La Comunidad de Madrid gasta más que nunca en publicidad institucional. Además, en el reparto de esta tarta publicitaria infla a los medios afines mientras margina a aquellos con líneas editoriales más progresistas. Estos hechos se constataron en la investigación 'Ayuso parte y reparte', que realizó infoLibre el pasado mes de septiembre.

Ese trabajo periodístico procesó cientos de documentos y analizó miles de pagos individuales a los medios de comunicación para demostrar ese reparto discrecional, con grandes beneficiarios, como los medios de la Conferencia Episcopal o los de Federico Jiménez Losantos.

Ahora, el PP madrileño ha decidido impedir que se profundice más en cómo se gasta ese dinero público y así lo ha demostrado en la Asamblea de Madrid. Concretamente, en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, donde se ha tramitado una iniciativa, a propuesta de Más Madrid, para que la Cámara de Cuentas fiscalice "los fondos públicos destinados a la publicidad institucional de la Comunidad de Madrid en la actual legislatura". Este miércoles 6 de mayo se ha sometido a votación y el PP la ha tumbado gracias a la mayoría absoluta que ostenta en el Parlamento autonómico.

El resto de grupos parlamentarios, Más Madrid, PSOE y Vox, han apoyado la iniciativa. De hecho, la oposición al completo ha coincidido durante sus intervenciones en las críticas al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por cómo está realizando ese reparto.

El diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca, que fue quien defendió la propuesta de su partido, denunció el reparto desigual que está haciendo la Comunidad de Madrid del dinero público destinado a la publicidad institucional sin tener en cuenta criterios de audiencia o relevancia y citó casos concretos, como el rescate encubierto de Telemadrid o el dinero destinado a mantener vivos los restos del Grupo Intereconomía, ambos hechos desvelados por la investigación de infoLibre.

"Hay medios que reciben un montón de dinero en publicidad de la Comunidad de Madrid simulando publicidad institucional cuando en realidad adquieren la figura de soborno. Son medios que están comprados por el Gobierno autonómico [...]. El problema es la adulteración del sistema mediático, que no es menos que adulterar la democracia en la Comunidad de Madrid", denunció Martínez Abarca.

En la misma línea se expresaron los diputados Fernando Fernández Lara, por parte del PSOE, y Ana María Cuartero, por parte de Vox. Fernández Lara denunció que "los incrementos que se han producido en esos fondos públicos destinados a la publicidad institucional han sido no solo desmesurados; sino que también han sido direccionados" y que la Comunidad de Madrid ha destinado ese dinero público a "pseudoperiodistas que lo que hacen es propagar bulos [...] y a medios y tabloides relacionados con posturas de extrema derecha".

Cuartero aseguró que "Vox considera crucial que la Cámara de Cuentas ejerza un control sobre los contratos de publicidad institucional del Gobierno de la Comunidad de Madrid". "No por un tecnicismo administrativo, no se trata de un maquillaje para aparentar transparencia, se trata de defender el dinero de todos los madrileños y la transparencia como valor irrenunciable [...]. La publicidad institucional manejada con opacidad o con criterios subjetivos se convierte en un instrumento de propaganda partidista", remachó.

El diputado popular que intervino en el debate fue Ángel Francisco Alonso. El parlamentario del PP cargó contra el plan de regeneración democrática del Gobierno de Pedro Sánchez y criticó el reparto de publicidad institucional del Ejecutivo y la opacidad sobre ese gasto de dinero público. El Gobierno central no publica cómo distribuye esos fondos entre los distintos medios de comunicación, aunque en ocasiones se han podido conocer datos, como sucedió, por ejemplo, en 2024 gracias a una investigación de El Confidencial.

Sobre lo que hizo menos valoraciones el diputado es sobre el reparto publicitario del Gobierno madrileño, aunque aseguró que "en Madrid no se utiliza la publicidad institucional para influir en ninguna línea editorial de medios", de lo que sí acusó al Gobierno central, y presumió de la transparencia de la comunidad autónoma en este campo. 

Según declaró, el PP ha tumbado la propuesta de Más Madrid porque considera que la oposición está haciendo "un uso abusivo y político de la Cámara de Cuentas". "Creemos que se está devaluando con ello la labor de esta comisión [...] Vamos a votar en contra de toda iniciativa que insista en el uso político de la Cámara de Cuentas por más inocua que nos parezca, como es el caso de la que estamos hablando", aseguró después de denunciar que los partidos de la oposición durante la actual legislatura están pidiendo más informes de fiscalización que en las anteriores.

Martínez Abarca responde, en declaraciones para infoLibre, definiendo el motivo esgrimido por los populares como "absurdo". "Afortunadamente la Cámara de Cuentas tiene plena capacidad para afrontar una fiscalización así. Si no tuvieran nada que ocultar, estarían encantados de que se fiscalizara y tras el informe favorable podrían presumir de transparencia y de que nuestras acusaciones son infundadas. Pero en vez de eso hacen lo posible para evitar que nadie examine cómo reparten el dinero público".

"La publicidad institucional es un instrumento necesario para informar a la ciudadanía, para fomentar hábitos positivos, para ser transparentes... En vez de eso el Gobierno de Ayuso la usa para fabricar un entorno mediático que cacaree sus consignas. Han convertido la publicidad institucional en un arma antidemocrática para impedir un entorno mediático libre e independiente. Si la publicidad institucional se repartiese con criterios objetivos, el PP sería el primer interesado en que se pudiera fiscalizar por todos los medios", asegura el diputado de Más Madrid.

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid es el organismo de control que se encarga de fiscalizar la actividad económica, presupuestaria y financiera de la propia Comunidad de Madrid y del resto del sector público autonómico —Ayuntamientos, universidades, empresas públicas…—. Es el homólogo a nivel madrileño del Tribunal de Cuentas estatal y cuenta con independencia funcional, aunque a nivel orgánico depende de la Asamblea de Madrid. El actual presidente del organismo es Joaquín Leguina.

Leguina fue nombrado consejero de la Cámara a propuesta del PP de Ayuso en 2024, a pesar de que es el primer presidente de la Comunidad de Madrid y el único que ha tenido el PSOE —ocupó ese cargo entre 1983 y 1995—. En el momento de su nombramiento ya no tenía carné socialista, ya que el partido le suspendió de militancia en 2022 al entender que había pedido el voto para Ayuso en las elecciones autonómicas de 2021 —Leguina llegó a acompañar a la presidenta de la Comunidad de Madrid en un acto de campaña—.

Una de las principales tareas de la Cámara de Cuentas es investigar y fiscalizar cómo ejercen sus funciones y cómo gastan el dinero los distintos actores del sector público para poder valorar cómo están llevando a cabo esas labores que tienen encomendadas. El año pasado la Cámara publicó 16 informes de fiscalización.

Es el propio organismo el que se encarga cada año de aprobar un programa de fiscalizaciones, en el que indica qué informes va a realizar durante ese ejercicio. A pesar de ello, la Asamblea de Madrid tiene también competencia sobre esa iniciativa fiscalizadora y puede proponer la elaboración de informes concretos. Esas propuestas se canalizan a través de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Los grupos pueden solicitar como mucho una fiscalización al mes, pero esta tiene que aprobarse por mayoría en la comisión para que la Cámara de Cuentas la añada a su programa anual y realice el informe.

En la actualidad, la Comisión de Presupuestos y Hacienda está formada por 17 miembros: diez del PP, tres de Más Madrid, tres del PSOE y uno de Vox. El resultado de la votación respecto a la propuesta sobre la fiscalización del reparto de publicidad institucional, que había sido registrada por las diputadas de Más Madrid Manuela Bergerot y Marta Lozano, ha sido claro: diez votos en contra —los del PP— y siete a favor —los de Más Madrid, PSOE y Vox—.

Cada 22 de diciembre, España se detiene frente al televisor. El bombo gira con su estridente aunque familiar tintineo de bolas, mientras los niños de San Ildefonso cantan números largos y millones de personas revisan sus décimos, esperando que algún cántico les conceda el milagro de la Navidad. El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad no es solo un sorteo, es un ritual colectivo que apela a la esperanza de un cambio de vida.

Sin embargo, este juego propone tanto ganadores seguros como perdedores casi garantizados. Mientras la mayoría de los jugadores recupera poco o nada de lo invertido, El Estado, las administraciones de lotería, las entidades bancarias y la industria televisiva y publicitaria no compiten con el azar.

El resultado del sorteo es secundario. Pase lo que pase, ellos siempre ganan El Gordo.

La Lotería de Navidad de este 2025 juega con un total de 198 series, cinco más que el año anterior. Cada una está compuesta por 100.000 números, lo que eleva a 198 millones la cifra de décimos puestos a la venta. Si dicha cantidad de boletos se vendieran en su totalidad, el Estado alcanzaría una recaudación bruta de 3.960 millones de euros.

De esa cantidad, el 70% se destina a premios, lo que supone que este lunes se reparten 2.772 millones de euros. El 30% restante queda en manos de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), cuyo margen se reparte entre costes de producción, distribución y gestión, así como otros gastos operativos. No obstante, su finalidad principal es el refuerzo de las arcas públicas.

SELAE es una empresa pública adscrita al Ministerio de Hacienda. Su propietario es el propio Estado y, por ende, la ciudadanía. Teniendo en cuenta que se trata de una de las empresas más lucrativas de España (con un beneficio neto de 2.437 millones de euros en 2024 según sus cuentas públicas) su papel como fuente de ingresos para el Estado resulta clave. Solo este año pasado, la compañía abonó 812 millones de euros en concepto de Impuesto de Sociedades y transfirió al Tesoro Público 2.275 millones de euros.

Tal aportación se traduce en un plus en la financiación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, las pensiones o las políticas de empleo.

Aunque estos resultados proceden del conjunto de sorteos que gestiona la entidad, el Sorteo Extraordinario de Navidad mueve por sí solo más dinero que las ventas combinadas de Euromillones, Lotería Primitiva y Bonoloto.

A esta recaudación hay que sumar la retención de Hacienda, que grava con un 20% la parte del premio que supere los 40.000 euros. En la práctica, esto se traduce en una retención de 72.000 euros por cada décimo premiado con El Gordo, 17.000 euros por cada segundo premio y 2.000 por cada tercer premio. 

De este modo, el verdadero impacto del 22 de diciembre se produce en la economía pública. La tradición nacional se convierte en un mecanismo indirecto de recaudación mediante el cual millones de personas aportan voluntariamente recursos al Estado, sin que ello se perciba como una carga fiscal adicional.

Los loteros son la pieza clave en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Sin embargo, la magnitud del concurso no les asegura la mejor rentabilidad, puesto que no perciben ningún porcentaje adicional por la venta de los grandes premios.

Sus ingresos proceden de una comisión fija por venta, en concreto el 4,5% del precio de cada décimo, lo que equivale a 0,90 euros por boleto. No hay excepciones ni existe ninguna bonificación ligada al importe del premio.

Sin embargo, sí se permite una remuneración adicional en la gestión del pago de los premios. Los establecimientos cobran una comisión por abonar los décimos premiados, fijada en un 2,5% cuando el importe anual pagado en premios no alcanza los 200.000 euros. A partir de esa cifra, la comisión se reduce al 1,25%. 

Más allá de los ingresos directos, que un premio importante recaiga en una administración suele traducirse en un beneficio intangible: visibilidad y reputación. La notoriedad asociada a haber vendido un gordo actúa como reclamo y suele provocar que aumente la afluencia de clientes en los años posteriores. El azar se convierte en una forma de publicidad difícil de cuantificar, pero su impacto puede generar fenómenos como el de Doña Manolita en Madrid, con estimaciones de venta cerca de 70 millones de boletos (según Business Insider España), que equivale a ganar 157 premios de El Gordo.

Entre los beneficios mencionados, la Lotería de Navidad también se convierte en un puente entre entidades bancarias y segmentos de clientes de alto valor. Aunque los bancos no obtienen ingresos directos por el pago de los premios de la Lotería de Navidad, el sorteo sí genera beneficios indirectos relevantes.

Los premios superiores a 2.000 euros solo pueden cobrarse en bancos autorizados por Loterías y Apuestas del Estado, como BBVA o CaixaBank. En muchos casos, el premiado no era cliente del banco previamente, de modo que el cobro del décimo se convierte en una oportunidad de captación de nuevos clientes.

Una vez ingresado el premio, el dinero suele permanecer durante un tiempo en el sistema bancario. Esa liquidez adicional refuerza el balance de la entidad y puede ser utilizada para concesiones de créditos o inversiones.

Además, tras el cobro del premio, las entidades suelen ofrecer servicios de asesoramiento financiero, como cuentas de ahorro, depósitos, fondos de inversión o productos de banca privada. Una parte de los ganadores acepta este acompañamiento, lo que se traduce en ingresos a medio y largo plazo a través de comisiones de gestión o inversión.

Este sorteo no es solo una cita con la suerte, sino uno de los mayores acontecimientos mediáticos del año en España. La retransmisión en directo, liderada por RTVE y seguida también por otras cadenas, se sitúa año tras año entre los programas más vistos de la temporada. En 2024, el sorteo congregó a más de 8 millones de espectadores, según datos de Kantar Media, monopolizando la atención televisiva durante toda la mañana.

Esta audiencia masiva convierte el espacio en un escaparate publicitario privilegiado, que permite a las cadenas vender los bloques de anuncios a precios superiores a los habituales. Según estimaciones de Infoadex, la inversión en publicidad relacionada con la Lotería de Navidad puede superar los 20 millones de euros cada año solo en medios tradicionales.

No solo eso, el fenómeno del Sorteo de Navidad ha sido aprovechado para la construcción de relatos memorables. Desde hace más de una década, su anuncio oficial se ha consolidado como uno de los acontecimientos publicitarios más esperados del año, hasta el punto de marcar simbólicamente el inicio de la Navidad en España. Anuncios como Carmina (2016, sobre una maestra jubilada que cree haber ganado el décimo), El bar de Antonio (2014, cuyo lema fue "El mayor premio es compartirlo") y Justino (el primer spot de animación de la Lotería de Navidad) han provocado lágrimas en más de un telespectador y han revolucionado el imaginario español sobre la Navidad.

Ninguno de los beneficios que genera este fenómeno sería posible sin los jugadores, el verdadera actor imprescindible de este esquema. Aunque, paradójicamente, rara vez gana un premio.

Según las predicciones de consignación publicados por Loterías y Apuestas del Estado para 2025, cada español habría gastado de media 76,08 euros en el Sorteo de Navidad, 2,2 euros más que el año anterior.

Las razones de este desembolso van mucho más allá de la mera expectativa matemática de ganar. Con unas probabilidades tan bajas (1 entre 100.000 de acertar El Gordo), no tendría sentido que la expectativa se centrara únicamente en el premio. Realmente, la Lotería de Navidad se ha convertido en una narrativa relacionada con la superstición, el costumbrismo y la oportunidad de compartir la ilusión con los seres queridos.

Pero, ¿es una pérdida de dinero? Aunque la mayoría de jugadores no vea el dinero llegar a su bolsillo, este no desaparece.

Como se explicó anteriormente, la Lotería de Navidad promete otros beneficios más allá del décimo agraciado. El jugador realiza una aportación indirecta al sistema del que se beneficia como ciudadano, por lo que la pérdida individual se transforma en un retorno colectivo.

Desde esta perspectiva, todos ganan.

“El dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos”, suelen decir derechas y ultraderechas. Lógico, la política fiscal es uno de los campos de batalla que los conservadores españoles eligieron hace ya años para ganar apoyos. 

Corría el año 2006 cuando Esperanza Aguirre propuso un sistema de “cheque escolar” que consistía en devolverles a las familias que llevaban a sus hijos a la privada el importe de sus impuestos que se hubieran destinado a la escuela pública. Así, se suponía que se les devolvía lo que habían abonado dado que no hacían uso de ese “servicio”, y de esa manera podían pagar con lo recibido la cuota de su centro elegido, o parte de ella. Era un planteamiento descabellado, mucho más si se extendía al conjunto de los servicios públicos ¿Quien no usa la sanidad pública por tener un seguro privado debe recibir también la correspondiente devolución? ¿Y quien no discurre por las carreteras porque nunca sale de su ciudad? ¿Y quien jamás ha pisado ni pisará un parque ni paseará por un sendero en la montaña? La propuesta se descalifica por sí sola, pero sirve para entender a la perfección lo que significa, en el fondo, la política fiscal: decidir qué es lo que queremos garantizar para el conjunto de la sociedad y lo que queremos dejar a la suerte de cada cual.

El último ejemplo de esta pugna lo estamos viendo en la reacción de la derecha contra la propuesta (quizá globo sonda) del Gobierno de subir las cotizaciones a los autónomos. Es, sin duda, una idea para pensar despacio, darle cuatro vueltas y diferenciar entre distintos colectivos y situaciones. Lo que no tiene sentido –o sí– es proponer que, si los conservadores gobernasen, esas cotizaciones no se tocarían, o incluso se bajarían, y además los autónomos que facturasen menos de 85.000 euros no tendrían que pagar IVA. ¿Qué tiene que ver la cotización de los autónomos, destinada a sufragar asistencia sanitaria, prestación por incapacidad temporal, baja por maternidad o paternidad –entre otros servicios y ayudas– con un impuesto sobre el consumo como es el IVA? Es como esa publicidad de los grandes almacenes que periódicamente anuncia descuentos de “días sin IVA”, mintiendo descaradamente. Una cosa es un descuento del 21% y otra muy distinta que no se pague IVA, lo que es claramente ilegal. Cuesta entender cómo esas campañas no son prohibidas por el efecto perverso que tienen sobre una cuestión tan delicada.

En el fondo, los conservadores hacen un totum revolutum con todo lo que suene a “pagar a Hacienda” para construir una enmienda a la totalidad a las bases del Estado del bienestar. Sin unos ingresos adecuados, los servicios públicos, las prestaciones sociales y los mecanismos de redistribución no son viables. El Estado se convertiría así en algo mínimo ocupado de gestionar policía, ejército y poco más. Una idea, por otro lado, que cuando la derecha gobierna tampoco aplica, pero eso no les impide mantener el mantra. 

Aquí no acaba el problema. El pensamiento mágico aparece por la derecha cuando al mismo tiempo que proclaman la bajada o desaparición de impuestos, reclaman al gobierno de España que incremente el gasto en defensa hasta el llegar al 5%, como pide Donald Trump. La pregunta que hay que plantearse es obvia: Si el Estado recorta impuestos y recauda menos, ¿de dónde obtendrían los fondos para ese incremento del gasto militar? Si, lo han adivinado: de los servicios públicos.

Este pensamiento, por muy mágico –y antisocial– que sea, tiene buena acogida por parte de la población, entre otras cosas porque tampoco la izquierda ha conseguido dar con la forma de explicar que no se “paga a Hacienda”, sino que con los impuestos se financia lo que es de todos y con las cotizaciones –de autónomos o de trabajadores por cuenta ajena– las prestaciones que llevan aparejadas. 

La primera incapacidad de la izquierda para hacer pedagogía en política fiscal la muestra el mismo lenguaje. No se “paga a Hacienda”, ni “al Gobierno”, ni mucho menos a Sánchez, sino que los ingresos van a unas cuentas comunes para sufragar los gastos comunes, tanto por parte de municipios como de Comunidades Autónomas y de la Administración General del Estado. Por si fuera poco, se sigue hablando del gasto en educación en vez de inversión en educación, del gasto sanitario en lugar de la inversión en sanidad, del gasto público en lugar de la inversión en servicios públicos. ¿O acaso no es una inversión tener un sistema educativo público de calidad que facilite el ascensor social, una sanidad pública de calidad que garantice la igualdad de oportunidades en el derecho a la vida, o una administración pública con recursos suficientes para garantizar la eficacia de los sistemas democráticos? En aquellos casos donde esto no existe, se comprueba el coste de no tenerlo. El 42% de los enfermos de cáncer en EEUU pierden en su tratamiento todos sus ahorros (ver aquí), los jóvenes japoneses se hipotecan de por vida para financiar sus estudios (ver aquí), ancianos en Líbano que no pueden dejar de trabajar porque no existe una pensión pública ni nada que se le parezca… Sí, eso ocurre hoy en no pocos países del mundo.

En España empezamos a tener ejemplos. ¿O acaso el escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía no es el producto de años de recortes de inversiones en el sistema público, derivación de recursos a la sanidad privada, externalizaciones mal hechas y falta de medios? Si el dinero destinado a sanidad, como a educación o a tantas otras cosas no es una inversión, basta con probar a dejar de invertir y comprobar cuánto nos cuesta. El coste de no invertir.

El debate sobre la fiscalidad debe alejarse de las campañas electorales. Necesita rigor, mucha pedagogía y altas dosis de corresponsabilidad. Los expertos en políticas económicas del bienestar insisten en la importancia de completar la redistribución –las medidas que se aplican para distribuir la riqueza y hacer una sociedad más igualitaria– con medidas de predistribución, las orientadas a prevenir las desigualdades desde el origen, asegurando que existen suficientes guarderías públicas gratuitas, el acceso universal a educación y sanidad de calidad, etc. Máxime, en un momento donde desafíos como la crisis climática, la revolución digital o el incremento de movimientos migratorios nos exigen buenas dosis de inversión pública para garantizar la cohesión social y, en última instancia, la propia democracia.

Debatamos sobre el incremento de cotizaciones, sobre su progresividad o su forma de enfocarlo, pero no olvidemos que en el fondo de la política fiscal reside el modelo de sociedad en que queremos vivir.

Es un asunto de negocios para la señora Presidenta y su banda de forajidos para hundir –desmantelando– la sanidad pública, un ejemplo real y cierto (en Móstoles no hay psiquiatra infantil desde hace casi hace dos años y ahora, para más inri, sin probabilidad de cita, según el Hospital rey Juan Carlos, de  gestión privada. El padre y la madre, ante la necesidad para su hija con 6  años, han tenido que recurrir tras el abandono a la sanidad privada, previo pago de una abultada cantidad de dinero y sin  dejar de pagar sus impuestos de IRPF y resto de tributos en la ciudad de Móstoles, esto es ser patriotas), la educación pública, la universidad pública,  la formación profesional pública, los servicios sociales públicos, la vivienda  pública sin recursos, los niegan y las residencias de mayores siguen  abandonadas y la precariedad laboral de los profesionales, mujeres y  hombres, se mantiene y sin aumentar las plantillas de trabajadores, sin  olvidar la comida de los colegios públicos, que deja mucho que desear, eso sí,  las élites de funcionarios subvencionadas las comidas de los niños. ¿Dónde está la igualdad? Está prohibido hablar y reivindicar lo público y la justicia social. 

Los dineros que directamente deben ser invertidos todos los años desde los presupuestos regionales de la Comunidad de Madrid al sector de los servicios  públicos para fortalecer el Estado del bienestar en la Comunidad de Madrid se desvían en miles de millones para el sector privado y Quirón es la prueba del  destrozo para que se forren a tu costa y la mía, ya han recibido más de 5.000 mil millones de euros de nuestros impuestos, incluido lo del novio de Ayuso, presuntamente. Debemos aclarar un detalle sobre una partida presupuestaria importante de más de tres millones de euros que echa Ayuso en el pesebre de los obispos para alimentar a los doctrinarios de la mentira eterna, desde  los hospitales públicos. Gasto injusto e innecesario y obstáculo de los profesionales de la sanidad pública, tener comisarios políticos de yugo y crucifijo, es irracional y quien quiera su chute o dosis de religión católica que se la pague de su bolsillo como servicio privado, sin pruebas de la verdad –la ciencia lo deja claro–, por encima de las personas no hay súper hombres, blancos, guapos, eternamente jóvenes y sin dejar huellas de su existencia, con el máximo respeto para quien crea en estas cosas. 

Ayuso nos roba, nos está privatizando los más sagrado en democracia, NUESTRA LIBERTAD, TU LIBERTAD. Transfiere una parte importante de nuestros impuestos a la sanidad privada, educación privada y a las universidades privadas, por su cuenta y su sinrazón, debe ir para el PATROMONIO PÚBLICO DEL ESTADO DE BIENESTAR, constructor de la justicia social en la Comunidad  de Madrid.  

Esta es la verdad de los negocios del PP de la baronesa y su banda, se  reparten 150 millones de euros para la privada en interrupción del embarazo y para repartírselo debe expulsar lejos de aquí, dijo en la sede de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, a las mujeres, negándoles el derecho a la sanidad pública UNIVERSAL, incumpliendo la ley nuevamente, niega los derechos civiles a la MUJER, igual que hizo con las 7.291 personas residentes que  murieron abandonadas por los protocolos de la vergüenza que impuso doña  Isabel. 

Con el PP sois, somos, más pobres, y los ricos más ricos; o defendemos lo nuestro sin fisuras y unidos para detener esta barrabasada ideológica del  ultraliberalismo inhumano del nacionalcatolicismo del partido popular y sus compinches o nos dejan sin bienestar ni presupuesto para mantener lo PÚBLICO. Tú decides, yo siempre lo público 100 X 100.

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.

Las agencias de calificación de riesgo Moody's y Fitch han elevado la nota a España a notable bajo (A3) y notable medio (A), respectivamente, basándose en un desempeño económico mejor de lo esperado que ha aumentado la fortaleza de una economía que ahora es menos vulnerable a las perturbaciones externas.

Ambas agencias se suman a la tercera gran agencia calificadora, S&P, que hace dos semanas subió la nota a notable alto (A+), la más alta de las tres.

Tanto Moody's como Fitch señalan la positiva evolución del mercado laboral, con tasas de actividad y ocupación históricas, como el elemento diferencial en el que se apoya el crecimiento económico, aunque añaden otros factores como la baja deuda del sector privado, un sector bancario saneado y el superávit por cuenta corriente.

Fitch explica que el crecimiento económico se ve respaldado por un gran flujo migratorio y unas exportaciones de servicios sólidas y cada vez más diversificadas.

Moody's dice que la migración neta seguirá compensando en los próximos años con creces el declive natural de la población española, a lo que suma una reforma de las pensiones que ha conseguido elevar la edad media efectiva de jubilación.

Fitch ha elevado su previsión de crecimiento para 2025 al 2,7 %, en línea con el pronóstico del Gobierno, gracias a la limitada exposición a los aranceles estadounidenses y al continuo desendeudamiento externo neto.

Para Moody's, el crecimiento potencial de España se sitúa en torno al 1,5 y el 1,6 %, lastrado por el envejecimiento de la población que frena el crecimiento de la fuerza laboral.

Junto con la inmigración, Moody's considera que otra ventaja competitiva de España es la producción de energía renovable, que ayuda a reducir la factura energética exterior e impulsa el crecimiento y la estabilidad macroeconómica.

El crecimiento económico permitirá "una modesta mejora" del déficit y la deuda, con la previsión de que el endeudamiento publico mantenga una senda a la baja, hasta situarse en torno al 100 % del PIB o ligeramente por debajo de él en 2027.

Sin embargo, advierte de que a medio plazo el aumento del coste de las pensiones y del gasto en defensa presionará el gasto público al alza.

Fitch apunta como elemento de riesgo al bloqueo político que dificulta cada vez más la actividad legislativa de un Gobierno de coalición en minoría.

Además, señala que el presidente, Pedro Sánchez, "se enfrenta a una creciente presión por las acusaciones de corrupción que involucran al PSOE y a miembros de su familia", mientras que la fragmentación política y regional impide el avance en reformas cruciales para lograr una mayor oferta de vivienda y "el desarrollo de una estrategia coherente de consolidación fiscal".

El ministerio de Economía valora muy positivamente la decisión de Moody's y Fitch y celebran que las agencias se hayan sumado a la estela de Standard&Poors de hace unas semanas para mejorar la calificación de deuda de España.

Además, señala que todas las agencias de rating ubican su calificación en A, situación que se perdió durante la crisis financiera y que no se había recuperado hasta estos momentos. "Esto es una muestra más de la confianza internacional en la economía española", recalcan desde el ministerio.

El gran escándalo que se está viviendo en la CCAA de Madrid no es (ni de lejos) la probable condena por varios delitos fiscales del novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, sino la política económica de su gobierno. Y no es que para muestra baste un botón; hay demasiados “botones” en su trayectoria desde que llegó al poder. Lo último que se ha conocido es el episodio de los millones recaudados por el Impuesto de Patrimonio; el Gobierno del Estado había comunicado a la Comunidad Autónoma que, si Madrid seguía sin aplicar ese impuesto, lo haría el Ministerio de Hacienda. Respuesta: la Consejería de Hacienda se vio obligada a hacerlo de la siguiente manera: solamente se aplicaría a patrimonios superiores a los tres millones de euros. 10.659 madrileños fueron los afectados, que tuvieron que pagar más de 600 millones de euros. En vez de aplicarlos a los presupuestos de Madrid, la Consejería dice que va a utilizarlos para ¡rebajar impuestos! Que, como viene siendo la norma, beneficiarán a las rentas más altas. Infame. 

VEAN USTEDES ALGUNAS ESTADÍSTICAS que justifican plenamente el título de este breve artículo: (entre paréntesis, lugar que ocupan entre las 17 CCAA). Las cifras son por habitante.

Son cifras oficiales. Y se pueden extraer muchas conclusiones. La primera es que la Comunidad Autónoma con más renta por habitante seguramente es la más injusta socialmente hablando, puesto que dedica, a los tres grandes apartados que repercuten en la inmensa mayoría de la población, tan escasos recursos que la sitúan en el último puesto de todas las CCAA españolas, muy alejada de las demás, sobre todo de Extremadura, al ser esta la penúltima en renta.

Cálculos sencillos: para igualarse a Asturias o a Extremadura en esos tres apartados, Madrid debería dedicar bastante más que esos seiscientos millones de euros que ahora pretende “regalar” a las rentas más altas. Porque eso es lo que han declarado que van a  hacer.

Otro aspecto que puede interesar al lector es también el del destino de los presupuestos sociales, es decir, cuánto se dedica a la Sanidad y Educación públicas y a la privada. Les sorprenderán las cifras. Madrid también es líder, tras Cataluña, en presupuesto dedicado a la sanidad privada. Por eso se puede afirmar que Isabel Díaz Ayuso y su gobierno son los Robin Hood de los millonarios: recaudan dinero a la mayoría de la población para entregárselo a los poderosos. 

Con una renta por persona que es el 56% de la que disfruta Madrid, Extremadura dedica, también por persona, en los tres capítulos sociales, muchísimos más recursos que Madrid (en total 4.129 euros en Extremadura (3º) contra 2.667 en Madrid (17º). Las dos primeras son Navarra, 4.426, y el País Vasco, 4.298. Cataluña, la penúltima (16º), seguida por Andalucía (15º). Entre Madrid, Andalucía y Cataluña suman casi el 50% de la población de España. Si añadiéramos a la Comunidad Valenciana, que tampoco tiene buenos “números”, concluiríamos que casi el sesenta por ciento de los españoles “disfrutan” de un Estado de bienestar bastante inferior al del resto de la población.

Y una última observación para la señora Díaz Ayuso: es evidente que si España fuera una dictadura, como usted proclama diariamente, NO PODRÍA DECIRLO públicamente, ni tampoco podría ser presidenta de la CCAA madrileña. Así que empiece a frenar su lengua y su desparpajo.

Madrid continuará llenando los bolsillos de la minoría a costa de la inmensa mayoría de la población. ¡¡VIVAN LAS CAENAS!!

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Alejandro Villa, catedrático de Historia, ha sido profesor de instituto en España y de universidad en Estados Unidos.

-¿Y qué es el coste de oportunidad?- le pregunto a la IA.

-El valor de la mejor alternativa a la que se renuncia al tomar una decisión- responde.

Es decir, cada vez que eliges una opción sacrificas el beneficio que podrías haber obtenido si hubieras optado por la siguiente mejor alternativa disponible. Si compras más cañones tendrás que comprar menos mantequilla. O al revés.

-Pero nunca podré saber el beneficio si hubiera elegido la otra opción porque no la elegí. Y no tenemos máquina del tiempo para cambiar la decisión una vez conocido el efecto- le dije a la IA.

-Diste en el clavo: el coste de oportunidad es una estimación, porque nunca podemos saber con certeza qué habría ocurrido si hubiéramos elegido otra opción- contestó la IA en tono pelota.

La cuestión es que el Gobierno financiará el aumento del gasto de defensa hasta el 2% del PIB exigido por Europa sin recortar el Estado del bienestar ni subir los impuestos. Es decir, habrá “cañones y mantequilla”. Mejor dicho: más cañones y la misma mantequilla y de la misma calidad. Lo que suena a desmontar la teoría de Samuelson.

-No -me dijo la IA en tono serio-, el presidente Sánchez, al decir que va a comprar más cañones sin reducir la compra de mantequilla o comprando mantequilla más barata, no desmonta la teoría de Samuelson, sino que la reinterpreta en un nuevo contexto económico y político.

Y es que Samuelson basaba su teoría en una situación de escasez de recursos, de vacas flacas (animal que proporciona la leche con la que se hace la mantequilla) en la que comprar más de un algo implicaría comprar menos de otro algo.

Pero, tranquilos, habrá mantequilla para todos porque las vacas están lustrosas gracias a la reorientación de algunas partidas del Plan de Recuperación, a los ahorros generados por el buen desempeño de nuestra economía y al margen que nos dan ciertas partidas que se incluyeron en los Presupuestos Generales de 2023 y que ya no se necesitan.

Y, además, nos aseguran que el 84% de los cañones –es una manera de hablar– serán de doble uso, pudiendo servir tanto al ámbito civil como al militar. No así la mantequilla, que tendrá sus usos habituales.

Un apunte final: Hermann Göring, comandante en jefe de la Luftwaffe en el III Reich, dijo a propósito de esta frase que "los cañones les harían fuertes y la mantequilla solo les haría más gordos".

¿Me lo parece a mí o Abascal está engordando?

Voy a ver qué me dice la IA.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha dicho este sábado que "el rearme es un robo a mano armada a la gente común" y ha hecho un llamamiento a la "insumisión" a "todas las personas que no quieren que el dinero de sus impuestos se gaste en armas" y a los jóvenes "que saben que el mundo se va a la mierda", según informa EFE.

En la apertura de la reunión del nuevo Consejo Ciudadano Estatal, el órgano de dirección política entre asambleas, tras su reciente elección en la asamblea del partido, Belarra ha opinado que este es "un momento crítico de la historia de nuestro país".

Lo es, ha afirmado, porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se van a "gastar en armas" 10.500 millones de euros que a su juicio deberían ir destinados a vivienda, sanidad o educación.

Unos fondos, ha subrayado, que "han aparecido de repente" en cuanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la OTAN "lo han ordenando" y que está convencida de que se van a gastar en defensa "a costa de recortes en el estado del bienestar".

"Pedro Sánchez ha dejado claro que este es un Gobierno de la guerra y lo lidere quien lo lidere va a tener a Podemos enfrente siempre", ha avisado la líder de la formación morada.

Ione Belarra ha convocado a los seguidores de esta "fuerza política plebeya" a participar en la "tarea histórica descomunal, pero crucial" de corregir esa "decisión antidemocrática" y a "trabajar día y noche para poner al país en la senda de la paz y de los derechos humanos".

"Si Pedro Sánchez ha acelerado el rearme, nosotras tenemos que acelerar la movilización por la paz", ha manifestado Belarra, que ha hecho un "llamamiento a la insumisión" frente al aumento del gasto en defensa y el "régimen de guerra".

Ese llamamiento lo ha dirigido a quienes no quieren que el dinero de sus impuestos se gaste "en armas y guerra" y no en su bienestar, a las personas jóvenes que "saben que el mundo se va a la mierda" y a "las millones de personas que se movilizaron por el no a la guerra".

Para la líder de Podemos, la tarea de organizarse y activarse para corregir este rumbo es urgente porque "ya estamos en guerra" desde el momento en que Estados Unidos "le ha declarado a China una guerra comercial global", una "guerra entre élites" por ver quien controla el comercio y las tierras raras.

Contra esas élites ha planteado "dar a Trump en el único lugar en que le duele, que es en su dinero y el de sus amigos ricos", y en concreto expropiar "las más de 100.000 viviendas" que ha dicho que poseen "los fondos buitre estadounidenses" en España, con lo que además "los precios bajarían".

En opinión de Belarra, "este es el momento de la valentía" frente a un Gobierno "cipayo, que se arrodilla ante Donald Trump y que va a tirar para delante tenga o no apoyos políticos y presupuestos".

Un Gobierno que, a pesar de cancelar un contrato de 6 millones de euros para comprar balas a una empresa de Israel, "tiene adjudicados o comprometidos 40 contratos por valor de más de mil millones de euros".

"Que no cuenten con nosotras para avalar un Gobierno que ha permitido que se use el aeropuerto de Zaragoza para enviar a Tel Aviv 60.000 piezas de armamento", ha declarado.

Para la derecha, como se puede ser pobre y alegre, no hace falta cuestionar el orden de la desigualdad. Si puedes ser alegre y pobre, ¿por qué alguien querría dejar de ser pobre? No se debe cuestionar el orden, el reparto de roles ni la desigualdad de riqueza, es decir, no se debe cuestionar la desigualdad de poder. Hay que asumir el lugar que le ha sido asignado a cada uno en la sociedad y dar lo mejor de uno mismo dentro de ese perímetro marcado. Como la libertad es algo que se vive en el interior de cada persona, en el exterior hay que limitarse a obedecer a los que saben, porque son los que tienen y los que pueden. Esta idea, en la que no se cuestiona el orden de la desigualdad, se combina con su concepción de lo público como algo que debe ser solo “para los más pobres” (algo que ni siquiera es cierto) que se ven expulsados del mercado.

Cambiar derechos por caridad y ciudadanía por limosna. Las políticas enfocadas en convertir lo público en algo destinado solo a los más pobres, junto con las políticas que segregan y amplían la desigualdad, buscan generar resignación, cinismo y resentimiento social, para aumentar así su base socio-electoral futura. El desencanto y distanciamiento con lo público y las instituciones alimenta el sentimiento de adhesión necroliberal con el mercado y de desprecio a la democracia. El objetivo es claro: machacar a los trabajadores, encerrar a los homosexuales, silenciar a las mujeres y esquilmar el planeta. Esa es su hoja de ruta: aristocracia en lo político, necroliberal en lo económico y reaccionario en lo social.

Los necroliberales prefieren que los pobres sean más pobres con tal de que los ricos sean más ricos, al mismo tiempo que fomentan una mentalidad de esclavo envuelta en retórica inconformista. Se asume, de manera explícita, la necesidad de sacrificar a otros: hay que soltar lastre para poder ganar. Transmite la aspiración donde, aunque muchos van a tener que perder, tú formarás parte de los que van a ganar, de los que consiguen triunfar. Así se consigue el apoyo social y político para participar en su juego del calamar.

Pero, ¿qué se puede hacer para evitar esta situación? Es útil tener en cuenta la caricatura que el otro quiere dibujar de lo que quieren combatir, es decir, qué imagen de ti les viene bien construir. La idea que buscan transmitir de la democracia es la siguiente: “Te pasas el día trabajando, cobras una miseria y encima tienes que pagar impuestos para financiar el bienestar de otros que, supuestamente, son pobres. Generan pobres para darles paguitas, comprar sus votos y que tú les pagues la fiesta. Se premia por ser pobre y vago, mientras que se castiga por trabajar y aportar.”

La izquierda tiene que desterrar toda idea de que lo público solo debe servir “para los que más lo necesitan.” Es un enfoque ineficaz, que genera sensación de abandono e insolidaridad, que criminaliza a los pobres y externaliza la solución de los demás al mercado. Si lo público tiene que ser (solo) “para quien más lo necesita”, se fortalece un planteamiento que alimenta el cinismo de mercado y un ethos reaccionario.

Las políticas asistencialistas enfocadas para personas vulnerables corren el riesgo de generar, por un lado, estigmatización de los supuestos beneficiados y, por otro lado, agravio entre quienes se ven excluidos del beneficio de las medidas. El asistencialismo se usa para alimentar el falso discurso de “menudo chollo es ser pobre”. Es conocido que el mejor método para que una prestación le llegue a quien más lo necesita es la universalidad de la medida. Una política universal acaba con las trabas burocráticas que marcan a los pobres, acaba con la percepción de agravio en otros sectores y genera ciudadanía. La paradoja de la universalidad reside en que la mejor forma de defender el derecho del más pobre pasa por que también la reciba el más rico. Cuanto más se focaliza en “quien más lo necesita”, más trabas, estigmas y burocracia encuentra quien peor lo pasa y más rechazo provoca entre quienes la administración no considera vulnerable, aunque sea un precario. Lo público y las políticas públicas deben hablarles a amplias capas de la ciudadanía y deben financiarse de manera progresiva.

Pero, ¿esto significa que están bien políticas como las “becas cayetanas”? No. Primero, porque son subvenciones encubiertas a centros privados, y segundo, porque lo que debe ofrecer la administración no son becas para los afortunados que consigan una plaza en un centro privado, no son cheques para complementar el pago de la escuela infantil, no, lo que tiene que hacer es garantizar el acceso de toda la ciudadanía a una plaza en un centro público.

Se trata de ser ambiciosos y transformar lo público en la palanca que hace posible la libertad de elección, que impulsa el desarrollo de la singularidad de cada persona y sienta las bases para que cada uno pueda desplegar sus capacidades. Mientras que la derecha necroliberal quiere igualar hacia abajo en tiempo libre, en vacaciones, en salario, en derechos, en servicios públicos, etc., la izquierda tiene que igualar hacia arriba en calidad de vida y en elevar la potencia de la sociedad. Apuntar a un horizonte que invierta y convierta en seguridad lo que hoy es fuente de precariedad e incertidumbre: flexibilidad, renta básica universal e incondicional, servicios de calidad, vivienda barata y jornada de trabajo a tiempo parcial. Una sociedad con tiempo libre es una sociedad rica e inteligente.

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Jorge Moruno es sociólogo por la UCM, diputado de Más Madrid y portavoz de Vivienda.

El diseño elaborado por Immanuel Kant de un programa para la paz perpetua cosmopolita se considera frecuentemente como ingenuo o “idealista”. Nada más lejos de la realidad. Kant es perfectamente consciente, para empezar, de que ninguna legalidad será suficiente para garantizar una paz verdadera mientras un “peligroso poder financiero” y su sistema de crédito potencialmente infinito puedan operar como acicates para la competencia y la beligerancia entre potencias. Además de una advertencia notable al respecto del estallido de las guerras mundiales en el siglo XX, podemos extraer otra lección del viejo filósofo: las coacciones económicas pueden tener efectos tan devastadores como una guerra. Lo formuló así un pensador bien diferente, Carl Schmitt: las nuevas formas de guerra económica convertirán las viejas formas de guerra militar en un juego de niños. ¿Qué quiere decir esto? Que hay políticas económicas que pueden ser tan letales para las instituciones y el bien común como la peor de las guerras.

El Gobierno de Ayuso ha decidido actualizar estas intuiciones kantianas y schmittianas de un modo muy sencillo: comprendiendo que la guerra definitiva a la universidad pública se realizará como asfixia económica.

La situación actual de las universidades públicas en la Comunidad de Madrid es “crítica”. En “pocos años” podría volverse “catastrófica”. No son exageraciones propagandistas. Son valoraciones de los rectores de las seis universidades públicas de Madrid. En un gesto sin precedentes, han convocado sesiones extraordinarias de sus respectivos Consejos de Gobierno y han emitido conjuntamente una durísima carta abierta a Isabel Díaz Ayuso sobre la infrafinanciación de la universidad. El rector de la UC3M y actual presidente de la CRUMA ha advertido que el presupuesto actual “compromete seriamente la actividad docente”. Una fuente implicada en la gestión de la consejería del gobierno regional añade: “Hagan lo que hagan, están muertas”. En la carta, los rectores advierten de que la universidad pública no tiene fondos suficientes para pagar los suministros, las nóminas o las infraestructuras. Es el resultado de 15 años de infrafinanciación. Este año los rectores pidieron un incremento del 18% para cubrir gastos mínimos; el Gobierno de Ayuso ofrecerá el 0,9%. Siguen los rectores: las universidades operan hoy con una subvención nominativa de cuantía inferior ¡a la de 2009! Los estudiantes, sin embargo, pagan una de las tasas más altas del país.

De la crisis a la catástrofe. Como decimos no es una casualidad: es una nueva forma de guerra contra las instituciones. Nadie toleraría hoy (al menos todavía) una guerra abierta o legal contra la universidad pública. Hágase entonces de la forma más letal: una guerra económica como forma más refinada de guerra política. La asfixia económica que denuncian los rectores no es un accidente o una dejación, sino un plan premeditado y ejecutado al milímetro. El objetivo: acabar con la universidad pública tal y como la conocemos, como operación concreta de un frente más amplio que se completa con la guerra a la educación obligatoria o la sanidad. El enemigo de esta guerra tiene un nombre: lo público. No es una metáfora o una figura retórica. Es un programa político.

La guerra en el campo de los hechos (cuantías contantes y sonantes en los presupuestos, ausencia de planes plurianuales) se prepara con la denigración en el campo de las palabras. El rector de la Complutense tuvo que reprender a Ayuso por afirmar que la universidad está “colonizada” por la izquierda y da los títulos “como churros”. La operación simbólica es evidente: Ayuso la ha aprendido, por cierto, de Donald Trump. Si en las elecciones americanas hemos presenciado cómo Trump, Musk y la alt-right trataban de identificar el mero hecho de ser hombre con el voto a favor de Donald Trump, para Ayuso lo público como tal se convierte en “ideológico”, “de izquierdas” o “comunista”. De esta manera, Ayuso renuncia a mantener una idea de lo público como, al menos, mínimo denominador común que garantice derechos universales o una idea compartida de bien común, y lo convierte en enemigo político. Revela así su propia posición de parte: para unos pocos, contra lo de todos.

Porque, evidentemente, hay más hechos en esta guerra. Con el voto en contra de los rectores e informes negativos, en Madrid acaba de aprobarse otra universidad privada más. Son ya catorce. Pronto triplicarán a las públicas. Madrid tiene ya más estudiantes de primer curso de Medicina en universidades privadas que en públicas. Por eso la Comunidad de Madrid será, parece, casi la única comunidad que no firme el programa María Goyri para la incorporación de profesores ayudantes doctor a la universidad pública: quieren a los jóvenes doctores formados en la pública produciendo beneficio en las privadas.

Todo esto no ocurre por casualidad, no ocurre a la vez solo en el espacio y en el tiempo: ocurre a la vez en el orden del plan, la intención y la voluntad. El plan: la universidad, para los pocos que puedan pagársela, para unos pocos y selectos apellidos o códigos postales. Ese es el programa: una suerte de nuevo neoliberalismo feudal. No son exageraciones retóricas. Ésta es la nueva y la más letal guerra jamás emprendida contra la universidad pública en nuestra región. Pero lo público reclama una paz que solo puede ser verdadera y garantizada. Trabajemos para ello.

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Clara Ramas San Miguel es filósofa, política y profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Estos días llega a las librerías su nuevo ensayo, 'El tiempo perdido. Contra la Edad Dorada. Una crítica del fantasma de la melancolía en política y filosofía', editado por Arpa.

Lo imprevisible ya es la vida diaria. Cualquier catástrofe puede ocurrir en cualquier momento, en múltiples formas. Las imágenes irreconocibles de esta gota fría, ese decir ‘no parece España’, están ya en la retina de nuestros peores desastres naturales de la historia reciente. Las montoneras de coches, carreteras destrozadas, muros arrancados de cuajo. Casas que se hunden sin que haya rescate posible. Vecinos rescatados de los tejados, del capó de un coche, agarrados a lo que pueden. Y los gritos grabados con el móvil de los testigos. Paiporta, símbolo y epicentro de esta Dana, un municipio que no se inunda nunca, se quedó sin agua, sin luz, sin comunicación en menos de diez minutos. Los ancianos atrapados en las sillas de ruedas, con el agua por la cintura, es ya una imagen imborrable. Los seis mayores fallecidos, el casi centenar de muertos (a esta hora), son los nombres del luto de la riada más mortal del siglo. Hoy seguiremos poniendo rostro y testimonios a las víctimas de un listado dolorosamente largo. A quienes lo han perdido todo y necesitan ayuda.

Cuando pasen los tres días de luto hay que reflexionar sobre los servicios públicos. Sobre la falta de previsión, la falta de unidades de emergencia, la necesidad de mejorar la coordinación de las administraciones y revisar los protocolos. Después de la solidaridad, cuando termine la búsqueda y paren las lluvias, habrá que reflexionar sobre la contienda política que lleva a quitar una Unidad de Emergencias en Valencia en lugar de implementarla por un cambio de gobierno de Ximo Puig a Carlos Mazón.

Sólo la inversión pública nos salva de la barbarie, nos sostiene como sociedad. Nadie puede salir solo de un torrencial de agua, apagar un incendio o comprarse un quirófano. En la tormenta de nieve de Filomena (Madrid) no hubo muertos y no se estudió qué hacer para que la tormenta nos pillara con las tiendas abiertas y la gente en la calle. Se cerró una hora antes de lo habitual –en lugar de todo el día– y los trabajadores se quedaron varados en las estaciones del tren y el metro sin poder volver a casa.

En Valencia ha pasado algo similar con casi cien muertos. Las alertas de AEMET se emitieron hace días y en la zona más golpeada pilló casi por sorpresa. Nadie alertó de que casi 500 litros de agua son mortales si se compara con los 10 litros de agua en una lluvia normal. Solo cerró la Universidad de Valencia. Ni las tiendas, ni los colegios, ni las oficinas… la vida siguió en Valencia la tarde del martes sin percibir la gravedad de las alertas. Con el balance de muertos, solo cabe concluir que los protocolos son mejorables. La responsabilidad de las instituciones públicas obliga a revisar qué ha pasado.  

Cuando la AEMET lanza una alerta, los ciudadanos tienen que saber interpretarla. En Valencia, ha habido un espacio y un vacío entre esos avisos y la actuación de Protección Civil. Y sobre todo, los avisos no fueron claros. La sociedad no los entendió. La gente no se pone en riesgo porque sí. Quien estaba en la calle pensó que iba a llover, no que se jugaría la vida bajo la lluvia. Los mensajes y las alertas fallaron porque no se entendieron. 

Si la población no percibe el peligro, si cuando la gente recibe una alerta no sabe qué tiene que hacer, entonces las instituciones han fallado. No se trata de buscar cabezas de turco. Pero sí de reconstruir muy bien qué falló y qué puede mejorarse. Las catástrofes meteorológicas tienen cada vez más fuerza y ocurren cada menos tiempo. Nos jugamos la vida. El luto de días, las vidas irrecuperables, nos demuestran que es literal. 

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad muy cara. Un paciente en fase avanzada, que requiere cuidados en todas sus actividades cotidianas, debe asumir un coste anual de 114.000 euros, que baja a los 94.000 euros en fase intermedia, entre gastos fijos y recurrentes, según informa EFE. El mismo día que el Congreso de los Diputados aprueba la ley, la Fundación Luzón ha publicado el Estudio de costes de la ELA para las familias en España en el que analiza el precio de sufrir esta enfermedad y que solo en sus inicios supone ya para el paciente un desembolso anual de 37.000 euros.

Con estas cifras y 4.000 enfermos en España, la Fundación Luzón ha considerado que la partida presupuestaria para sufragar solo los costes directos que actualmente asumen las familias de los enfermos de ELA deberá oscilar entre los 184 y 230 millones de euros al año.

Y es que a medida que la enfermedad avanza, la persona con ELA necesita cada vez más apoyos y ayudas para realizar las actividades de la vida diaria. En la mayoría de los casos e independientemente del tipo de ELA que padezca, el paciente se vuelve totalmente dependiente de asistencia especializada y cuidados permanentes.

Desde el momento del diagnóstico, el paciente con ELA se convierte en un enfermo domiciliario, crónico, y el hogar es el lugar donde se realizan las atenciones y cuidados con esporádicas visitas a los centros hospitalarios, debido a la falta de espacio, público o privado, que les acoja.

El estudio denuncia que el sistema de residencias no contempla la atención al perfil de enfermos con ELA y actualmente no existen plazas disponibles para estos enfermos en España, de manera que el cuidado domiciliario es la única alternativa.

La supervivencia de las personas con ELA queda a cargo de los cuidados de las familias en la mayoría de los casos ante la imposibilidad de soportar los gastos de un cuidado profesional. La expectativa de vida de una persona con ELA es de tres a cinco años de promedio a partir del momento del diagnóstico.

En la actualidad no se conoce el origen de la enfermedad, ni existe tratamiento o cura; la investigación es escasa y la prevalencia se basa en estimaciones.

En España se estima que cada año se diagnostican 900 nuevos casos, lo que arroja una incidencia de 1,85 casos por 100.000 habitantes, si bien la Fundación Luzón cree que la incidencia es mucho más elevada. Para que los datos sean más precisos en los próximos años, la fundación ha puesto en marcha el Registro Nacional de Pacientes de ELA junto al Instituto de Salud Carlos III.

Este registro, ha explicado, permitirá fomentar la investigación básica y clínica, favorecer la toma de decisiones para una adecuada planificación sanitaria y una correcta distribución de los recursos sociales, sanitarios y de investigación.

La derecha suele utilizar la expresión “el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los contribuyentes” para defender su posición fiscal y criticar la política de inversión pública. Si el ciudadano paga pocos impuestos, tendrá más dinero en el bolsillo y podrá decidir libremente qué hacer con ese dinero, en lugar de que sean otros, los “políticos”, quienes decidan por él. El problema, sin embargo, es que esto es falso. En ocasiones, la izquierda ha adoptado una postura funcional a los intereses de la derecha, al corresponder su posición con la caricatura que hace de ella la derecha, rechazando de plano el dinero en el bolsillo como algo positivo y oponiéndolo a la provisión de servicios, como si una cosa y la otra fueran incompatibles. Así pues, lo primero es abandonar cualquier idea paternalista que entiende lo público como una tutela que debe guiar a la ciudadanía porque no va a saber qué hacer con ese dinero, y adoptar una postura opuesta: a saber, una que entiende lo público como aquello que asegura, posibilita y facilita la autonomía individual y colectiva de toda la ciudadanía.

La desigualdad y la segregación son un proyecto político que no parte en dos a la sociedad, sino que generan un hojaldre de realidades donde cada uno intenta fugarse como puede de su situación para no caer más abajo. Paradójicamente, ampliar la desigualdad le ha servido al PP para ampliar su base electoral: cuanta más desigualdad, suelen recibir más apoyo los que desigualan. Esto dificulta imaginar la igualdad en una sociedad desigual y, por eso, es tan necesario dar la batalla ideológica donde más fuerte se siente el adversario. Se trata de conseguir ir más allá de lo que nos puede parecer escandaloso, es decir: ir más allá de denunciar la desigualdad, la segregación, el deterioro de los servicios públicos, etc. Necesitamos abordar esas cuestiones partiendo del análisis concreto de la situación en la que vive el pueblo de Madrid y, desde ahí, pensar cómo hacernos cargo de una parte del sentido común asumido para poder articularlo a nuestro favor.

El objetivo es reconducir cualquier cosa, cualquier tema, para enmarcar la cuestión en dos ideas: 1) El modelo desigual del PP nos sale muy caro; 2) Invertir en vivir mejor sale más barato. Mejorar la vida es más justo y eficaz. Hay que evitar hablar de las rebajas fiscales en abstracto y de explicar que, con sus políticas, unos se lo llevan crudo y otros se ahorran muy poco, porque el que se ahorra poco puede seguir pensando “eso que gano”, cuando no es cierto. Más que hacer pedagogía, la izquierda debe intentar encuadrar la cuestión de tal forma que podamos sentenciar y señalar lo perjudicial: su política fiscal es un hachazo en diferido a la renta disponible. Centrarse únicamente en destacar que su política fiscal, educativa, de vivienda, de sanidad, de políticas sociales, etc., aumenta el gasto ciudadano individual porque ese es el objetivo de su gobierno para generar un mercado privado.

Pongamos algunos ejemplos concretos. Cuando la Comunidad de Madrid deja abandonados sin plaza de FP a más de 50.000 alumnos, lo hace por motivos ideológicos: así genera un mercado para la FP privada que la gente paga de su bolsillo, luego puede premiar a algunos agraciados con becas para que estudien en la privada (subvenciones encubiertas a la privada), genera desafección con lo público porque no le hace la vida más fácil a la gente y, con ese desencanto, busca obtener rédito electoral futuro porque te ofrecen bajar impuestos para que tengas más dinero en el bolsillo. Dinero que acaba pagando servicios privados que deberían estar cubiertos con los impuestos. Algo parecido ocurre con las escuelas infantiles: no hay plazas públicas, así que las familias tienen que acudir a las escuelas privadas para luego obtener un cheque, que recibe la escuela privada, y obtener una rebaja en el coste. Así, en lugar de obtener una plaza por la que no se paga del bolsillo, se acaba pagando más por una privada y, encima, pretenden generar la sensación de alivio porque la cuota mensual se reduce en 100 euros, como si te estuvieran haciendo un favor. 

Lo mismo ocurre con la sanidad. Denigran el servicio público para que alguien, por ejemplo, si necesita ver a un especialista, tenga que decidir si esperar con su tiempo y salud o “elegir” gastarse el dinero en contratar un seguro privado, para que luego, los mismos que empujan a la gente a sacarse ese seguro, obtengan un rédito electoral ofreciendo bajadas de impuestos. Podríamos poner muchos más ejemplos en materia de vivienda, cambio climático, alimentación, etc., pero estos sirven para ilustrar cómo opera la racionalidad. De esta forma, se entiende que, en Madrid, la gente sea la que más gasta de su dinero en costear la educación, la sanidad y el conjunto de servicios que saldrían más baratos si estuvieran bien financiados y gestionados.

En los últimos 19 años, el 4,5% de los contribuyentes madrileños se ha ahorrado 54.664 millones de euros. ¿Cuánto se han gastado los madrileños en FP privada, en escuela infantil privada, en sanidad privada, en escuela concertada, en falta de vivienda pública, etc., a lo largo de todos esos años? ¿Cuánto les quieren hacer gastar para mantener los negocios de sus amigos? A ese gasto económico se le puede sumar el gasto en tiempo, en estrés, en salud, en mala alimentación derivado de sus políticas o de su ausencia etc., que también tiene un coste económico para las arcas públicas. Para que una minoría se ahorre mucho dinero, una mayoría tiene que costearlo. La pregunta es la siguiente: ¿dónde está mejor el dinero, en tu bolsillo o en el suyo? Si esa minoría pagase lo que debe, los madrileños se ahorrarían dinero. Hay que inaugurar una secuencia lógica según la cual una buena contribución fiscal para financiar unos buenos servicios de calidad se traduce en un mayor ahorro en el bolsillo de la ciudadanía.

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Jorge Moruno es sociólogo por la UCM, diputado de Más Madrid y portavoz de Vivienda.

Aquí, una foto de Emmanuel Macron. Ahí, una foto de Emmanuel Macron. En ese rincón, otra foto de Emmanuel Macron. No se trata de una colección en honor del Jefe del Estado, sino del nuevo museo de la Presidencia de la República, inaugurado en julio frente al Elíseo. El museo pretende “llevar a cada ciudadano francés entre los bastidores de una casa que le pertenece por destino”. Paseando por los 600 metros cuadrados de esta galería de paredes blancas, uno tiene la impresión de entrar en el refugio de la pareja presidencial y de algunos de sus amigos más preciados.

A la entrada, un espacio de ventas recibe a los visitantes, prolongación de la tienda online que el presidente de la “start-up nation” puso en marcha en junio de 2018. La iniciativa, que desde entonces tiene un rival en una web parodia (en la que se pueden encontrar camisetas “Ecoterroristas” y tazas “49.3”), ha tenido resultados más que moderados. Las ventas de 350 productos “made in France”, de una cuarentena de marcas, reportaron 186.000 euros sin impuestos en 2023, lo que supone un aumento del 5% en un año. Al mismo tiempo, los gastos de la Presidencia se han desbocado, arrojando un déficit de 8 millones de euros. Sólo la majestuosa recepción en honor de Carlos III en septiembre de 2023 en el Palacio de Versalles costó la friolera de 474.851 euros.

El nuevo museo, desarrollado por el departamento de comunicación de la Presidencia, presenta una serie de soportes diseñados para coincidir con las Jornadas Europeas del Patrimonio, al tiempo que pretende generar recursos para la renovación del palacio.

Esta vocación comercial se refleja en los precios que se cobran en la boutique por su “colección de verano”. La petaca de 50 centilitros con el logotipo del Elíseo cuesta 28 euros (8 euros menos, sin el logotipo, en la página web del fabricante). Una bolsa para bolas de petanca (sin las bolas) cuesta 35 euros. También hay gafas de sol para niños a 37 euros y un bolígrafo de cuatro colores, 4 euros.

Según Le Parisien, el coste total de la reforma del museo fue de 3,5 millones de euros. Esto no incluye los gastos de alquiler, personal y estudios preparatorios —los realizados a finales de 2023 costaron 48.000 euros, según el Tribunal de Cuentas—. Los magistrados financieros, que aún no han podido ver todos los detalles presupuestarios, tienen previsto examinar el asunto el año que viene.

En la primera planta, donde hay un refectorio con capacidad para unas cincuenta personas, el café normal cuesta 3,50 euros. La carta también ofrece bollería y pastelería (entre 9 y 12 euros) basadas en creaciones de Fabrice Desvignes, jefe de cocina del Elíseo, Mejor Obrador de Francia y ganador del Bocuse d'Or. El menú no podía prescindir de las “golosinas” (entre 6 y 8 euros) del chef Alain Ducasse, amigo de los Macron, homenajeado cada poco por el Elíseo. Ducasse no dudó en ayudar a elegir al Presidente en 2017, organizando gratuitamente un cóctel para recaudar fondos en uno de sus restaurantes de Nueva York (EEUU). El chef, nacionalizado monegasco (paraíso fiscal) en 2008, fue designado entonces para varias cenas de Estado.

¿Y dónde empieza el museo? A medida que avanza la visita, la promesa inicial se reduce a la mínima expresión. En algunos lugares se exponen piezas de porcelana y orfebrería, con la Marsellesa de fondo. En un letrero se puede leer que “el esplendor de este lugar nunca es vana ostentación ni un lujo inútil: si los jefes de Estado han reunido en el Elíseo los objetos más preciosos y las manufacturas más refinadas, es para hacer brillar a Francia a los ojos de nuestros interlocutores extranjeros que son recibidos aquí”.

Desde 2017, Brigitte Macron ha puesto en marcha la renovación de los salones, a razón de uno por año, con un coste de al menos un millón de euros cada uno. “Todo era Imperio. Queríamos aportar modernidad. Había problemas de filtraciones y los tapices olían a tabaco”, explicó en Le Monde en 2021.

En una pantalla pueden verse imágenes de personalidades internacionales recibidas por el matrimonio Macron en la escalinata del Elíseo: el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres; los jefes de Estado Joe Biden, Volodímir Zelensky, Félix Tshisekedi; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, etc. Estamos pendientes a ver si hay una foto de la visita del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Ben Salman, que fue recibido con todos los honores en París en junio de 2023, cinco años después de haber ordenado el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Pero por pudor los equipos del Elíseo han decidido no incluirle en la muestra.

En la sala contigua, el Salon Doré, despacho de los presidentes franceses desde el general De Gaulle en 1958, ha sido totalmente reconstruido. Los turistas se paran ahí para hacerse una foto. Las paredes están decoradas con imágenes del personal del Elíseo: jardineros, auxiliares de antesala, archiveros, técnicos de mantenimiento, bomberos y la tapicera.

Hay tres fotos que muestran a los hombres del GSPR, el grupo de protección del Presidente francés, en acción en torno a un joven y atlético Emmanuel Macron. Fueron tomadas después del verano de 2018: Alexandre Benalla, el consejero del presidente encargado de remodelar a su manera el GSPR para convertirlo en una “guardia presidencial”, ha desaparecido de la historia.

Estamos en el corazón del poder, pero la política no aparece por ninguna parte. No hay referencias a presidencias anteriores, aparte de algunas materiales: el despacho del general De Gaulle; una alusión a la renovación de la Salle des Fêtes por François Mitterrand; o una pastelería de Correze en referencia a Jacques Chirac. No hay la menor mención a Nicolas Sarkozy, lo que parece atrevido conociendo el temperamento del expresidente...

En una salita dedicada a los regalos oficiales, viajamos desde Uzbekistán (un reloj regalado durante la visita del presidente en 2022) a Chile (un par de espuelas de gaucho regaladas en 2018). También se exponen dos objetos regalados por el Jefe del Estado francés a las esposas de sus homólogos extranjeros. ¿Ha hablado el inconsciente? Son un foulard Hermès y un broche Louis Vuitton, de LVMH, el grupo de productos de lujo propiedad de Bernard Arnault, el hombre más rico de Francia y mecenas de Brigitte Macron.

De lejos se oye la voz de Stéphane Bern. Este otro amigo íntimo de la pareja presidencial, a quien le han confiado la gestión del patrimonio, ha sido elegido para comentar un vídeo en 3D proyectado en una gran pantalla curva. El presentador promete “desvelar los misterios” de una historia que se remonta tres siglos atrás, desde la construcción del Elíseo.

El vídeo dura seis minutos: es una rápida lección de historia sobre la arquitectura del Palacio del Elíseo, desde su construcción en el siglo XVIII (que entonces se llamaba Hôtel d'Évreux), durante la monarquía absoluta, hasta su transformación, bajo la V República, la monarquía republicana que hoy permite a un presidente gobernar el país durante semanas independientemente de los resultados electorales.

Traducción de Miguel López

“No existe tal cosa como un buen impuesto”, dicen que dijo el primer ministro británico Winston Churchill. A nadie le gusta pagar impuestos, ese mal necesario –también lo dijo Churchill– que no sólo es la fuente principal de ingresos de los Estados sino además materia habitual de violenta controversia política. Véase si no cómo, en un último intento desesperado por evitar la derrota que anticipaban todas las encuestas, Rishi Sunak recurría al miedo a los impuestos que los laboristas supuestamente iban a subir en cuanto entraran en Downing Street.

Tras aumentar en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial y recortarse desde la década de los 80 con el ascenso al poder de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en EEUU y Reino Unido, las políticas de austeridad utilizadas como cura para la Gran Recesión pusieron de nuevo la política fiscal en el centro del debate político. A los recortes en el Estado del Bienestar desde 2008 les sucedió una lluvia europea de fondos públicos para sostener la economía tras el parón del covid. Y las llamadas de los organizaciones internacionales para tapar los agujeros que los paraísos fiscales perforan en las maltrechas arcas de los Estados y para aplicar tipos impositivos mínimos tanto a las multinacionales como a los milmillionarios.

Un estudio de dos investigadores de las universidades de Viena y Zurich, Björn Bremer y Reto Bürgisser, confirman que, en efecto, los impuestos no son muy populares: hasta un 65% de los europeos apoyan las bajadas fiscales. Al menos los españoles, alemanes, británicos e italianos. Una encuesta a 1.200 contribuyentes de esos cuatro países en 2018 arrojó una respuesta que no sorprende a nadie. Pero Bremer y Bürgisser fueron un poco más allá en sus preguntas. Primero, quisieron saber si estaban a favor de que les bajaran el impuesto sobre la renta, el tipo máximo a los que más ingresan y el IVA. Después indagaron si creían que el Gobierno debería reducir esos impuestos aunque esa medida implicara un recorte del gasto público o un aumento de la deuda pública.

La respuesta fue que el apoyo a una rebaja de impuestos, cuando se informa a los encuestados sobre las consecuencias y se les enfrenta a lo que los autores llaman “disyuntivas fiscales”, disminuye de forma significativa. Hasta 15 puntos porcentuales.

En el caso de los españoles, pasa del 65% inicial al 54% si la rebaja fiscal en el IRPF se traduce en un recorte del gasto público, al 45% si resulta en un aumento de la deuda pública y cae hasta el 40% si va a suponer un alza del IVA. Cuando se les plantea un recorte del IVA, el 70% inicial que se muestra a favor cae hasta el 45% si va a suponer menos gasto público y al 49% si aumenta la deuda del Estado.

Porque subir los impuestos es una medida antipática, pero el Estado del bienestar incluye beneficios también muy valorados por la ciudadanía. Incluso en Estados Unidos, recuerdan los autores, las encuestas señalan que los ciudadanos se muestran “orgullosos de cumplir con sus obligaciones fiscales, que perciben como un deber moral y una responsabilidad cívica”, y en Reino Unido respaldan aumentos de su factura fiscal de hasta un 7% para sostener el gasto gubernamental. En otro estudio, Bremer y Bürgisser subrayan que los ciudadanos quieren que los gobiernos “proporcionen una red de seguridad a las personas cuando enferman, envejecen o se quedan sin empleo”, también que las apoyen para conseguir una mejor educación y un puesto de trabajo si pierden el suyo. Esa “inversión social”, dicen, atrae a “una amplia coalición de votantes de clase media con un buen nivel educativo”, además de estar muy bien valorada.

Y, para hacer todo eso, son necesarios los impuestos.

En los cuatro países analizados, el 63% apoya que se baje el IRPF, y aún más, el 67%, que se reduzca el IVA. Pero sólo un 20% quiere que se recorte el tipo máximo de la renta; el respaldo a que paguen menos impuestos los más ricos se ve como un cambio regresivo y es mínimo. Ahí no hay grandes diferencias entre unos países y otros. Sí son un poco más pronunciadas respecto al IRPF y al IVA. Los italianos son los que más apoyan los recortes fiscales: un 83% está a favor de que se baje el impuesto sobre la renta y un 80% el IVA. Los británicos, que tienen impuestos relativamente más bajos que el resto, son los menos entusiastas de las reducciones, sólo el 48% se muestra a favor de que se recorte el IRPF y el 58% de que se suavice el IVA. Si aumentara la deuda pública, sólo el 42% de los alemanes aceptaría una bajada del IRPF y únicamente el 40% la del IVA.

Es decir, cuando se les pregunta a todos ellos si les parecerían bien esas mermas de la factura fiscal aun cuando implicaran un recorte del gasto público, un aumento de la deuda del Estado o una subida de otros impuestos, el respaldo ciudadano cae por debajo del 50% en todos los países. En el caso del Reino Unido, apenas supera el 30% si la bajada del IRPF o del IVA se convierte en más deuda pública o tiene que compensarse con la subida de otro impuesto.

Bremer y Bürgisser también han analizado el papel que tienen el interés propio y la ideología en la escala de prioridades fiscales de los europeos. Y concluyen que la segunda predomina sobre el interés material, al menos entre los contribuyentes de izquierdas.

Aun así, destacan que los individuos con más ingresos son “ligeramente más partidarios” de las rebajas fiscales “regresivas” que los menos pudientes. Y los contribuyentes de derechas y los de ingresos más bajos –tanto de derechas como de izquierdas– son menos partidarios de rebajas en el IRPF si la contrapartida es una subida del IVA –un impuesto indirecto cuyo aumento se considera regresivo pues se aplica a todos los consumidores independientemente de su renta– o un aumento de la deuda pública. En Italia, Alemania y Reino Unido a los ciudadanos más pobres no les importa que les suban el IRPF si les bajan el IVA, pero en España no quieren ni oír hablar de más impuestos sobre la renta por mucho IVA que les perdonen.

Cruzando ideología y renta personal, los autores han descubierto también que los encuestados de izquierda con altos ingresos son más partidarios de subir los impuestos –o al menos de no recortarlos– que los encuestados de izquierda más pobres.

A juicio de Bremer y Bürgisser, estas sorpresas se explican por cómo los ciudadanos perciben subjetivamente los efectos distributivos de los impuestos y en qué medida están alineados con sus efectos distributivos objetivos. “El apoyo a impuestos más bajos es condicional y no absoluto”, concluyen.

A su juicio, estudiar cómo interpretan los contribuyentes los efectos distributivos de los impuestos, así como las disyuntivas fiscales, servirán para conseguir los recursos necesarios con los que abordar el cambio climático y las desigualdades, el próximo –y costoso– reto.

El gasto de los desplazamientos de los senadores con cargo al presupuesto de la Cámara Alta ha ascendido a 869.538,91 euros durante los tres primeros meses de 2024, lo que suponen 58.320 euros más que el año pasado a estas alturas y el récord en los nueve años desde que se tienen datos.

Así consta en el portal de transparencia del Senado, en el apartado del régimen económico, donde se recogen estos gastos derivados del transporte de los parlamentarios desglosados por trimestres desde el año 2015.

En concreto, durante el primer trimestre de 2024, el total reflejado es de 792.322,51 euros, divididos entre los viajes parlamentarios, políticos y oficiales de los senadores, aunque la facturación total de este período, es decir, lo que realmente le cuesta al Senado, es de 869.538,91 euros, puesto que aquí también se incluyen los gastos de gestión, de cancelación y de cambio de billetes, así como los billetes emitidos pendientes de utilización.

La Cámara Alta corre con los gastos de los viajes de los senadores en los medios de transporte colectivo (avión, tren, autobús o barco) para el desempeño de su actividad parlamentaria, para realizar actividades de naturaleza política, sectorial o de representación institucional, así como también los viajes oficiales que se realicen en representación del Senado.

Asimismo, el Senado entrega a los parlamentarios una 'Tarjeta-Taxi' con un crédito máximo anual de 3.000 euros, válida para cubrir sus desplazamientos en la Comunidad de Madrid, y, en caso del uso del propio automóvil, se abonan 0,25 euros por kilómetro, así como, en su caso, los importes de los peajes de autopistas.

Los gastos de los senadores en viajes durante estos tres primeros meses de 2024 han supuesto el récord desde que se empezaron a hacer públicos estos datos, hace ya nueve años. Además, el coste de los desplazamientos han incrementado más de un 30 por ciento con respecto al primer trimestre de 2022, cuando fueron de 618.859,54 euros.

En 2020, cuando estalló la pandemia de la COVID-19 y se cerró casi por completo la actividad presencial en la Cámara Alta, los gastos fueron de 586.743,35 euros. En 2021, cuando aún habían ciertas restricciones, los costes durante los tres primeros meses ascendieron a 486.851,53 euros.

En 2019, el último año antes de la pandemia, los gastos en viaje de los senadores fueron de 636.055,78 euros. En 2018 (766.304,74 euros), en 2017 (792.792,96 euros), 2016 (608.461,66 euros) y 2015 (672.218,56 euros) nunca se superó la barrera de los 800.000 euros del primer trimestre de este año.

Hace escasas semanas que la OCDE inauguró un nuevo análisis comparado entre los 38 países que forman parte de este organismo de cooperación internacional fundado en 1961 para coordinar el diseño de “políticas para vivir mejor”.

Contribuye a ese mandato estableciendo estándares internacionales (como el Programa para la Evaluación internacional de Alumnos, más conocido como el Informe PISA) y proponiendo soluciones a retos sociales, económicos y medioambientales, como la relativamente reciente iniciativa para reducir la competencia fiscal y disuadir a las multinacionales de eludir los impuestos que les corresponde rendir, y que derivó en una tasa impositiva mínima global del 15% para aquellas con facturación mil millonaria. 

El nuevo análisis al que me quiero referir es el de “Perspectivas de anticorrupción e integridad 2024”, que analiza el desempeño de las políticas y normativas adoptadas por los países para luchar contra la corrupción y proteger su integridad. Concluye que, a pesar de que las normas y herramientas con las que se dotan los países han mejorado, su aplicación es insuficiente. 

Esta brecha entre regulación e implementación supone que los efectos buscados (los outcomes, en argot evaluador) no se están materializando, y evidencia que los países no despliegan todas sus capacidades para mitigar con eficacia y eficiencia la corrupción, y además lo hacen “a ciegas” porque ni siquiera recopilan datos sobre el alcance de las auditorías públicas o del seguimiento y atención de las recomendaciones que emiten los órganos de control. 

Además de mejorar la implementación de las normas, de recopilar y analizar datos y de establecer un seguimiento y monitoreo suficientes y adecuados, la OCDE sugiere ampliar el alcance de los esfuerzos anticorrupción y de prevención de la integridad más allá de los ámbitos tradicionalmente centrales de la contratación pública, para incorporar riesgos emergentes que amenazan la sostenibilidad de la prosperidad y de la democracia como los asociados al cambio climático, a la inteligencia artificial y a la injerencia extranjera. Entre otros, recomienda reforzar la protección frente a las nuevas prácticas de cabildeo (“el poder de los lobbies”), a las nuevas fuentes de conflictos de intereses y de financiación de los partidos políticos.

¿Y qué tal todo en España? 

Para contestar a esta pregunta, primero una aclaración: el Informe analiza la Administración General del Estado, no así Comunidades ni Ciudades Autónomas, que también regulan e implementan. 

Hecha la aclaración, para empezar, carecemos de una estrategia nacional anticorrupción y de un organismo central con la misión de mitigar los riesgos de integridad. Sí disponemos de organismos sectoriales como la Oficina de Conflictos de Intereses; la Oficina de Datos de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública; el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno; la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que es el órgano de control interno del sector público estatal y unidad central de armonización del control interno y la auditoría interna; y el Tribunal de Cuentas, el supremo órgano fiscalizador (control externo) de las cuentas y de la gestión económica del sector público estatal, del autonómico que no cuenta con organismos de control externo (OCEX) propios como Cantabria, Extremadura, La Rioja y Región de Murcia, y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 

En relación al control y auditoría públicas que realizan dichos órganos, aunque seguimos los estándares internacionales, no recopilamos datos para una adecuada supervisión y gestión de riesgos, ni hacemos seguimiento de la adopción de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría pública. 

Contamos con normativa sobre incompatibilidades entre la función pública y otras actividades públicas o privadas, que define las circunstancias y las relaciones que pueden generar conflictos de intereses y que establece responsabilidades y procedimientos de cumplimiento y verificación de las declaraciones de intereses. Pero al no hacer seguimiento de dichas declaraciones, ni de los puestos que ocupan los altos cargos al dejar sus responsabilidades públicas, no se garantiza el cumplimiento de las normas sobre “puertas giratorias”, que sí existen. Más aún cuando seguimos sin regulación y sin un registro de lobbies. 

Las normas de financiación de los partidos políticos establecen sanciones por incumplimiento, prohíben las contribuciones de empresas públicas, extranjeras y de Estados extranjeros, obligan a reportar las finanzas durante las campañas electorales y a publicar los estados financieros, aunque no todos los partidos lo hacen. 

Y destacamos bien en transparencia de la información pública, que incluye acceso a la información y datos abiertos, en línea con el Convenio de Tromsø recientemente ratificado por España, el primer instrumento jurídico internacional vinculante que reconoce el derecho de acceso de la ciudadanía a los documentos oficiales en poder de las autoridades públicas. 

Con todo ello, las recomendaciones que la OCDE traslada, aun sabiendo el poco caso que les hacemos, pasan por aclarar responsabilidades institucionales, monitorear el cumplimiento –lo que no se mide no se puede gestionar ni mejorar– y aplicar las sanciones previstas y fortalecer las capacidades del funcionariado público.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

La Seguridad Social destinó en el presente mes de mayo la cifra récord de 12.732,2 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,3% más que en el mismo mes de 2023, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y recogido Europa Press.

La nómina mensual ordinaria de las pensiones superó por primera vez en julio de 2023 los 12.000 millones de euros y este mes vuelve a marcar un nuevo récord tras la subida de las pensiones contributivas en un 3,8% para este año 2024. El Departamento que dirige Elma Saiz estima que el gasto en pensiones se situó en el 11,5% del PIB en mayo.

En mayo de este año se han abonado 10.150.528 pensiones contributivas, un 1,3% más que hace un año, a casi 9,2 millones de pensionistas, un 1,2% más.

Tras la subida de las pensiones con el IPC aplicada desde principios de año, la pensión media de jubilación aumentó en mayo un 4,8% interanual, hasta los 1.441,5 euros mensuales.

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se incrementó casi un 5% interanual, hasta situarse a 1 de mayo de este año en 1.254,3 euros mensuales.

De las nuevas altas de jubilación producidas en los primeros meses del año (110.479), el 69% fueron con la edad ordinaria (76.275), mientras que un 10,5% se corresponden con la modalidad de jubilación demorada, frente al 4,8% que suponían en 2019.

Por contra, según el Ministerio, el número de jubilaciones anticipadas se ha reducido "considerablemente", pues el 30,9% de las nuevas altas registradas en abril fueron jubilaciones anticipadas, cuando hace un año eran el 41%.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avalado las previsiones macroeconómicas del Gobierno, que apuntan a un crecimiento del Producto Interior Bruto del 2% en 2024 y del 1,9% en 2025 y a un déficit público del 3% este año y del 2,5% el próximo, pero ha advertido de que los riesgos procedentes del entorno global siguen sesgados a la baja, según ha informado Europa Press.

Con la entrada en vigor del nuevo marco fiscal europeo el 30 de abril, cesa la obligación de presentar el Programa de Estabilidad, pero el Gobierno decidió presentar a Bruselas la actualización de sus previsiones macroeconómicas y fiscales para el periodo 2024 y 2025, lo que ha motivado la publicación del informe de aval por parte de la AIReF –que se envió al Ejecutivo el pasado 26 de abril, antes de su remisión a la Comisión Europea–.

En dicho informe, la AIReF explica que, tras cuatro años de suspensión de las reglas fiscales, 2024 constituye un año de transición hacia el nuevo marco fiscal europeo que se aprobó definitivamente el pasado 24 de abril y que, previsiblemente, entrará en vigor este año, motivo por el que el Programa de Estabilidad tendría una extensión temporal más limitada.

Señala también que, a partir de ahora, los gobiernos tendrán que plasmar su estrategia fiscal y de reforma en el denominado plan fiscal estructural de medio plazo que tendrán que presentar en septiembre y que estará vigente por un periodo de cuatro años y sujeto a la supervisión de las instituciones fiscales independientes como la AIReF.

El escenario del Gobierno contempla un crecimiento del PIB real del 2% en 2024 y del 1,9% en 2025 cifras idénticas a las publicadas por la AIReF en el Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas para 2024, publicado el pasado 11 de abril.

Sin embargo, la AIReF aprecia algunas diferencias en la composición del crecimiento y, en particular, en lo que respecta al comportamiento de la inversión. Al igual que la AIReF, el Gobierno prevé que los agregados de la demanda nacional contribuyan notablemente al crecimiento del año 2024 y compensen la aportación levemente negativa del saldo exterior de bienes y servicios.

No obstante, la AIReF proyecta un avance algo mayor de la inversión en 2024, condicionado al despliegue de los proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en tanto que el Gobierno prevé un mayor empuje de la inversión en 2025.

En el ámbito de los precios, el escenario del Gobierno contempla crecimientos elevados del deflactor del PIB, por encima de lo considerado en el escenario de la AIReF. Así, el crecimiento del PIB nominal esperado se sitúa en torno al 5,6% en 2024 y al 4,8% en 2025 en el escenario del Gobierno, por encima de lo esperado por la AIReF en ambos ejercicios (5,2% y 4,1%, respectivamente).

En términos agregados, el escenario del Gobierno se sitúa en la banda central de los rangos de probabilidad de la AIReF. Las previsiones de crecimiento real del PIB del Gobierno se sitúan sobre el percentil 50 del rango de probabilidad definido en torno a las estimaciones de la AIReF, mientras que, en términos corrientes, las estimaciones del Gobierno se sitúan en el extremo superior del rango central de probabilidad, señalizando posibles riesgos a la baja en las previsiones del Gobierno para el PIB nominal.

Según la AIReF, los riesgos procedentes del entorno global siguen sesgados a la baja. De un lado, la posibilidad de agravamiento o extensión a otras zonas geográficas de los conflictos bélicos activos en Europa y en Oriente Medio mantiene los niveles de incertidumbre en cotas elevadas y podría provocar nuevas perturbaciones en el comercio, como las acaecidas en el Mar Rojo.

Además, la autoridad independiente considera que la creciente fragmentación en las relaciones comerciales, junto con el débil crecimiento de la productividad en muchas economías avanzadas, podría llevar a futuras revisiones a la baja en las expectativas de crecimiento a medio y largo plazo.

Finalmente, ha advertido de que existe el riesgo de que la debilidad de algunas economías europeas, especialmente Alemania, persista o se intensifique. En el ámbito interno, la AIReF ha alertado de que la debilidad de la inversión podría comprometer las posibilidades de crecimiento a medio plazo.

Con todo, la AIReF ha reiterado a los ministerios de Economía, Comercio y Empresa y de Hacienda y Función Pública la necesidad de disponer de información adecuada sobre las medidas de carácter presupuestario y fiscal incorporadas en el escenario macroeconómico, en aras de aumentar el rigor del proceso de aval.

Según han insistido, para realizar el aval con rigor, es necesario conocer la senda de ingresos y de gastos que acompaña al cuadro macroeconómico del Gobierno y disponer de información detallada sobre las medidas fiscales que se plantea incorporar en el horizonte de medio plazo.

La mejora en el suministro de información es especialmente relevante en el caso del Plan de Recuperación, dado el papel central que puede desempeñar como elemento dinamizador de la actividad.

Por último, la AIReF ha recalcado al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa la necesidad de que el proceso de aval de las previsiones macroeconómicas se regule mediante un convenio entre las partes, con el fin de hacer más transparente y eficiente el proceso de aval del cuadro macroeconómico.

La Mesa del Senado ha licitado un contrato que puede alcanzar un gasto de hasta 241.800 euros para un servicio de impartición de cursos de aprendizaje de inglés, francés y alemán para los senadores, con el objetivo de "garantizar el mejor desempeño en las actividades internacionales".

Así consta en la memoria justificativa del expediente de contratación, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se explica que el actual contrato para las clases de idiomas caducó en 2023 y ahora se ha licitado una nueva contratación para los lotes de alemán, francés e inglés.

De esta manera, la Mesa del Senado, en la que el PP tiene mayoría, justifica este servicio de clases de idiomas en que cumple el objetivo de "mejorar y consolidar el manejo de los idiomas como parte central de todo plan de formación", a la vez que creen que "garantiza el mejor desempeño en las actividades internacionales y de intercambio profesional".

Los contratos entrarán en vigor a partir del 1 de septiembre de este año y finalizarán el 31 de diciembre de 2023, aunque podrán ser objeto de hasta dos prórrogas anuales, que no podrán prolongarse más allá del 31 de diciembre de 2028.

Así, el presupuesto base de licitación para la vigencia inicial del contrato es de 130.200 euros, que está exento de IVA, con un desglose de 67.200 euros para las clases de inglés, de 33.600 euros para las clases de francés y de 29.400 euros para las de alemán.

En cuanto al supuesto de prórroga, el gasto estimado es de 111.600 euros, que también está exento de IVA, con el siguiente desglose: las clases de inglés tienen un presupuesto de 57.600 euros, las clase de francés, de 28.800 euros, mientras que las de alemán tienen un gasto aproximado de 25.200 euros.

Eso sí, la memoria justificativa del expediente asegura que el anterior presupuesto constituye el gasto que, como máximo, podrá realizar la Cámara en cada ejercicio, no equivalente al gasto final que efectivamente realice, que dependerá del número de clases efectivamente impartidas.

El precio unitario por clase ofertado, ya sea en modalidad presencial o por videconferencia, no podrá exceder de 25 euros, también exento de IVA.