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No sólo es el artículo 35: por qué (y cómo) hay que reformar toda la legislación de extranjería

Uno de los migrantes que llegaron este mes de junio a las costas de Canarias, en Tenerife.

Habrá que seguir esperando, aunque la "voluntad" es que esté aprobada en las Cortes "antes de que acabe el mes de julio". La reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno central y el de Canarias acordaron llevar a cabo el pasado mes de abril continuará en el aire unas semanas más. El reparto de menores migrantes llegados a las islas, además de a Ceuta y Melilla, seguirá por tanto, al menos por ahora, siendo una cuestión de voluntad. El siguiente paso será mantener un encuentro con las autonomías en la conferencia sectorial donde, previsiblemente, el PP desvelará su posición. El Gobierno y Canarias pretenden encontrar un pacto político para ver de qué manera puede darse luz verde a la modificación de un texto del que, sin embargo, las organizaciones que trabajan con personas migrantes reclaman un lavado de cara completo.

El quid de la cuestión y del debate político ahora mismo se centra en el artículo 35 de la norma, que señala lo siguiente: "Las comunidades autónomas podrán llegar a acuerdos con las comunidades autónomas donde se encuentren los menores extranjeros no acompañados para asumir la tutela y custodia, con el fin de garantizar a los menores unas mejores condiciones de integración". El objetivo es cambiar el primer verbo. Es decir, que el Estado tenga la potestad de intervenir cuando haya territorios que no se ofrezcan a ayudar en la acogida a otros que ya superen el 150% de la capacidad de sus plazas. En Canarias ese límite se situaría en 3.000 menores, un número que ya se ha superado: actualmente las islas tutelan a 5.500 en su sistema. La situación, desde hace más de un mes, es "muy límite", según lamentó la consejera de Bienestar Social del Ejecutivo canario, Candelaria Delgado.

Por eso fueron ellos los que impulsaron la reforma. Y desde un Gobierno, además, en el que el PP ocupa varios sillones.

Sin embargo, eso no ha sido ninguna garantía. Los conservadores no han dado su visto bueno. Lo explicaron el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), al término de las reuniones que mantuvieron esta semana con diputados del PP y de Vox. Mientras los de extrema derecha dijeron claramente que no van a apoyar poner un "parche", los de Alberto Núñez Feijóo sostuvieron que el apoyo o no a la reforma debe pasar primero por sus presidentes autonómicos. Por eso hay que esperar a la conferencia. El problema es que gobiernan con los ultras en cinco autonomías —Aragón, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura y Murcia—, y no es la primera vez que eso condiciona su discurso y sus decisiones en torno a la migración. Es más, Vox ya amenazó este jueves con romper con sus socios autonómicos si dan apoyo a la medida.

En resumen, la mayoría absoluta que se necesita para cambiar esta ley orgánica no está asegurada. Haría falta independientemente de la fórmula legislativa para materializar el cambio. Hay dos: una es la vía del Real Decreto, que aprueba el Consejo de Ministros y es efectivo desde ese momento aunque luego tenga que pasar el Congreso de los Diputados —la opción por la que se decanta Canarias, por ser más rápida—; la otra es la de la proposición de ley, que el Ejecutivo querría presentar con el máximo número de grupos parlamentarios, según han informado fuentes de Política Territorial a infoLibre.

En cualquier caso, y con ese escenario, tampoco parecería tarea fácil conseguir una modificación más amplia de la norma, que es algo que las organizaciones en defensa de las personas migrantes llevan años reclamando. "Cambiar el resto del articulado sí que es complicado", señala Elena Muñoz, coordinadora estatal del Servicio Jurídico de CEAR.

Una ley que no genere ni "desprotección" ni "criminalización"

Los expertos consultados tienen claro que el principal problema de la norma, tal y como está redactada, es que genera una gran "criminalización" que provoca, a su vez, "desprotección" de las personas migrantes. Así lo lamenta la responsable de incidencia de la Red Acoge, Natalia Slepoy, que considera "evidente" la necesidad de la reforma. "Es una demanda histórica del conjunto de las organizaciones de la sociedad civil", explica.

Fundamentalmente, la desprotección aparece por las dificultades en la regularización, sostienen todas las organizaciones. Actualmente, y según marca la ley, un migrante que llega a España sin permiso de residencia y trabajo se encuentra en una situación irregular que le imposibilita trabajar y acceder a prestaciones. Sólo puede regular la situación si se consigue algún tipo de arraigo que requiere, en todos los casos, dos o tres años de subsistencia en una situación administrativa irregular que aboca a estas personas "a una situación de no reconocimiento de derechos", dice Slepoy, y a situaciones de "explotación laboral", añade Muñoz.

El ejemplo más flagrante es de las mujeres migrantes que no sólo se ven obligadas a ejercer la prostitución, sino que además tienden a rechazar acudir a las autoridades por temor a enfrentarse a una orden de expulsión, también ahora por el desconocimiento de que desde la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí se prohíbe la expulsión de las víctimas de violencia sexual. El objetivo, señalan siempre las expertas, es que se deje de perseguir a estas mujeres, y que en su lugar se les ofrezca ayuda y se garanticen sus derechos.

A ellas y a todas las personas migrantes, porque este problema es común a todas. Lo explica Slepoy. "Quienes se encuentran en situación irregular viven una situación de discriminación a la hora de acceder a la justicia. Cuando acuden a una comisaría a denunciar un delito o se relacionan con cualquier administración ésta está sujeta a incoar un expediente sancionador —de expulsión o de sanción. Es decir, prevalece la Ley de Extranjería sobre otro tipo de leyes como la del estatuto de la víctima", critica.

Eso también debe cambiar en la ley, subraya. Pero hay más aspectos. Para Muñoz al menos son otras dos las ideas sobre la que se han levantado varios artículos que deben ser erradicadas. Una es aquella que dificulta el acceso a los derechos de las personas migrantes. "La atención social básica debería reforzarse y ampliarse para dar una atención digna a cualquiera que viva en nuestro país", apunta. La otra, la que impide la reagrupación familiar. "Es necesario que se cambien los requisitos. Hay que flexibilizarlos para que estas personas puedan reunirse con sus familias", argumenta.

Javier Moreno, que pertenece al equipo jurídico del Servicio Jesuita a Migrantes, también se detiene en este aspecto. "Un eje de la Ley de Extranjería que consideramos que debe ser reforzado es, además del de los procesos de regularización, el referido a la reagrupación familiar", indica. Pone un ejemplo. "No puede ser que un requisito tenga que ver con algo tan problemático como la vivienda. Eso está suponiendo un bloqueo", lamenta.

Un cambio por aprobar en el Reglamento... que se queda corto

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En paralelo a la ley, las organizaciones también abogan por algo más. Y es por la modificación del Reglamento de Extranjería. El Gobierno de hecho ya trabaja en ello. Y para que en principio esté listo en septiembre, según informa Slepoy.

Lo anunció la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que informó de que el objetivo de este cambio es "simplificar documentación y trámites", "reducir las figuras de permisos ahora vigentes" y "mejorar la protección de los derechos de los migrantes". Según concretó, también contemplará la trasposición de las dos normativas europeas aprobadas bajo la presidencia española: la de la Directiva de Permiso único —acordada por el Parlamento Europeo y el Consejo el pasado 18 de diciembre, que "permitirá agilizar el procedimiento de un permiso combinado de trabajo y residencia, y reforzar las garantías de protección contra la explotación laboral"—, así como la 'Directiva de residencia de larga duración', que "mejora derechos de residentes de larga duración y sus familiares".

Las organizaciones creen no obstante que esta modificación también debería ir más allá. Lo trasladaron de hecho al Gobierno el pasado mes de marzo, cuando seis ONG —Cepaim, Red Acoge, CEAR, Andalucía Acoge, Cáritas y Servicio Jesuita a Migrantes— ahondaron en que esto es una "oportunidad para limitar de manera efectiva los periodos de irregularidad administrativa de manera que se garantice el reconocimiento de derechos para todas las personas, ajustar los supuestos de arraigo a las circunstancias reales de las personas migradas, así como eliminar barreras que dificultan los procesos de reagrupación familiar y mejorar el acceso de las autorizaciones de residencia y trabajo para las víctimas de violencia de género". Es decir, para modificar, en la medida de lo posible, todo aquello en lo que el marco general de la norma falla.

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