sus auditores. Si a esa laxitud legal se le une la falta de medios técnicos y humanos del Instituto para la Reestructuración de la Minería –cuatro funcionarios para gestionar las ayudas de infraestructuras y 12 para las ayudas a proyectos empresariales–, el resultado no sólo son retrasos en la tramitación de un año y siete meses de promedio, y hasta tres años en algún caso, sino también una considerable inseguridad jurídica.

Alcaldes que presiden fundaciones y cobran ayudas

Entre las muestras de control inadecuado de los fondos públicos, el tribunal detalla las irregularidades descubiertas en algunos ayuntamientos. El IRCM concedió una subvención de 509.000 euros al Ayuntamiento de Berga (Barcelona) en 2007 a través de un convenio que firmó con la Generalitat de Catalunya. Su fin era adquirir un “edificio plurifuncional” y rehabilitarlo. Con ese dinero, el consistorio compró un inmueble a una fundación privada de la que era presidente el alcalde la localidad. En Espiel (Córdoba), la subvención ascendía a 5,48 millones de euros y debía destinarse a infraestructuras en su polígono industrial. Las obras se realizaron, pero en una zona fuera del perímetro que constaba en el proyecto presentado al IRMC.

En 2009 la Junta de Castilla y León recibió 600.000 euros para comprar dos camiones para extinción de incendios, una actuación no incluida en la lista de las financiables con este tipo de ayudas. Pero es que, además, el dinero sirvió también para comprar tres vehículos todoterreno, por 62.384 euros, que no habían sido mencionados en el proyecto presentado al IRMC. Y que se mandaron a León, un municipio que queda fuera de las comarcas mineras de la provincia. Con la Junta de Castilla y León y con el Ayuntamiento de La Robla (León) el Instituto para la Reestructuración de la Minería firmó entre 1997 y 2010 un total de cinco convenios para desarrollar y ampliar suelo industrial. El Tribunal de Cuentas ha sido incapaz de “reconstruir la pista de auditoría de la ejecución y justificación” de las cinco subvenciones, destaca en su informe, por la falta de documentación aportada por el ayuntamiento.

Otra de las anomalías frecuentes se refiere a que los consistorios no son propietarios de los terrenos sobre el que se ejecutan las obras subvencionadas. Ocurrió en Puertollano (Ciudad Real), cuyo ayuntamiento percibió un total de 12,33 millones de euros para construir un palacio de congresos y exposiciones y “recuperar entornos mineros”, además de otros seis millones para construir un parque urbano rehabilitando escombreras de carbón. Los terrenos sobre los que se iba a construir el palacio de congresos no eran de propiedad municipal, sino que el ayuntamiento los adquirió a dos empresas en una fecha posterior a los convenios que firmó con el IRMC.

Todas las irregularidades de la residencia de ancianos de Fernández Villa

Pero el mayor cúmulo de irregularidades se produjo en la construcción de una residencia de ancianos en Aller (Asturias). Para su construcción, el instituto concedió 30,91 millones de euros al Montepío y Mutualidad de la Minería AsturianaMontepío y Mutualidad de la Minería Asturiana, una mutualidad con 16.000 miembros cuyo presidente en 2009 era José Antonio Postigo, exsecretario de Acción Sindical del sindicato minero SOMA-UGT detenido en 2017 junto a su secretario general José Ángel Fernández Villa, por desvío de fondos. Ambos se habían acogido a la amnistía fiscal de 2012: precisamente el origen del dinero que habían ocultado a Hacienda, 1,2 millones de euros, lo sitúa la Guardia Civil en el proyecto de la residencia de Aller. La que fue bautizada como Operación Hulla se encuentra aún pendiente de resolución en los tribunales, que han imputado a ambos sindicalistas. El Tribunal de Cuentas ha examinado ahora el expediente de las subvenciones a petición de la Comisión Mixta Congreso-Senado.

Según su informe, la ayuda pública se otorgó pese a que no se había elaborado ningún estudio técnico que justificara la necesidad de subvencionar la residencia, para 297 residentes y con biblioteca y centro hidrotermal. Fue construida entre 2009 y 2012 y en la actualidad es explotada por una empresa, La Residencia SL, participada al 100% por el Montepío. Además, se concedió la subvención a esta mutualidad, pese a que este tipo de entidades tiene vedada la actividad objeto de la ayuda, destaca el tribunal. El montepío tampoco era el dueño de los terrenos –que tenían la calificación de “rurales de uso agropecuario– e incluso carecía de licencia de obra.

El IRCM financió el 100% del proyecto, que el montepío encargó construir a una empresa sin concurso público. La constructora, Alcedo de los Caballeros, presentó la oferta económica más elevada de las cinco que optaron al contrato, firmado nueve meses antes de que el instituto suscribiera el convenio para subvencionarlo. Para rematar la lista de anomalías, la subcontratación de la explotación de la residencia a la sociedad propiedad del montepío se hizo sin autorización, indica el Tribunal de Cuentas. El montepío no tuvo reparo en enviar al IRCM facturas procedentes de otras residencias propiedad del montepío –posee un apartahotel en Roquetas de Mar (Almería), un complejo de viviendas en Los Alcázares (Murcia) y un balneario en Ledesma (Salamanca)– y de la empresa que explotaba la de Aller, por un total que superaba el millón de euros, para que se las pagase.

Es más, el coste total de la construcción ascendió a 32,48 millones de euros, casi 1,5 millones por encima del coste inicialmente previsto, y el montepío incluso reclamó al IRMC 3,3 millones de euros al saldar el convenio en 2011. Según un informe emitido por el Ministerio de Hacienda, los costes de construcción por residente y metro cuadrado fueron en la residencia asturiana entre un 31% y un 61% superiores a otras similares, y los gastos generales y beneficio industrial del proyecto se elevan al 51%, cuando la ley no permite que se supere el 20%. Sin embargo, las calidades de la obra son inferiores a las que figuraban en el proyecto.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas critica que la residencia se dedique al termalismo para el público en general, porque el hecho de haber sido subvencionada al 100% supone un trato de favor respecto a los proyectos privados que compitan con ella. Pero es que aun abriendo sus puertas a no mutualistas su grado de utilización deja bastante que desear: no ha alcanzado el 30% de su capacidad. El IRMC está personado en el proceso penal abierto por este caso como perjudicado.

Fundaciones sin ánimo de lucro que construyen infraestructuras

A juicio del Tribunal de Cuentas, las múltiples irregularidades destapadas en la residencia asturiana no son más que una muestra de los problemas que ocasiona subvencionar a entidades sin ánimo de lucro para construir infraestructuras.

En concreto, menciona los casos de la Fundación Tecnológica y Formativa en Alimentación (Futeca), que recibió en 2011 un total de 523.415 euros para una planta piloto I+D en el centro de formación profesional de industrias cárnicas de Mieres (Asturias). Pero que se emplearon para comprar maquinaria de la industria cárnica por un importe 100.000 euros superior. La factura fue emitida por una empresa cuyo administrador único era también el presidente de Futeca. El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón ni advirtió esta infracción legal ni pidió la devolución de la ayuda.

En Villablino (León), el IRMC subvencionó a la Fundación Sierra Pambley con 3,5 millones de euros la construcción de un centro residencial, albergue y guardería, que ahora está abierto al público en general, lo que para los auditores del tribunal supone una ventaja competitiva frente a sus competidores. A la Fundación Docente de Mineros Asturianos (Fundoma), el IRMC le concedió 3,67 millones de euros para adecuar varios de sus edificios. La fundación se los ha alquilado por un periodo de 20 años al Principado de Asturias; es decir, está desarrollando una actividad empresarial, resalta el informe.

El Tribunal de Cuentas recrimina al IRMC que, pese al largo listado de anomalías, no haya impulsado “suficientemente” las reclamaciones para que le sean devueltas las subvenciones mal ejecutadas. De hecho, asegura que algunas no se podrán recuperar ya tras haberse declarado la caducidad de los procedimientos de reintegro por transcurrir el plazo legal sin resolución. Además, tampoco ha abierto el IRMC ningún procedimiento para sancionar a las entidades y particulares que han cometido faltas graves o leves.

La Sección Tercera de la Audiencia provincial de Asturias ha condenado al exlíder sindical minero y exdiputado el PSOE, José Ángel Fernández Villa, a tres años de prisión como autor de un delito continuado de apropiación indebida.

Inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y a 10 meses de multa, a razón de 80 euros al día, lo que hace un total de 24.000 euros. Además deberá indemnizar al sindicato SOMA-UGT/SOMA-FIA-UGT/SOMA-FITAG-UGT, en concepto de daños y perjuicios, en la cantidad de 431.330,77 euros.

La sentencia declara como probado, entre otras cosas, que que el acusado, entonces secretario general del Sindicato, "que representaba y dirigía, prevaliéndose de su posición jerárquica sobre el resto de miembros y trabajadores del mismo, que no ponían en duda ni discutían sus decisiones o simples deseos, aprobando incluso su gestión, algunos, tal vez, por desconocimiento, logró percibir las cantidades reseñadas en los hechos declarados probados de esta sentencia, perjudicando el patrimonio del Sindicato y encajando su conducta en las dos modalidades del delito de apropiación indebida".

Para los magistrados este delito debe apreciarse con el carácter de continuado "que nace de una pluralidad de acciones que, individualmente contempladas, son susceptibles de ser calificadas como delitos independientes, pero que, desde una perspectiva de antijuricidad material, se presentan como una infracción unitaria, concurriendo todos los requisitos que el Tribunal Supremo exige para su existencia".

La sentencia que no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, explica en ese mismo sentido que el ahora condenado "hizo suyo y destinó el dinero del Sindicato para sus propios gastos, utilizando los recursos ajenos en su provecho y beneficio exclusivo, extendiéndose esa conducta durante años y llevándose a cabo de diversas maneras y formas y por diferentes cantidades cada vez".

La Audiencia apunta que no hay unidad natural de acción, "precisamente por la variedad de las modalidades por las que el acusado distrae y hace suyo el dinero del Sindicato, como también la duración del período de tiempo durante el cual lo realiza, lo suficientemente largo como para romper precisamente esa unidad temporal de acción y situarnos más bien ante distintas actuaciones que pueden ser consideradas como un delito continuado".

En cuanto a la pena de prisión impuesta, la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Javier Rodríguez Luengos, explica que "nos encontramos ante una apropiación por un importe 434.158,43 euros, que supera en más de ocho veces la prevista para la cualificación, en una conducta de infidelidad que se extiende a lo largo del tiempo, del 1989 al 2012, y ello por quien ostenta puestos de singular importancia sindical y política por lo que la gravedad cuantitativa y las condiciones personales de su autor justifican la imposición de una pena de prisión de 3 años".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes a José Antonio Postigo, mano derecha del exlíder del SOMA-UGT Asturias, José Ángel Fernández Villamano derechaJosé Ángel Fernández Villa, y a otras tres de las cinco personas investigadas por el desvío de fondos del sindicato, han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

Las cuatro detenciones se han practicado en el marco de la operación Hulla ordenada por la Fiscalía Anticorrupción en coordinación con el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo. El único que no ha sido detenido ha sido el histórico sindicalista y exsenador del PSOE, Fernández Villa, a quien se le tomará declaración en su domicilio, según han precisado las citadas fuentes.

Su más directo colaborador, José Antonio Postigo, ha sido detenido en Murcia, donde tenía fijada su residencia el exsecretario de Acción Sindical del SOMA-UGT y expresidente de Montepío, José Ángel Fernández Villa, así como los familiares más directos de ambos y otros allegados.

Los investigadores sitúan a Fernández Villa, que estuvo durante 30 años al frente de la sección de minería de UGT en Asturias, al frente de una trama con la que se desviaron fondos públicos y privados. Los otros tres arrestados son JMFF, asesor fiscal de Montepío; MSF, el arquitecto de la residencia objeto de la investigación; y JAFF, constructor de dicho geriátrico.

En el marco de la operación Hulla se han practicando registros y requerimientos a diversos organismos públicos y privados en las provincias de Asturias, Valladolid, Madrid y Murcia, según ha informado en un comunicado la Fiscalía Anticorrupción.

La operación Hulla investiga el indiciario desvío, apropiación y ocultación de fondos tanto públicos como privados. En el primer caso se obtuvieron a través de una subvención concedida en 2009 por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Estos fondos públicos fueron canalizados por la mutualidad Montepío de la Minería Asturiana a través del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC). También se investigan fondos privados pertenecientes a dicha mutualidad minera entre los años 2005 y 2014.

También se encuentra el que fuera asesor fiscal del Montepío, un arquitecto y autor del proyecto para la construcción de la Residencia de Mayores La Minería La Minería en Felechosa-Aller (Asturias), así como el constructor y administrador de la mercantil adjudicataria del contrato para la construcción de dicha residencia de mayores que los investigadores sitúan en el epicentro del supuesto desvío de fondos.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, se inició por información de inteligencia financiera en relación con un presunto delito de blanqueo de capitales, originando la incoación de unas diligencias de investigación en la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, según ha explicado el Ministerio Público.

Blanqueo de capitales y otros delitos

La Fiscalía contra la Corrupción ha estado liderando un trabajo conjunto con sus Unidades de Apoyo de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria e Intervención General del Estado y con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que ha desembocado en la presentación de la correspondiente querella.

Tras la querella, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo incoó diligencias penales en el mes de abril por presuntos delitos de blanqueo de capitales vinculado a delitos de falsedad en documento oficial y mercantil, fraude de subvenciones, trafico de influencias, delito societario por apropiación indebida y delito contra la hacienda publica, sin perjuicio de posibles delitos de prevaricación, cohecho, prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos.

José Ángel Fernández Villa fue expulsado del PSOE y del sindicato UGT poco después de que el diario El País publicase una información en la que señalaba que se había acogido a la amnistía fiscal y que estaba siendo investigado por ocultar 1,4 millones a Hacienda.

Muy influyente en la clase política asturiana durante años, el caso causó un amplio revuelo que originó incluso la apertura de una comisión de investigación. Sin embargo, Villa no acudió a comparecer a la misma alegando motivos de salud.

Pocos meses después de su retirada de la primera línea política, la Fiscalía Anticorrupción abrió las primeras diligencias contra Fernández Villa y un entramado compuesto por personas cercanas a él durante la etapa al frente del SOMA-UGT Asturias. La investigación tiene una doble vertiente: la del enriquecimiento a base de dietas sindicales y la de mordidas en la obra del geriátrico del Montepío.

El sindicato UGT Asturias ha emitido este martes una nota de prensa en la que aclara que no tiene "nada que ver" con el operativo desplegado este martes por Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación a la denominada Operación Hulla por el presunto desvío de fondos de una trama liderada por José Ángel Fernández Villa, exsecretario general del Sindicato Obrero de la Minería Asturiana SOMA-Fitag-UGT y exsenador por el PSOE.

La organización señala que se ha visto obligada a aclarar esta circunstancia ante la cantidad de llamadas que están recibiendo y ante la "confusión" en medios de comunicación fuera de Asturias.

"Queremos aclarar que en ningún caso la citada operación afecta a la UGT de Asturias, que no participa de ninguna manera ni en la gestión ni en la dirección del Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana", han explicado desde UGT Asturias. "Por mucho que se quiera, este asunto no tiene nada que ver con la Unión General de Trabajadores de Asturias", han explicado.

El operativo de UCO de este martes también responde a la investigación de un directo colaborador de Villa, el exsecretario de Acción Sindical del SOMA-UGT y expresidente de Montepío, José Antonio Postigo, así como los familiares más directos de ambos y otros allegados.

También se encuentra el que fuera asesor fiscal del Montepío, un arquitecto y autor del proyecto para la construcción de la Residencia de Mayores La Minería en Felechosa-Aller (Asturias)La Minería, así como el constructor y administrador de la mercantil adjudicataria del contrato para la construcción de dicha residencia de mayores que los investigadores sitúan en el epicentro del supuesto desvío de fondos.

Formación

Fue en el mes de enero cuando la sede de UGT Asturias sí fue objeto de un operativo de la UCO, pero desvinculado de la operación que investiga a Villa. En aquella ocasión, la Guardia Civil actuó en relación a un presunto fraude en cursos de formación.

Desde UGT Asturias han vuelto a insistir este martes que siguen a disposición de la justicia para todas aquellas aclaraciones que sean necesarias al tiempo que reivindica su absoluta honestidad. La organización ha vuelto a denunciar públicamente la "tremenda injusticia y desproporción" de las actuaciones llevadas a cabo en enero por la UCO.

La Fiscalía Anticorrupción ha ordenado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que este martes despliegue un operativo por el presunto desvío de fondos de una trama liderada por José Ángel Fernández Villa, exsecretario general del Sindicato Obrero de la Minería Asturiana SOMA-Fitag-UGT.

Además de Fernández Villa, que estuvo durante 30 años al frente de la sección de minería de UGT en Asturias, está siendo investigado su más directo colaborador, el exsecretario de Acción Sindical del SOMA-UGT y expresidente de Montepío, José Antonio Postigo, así como los familiares más directos de ambos y otros allegados.

Según ha informado Europa Press, en el marco de la operación Hulla se están practicando registros y requerimientos a diversos organismos públicos y privados en las provincias de Asturias, Valladolid, Madrid y Murcia, según ha confirmado la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público ha anunciado que se prevén diversas detenciones.

La operación Hulla investiga el indiciario desvío, apropiación y ocultación de fondos tanto públicos como privados. En el primer caso se obtuvieron a través de una subvención concedida en 2009 por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Estos fondos públicos fueron canalizados por la mutualidad Montepío de la Minería Asturiana a través del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC). También se investigan fondos privados pertenecientes a dicha mutualidad minera entre los años 2005 y 2014.

También se encuentra el que fuera asesor fiscal del Montepío, un arquitecto y autor del proyecto para la construcción de la Residencia de Mayores 'La Minería' en Felechosa-Aller (Asturias), así como el constructor y administrador de la mercantil adjudicataria del contrato para la construcción de dicha residencia de mayores que los investigadores sitúan en el epicentro del supuesto desvío de fondos.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, se inició por información de inteligencia financiera en relación con un presunto delito de blanqueo de capitales, originando la incoación de unas diligencias de investigación en la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, según ha explicado el Ministerio Público.

Blanqueo de capitales y otros delitos

La Fiscalía contra la Corrupción ha estado liderando un trabajo conjunto con sus Unidades de Apoyo de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria e Intervención General del Estado y con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que ha desembocado en la presentación de la correspondiente querella.

Tras la querella, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo incoó diligencias penales en el mes de abril por presuntos delitos de blanqueo de capitales vinculado a delitos de falsedad en documento oficial y mercantil, fraude de subvenciones, trafico de influencias, delito societario por apropiación indebida y delito contra la hacienda publica, sin perjuicio de posibles delitos de prevaricación, cohecho, prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos.

José Ángel Fernández Villa fue expulsado del PSOE y del sindicato UGT poco después de que el diario El País publicase una información en la que señalaba que se había acogido a la amnistía fiscal y que estaba siendo investigado por ocultar 1,4 millones a Hacienda. Sin embargo, Villa no acudió a comparecer a la misma alegando motivos de salud.

Pocos meses después de su retirada de la primera línea política, la Fiscalía Anticorrupción abrió las primeras diligencias contra Fernández Villa y un entramado compuesto por personas cercanas a él durante la etapa al frente del SOMA-UGT Asturias. La investigación tiene una doble vertiente: la del enriquecimiento a base de dietas sindicales y la de mordidas en la obra del geriátrico del Montepío.

El juzgado número 2 de Oviedo ha decidido abrir juicio oral contra el histórico líder sindicalista minero y exsenador del PSOE, José Ángel Fernández Villa por un presunto delito de apropiación indebida. El exsindicalista se enfrenta a una pena que va desde los cinco años que pide el fiscal hasta los seis que pide la acusación particular (Fitag-UGT y Fundación Infide).

Ha exigido una fianza de 434.158 euros para Fernández Villa y de 119.434 y 119.434 para el exsecretario del Patronato de la Fundación Instituto para la Formación, Investigación, Documentación y Estudios Sociales (Infide), Pedro Castillejo, quien se enfrenta a los tres años y medio de prisión que le pide el fiscal y a los cinco que le piden desde la acusación particular.

El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Asturias, según ha decretado la juez Simonet Quelle Coto en un escrito para el que no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal del acusado en que cabe recurso de reforma.

La decisión era esperada, dado el tenor del auto que suscribió la jueza a comienzos del mes de abril, en el que narraba cómo Fernández Villa habría hecho suya o destinado a una finalidad ilegítima la cantidad de 434.158,73 euros que deberían haber sido para el sindicato SOMA-Fitag-UGT de 1989 a 2012. La cantidad coincide con la fianza que pide la juez. También la fianza que pide para Castillejo, de 119.434,74 euros.

La juez explicaba en aquel auto que Villa estuvo al frente del sindicato hasta el 9 de abril de 2013, asumiendo "la dirección y el control de todos los medios humanos y económicos y efectuando actuaciones encaminadas a desviar fondos del sindicato a su patrimonio personal, así como a destinar capital del sindicato a finalidades distintas de las propias y a sustraer al debido control el uso de los fondos del Sindicato a su finalidad legitima".

El SOMA-Fitag-UGT tenía representación en el denominado Comité Intercentros de la empresa pública Hunosa, que pagaba a la organización por la asistencia de sus miembros a las reuniones. En el periodo comprendido entre noviembre de 1989 y enero de 2001, Hunosa pagó cheques nominativos directamente a Fernández Villa, quien "pese a ser conocedor" que los mismos pertenecían al sindicato, incorporó a su patrimonio personal todo el dinero percibido por Hunosa. Así se hizo con 243.462,46 euros, según aquel auto.

Siempre según el relato de la juez instructora, a partir de 2001 la empresa pública Hunosa cambió la forma de pago y optó por transferencias bancarias. Pero el dinero no iba a la cuenta del SOMA-Fitag-UGT, sino a otra desgajada de la anterior con el nombre SOMA-UGT, de la que Villa tenía el "control absoluto".

"De este modo además de peticiones de reintegro de gastos por dietas de alimentación y transporte, presentó y cobró en efectivo cantidades de carácter personal y además utilizó en dicho concepto las tarjetas de crédito propiedad del sindicato que se le habían suministrado para su actividad representativa y en las que se cargaban gastos carentes tanto de autorización como de justificación", reza el auto.

Además, con una tarjeta de crédito solicitada por SOMA-UGT a cargo de la cuenta del Comité Intercentros, efectuó compras "en su único y exclusivo interés en establecimientos diversos y en diversos conceptos tales como puros, flores, productos de farmacia y parafarmacia, libros, música, prendas de vestir...". De 2001 a 2007 compró por valor de 37.120,43 euros. También hay cargos carentes de justificación de 2008 a 2012, con una suma total de 36.082,43 euros.

Fernández Villa también habría destinado de 2009 a 2012 una cantidad de 13.779,31 euros a gestiones separadas de sus funciones de secretario general, y cargó facturas telefónicas de tipo personal.

Vehículos

En el auto de abril, la juez explicó pormenorizadamente el uso de fondos económicos del sindicato para comprar dos vehículos todoterreno, dos Mitsubishi Montero, a pesar de que el sindicato ya tenía coche oficial.

Fernández Villa compró el primer Montero en 2001 y el sindicato pagó hasta un total de 70 mensualidades de 478,87 euros, sumando un total en este concepto de 33.520,90 euros, según ha informado Europa Press.

El segundo Montero lo adquirió en 2006, parte de cuyo precio (14.000 euros) se abonaba por el investigado mediante la entrega del anterior. A partir de ese momento y con la finalidad de abonar la compra del vehículo nuevo el histórico líder sindical minero ordenó que se modificará el importe de la transferencia que mensualmente venía recibiendo de la cuenta del SOMA a su cuenta personal, pasando a ser desde el mes de 12 de marzo de

2007 hasta el 11 de diciembre de 2012 de la cantidad de 777,78 euros, realizándose un total de 67 pagos mediante tal transferencia, alcanzando un total de 52.111,26 euros (por lo que no sólo se le abonó el vehículo sino unos 24.220,26 euros adicionales).

Del segundo Mitsubishi Montero hoy no se sabe nada. La juez explica que era para el uso particular de Fernández Villa, incluso tras su cese como secretario general. "Fue puesto a disposición del sindicato una vez iniciado el presente procedimiento judicial, en febrero de 2016, desconociéndose su paradero actual", señala la juez.

La Fiscalía del Principado de Asturias ha dado a conocer este miércoles el escrito de acusación contra el ex secretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, y el ex secretario del Patronato de la fundación Infide, Pedro Castillejo. Para Villa la Fiscalía solicita cinco años de prisión, mientras que para Castillejo tres y medio, ambos por delito continuado de apropiación indebida, según ha informado Europa Press.

Sin que el fiscal entienda que existan circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, impone a Villa una indemnización al SOMA-Fitag-UGT por 434.158 euros, mientras que Castillejo deberá abonar a Infide 119.434 euros.

En su escrito, el fiscal atribuye a Villa un delito continuado de apropiación indebida durante el tiempo en el que ostentó "la máxima capacidad de toma de decisiones" en el SOMA, donde ejerció una posición de "dominio absoluto" del sindicato, "siendo la persona que tomaba todas las decisiones en el mismo, nombraba el personal directivo del sindicato, y decidía la contratación y cese del personal".

Según su relato, el exlíder sindical habría ideado un plan destinado a desviar los fondos del sindicato a su patrimonio personal quedándose, entre otras cuestiones, con las dietas abonadas por el Comité intercentros de Hunosa que correspondían al sindicato. Además habría presentado gastos de aparcamientos, prensa, restaurantes, puros, sombreros, flores, centros dietéticos, maletas, farmacia, parafarmacia, delicatessen, libros, dvd, música, perfumerías y en diferentes tiendas, todo ello sin que los pagos tuviesen justificación alguna relacionada con la actividad sindical.

Todo ello, reitera el fiscal, derivado de su situación de "dominio total" sobre el sindicato. Entre los años 2001 al 2007 Villa gastó con la tarjeta del SOMA un total de 37.120 euros.

A partir de 2008, prosigue el escrito de acusación, el exsecretario general del SOMA "continuó con la dinámica", aunque en esta ocasión utilizando diferentes tarjetas de crédito por importe total de 36.082 euros hasta 2012.

Por otro lado, cargó al sindicato diversas facturas de teléfono por importe conjunto de 1.065 euros que eran de consumo personal y que había pagado el acusado, recibiendo en compensación 1.317.

Por otra parte, y a pesar de que disponía de vehículo en el sindicato para las tareas que fuesen necesarias, "decidió que el sindicato procedería a comprarle los vehículos que fuesen pertinentes para su uso particular". Así, en 2001 adquirió un Mitsubishi Montero por 33.520 euros; en 2006 otro coche del mismo modelo por 52.111 euros, y el seguro del vehículo, con un coste de 13.936 euros.

Para uso del sindicato, pero a su nombre, compró un Audi A4 cuyo coste fue cargado "legítimamente" al sindicato, ordenando transferencias mensuales de 882 euros para pagarlo desde su cuenta personal. Sin embargo, una vez terminado de pagar el vehículo, siguió percibiendo la misma cantidad por este concepto durante casi dos años más, siendo el importe apropiado "por exceso" de 16.764 euros.

La suma total de las cantidades de las que se apropió de forma indebida asciende a 434.158 euros.

La Fiscalía también atribuye a Castillejo apropiación indebida durante su etapa como secretario del Patronato de la Fundación Instituto para la Formación, Investigación, Documentación y Estudios Sociales (Infide). En esta ocasión la suma asciende a 119.434,74 euros incorporados a su patrimonio a través de reintegros de efectivo, pagos en "innumerables restaurantes", farmacias y diferentes tiendas entre los años 2004 y 2013.

Así lo ha manifestado a los periodistas Alfredo García, letrado del exsecretario del Instituto para la Formación, la Investigación, la Documentación y los Estudios Sociales (Infide), Pedro Castillejo, también investigado en la causa.

El sindicato minero SOMA-Fitag-UGT reclama 430.552 euros para el exlíder sindical y 114.349 euros para quien fuera máximo responsable del Infide, ha informado Europa Press.

Villa ha llegado a las 10.05 horas al Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo para prestar declaración por la causa abierta por el SOMA-Fitag-UGT y la Fundación Infide relativa a un supuesto delito de apropiación indebida.

El histórico líder minero llegó en taxi hasta las dependencias judiciales y entró en el juzgado por su propio pie, ayudado por un bastón y flanqueado por su abogada, Ana Boto, y por su mujer.

Ante preguntas de los periodistas sobre su estado de salud, la letrada no quiso que Villa contestara y amenazó con llamar a la policía. Fernández Villa tendría que haber declarado el pasado 11 de enero, pero su defensa alegó entonces motivos de salud para eludir la comparecencia. Sin embargo, la Audiencia Provincial desestimó el recurso presentado por Fernández Villa, con el que pretendía no declarar en la causa.

Villa ha sido acusado por el mismo sindicato que lideró de apropiarse de más de 400.000 euros. Si no hubiese acudido ni presentado causa legítima que se lo impidiese, la orden de comparecencia podría haberse convertido en orden de detención, según ha informado el juzgado.

El ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa (Tuilla de Langreo, 1944) declara este viernes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, Simonet Quelle Coto, que investiga la querella interpuesta por el propio sindicato minero por un delito de apropiación indebida cuantificado por el momento en 420.000 euros.

Además, la magistrada ha denegado la petición de la defensa del propio Fernández Villa que había reclamado declarar con un acompañante que le tutelase y un forense que velase por que el interrogatorio no le causase un sufrimiento innecesario, según ha adelantado el diario La Nueva España.

Si no acude o no justifica causa legítima que se lo impida, la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención, según ha informado el juzgado. La jueza que lleva el caso considera que los padecimientos del exsindicalista, que fue en su día todo un referente en el sector minero no le impiden en absoluto declarar en calidad de investigado en la fase de instrucción, informa Europa Press.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, cuyo ponente ha sido el magistrado Javier Domínguez Begega, desestimó el pasado 15 de febrero los recursos interpuestos por la defensa del exsindicalista contra la decisión adoptada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo en la que ordenaba someter al exsindicalista a una exploración médica por parte de un experto en neurología y, posteriormente, citarle a declarar en calidad de investigado el 12 de enero.

De esta forma, y pese a las continuas trabas del propio Fernández Villa, que fue diputado por el PSOE en la Junta General del Principado de Asturias, el exsindicalista deberá someterse este viernes al interrogatorio ante la magistrada que instruye su causa. La comparecencia del ex líder sindical minero había sido fijada por la magistrada para el pasado 12 de enero, pero quedó suspendida a la espera de conocerse la decisión de la Audiencia, que ratificó la comparecencia.

Preguntas "simples"

En este sentido, la jueza estableció que el que también fuera senador socialista no podrá ser "sometido a presión", al mismo tiempo que se le deberán formular preguntas "simples", garantizando siempre el tiempo para la respuesta.

Además, el interrogatorio no deberá prolongarse más de 45 minutos y podrá ser interrumpido para "permitir el descanso" del investigado, atendiendo al criterio médico del perito que le realizó la exploración neurológica, quien aseguró que Villa "tiene capacidad para decidir si a algo no le conviene contestar siempre y cuando no acumule fatiga".

En la resolución, a la que ha tenido acceso infoLibre, la Audiencia Provincial niega que se hubiera vulnerado el derecho de defensa en la prueba pericial sobre la salud de Fernández Villa, máxime cuando el propio investigado sí estaba dispuesto a someterse al examen, aunque por otro médico.

Sostiene el auto, por otro lado, que la citación realizada por la magistrada era "ajustada a derecho" e, incluso, observa que los recursos de la defensa carecen de "un mínimo reconocimiento al margen de ser sólo expresión del derecho a recurrir", por lo que impone al acusado las costas.

Estado de salud mental

La Audiencia considera "sorprendente" que siendo la intención de Fernández Villa que se archiven las diligencias por su estado de salud mental, por lo que no debería comparecer, "se finalice el argumento del motivo de apelación encomiando la participación del investigado y su activa presencia en el proceso y audiencia".

Asimismo, la Sección Tercera destaca la contradicción a la que recurre la defensa del exsindicalista, que había reclamado que la resolución de la apelación se celebrara en una vista pública, cuando la propia abogada de Fernández Villa había advertido que el informe pericial sobre la salud del exsenador no debía trascender para salvaguardar su intimidad: "Y una cosa, y la contraria, la pide su defensa", especifica el magistrado ponente.

El auto, que llega incluso a hablar de "la supuesta enfermedad mental con la que la defensa se afana en eludir esa comparecencia, es algo que tiene que observar el propio titular del órgano judicial que instruye", en referencia a la jueza Simonet Quelle Coto. Asimismo, los magistrados apuntan a la posibilidad de que Fernández Villa se acoja "al legítimo derecho a no declarar, que es lo que su actuación procesal opositora a la comparecencia sugiere".

La abogada de Fernández Villa basó su rechazo a la declaración de su cliente porque el estado del investigado le imposibilitaba la lectura y el entendimiento de la querella, interpuesta por el propio sindicato que encabezó el imputado durante 34 años. Sin embargo, la Sección Tercera de la Audiencia asturiana rechaza esta petición, y recuerda que la decisión de la jueza de citarle a declarar se fundamenta en una pericial médica.

El sindicato SOMA-Fitag-UGT y la Fundación Infide interpusieron la querella tras recibir un informe de auditoría de las cuentas de la organización, que habían encargado a la firma C. B. Auditores y Asesores a raíz de que aflorase la fortuna oculta del exlíder minero, cifrada en al menos 1,4 millones de eurosfortuna oculta1,4 millones de euros, que trató de regularizar con la amnistía fiscal promovida por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

El exsindicalista trató de justificar la existencia de esa fortuna por la herencia familiar, que estaba compuesta por un inmueble y un local comercial en la parroquia de Tuilla, en el municipio de Langreo (Llangréu)Tuilla, en los que se encontraba el bar Casa Hermógenes, que es el nombre del padre.

Según el diario El Comercio, más de 50.000 euros corresponderían a gastos indebidamente justificados (de pagos con tarjeta de crédito y en efectivo) y más de 60.000, a la compra y seguro de un vehículo particular, todo ello a costa del sindicato.

José Ángel Fernández Villa fue expulsado del PSOE y del sindicato poco después de que el diario El País publicase una información en la que señalaba que se había acogido a la amnistía fiscal y que estaba siendo investigado por ocultar 1,4 millones a Hacienda.

Muy influyente en la clase política asturiana durante años, el caso causó un amplio revuelo que originó incluso la apertura de una comisión de investigación en la Junta General del Principado de Asturias. Sin embargo, Villa no acudió a comparecer a la misma alegando motivos de salud. Su representación legal aportó un informe médico del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

No habrá Rodiezmo en 2013. No se celebrará el primer fin de semana de septiembre la 34ª edición de la fiesta minera asturleonesa. Los festejos en la histórica campa, una plaza simbólica para los socialistas y más aún para el sindicato convocante, SOMA-FITAG-UGT, se suspenden por primera vez desde 1979. Ya no habrá allí acto de apertura del curso político, al menos por este año. La dirección del PSOE aún no ha decidido si reemplazará Rodiezmo por otro encuentro similar, pero sí cuenta con que la vuelta de las vacaciones de verano estará marcada esta vez, y mucho, por lo que ocurra en Andalucía, donde a finales de agosto José Antonio Griñán presentará su dimisión como presidente de la Junta para que, en los primeros días de septiembre, tome el relevo la única candidata del proceso de primarias, Susana Díaz. 

El brillo de Rodiezmo se había desvaído en los últimos años. En 2010, José Luis Rodríguez Zapatero se cayó del cartel, por primera vez desde que en 2000 llegara a la cima del PSOE. Así, el escenario en el que, desde que fue elegido presidente del Gobierno anunciaba la subida de pensiones y del salario mínimo, perdía a su invitado principal. La razón no era otra que la huelga general del 29 de septiembre, la primera convocada por las centrales y la política de recortes emprendida por el Ejecutivo socialista, que había tensado al máximo las relaciones con el sindicato hermano, UGT. En 2011, a menos de tres meses de las elecciones generales, ningún miembro de la cúpula socialista acudió a la campa asturleonesa. Tampoco el candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, En 2012, el PSOE recuperó (algo) la tradición y envió a la 33ª edición al número tres, Óscar López, secretario de Organización. Rubalcaba, el nuevo secretario general surgido del disputado congreso de Sevilla, se saltó la fiesta del carbón. 

Pero en 2013 Rodiezmo estará desierto el 1 de septiembre. A finales de julio, el Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias-Federación de Industria y de los Trabajadores Agrarios-UGT anunció que suspendía este año la celebración, con la esperanza de poder rescatarla en 2014. "El motivo es la situación que atraviesa el sector de la minería con los planes de cierre, ERE... No está el tema para fiestas", explicaban ayer fuentes de la central a infoLibre. Pero a ello se suma la debilidad económica del sindicato: la huelga de dos meses y las marchas mineras del año pasado se cargaron a su presupuesto. Pero un tercer factor, y nada menor, es la propia crisis de SOMA-FITAG-UGT. El pasado 9 de abril, el histórico secretario general de la central, José Ángel Fernández Villa, de 69 años, en primerísima línea de fuego desde 1979, anunciaba su marcha por motivos de salud. Su cuerpo, decía, "acumula ya demasiadas enfermedades" como para poder vencerlas. El año pasado ya se saltó Rodiezmo. 

Reunión de la Permanente, el 26 de agosto

Fernández Villa, que había sido reelegido líder en diciembre de 2011, pasó a la reserva para sorpresa de todos, dejando noqueados a los suyos. Tanto que desde entonces, el SOMA-FITAG-UGT se encuentra sin norte. En mayo, celebró el congreso del relevo, pero no pudo ser. La única candidatura presentada, la de la presidenta del comité intercentros de Hunosa, Concepción Alonso, recibió el escuálido apoyo del 29,87% de los delegados, así que automáticamente dimitió –y con ella, toda la ejecutiva– y se conformó una gestora, y ese equipo provisional es el que dirige el sindicato por el momento, hasta que se celebre un nuevo cónclave. "Es cierto que estamos en gestora, pero la razón real es la situación del sector y la cuestión económica", se defendían fuentes oficiales. No obstante, algunos integrantes de la central, pero no cuadros orgánicos, quieren organizar un mínimo acto, "más por razones simbólicas", ya que han sido 33 años de fiesta del carbón sin interrupción, alegaban ayer desde el aparato federal de FITAG. 

El PSOE, mientras, aún "no ha decidido" cómo abrirá su curso político, cancelada del todo la posibilidad de Rodiezmo. "Estamos viendo, pero habrá mucho PSOE Andalucía", señalaba ayer un alto responsable del aparato del partido. Se refería así a que el último tramo de agosto va a estar monopolizado por la salida de Griñán de la Junta. El presidente presentará su renuncia oficialmente ante el primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones, previsto para el martes 27 de agosto, según indicó él mismo. Se cuenta con que el pleno de investidura en el Parlamento de Sevilla se celebrará el 4 y 5 de septiembre. Y el día 7, Díaz tomará posesión del cargo y formará gobierno.

En el nuevo Ejecutivo no estará ya uno de los dos rivales en las primarias, el consejero de Agricultura, Luis Planas, por decisión propia. Y tampoco se espera que haya cambios en las carteras controladas por el socio de gobierno, Izquierda Unida –Diego Valderas (Vicepresidencia, Administración Local y Relaciones Institucionales), Elena Cortés (Fomento y Vivienda) y Rafael Rodríguez (Turismo y Comercio), según confirmaron fuentes de la federación a este periódico. 

Además, la apertura de curso no se ajustará exactamente al calendario oficial. Para el 26 de agosto está convocada la Permanente del PSOE –el equipo de confianza de Rubalcaba–, previa a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, que en principio tendrá lugar el 2 o el 3 de septiembre, según fuentes del partido. 

La fiesta minera de Rodiezmo cumple 33 años