En España, el fenómeno de los eclipses ha llegado para quedarse por un tiempo. El evento astronómico del pasado 12 de agosto dejó un impacto económico significativo y unas reservas en hoteles y apartamentos mucho más caras que de costumbre, pero el que se prevé para el año que viene va camino de pulverizar las cifras. En este año, zonas como Soria, León o Palencia –lo que se suele denominar como la España vaciada– eran ideales para observar el evento y multiplicaron por 400% el número de reservas, ya que no son tradicionalmente turísticas. Sin embargo, el eclipse que se espera para el 2 de agosto de 2027 atravesará parte del litoral sur, una región de alta demanda turística a la que ahora se suma el efecto llamada de este evento. Y los precios ya están desbocados.

Buscar dos noches en Cádiz, del 1 al 3 de agosto, deja anuncios sorprendentes: “Apartamento entero, dos dormitorios, 67 metros cuadrados: 16.319 euros”; “Apartamento entero, dos dormitorios, 21.640 euros”. Entre lo más asequible, pocas cosas por debajo de los 2.000 euros y abundan anuncios entre los 5.000 y los 7.000 euros por dos noches. En cuanto a los hoteles, la noche más barata que aparece en el portal inmobiliario Booking del uno al dos de agosto asciende a 450 euros.

“Se están observando incrementos muy significativos de los precios, incluso con una gran antelación, para poder ver el eclipse del próximo verano desde las zonas de mejor visibilidad”, explica César Díaz, abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU). Díaz apunta que, desde el punto de vista jurídico, en este tipo de servicios “existe libertad de fijación de precios y el alcance de estos, por muy elevados que sean, no implica que estemos ante un precio ilegal”, subraya. Eso sí, deben especificarse en el anuncio de forma clara las condiciones.

Sin embargo, la percepción generalizada de que se trata de precios abusivos puede resultar contraproducente. “Desde la perspectiva de las personas consumidoras, consideramos que estos incrementos pueden resultar especialmente perjudiciales, no solo para quienes quieran desplazarse con motivo del eclipse, sino también para las personas residentes, vecinos y visitantes habituales de estas zonas, si la elevada demanda acaba repercutiendo en los precios de otros servicios”, señalan desde CECU. Y es que el efecto arrastre en las reservas puede extenderse también a servicios habituales que requieren los vecinos de esas zonas.

A la singularidad de un fenómeno como el eclipse se suma la promoción que se ha hecho en España durante estos meses y el interés internacional que despierta. Este año acudieron alrededor de medio millón de visitantes extranjeros que generaron cerca de 350 millones de euros de beneficio, según las estimaciones que realiza el Ministerio de Economía. Entre quienes se movieron dentro del territorio nacional, el gasto se elevó hasta los 94,9 millones, según las mismas fuentes oficiales.

En 2027, el fenómeno se contemplará al 100% desde 115 localidades del sur de Andalucía, así como Ceuta y Melilla. Muchas de ellas, como Málaga, fuertemente tensionadas ya por la vivienda turística. De hecho, si el eclipse de este año ya estiró los precios en zonas de poca afluencia como Soria hasta los mil euros por una noche, en estas localizaciones el incremento de precio va camino de ser muy superior. Otro factor a tener en cuenta es la época del año: el fenómeno astronómico volverá a ser en pleno verano, coincidiendo con el tirón turístico de la región.  

Realizar una búsqueda para principios del próximo agosto en la capital malagueña ya no es apto para todos los bolsillos. Los estudios rondan los 1.000 euros por pernoctación en los portales inmobiliarios, hay camas en hostales de habitaciones compartidas por 445 euros y la oferta hotelera es limitada, con precios que en algunos casos superan ampliamente los 900 euros para la noche del uno al dos de agosto. De hecho, un hotel de tres estrellas en el distrito de Churriana (Málaga) oferta una pernoctación para un adulto por 1.269 euros y advierte: “Nos queda una a este precio”.

Las conclusiones que ha dejado el eclipse que se produjo a principios de agosto son que el turismo extranjero es un motor relevante en la demanda y el consumo. Según un informe de BBVA Research, las compras presenciales de ciudadanos extranjeros en España se incrementaron casi un 14 % interanual entre el 10 y el 16 de agosto, pero no así las de los nacionales. Soria fue la provincia que encabezó el crecimiento del gasto extranjero durante la semana del eclipse, con un aumento del 220,1% interanual, seguida de La Rioja (106,2%), Asturias (88,7%), Segovia (83,1%), Teruel (79%), León (78,3%) y Zaragoza (77,6%).

La antelación con la que se están produciendo las reservas de cara al año que viene y las expectativas de la patronal hacen pensar que se superarán las cifras de este año. La patronal hotelera de la Costa del Sol (Aehcos) ha detectado una mayor anticipación en las reservas para principios de agosto. En algunos establecimientos, que a un año vista suelen estar en estas fechas al 7% de ocupación, las reservas alcanzan el 12% de las plazas disponibles, afirmaba a la agencia EFE el vicepresidente ejecutivo de la asociación, Javier Hernández. Y de hecho, los principales demandantes son extranjeros: “Entre los turistas más previsores con el fin de asegurarse los alojamientos a comienzos de agosto de 2027 predominan los británicos (27 %), seguidos de alemanes (18 %) y españoles (13 %)”, informó a EFE la patronal.

Mientras una España quiere guardar sus últimos secretos para que el turismo no lo cope todo, otra grita a los cuatro vientos sus desconocidas bondades para que más personas reparen en ella. Los pueblos de Arcos de las Salinas (Teruel) y Villalibado (Villadiego, Burgos) han logrado aparecer ante los ojos del mundo gracias a una enorme y única casualidad astrofísica que llevó a investigadores de las agencias espaciales europea (ESA) y estadounidense (NASA), respectivamente, a retransmitir desde sus términos municipales el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026.

Hubo sorpresa por tal atención en estos y tantos pueblos de la España interior tocada por la deseada “totalidad”. Hubo también temor, más o menos explícito, a que se desbordara la situación, a que estos municipios limitados no pudieran con la presión paralela de las multitudes del eclipse, la propia de las fiestas de agosto y la del altísimo riesgo de incendios. Pero salió bien. Todos los alcaldes, concejales y técnicos de turismo consultados por infoLibre al día siguiente del fenómeno hablan con emoción y cierto alivio: superaron la prueba con nota.

“Me he dado una vuelta quitando cuatro señales y todo estaba perfecto”, comenta José Luis Alvir, alcalde de Arcos. “He subido y, donde hubo casi 3.000 personas, no he encontrado ni una botella rota ni un plástico, es gente muy respetuosa, un turismo de calidad, no como los macroconciertos, que solo te dejan la basura y se van”, valora Óscar Alonso, alcalde de Lodoso (Pedrosa de Río Úrbel, Burgos), una pedanía donde hubo más vecinos voluntarios para que todo funcionara el día del eclipse, 60, que residentes en invierno, 41. Son pueblos que ya se aferraban al cielo antes de esta gran carambola: Lodoso cuenta con tres observatorios astronómicos y tiene en proyecto un centro de interpretación provincial donde se puedan impartir cursos de astronomía, se reciban visitas escolares y se generen —que eso es lo que puede amarrar en realidad el futuro de un pueblo— cinco puestos de trabajos fijos para todo el año.

Estos alcaldes no temen acabar sofocados por el éxito, como está buena parte de la España más turística, porque, pese a los focos de estos días, son conscientes de que, incluso los mejores posicionados entre ellos, están aún lejos de esa situación. “La mañana del eclipse no paramos, yo nunca había vivido algo así. El pueblo no colapsó, pero porque se gestionó bien”, describe Celia Varona Barbero, técnica de Turismo de Villadiego, Ayuntamiento al que pertenece Villalibado. Cuando se le pregunta si le gustaría que su nueva cotidianeidad fuera así, respira y hace una pausa para responder con diplomacia: “Está bien que lo dividamos un poco mejor, jeje”. Quieren potenciar el turismo, pero del que ya tienen: “respetuoso, enfocado en la naturaleza y la cultura, familiar”.

Ha impresionado ver llegar visitantes de otros países y continentes a pueblitos que muchos en España no sabrían situar, pero no todo es fruto del azar cósmico. En Arcos de las Salinas tienen su Observatorio Astrofísico de Javalambre y el proyecto Galáctica, con 30.000 visitantes anuales. Han firmado un convenio con universidades chinas y japonesas para recibir estudiantes e investigadores. Quieren levantar una residencia donde puedan hacer sus tesis de astronomía. “Acabamos de empezar, en los pueblos es difícil que la gente viva, pero también estamos haciendo vivienda. El mayor problema que veo es que nadie quiere trabajar en la hostelería porque es muy dura”, indica su alcalde, consciente de que les hacen falta más restaurantes y hospedajes para acoger, atraer y retener al turista contemporáneo.

Otros municipios sí caminan ya con pies de plomo cuando se trata de “posicionarse” y recibir gran afluencia de visitantes de golpe. Cuéllar, en Segovia, con el privilegio de ser ya un destino consolidado, tomó la decisión de declinar ser punto oficial de observación. “Lo hicimos en aras de la sostenibilidad turística, para salvaguardar el medio natural donde se podía ver el eclipse y para que los vecinos lo pudieran disfrutar sin atascos”, explica a infoLibre el alcalde, Carlos Fraile. Y añade: “Hemos estado al completo y hemos tratado bien a la gente que podíamos asumir, no a un turismo masivo que el único retorno que deja es estacionar en el pueblo”.

Aunque del eclipse se ha hablado día y noche durante meses, lo cierto es que en muchos de estos pueblos los visitantes no han pasado más de un día o día y medio. “Hemos tenido que decir que no a personas que vienen toda esta semana de fiestas porque ya habían reservado los del eclipse para martes y miércoles, algunos dos noches y otros una, así que nos ha quedado algún vacío ahora y ha sido un dolor de cabeza cuadrarlo. Si esto es en enero, cuando cuesta más llenar, maravilloso”, cuenta Teresa Ruiz encargada de un hotel rural en Cervera de Pisuerga (Palencia) junto a su marido Santos César González.

El protagonismo se lo han llevado los pueblos, pero capitales de provincia pequeñas como Zamora, donde la totalidad ocurrió pero fue fugaz, se han beneficiado también del movimiento de personas asociado al eclipse. Con el cartel de lleno estos días, la ciudad aspira a situarse como destino en los meses estivales en que el visitante busca playa o el respiro de la montaña con propuestas “originales y de calidad”, señala el concejal de Promoción Económica, David Gago. Los aficionados de la provincia han intentado sembrar la semilla de la astronomía en el gran público, pero son conscientes de que un eclipse es mucho más democrático que lo más común, que es la observación nocturna. “En esto no ha habido que gastar dinero, solo estar en el sitio adecuado a la hora prevista con unas gafas regaladas por las instituciones. Pero la observación nocturna requiere equipamiento especializado, que es caro”, recuerda Saúl Miguel Garrido, miembro de la Agrupación Zamorana de Astronomía, entidad que trabaja por inculcar, primero a los propios residentes, la apreciación por la suerte de vivir bajo “algunos de los cielos más privilegiados hoy en día”. Algo que, en palabras del alcalde de Arcos, nadie les puede quitar.

Si al tirón de actividad económica que se produce habitualmente en España en verano le sumamos un eclipse, no es de extrañar que los precios y las cifras de ocupación hotelera a principios de agosto se hayan desbocado en algunas regiones. Un análisis reciente del portal inmobiliario Booking señala que en algunas zonas como Soria, León o Palencia, que se encuentran en la franja donde el fenómeno se observará mejor, se han registrado incrementos en las búsquedas de hasta el 500%. Y, como ocurre cuando se impone la ley de oferta y demanda, los precios también se han movido al alza.

Por otro lado, el Ministerio de Economía estima que este fenómeno solar, que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, atraerá a nuestro país casi medio millón de turistas más de lo habitual. De esta estimación, 280.000 serán españoles que se moverán por el territorio para conseguir la mejor perspectiva y 160.000 serán extranjeros que llegarán por nuestras fronteras y se dejarán alrededor de 1.500 euros de media, lejos de los 340 que gastarán los nacionales. En total, casi 348 millones de euros llegarán a la economía, según estima el Gobierno.

“Estamos observando un crecimiento muy significativo de las búsquedas de alojamiento en destinos desde los que el eclipse podrá contemplarse en buenas condiciones”, señala Pilar Crespo, responsable de Booking en España. Es la franja que va desde Asturias, pasando por zonas como Soria o Castellón y Baleares. Las estimaciones apuntan a que las reservas en esta franja se habrían incrementado un 76% y los precios, en torno a un 85%.

Otro informe, en este caso de Analistas Financieros Internacionales (AFI), estima que la distribución del gasto asociado a este evento se repartirá en esa franja, aunque también impactaría significativamente en otras comunidades donde el eclipse no será del 100%. “La Comunitat Valenciana se sitúa muy destacada en primer lugar, con 130,6 millones de euros. A continuación, aparecen Madrid, con 54,76 millones, y Castilla y León, con 37,54 millones. Tras ellas se sitúa un segundo escalón integrado por Aragón, Galicia, País Vasco y Cataluña”, recoge el documento.

Basta con realizar una búsqueda rápida por los portales inmobiliarios para comprobar que los precios por habitación rondan por abajo los 500 euros y sobrepasan los mil en otros casos en regiones tradicionalmente poco turísticas como Soria. En Castellón, los más rezagados pueden encontrar apartamentos por 3.200 euros o habitaciones por 500 euros. Asturias es otra de las ubicaciones estrella y plataformas de comercio hotelero como SiteMinder apuntan a un incremento de precios medio que ronda el 80%. Una noche en la capital asturiana ronda los 400 euros a menos de una semana del eclipse.

Mientras los informes y las estimaciones se suceden, los bares y restaurantes también esperan rentabilizar este fenómeno. Un análisis de CoverManager, sistema de gestión de reservas y eventos, estima en un 32% el incremento de las reservas para comer o cenar en Galicia, Asturias, Castilla y León y Aragón. Por capitales, León lidera el aumento nacional de comensales con un 112,8% más de reservas previas, seguida por A Coruña (92,7%), Castellón (76,4%), Segovia (71,2%) y Zaragoza (42,1%).

Como ocurre con cualquier acontecimiento capaz de concentrar a cientos de miles de personas en pocos días, el eclipse dejará una factura económica positiva, pero también pondrá a prueba la capacidad de algunos territorios para absorber una demanda extraordinaria justo cuando las protestas por el turismo masivo alzan la voz en zonas como Barcelona, Palma, San Sebastián y Granada contra un modelo que, según denuncian los vecinos, expulsa a las personas de los barrios y dispara el precio de la vivienda.

En la foto de Cañellas aparecida el 16 de julio de 2026 en la prensa mallorquina hay una joven y un guardia civil. Ella es una activista acusada de pedir menos turismo por escrito en varias paredes del pueblo donde vive, Santa María del Camí. Por lo que se refiere al uniformado, su mano derecha y desnuda sujeta el brazo izquierdo y desnudo de ella, que camina con las muñecas esposadas y también desnudas. No está huyendo ni tropezando, por lo que ese tocamiento me sigue molestando.

En la noche del décimo día después de la foto citada se produjeron montones de tocamientos muy violentos, ejecutados por policías nacionales armados con porras contra personas que también pedían menos turismo, aunque esta vez de palabra. Participaban en una de las manifestaciones más importantes de la historia de Mallorca y, tras la violencia soportada, decidieron convocar una concentración para pedir la dimisión del delegado del Gobierno en Illes Balears. Las víctimas, por su parte, han anunciado denuncias.

Hace mucho tiempo tuve que soportar tocamientos similares pero, aunque mi abogado lo reclamó, tales actos de violencia personal contra quien no podía defenderse no figuran en ninguno de los 136 documentos que, tras solicitarlos aquí, me han enviado desde el Centro Documental de la Memoria Histórica, un organismo que depende del Ministerio de Cultura y al que aconsejo acudan quienes terminaron pasando por el Tribunal de Orden Público (TOP), especialmente si quieren recordar de sí mismos algunos detalles que quizás han olvidado. En el expediente están, entre otros, todos los papeles que la policía envió al citado TOP para intentar que me declararan culpable tras la detención que sufrí el 10 de diciembre de 1970 en la Universidad Complutense de Madrid.

“El franquismo se ha camuflado porque nos mira toda Europa, pero cuando Europa vuelva a ser reaccionaria, el franquismo regresará y entonces recordaremos como confundimos el perdón con la justicia”. Javier Krahe nos dijo esto hace 40 años, unos tiempos en los que Felipe González tomaba decisiones para que perdiéramos la memoria porque contra Adolfo Suárez se lo debía todo a Juan Carlos I, alguien a quien le molestaba que, en su presencia, se hablara mal de un dictador tan cruel como Franco, pero que para él siempre será quien le coronó.

No todos los tocamientos pretenden satisfacer un deseo sexual aderezado, en tantos casos, con el placer indecente que proporciona el abuso tantas veces impune derivado de una posición dominante, pero se trata de un peligro que debe vigilarse mucho para conseguir que no suceda nunca.

Presidente Sánchez, qué prefiere usted, ¿derogar la ley mordaza desde la autoridad democrática, o que aumenten los tocamientos que allanarán el camino hacia otra dictadura?

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Domingo Sanz es socio de infoLibre.

El domingo 26 de julio de 2026 se celebró en la ciudad de Palma, capital de las Islas Baleares, una protesta no contra los turistas, sino contra un modelo económico que ha empezado a tratar a sus habitantes como un obstáculo.

La manifestación, convocada por la plataforma Menys Turisme, Més Vida, reunió a unas 25 000 personas según la Policía, y a 70 000, según la organización. Pueden discutirse las cifras de asistencia a la protesta, pero resulta más difícil poner en entredicho la escena: salieron a la calle decenas de miles de personas reclamando el derecho a seguir viviendo en uno de los destinos más celebrados del planeta. No pedían que Mallorca dejara de recibir visitantes, no. Pedían que no haya que expulsar a su población para alojarlos.

Participaron vecinos, ecologistas, agricultores y numerosos trabajadores del propio sector turístico. Sus demandas no dejan mucho espacio para la interpretación: limitar las viviendas vacacionales, reducir las plazas de avión y los vuelos disponibles a las islas, y abandonar un monocultivo económico que consume territorio, vivienda y vida cotidiana.

Hubo cargas policiales y heridos, pero reducir la manifestación a esos incidentes sería una manera bastante eficaz de no escucharla. El conflicto de fondo no es entre residentes educados y turistas inocentes. Es entre dos derechos que han dejado de pesar lo mismo: el derecho temporal a disfrutar de un lugar y el derecho permanente a habitarlo.

Durante décadas, el éxito de los lugares turísticos se ha medido en términos de llegadas, pernoctaciones, ocupación y gasto. Cuando esas cifras aumentan se habla de una buena temporada. Pero una economía puede crecer mientras desmantela las condiciones que permiten vivir en ella.

Puede aumentar la rentabilidad de cada metro cuadrado y reducir simultáneamente su utilidad social. Puede producir más riqueza y hacer que una enfermera, un policía, un profesor o un camarero no encuentren vivienda. Puede ofrecer al visitante una libertad extraordinaria de movimiento mientras obliga al residente a marcharse. Ese es el dato que rara vez aparece en las estadísticas: un destino puede prosperar como producto y fracasar como sociedad.

El alquiler vacacional no explica por sí solo la crisis de vivienda. Influyen también la inversión internacional, la escasez de suelo, la compra especulativa, la falta de vivienda pública y unas políticas largamente insuficientes. Pero sería intelectualmente tramposo minimizar su papel.

Agustín Cócola-Gant ha descrito las viviendas turísticas como un nuevo frente de la gentrificación. Su investigación muestra que la llamada economía colaborativa encubre con frecuencia una oportunidad de acumulación para inversores y propietarios. En ese proceso, el residente de larga duración deja de ser el destinatario de la vivienda y pasa a convertirse en un impedimento para extraer de ella mayor rentabilidad.

La expulsión, además, no siempre tiene forma de desahucio. Puede ocurrir piso a piso. Una vivienda queda libre y no vuelve al mercado residencial. Desaparece una tienda cotidiana y aparece otra orientada al consumo fugaz. Se marchan los vecinos, cambia el idioma económico del barrio y quien permanece descubre que sigue teniendo domicilio, pero ya no un lugar.

Mallorca forma parte de una revuelta territorial más amplia.

En Venecia, el movimiento contra los grandes cruceros convirtió aquellos barcos desproporcionados cruzando la laguna en la imagen de una industria cuya escala ya no guardaba relación con la ciudad.

En Canarias, decenas de miles de personas han marchado bajo una frase difícil de mejorar: “Aquí vive gente”.

En Barcelona, las pistolas de agua dirigidas contra algunas terrazas turísticas ocuparon más espacio informativo que los alquileres que motivaban la protesta.

La palabra turismofobia completa la operación. Convierte un conflicto sobre vivienda, salarios, movilidad, agua, suelo y democracia en una reacción emocional contra los extranjeros. Despolitiza el problema y, de paso, infantiliza a quien protesta.

Los expertos en sobreturismo Claudio Milano, Marina Novelli y Joseph Cheer han mostrado que la saturación no consiste solo en la presencia de demasiados visitantes. Aparece cuando el crecimiento altera de manera permanente la vida de los residentes, limita su acceso a servicios y espacios y deteriora su bienestar. Sus trabajos también relacionan las movilizaciones sociales con la impugnación de economías basadas en el monocultivo turístico y en la obligación aparentemente indiscutible de seguir creciendo.

Por tanto, la pregunta no es cuántas personas caben físicamente en una isla. La pregunta es qué debe sacrificar la población para que sigan cabiendo.

La academia ha construido conceptos útiles para comprender esta transformación.

El decrecimiento turístico, defendido por los profesores Robert Fletcher, Ivan Murray, Asunción Blanco-Romero y Macià Blázquez-Salom, plantea que algunos territorios no necesitan gestionar mejor el crecimiento, sino reducir materialmente la presión: menos plazas, menos vuelos, menos consumo de suelo y menor dependencia económica del turismo.

No debe confundirse con la fórmula “menos turistas que gasten más”. Puede que esa propuesta reduzca ciertas aglomeraciones, pero también convierte el territorio en un club para rentas altas. Aunque llegue con equipaje discreto, el turismo de lujo ocupa espacio, consume recursos y eleva precios.

La investigadora Freya Higgins-Desbiolles ha desplazado la atención desde la cantidad de riqueza producida hacia su distribución: quién recibe los beneficios, quién soporta los costes y qué derechos deben prevalecer cuando entran en conflicto el negocio turístico y la vida de las comunidades.

La justicia de la movilidad, formulada por Mimi Sheller, permite observar otra desigualdad: no todos los movimientos tienen el mismo poder. El visitante cruza Europa durante un fin de semana pero la camarera de piso debe recorrer cada día decenas de kilómetros porque ya no puede vivir cerca de su empleo. La movilidad fácil de unos puede producir la movilidad forzada de otros.

Y la soberanía turística, vinculada por Carter Hunt, María José Barragán-Paladines, Juan Carlos Izurieta y Andrés Ordóñez a las luchas comunitarias por el control de sus medios de vida, formula la pregunta decisiva: ¿quién tiene autoridad para determinar el futuro de un destino?

A partir de estas aportaciones propongo una figura adicional: el turista situado.

El turista situado reconoce que no llega a un decorado disponible, sino a un territorio ya habitado, atravesado por relaciones de poder y conflictos concretos. Entiende que su libertad de movimiento sucede dentro de la vida menos móvil de otros. Y acepta algo que el turismo responsable suele evitar: hay alojamientos, actividades e incluso destinos que pueden dejar de estar moralmente disponibles.

No se limita a reducir su huella. Está dispuesto a renunciar.

Un turista situado dejaría de elegir Mallorca para hacer cicloturismo. No porque pedalear sea inmoral ni porque cada ciclista constituya un problema. Lo haría porque una actividad deja de ser inocente cuando su concentración deteriora la movilidad cotidiana de quienes usan esas carreteras para trabajar, estudiar, cuidar o regresar a casa. Elegiría otro territorio menos saturado. Otra época. Otra actividad.

Y no usaría Airbnb –ni cualquier otra plataforma equivalente– en zonas gentrificadas, donde la vivienda turística contribuye a que los jóvenes nacidos allí deban marcharse porque no pueden pagarse una casa.

Podemos discutir la intensidad concreta de cada efecto, la regulación más eficaz o el peso relativo de las distintas causas. Pero cuando existe un proceso visible de expulsión residencial, utilizar una vivienda como alojamiento vacacional deja de ser una elección privada sin consecuencias.

La conciencia turística consiste en viajar sabiendo cuándo uno debe escoger otro destino.

El turista situado se hace una pregunta previa a todas las recomendaciones, certificaciones y listas de buenas prácticas: "¿Debo estar aquí, haciendo esto?"

A veces la respuesta será sí. Otras exigirá cambiar de temporada, alojamiento o actividad. En determinados lugares y momentos será sencillamente no.

La soberanía turística significa que una comunidad puede decidir cuánto turismo quiere, dónde, cuándo y bajo qué condiciones.

Puede determinar que determinadas viviendas deben servir para vivir. Puede limitar cruceros, vehículos, plazas turísticas o vuelos. Puede cerrar un espacio saturado, retirar licencias y anteponer la continuidad de una comunidad al rendimiento máximo de sus activos.

No equivale a cerrar fronteras. La soberanía turística no es pureza identitaria sino capacidad democrática.

Venecia pertenece prioritariamente a su población, no a las navieras. Barcelona, a quienes la habitan, no a las plataformas turísticas. Mallorca, a quienes sostienen aquí una vida, no a una industria que comercializa su disponibilidad.

El visitante merece hospitalidad, no soberanía. Una población debe poder conservar el derecho a retirar partes de su territorio del mercado turístico, aunque exista demanda y aunque alguien esté dispuesto a pagar.

El turismo no es ya únicamente una actividad económica. Ha adquirido capacidad para organizar el territorio, el empleo, la vivienda, las infraestructuras y el calendario político. Ha empezado a actuar como un poder constituyente sin haber sido elegido.

La cuestión no es ya si el turismo genera riqueza. La genera. La cuestión es qué clase de pobreza puede producir al hacerlo: pobreza de vivienda, de tiempo, de espacio público, de expectativas y de futuro.

Se empiezan a ver pintadas y carteles en los coches de los habitantes locales. Incluso yo he usado uno –una vez–, que escribí en alemán, harto ya de carreteras terciarias colapsadas por cicloturistas.

Es patético, sí. Es cutre, también. Y es delicado. Pero los turistas, e incluso los residentes extranjeros de los lugares que se han gentrificado, necesitan recibir urgentemente ciertos mensajes, respetuosos pero claros.

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Julio Batle Lorente es profesor titular de la Universitat de les Illes Balears. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

La guerra contra los cruceros se ha multiplicado en los últimos años en los puertos mediterráneos por la fortísima presión turística a la que someten a las ciudades costeras, llevando al límite los servicios públicos, encareciendo la hostelería y degradando la naturaleza. Un nuevo estudio denuncia además que estos navíos disfrutan de un agujero fiscal y los viajeros dejan sobre la economía local una fracción de los impuestos que pagarían si se hospedaran en la ciudad.

Según la organización Transport & Environment, un centro de estudios europeo que promueve el transporte limpio, un camarote con un precio de 100 euros la noche está sometido la mitad de impuestos que una habitación de hotel, y uno de lujo llega a pagar un 3% sobre el coste total de la factura, devolviendo a la población local una parte ínfima del impacto que producen. Esto ocurre porque estos alojamientos flotantes están exentos de la mayoría de impuestos (entre ellos, el IVA) por su condición de transporte marítimo, mientras que la tarifa de hotel incluye un 10% de IVA, además de otros tributos.

En general, calculan los expertos, una noche de hotel estándar en España está gravada con el 21% de impuestos, mientras que un crucero paga el 13%. En países del entorno la brecha es incluso algo mayor porque en Francia y en Italia los hoteles están gravados con el 24% y el 25% del total del precio de la noche –sumando IVA y otros impuestos– y los cruceros con el 9% y el 15%, respectivamente.Todos estos porcentajes corresponden a la comparación de un camarote y una habitación de 100 euros.

Este agujero fiscal no sorprende a quienes se han dedicado a estudiar el impacto de estas ciudades flotantes en la sociedad y la economía de las zonas turísticas, como la organización catalana Alba Sud, que ha seguido el rastro de estas compañías por todo el mundo. "Las grandes propietarias de cruceros están registradas en paraísos fiscales para eludir las normativas laborales internacionales y la fiscalidad", opina Carla Vizcara, investigadora de este centro. Por ejemplo, la famosa naviera Royal Caribbean tiene su sede fiscal en Liberia, mientras que Carnival Corporation y Norwegian Cruise están en Bermudas.

Para empezar, los cruceros están exentos de IVA porque se consideran un navío de pasajeros, de manera que están regulados por la normativa de transporte marítimo.

Pero también están libres de impuestos sobre el combustible que utilizan, se benefician de exenciones fiscales sobre beneficios y no pagan impuestos locales como el IBI, que sí abonan los hoteles. Sobre sus emisiones, Europa está en proceso desde 2024 de implementar un sistema de créditos ETS para barcos que les obliga a pagar por cada tonelada de CO2 emitida, pero en este momento no cubre ni una tercera parte de los costes ambientales derivados de la polución que emiten, según calcula T&E.

Es cierto que en algunos lugares estos ferrys están sometidos a una tasa turística fija por cada noche que hace el crucero en la ciudad de destino, pero en muchas ciudades de paso todavía no se ha implementado, o es una cantidad irrisoria en comparación con el impacto de este turismo. Por ejemplo, en las Islas Baleares supone dos euros por persona y día, lo mismo que en Lisboa, mientras que en Ámsterdam asciende a 15 euros. En Barcelona se acaba de aprobar una tasa especial de 24 euros diarios para barcos que pasen menos de 12 horas amarrados.

Como la gran parte de los impuestos que pagan los turistas son fijos, como las tasas locales para los visitantes, los cruceros de lujo son los que abonan menos impuestos porcentualmente. Por un camarote de 500 euros la noche, se paga de media un 3% de impuestos. "Esta cifra pone de manifiesto que los turistas más adinerados, que pueden permitirse unas vacaciones de lujo en el mar, aportan una cantidad desproporcionadamente baja a las finanzas públicas", concluye el informe.

Al mismo tiempo que hacen una aportación mínima, su impacto ambiental e incluso sanitario es muy fuerte sobre los destinos de paso. El mismo estudio de T&E calcula que entre gases de efecto invernadero y contaminantes del aire dañinos para la salud, externalizan cada año en España un coste de entre 374 millones y 617 millones de euros. Y asciende a entre 794 y 1.300 millones si se suma Francia e Italia. Las consecuencias son costosas porque no solo emiten dióxido de carbono; también óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y micropartículas variadas de polvo, dañando la salud de los vecinos en grandes áreas. 

Carla Vizcara hace hincapié también en el impacto social de los "megacruceros" que amarran el puerto de Barcelona, donde tiene la sede su organización. Por esta ciudad hicieron escala el año pasado cuatro millones de pasajeros que llegaron en 895 cruceros. "Son un enorme volumen de personas que saturan el centro de la ciudad y toman autobuses en una ruta muy estipulada, afectando también al transporte público. Llegan, hacen un consumo muy rápido de la ciudad y dejan un beneficio económico limitado", afirma.

Bosco Serrano, uno de los autores del estudio de T&E, propone que para compensar este agujero fiscal, se retire la exención de IVA para los cruceros y se elimine la exención para estos barcos del impuesto sobre el combustible. Asimismo, reclaman una tasa general de 15 euros por persona y noche que se hospede en estos hoteles flotantes en España, Francia e Italia, una medida que recaudaría 335 millones de euros al año entre los tres países.

"Nosotros proponemos una tasa de 15 euros por cada puerto en el que paren. Y aun así no sería ni mucho menos suficiente para contrarrestar la huella ambiental de los cruceros. En España seguiría habiendo una brecha de 356 millones de euros entre los ingresos que generarían y los daños que provocan", mantiene Serrano. Para un pasajero, ese pequeño impuesto sería insignificante a la hora de decantarse por sus vacaciones, según los investigadores, en comparación con los costosos servicios que ya abonan en el barco, como los packs de Wi-Fi de alta velocidad, que suelen rondar los 20 euros diarios.

Hace justo un año escribí en estas mismas páginas un artículo titulado Welcome to Spain. Decía entonces que, en algunos rincones de nuestro país, empezábamos a sentirnos extranjeros en nuestra propia casa. Que entrábamos en un restaurante y el camarero nos recibía en inglés por defecto. Que nuestro idioma parecía convertirse en una opción mientras el del visitante adquiría categoría de norma. Algunos pensaron que exageraba. Puede ser. Las columnas de opinión también sirven para exagerar un poco y poner un espejo delante de la realidad. Un año después, tras terminar unos días de vacaciones en Mallorca, suscribo cada una de aquellas palabras. Todas. Y, de hecho, voy un paso más allá.

Antes, reiteremos lo evidente. España vive, en buena medida, del turismo. Lo sabemos, lo repetimos y lo celebramos. Da trabajo a millones de personas, sostiene economías enteras y, especialmente en verano y en la zona costera, nos convierte en un motor económico imprescindible. Cuestionar algunos excesos no supone cuestionar el turismo. Todo lo contrario. Precisamente porque el turismo es tan importante merece que hablemos de él sin complejos.

Hay una escena que se repite constantemente y que dice mucho más que cualquier estadística. El camarero te recibe con un "Good evening". Tú respondes “Buenas noches”. De repente, cambia el gesto. Sonríe distinto. Se relaja. Y empieza a hablar contigo como si estuviéramos en peligro de extinción. Somos anfitriones, y a mucha honra. Pero no figurantes con acento.

Durante años, hacer temporada era una mezcla de trabajo, independencia y aventura. En mi caso, en un acogedor restaurante de carretera que conectaba con los Pirineos. Se ganaba un dinero extra, te curtías un poco y volvías a casa con un puñado de anécdotas y aprendizajes. Hoy, sobre todo en las islas, aquello empieza a parecer más un Erasmus que un verano en España. Exagerando ando. Pero quizá no tanto.

Y aquí es donde voy un paso más allá. Porque ya no se trata únicamente de que te hablen en inglés por defecto. Eso, dentro de lo discutible, podría interpretarse como una costumbre adquirida por la enorme presencia de turismo internacional. Lo verdaderamente llamativo es comprobar que hay establecimientos donde algunos trabajadores ni siquiera hablan español. No es que decidan dirigirse a ti en inglés; es que esa es la única lengua en la que pueden atenderte. Entiendo que porque los propios hoteles o establecimientos no lo consideran indispensable. Pero también porque directamente apenas lo necesitan. Ni deben de tener mucho interés, todo hay que decirlo. Total, están en casa. Exagerando un poco más, por momentos uno tiene la sensación de encontrarse en una especie de protectorado turístico donde el idioma del país anfitrión empieza a parecer casi anecdótico. No estamos hablando de cortesía, estamos hablando de identidad.

Y no es solo el idioma. También los horarios. Estos días he terminado confundiendo la merienda con la cena. Adaptarse al turista es hospitalidad. Adaptarse más al turista que a uno mismo empieza a ser otra cosa.

Incido de nuevo en este tema porque hay ideas que necesitan ser repetidas. Vivimos obsesionados con la novedad, como si volver sobre un asunto significara no tener nada nuevo que decir. Yo empiezo a pensar exactamente lo contrario. La pedagogía consiste muchas veces en insistir. En señalar una realidad hasta que deja de parecernos paisaje. En recordar que lo normal no siempre es lo deseable. Si hace un año escribí aquello y hoy vuelvo a escribir sobre lo mismo es, precisamente, porque sigue ocurriendo. Porque algunas convicciones merecen ser defendidas más de una vez.

Exageremos juntos una vez más. España no necesita parecerse más al mundo para seguir siendo un destino extraordinario. El mundo viene precisamente porque somos España. Por nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestra gastronomía, nuestra forma de entender la vida y hasta nuestros horarios. Si para recibir al visitante tenemos que dejar de parecernos a nosotros mismos, quizá haya llegado el momento de recuperar un poco de amor propio. El turismo puede convivir perfectamente con la defensa de lo nuestro. No son excluyentes. Porque una cosa es abrir las puertas de casa para que cualquiera se sienta bienvenido. Otra muy distinta es terminar siendo extranjeros en nuestra propia casa.

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Alberto Fandos Portella es periodista y director de comunicación y marketing.

En junio del 2025 tomamos la decisión de reocupar nuestro territorio en Trujillo, Honduras, porque los canadienses que lo ocupaban, en un resort frente al mar caribe, traficaban con piezas arqueológicas que ya estaban incautadas y nosotros reivindicamos nuestra cultura. Ellos dicen que son millonarios. Pero nosotros somos los millonarios porque no hay cantidad de dinero posible para decir lo que tenemos: la tierra es el número uno y lo más importante de todo. Por eso, defendemos y creemos en la tierra. No nos gusta la explotación. Ahora tenemos un centro de saberes ancestrales que se llama Hachari Wayunagu (solar de nuestros antepasados, en lengua garífuna).

En el ámbito espiritual el mar es muy importante. En los resorts los dueños privatizan el acceso a la playa y al mar. Incluso marcan su territorio dentro del agua donde ponen áreas restringidas en las que no se puede pescar, ni pasar. El mar es una de las partes más importantes en la vida de un garífuna. Desde siempre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi padre han ido a la pesca. De ahí traen el sustento para la proteína dentro del hogar. El mar cumple en la vida y en la espiritualidad un rol muy importante porque es un Dios que nos sirve para limpieza y para protección.

El territorio que reocupamos en el departamento de Colón es un camino que viene del centro de Trujillo y va hacia las comunidades de Santa Fe, San Antonio y Guadalupe. Cuando el canadiense Randy Roy Jorgensen, llamado el “rey del porno”, estaba en nuestro territorio, no se podía pasar porque él tenía cercado y puso rompeolas para detener el mar. Una de las problemáticas es que vienen, según ellos, a invertir y, más bien, llegan a hacer daño: hacen su proyecto y dejan más pobre a la comunidad que es la dueña del territorio.

El gobierno siempre quiere atacarnos y minimizarnos y que los garífunas quedemos en el olvido. Por eso, estamos pendientes de la gestión del Presidente Nasry Asfura porque sabemos que las cosas no van a ser fáciles.. Sabemos que la lucha va a ser difícil, pero tampoco vamos a dejar de luchar. Aquí vamos a estar pase lo que pase. Al final de cuentas los territorios son nuestros. Los antepasados nos los dejaron como legado. Los garífunas no somos de armas, somos gente de paz. Queremos salvaguardar y enseñarles a nuestros hijos y a nuestros nietos la importancia de la tierra.

Tenemos que defender nuestras tierras porque vivimos del cultivo. Creemos en la siembra. Ahí está la vida. Pedimos que nos respeten porque nosotros no somos gente violenta. Nos ha tocado ir a las calles y nuestra mayor arma es nuestra espiritualidad, nuestro humo, nuestras maracas, nuestro tambor, nuestros instrumentos. Con eso salimos a pelear y a exigir que nos den el derecho de poder vivir dentro de nuestro territorio. La búsqueda es la de un matriarcado. Desde siempre las mujeres son las que han liderado el pueblo garifuna.

Desde la historia nos cuentan que, en 1635, dos barcos españoles naufragaron frente a la costa de San Vicente, una isla del Mar Caribe y las personas que estaban siendo transportadas para esclavizarlas pudieron escapar a nado. Los caliponan (o caribes rojos) les dieron refugio y de la mezcla surgió el pueblo garífuna o caribe negro, una mixtura entre las tradiciones caribeñas y africanas. Los ingleses expulsaron a los garífunas de San Vicente y 2.026 sobrevivientes fueron llevados a Punta Gorda, en la Isla de Roatán, el 12 de abril de 1797 y esa es la fecha en la que se celebra el “día de la llegada”. De ahí se trasladaron a Trujillo. Por eso, las tierras que reocupamos son ancestrales.

Cuando Joseph Chatoyer, Satuyé (el que carga bien), el mayor estratega militar y político del caribe negro, descripto como muy alto, de “porte imponente y dotado de una inteligencia extraordinaria”, por los ingleses a los que combatió en una rebelión que inició y por la que murió luchando el 14 de marzo de 1795, se venía abajo, la que lo inyectaba era Barauda, una guerrera ancestral, una figura femenina legendaria, un símbolo de resistencia y una estratega intelectual de la lucha contra el colonialismo inglés en el Siglo XVIII, en San Vicente. La mujer garífuna cumple un rol muy importante, es la cabeza del hogar y de todos los ámbitos. Siempre lleva la batuta. Es la protagonista.

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Joezeline Martínez Lideresa garífuna de la Organización Fraternal Negra Hondureña.

Con el verano a las puertas, las campañas turísticas despegando y unas previsiones de la patronal hostelera que anticipan “una primavera y un verano positivos”, llega también el debate sobre cómo regular esta actividad para que no se vuelva una pesadilla en algunos municipios. Sobre todo en los más pequeños, que ven cómo la población se multiplica en la temporada estival. Una de las medidas que se suelen tomar al respecto es la aplicación de la polémica tasa turística o ecotasa. Aunque otros países llevan tiempo aplicándola, en España ha comenzado a ser más habitual en los últimos años y en muchas comunidades el debate está encendido. En general, ni las patronales turísticas, ni los partidos más a la derecha la respaldan, aunque con alguna excepción, como Galicia (gobernada por el PP).

Esta misma semana, Bizkaia avanzaba en la tramitación de una tasa turística que comenzará a aplicar en enero de 2027. En mayo, el ejecutivo de Asturias daba forma a un gravamen para las pernoctaciones y, en enero, el Partido Socialista catalán, ERC y los Comunes anunciaron un acuerdo para aumentar la tasa turística en Barcelona. En el otro extremo, regiones como Madrid se han negado sistemáticamente a aplicarla y en la Comunitat Valenciana el debate enfrenta a Gobierno y oposición. El PSPV y Compromís habían pedido al Ejecutivo valenciano que la implantase para que los municipios que lo consideraran se pudieran acoger a ella, pero el presidente de la región, Juan Francisco Pérez Llorca (PP), afirmaba en mayo que la tasa “deteriora la imagen de la Comunidad”.

La ecotasa es un impuesto que se suele aplicar sobre las pernoctaciones hoteleras y que recaudan las comunidades y los ayuntamientos. La idea de fondo es gestionar el impacto del turismo y financiar mejoras en servicios públicos e infraestructuras cuando la población se multiplica por el turismo. La primera comunidad que la aplicó fue Cataluña en 2012 –que recaudó 90 millones en 2024, según los últimos datos disponibles– con una cuantía que varía en función de la categoría del establecimiento. Y algunas ciudades como Barcelona han optado incluso por incrementarla. De hecho, desde abril, el importe de esta tasa es un 25% superior a las cuantías originales en la Ciudad Condal y se podrá ampliar progresivamente de aquí a 2029 hasta llegar a los 15 euros por persona y noche.

Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid, son las regiones que más turistas acogen, si atendemos a las estadísticas de movimientos turísticos en fronteras que emite el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero ni Canarias, gobernada por Coalición Canaria; ni Valencia, ni Andalucía y tampoco Madrid, todas ellas del Partido Popular, aplican esta tasa. Sí lo hacen, en cambio, las Islas Baleares, gobernadas por el PP, pero donde se multiplican las protestas sociales por los efectos del turismo masivo.

En el caso de Asturias, la polémica se ha avivado con la proximidad del verano por la oposición de la patronal turística, que criticaba duramente la medida: “Mantenemos una oposición total y absoluta a la implantación del gravamen”, señalaba OTEA este martes. Por otro lado, también recibía quejas de algunos ayuntamientos que pedían tener un papel más relevante en el diseño de la tasa. Frente a estas posiciones, también ha comenzado a crecer el malestar social de la mano de asociaciones y vecinos que denuncian una masificación turística y tensión en los servicios públicos cuando llega la temporada alta.

En este contexto, el Principado ha decidido avanzar en la aplicación de este gravamen. Sostienen que la tasa no tendrá impacto en la ocupación y “sí generará un retorno directo al territorio en forma de ingresos que permitirán reforzar la sostenibilidad y calidad del destino”, valora Gimena Llamedo, la consejera de Turismo. La tarifa, cuyo diseño ha aprobado el Principado y será de aplicación voluntaria para los ayuntamientos, será de entre 0,50 y 3 euros por noche, dependiendo de las estrellas del alojamiento.

Un poco por encima de estos importes se sitúa la que está diseñando el Gobierno vasco, que será obligatoria a partir de este verano y va desde un mínimo de 2,25 euros hasta 7,50 euros por noche, dejando exentos a los menores de edad. La aplicación más reciente en esta comunidad es la que ha tramitado Bizkaia, pero también Álava y Gipuzkoa la asumen.

La tasa turística tiene recorrido en otros países europeos, aunque en España se esté reclamando con más fuerza ahora. Francia o Italia gravan las estancias turísticas a nivel nacional y Países Bajos destaca por tener uno de los recargos más altos, con un 12,5% sobre el coste del alojamiento en Ámsterdam. En España, el Ministerio de Industria y Turismo ha tratado de promocionar el gravamen en diversas ocasiones alegando que no reduce la ocupación, pero sigue existiendo resistencia al respecto. Por ejemplo, el consistorio de Madrid rechazaba la idea, propuesta desde Más Madrid, por considerar que no era necesaria. También Cantabria, gobernada por el PP, la rechazaba pese a que localidades de gran afluencia como Santillana del Mar, San Vicente de la Barquera o Comillas no la viesen con malos ojos. Sin embargo, sin un marco autonómico es imposible implantarla.

El turismo es un motor económico a nivel nacional, pero cada vez hay más voces que piden una regulación. “El reto ya no es cuántos turistas tenemos, sino cómo vamos a poder gestionar esta enorme magnitud y esta industria tan potente para España”, explica Javier Blanco, asesor de turismo de la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES). De un lado, está el problema de los recursos y el impacto del turismo en el medio ambiente, de otro, las dinámicas de mercado que arrastra, como la proliferación de viviendas turísticas que agravan el problema de la vivienda. Estas dinámicas han abierto espacio para una consideración más crítica sobre el impacto del turismo y han generado espacios donde se reclaman estas tasas turísticas.

Canarias es un caso paradigmático. Si bien el Gobierno de Canarias no ha abierto la puerta a su aplicación, algunos municipios se han declarado en rebeldía. En Las Palmas de Gran Canaria, el ayuntamiento de Mogán (21.000 habitantes) estableció una tasa de 0,15 euros que se está dirimiendo en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por una demanda de la patronal turística, pero que le ha valido una recaudación de 721.769 euros hasta mayo. “No podemos seguir sosteniendo este modelo únicamente con los impuestos de los residentes”, señalaba la alcaldesa, Onalia Bueno, en declaraciones a la SER. “Cuando voy a Portugal pago 3 euros, en Barcelona otra cantidad… Cataluña tiene hasta 8 euros”, señalaba para defender que no afectaría a la competitividad del sector y remarcaba que lo lógico es que el Gobierno de Canarias lo hubiera impulsado a nivel autonómico.

La vivienda turística y la incidencia de esta en los precios de los alquileres es otro de los grandes argumentos que se suelen dar para defender medidas de control del turismo como la ecotasa. Las viviendas de uso vacacional también están sujetas a la tasa y en Canarias han sido el detonante de muchas protestas. De hecho, un estudio reciente encargado por la Fundación Canarina y elaborado por Estudios Sociales Geas 7, señala que el 90% de la población canaria cree necesario cambiar el modelo turístico y un 47,6% sostiene que la llegada de turistas está muy relacionada con los problemas ambientales y sociales que atraviesan las islas, situando el acceso a la vivienda como el principal problema.

Con estos mimbres empieza a ganar intensidad el debate sobre la tasa turística, que tiene como trasfondo un debate más amplio relacionado con cómo se gestiona un sector que año tras año firma cifras récord. El año pasado, España recibió 97 millones de turistas extranjeros, un 3,4% más que en el ejercicio previo, y el propio Ministerio de Turismo consideraba que el hito de los 100 millones se podría alcanzar, previsiblemente, en este año.

Una persona que posee una vivienda vacacional no valora al turismo en su comunidad de la misma manera que otra que trabaja como empleada en el sector turístico (agente de viajes, recepción de hotel) y a la que le cuesta llegar a fin de mes por el aumento de los precios de alquiler.

Sentirse al margen de las decisiones políticas también puede hacer a las personas más pesimistas a la hora de valorar un nuevo plan de desarrollo turístico. En cambio, si han podido contribuir de alguna manera a ese plan, eso podría hacerlas cambiar de actitud.

Otro aspecto a tomar en cuenta es la satisfacción con la vida personal. Estar satisfecho con la vida privada, laboral y familiar hace a las personas más optimistas en general, y también a la hora de valorar los impactos del turismo en su comunidad.

Estos son algunos ejemplos que explican por qué algunas personas desarrollan sentimientos negativos hacia el turismo mientras otras se mantienen neutrales o favorables, a pesar de residir en el mismo lugar. Los residentes con opiniones más negativas sobre el turismo tienden a experimentar incomodidad, ira o enfado.

Estas emociones negativas no tienen por qué surgir en todo aquel que opina que el turismo genera impactos negativos. Igualmente, las emociones negativas no siempre se canalizan en protestas, mensajes de odio o grafitis, sino que pueden servir como estímulo para implicarse en propuestas de mejoras y contribuciones significativas desde el conocimiento local.

Un estudio reciente realizado en las Islas Canarias, analiza cómo la ideología política y el tiempo de residencia (o el hecho de ser nativo) también influyen de manera decisiva en las opiniones y sentimientos hacia el turismo.

Entre las conclusiones del estudio está que las personas nacidas en un destino turístico, o que han vivido durante largo tiempo en él, tienden a percibir menos beneficios del turismo que el resto de residentes.

Con el paso del tiempo, los beneficios del turismo —infraestructuras, empleo o servicios— dejan de verse como logros. Sin embargo, el estudio aclara que ser nativo no hace a las personas más pesimistas ni más intolerantes.

En realidad, lo que existe es una erosión del entusiasmo por los grandes avances que favoreció el turismo en los inicios, unida a sensaciones de nostalgia por los cambios acumulados en el estilo de vida y el entorno.

La ideología política define valores y creencias sobre cómo debe organizarse la sociedad, el papel del Estado, el mercado y los individuos. Ser de derechas o de izquierdas también indica en qué tipo de organizaciones se tiene más confianza.

Los resultados de este estudio revelan que la ideología política actúa como un filtro interpretativo de los impactos del turismo. Las personas con una orientación política más conservadora, o de derechas, tienden a percibir más beneficios del turismo. Por el contrario, quienes se sitúan más a la izquierda suelen ser más críticos.

Esto no significa que todos los afiliados a un partido de izquierdas sientan molestia o inconformidad con el turismo. Lo que dice el estudio es que ser de izquierdas podría predecir cómo hacen las personas el balance de costes y beneficios del turismo.

En definitiva, dos residentes pueden llegar a conclusiones distintas sobre la contribución del turismo a su comunidad según su ideología política, su situación personal y sus condiciones como residentes, entre otros factores. Esto implica que no existen mensajes ni políticas universales: las estrategias para mejorar la convivencia entre residentes y turismo deben adaptarse a distintos perfiles sociales, reconociendo que el conflicto no es solo económico o territorial, sino también político y cultural.

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Yen E. Lam González es investigadora postdoctoral en Economía Aplicada, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Un fallo en los frenos es una de las hipótesis que se barajan en la investigación del accidente del autobús turístico ocurrido este viernes en La Gomera, que se ha saldado con uno de sus ocupantes fallecido, un turista británico de 77 años, y otros 27 heridos.

Fuentes próximas a la investigación consultadas por EFE señalan que esta es una de las hipótesis con las que se trabaja en estos momentos, a la espera de conocer los resultados definitivos de la inspección en el lugar del siniestro, y tras lo manifestado por el conductor tras el siniestro.

El accidente ha ocurrido sobre las 13:20 horas en el kilómetro 4,500 de la carretera GM-2, cuando el autobús turístico de la compañía Gomera Tours se despeñó por un terraplén desde diez metros de altura.

Según fuentes de los servicios de emergencias, ha fallecido un británico de 77 años, y el resto de los ocupantes y el conductor, han resultado heridos.

En esa misma carretera se produjo el año pasado otro siniestro similar prácticamente en la misma zona, en el que murió una mujer de 73 años.

El conductor del autobús accidentado este viernes es un profesional experimentado y está familiarizado con la vía en la que se produjo el siniestro, según han informado a EFE fuentes de la empresa Gomera Tours, que no ha podido contactar todavía con él. Según estas fuentes, el conductor tiene unos 50 años, y está hospitalizado.

El grupo de turistas se había alojado en Playa Santiago, en el municipio de Alajeró, y se dirigía al muelle de San Sebastián de La Gomera para tomar un ferri rumbo a Tenerife.

Se trata de una ruta que "se hace prácticamente todos los días", abundan las fuentes consultadas por EFE, al igual que otras que opera la compañía en La Gomera.

Ningún autobús de esta empresa había sufrido hasta la fecha un accidente de tal gravedad.

La memoria justificativa de la nueva regulación de usos hoteleros impulsada por el Ayuntamiento es un ejemplo paradigmático de esta disfunción. Desde su primer párrafo, el documento parece alinearse con las reivindicaciones de las plataformas en defensa de la vivienda: alerta sobre los riesgos del crecimiento turístico descontrolado, advierte de la pérdida de tejido residencial y subraya la necesidad de proteger la vida ciudadana. Sin embargo, cuando llega el momento de concretar las medidas, el discurso se diluye, se relativiza y termina proponiendo una regulación que contradice abiertamente el diagnóstico previo.

El contraste es tan evidente que basta con leer algunos fragmentos del propio documento. En él se afirma que “el crecimiento sin control a expensas del parque de vivienda puede romper el equilibrio que debe garantizar que la ciudad continúe siendo un lugar donde desarrollar la vida ciudadana”. También se sostiene que es necesario regular el uso turístico para “evitar la pérdida del uso residencial”, “evitar interferencias en el mercado de la vivienda”, “garantizar el acceso a la vivienda” y “proteger el tejido comercial de los barrios”. Con semejante punto de partida, cabría esperar una regulación firme, restrictiva y orientada a frenar la presión turística. Pero no es así.

El diagnóstico que desarrolla la memoria es, de hecho, demoledor. Habla de “saturación”, “sobreexplotación”, “especulación inmobiliaria”, “sobredimensionamiento de la oferta turística”, “crecimiento exponencial”, “carestía del alquiler”, “huida de la población joven”, “uso indebido de plataformas tecnológicas”, “deterioro de la convivencia” y “colonización turística”. Incluso incorpora conceptos como “turistificación” y “gentrificación”, cuyo origen remite a la sustitución de la población trabajadora por clases más acomodadas. Es decir, el documento describe un conflicto social profundo, aunque evita nombrarlo como tal.

Este diagnóstico no surge de la nada. Se apoya en estudios de la Cátedra MESVAL, EXCELTUR, ReviTUR, la Fundación Visit Valencia y diversas universidades, además de la Sentencia del Tribunal Supremo 5958/2019. Todo ello en las primeras treinta páginas, reforzado por datos —aunque suavizados y no actualizados— del servicio de licencias urbanísticas. El documento recoge ejemplos de ciudades como Málaga, Barcelona, Sevilla o San Sebastián, donde se han aplicado medidas estrictas para contener el turismo. Incluso rechaza explícitamente las estrategias que buscan convertir las ciudades en destinos turísticos mediante la inversión pública. Y reconoce que las medidas actuales son insuficientes para controlar los efectos negativos. Hasta aquí, la coherencia es impecable. Con semejante acumulación de evidencias, parecería lógico que la memoria concluyera con una propuesta regulatoria contundente. Pero ocurre justo lo contrario.

Sin embargo, a partir de la página 40, la memoria da un giro inesperado. De pronto aparecen conceptos como “unidad de mercado” y “derecho a la implantación de servicios”, apelando a la Directiva de Servicios de 2006, que —según reconoce el propio documento— no es aplicable en materia urbanística. A partir de ese punto, la regulación se reduce a una mera “ordenación urbanística del uso de viviendas turísticas”, evitando cualquier interpretación que pudiera resultar restrictiva. Se introduce incluso la idea de que la “razón imperiosa de interés general” es un concepto “dinámico”, lo que se utiliza para justificar una lectura favorable a la libertad de empresa.

El resultado es una propuesta que, lejos de limitar, apuesta por “ordenar y hacer compatibles” los intereses de residentes y promotores turísticos. Es decir, después de diagnosticar una enfermedad grave, la solución propuesta no es evitar aquello que la provoca, sino intentar hacerlo “compatible”. Una contradicción difícil de justificar, más si tenemos en cuenta que ya existe una realidad -reconocida igualmente en la memoria- de una saturación general con miles de pisos ilegales. Por tanto, la equiparación de la industria turística con otras actividades terciarias no es un buen punto de partida. Esta tiene su propia dinámica con impactos mucho mayores.

La comparación resulta inevitable: ¿aceptaríamos la existencia de 5.000 panaderías ilegales en Ciutat Vella? ¿O de inmobiliarias, bares, oficinas, badulaques o museos clandestinos? ¿Toleraríamos que se instalaran entre viviendas residenciales estas actividades terciarias, alterando la convivencia y expulsando a los vecinos? La respuesta es obvia. Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre con los pisos turísticos. La industria turística, por su naturaleza y su impacto, no puede equipararse al resto de actividades terciarias. Pretenderlo es un despropósito.

La lógica utilizada para fijar los porcentajes de saturación es otro ejemplo de incoherencia. En lugar de partir de las características intrínsecas del turismo —ampliamente descritas en la propia memoria—, se aplica una lógica contable basada en la edificabilidad total. Si una actividad tiene un límite del 20% y otra del 50%, las viviendas turísticas se fijan en el 1,5%, aunque finalmente se estime que el 2% “está mejor”. Así, sin justificación, un salto en el vacío aumenta un 0,5%. Una conclusión arbitraria que no responde al diagnóstico previo ni a la gravedad del problema.

Tan arbitraria como es la exclusión de sus propios criterios de saturación, ya de por sí permisivos, la excepción a Ciutat Vella que facilita la compra de inversores turísticos si rehabilitan y ponen “en valor” –su valor, su negocio, sus pisos turísticos y hoteles– nuestro patrimonio catalogado como bienes de relevancia local o con máxima protección. Una alfombra roja para fondos de inversión que va a destrozar –aún más– Ciutat Vella.

La memoria justificativa, en definitiva, es un ejemplo de cómo la administración puede diagnosticar con precisión una enfermedad y, aun así, negarse a aplicar el tratamiento adecuado. Un ejercicio de análisis brillante que desemboca en una regulación tímida, insuficiente y contradictoria. Y un recordatorio de que, en política, el exceso de análisis no siempre conduce a mejores decisiones. A veces, simplemente las paraliza.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

Funcionan las 24 horas, no requieren de personal y suelen ocupar espacios en el centro de las ciudades más turísticas de España. Son los locales de taquillas para guardar equipaje, un negocio que crece de la mano del turismo y de los apartamentos vacacionales. Basta con abrir alguno de los buscadores de consignas online y situarnos en la capital para que al momento aparezcan decenas de puntitos señalando sus ubicaciones, casi medio centenar en Madrid. Algo similar ocurre en otras ciudades con alta afluencia de visitantes como Barcelona, Sevilla o Valencia y en zonas cercanas a grandes nodos de comunicaciones como estaciones o aeropuertos.

En el centro de la capital, al lado de la madrileña sala de conciertos El Sol, un local amarillo con un cajero ATM incrustado en el escaparate ofrece taquillas que van desde seis euros al día por guardar una maleta pequeña a los 19 euros diarios por un espacio para tres unidades. En la misma calle se puede ver algún signo más de lo que se denomina turistificación: varias franquicias de comida, un local para reservar bicis y tours guiados o apartamentos turísticos a los que se accede con un código QR.

La demanda de estos servicios está vinculada a turistas que llegan a la ciudad o regresan hacia su lugar de origen y necesitan un espacio donde aparcar sus maletas por unas horas antes de poder entrar a su alojamiento o tras el check-out. Un servicio que los hoteles suelen prestar, pero que en el caso de los apartamentos no siempre está disponible. Los cambios en la composición de los barrios turísticos más demandados empiezan por el tipo de comercios que albergan y, en este caso, las taquillas para maletas son uno de los servicios que se ve reforzado.

La mayoría de estos negocios se sitúan en bajos comerciales y funcionan sin apenas personal, ya que las taquillas son automáticas y el acceso está regulado por un código que reciben los usuarios. “Negocio innovador con alta automatización, ideal para inversión y con bajo coste laboral”, publicita una de las empresas que ofrece franquicias para personas dispuestas a invertir en el sector.

En Madrid, varias empresas y algunos nombres como Locker in the City o Lock & Be Free cuentan con más de una decena de bajos en la zona centro. Otras como Locker4rent cuentan con siete y Lock & Enjoy suma hasta cinco, según señalan en su web. No todas registran beneficios, pero en este último caso, su depósito de cuentas recoge que cerraron 2024 con un resultado de 89.108 euros y dos empleados. "A diferencia de otros negocios, no es necesario contratar empleados para la atención al cliente, ya que el sistema automatizado permite a los usuarios gestionar sus propias reservas y acceder a las taquillas sin intervención humana", señala otro anuncio para atraer franquiciados. En este caso ponen en valor la rapidez del retorno y la baja inversión inicial: taquillas físicas y un software que controle su funcionamiento. Un pequeño detalle que no se suele mencionar es que hay que contar con un local, o con pagar un alquiler en caso de que el emprendedor no cuente con uno.

Fuentes del sector señalan a infoLibre que el sector ha crecido mucho en los últimos años. Si bien el turismo y las viviendas vacacionales son uno de los motores de su actividad, también matizan que la crisis inmobiliaria les ha complicado el proceso de apertura por el encarecimiento en el alquiler de los locales. Amortizar una inversión inicial con un modelo empresarial que se basa en muchas y pequeñas cantidades de dinero ya no resulta tan sencillo y tampoco conseguir más ubicaciones para escalar el negocio y trabajar con mayor volumen. Aunque en este segundo caso, puntualizan, se vuelve necesario contar con personal que gestione reclamaciones o incidencias y los gastos aumentan.

En un rastreo por la web y por el listado de locales que ofrece la Comunidad de Madrid, se pueden identificar hasta casi medio centenar de establecimientos dedicados a esta actividad, con especial incidencia en la zona centro. En la lista hay desde sociedades limitadas de titularidad particular hasta franquicias o compañías que diversifican su actividad con este tipo de negocios. Desde el sector señalan que este modelo de negocio, pese a proliferar, también tiene un alto porcentaje de cierres.

Haciendo un repaso por otras empresas que ofertan servicios similares en la capital, aparecen, además de las ya mencionadas taquillas, locales como estancos, floristerías, mercerías, bares..., dedicados a otras actividades, pero que sirven también como puntos para dejar el equipaje y con ello ganan una comisión por cada maleta o artículo almacenado.

El turismo y el empuje de la vivienda vacacional están cambiando el perfil de los barrios, con una oferta de comercios más centrada en los visitantes y que ha desdibujado los negocios de toda la vida. El número de viviendas vacacionales en Madrid ha ido creciendo en los últimos tiempos.

En el distrito Centro, el 5,9% de su parque residencial, un total de 5.098 pisos, está destinado al alquiler vacacional, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) fechados en noviembre del pasado año. Esta concentración es muy superior a la del resto de la ciudad, que de media alcanza el 0,82%. Es el caso de la sección que incluye la Puerta del Sol, Canalejas y el entorno de la parada de metro de Sevilla; los pisos turísticos alcanzan el 19% sobre el total de viviendas. Esto sin contar aquellas que podrían estar operando sin las licencias precisas, las ilegales. De hecho, el verano pasado apenas un 10% de los pisos turísticos estaban inscritos en el registro obligatorio. El Ministerio de Consumo, en un informe publicado hace un año en base a anuncios de viviendas en portales inmobiliarios, apuntaba que en Madrid habría hasta 16.335 alojamientos ofertados sin licencia.

Cinco de los diez distritos que más se han gentrificado en toda España durante la última década están en Madrid y el resto en Barcelona, de acuerdo con un estudio de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Los investigadores han analizado datos desde el año 2012 hasta 2021 para ver cómo actuaba el encarecimiento de los precios y la sustitución demográfica de las clases bajas por otras más elevadas. Otro fenómeno que constatan es la llegada de la gentrificación a zonas más populares y alejadas del centro. En Madrid cita, por ejemplo, el barrio de Carabanchel, más allá de la M-30. Mientras todos estos cambios reconfiguran el espacio urbano, el precio de la vivienda sigue su tónica habitual y el pasado viernes los datos definitivos del INE corroboran que al cierre de 2025 el incremento anual fue del 12,7%, su mayor alza desde 2007.

En enero del año pasado entraron en España 5,13 millones de turistas internacionales, un 1,2% más que un año antes. Dentro de sus viajes, gastaron 7.805 millones de euros, un 9,3% más. Ambos datos vuelven a situarse en máximos históricos para el primer mes del año, recoge EFE. 

Según la información publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se mantiene la tónica observada desde hace dos años, por la que el gasto sube por encima de las llegadas, reflejo de lo que en el sector consideran una mayor calidad del turismo. 

Después de cerrar 2025 en máximos, con 96,7 millones de turistas extranjeros en España y un gasto de 134.712 millones de euros, las tasas de crecimiento en las llegadas van moderándose pero siguen en positivo, en un año en que el sector espera la consolidación de los fuertes aumentos registrados tras la pandemia. 

Reino Unido mantiene su posición como primer emisor (con casi 900.000 turistas) y el destino principal son las islas Canarias, en su temporada alta, con 1,43 millones de llegadas (5% más).

Los turistas llegados desde Alemania, segundo mercado emisor, bajaron el 2%, hasta 527.327; y con más intensidad los de Francia, tercer mercado, con un recorte sobre un año antes del 19,5%, hasta 517.800 entradas.

Los aumentos más destacados en enero fueron los de las llegadas desde Portugal, un 20,3% y suman casi 185.000; y de América (salvo Estados Unidos), con un avance del 13,1%. Las entradas desde Estados Unidos rozaron las 200.000, el 3,2% sobre un año antes.

De los 5,1 millones de turistas que visitaron España en enero, algo más de tres millones se alojaron en hoteles y 1,26 millones en sus propias viviendas o en otras de familiares y amigos. Además, más de cuatro millones llegaron a España sin paquete turístico (casi el 1% menos que en enero del año anterior) y cerca de 1,1 millones lo hicieron con el viaje concertado con agentes turísticos, el 9,5% más.

Tras Canarias, la comunidad más visitada en enero fue Catalunya, que recibió más de un millón de viajeros, cifra que es un 6,2% inferior a la de ese mes de 2025; seguida de Andalucía, con más de 720.000, el 3,8% más.

Las cifras de Baleares -una comunidad que concentra la mayor parte del turismo entre el final de la primavera y el principio del otoño- consignan una caída del 8,8%, hasta cerca de 135.000 viajeros. En Madrid, el turismo creció un 8,8%, con 766.365 entradas; y en la Comunitat Valenciana bajó el 3,5% (578.700 llegadas).

Las cifras reflejan que el incremento del gasto total, el 9,3%, es el mayor desde abril de 2025. El gasto medio por turista se situó en 1.522 euros, el 8% más que en enero de 2025, y el desembolso diario por viajero alcanzó los 177 euros, el 7,1% por encima de un año antes.

Reino Unido es también el primer país por nivel de gasto, con casi el 14% del total, seguido de Alemania (10,6%) y los países nórdicos (7%). No obstante, el gasto de los turistas británicos disminuyó un 1,7% en tasa anual y el de los de nórdicos un 7,5%, mientras que el de los alemanes aumentó el 4,4%.

El 53,9% del gasto total en enero lo realizaron turistas que se alojaron en hoteles, con un aumento anual del 10,4%; en tanto que el registrado en alojamientos de no mercado (viviendas particulares o de familiares y amigos) disminuyó un 10,1%.

Las comunidades autónomas de destino principal con mayor peso en el gasto de los turistas en enero fueron Canarias (con el 28,7% del total), Madrid (20,6%) y Cataluña (16,3%). En Canarias, el aumento sobre enero del año pasado fue del 3,6% en tasa anual, por debajo de las de Madrid (15,6%) y Cataluña (14,8%).

El 1 de julio del pasado año 2025 entró en vigor el registro obligatorio de pisos turísticos, puesto en marcha por el Ministerio de Vivienda. Desde ese día todas las viviendas de uso turístico y los alquileres de temporada están obligados a contar con un número de registro emitido por el Ministerio en colaboración con el Colegio Oficial de Registradores, que acredita que cumplen con los requisitos legales existentes en cada lugar. Estos establecimientos deben hacerlo constar en las plataformas en las que se anuncien (Airbnb, Booking...) y en otros materiales promocionales.

La implantación de este registro avanza con lentitud y, por ejemplo, el pasado mes de septiembre menos de la mitad de los pisos turísticos existentes en Galicia (si tomamos como referencia los registrados por la Xunta) habían iniciado los trámites para legalizar su situación.

En cualquier caso, parece que la implantación de este registro está contribuyendo a limitar el número de viviendas de uso turístico en funcionamiento. Sobre todo si atendemos a las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que este lunes publicó la actualización de sus indicadores, con datos correspondientes al pasado mes de noviembre. Según el INE, en ese momento había 15.236 viviendas de uso turístico, frente a las 19.996 de mayo de 2025, un 23% menos, una cifra que en realidad ya venía en descenso, desde el máximo alcanzado en agosto de 2024 (21.984).

La fuerte reducción en el número de estos establecimientos parece tener relación con la puesta en marcha del registro obligatorio y con un mayor control sobre la presencia en plataformas como Airbnb o Booking de pisos turísticos no registrados legalmente. Por ejemplo, en diciembre el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 comunicó la imposición de una sanción de más de 64 millones de euros a Airbnb por la publicación de anuncios de alojamientos que carecían de licencia, 6.956 de ellos en Galicia. La multa llegó después de la publicación de varias advertencias previas y de su envío a la Xunta.

La publicación de los nuevos datos del INE, además de mostrar este importante descenso en el número de viviendas de uso turístico, incrementa la brecha con los datos del registro abierto por la Xunta para estos establecimientos (el Registro de Empresas y Actividades Turísticas). El último dato publicado por el Gobierno gallego, correspondiente al 1 de febrero, señala que en Galicia existen 32.231 pisos turísticos, más del doble de los indicados por el INE.

Hay que tener en cuenta que ambos indicadores parten de metodologías muy diferentes, lo que en parte puede explicar la disparidad que se abre entre ellos. Mientras que el de la Xunta es un registro realizado por los propios propietarios y propietarias de los establecimientos, que son quienes los dan de alta (o de baja), el INE emplea la técnica del web scraping, que mediante programas de software extrae los datos de las tres plataformas más utilizadas de alojamiento turístico en España.

En cualquier caso, hasta el año 2024 los dos indicadores mostraban una realidad similar, con cifras algo superiores en lo ofrecido por la Xunta; desde entonces las diferencias no han dejado de aumentar. Con todo, hay que señalar que el registro del Gobierno gallego empieza también a mostrar un pequeño descenso en la cifra total de viviendas de uso turístico desde el máximo alcanzado el pasado mes de agosto (32.914), inmediatamente después de la entrada en vigor del registro obligatorio del Ministerio de Vivienda. Sin embargo, la reducción desde entonces (683 pisos turísticos menos, un 2%) es muy inferior a la que muestra el INE.

Los nuevos datos publicados por el INE suponen que, en este indicador, el porcentaje que representan las viviendas de uso turístico sobre el total de viviendas censadas en Galicia pasa del 1,14% de mayo de 2025 al 0,87% de noviembre de 2025, por debajo de la media estatal, que también cae del 1,43% al 1,24%. Galicia es la octava comunidad autónoma con una mayor saturación de pisos turísticos, por detrás de Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Cantabria y Asturias.

Con todo, hay algunos concellos gallegos en los que, pese al descenso en los datos del INE, la saturación de viviendas turísticas supera ampliamente la media. Es el caso, por ejemplo, de Fisterra (6,3% de VUT sobre el total de viviendas), Sanxenxo (5,5%), O Grove (4,8%), Muxía (4,6%), Carnota (4,5%), Corcubión (4,4%), Parada de Sil (4,4%) u O Vicedo (3,9%).

La comparación de los datos publicados por el INE este lunes, correspondientes a noviembre, y los anteriores, de mayo, previos a la entrada en vigor del registro obligatorio, muestra importantes diferencias en muchos concellos, encabezados por Sanxenxo (-482), A Coruña (-301) y Vigo (-206). De hecho, el importante descenso experimentado en Sanxenxo deja a la ciudad olívica como el concello con más pisos turísticos en Galicia (1.180), según la exploración realizada por el INE.

No sucede lo mismo en las cifras de la Xunta, en las que Sanxenxo sigue liderando con claridad (3.943). Este dato es una muestra de las enormes diferencias que existen entre uno y otro indicador en prácticamente todos los concellos. Así, mientras que la Xunta informa de que en A Coruña existen 1.422 VUT registradas, el INE deja la cifra en 435. Las disparidades llegan a duplicar e incluso triplicar las cifras en la mayoría de localidades.

El número de viviendas turísticas en España ascendía en noviembre pasado a 329.764, lo que arroja una caída del 13,6% respecto a la cifra que se registraba en mayo, de acuerdo con la estadística experimental que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) dos veces al año, recoge EFE.

Según los datos difundidos este lunes, la cifra de viviendas turísticas es la más baja de las registradas desde agosto de 2023 y representa el 1,24% del total de viviendas que existen en España.

El descenso tiene lugar en un contexto marcado por el registro obligatorio de los alquileres de corta duración, entre ellos los turísticos, y las peticiones de los Ministerios de Vivienda y de Consumo a las plataformas para que retiren los anuncios ilegales.

En la pasada estadística de mayo, los datos arrojaban 381.837 viviendas turísticas en España, 52.073 más que en esta última edición de noviembre. Desde que hay registros para esta estadística el dato más alto se dio en agosto de 2024, con 403.267 viviendas turísticas en España.

Atendiendo al número de plazas, en noviembre de 2025 las viviendas turísticas registradas sumaban 1,6 millones, el 15,7% menos que las 1,9 plazas que se daban en mayo. Por vivienda, el INE contabiliza 4,9 plazas por viviendas.

Por comunidades autónomas, la mayor cifra de viviendas turísticas se registró en Andalucía con 91.757, el 4,6% menos que en la estadística anterior.

Pese a esta caída, la comunidad registra datos elevados desde agosto de 2024. A continuación se situó Canarias, que cuenta con 49.676 viviendas turísticas, el 2% menos que en mayo.

Por encima de las 40.000 viviendas turísticas también destaca la Comunitat Valenciana, que alcanza 48.441, el 23% menos que en la pasada edición. En el caso de Cataluña, la cifra de apartamentos turísticos es de 46.915, el 17% menos que en mayo.

Tras ellas se situó Baleares, con 19.398 viviendas turísticas, el 20% menos que en la pasada edición y la menor cifra desde que el INE tiene registros.

La Comunidad de Madrid, por su parte, se anotó 19.398 pisos turísticos, el 17,5% menos que en mayo y el segundo menor dato desde agosto de 2020, cuando empieza a haber registros.

Por su parte, en Galicia había 15.236 viviendas turísticas, casi el 24% menos. En el Caso de Castilla y León, se contabilizaban en noviembre de 2025 un total de 7.035, el 14% menos, mientras que en Cantabria la cifra era de 6.229, el 19% menos, y en Asturias de 6.043, el 21% inferior a la cifra dada en mayo. Con más de 5.000 viviendas turísticas se encontraba Murcia (5.621), el 29% menos que en mayo y la segunda menor cifra desde que se tienen registros.

País Vasco redujo sus viviendas turísticas un 12,5% hasta las 4.783, mientras que Castilla-La Mancha registró 4.551 viviendas turísticas, el 12,8% menos. Asimismo, Aragón alcanzó 3.785 viviendas turísticas, el 18,5% menos y Navarra 1.463, el 12,5% inferior. Por el contrario, Extremadura marcó su máximo desde 2020 con 2.114, el 5,4 % más.

La Rioja fue la comunidad con menos viviendas turísticas de España, un total de 1.332, el 2% menos que en la pasada estadística.

Para obtener la información, el INE emplea una técnica que permite mediante programas de software extraer datos de las tres plataformas de alojamiento turístico más utilizadas en España.

El año 2025 se cerró con un nuevo récord de turistas procedentes del extranjero. Galicia recibió el pasado año 1,89 millones de visitantes de fuera del Estado español, un 3,1% por encima del anterior máximo (2024). Se trata de un aumento moderado, pero que consolida una tendencia al alza en los últimos años, frenada por la pandemia entre 2020 y 2022, pero que retomó los máximos en 2024 y 2025.

El incremento en la llegada de visitantes procedentes del extranjero se apoya, entre otros factores, en el aumento del turismo de cruceros (cerca de un millón de pasajeros anuales, buena parte de ellos de fuera del Estado) y también en el auge de las cifras de los Caminos de Santiago.

Los datos gallegos crecen en paralelo al incremento que se registra en el conjunto del Estado. En 2025 España recibió 96,8 millones de visitantes extranjeros, un 3,2 % más que en el año anterior. En cualquier caso, Galicia sigue siendo un destino minoritario para este tipo de turismo, lejos de los más de 20 millones de Cataluña o de los alrededor de 15 millones de Baleares, Canarias y Andalucía.

Este mismo martes la Xunta destacó que Galicia rondará la cifra total de nueve millones de turistas en el año 2025, un cálculo realizado a partir del dato de 7,3 millones de viajeros alojados en establecimientos hoteleros gallegos, publicado hace unos días por el INE, a los que se suman quienes pernoctaron en viviendas de uso turístico. En 2024 la cifra de turistas —internos y externos— fue de unos 8,2 millones y en 2023 había sido de 7,3 millones sobre la base de estos mismos cálculos.

El turismo de residentes en el Estado alcanzó “máximos históricos”, según la Xunta, registrando 6,4 millones de noches, y el turismo internacional se acercó a los 4 millones de noches.

En los datos de 2025 llama la atención un aspecto. A pesar del incremento del número de turistas, el gasto total realizado por estos visitantes disminuyó en relación con el año 2024, pasando de los 2.667 millones de euros a los 2.464.

Un descenso que se explica por una ligera reducción en la duración media de sus viajes (de 8,83 a 8,68 días), pero sobre todo por la caída en el gasto medio realizado por cada turista procedente del extranjero, que pasó de 165 euros por día a 150 euros.

Conviene destacar que los datos de 2024 habían marcado máximos en este indicador: fue el año en el que se alcanzó un mayor gasto por día, un mayor gasto por visitante y un mayor gasto total. Habrá que esperar para ver si el descenso de 2025 supone un cambio de tendencia o si se trata de una caída coyuntural.

Es un hito. La cadena Paradores ya está presente en todas las comunidades autónomas. El último en incorporarse ha sido el Parador de Ibiza. Este nuevo establecimiento, ubicado en el centro de la ciudad, se presentará el 23 de febrero y abrirá sus puertas al público a partir del 10 de marzo. Ha sido la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, junto a la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, la encargada de presentarlo en la Feria Internacional de Turismo (FITUR).

Con una inversión total de 47 millones de euros, en la que han participado Turespaña, Paradores y los Fondos del Plan de Recuperación, este nuevo establecimiento trata de revitalizar el casco histórico de la ciudad de Ibiza y potenciar el turismo fuera de la época estival. Concretamente, los edificios que acogerán al parador son el castillo y la Almudaina de Dalt Vila, una fortaleza construida en el siglo XVI y que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Este nuevo parador cuenta con 66 habitaciones, de las que 41 estarán disponibles para la clientela, además de zona wellness, piscina exterior, cafetería, solarium, salones, terrazas y restaurante. Entre sus instalaciones se encuentra también un parking bajo tierra con 40 plazas, "que ha constituido una obra de ingeniería civil inigualable", según el comunicado de la cadena.

Con la reutilización de este lugar histórico, tanto turistas como vecinos podrán visitar durante todo el año el enclave, lo que también servirá para recuperar la actividad económica fuera de los meses de verano. Según la nota de prensa, el nuevo parador "generará empleo de calidad con una plantilla estimada de 60 personas".

Por otro lado, desde la cadena hotelera se ha apostado por preservar y difundir el patrimonio arqueológico del espacio con la creación de un centro de interpretación en el propio parador. En él, se informará sobre nueve catas arqueológicas a través de infografías y proyecciones. También tienen cabida en el nuevo edificio expresiones artísticas como la pintura, la escultura o la fotografía, en un intento de convertir el establecimiento en "una auténtica galería viva en diálogo con su entorno".

La inauguración del parador ibicenco pone fin a un largo proceso de rehabilitación, que comenzó en 2008 pero que, tras encontrarse varios restos arqueológicos, se paralizó. No fue hasta 2012 cuando, de la mano de Turespaña, se reanudaron las obras. Ahora, situado en la parte alta de la ciudad amurallada, este nuevo hotel se convierte en "un espacio singular que combina patrimonio, historia y experiencia turística de alto nivel".

El problema de la vivienda se manifiesta en las vivencias de los ciudadanos, pero en general, se expresa con muchas cifras y abundantes tecnicismos. Uno de ellos, la gentrificación, ha saltado a la prensa en estos días debido al cierre de la librería Tipos Infames de Madrid: “Lamentablemente la gentrificación, como a tantos comercios de proximidad, nos ha podido y tenemos que cerrar”, señalaban en un comunicado. El precio de las viviendas y los locales, junto con la transformación que ese comportamiento desbocado de los precios tiene en la composición de los barrios, es lo que está expulsando a vecinos y a pequeños comerciantes.

Por un lado, opera lo que se conoce como turistificación, es decir, cuando la vivienda de uso turístico y sus altísimas rentabilidades desplazan al alquiler de toda la vida. Esto tiene como consecuencia que haya menos vecinos y hace crecer el precio de las viviendas en las zonas muy demandadas. También el de los negocios, que se orientan a turistas y no a residentes. En un campo conceptual más amplio, también se habla de gentrificación, un fenómeno que la Real Academia Española (RAE) define como un “proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo”. En el fondo de ambas está una cuestión simple: el desplazamiento o la expulsión de quienes viven en un sitio porque ya no se lo pueden permitir.

La proliferación de la vivienda turística o la compra de vivienda por parte de extranjeros (con mayor poder adquisitivo) son algunos de los motores para las transformaciones indeseadas que atraviesan muchos barrios en España, sobre todo, en zonas turísticas, centros urbanos o ciudades próximas a grandes núcleos de empleo. Pero también se habla, por ejemplo, de gentrificación climática, en referencia al aumento en la demanda de vivienda en los municipios costeros o más frescos. La transversalidad del término está en que alude, sobre todo, al desplazamiento de personas por razones de renta.

El barrio madrileño de Malasaña, situado en el distrito centro, es una de esas zonas que está sufriendo un proceso de transformación a golpe de vivienda turística y pérdida de vivienda habitual asequible. Es donde la librería Tipos Infames no ha podido sobrevivir más, o donde el Bar Josefita (unas calles más alla) cerrará próximamente después de que una empresa de inversión comprara el edificio en el que se sitúa. “En Malasaña ya no hay vecinos, solo turistas, locales de pan bao y cafés de especialidad”, resumía Ana, una vecina del barrio, a infoLibre. En su caso, vivía en un edificio donde el tránsito de turistas debido a las viviendas vacacionales era incesante. Pero a la vez que explicaba su situación particular, lamentaba una transformación de las redes vecinales en servicios turísticos.

De hecho, cinco de los diez distritos que más se han gentrificado en toda España durante la última década están en Madrid y el resto en Barcelona, de acuerdo con un estudio de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Los investigadores han analizado datos desde el año 2012 hasta 2021 para ver cómo actuaba el encarecimiento de los precios y la sustitución demográfica de las clases bajas por otras más elevadas. Otro fenómeno que constatan es la llegada de la gentrificación a zonas más populares y alejadas del centro. En Madrid cita, por ejemplo, el barrio de Carabanchel, más allá de las M-30.

Otro acelerador de estos procesos de desplazamiento es la compra de vivienda por extranjeros en regiones de alta demanda o turísticas. Y aquí opera la ley de oferta-demanda, es decir, en lugares muy demandados y con poca oferta, el precio es más alto. Así que, en lo que tiene que ver con vivienda libre, el precio lo pone quien más pueda pagar.

Por eso, esta es una de las cosas que el Gobierno ha empezado a regular, anulando, por ejemplo, los visados de residencia (las llamadas golden visa) que se concedían automáticamente a quienes se comprasen una casa de más de 500.000 euros. Sin embargo, lejos de frenarse, en la primera mitad de 2025 la compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros aumentó un 2% interanual, hasta alcanzar las 71.155 operaciones. Según los últimos datos disponibles en el Consejo General del Notariado, las operaciones realizadas por extranjeros supusieron el 19,3% del total.

También pagaron más por las casas. Los extranjeros no residentes siguieron siendo el grupo que pagó los precios más elevados, con una media de 3.126 €/m², frente a los 1.912 €/m² de los extranjeros residentes y los 1.809 €/m² de los nacionales, recoge la estadística notarial. Británicos, marroquíes y alemanes son quienes más vivienda compraron en 2025.

Pero además de poder pagar un poco más por una vivienda, aquellos que proceden de países con rentas más altas pueden vivir de forma más desahogada, ya que los precios en España son inferiores, en general, a los de Alemania o Reino Unido. Y este fenómeno termina repercutiendo en los precios de las tiendas o en el tipo de comercios que se potencian más en una zona concreta.

Desde que la socióloga británica Ruth Glass hablase por primera vez de gentrificación en 1964 para referirse a los desplazamientos de la clase trabajadora por rentas más altas en algunas zonas, el problema de la vivienda ha ido haciendo más polisémico el término y más complejo el análisis. Así lo constata, por ejemplo, un estudio de la Universidad Complutense liderado por Margarita Barañano y Pedro Uceda en los barrios de Embajadores y Lavapiés (Madrid). Los investigadores reparan en que pese a que la gentrificación aumenta la renta de los barrios, este hecho no se traduce en una mejora de la calidad de vida para todos, ya que persisten situaciones de vulnerabilidad y exclusión social “nuevas y viejas”.

“Estamos trabajando en lograr que Cataluña y Euskadi sean miembros asociados de dos organizaciones pertenecientes a Naciones Unidas, la Unesco y la Organización Mundial del Turismo, algo que vamos a solicitar en los próximos días”. Ese anuncio del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el balance del año político que hizo hace unos días dejó fuera a Galicia, pero en la autonomía las visiones sobre esa exclusión son contrapuestas.

Mientras la Xunta no considera prioritario estar presente en las organizaciones internacionales sobre la cultura y el turismo, el Consello da Cultura Galega (CCG) y la Real Academia Galega (RAG) sí ven positiva para Galicia su participación.

Sánchez defendió que Cataluña y Euskadi sean miembros asociados de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y de la Organización Mundial del Turismo (OMT) “como lo son muchos otros territorios de muchos otros países en el sistema multilateral”. En concreto, 12 miembros asociados en la Unesco y seis en la OMT.

Sánchez también avanzó que “mientras esto se tramita, lo que vamos a hacer es poner en marcha en ambas organizaciones una solicitud de un estatuto un poco más amplio para que estos dos territorios puedan desplegar las competencias, que las tienen, en materia cultural y también de turismo”.

Esas mismas competencias las tiene Galicia, con singularidades similares a las catalanas y vascas, pero la Xunta no considera prioritario seguir los mismos pasos. Según el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, “hay muchos problemas en España, todas las comunidades tenemos un montón de problemas, un montón de necesidades y un montón de peticiones, y a lo que se dedica el Gobierno de Pedro Sánchez es a intentar que el País Vasco y Cataluña estén en la Unesco”. Sin embargo, para la Xunta es “muchísimo más importante poder encontrar una solución a todos estos problemas antes de estar representados en un organismo internacional en el que nos sentimos representados por España, a pesar de la representación que pueda tener España en ese organismo”.

Frente a ese desinterés de la Xunta, el Consello da Cultura Galega, órgano estatutario encargado de velar por la cultura gallega, contesta a la consulta de Praza.gal sobre la cuestión señalando que Galicia “merece una representación” similar. “El Consello da Cultura Galega se extraña de la exclusión de la cultura gallega en el marco de la solicitud anunciada para que Cataluña y Euskadi sean miembros asociados de la UNESCO y de la Organización Mundial del Turismo”, dice la institución, que añade que “la cultura gallega, con una identidad propia, con una lengua oficial y con un patrimonio secular, merece una representación equitativa a la de otras comunidades históricas en las esferas internacionales”. El CCG también dice recibir “con preocupación el anuncio y se procederá, a través de los canales ordinarios, a obtener una mayor información sobre el tema”.

Consultada también la Real Academia Galega, su presidente, Henrique Monteagudo, considera que “todo lo que sea darles presencia específica a la lengua y a la cultura gallega en foros internacionales como la Unesco sería una buena noticia en cuanto a que contribuiría a su visibilidad y reconocimiento”.

En cuanto al anuncio de la inclusión de Cataluña y Euskadi en la Organización Mundial del Turismo, Praza.gal también consultó sobre la cuestión al Clúster Turismo de Galicia, en cuyas manos la Xunta viene dejando incluso la planificación del sector. La entidad privada, considerada por el Gobierno gallego representativa del sector, considera que “en el contexto actual, esta no constituye una decisión prioritaria para el sector turístico, que afronta en estos momentos otros retos de mayor urgencia”. El clúster turístico añade que “en cualquier caso, este tipo de decisiones debería adoptarse sobre la base de criterios objetivos, transparentes y debidamente justificados, atendiendo al interés general del sector”.