Unos quince ciudadanos zimbabuenses murieron en el frente ruso tras ser reclutados mediante ofertas de empleo fraudulentas y obligados a combatir en Ucrania, informó este miércoles el Gobierno de Zimbabue. “Quince ciudadanos zimbabuenses han perdido la vida tras ser víctimas de trata de personas y ser reclutados para combatir en Rusia”, dijo el ministro de Información, Publicidad y Servicios de Radiodifusión de Zimbabue, Soda Zhemu, durante una rueda de prensa en la que participó EFE.

“Según informes, fueron engañados con falsas ofertas de trabajo y obligados a participar en combates en el extranjero. El gobierno ha declarado esto como un grave caso de trata de personas y está actuando con urgencia para proteger a sus ciudadanos", agregó Zhemu.

Hasta ahora, Zimbabue ha identificado un total de 81 ciudadanos reclutados para luchar con Rusia, de los cuales 66 permanecen vivos, mientras el Ejecutivo trabaja para repatriarlos.

El presidente Emmerson Mnangagwa instruyó a su Ministerio de Asuntos Exteriores iniciar conversaciones diplomáticas para solicitar una compensación por los quince fallecidos y garantizar un entierro digno.

De acuerdo con Zhemu, la mayoría fue atraída mediante promesas de empleos y salarios en Rusia, difundidas a través de redes sociales, pero al llegar fueron enviados al frente sin recibir entrenamiento militar. “Reciben poca o ninguna formación y se les expone a situaciones que ponen en peligro sus vidas. Cuando mueren, resultan heridos o son capturados, los reclutadores desaparecen, dejando a las familias en Zimbabue sin información, sin apoyo y sin nadie a quien responsabilizar", cerró el ministro.

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, las autoridades ucranianas han informado de la presencia de al menos 1.780 africanos de 36 países luchando del lado ruso.

Aunque algunos participan de forma voluntaria como mercenarios, otros han denunciado engaños y coacciones.

Kiev también ha reportado que ciudadanos de países como Somalia, Sierra Leona, Togo, Cuba y Sri Lanka, entre otros, fueron capturados, aunque la mayoría muere o resulta gravemente herido antes de ser tomado como prisionero de guerra.

Teixeira Cândido, periodista y jurista conocido por sus firmes posiciones en defensa de la libertad de prensa y por denunciar ataques contra colegas de profesión, fue identificado por el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional como la primera víctima conocida de Predator en Angola. La infección con este software espía (spyware) se produjo en mayo de 2024, cuando Cândido estaba finalizando nueve años de mandato al frente del Sindicato de Periodistas Angoleños. El sindicato fue fundado en 1992 y en 2024 contaba con 3.000 miembros.

“Después de enterarme de la infección de mi teléfono, me siento literalmente como si me estuviera duchando con la puerta abierta”, confiesa Teixeira Cândido a Expresso, medio portugués. “No sé cuál es la consecuencia de esa infección ni qué habrán extraído del móvil. Pero tampoco puedo decir que me sienta seguro”.

Una vez instalado en el teléfono, Predator tiene acceso al contenido de todas las aplicaciones de mensajería encriptada, incluyendo WhatsApp y Signal, a los correos electrónicos, a las grabaciones de audio, a los vídeos y fotografías, a las contraseñas almacenadas, al registro de llamadas, a todos los contactos y a la geolocalización del dispositivo. Además, puede activar la cámara y el micrófono sin ser advertido, transformando el teléfono en un aparato de escucha y videovigilancia para el cliente que lo adquirió a Intellexa, el consorcio europeo que desarrolla y produce este software.

En octubre de 2023, Expresso reveló, en la investigación Predator Files, del consorcio EIC (European Investigative Collaborations —del que tanto Expresso como infoLibre forman parte— con Amnistía Internacional (AI), la creación de medio centenar de URL entre marzo y agosto de ese año para atraer a ciudadanos angoleños y llevarlos a hacer clic en páginas infectadas con Predator. En la lista de 49 direcciones electrónicas compartidas entonces por el Laboratorio de Seguridad de AI figuraban variaciones de los sitios web de SIC Noticias, de CNN Portugal y de la página de reservas de vuelos de TAP (Flytap).

Durante la investigación, Expresso encontró referencias al Gobierno angoleño como potencial cliente de Nexa, empresa francesa que forma parte del consorcio Intellexa y vende este software, incluida la mención a una reunión en junio de 2018.

Aunque no está confirmado que el spyware haya sido adquirido por el Gobierno de Angola, este consorcio solo tiene gobiernos como clientes. Confrontado en su momento por Expresso, el gabinete del presidente João Lourenço optó por no responder.

Tras el descubrimiento, se inició una colaboración entre el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional y las organizaciones sin ánimo de lucro Friends of Angola y Front Line Defenders, que desarrollaron una investigación a lo largo de 2025 sobre amenazas de vigilancia en Angola. Teixeira Cândido fue identificado como víctima del spyware en el contexto de esa colaboración.

En paralelo a esa colaboración, Amnistía Internacional se unió a los medios Inside Story, Haaretz y al WAV Research Collective para publicar en diciembre de 2025 los Intellexa Leaks, que revelaron cómo, entre otras cosas, la empresa puede acceder a los clientes de Predator de forma remota, pudiendo así saber qué operaciones de espionaje están siendo realizadas.

El análisis forense de Amnistía Internacional permitió reconstruir cómo se produjo la infección con Predator. Teixeira Cândido fue contactado en WhatsApp por una persona el 29 de abril de 2024, con mensajes aparentemente normales. Días después, el 3 de mayo, ese atacante envió el primer enlace malicioso. Otros enlaces seguirían en un periodo que se prolongó durante varias semanas. Todos estaban infectados; bastaba con hacer clic en ellos para que el teléfono quedara comprometido.

Según el registro histórico del teléfono, un iPhone, el periodista acabó haciendo clic en la primera de las trampas el 4 de mayo. Era una URL asociada a un extracto en el que se leía el título “Ver Portadas de los Periódicos y Revistas - Deportes” y que supuestamente conduciría a un sitio de noticias. Y antes de eso, había un mensaje: “Permítame mostrarle un ejemplar del prototipo”.

El laboratorio detectó rastros de comunicaciones realizadas por Predator desde el teléfono de Cândido a lo largo de ese día 4 de mayo. La infección terminó siendo eliminada cuando él reinició el dispositivo esa noche. Por ello, para restablecer el contacto, el mismo atacante envió otros diez enlaces maliciosos entre el 5 de mayo y el 16 de junio. Todos sin éxito, sin embargo, porque el periodista no abrió ninguno de esos enlaces.

Una investigación realizada ese mismo año por el Insikt Group de Recorded Future, una empresa estadounidense de ciberseguridad que forma parte del grupo Mastercard, dio cuenta de señales de actividad de Predator en Angola en ese periodo. En ese informe se lee que “algunos servidores de este clúster alojaron dominios previamente vinculados a la actividad de Predator en Angola y fueron observados en cadenas de comunicación que finalmente se conectaron a una dirección IP estática de un ISP en Angola, identificada como infraestructura del cliente. Además, observamos víctimas angoleñas sospechosas de comunicarse con servidores de este clúster”.

Amnistía Internacional descubrió, entretanto, que el dominio utilizado para contener el enlace malicioso que infectó el iPhone del periodista —'exclusivo24h.com'— fue registrado en marzo de 2024, al mismo tiempo que otro de características similares —'informacao24.com'—.

Antes del espionaje del teléfono de Teixeira Cândido, ya había señales de que él y otros periodistas estaban siendo objeto de ataques que implicaban el acceso ilegítimo a su información.

En 2022, el sindicato participó como observador en las elecciones presidenciales que renovaron el mandato de João Lourenço, elaborando un informe crítico. “Entendimos que las elecciones en Angola no habían sido libres ni justas”, recuerda Cândido. “No habían sido libres porque no supimos, por ejemplo, cómo fueron contabilizados los resultados. Y no habían sido justas en la medida en que el partido en el poder disponía de todos los medios de comunicación públicos y del tiempo que quisiera. Escribimos a la Comisión Nacional Electoral denunciando esa práctica”.

En esa época, la oficina del sindicato terminó siendo asaltada tres veces en tres meses. “No hubo señales de forzamiento de puertas y se llevaron únicamente los ordenadores del sindicato”, cuenta el antiguo líder sindical. “Esta situación coincidió con el hecho de que hubo asaltos a viviendas de periodistas, incluyendo a João Armando, director del periódico económico Expansão, y a Raquel Rio, corresponsal y delegada de la Agencia Lusa en Angola. También a ellos se les llevaron ordenadores”.

Cândido revela que llegó a recibir un mensaje anónimo, que interpretó como una amenaza. “Preguntaban si yo había visto lo que estaban haciendo”. Como reacción, a finales de 2022, el sindicato organizó una marcha de protesta. “Nosotros, los periodistas angoleños, salimos a la calle por primera vez para manifestarnos contra esa amenaza a la libertad de prensa”.

En una entrevista al medio O País en junio de 2024, cuando estaba dejando el sindicato, Teixeira Cândido lamentaba que hubiera habido “más libertad de prensa a finales de la década de los 90 que en la actualidad”, refiriéndose a la desaparición de una serie de medios privados en la última década. “El Estado tiene más de 45 emisoras de radio y sigue siendo la única entidad con un periódico diario. La desaparición de los órganos privados dirigidos por periodistas demuestra un retroceso visible de la libertad de prensa en Angola”, explicó entonces. “Sin desmerecer a los profesionales de estos medios, la verdad es que gran parte de ellos están controlados por el poder político; son medios cuyos propietarios son personas del Gobierno o con fuertes vínculos con el aparato del Estado y, queramos o no, este acaba interviniendo en el tipo de periodismo que estos medios realizan”.

Ahora mantiene la misma opinión crítica. “El mayor problema que se plantea es que todos esos medios dicen lo mismo. La línea editorial es coincidente. Y, desde ese punto de vista, el país ha asistido a un enorme retroceso en el pluralismo de la información”.

Con la noticia sobre la infección con Predator, Cândido admite que ha pasado a pensárselo dos veces antes de compartir cualquier cosa por teléfono móvil. Y le preocupa no solo su seguridad, sino también la de sus colegas de profesión. “No sé qué pretendían con esa infección; ¿qué contenido podría interesarles? Pero quiero vivir cada día con la expectativa de que no nos va a ocurrir nada”.

El otro día estuve en el escenario de una matanza. Pese a que hayan pasado 12 años y en la tele no hagan especiales de esos que duran un día entero, con un montón de expertos desplazados al terreno opinando y poniéndole cara, personalidad, nombre y vida a los muertos y heridos, hay gente que se empeña en recordar tanto a los catorce jóvenes a los que les arrebataron la vida como a los responsables de que así fuera.

Nunca había estado en Tarajal y, a primera vista, como afromadrileña a la que todas las playas le parecen bellas, diría que se trata de una enclave bonito desde el cual se divisa la Ciudad Autónoma de Ceuta si no fuera porque en uno de sus lados está flanqueada por una valla que separa dos continentes. Bueno, no, eso es lo que nos han hecho creer. La realidad es que geográficamente, tanto a un lado como a otro, aquello es África, solo que una parte es territorio de la Unión Europea.

La valla es gigante y mide, dura y duele kilómetros. Forma parte del monstruo frontera que, en su dimensión tangible, es de alambre e hinca sus patas frías a lo largo de extensiones cubiertas de bosques, caminos y, justo aquí, rocas y arena. Como criatura viviente que es, cada año crece unos metros a lo ancho y a lo largo alimentada por las nuevas directivas excluyentes de la Europa fortaleza, y su objetivo es que nadie pueda pasar por encima de ella. Su sola presencia sobrecoge por la constancia de que es peligrosa, hasta letal, puesto que con su cabeza dentada sesga vidas o, como poco, arranca pedazos de carne, de piel y de esperanza. 

Seguramente, si lo que se vive a diario ahí tuviera lugar en otra parte del planeta, nos resultaría inaceptable. Y ya no me refiero únicamente a lo de aquel día aciago, cuando mataron a catorce personas sin consecuencias penales y varias decenas fueron devueltas de forma irregular a Marruecos, sino a contemplar como algo normal que alguien tenga que tirarse al mar o escalar una valla, que no deja de crecer a lo alto, ancho y largo, por la falta de vías seguras para migrar. Por la no emisión de visados. Por el pillaje neocolonial de recursos. Por la jerarquización de conflictos que provoca que quienes vienen de ciertos lugares tengan las puertas abiertas y que si el origen es otro lo que encuentren sean búnkeres y hostilidad. 

En esta Europa hipócrita de los Derechos Humanos para algunos y a medias, si los muertos son migrantes, africanos y/o tienen la piel marrón o negra, la memoria social y mediática es breve y la indignación ligera. Estamos tan acostumbrados a ver sufrir a ciertos cuerpos en prime time, a contemplar, sin siquiera ocultar sus rostros, a personas padeciendo, que nos parece normal. 

Y como normal no fue ni es, puesto que sigue sucediendo, desde Elín, una organización que lleva décadas asistiendo, compartiendo, relacionándose, cuidando y un montón de gerundios horizontales no “a” sino “con” personas migrantes, recuerdan cada año a los muertos. A aquellos a los que disparó proyectiles de goma la Guardia civil en ese momento, a los que llegan a otras playas y a los que se quedan en el camino tratando de alcanzar un Norte global que se dice garante de derechos pero que depreda el Sur sin asumir su responsabilidad ni las terribles consecuencias.

Cada 6 de febrero, varios colectivos hacen memoria junto a personas que están ahí a diario o que van para allá en estas fechas y que huyen del protagonismo ya que los protas, por desgracia, son los que murieron: Samba, Ousmane, Blaise, Youssouf, Jeannot, Roger Chimie, Dauda, Luc, Yves, Larios, Oumarou, Keita, Armand y otra persona cuya identidad se desconoce.

Este año, el temporal ha provocado que no se haya podido hacer una marcha. Ha sido, más bien, una concentración a cubierto. En ella se ha recordado a los caídos, se ha puesto nombre a los culpables, se ha dicho en voz alta que hacen faltas vías seguras y emisión de visados, se ha exigido justicia con los fallecidos y también con quienes les sobrevivieron, porque estos últimos continúan llorándoles a distancia debido a que no les han hecho entrega de sus cuerpos. Y, por supuesto, se ha reivindicado el derecho a moverse por donde quiera que sea, puesto que a nadie pertenece el planeta. 

Ojalá ese monstruo dentado se muera.

A finales de la década pasada, la paz y la democracia parecieron aumentar sus posibilidades en la región del Nilo Blanco. En Sudán, un movimiento popular contribuía a la caída de la dictadura de Omar al-Bashir tras casi 30 años en el poder. Hoy, sin embargo, el país está fracturado y constituye el escenario de una de las peores crisis humanitarias del mundo según Naciones Unidas.

Estos son los principales actores y lógicas del conflicto que arrasa el país y algunas claves para explicarlo.

En abril de 2019, tras meses de protestas populares contra el largo gobierno autoritario de Omar al-Bashir, el ejército, liderado por el teniente-general Abdel Fattah al-Burhan, depuso al dictador y estableció un Consejo Militar Transitorio. Posteriormente, se creó un Consejo Soberano compuesto de miembros civiles y militares con el objetivo de organizar unos comicios para la elección de un nuevo gobierno.

Un nuevo golpe militar en octubre de 2021 puso en cuestión la participación civil en el Consejo, que se convirtió en plenamente militar cuando el primer ministro Abdalla Hamdok lo abandonó en 2022. Estas maniobras no dejaron de tener una fuerte contestación social en las calles, duramente reprimida.

En abril de 2023 estalló un cruento conflicto por el control del país entre antiguos aliados: el ejército regular (Fuerzas Armadas de Sudán-SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) dirigidas por el general Mohamed Hamdan Dagalo Hemetti. Las RSF son los herederos de la milicia paramilitar janjaweed creada por al-Bashir durante la guerra de Darfur (2003-2020), que luchó junto al ejército contra el Movimiento de Liberación de Sudán y el Movimiento Justicia e Igualdad.

Ambos grupos, apoyados por otras milicias locales, tratan de mantener estructuras estatales en los territorios que controlan: las SAF en la parte oriental desde Puerto Sudán y las RSF en la parte occidental. Al mismo tiempo, tanto las RSF como las SAF son responsables de masacres contra población civil considerada hostil sobre bases étnicas, como es el caso de aquellos no identificados como árabes en las regiones de Darfur y Kurdufán.

La última de dichas matanzas, calificada de genocida, ha tenido lugar durante el asedio y ocupación de la ciudad de El-Fasher por las RSF, donde se calcula que han sido asesinados o desaparecidos decenas de miles de civiles.

La guerra ha conformado parte de la historia política de la región desde la independencia de Sudán en 1956. La primera guerra civil sudanesa (1955-1972) ya se planteaba en torno a la independencia del sur del país, que se reprodujo entre 1985 y 2005 y propició la independencia de Sudán del Sur en 2011.

Dos años más tarde estalló otra guerra en Darfur, en la que se enfrentaron milicias surgidas de poblaciones agrícolas con las milicias janjaweed, procedentes de poblaciones mayoritariamente ganaderas y apoyadas por el mismo Gobierno sudanés.

Una de las claves de estos conflictos ha sido la integración forzosa de diferentes poblaciones y regiones en un orden profundamente jerárquico y desigual. El predominio de la élite arabizada de la capital, Jartum, y la ausencia de políticas de redistribución del poder y la riqueza han generado profundos agravios, interpretados a menudo en clave étnica y aprovechados por élites alternativas.

La fragmentación y la segmentación alcanzan a los mismos grupos que ocupan el poder, como vemos actualmente. También en Sudán del Sur el movimiento independentista se fracturó muy pronto entre el Ejército Popular de Liberación de Sudán (SPLA) y una facción de este (SPLA In Opposition).

Un fenómeno que contribuye a la violencia de los conflictos sociales, aquí y en muchos otros lugares en África, es la existencia de milicias locales armadas de distinto perfil que participan en coaliciones complejas con las fuerzas del Gobierno o contra las mismas. Líderes políticos, en el Gobierno y en la oposición, alimentan a grupos armados paralelos a los ejércitos y las policías nacionales, formados por jóvenes que no encuentran proyectos vitales y económicos alternativos.

La extracción y comercialización de recursos naturales en mercados internacionales constituyen un elemento clave del mantenimiento de la guerra, aunque también se han visto muy afectadas por la misma. Las áreas de producción de petróleo están en la región atravesadas por la frontera con Sudán del Sur y se transporta a través de oleoductos hasta Puerto Sudán. El destino de este petróleo incluye Malasia, Italia, China, Singapur y Alemania.

El principal actor local beneficiario del petróleo es el Gobierno, junto con las grandes operadoras, que son de capital indio, chino, malasio y sudanés. Pero en el caso del oro, extraído a través de minería artesanal, no solo las SAF sino también las RSF se lucran con su venta, mayoritariamente hacia Emiratos Árabes Unidos.

A pesar de la riqueza mineral e hidrocarburífera, el Índice de Desarrollo Humano de Sudán es de los más bajos del mundo, ocupando el puesto 176 de 193 países. Lejos de ser una paradoja, la abundancia de recursos que adquieren su valor a través de la exportación contribuye al desempoderamiento de la mayoría de la población y a la debilidad de los contratos sociales. A su vez, la pobreza proporciona un caldo de cultivo fructífero para los grupos armados en conflicto.

En Sudán se llevan a cabo proxy wars o guerras subsidiarias donde los contendientes de otros conflictos se enfrentan indirectamente apoyando a uno u otro de los bandos.

El Gobierno sudsudanés de SPLA parece estar apoyando a las RSF, que ha llegado a enfrentarse directamente con las milicias opositoras del SPLA-IO. Ello no ha impedido un acuerdo entre todas las partes para que el ejército de Sudán del Sur garantice la neutralidad del área petrolífera de Hegling.

El Gobierno de Etiopía también ha intervenido en el conflicto en Sudán financiando a las guerrillas contra el Gobierno, al que acusa de haber apoyado a las autoridades insurgentes en la guerra en la región etíope de Tigray (2020-2022).

El principal apoyo tanto diplomático como militar de las SAF de Sudán es el Gobierno de Egipto, que actualmente mantiene una tensión regional con el de Etiopía por la construcción de la Presa del Milenio en el curso alto del Nilo. Otros gobiernos de la región como los de Chad, República Centroafricana, el Ejército Nacional Libio, Kenia, Uganda y el ya mencionado de Etiopía, han facilitado la llegada de armas a las RSF e incluso tropas o entrenamiento militar.

Uno de los actores externos más relevantes son los Emiratos Árabes Unidos, que importan la mayor parte del oro sudanés y son el principal proveedor de armas al RSF. Por su parte, Irán, Catar, Arabia Saudí y Turquía se han posicionado a favor del Gobierno sudanés, aunque estos dos últimos de manera menos explícita, y tratando de convertirse también en facilitadores de un posible acuerdo de paz.

Por último, las grandes potencias están presentes en el conflicto de Sudán con posicionamientos menos unívocos. Mientras Putin apoya oficialmente a Puerto Sudán, también lo hace a grupos alineados con RSF en las zonas de producción de oro. Por su parte, Ucrania también apoya a las SAF en su conflicto con estos grupos. La misma paradoja se da con China, que al tiempo en que se manifiesta a favor del Gobierno sudanés, produce las armas que llegan a las RSF.

Washington ha intentado jugar un papel relevante en los intentos de acabar con el conflicto liderando la iniciativa Quad, planteada en septiembre de 2025 por Estados Unidos, Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos con una ruta para la paz sin mayores efectos. Lo que sí está teniendo consecuencias devastadoras para millones de refugiados es la drástica reducción de ayuda humanitaria realizada por la administración Trump.

Las causas y dinámicas del conflicto en Sudán son complejas, y no se derivan directamente de las estrategias y enfrentamientos entre las grandes o medianas potencias. Pero actores tanto locales como extranjeros tratan de sacar provecho de una situación donde millones de personas sufren violaciones sistemáticas de sus derechos. Los múltiples actores internos y externos dificultan enormemente el éxito de las propuestas de acuerdo.

El contexto belicista internacional, en el que están reduciendo su poder las instituciones de seguridad colectiva y se cuestionan principios básicos de derecho internacional en torno a la soberanía y los derechos humanos, contribuye de manera decisiva al mantenimiento de conflictos devastadores.

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Alicia Campos Serrano es profesora titular de Estudios Africanos y Antropología de las Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Son algunas de las áreas naturales protegidas más valiosas y frágiles del planeta. La Gran Barrera de Coral en Australia, con sus peces multicolores. La Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala —la selva tropical más grande de América Central—, hogar de jaguares, monos y cocodrilos. O los pantanos del Bajo Ogooué en Gabón, refugio de especies en peligro de extinción como elefantes e hipopótamos.

Estos santuarios de la biodiversidad tienen una cosa en común: aunque deberían permanecer libres de toda actividad industrial, en ellos hay infraestructuras petroleras y gasísticas. En total, 7.000 zonas de este tipo enfrentan este problema, según revela la investigación Fueling Ecocide, realizada por 13 medios de comunicación internacionales y coordinada por el colectivo de periodistas Environmental Investigative Forum (EIF) y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC). Entre esos medios está infoLibre, que publica en exclusiva esta investigación en España.

En este proyecto de un año de duración, se han comparado 315.000 zonas incluidas en la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas (WDPA, por sus siglas en inglés) con datos geoespaciales de 15.000 licencias de petróleo y gas en 120 países, facilitados estos últimos por el proveedor industrial Mapstand. La investigación revela el verdadero alcance de la amenaza que las empresas petroleras y gasísticas, incluidas grandes empresas europeas como Shell, ENI y TotalEnergies, suponen para la biodiversidad en todo el mundo.

Según el análisis, 3.164 permisos de producción y exploración de petróleo y gas invaden 7.021 áreas protegidas ubicadas en 99 países. Esto representa un total de 694.000 km² cedidos a las empresas petroleras, un área más grande que países enteros como España o Francia. En algunos casos, las superposiciones son parciales, pero la mitad de estas áreas protegidas están totalmente cubiertas por licencias de hidrocarburos.

Esta situación pone en peligro áreas cruciales para el futuro climático, como las selvas tropicales de Indonesia, el Amazonas o la cuenca del Congo o varias reservas de manglares repartidas por Tanzania, Guinea-Bissau o Malasia, así como áreas marinas clave, incluido el mar del Norte de Europa.

Aunque solo una pequeña parte de esos 690.000 km² que se solapan con áreas protegidas están realmente cubiertos por instalaciones de petróleo y gas sobre el terreno, todas estas licencias representan una amenaza real o potencial para la biodiversidad. Leave it in the Ground (LINGO), una ONG que ha publicado numerosos informes sobre el tema, pidió "la prohibición inmediata de la exploración y extracción de combustibles fósiles en áreas protegidas y conservadas a nivel mundial".

Las licencias de exploración cubren 387.000 km² de áreas protegidas, más que la superficie de Alemania. Estos permisos ya pueden incluir infraestructuras y pozos de exploración. En las áreas marinas protegidas se pueden utilizar tecnologías para cartografiar los yacimientos submarinos, lo que daña diversas formas de vida marina en el proceso.

Luego están los permisos cuyo estado no está disponible en los datos de Fueling Ecocide. Y, por último, las superposiciones de licencias de producción de petróleo y gas, las que crean el mayor riesgo, que siguen siendo de un tamaño considerable, cubriendo 74.000 km² de áreas protegidas, una superficie similar a la de Irlanda.

Por impresionantes que puedan parecer, estas cifras están subestimadas, ya que los datos de 16 países, entre ellos importantes productores de petróleo como Canadá, Irán y Venezuela, eran inconsistentes y no se han podido incluir en el análisis de la investigación.

Contaminación del aire, el suelo y el agua, deforestación, daños a especies en peligro de extinción: en muchos casos, la destrucción ya está en marcha, tal y como documentan las ONG y observan sobre el terreno los reporteros de Daraj e InfoCongo, medios parte del equipo de Fueling Ecocide.

En Túnez, el mar está contaminado por fugas de petróleo procedentes de plataformas marinas en la zona protegida de las islas Kerkennah, un humedal de importancia internacional protegido por la Convención de Ramsar. También conocida como 'La Convención sobre los Humedales', la Convención de Ramsar fue adoptada en 1971 por casi el 90% de los Estados miembros de la ONU, y proporciona el marco para la conservación y el uso racional de estas zonas y sus recursos.

En la República del Congo, parte de la reserva de Tchimpounga, un santuario para los chimpancés centroafricanos, se está transformando en una zona industrial debido a una mina de potasa y un pozo de petróleo perforado por empresas chinas. "El equilibrio ecológico está amenazado: la fauna silvestre se está retirando a zonas menos protegidas, el suelo se está degradando y las vías fluviales corren el riesgo de contaminarse", afirma Placide Kaya, ingeniero forestal y activista medioambiental congoleño.

En Irak, cinco yacimientos petrolíferos propiedad de grandes empresas como TotalEnergies, ENI, BP y CNPC están contribuyendo a la desecación y contaminación de los humedales protegidos y antaño exuberantes del sur del país. Esto ha tenido consecuencias dramáticas para el medio ambiente y la fauna silvestre, así como para la población local, que ya no puede ganarse la vida con la pesca y la ganadería. Según Daraj, la situación ha empeorado desde la llegada en 2023 de la petrolera china Geo-Jade, cuyas operaciones están invadiendo los humedales de Hawizeh, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Las zonas más afectadas son principalmente aquellas reconocidas internacionalmente como las más importantes para el planeta. El análisis de Fueling Ecocide muestra que dos tercios de la superficie global afectada se encuentra en áreas protegidas reconocidas internacionalmente: sitios de la UNESCO y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), humedales Ramsar, tierras indígenas y áreas Natura 2000 de la Unión Europea. Son alrededor de 6.300 áreas protegidas. El resto solo gozan de protección a nivel nacional.

La UICN y la UNESCO recomiendan prohibir las actividades petroleras y gasísticas en sus áreas protegidas. La UICN ha aprobado una resolución en la que se compromete a no autorizar actividades relacionadas con los hidrocarburos en las áreas protegidas de su lista, pero se trata de un acuerdo no vinculante jurídicamente. Un informe de la UNESCO de julio de 2025 muestra que hay actividades extractivas en el 24% de los sitios que esta agencia de las Naciones Unidas ha inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial.

"Los sitios del Patrimonio Mundial cubren menos del 1% de la superficie terrestre, pero albergan una quinta parte de la riqueza de especies del planeta", asegura un portavoz de la UNESCO a Fueling Ecocide. La producción de hidrocarburos en estas áreas podría provocar "daños ambientales irreversibles, socavar los medios de vida locales, erosionar las cualidades únicas que han valido a estos sitios el reconocimiento mundial [...] y poner en peligro los objetivos mundiales de biodiversidad", añade.

Los científicos advierten de que se está produciendo una "extinción masiva" de especies vivas. Y mientras los combustibles fósiles siguen siendo la principal fuerza impulsora del calentamiento global, la pérdida de biodiversidad también "exacerba los efectos del cambio climático", según el Consejo Científico de la COP15 sobre Biodiversidad.

De hecho, la extracción de petróleo en áreas protegidas contradice las ambiciones del Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica (GBF, por sus siglas en inglés) adoptado en la COP15 por 196 países en 2022. El GBF estableció el objetivo de proteger el 30% de la superficie del mar y la tierra del planeta para 2030, en comparación con el 17,6% y el 8,4%, respectivamente, que se da en la actualidad.

"El tratado del Marco Mundial de la Diversidad Biológica es legislación internacional. El gran fallo de este tratado es que no existe ningún mecanismo para garantizar su cumplimiento, a diferencia del Acuerdo de París [el tratado internacional destinado a combatir la crisis climática], que puede incluir multas. Esto es un gran problema para los ecosistemas", explica Stephen Woodley, ecólogo y consultor de la UICN. "La aplicación del derecho internacional en materia de medio ambiente sigue siendo débil: la responsabilidad recae en los distintos Estados", añade Antonio Tricarico, de la ONG ReCommon.

En este contexto, las empresas de hidrocarburos pueden eludir fácilmente sus responsabilidades medioambientales. "El valor mismo de las empresas petroleras se basa en su capacidad para asegurar los activos de producción futuros. Esta lógica de crecimiento es intrínsecamente incompatible con la transición ecológica", afirma Tricarico.

La investigación muestra que 763 empresas petroleras operan al menos un permiso que se superpone con un área protegida. Si tenemos en cuenta únicamente las licencias para producción, cuatro de las 10 primeras que más superficie de áreas protegidas ocupan son europeas. La anglo-holandesa Shell ocupa el tercer lugar, principalmente debido a sus yacimientos marinos situados en áreas protegidas del Mar del Norte. Las otras tres son las francesas Perenco y TotalEnergies —quinta y séptima— y la italiana ENI —novena—.

Varias de esas empresas, entre ellas Perenco, Energy Development Oman y la empresa emiratí Adnoc, no aplican ninguna política de "prohibición". En sus informes anuales, Shell, TotalEnergies y ENI solo se comprometen a no operar en sitios de la UNESCO, por lo que se permiten perforar en todas las demás áreas protegidas.

Ni siquiera esta mínima promesa se cumple siempre. Shell opera activos que se solapan con dos sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO: la Gran Barrera de Coral en Australia y el Mar de Wadden en los Países Bajos. La empresa se ha negado a hacer comentarios ante las preguntas de Fueling Ecocide.

TotalEnergies también tiene acciones en una planta de GNL en la Gran Barrera de Coral, mientras que ENI tiene una licencia de exploración ubicada dentro de una Reserva de la Biosfera de la UNESCO: el Área Marina Protegida de Marawah en los Emiratos Árabes Unidos, que cubre 4249 km². Este archipiélago de una docena de islas, rodeado de arrecifes de coral y salpicado de bosques de manglares, alberga la segunda colonia más grande del mundo de dugongos, un mamífero marino en peligro de extinción. La extracción comercial de gas aún no ha comenzado, pero la exploración de nuevos pozos ya está muy avanzada y ENI anunció el descubrimiento de un importante yacimiento en 2022.

La empresa petrolera nacional de los Emiratos Árabes Unidos, Adnoc, cuarta en la clasificación, opera tres licencias de petróleo y gas en la misma zona. Una de ellas, Gasha, uno de los mayores proyectos de hidrocarburos del mundo, abarca una cuarta parte de la reserva de Marawah. Actualmente en construcción, este enorme proyecto incluye 11 islas artificiales, pozos, oleoductos y muelles de embarque. "Operamos bajo estrictos controles medioambientales y contamos con un historial probado de protección de la naturaleza y la biodiversidad", respondió Adnoc a esta investigación.

Ninguna de las empresas publica datos geográficos que permitan verificar sus actividades en áreas protegidas. Las grandes empresas que cotizan en bolsa, Shell, ENI y TotalEnergies, publican una lista de los solapamientos de sus licencias con estos lugares. Aun así, para el caso de estas tres grandes empresas, Fueling Ecocide ha descubierto casos de solapamientos no declarados. 

ENI, que solo informa de las licencias de explotación, enumera 32 solapamientos en su informe anual de 2024, mientras que nuestra investigación identificó 68 licencias de la empresa que se solapan con áreas protegidas. 

TotalEnergies informa de 12 proyectos que se solapan con áreas protegidas, lo que corresponde a 28 licencias según nuestros cálculos, mientras que nuestro análisis identificó 69 de esas licencias solapándose con áreas protegidas. 

La principal explicación de estas superposiciones que faltan es que las empresas no tienen en cuenta las licencias de exploración y solo informan de sus actividades situadas dentro de algunas áreas reconocidas internacionalmente, incluidas las categorías 1 a 4 de la UNESCO, Ramsar y la UICN, a pesar de que la UICN recomienda que no haya actividad industrial tampoco en las categorías 5 y 6, menos sensibles.

ENI respondió que parte de la diferencia se debe también a su metodología, que excluye las instalaciones de producción de hidrocarburos que no "se encuentran efectivamente dentro del área de intersección con un área protegida". Sin embargo, ENI reconoció implícitamente la ausencia de información detallada, señalando que "la norma ESRS E4 'Biodiversidad y ecosistemas' exige la comunicación de información a nivel agregado. Esto significa que los informes no requieren la descripción de cada activo o concesión individual".

Cuando se le preguntó sobre los solapamientos no comunicados, Shell volvió a negarse a hacer comentarios. TotalEnergies adoptó la misma metodología y respondió que nuestras cifras "no reflejan la realidad sobre el terreno", ya que corresponden a "las intersecciones teóricas de las licencias con las áreas protegidas, a pesar de que solo una pequeña parte de la superficie de estas licencias está cubierta por infraestructuras".

En Uganda, cerca de las orillas del lago Albert, TotalEnergies, su socio chino CNOOC y la compañía petrolera nacional de Uganda UNOC son propietarios de las licencias Tilenga y Kingfisher, un enorme proyecto petrolero asociado a un oleoducto de 1.443 kilómetros denominado EACOP. Las obras de construcción sobre el terreno están muy avanzadas y se prevé que la producción comience en 2026.

Tilenga, explotado por TotalEnergies, se encuentra en gran parte dentro del Parque Nacional de las Cataratas Murchison, un sitio excepcional de la UICN y Ramsar, que alberga más de 140 especies de mamíferos salvajes (antílopes, leones, elefantes, hipopótamos, jirafas, etc.), algunos de los cuales están en peligro de extinción. El proyecto es muy criticado por varias ONG ecologistas, que han demandado a TotalEnergies en Francia por supuestos daños ecológicos, algo que la empresa niega.

Según nuestros datos, las licencias de Tilenga cubren el 10% del Parque Nacional Murchison Falls, es decir, 373 km². TotalEnergies afirma que su infraestructura solo ocupa el 0,03% del área protegida, es decir, solo 1 km². El grupo afirma que tiene en cuenta "la huella física de las instalaciones y su área de influencia", pero se ha negado a explicarnos su metodología exacta.

El análisis de imágenes satelitales realizado para Fueling Ecocide por la ONG Earth Insight muestra que las cifras de TotalEnergies parecen corresponder solo a la superficie de las plataformas de perforación. Pero según Earth Insight, también se han construido 38 kilómetros de carreteras y 20 de infraestructuras de oleoductos dentro de Murchison Falls, dividiendo en dos la parte norte del parque nacional.

Una investigación de campo, publicada en septiembre de 2024 por las ONG Afiego y Friends of the Earth, concluye que el impacto negativo del proyecto sobre la fauna silvestre supera con creces el perímetro inmediato de las instalaciones de TotalEnergies. El informe indica que los elefantes, perturbados por las vibraciones y el ruido de las obras de construcción, están "destruyendo tierras de cultivo" y han matado a cinco personas entre junio de 2023 y abril de 2024. Por otra parte, la contaminación lumínica de la plataforma de perforación, visible hasta a 14 kilómetros de distancia, tiene, según se informa, efectos negativos sobre los depredadores nocturnos, como leopardos, leones y hienas. 

Preguntada por EIC, la ONG Lingo afirmó que las empresas petroleras solo tienen en cuenta la superficie de las infraestructuras en su metodología para "confundir y minimizar sus impactos negativos", ya que "parece que no están teniendo en cuenta la contaminación líquida, gaseosa y sólida que producen sus instalaciones y que llega a las zonas circundantes".

Lo mismo ocurre con las áreas marinas protegidas, donde los daños pueden extenderse mucho más allá de la pequeña superficie cubierta por las plataformas marinas. "Extraer petróleo y gas en estas áreas protegidas es una completa aberración", afirma Sara Labrousse, investigadora de ecología marina del CNRS, el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. "Tiene consecuencias muy perjudiciales, como los vertidos de petróleo, el ruido submarino y el tráfico marítimo, que perturban enormemente a las especies marinas".

Las empresas petroleras casi nunca dan detalles sobre el impacto de sus operaciones sobre el terreno. En sus informes anuales, Shell, ENI y TotalEnergies afirman que aplican planes de acción para la biodiversidad en las zonas protegidas, con el objetivo de "no perder nada" o incluso "ganar" en biodiversidad. Sin embargo, son ellas las que pagan a las consultoras que los redactan y estos documentos no se hacen públicos. En el caso de Tilenga, Mediapart reveló que TotalEnergies intervino para debilitar las medidas incluidas en el plan, que son insuficientes para proteger la biodiversidad.

En sus respuestas a las preguntas que EIC les ha hecho llegar, Perenco y ENI señalan que es legal operar en áreas protegidas de conformidad con la normativa nacional. Esto es cierto y plantea la cuestión de la responsabilidad de los Estados que concedieron estos permisos. "Se trata del fenómeno de los denominados 'parques de papel': áreas que están designadas sobre el papel, pero que carecen de una protección efectiva en la práctica", comenta Francesco Maletto, abogado especializado en áreas protegidas marinas de la ONG ClientEarth.

Teniendo en cuenta únicamente las licencias de producción, el país más afectado del mundo es el Reino Unido. Ha expedido 120 permisos que invaden 46 áreas protegidas, lo que supone una superposición de más de 13.500 km², debido principalmente a la explotación marítima en el mar del Norte, donde operan TotalEnergies, Shell y Perenco. La mayoría de los permisos del Reino Unido se superponen con las áreas protegidas por OSPAR, un régimen de protección que permite la explotación de petróleo y gas. 

Según las investigaciones realizadas en 2023 y 2024 por Unearthed y The Ferret, basadas en datos oficiales del Gobierno inglés, alrededor de 300 toneladas de petróleo de plataformas marinas se derramaron en áreas marinas protegidas británicas en la última década. A pesar de ello, el Gobierno del Reino Unido concedió 64 nuevas licencias en el Mar del Norte en octubre de 2023, 17 de las cuales se encontraban en áreas protegidas.

Si se tienen en cuenta todos los tipos de licencias —incluidas las de exploración— que se solapan con áreas protegidas a nivel internacional, los 10 países más afectados son, principalmente, del Sur Global, con la excepción de Rusia y Australia. Australia encabeza nuestra clasificación con unos solapamientos equivalentes a 115.400 km².

En Brasil, InfoAmazonia, medio parte de Fueling Ecocide, ha descubierto que el Gobierno ha concedido una licencia de exploración de gas que abarca el 75% del territorio indígena de Krenyê, en la sabana tropical biodiversa del estado de Maranhão, en la región administrativa de la Amazonia Legal. Según la información publicada por la empresa brasileña Eneva, se espera que las primeras perforaciones comiencen en 2026.

El permiso se expidió en 2017 a pesar de que el pueblo Krenyê había obtenido un acuerdo para la protección de estas tierras en 2016, tras años de lucha, según un documento que nos mostró su líder, el jefe Cu'tetet. La legislación brasileña prohíbe la extracción de combustibles fósiles en tierras indígenas y no se ha consultado al pueblo Krenyê sobre la concesión de la licencia.

Al ser contactada, Eneva afirma que respeta "los procedimientos legales establecidos por las autoridades competentes". La agencia nacional brasileña del petróleo nos informó de que la zona indígena no fue designada oficialmente como área protegida hasta enero de 2018, cuando ya se había concedido la concesión para la exploración de gas. El Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (Ibama), declaró a InfoAmazonia que la zona del bloque de gas que se solapa con el territorio indígena debe ser excluida.

Nuestra investigación también muestra que los países pobres, autocráticos y devastados por la guerra están dispuestos a ofrecer enormes territorios protegidos a las empresas petroleras. La República Centroafricana ocupa el sexto lugar en km² de superposiciones debido a dos permisos de exploración concedidos en 2013 por el antiguo dictador François Bozizé a PTIAL, una empresa petrolera controlada por Poly Technologies, una corporación armamentística propiedad del Gobierno chino. Según nuestros cálculos, estos permisos invaden 13.800 km² de siete áreas naturales protegidas de excepcional importancia ecológica, entre ellas el Parque Nacional de Bamingui Bangoran y el Parque Nacional de Manovo Gounda, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Durante la guerra civil que siguió al derrocamiento del presidente Bozizé en 2013, PTIAL financió a grupos armados para continuar con sus operaciones, según un panel de la ONU. La licencia fue renovada en 2018 por el nuevo presidente, Faustin-Archange Touadéra, quien consolidó su poder con la ayuda del Grupo Wagner, una organización paramilitar rusa a la que se ha definido como de ideología neonazi. Desde 2024, Poly Technologies, la empresa matriz de PTIAL, ha sido sancionada por Estados Unidos y luego por la Unión Europea por vender armas a Rusia tras la invasión de Ucrania.

No está claro si se han reanudado los trabajos preparatorios para la primera operación de perforación, que se detuvo en 2018 por "razones de seguridad". Poly Technologies y el Ministerio de Minas de la República Centroafricana no han respondieron a las solicitudes de comentarios de Fueling Ecocide.

La lista de ecosistemas amenazados sigue creciendo. En la República del Congo, séptimo país de nuestra clasificación, ya hay 20 permisos petroleros que invaden 13.600 km² de 13 áreas naturales protegidas internacionalmente. El autócrata Denis Sassou N'Guesso acaba de añadir uno nuevo: el permiso Niamba, concedido en abril de 2025 por decreto a la empresa china Oriental Energy en asociación con la Compañía Nacional de Petróleo del Congo (SNPC).

Las ONG congoleñas han condenado enérgicamente esta decisión, ya que la licencia invade una zona sensible del Parque Nacional Conkouati-Douli, un área con triple protección (UICN, UNESCO y Ramsar). Sus selvas tropicales albergan la mayor biodiversidad del país, incluyendo especies en peligro de extinción como monos, elefantes y tortugas marinas.

La producción de hidrocarburos en áreas protegidas es un problema político y económico global extremadamente delicado, ya que muchos de los puntos más ricos en biodiversidad del mundo se concentran de manera abrumadora en el Sur Global, en bosques tropicales, arrecifes de coral y sabanas, mientras que la expansión de la extracción de petróleo y gas está impulsada en gran medida por empresas con sede en el Norte Global y China.

Según el Global Oil and Gas Extraction Tracker, desde 2015, alrededor del 22% de los nuevos recursos de petróleo y gas se descubrieron en América Latina y el Caribe, casi el 26% en Asia y el 12% en África. El análisis de datos de InfoAmazonia muestra que la región amazónica alberga casi una quinta parte de las reservas mundiales identificadas entre 2022 y 2024, lo que establece una nueva frontera para la industria de los combustibles fósiles.

Esta asimetría geográfica plantea cuestiones apremiantes sobre la equidad y la responsabilidad, a la vez que el objetivo de proteger el 30% de los mares y tierras del mundo choca con la falta de aplicación de políticas y la insuficiencia de compromisos corporativos. Mientras tanto, la perforación continúa. Y la naturaleza y las especies en peligro de extinción están pagando el precio.

En Oriente Medio y el Norte de África, la calle ha sido históricamente el principal espacio de vida y expresión política. En 2011, durante la oleada de levantamientos populares que sacudieron la región, plazas como la de Tahrir, en El Cairo, se convirtieron en el epicentro de la acción política de unas sociedades que dijeron “basta” a décadas de represión, estancamiento económico y corrupción. Hoy, estas plazas muestran un rostro distinto.

En Egipto, durante los 18 días de protestas que culminaron con la caída del régimen de Hosni Mubarak ―tras tres décadas en el poder―, los manifestantes ocuparon en masa la plaza Tahrir, que se convirtió entonces en un bastión revolucionario. Una década después, sin embargo, el paisaje urbano cairota cuenta otra historia, y en Tahrir los policías se imponen en número a los transeúntes.

La plaza fue rediseñada en 2020, y en su centro se erige ahora un obelisco faraónico de 19 metros custodiado por cuatro esfinges procedentes del templo de Karnak, en Luxor. Ya no es lo que era, y de ser un espacio de reunión y protesta ha pasado a ser un enclave frío y monumental. El poder ―representado en este caso en la figura de al-Sisi, que se mantiene en el cargo desde que en 2013 un golpe de Estado militar acabase con el efímero gobierno de los Hermanos Musulmanes― ha securitizado el corazón simbólico de la ciudad, convirtiéndolo en un escenario controlado y sin apenas presencia ciudadana.

Como Egipto, Túnez conoció el mismo destino de la contrarrevolución urbanística, y las plazas de la revolución fueron militarizadas y cercadas para limitar su acceso. Estas intervenciones, circunscritas al periodo posterior a los levantamientos populares de 2011, son en realidad parte de una tendencia regional más amplia. Por eso, más allá de los casos en los que el Estado interviene de forma directa en la disposición de los lugares, existen otros antecedentes históricos y escenarios en los que el control del espacio público se ejerce de forma más sutil: modificando, por ejemplo, su apariencia y función.

Las grandes urbes del Golfo ejemplifican esta lógica, cuyos planes urbanísticos ―aunque producto del urbanismo neoliberal― beben de las experiencias de sus vecinos regionales. En estas ciudades la vida privada sustituye la pública, y en lugar de plazas y parques encontramos centros comerciales, complejos residenciales y estructuras poco amigables para el peatón.

En esa misma línea, el downtown de Beirut, antiguo zoco y corazón histórico de la ciudad, fue objeto de una profunda transformación tras la guerra civil libanesa. El proyecto prometía revitalización social y económica, pero acabó desplazando a familias y comerciantes locales, que fueron reemplazados por edificios de mármol y fachadas de lujo.

Este modelo elitizado, por cierto, nunca logró arraigar, y pasear hoy por el downtown es lo más parecido a estar dentro de una postal postapocalíptica: el área permanece casi deshabitada y fuertemente controlada, lo que plantea la pregunta de si la reconstrucción perseguía también la creación de un espacio público dócil en el frágil periodo de posguerra. Sea cual sea la intención, el resultado es un centro histórico desactivado y sin tejido urbano. 

En todos los casos, ya sea de manera directa —a través de la militarización— o indirecta —mediante proyectos urbanos que alteran el entorno—, la gestión del espacio público se ha convertido en una extensión de los intereses de quienes ejercen el control. Pero la calle nunca es completamente dócil, y ante esa resistencia, el poder recurre a otra estrategia: saturar el espacio público con su propia iconografía. Es decir, “si no puedes con tu enemigo, únete a él”. 

Un ejemplo paradigmático de este fenómeno es Erdoğan, en Turquía. El líder turco ha desplegado una estrategia de monumentalización religiosa con la que busca inscribir su proyecto político en el paisaje urbano. Así, en uno de los costados de la plaza Taksim —espacio central de las protestas de 2013 y lugar profundamente asociado a la historia de la resistencia en Turquía— se erige desde 2021 la mezquita Taksim. Su construcción no responde únicamente al deseo del presidente de controlar el que fuera el principal punto de encuentro de los manifestantes, sino que obedece también a su ya conocido empeño por reforzar la identidad islámica de Turquía. También la mezquita de Çamlıca, inaugurada en 2016, se alza sobre una de las más altas colinas de Estambul, desde donde observa y vigila toda la ciudad.

Pero el antecedente más claro de la apropiación simbólica del espacio público se encuentra en Irán. Un año después de su proclamación, la República Islámica se vio envuelta en una cruenta guerra con su vecina Iraq. El proyecto político era muy prematuro, y eran muchas las voces críticas y detractores. En un momento donde la identidad nacional iraní estaba aún definiéndose, Jomeini entendió que una manera efectiva de generar cohesión social era inundando el espacio público con retratos oficiales y mensajes nacionalistas. De hecho, con la exaltación de los mártires de la guerra, cuyos rostros asomaban por las calles de Teherán, el régimen logró movilizar a la población y alentar a muchos jóvenes a alistarse en el ejército.

En definitiva, quien controla el paisaje y su simbolismo ejerce un gran poder sobre las dinámicas sociopolíticas en Oriente Medio y el Norte de África. Por eso, y aunque las formas varíen en función del lugar —ya sea mediante la securitización, el rediseño o la saturación simbólica—, el espacio público constituye un campo de batalla donde se negocian la identidad, el poder y el orden.

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Nahia Varela Molina es especialista en el mundo árabe-musulmán y colaboradora de la Fundación Alternativas.

Israel ha puesto el foco en el Cuerno de África al convertirse en el primer país miembro de Naciones Unidas en reconocer oficialmente a Somalilandia, un territorio que declaró su independencia de Somalia en 1991 pero que hasta ahora no contaba con reconocimiento internacional. 

El gesto, más que diplomático, tiene una profunda lectura geoestratégica: implica intereses militares, marítimos y energéticos en una región marcada por la inestabilidad. Etiopía, ya en 2024, hizo un amago de reconocimiento, recuerda a infoLibre Mohamed Ishak, periodista somalí, cuando el país africano “buscaba una salida al mar” y la mejor vía era apoyar a los secesionistas somalíes.

Somalilandia ha mantenido una paz relativa, con instituciones estables y elecciones regulares, en contraste con el caos que se vive en el resto del país, como explicaba la periodista Mary Harper, de la BBC: "En Somalilandia hay mayor paz y estabilidad que en Somalia. Como periodista occidental, en Somalia no puedo moverme sin seis guardaespaldas fuertemente armados, mientras que en Somalilandia camino sola, incluso de noche"

Somalia es un Estado fallido inmerso en disputas entre el grupo terrorista, satélite de Al Qaeda desde 2012, Al Shabab y señores de la guerra, desde la caída del dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y con frecuentes intentos por derrocar al Gobierno central somalí e instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

Pero el reconocimiento israelí, advierte el escritor camerunés Boniface Ofogo, “tiene graves consecuencias para toda la región”. Este seguidor de la política africana y de las estrategias geopolíticas, asegura que Israel ha jugado una carta de represalia diplomática en un continente donde casi todos los países apoyan a Palestina: “Está aplicando la ley del talión”.

Este escritor camerunés alerta de que su país y Eritrea “son dos excepciones que tienen su explicación en los vínculos que mantienen con mercenarios israelíes para fortalecer sus aparatos de seguridad y represión”. Cita el caso de Ambazonia, una zona anglófona de Camerún que en 2017 declaró la independencia y que Israel no reconoce, de la misma manera que el país africano no reconoce Palestina. 

Los intereses estratégicos y económicos son muchos para Israel. Este nuevo reconocimiento podría desembocar en enormes tensiones porque “con 850 kilómetros de costa en el Golfo de Adén, tiene mucho poder”, asegura Ishak, “porque junto a Yibuti, Somalilandia controla el paso por el estrecho”.

Para este periodista somalí, el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel “es como la entrada de un elefante en una cacharrería”, porque toda la región del Cuerno de África “ya estaba desestabilizada, primero por el secesionismo eritreo, que logró independizarse en 1993, y actualmente por el secesionismo Oromo y el de la minoría somalí”.

Roland Marchal, especialista en conflictos armados en África Oriental, aseguró a Mediapart que “el Gobierno israelí no tiene como objetivo el desarrollo de Somalilandia con proyectos agrícolas” y coincide con el historiador africanista Omer Freixa en que el objetivo de Israel es “facilitar los ataques contra los hutíes de Yemen” y Ofogo alerta de la posibilidad de que Netanyahu “establezca bases militares en la zona, lo que le permitiría tener más a tiro a los hutíes. Y quien dice Israel, dice Estados Unidos”, sentencia.

Si Somalilandia, después del reconocimiento, permite a Israel establecer una base militar, solo 350 kilómetros separarían al ejército israelí de sus enemigos yemeníes. El gesto de Israel es una provocación para los hutíes y, a corto o medio plazo, una amenaza grave, recuerdan tanto Ishak como Freixa.

“Es una zona regularmente sometida a las acciones de piratas y de los rebeldes de Yemen, apoyados por Irán y Turquía”, recuerda Ofogo citando otro factor importante, los terceros países, y uno en particular: “Etiopía tiene motivos para recelar” porque el país busca una salida al mar por la ciudad de Zeila en Somalia y bajo dominio somalilandés.

Todas las fuentes consultadas coinciden en que Tel Aviv busca facilitar operaciones contra los hutíes de Yemen, alineados con Irán. Esta posibilidad ha provocado la reacción del líder hutí Abdul-Malik al-Houthi, que ha amenazado con atacar cualquier presencia israelí en la zona al considerarla una agresión contra Somalia y Yemen. Al Shabab también ha prometido combatir cualquier intento de Israel de usar el territorio "para construir bases militares. No lo aceptaremos y lucharemos contra ello".

“Una posición israelí frente a Yemen solo añadiría complejidad a una guerra que, desde 2014, enfrenta a los hutíes y un gobierno fragmentado apoyado por Arabia Saudita”, recuerda Freixa. 

Dentro de esa coalición, el Consejo de Transición del Sur (STC) —respaldado por los Emiratos Árabes Unidos— busca restaurar la independencia de Yemen del Sur. Y aquí emerge otro actor clave: Arabia Saudí. Controla un margen del mar Rojo y, según algunos medios internacionales, está trabajando como intermediario entre Israel y Hargeisa, la capital somalilandesa, para abrir una vía de cooperación militar en el mar Rojo.

Y Estados Unidos también tiene "algo que decir". Freixa asegura que el país que preside Donald Trump medita la opción de reconocer a Somalilandia y aliarse con Israel en la región “y más después de las palabras de menosprecio que (Trump) tuvo para Somalia y para la comunidad somalí residente en Estados Unidos”. 

Para Israel, la declaración de reconocimiento “se inscribe en el espíritu de los Acuerdos de Abraham firmados por iniciativa del presidente Trump”, explicó la oficina de Netanyahu. 

El presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, señaló tras este reconocimiento que "este es un momento histórico" que marca el inicio de una "alianza estratégica", y remarcó la disposición de la región a "adherirse a los Acuerdos de Abraham” de los que ya forman parte Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos.

Freixa alerta de la posibilidad de que Sudán del Sur y Etiopía sean los siguientes en reconocer al Gobierno escindido por “la relocalización de población gazatí, para la que se habían barajado varios puntos africanos”, y apunta que Somalilandia puede ser el lugar elegido para ese “desplazamiento forzoso”, aunque desde el Gobierno somalilandés descartan tal punto.

¿Y la Unión Africana? “Ni está ni se le espera”, dice Ofogo. “Esta organización es vista por muchos observadores críticos como un sindicato de jefes de estado, que solo intervienen cuando uno de ellos es amenazado por un golpe de estado”. Eso sí, han rechazado el reconocimiento de la región separatista somalí.  

El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, aseguró que este reconocimiento “podría sentar un precedente peligroso con profundas implicaciones para la paz y la estabilidad en todo el continente” y ha desatado las quejas de Ofogo que asegura que “no existe una política exterior común, que permita adoptar una postura común frente a la amenaza exterior”.

En el siglo II d. C., el Imperio romano, con 55 millones de habitantes, ocupaba desde la actual Gran Bretaña hasta Egipto y Siria, un enorme territorio que estaba conectado por una vasta red de calzadas, esenciales para abastecer las ciudades, trasladar las tropas y sostener el imperio. Hasta ahora, sin embargo, muchas de estas vías no habían sido cartografiadas o digitalizadas -o lo estaban en baja resolución-, lo que impedía tener una imagen completa del sistema de carreteras romano.

Tras más de cinco años de trabajo, un equipo internacional de científicos liderado por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, ha reunido y digitalizado en alta resolución el trazado de todas las vías romanas y las ha publicado en un único mapa abierto y accesible denominado 'Itiner-e'.

El nuevo mapa incluye 299.171 kilómetros de carreteras (unos 100.000 más de los estimados hasta ahora) que alrededor del año 150 d. C. conectaban un territorio de más de cuatro millones de kilómetros cuadrados.

Itiner-e se ha publicado este jueves en la revista Nature Scientific Data y estará a disposición de la comunidad científica de manera gratuita y online. La red de carreteras fue esencial para el desarrollo económico y para el mantenimiento del imperio, pero también para canalizar aspectos menos tangibles de la historia como las migraciones, la expansión de las ideas y creencias (como el cristianismo) o epidemias "como la de Justiniano o la de Antonino", apunta a EFE el investigador de la UAB y coautor del estudio Pau de Soto.

"Pero si no conocemos estas carreteras es muy difícil saber cómo se movían los productos, la migración o las enfermedades. Contar con este mapa permitirá a otros científicos hacer nuevos estudios mucho más complejos y completos sobre cualquier aspecto de la Antigüedad e incorporar el factor de la movilidad a todo el imperio", destaca el investigador.

Para generar Itiner-e, el equipo utilizó registros arqueológicos e históricos, mapas topográficos e imágenes satelitales y la ayuda de cientos de colaboradores que reunieron todos los mapas existentes hasta entonces. Además, adaptaron cada tramo a las peculiaridades geográficas. Así, el nuevo mapa incluye nuevas vías en la península Ibérica, Grecia y el norte de África, entre otras regiones, y tramos de carretera que, por ejemplo, cruzan montañas en trazados sinuosos que antes figuraban como líneas rectas.

En total, Itiner-e contiene 299.171 kilómetros de carreteras, frente a los 188.555 kilómetros conocidos anteriormente, y distribuidos en 103.478 kilómetros (34,6%) de carreteras principales y 195.693 kilómetros (65,4%) de vías secundarias.

La importancia de las calzadas romanas ha sido documentada a lo largo de la historia. Para este proyecto, los autores han utilizado documentos oficiales romanos como el 'Itinerario de Antonino', que recopilaba las rutas del imperio, o la 'Tabula de Peutinger', un mapa medieval que ilustraba la red de carreteras del antiguo Imperio romano.

El diseño de estas carreteras no solo permitía conectar las ciudades importantes, sino que además servían para unir "grandes ejes como el del Mediterráneo o la vía de Plata" -la antigua calzada romana que hoy es una ruta de peregrinación del Camino de Santiago- que han inspirado o servido de base a muchas rutas actuales en Europa y Oriente Medio, destaca a EFE De Soto.

Más de 460 pacientes y acompañantes fueron asesinados en un ataque al Hospital Materno Saudí de Al Fasher, la ciudad del norte de Darfur (Sudán) tomada por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) el pasado fin de semana, denunció este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS), según ha informado EFE.

El director general de la agencia sanitaria de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló en su cuenta oficial en X que la organización está "horrorizada y profundamente conmocionada" por estas muertes, que se producen después de que se denunciaran en el lugar otros ataques y detenciones de trabajadores sanitarios.

En los dos años y medio de conflicto entre el Ejército y las FAR, la OMS ha verificado al menos 185 ataques contra la red sanitaria sudanesa, con 1.204 muertos y 416 heridos, incluyendo pacientes y trabajadores sanitarios.

Estos ataques "deben detenerse de forma inmediata e incondicional, y todos los pacientes, trabajadores de la salud e instalaciones sanitarias deben ser protegidos por el derecho internacional humanitario", subrayó Tedros en X.

Ya el lunes, un día después de que las FAR anunciaran la toma de Al Fasher tras año y medio de asedio, Naciones Unidas denunció que las fuerzas paramilitares estaban perpetrando ejecuciones sumarias de civiles que intentaban huir de la ciudad.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos señaló que muchas de esas ejecuciones podrían tener motivación étnica.

Los intensos bombardeos a la ciudad del 22 al 26 de octubre, que concluyeron con la rendición de la sexta división de infantería del ejército sudanés, también causaron la muerte de numerosos civiles, entre ellos trabajadores humanitarios voluntarios, según Naciones Unidas.

Donald Trump, bravucón él, había alardeado de su capacidad para resolver cualquier tipo de conflicto en veinticuatro horas una vez de vuelta en la Casa Blanca, ya fuera en Gaza o en Ucrania. Evidentemente, mientras una de sus obsesiones desde el inicio de su segundo mandato es conseguir el Premio Nobel de la Paz —si Barack Obama lo consiguió, ¿por qué yo no?, se dice—, nada de eso ha sucedido.

No es de extrañar por tanto que el acuerdo de paz que la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda firmaron el 27 de junio en Washington, en presencia del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, y que abre el camino al fin de una guerra de más de treinta años, ocupe ahora un lugar muy especial en la gesta trumpista.

“No ve a ningún jefe de Estado, a ningún líder, sin que le mencione este asunto como un éxito personal”, subraya Rama Yade, directora para África del laboratorio de ideas Atlantic Council en Washington, a Mediapart. “Ha sido como un detonante para él, se ha producido un cambio. Se ha dicho a sí mismo que África puede ser un terreno propicio para el éxito.”

El presidente americano, siempre al acecho de un buen acuerdo, supo aprovechar el que ofrecía a Estados Unidos y a la Unión Europea el presidente de la RDC, Félix Tshisekedi, en febrero en una entrevista al New York Times: acceso a los vastos recursos mineros de su país a cambio de ayuda para presionar a Ruanda a retirarse del este de su país. Donald Trump envió en abril a la RDC a uno de sus asesores, Massad Boulos, que además es el suegro de su hija Tiffany, para impulsar las negociaciones.

Teniendo en cuenta su primer mandato, durante el cual no realizó ni un solo viaje al continente africano y con el que tuvo palabras hirientes, no se esperaba mucho del segundo, pero, según señala Rama Yade , el acuerdo de paz entre la República Democrática del Congo y Ruanda y la reunión celebrada a principios de julio en la Casa Blanca con cinco jefes de Estado africanos han demostrado que Trump “es mucho más intervencionista en África de lo que se pensaba”.

Esta reunión en Washington con los presidentes de Liberia, Senegal, Gabón, Mauritania y Guinea-Bissau permitió a Trump confirmar las prioridades de su política africana, ahora centrada en el comercio y no en la ayuda (trade, not aid, como ya había explicado en Abiyán, Costa de Marfil, el principal diplomático estadounidense en África, Troy Fitrell).

“Estamos pasando de la ayuda al desarrollo al comercio”, explicó Trump a sus invitados, subrayando que su administración había cerrado la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). “Trabajamos sin descanso para crear nuevas oportunidades económicas que involucren a los Estados Unidos y a muchos países africanos. África tiene un potencial económico considerable, como pocas otras regiones del mundo”.

El presidente estadounidense elogió a sus países como “lugares muy dinámicos, dotados de tierras de gran valor, importantes yacimientos minerales y petrolíferos, y una población formidable”, mientras que los presidentes de Liberia, Senegal, Gabón, Mauritania y Guinea-Bissau destacaron los recursos naturales de sus respectivos países y elogiaron al presidente americano, agradeciéndole en particular su ayuda para resolver el largo conflicto entre Ruanda y la República Democrática del Congo.

Pero nadie mencionó, durante la parte del almuerzo abierta a la prensa, las consecuencias del fin de los presupuestos de la USAID y las prohibiciones de entrada o restricciones impuestas desde principios de junio en Estados Unidos a los nacionales de varios países africanos (travel ban). En junio, el ministro de Asuntos Exteriores nigeriano, Yusuf Tuggar, advirtió a Washington tras los rumores sobre la posible inclusión de su país en la lista de países prohibidos. “Nos gustaría llegar a acuerdos con Estados Unidos, pero las restricciones de visado constituyen obstáculos no arancelarios a los acuerdos”, había declarado. “Llegaremos a acuerdos... la única cuestión es con quién”.

Según el Wall Street Journal, Washington también intentó convencer a los cinco jefes de Estado para que acogieran en sus países a personas objeto de una orden de expulsión de Estados Unidos, pero que sus países de origen se niegan a readmitir. Sudán del Sur y Esuatini (anteriormente Suazilandia, ndt) acogieron en julio a ocho y cinco migrantes irregulares expulsados por Washington, respectivamente.

Sin embargo, el ambiente de la minicumbre de la Casa Blanca —aunque Trump, demostrando su desconocimiento del continente, pero también de la historia de Estados Unidos, elogió el "buen inglés" del presidente liberiano, Joseph Boakai— no tuvo nada que ver con la humillante recepción del jefe de Estado sudafricano en mayo en la Casa Blanca. Trump había retomado las acusaciones infundadas de un genocidio de granjeros blancos en Sudáfrica. Una emboscada de la que Cyril Ramaphosa salió bastante bien parado, sin perder la calma.

Un periodista le preguntó por los aranceles que quiere imponer a partir del 1º de agosto y le preguntó si sus cinco comensales los iban a sufrir. “No lo he pensado, pero quizá, no sé”, respondió. “Ya veremos. Me caen bien él, él, él y él. No, no creo. No demasiados. Está muy bien. Ahora son mis amigos.”

Esta forma de comportarse y los halagos de los dirigentes africanos no han sido del agrado de todo el mundo en el continente. En la web de Al Jazeera, un columnista vio en la reunión entre los cinco dirigentes de África Occidental y Trump en la Casa Blanca "una lección magistral de teatro colonial moderno".

En Senegal, la propuesta del presidente Bassirou Diomaye Faye a Donald Trump de invertir en un campo de golf para demostrar su talento en este deporte suscitó críticas. En TV5 Monde, el exalcalde de Dakar, Barthélémy Dias, se mostró sorprendido por esta propuesta y subrayó que Senegal “no es un país de golfistas”. “En Senegal tenemos otros problemas que resolver; problemas de salud, educación, desarrollo sostenible y, sobre todo, de buena gobernanza...”.

El regreso del presidente gabonés, Brice Clotaire Oligui Nguema, a Libreville, con una gorra roja con el lema Make America Great Again, también ha suscitado numerosas reacciones negativas.

En cualquier caso, el África que Trump conoció durante su primer mandato ya no es la misma. Si bien China sigue tan presente como siempre, han surgido otros actores, como Rusia, Irán, Turquía, Qatar, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos... “Hoy en día, el primer inversor en África ya no es China, sino los Emiratos Árabes Unidos”, afirma Rama Yade, directora para África del laboratorio de ideas Atlantic Council.

Prueba de esta nueva situación, frente a Donald Trump, es que el presidente Oligui Nguema se congratuló por las posibles inversiones americanas, pero advirtió: “Nuestro país es libre y está abierto a todos. Son ustedes bienvenidos a venir a invertir. De lo contrario, otros países podrían ocupar su lugar”.

Dos fechas también van a mostrar si esta política africana de Trump resiste las decisiones unilaterales impuestas por Washington. En primer lugar, el 1º de agosto, con el fin de la pausa en los aranceles impulsada por el presidente estadounidense, mientras que, al mismo tiempo, China anunció en junio su intención de eliminar los aranceles sobre todas las importaciones procedentes de África.

La siguiente será en septiembre, con la renovación o no de la Agoa (African Growth and Opportunity Act), la ley sobre el crecimiento y las oportunidades en África, aprobada bajo la presidencia de Bill Clinton y que permite a una treintena de países africanos exportar numerosos productos a Estados Unidos sin derechos de aduana, siempre que cumplan una serie de condiciones (pluralismo político, respeto de los derechos humanos, lucha contra la corrupción, etc.).

Uno de los países que más se ha beneficiado de esa ley al desarrollar su sector textil, Lesoto, ya ha declarado el estado de catástrofe nacional para los dos próximos años debido a la incertidumbre sobre la renovación de la Agoa. En abril, la administración estadounidense impuso un arancel punitivo del 50 % a las exportaciones de Lesoto —el segundo más alto después del de China— antes de anunciar una pausa de tres meses. Pero sigue vigente un arancel residual del 10 %.

Sudáfrica también podría verse gravada con un impuesto elevado, de hasta el 30 %, si no se alcanza un acuerdo antes del viernes. El martes, el presidente estadounidense indicó que “probablemente no asistirá” a la cumbre del G20 en Sudáfrica, prevista para noviembre, al tiempo que reiteró sus afirmaciones sobre una supuesta persecución de los granjeros blancos. Difícil cambiar la naturaleza supremacista, siempre vuelve a salir a relucir...

Traducción de Miguel López

La ONU advirtió este jueves de que, si persisten los recortes de fondos de Estados Unidos para prevenir y tratar el sida, podrían producirse seis millones de infecciones nuevas por VIH y cuatro millones de muertes adicionales relacionadas con la enfermedad para 2030, según informa EFE.

En un informe publicado en Johannesburgo (Sudáfrica), el Programa Conjunto de las naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) afirmó que sus proyecciones apuntan a ese escenario en el caso de una "interrupción permanente" del Plan de Emergencia del Presidente de Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR), que contemplaba unos 4.300 millones dólares de "apoyo bilateral" para este año.

Los programas contra el VIH (virus causante del sida) en todo el mundo, subrayó, afrontan "las drásticas y repentinas reducciones en la financiación de la respuesta mundial al VIH anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos a principios de 2025". "Estos servicios se detuvieron de la noche a la mañana cuando el Gobierno estadounidense cambió sus estrategias de asistencia exterior", indicó el informe, titulado "Sida, crisis y el poder para transformar".

Según el documento, la ola de recortes de fondos desestabilizó las cadenas de suministros y provocó el cierre de centros de salud, dejó a miles de clínicas sin personal, retrasó programas de prevención, interrumpió la detección temprana del VIH y obligó a múltiples organizaciones comunitarias a reducir o cesar sus actividades.

Por ejemplo, sólo en Mozambique más de 30.000 profesionales sanitarios se vieron afectados, mientras en Nigeria el inicio de la profilaxis preexposición (PrEP, tratamiento contra el VIH) se ha desplomado de 40.000 a 6.000 personas al mes.

“Existe el temor de que otros grandes países donantes puedan retirarse de la solidaridad que han mantenido con los países más pobres (...). Si eso ocurre y los recortes y congelamientos actuales continúan, décadas de avances en la respuesta al VIH podrían revertirse y el objetivo de acabar con el sida como amenaza para la salud pública (para 2030) estaría en peligro", alertó ONUSIDA.

Según la ONU, 1,3 millones de personas se contagiaron de VIH en 2024, un 40% menos que en 2010, de los que la mitad se encontraban en África subsahariana, donde el año pasado cayeron los contagios un 56%. En 2024, 630.000 personas -el 61% de ellas en África subsahariana- murieron por causas relacionadas con el sida, un 54% menos que en 2010 gracias a la provisión de exámenes y tratamientos gratuitos.

"Cinco países (Lesoto, Malaui, Nepal, Ruanda y Zimbabue), en su mayoría de África subsahariana, estaban en camino de alcanzar una reducción del 90% en las nuevas infecciones para 2030 en comparación con 2010", precisó el informe.

En el documento, presentado en el hospital público Bertha Gxowa de Johannesburgo, la directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, afirmó que la asistencia internacional representa el 80% de los programas de prevención en países de bajos y medianos ingresos.

El recorte de ayuda estadounidense "no es sólo un déficit de financiación, es una bomba de relojería", declaró Byanyima, al recordar que "la respuesta al VIH ya ha salvado 26,9 millones de vidas".

En África subsahariana, donde vive más del 60% de todas las personas con VIH, la provisión de terapia antirretroviral, entre otros avances, ha conducido a un repunte de la esperanza de vida, que pasó de 56,5 años en 2010 a 62,3 años en 2024.

Pese a todo, la directora ejecutiva de ONUSIDA señaló que "aún hay tiempo para convertir esta crisis en una oportunidad".

"Los países -aseveró- están intensificando su apoyo con fondos nacionales. Las comunidades están demostrando lo que funciona. Ahora necesitamos una solidaridad global que esté a la altura de su valentía y resiliencia".

ONUSIDA estima que, si el mundo adopta nuevas tecnologías, eficiencias y enfoques, el costo anual de la respuesta al VIH podría reducirse en 7.000 millones de dólares.

"En tiempos de crisis, el mundo debe optar por la transformación en lugar de la retirada. Juntos, aún podemos acabar con el sida como amenaza para la salud pública para 2030 si actuamos con urgencia, unidad y un compromiso inquebrantable", concluyó Byanyima.

Los africanos acuden a nuestras costas obligados a huir de la miseria. Totalmente de acuerdo con que vengan. 

Sin embargo, cada vez que llega un bebé, su padre “produce” otro en su lugar de origen (el descontrol de la natalidad es absoluto). Carecen de anticonceptivos y no han interiorizado el concepto de castidad.

De joven he viajado, mochilera, por gran parte de África. Llama la atención el sufrimiento de las madres y de los enfermos; la desnutrición de los bebés. Está lleno de leprosos.

Las misiones de la Iglesia Anglicana reparten anticonceptivos. Pero ni los católicos ni los Ulemas musulmanes se los dan. Solo ayudan a los que ya han nacido, les dan antibióticos, dejan que sobrevivan a sabiendas del sombrío futuro que les espera y que no tardará en llegar.

¿Por qué nace tanta gente? No son el resultado de la necesidad, ni de la planificación, sino del impulso más placentero, el único lujo al que pueden aspirar. 

Tras el orgasmo, solamente masculino, a las mujeres les crece la barriga y en pocos años se han convertido en unas viejas entristecidas de kilométricos pechos vacíos por la fuerte succión de los recién nacidos, que se suceden en un rosario infinito y solo sueltan la teta cuando nace el hermano que los viene a reemplazar.

El papa Francisco –dice Cercas– abomina del aborto (comprensible) y de los anticonceptivos. Y eso, creyente en Dios o no,  me parece intolerable. 

China nos recuerda que con la política del hijo único, evitó el nacimiento de 300 millones de personas. ¿Qué hubiese pasado en el mundo si hubiesen nacido? ¿Qué nos pasaría a los europeos si, por falta de control, tuviésemos quince hijos cada una?

Mi petición al papa es simple: ¿Por qué no se incluyen los anticonceptivos como prioridad para ayudar a las familias pobres que dependen de  la Iglesia?

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Mercè Carandell Robusté es socia de infoLibre.

ClientEarth y Oceana han presentado una demanda ante la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la Dirección General del Pesca del Ministerio de Agricultura por no investigar ni sancionar ni supervisar "eficazmente" a barcos de pesca que desactivan su Sistema de Identificación Automática (AIS) en Guinea Bissau y Senegal. Ambas organizaciones ecologistas ponen el foco tanto en embarcaciones españolas como en empresarios españoles beneficiarios de barcos con banderas de terceros países que apagan el radar durante periodos prolongados ante el grave riesgo de pesca ilegal en África Occidental.

"Lo que nos desconcierta es por qué estos barcos apagan sus señales públicas de identificación, quedándose a oscuras durante periodos tan largos. Esta falta de transparencia podría estar relacionada con el fraude", explica el abogado Nils Courcy de ClientEarth que apunta que han pedido a las autoridades españolas que investiguen más a fondo estos barcos aunque "se han negado a hacerlo": "Ahora vamos a acudir a los tribunales para exigir que cumplan sus obligaciones legales".

Las autoridades españolas, según detallan desde ambas ONG, se aferran a un "supuesto varío legal" para eludir sus obligaciones ya que alegan que carecen de jurisdicción para investigar y sancionar a sus ciudadanos y empresas potencialmente involucrados en pesca ilegal fuera de las aguas de la UE, a menos que figuren en listados oficiales de buques implicados en actividades de pesca ilegal.

Un análisis de Global Fishing Watch muestra que varias embarcaciones con bandera española que operan en Senegal y Guinea Bissau parecen desactivar su AIS durante periodos de tiempo significativos, lo que supondría una clara infracción de la normativa pesquera de la Unión Europea (UE). Las mismas prácticas también se han detectado en barcos galos pero, por ahora, no se plantean acciones legales contra Francia.

Los buques de propiedad extranjera, incluidos los españoles, representan el 73% de la flota industrial de África Occidental y preocupa que la falta de control en el mar y en los puertos pueda estar permitiendo la pesca ilegal. Según detallan ClientEarth y Oceana, las comunidades locales de la región se enfrentan a consecuencias desastrosas derivadas de la reducción de los stocks pesqueros, como riesgos para la seguridad alimentaria, pérdida de empleo y migración forzosa.

En mayo de 2024, la Comisión Europea ya amonestó a Senegal con una "tarjeta amarilla" como muestra de su preocupación por la falta de capacidad del país para prevenir la pesca ilegal. Pero no es solo responsabilidad de Senegal evitar esta práctica: los países europeos también tienen la obligación legal de supervisar sus flotas y operadores que faenan en aguas de terceros países, detallan ambas ONG.

La Conferencia de Berlín reunió en 1885 a las potencias occidentales para repartirse África. Los europeos llevaban ya largo tiempo esquilmando el continente, pero el congreso en la ciudad alemana le dio al saqueo un carácter legal. España estuvo presente, pero con el imperio español en pleno declive –apenas le quedaban trece años para perder sus últimas posesiones ultramarinas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas– su peso internacional ya no era el de antaño y su intervención quedó limitada a actuar como testigo.

En Berlín no hubo representación de ningún país africano, pero tras el simposio se inició una carrera colonialista –liderada por británicos, franceses, belgas y alemanes– de expediciones científicas y militares para analizar sobre el terreno los rendimientos económicos y acantonar tropas que protegiesen y controlasen los nuevos territorios conquistados frente a otros competidores.   

Desde entonces, la depredación económica ha sido constante en África, dejando un continente asfixiado, sin pulso y sin margen para desarrollarse internamente, y con los niveles de corrupción, inseguridad y pobreza más elevados del planeta. Algo muy parecido ha ocurrido en América Latina. 

Con este escenario, no puede sorprender que en la actualidad lleguen a Europa cientos de miles de migrantes cada año huyendo de la miseria. Estos desheredados de la tierra ponen sus vidas en juego porque no tienen nada que perder: nadie se sube a una patera si no es por total desesperación. 

La globalización ultraliberal ha provocado un aumento generalizado de la desigualdad, con un enorme crecimiento de grandes fortunas y unas clases trabajadoras depauperadas que están viendo mermados sus niveles de renta. Esto no sólo ocurre en el Tercer Mundo, donde las oligarquías locales controlan los dividendos mientras la inmensa mayoría de la población vive en la pobreza: es una dinámica extendida a las sociedades occidentales, donde tanto migrantes como la mayor parte de los nacionales cada vez lo tiene más difícil para sobrevivir.   

Según el informe de Oxfam La ley del más rico, “desde 2020, el 1% más rico ha acaparado casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada en el mundo, casi el doble que el 99 % restante; la fortuna de los milmillonarios aumenta en 2.700 millones de dólares cada día, mientras que los salarios de al menos 1.700 millones de trabajadores, más que la población de India, crecen por debajo de lo que sube la inflación; en 2022, las empresas energéticas y de alimentación duplicaron con creces sus beneficios, distribuyendo 257.000 millones de dólares en dividendos a sus ricos accionistas, todo ello mientras más de 800 millones de personas se iban a la cama con hambre cada noche”.

Mientras la desigualdad y la pobreza aumentan, la necesidad de mano de obra extranjera crece en sociedades como la española. Aunque muchos no quieran reconocerlo, España precisa inmigrantes para mantener su tasa de beneficios: se han convertido en un componente fundamental en el engranaje capitalista y en el funcionamiento del Estado de bienestar. La migración, sobre todo la africana, con bajos índices de cualificación, ha desembarcado en el sector servicios (hostelería, transportes, comercio, mensajería), así como en la agricultura y la construcción. Además de económicas, las motivaciones para emigrar son, en su mayoría, políticas, medioambientales o por causa de las guerras. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, los españoles delinquen más que los extranjeros en términos absolutos: en 2023 el 72,3% de los condenados por delitos penales era de nacionalidad española. Asimismo, el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior aclara que el número de encarcelados extranjeros en prisiones españolas ha descendido un 35% en los últimos 15 años, al pasar de 27.162 en 2009, el máximo histórico, a 17.793 a finales de 2023, mientras que los reclusos españoles han caído un 20%. El ministerio cifra en 56.698 el total de internos en las prisiones, de los que 39.005 son españoles.

Los partidos de derecha y ultraderecha juegan al embuste con el ‘efecto llamada’ y la relación entre migración y delincuencia, con el objetivo de sembrar miedo en la sociedad. El miedo a la inmigración está en la agenda política y las redes sociales son la plataforma perfecta para propagarlo. En este contexto el rey es Trump, que azuza el rechazo al inmigrante siempre que tiene ocasión; y en España le secunda Vox, que rompió sus cinco coaliciones autonómicas con el PP porque los de Feijóo aceptaron repartir por la Península 400 menores migrantes llegados a Canarias. Los populares, empero, están asimilando el discurso de la ultraderecha por temor a la fuga de votos, y Feijóo llegó a pedir el apoyo a su partido en las pasadas elecciones catalanas para que los inmigrantes “no ocupen nuestros domicilios”. Por su parte, Jorge Buxadé, portavoz de Vox en continua campaña de bulos, declaró en abril de 2023: “La inmigración ilegal, por su propia denominación, es delincuencia”. 

El asesinato de un menor de once años en Mocejón (Toledo) fue utilizado por el ultra Alvise Pérez para relacionar, una vez más, inmigración con delincuencia, y criminalizar sin pruebas a personas extranjeras. En su campaña de manipulación, el agitador de bulos publicó en su canal de Telegram -más de 700.000 seguidores- que la llegada al pueblo de cincuenta africanos había desatado una ola de robos y violaciones y la muerte del menor. La investigación policial determinó, una vez más, que el asesino es español, vecino de Madrid y con vínculos familiares con el municipio. 

Las migraciones son fenómenos que se producen desde tiempos inmemoriales. Pero cuando los flujos de personas se impiden u obstaculizan, generalmente ocurren tragedias con muertos y heridos. Los desplazamientos son inevitables y a lo largo de la historia han adoptado distintas formas, pero si se llevan a cabo de manera ordenada y reglamentada todos podrían ganando: migrantes y países de origen y destino.  

Según el barómetro del CIS de febrero, los españoles sitúan la inmigración en el sexto puesto en el orden de problemas que tiene el país, por debajo de la vivienda, la economía, el desempleo o la inestabilidad política. Pero cuando la derecha agita el avispero con sermones xenófobos y fines electoralistas, la preocupación social por la inmigración se dispara.

La Conferencia del Berlín sirvió para instaurar un sistema legalizado de violencia sobre el continente africano. La arbitraria red de fronteras que allí se trazó para dividir los territorios mejoró la cooperación entre los europeos, pero espoleó gravemente las luchas tribales y los conflictos territoriales, dificultando el progreso económico y social hasta la actualidad. La explotación extranjera de los recursos africanos ha provocado una relación de dependencia con los colonizadores, que ha trazado la trayectoria de un continente cuyo futuro se vislumbra trágico con la irrupción en el tablero geopolítico de un país como China, que se ha lanzado a la conquista africana con importantes inversiones en infraestructuras y explotación de recursos. 

Rusia extiende también sus tentáculos sobre un territorio que sólo es visto como un gigantesco mercado por estas nuevas potencias, que únicamente buscan garantizarse el control de materias primas y rutas comerciales, mientras los africanos siguen pagando la desigualdad y la pobreza, y poniendo en riesgo sus vidas en el mar en busca de un futuro que, lamentablemente, nunca está garantizado. 

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Daniel Leguina es periodista, historiador y jefe de prensa de la Fundación Alternativas.

¿Ha hecho Francia todo lo que podía o debía para garantizar la seguridad de la población de Mayotte cuando se acercaba el ciclón Chido, que devastó el departamento el 14 de diciembre? Esta pregunta se plantea desde que las primeras imágenes de la isla mostraron la magnitud de los daños. Muchas casas de construcción, incluidas algunas de las más exclusivas, tenían los tejados arrancados y los cristales rotos.

También edificios públicos, entre ellos varias escuelas. Pero los barrios de chabolas fueron, con diferencia, los más afectados. Los testimonios recogidos sobre el terreno lo confirman. “No queda ni una casa de chapa en pie”, declaraba Anssiffoudine Port Saïd, un sindicalista, veinticuatro horas después del paso del ciclón.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INSEE), en esos barrios vivían cerca de 100.000 personas, de una población total estimada en 320.000 habitantes. Una gran parte de ellos son comorenses procedentes de las demás islas del archipiélago, residentes legales o no, pero también hay “franceses nativos de Mayotte”, según la terminología oficial.

Según las autoridades, sólo 10.000 personas acudieron a los lugares de refugio (escuelas y gimnasios) que se abrieron en las horas previas a la llegada del ciclón, algunos de los cuales no pudieron resistir los vientos. ¿Qué pasó con los demás? ¿Y por qué no fueron a esos refugios?

Chido se detectó en la noche del 5 al 6 de diciembre. La noche del 8 al 9 se convirtió en tormenta tropical, y cuarenta y ocho horas después en ciclón. El 11 de diciembre, la prefectura emitió una pre-alerta: Chido avanza rápidamente y parece dirigirse hacia Mayotte. Coincidencias de calendario, ese mismo día, la prefectura había anunciado el final de una importante operación de demolición comenzada diez días antes, durante la cual “se demolieron 468 chozas” en un ambiente tenso, bajo la atenta mirada de 150 gendarmes de refuerzo. De las 236 familias desalojadas, sólo 52 aceptaron ser realojadas.

“La mayoría de las familias se negaron porque el nuevo alojamiento, disponible para un máximo de tres meses la mayoría de las veces, estaba demasiado lejos de la escuela. Tenían que sacar a sus hijos de la escuela o pagar grandes sumas por el transporte", explica Daniel Gros, representante de la Liga de Derechos Humanos (LDH) en Mayotte. Desde el paso de Chido, no han tenido noticias de ellos y no saben dónde se han refugiado.

Dos días después, el 13 de diciembre, se decretó la alerta naranja a las 7 de la mañana. Esto significaba que las escuelas tenían que cerrar y que las barcazas que unen la Petite-Terre y la Grande-Terre tenían que dejar de funcionar a partir de las 17:30 horas. La prefectura aconseja a los ciudadanos que lleven el equipo necesario (agua, comida, linternas, etc.), limiten sus movimientos y consulten la lista de 71 “refugios seguros” disponibles en los diecisiete municipios de la isla.

Se envían mensajes a los teléfonos y se emiten por radio y televisión, sobre todo en lenguas locales. A las 22:00 horas se lanza la alerta roja: se pide a la población que se encierre “en una vivienda sólida”, con agua y alimentos, y se aconseja evitar el uso del teléfono “para permitir a los servicios de emergencia disponer de las redes”. Finalmente, se anunció una alerta violeta a las 07:00 del día siguiente. Tres horas más tarde, el temporal, de una violencia sin precedentes, azotaba toda la isla, principalmente el norte.

¿Llegaron esos mensajes a los habitantes de las chabolas, algunas de las cuales se encuentran en lo más profundo del bosque? Y si es así, ¿los han entendido? Houssam (no quiere que se conozca su apellido), un mecánico de 34 años que vive con su mujer y sus tres hijos en las laderas de Cavani, un barrio de Mamoudzou, se encuentra en situación irregular y afirma que en su zona “todo el mundo lo sabía”. Daniel Gros, que está en contacto con los habitantes de esas zonas desde hace años, coincide con él: “La gente corrió la voz. Se enteraron por la radio y el boca a boca hizo el resto”.

Pero Fahad Idaroussi Tsimanda duda de que la noticia llegara a todas partes. Doctor en geografía, este especialista en riesgos naturales ha visitado varios barrios de chabolas de Mayotte en los últimos años. “En esas zonas, la gente no tiene ni televisión ni electricidad. Muchos no han recibido la información directamente”, afirma. En un estudio dedicado a la “vulnerabilidad socioeconómica de los emigrantes comoranos en Mayotte”, señala que el 94,3% de las viviendas de los barrios que visitó no tenían electricidad. Tampoco tenían agua el 95,9%.

Para el investigador, la falta de información puede explicar el hecho de que sólo una pequeña minoría de los habitantes de esos barrios haya acudido a los lugares propuestos por el Estado. Pero incluso si hubieran sido informados, no habría habido mucha diferencia, opina: “La información viene de arriba, y esa gente no confía en el Estado. Hay que replantearse la forma de hacer llegar estos mensajes, adoptar un enfoque más horizontal, trabajar a través de asociaciones o de la Cruz Roja”.

Allí se aducen también otras razones. Algunos pueden haber tenido miedo de que, al abandonar su hogar, les robaran lo poco que tenían. Otros pueden haber subestimado la fuerza del ciclón. “Francamente, no pensaba que fuera a ser tan violento”, admite Houssam. “De haberlo sabido, me habría refugiado en una escuela con mis hijos, porque estábamos muy, muy asustados. Pero cada año, más o menos, se anuncia un ciclón, y no siempre es tan violento.”

Desde 1976 han pasado cerca de Mayotte doce ciclones. El más conocido es Kamisy, en abril de 1984. Aunque dejó una huella imborrable en la mente de la gente, sólo los más viejos lo recuerdan. Y es que en Mayotte la mitad de la población tiene menos de 18 años. Entre 2014 y 2019, tres ciclones amenazaron Mayotte (Helene, Kenneth y Belna), pero ninguno de ellos tuvo consecuencias dramáticas.

Houssam se acuerda de Belna: “Nos dijeron que sería un infierno, pero en realidad no fue tan malo, solo algunos trozos de chapa volando”. En aquel momento, ya se había negado a ir a un lugar de refugio para “evitar el riesgo de ser controlado” y deportado a la isla de Anjouan, de donde es originario.

La diputada Dominique Voynet, directora de la agencia regional de salud en Mayotte de 2019 a 2021, también se acuerda de Belna. En aquel momento pudo comprobar la falta de preparación tanto de las autoridades como de la población. En los últimos días, ha repetido una y otra vez que en Francia “no tenemos una cultura del riesgo”.

Pero hay otra explicación para el rechazo de algunos chabolistas a incorporarse a los centros de acogida que ofrece el Estado, la mencionada por Houssam: el miedo a ser controlado, detenido y deportado. Como en 2019, fue una idea que se le pasó por la cabeza al mecánico. “Es imposible no pensar en ello. La policía está en todas partes, a todas horas, y a la mínima oportunidad te pilla y te mete inmediatamente en el barco”, dice. “El Estado es percibido como una amenaza por esas personas, no es un aliado, no puede protegerles, es un acosador”, añade Daniel Gros.

En una entrevista concedida a la revista Marianne, el senador Saïd Omar Oili, que vive no lejos de una conocida barriada de chabolas, La Vigie, en Petite-Terre, hace la misma observación: “La gente pensaba que las alertas de ciclón eran una trampa, porque están traumatizados con lo que ha pasado antes”.

Y cita un ejemplo: “Hay un autobús que circula por Mayotte para tratar a los enfermos de sida, cuyo número aumenta de forma preocupante, pero la gente no acude porque la policía suele aprovechar esos momentos para pillarlos”.

Ese miedo a caer en la trampa está muy extendido, y tiene su historia. Desde hace unos veinte años, el Estado ha empezado a aumentar el número de expulsiones. Cuando Nicolas Sarkozy era ministro del Interior, se lanzó una auténtica caza de “sin papeles”.

Comenzó en 2006, cuando se deportó a más de 13.000 personas (frente a 6.000 en 2005). Desde entonces, no ha dejado de intensificarse:  en 2023 han sido deportadas más de 25.000 personas (el mismo número en 2022), una media de 70 deportaciones al día.

Estos resultados han sido posibles por las leyes de excepción sobre los derechos de los extranjeros: la policía de fronteras puede por ejemplo realizar controles de identidad en cualquier lugar y en cualquier momento. Igualmente por la velocidad excepcional en las deportaciones: según La  Cimade, una persona es deportada de media 17,5 horas después de ser controlada, un tiempo excepcionalmente corto. Pero también por prácticas cuestionables, contestadas por las organizaciones de defensa de los extranjeros.

“La policía no respeta nada y aprovecha cualquier oportunidad”, afirma un ex activista de La Cimade en Mayotte, que pidió el anonimato. “Se centran por ejemplo en los lugares donde los inmigrantes sin papeles están especialmente expuestos”. No es raro ver a agentes de la policía de fronteras realizando controles cerca de centros de salud, así como de colegios e institutos, pero no delante de la entrada, sino en las calles adyacentes.

“Cuando los niños salen del colegio, sus padres no vienen a recogerlos porque temen ser controlados y devueltos a su país de origen”, cuenta Saïd Omar Oili. Lo mismo ocurre con la prefectura, etapa esencial para regularizar la situación de los extranjeros. “Por ejemplo, la policía no va a la oficina de extranjeros, sino al principio de la calle que lleva a ella”, señala Daniel Gros.

Estas prácticas son vistas como artimañas por los inmigrantes ilegales. Para Zainaba (tampoco quiere dar su apellido), que vive en el barrio de chabolas de Kawéni, la experiencia habla por sí sola. El 14 de diciembre se negó a ir a un refugio oficial. Con sus hijos, se agarró a lo que pudo cuando el viento se llevó el tejado de chapa de su casa.

Por nada del mundo se habría arriesgado a meterse en la boca del lobo. “Hace cuatro años me pararon en la puerta de la escuela donde iba a recoger a mi hija”, recuerda. “Me deportaron a Anjouan. Afortunadamente, pude volver y cuidar de mis hijos. Pero desde entonces tengo mucho cuidado.”

"Esta gente ya no confía en el Estado. Desde su punto de vista, no sólo no hace nada por ellos, sino que incluso es una amenaza: no es un aliado, es un agresor”, afirma Daniel Gros. Cita el caso de una familia conocida que se negó a acudir a un centro de acogida el 14 de diciembre: a la madre, explica, acababan de denegarle la renovación del permiso de residencia, a pesar de que lo tenía desde hacía quince años, alegando que no había dado su dirección correcta.

En un análisis publicado en The Conversation el 18 de diciembre, Clémentine Lehuger, doctora en Ciencias Políticas que hizo su tesis sobre las prácticas del Estado en Mayotte, afirma que “hoy podemos formular la hipótesis de que la política de lucha contra los sin papeles ha contribuido a debilitar a una parte de la población al excluirla de los dispositivos de acogida previstos antes del paso del Chido”.

Ya durante las crisis del covid (en 2020) y del agua (en 2023), la investigadora había constatado que “varias asociaciones y miembros de los servicios sanitarios habían expresado sus dificultades para poner en marcha la gestión de crisis en una zona en la que una gran parte de la población temía a los poderes públicos”.

Traducción de Miguel López

La distribución de agua y comida a los habitantes del archipiélago del océano índico Mayotte comienza este miércoles, con el objetivo de poder alcanzar al 75% de la población para el fin de semana, según anunció el ministro en funciones, François Noël Buffe, y ha recogido EFE.

Unas 120 toneladas de alimentos se entregarán en las dos principales islas del territorio francés del Índico, arrasado el pasado sábado por el ciclón Chido, en un proceso que se prevé que alcance a la mitad de los 320.000 habitantes. La ayuda está llegando en aviones militares de carga, y además, este jueves está prevista la llegada de un buque militar con 180 toneladas de productos de primera necesidad.

El presidente del consejo departamental, Ben Issa Oussemi, alertó de que harán falta "miles de millones" de euros para la reconstrucción del territorio, según dijo en la radio pública FranceInfo. Aún así, insistió en que "la urgencia, hoy en Mayotte, son el agua y los alimentos".

De momento, y mientras los equipos de emergencias llegan al conjunto del territorio, se mantiene el balance de 22 muertos, 45 heridos graves y algo más de 1.300 heridos leves. Sin embargo, se trata de una cifra "provisional", reconoció el ministro del Interior, Bruno Retailleau, en unas declaraciones al canal BFM en las que avisó de que el balance final será "muy importante" pero sin atreverse a dar estimaciones.

El prefecto de Mayotte (delegado del Gobierno central) había dicho el pasado domingo que la cifra de muertos podría alcanzar "varios centenares" e incluso "millares".

Mayotte, el departamento más pobre de Francia, con casi el 80% de la población bajo el umbral de pobreza, se encuentra bajo un toque de queda para tratar de garantizar la seguridad y evitar saqueos, y dos gendarmes resultaron heridos levemente por el lanzamiento de objetos, añadió Retailleau.

El presidente Emmanuel Macron emprenderá durante la noche de este miércoles el largo viaje al territorio, situado a 8.000 kilómetros de la metrópoli, para asegurar a los habitantes el compromiso del Estado con la ayuda y la reconstrucción y supervisar la marcha de las operaciones.

Las donaciones realizadas por los ciudadanos podrán beneficiarse de una desgravación fiscal del 75%, hasta un máximo de 1.000 euros, cuando se dirijan a fundaciones y asociaciones reconocidas de utilidad pública, anunció la oficina del primer ministro, François Bayrou, a fin de animar al envío de ayuda a nivel privado.

Francia se prepara para afrontar una de sus peores catástrofes humanitarias de este siglo tras el paso este sábado del ciclón tropical Chido en las islas Mayotte, en el Índico, donde, según estimaciones de la delegación del Gobierno de este departamento, se teme que haya causado "varios cientos de muertos" e incluso "millares" debido a la destrucción de los grandes barrios de chabolas del territorio. Oficialmente, el balance de víctimas se mantiene en 11 muertos.

En una entrevista al canal público Mayotte la 1er, el delegado del Gobierno francés en el departamento de Mayotte, François-Xavier Bieuville, adelantó que será "muy difícil" establecer un balance final y, en sus peores previsiones, los fallecimientos se acercarán "al millar e incluso a los varios miles". En caso de que se confirmen estas cifras, el ciclón Chido en Mayotte será una de las peores catástrofes en Francia del presente siglo.

Contactado por EFE, portavoces del Ministerio del Interior de Francia puntualizaron que lo declarado por Bieuville, que dirige la célula de crisis en el terreno, es más "una impresión" que un conteo y que, en este momento, "es imposible de saber" el número de víctimas.

En su entrevista televisiva, Bieuville explicó uno de los motivos por los que el recuento final de víctimas mortales será complicado a establecer. "Temo que haya fallecimientos que ni siquiera podremos contabilizar oficialmente porque la tradición musulmana (religión mayoritaria en Mayotte) establece que las personas tienen que ser enterradas en 24 horas" tras su deceso, apuntó el representante gubernamental.

Antes de su entrevista en Córcega con el papa Francisco, el presidente francés, Emmanuel Macron, prometió "actuar" y transmitió su pesar a quienes "han sufrido, durante estas últimas horas, lo más terrible, algunos habiendo perdido todo, incluso la propia vida". El propio pontífice también dedicó unas palabras para los habitantes de Mayotte en el inicio de su corta visita a Ajaccio, capital de Córcega.

Las islas, que cuentan 320.000 habitantes y están a 8.000 kilómetros de París, cerca de Madagascar, resultaron devastadas el sábado por los vientos de un ciclón que llegó a tener rachas de 220 kilómetros a la hora. Cerca del 80 % vive bajo el umbral de la pobreza y su población ha aumentado en casi un 50 % en el último decenio debido a la inmigración irregular.

Este departamento, considerado el más pobre de Francia, cuenta además con al menos 100.000 viviendas precarias, la mayor parte de ellas destrozadas el sábado. Hay falta generalizada de electricidad y agua potable.

El hospital de Mamouzou ha sufrido graves daños y el 70 % de los servicios del hospital no funcionan con lluvia que entra libremente en parte de las instalaciones, explicó uno de los jefes de servicio del hospital a la emisora pública FranceInfo. Como consecuencia, el centro hospitalario está evacuando a los heridos más graves al archipiélago francés de la Reunión, también en el Índico. "Desde ayer hay centros de acogida que no tienen comida ni agua", señaló a FranceInfo la senadora del archipiélago Salama Ramia.

El aeropuerto internacional de Mamoudzou está cerrado para los vuelos comerciales y gran parte de las carreteras también. El Gobierno francés enviará, en diferentes fases, hasta 800 efectivos de policía y de salvamiento civil mientras ya ha aterrizado en la capital Mamoudzou un avión de transporte militar que contiene ayuda humanitaria. La primera tarea será reparar la torre de control del aeropuerto y permitir la reapertura total de las instalaciones para la llegada de aviones civiles.

Las autoridades francesas han establecido un puente aéreo para llevar ayuda de urgencia a las islas Mayotte. Un primer avión llegó el domingo al aeropuerto de la capital Mamoudzou con ayuda y para servir de centro de organización logística y canalizar la ayuda que llegará en sucesivos vuelos, procedentes inicialmente del archipiélago de la Reunión, en el Índico.

Uno de los temores de París son los pillajes en tiendas y viviendas en un departamento ya empobrecido y que lidia con altas tasas de inmigración. El hecho de que Mayotte se encuentra muy cerca del archipiélago de Comoras, y no lejos de Madagascar, ha facilitado la llegada de inmigrantes indocumentados que buscan tener hijos allí a fin de que los niños alcancen la nacionalidad francesa por el "derecho de suelo". Todo ello complica la contabilidad de víctimas y el encaminamiento de la ayuda hacia personas que quieren estar bajo el radar de las autoridades. 

La delegación del Gobierno decidió levantar el aviso rojo para permitir a los habitantes a que se desplacen con libertad, tras un confinamiento desde este sábado por la mañana.

Macron presidirá esta tarde la primera reunión de una célula de crisis en París. Los ministros en funciones del Interior y de Ultramar, Bruno Retailleau y François Noël Buffet, respectivamente, se han desplazado al archipiélago y se espera su llegada para este lunes.

La migración circular, que el PP está criticando y que considera una “invitación” a la llegada de migrantes de otros países, no es otra cosa que un mecanismo de ordenación de la llegada de trabajadores extranjeros con contrato a partir de las necesidades de las empresas españolas, en particular de la agricultura y el sector textil. Ni siquiera es el único mecanismo: existen otros, como la normativa de migración cualificada a través de la Unidad de Grandes Empresas o las formas disponibles de contratación para personas que ya se encuentren en España, como el arraigo para la formación.

La circular es “un ejemplo paradigmático” de migración regular, ordenada y segura que ofrece una “triple ganancia”. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, permite a las personas encontrar oportunidades en el extranjero sin romper los vínculos con su país en origen; favorece que empresas encuentren los perfiles cualificados que requieren; y es, a nivel bilateral, una herramienta de cooperación y relación entre países a nivel internacional.  

Al líder del PP, sin embargo, parece que no le gusta. Este miércoles publicó una anotación en redes sociales considerando este mecanismo una manera “irresponsable” de “alentar un efecto llamada en la peor crisis de migración irregular” que, según él, vive nuestro país. Sólo parece, porque a continuación defiende la llegada de migrantes si tienen contrato y si firman una inexistente “carta de cumplimiento de nuestras leyes”.

La migración circular está regulada por una ley que autoriza al Gobierno a aprobar, de acuerdo con la situación nacional de empleo, una previsión anual de las ocupaciones y, en su caso, de las cifras previstas de empleos que se puedan cubrir a través de esa vía de gestión colectiva de contrataciones en origen en un período determinado, a los que solamente tendrán acceso aquellos trabajadores extranjeros que no residan en España. Este año, por ejemplo, la Orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen (GECCO) para 2024 se publicó en el BOE de 20 de diciembre. Esta contratación podrá realizarse para cubrir puestos de naturaleza estacional, de temporada o campaña.

Una reforma del reglamento de extranjería simplificó en su momento los procedimientos. Gracias a ellos, se otorga a las personas, a través de un contrato fijo discontinuo, una autorización de cuatro años de duración, que habilita a trabajar un máximo de 9 meses al año. Esto permite que puedan venir todos los años a trabajar, y retornen tras ese periodo con las garantías establecidas en su contrato de que serán convocados en la siguiente estación o temporada. Antes de la reforma, estos proyectos tenían que tramitarse año a año, y ahora mismo se hace una vez cada cuatro, reduciendo de manera muy relevante todas las cargas administrativas para empresas y para las personas que migran.

La Dirección General de Gestión Migratoria del Ministerio es la encargada de ponerse en contacto con la Embajada de España en el país en cuestión, quien pone en conocimiento de las autoridades locales las ofertas de empleo. Si el país considera que puede satisfacer esa demanda, pone en marcha el proceso de selección de trabajadores.

España trabaja con programas de migración circular desde 2000, cuando gobernaba José María Aznar. Fue entonces cuando se recogió el procedimiento en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 

En los últimos años, sobre todo tras la reforma del reglamento de extranjería de 2022, se modificaron las cuestiones relativas a la determinación de la situación nacional de empleo, las figuras de arraigo (arraigo para la formación), y se adaptó el reglamento en lo que impactaba la reforma laboral. En la actualidad, asegura el ministerio, es una herramienta para cubrir las demandas del mercado laboral español, pero también para la cooperación con los países de origen, ya que en muchos casos incluye la formación de los trabajadores y el consiguiente beneficio para sus comunidades cuando regresan.

Los empleadores que desean contratar a través del procedimiento de gestión colectiva de contrataciones en origen presentan las solicitudes por sí mismos, o a través de las organizaciones empresariales. La selección la lleva a cabo la Comisión de selección, formada por los representantes de la Dirección General de Migraciones y/o de la correspondiente misión diplomática, por los órganos competentes en el país de origen y, a elección del empleador, por sus representantes directamente o por organizaciones empresariales. La participación de los empleadores ofertantes es obligatoria cuando el volumen de la oferta o el perfil profesional solicitado lo haga necesario, así como cuando se realicen pruebas prácticas a los trabajadores.

Las ofertas de empleo se orientan a los países con los que España tiene suscritos acuerdos sobre regulación y ordenación de flujos migratorios. En 2022, se firmaron convenios con países como Marruecos, Colombia, Honduras y Ecuador, y vinieron 19.100 trabajadores a España. Posteriormente, en 2023, se amplió a otros tres países (Senegal, Argentina y Uruguay) y se beneficiaron unas 17.200 personas. 

Este año, ya son Colombia, Ecuador, Honduras, Perú, Guatemala, Uruguay, Argentina, Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia, aunque también hay Estados con los que España mantiene instrumentos de colaboración en esta materia: Guinea, Guinea Bissau, Cabo Verde, Mali, Níger, México, El Salvador, Filipinas y Paraguay. Hasta la fecha, las cifras que se manejan son de 20.515 trabajadores.

Sin embargo, su presencia en España es muy variable. En el segundo semestre de 2023 únicamente había 1.515 trabajadores acogidos a estos programas, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo. 

El Ministerio de Inclusión pone como ejemplo de “de éxito” de este mecanismo el programa Wafira, destinado a mujeres marroquíes empleadas en la recogida de frutos rojos en Huelva y que incluye formación en emprendimiento del que se han beneficiado ya 173 mujeres. 

El proyecto Wafira, que ha sido cuestionado por asociaciones de defensa de derechos humanos, comenzó en octubre de 2021 y se extenderá hasta febrero de 2025. Tiene un coste total de 3,25 millones de euros, cofinanciados por la Unión Europea a través del mecanismo Migration Partnership Facility (MPF). El diseño, implementación y monitorización periódica del proyecto corresponde a los gobiernos de España y Marruecos, que fortalecen así las relaciones entre ambos países sobre la base de la colaboración en materia de migración regular.

Una vez finalizado el programa, las trabajadoras participantes regresan a su país, donde reciben asistencia tanto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como de las instituciones marroquíes para la puesta en marcha de los negocios en sectores como comercio, restauración, explotaciones agrarias y ganaderas, entre otros.

La migración circular, junto a otros programas como el Plan Nacional de Reasentamiento de refugiados, que facilita empleo a personas refugiadas, forman parte de la estrategia migratoria del Gobierno sobre la base de que diversos estudios, de la ONU, Comisión Europea, el FMI, la Airef o el Banco de España, aseguran que nuestro país necesita del orden de 300.000 trabajadores migrantes al año para sostener el estado del bienestar.

En estos momentos está en trámite de audiencia pública una reforma integral del Reglamento de Extranjería y que supondrá, según el Gobierno, “un impulso para la simplificación de estas vías de cooperación y relaciones laborales” al dar estabilidad a la normativa para mejorar las contrataciones colectivas en los países de origen por parte de los empresarios. 

Conocer cuánto dinero público ha dedicado, dedica y planea España dedicar a África, en iniciativas directa o indirectamente relacionadas con el objetivo de frenar la salida de cayucos rumbo a las costas españolas, se ha convertido en una tarea imposible. El Gobierno o no responde a las demandas de información o simplemente afirma no disponer de esos datos. Así que tampoco es posible conocer si esas cantidades de dinero se supervisa de algún modo, para que no acaben en manos de personas o intereses a los que no estaban destinadas. De igual modo, no hay modo de saber si el Ejecutivo dispone de algún mecanismo para evaluar el éxito o el fracaso de estas políticas. Y hay motivos para la sospecha, como denuncian las organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre el terreno.

No deben ser cantidades menores. Hace ahora seis meses, en pleno pico de llegadas de migrantes a las costas de Canarias, el presidente Pedro Sánchez anunció más de 300 millones de euros solamente para Mauritania en los próximos años, con el objetivo de frenar el repunte de migración irregular desde sus costas. De esta cifra total, 200 millones se anunciaron para fomentar la inversión de empresas españolas en aquel país durante los próximos cinco años, a través de instrumentos como el Fondo para la Internacionalización de la Empresa Española (FIEM) y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). De aquel anuncio nada se ha concretado desde entonces.

En aquel viaje, en el que el jefe de Gobierno español estuvo acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Sánchez anunció 60 millones de euros adicionales para proyectos de desarrollo durante los próximos cuatro años y otros 50 millones de euros de cooperación financiera para este país africano. 

El presidente aterrizará de nuevo este martes en Mauritania, primera escala de la gira africana que le llevará también a Gambia y a Senegal y que su Gobierno trata de presentar como un esfuerzo adicional para frenar la migración que parte de las costas de África Occidental y se dirige al archipiélago canario.

Sin embargo, el Ejecutivo apenas ofrece información con la que poder evaluar el alcance y el supuesto éxito de estas políticas más allá de sus propias análisis, siempre positivos. Esta vez, la versión oficial anticipa la firma de nuevos acuerdos de migración circular con Mauritania y Gambia, que se añadirán a los que ya existen en Senegal, en Marruecos o en varios países de América Latina, con el objetivo de regular la llegada ordenada y temporal de trabajadores de estos países.

La idea es simple: hacer coincidir la demanda que hay en España de trabajo, sobre todo de temporada en sectores tales como la agricultura o el textil, con la oferta de trabajadores de otros países que reciben formación antes de viajar y, después, regresan a sus lugares de origen. 

El Gobierno considera un éxito estas iniciativas, pero las pocas cifras conocidas demuestran lo limitado del esfuerzo. Solamente 141 senegaleses han tenido la oportunidad de beneficiarse del programa de migración circular, del que la Administración Sánchez únicamente ofrece la cifra global: apenas 17.400 migrantes procedentes de Marruecos, Colombia, Honduras, Ecuador, Senegal, Argentina y Uruguay. Y no detalla el dato por cada uno de estos países.

Aunque el Gobierno asegura que transformar el fenómeno de la migración africana hacia Europa va a requerir esfuerzo y tiempo, no duda en relacionar la última visita de hace seis meses del presidente la zona, a la que acudió acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, con una “ralentización” de la llegada de migrantes procedentes de África Occidental. 

Fuentes del Ejecutivo admiten la posibilidad de que la llegada de migrantes empeore en los próximos meses, favorecida por las condiciones de la travesía, pero a pesar de ello esperan que la visita de Sánchez contribuya a mejorar la cooperación con los tres países de los que parten la mayoría de los cayucos que llegan a Canarias en estos momentos.

En Mauritania, Gambia y Senegal ya hay presencia de efectivos de la Guardia Civil y del Cuerpo nacional de Policía colaborando con las autoridades locales en la lucha contra el crimen organizado, la prevención del terrorismo islamista y la persecución de los grupos que se lucran organizando los viajes en cayuco. En el primer caso, el país vive la presión de tener aquel atender a más de 200.000 refugiados de Mali que huyen del conflicto que asola el país desde hace más de una década y que se ha recrudecido con la retirada de las tropas francesas y la llegada de mercenarios rusos del Grupo Wagner. Casi todo el Sahel, una vasta región que se extiende a lo largo de una franja de unos 5.400 kilómetros de este a oeste del continente, desde el océano Atlántico hasta el mar Rojo, vive bajo la presión de la violencia de grupos armados, muchos de ellos yihadistas.

Muchos de estos malienses acaban abandonando los campos de refugiados, al este del país, cruzan el desierto y buscan la costa para embarcarse hacia Canarias. De ahí que España trata de promover en Mauritania políticas que dificulten ese tránsito.

Durante su visita, Sánchez firmará varios documentos con el objetivo reforzar la cooperación policial en la lucha contra el crimen organizado y las mafias de tráfico de personas. También ha previsto suscribir declaraciones conjuntas detallando los ámbitos de cooperación en los que se desarrollarán acciones conjuntas en los próximos meses. El Gobierno, sin embargo, no ha revelado sus contenidos y, en particular, si implican nuevos fondos y el desplazamiento de más policías y guardias civiles a la zona. Se sabe, eso sí, que el presidente viajará acompañado para la ocasión por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, a la que se unirá en Senegal el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

La gira, durante la cual no está prevista la celebración de ninguna rueda de prensa, comenzará en Nuakchot el martes por la tarde, donde Sánchez se reunirá con el presidente mauritano, Mohamed Uld Ghazuani, y está prevista constitución de un comité empresarial hispano-mauritano al que asistirán representantes del Gobierno canario y empresarios canarios.

El miércoles por la mañana, el presidente se trasladará a Banjul en la que será la primera visita oficial de un mandatario español al país más pequeño del continente. Aquí, además de reunirse con su presidente, Adama Barrow, y firmar con él un acuerdo de migración circular, tendrá ocasión de conocer de primera mano la labor que llevan a cabo los efectivos de la Guardia Civil y la Policía en colaboración con las fuerzas gambianas.

Tras ello, se desplazará a Dakar, donde el Instituto Cervantes, el primero en el África Subsahariana y cuya primera piedra puso Sánchez, acogerá una jornada durante la que se presentará la Estrategia África Avanza elaborada por el Ministerio de Economía y que tiene por objetivo financiar proyectos que permitan fomentar el desarrollo y la inversión en sectores emergentes en estos países para impulsar la capacitación y aprovechar el capital humano existente.

Ya el jueves por la mañana, Sánchez tiene previsto un desayuno con empresarios españoles con intereses en Senegal para conocer de primera mano su situación e inquietudes. A continuación, tendrán lugar los contactos con la nueva administración del presidente Bassirou Diomaye Faye, elegido el pasado marzo.

Además de reunirse con el presidente, con quien firmará acuerdos, el presidente del Gobierno también se reunirá con el primer ministro, Ousmane Sonko. Las fuentes han resaltado que la relación con el nuevo mandatario senegalés sigue siendo igual de buena que con el anterior, Macky Sall, con quien Sánchez forjó una estrecha colaboración, y las nuevas autoridades ven con buenos ojos.

Sobre proyectos concretos, el Gobierno no ofrece detalles y mucho menos cuantías económicas. Apenas algunas pinceladas, como una iniciativa para llevar Internet, telefonía móvil y conectividad a áreas rurales de Senegal a través de Hispasat, la empresa operadora de telecomunicaciones por satélite controlada por el Estado. Oficialmente, no hay nada en el programa sobre acuerdos de devolución de migrantes irregulares a los tres países que visitará Sánchez, pero el Gobierno tampoco ofrece datos sobre cuántos han sido trasladados de vuelta en los últimos años.

Mauritania, Gambia y Senegal. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arranca este martes una gira de reuniones diplomáticas por África, un destino no escogido al azar. Tan sólo la semana pasada llegaron a las costas españolas un total de 789 migrantes, de los cuales 716 (más del 90%) fueron rescatados tratando de arribar a las Islas Canarias. Allí, según el último balance del Ministerio del Interior —que recoge datos hasta el 15 de agosto— han llegado 22.304 personas, un número que supone un 126,1% más que en el mismo periodo de 2023. La situación del archipiélago ya fue de hecho a comienzos de este verano el motivo de la principal batalla política entre Gobierno y oposición, que fueron incapaces de alcanzar un acuerdo sobre convertir en obligatoria la necesaria reubicación de los menores migrantes solos que ya no pueden ser acogidos por el sistema del archipiélago. Ahora, y con el telón de fondo de esta gira, ha sido Sumar, socio de Gobierno de Sánchez, el que ha mostrado sus dudas sobre el objetivo del viaje a los países africanos.

“Espero que esa visita no sea una vez más para firmar pactos o acuerdos exclusivamente para frenar las migraciones. Es decir, para externalizar fronteras, para convertirlos en nuestros gendarmes y para que no se avance en otro tipo de medidas que permitan y regulen vías legales y seguras para llegar a Europa y a España”, expresó la eurodiputada de Sumar Estrella Galán en una entrevista en Radio Nacional. De forma oficial, el objetivo no es ese, aunque fuentes españolas y mauritanas aseguraron a El País que entre los asuntos que habrá sobre la mesa sí estará la revisión de algunos acuerdos en materia migratoria que el país africano desea modificar.

La última visita del presidente del Gobierno al país se produjo hace apenas unos meses. Y con el resultado entonces que Galán teme ahora. El viaje, que entonces se produjo en febrero, y en el que también estuvo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acabó con el compromiso de la Unión Europea de donar al país 210 millones de euros de forma directa para frenar la inmigración hacia las costas españolas, además de para invertir en otros proyectos como algunos relacionados con la energía o destinados a infraestructuras. En paralelo, anunció por su parte el líder del Ejecutivo, nuestro país comprometió más de 300 millones de euros para, por ejemplo, potenciar el hidrógeno verde. En cualquier caso, hay un dato revelador: según el colectivo Caminando Fronteras, el 83% de los cayucos que llegan a Canarias proceden de este país.

Pero también de Gambia y Senegal, señala la misma organización. “Las comunidades en movimiento abordan un océano con mayores peligros, donde el riesgo de perder el rumbo, las dificultades meteorológicas y las largas travesías son peligros presentes, a los que se suman los insuficientes recursos de búsqueda de embarcaciones en situación de riesgo”, lamenta. Y a esos dos países viajó el pasado mes de junio el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. En su caso, con el primero se comprometió a impulsar la migración circular con la contratación en origen de gambianos y a seguir trabajando conjuntamente en la lucha contra la inmigración ilegal y las mafias, dijo. Al segundo, por su parte, le prometió 180 millones en cuatro años destinados a la cooperación al desarrollo, aunque también se comprometió a explorar cómo impulsar, también, la migración circular.

Para las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, todas estas noticias comparten algo: el inadecuado enfoque. No se trata efectivamente, opinan, de una ayuda al desarrollo. Ni de una cooperación. Son políticas, denuncian, que buscan una evidente externalización de fronteras.

No es un mero debate de nomenclatura, o al menos así lo defiende Mauricio Valiente, director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que explica que la terminología es importante a la hora de establecer un marco para el debate. “Además de las políticas en sí mismas, es muy relevante la escenificación de las mismas. Si lo que se visibiliza es que el compromiso y la cooperación con estos países tiene que ver el control de fronteras se traslada el mensaje de que eso es lo prioritario, cuando lo que se debería de trasladar es que el objetivo debe pasar por eliminar las causas que provocan los desplazamientos”, explica.

El motivo está claro: situar el debate migratorio en términos de seguridad alimenta el discurso xenófobo. “El problema fundamental es el desplazamiento, no la seguridad. Asumir eso implicaría buscar políticas a largo plazo basadas en alternativas a los países más empobrecidos”, continúa el director de CEAR, que rechaza también hablar de “capacidad de acogida”. “Ya vimos con la guerra de Ucrania que Europa no tiene un problema en ese sentido”, critica.

Más allá de reforzar ese discurso xenófobo que Valiente denuncia cada día más extendido en Europa, la externalización de fronteras tiene otra consecuencia mucho más directa. Lejos de contener las llegadas —que es el objetivo que a priori se busca—, lo que se consigue a través de estas medidas es que las personas migrantes se vean obligadas a buscar otras rutas, normalmente más peligrosas. O a caer en manos de mafias que trafican con ellas. “Cuando una persona huye porque sufre una violación de derechos humanos, o por pobreza, o por la crisis climática, buscará cualquier medio para hacerlo”, lamenta Virginia Álvarez, portavoz en materia de migración de Amnistía Internacional.

Un informe publicado recientemente por la Fundación Alternativas ahondó también en ello. “La externalización de las fronteras europeas en países africanos no impide las movilidades forzadas, ni tampoco el creciente fenómeno de las migraciones como forma de adaptación al cambio climático y la degradación ambiental. Todo lo contrario: la criminalización de los flujos migratorios solo los redirige por rutas más remotas y peligrosas, poniendo en grave riesgo la integridad de las personas y bloqueando a miles de ellas en países de tránsito sin garantías de protección”, argumentó.

Está demostrado. Como señala Valiente, las políticas de externalización llevan 30 años aplicándose en Europa, pero las llegadas no han cesado. Ahí están los informes del Ministerio del Interior que lo muestran. Y la propia experiencia de que cuando se cierra una ruta otra se abre. Según un informe que publicó la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), en el año 2013 —cuando el PP volvió a reforzar las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla—, las entradas de migrantes irregulares a través del salto a las vallas de las ciudades autónomas solo supusieron un 15,75% del total. En cambio, al año siguiente, en 2014, y según los datos que publicó el Ministerio del Interior, llegaron por vía marítima 4.552 personas, un 40,6% más que en 2013.

Pero es que además, y según denuncian las fuentes consultadas, no sólo es que no se consiga el objetivo perseguido, sino que la consecuencia que se alcanza es mucho peor. “Estas políticas muestran que los países europeos no asumen sus responsabilidades y, además, solamente consiguen ahondar en las vulneraciones que sufren las personas migrantes”, lamenta Álvarez, que denuncia también el impacto económico y social que sufren, en consecuencia, los países africanos en los que se invierte.

En este sentido, una investigación publicada por el consorcio periodístico Lighthouse Reports desveló que Marruecos, Túnez y Mauritania habían desarrollado un “sistema” contra la inmigración en el que “miles de personas son detenidas, secuestradas y abandonadas en zonas desérticas”. Y todo bajo el conocimiento y financiación de la Unión Europea, denunció el documento.

Por último, las organizaciones en defensa de los derechos humanos denuncian que estas políticas se producen, además, bajo una absoluta falta de transparencia. No se conoce con exactitud ni cuántos fondos se reparten ni a quién. Pero tampoco para qué. Ni en qué manos terminan finalmente. “Desde Amnistía Internacional hemos pedido varias veces estos datos, pero lo cierto es que la transparencia brilla por su ausencia”, lamenta Álvarez.

Valiente coincide con ella, pero también apunta a que los países que reciben estos fondos también tienen “sus propios intereses”, por lo que son ellos mismos los que, en muchas ocasiones, rechazan rendir cuentas de las medidas empleadas para cumplir con lo encargado: contener la migración. “Esto les permite situarse en posiciones de fuerza, también respecto al resto de países de su entorno”, completa el experto. La Fundación Alternativas lo subraya. “Conscientes de su rol de socios clave en la gestión migratoria, muchos países africanos están invirtiendo las relaciones de poder preexistentes entre la UE y África e intentan sacar provecho de una 'posición estratégica nueva y potencialmente muy rentable en la que pueden prestar sus servicios como ejecutores delegados de migración a precios elevados”.

De este modo, la única explicación posible a que estas políticas continúen llevándose a cabo se explica, a juicio del director de CEAR, en un marco de incremento del discurso de la extrema derecha. “Todo esto responde a una cesión ante la presión xenófoba. Los discursos que hablan incluso de invasiones han calado tanto que ya parece que un gobierno que no dé una respuesta de fuerza está haciendo dejación de funciones”, sentencia Valiente.