Los nuevos archivos publicados por el Departamento de Justicia estadounidense sobre Jeffrey Epstein incorporan nuevos detalles de su muerte en prisión e inciden en que el pederasta no tenía suficiente vigilancia, a pesar de que tenía riesgo de suicidio, según reveló este viernes The Washington Post.

Epstein murió en prisión el 10 de agosto de 2019, después de ser acusado de varios cargos de tráfico y delitos sexuales que le podrían llevar a una condena de 45 años, y de que un día antes se publicaran miles de documentos con pruebas que sustentaban la acusación del abuso sexual de niñas y mujeres jóvenes.

La autopsia determinó que se había ahorcado en su celda, aunque muchas personas, incluidos miembros del Congreso estadounidense y partidarios del presidente estadounidense Donald Trump, afirmaron sin pruebas que fue asesinado.

Los documentos publicados por el Departamento de Justicia -a instancias de una ley del Congreso aprobada el mes pasado- no incluyen tampoco ninguna prueba de un posible asesinato y sí ahondan en la teoría de que las autoridades penitenciarias no monitorearon adecuadamente a Epstein, a pesar de que estaba bajo vigilancia por riesgo de suicidio, se lee en el artículo del periódico capitalino.

Los documentos dan sobre todo más detalles sobre el intento de suicidio previo que había protagonizado el pederasta, cuando el 23 de julio de 2019, un par de semanas después de su ingreso en prisión, fue encontrado semiinconsciente en el suelo de su celda, con una soga alrededor del cuello.

"Tras intentar ponerlo de pie con dificultad, el personal le sujetó las manos y las piernas a Epstein y lo sacó en una camilla, según el informe. Una evaluación médica reveló enrojecimiento y abrasiones en el cuello. Las fotos del informe, con fecha de la 1:45 a. m. y etiquetadas como "posible intento de suicidio", muestran a un Epstein desaliñado, con una bata azul antisuicidio y la piel ligeramente enrojecida por encima de la clavícula", explica el Post.

Después de eso, Epstein fue puesto en vigilancia ante un posible nuevo suicidio y en los documentos se leen las notas manuscritas de los empleados, tomadas en intervalos de 15 minutos.

Una de ellas apunta que Epstein dijo que un compañero de celda intentó matarle, y el informe de la investigación también recoge el testimonio de un funcionario que afirmó lo mismo. Sin embargo, los investigadores no corroboraron que el entonces compañero, el expolicía Nicholas Tartaglione, le hubiera agredido.

Otro documento incluye notas de una entrevista con un psicólogo de prisión que observó a Epstein durante las dos semanas siguientes, y en la cual el magnate aseguró que "suicidarse iba contra su religión" y que no le gustaba el dolor.

Pero tres días después, cuando valoraban sacarle de la unidad especial para personas con problemas psiquiátricos donde estaba tras el intento de suicidio -de donde salió el 30 de julio-, el psicólogo jefe de la prisión escribió un correo electrónico expresando su preocupación "porque lo había bajado a observación psicológica en lugar de mantenerlo en vigilancia por suicidio".

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro comenzó a cumplir este martes la condena a 27 años de prisión en una pequeña sala de doce metros cuadrados de la sede de la Policía Federal en Brasilia. El expolítico, que ya se encontraba en prisión domiciliaria por incumplimiento de diversas medidas cautelares impuestas en el marco del proceso, fue detenido el pasado sábado condenado por intento de golpe de Estado. Según el grupo Globo, la Corte Suprema brasileña decretó la prisión preventiva del exmandatario para "garantizar el orden público".

El espacio en el que habita Bolsonaro tiene una cama individual, una pequeña mesa, un televisor y unas estanterías de madera, con paredes pintadas de color blanco y sin ningún cuadro ni adorno, según unas imágenes que ha difundido la propia Policía Federal del país. El líder de la ultraderecha ya había sido transferido a esa sala el pasado sábado, tras intentar dañar una tobillera electrónica que era parte de esas restricciones.

Este martes, el juez Alexandre de Moraes, relator del juicio que cursó en la Primera Sala del Supremo, determinó el fin del proceso tras considerar que se han agotado las posibilidades de recursos. En esa decisión, también estableció que el expresidente (2019-2022) empiece a cumplir la pena de 27 años y tres meses de prisión en esa misma sala y que se le garantice al reo la debida atención médica.

Bolsonaro, de 70 años, acarrea diversos problemas de salud y llegó a atribuir su intención de dañar la tobillera electrónica con una soldadora casera a unos remedios antidepresivos que le habrían generado "unas alucinaciones". El líder de la ultraderecha achaca su frágil estado de salud a las secuelas de una puñalada que le asestó un enfermo mental en la región abdominal en medio de la campaña electoral para las elecciones de 2018, en las que fue elegido presidente.

Cuatro años después, en octubre de 2022, cuando aspiraba a la reelección, perdió en las urnas por el actual mandatario progresista, Luiz Inácio Lula da Silva. Tras la derrota, intentó "perpetuarse" en el poder con el apoyo de antiguos ministros y mandos militares tras la derrota, tal y como indicó la Primera Sala del Supremo el pasado 11 de septiembre al hacer firme su condena.

La Fiscalía francesa solicitó este martes penas de entre 3 meses y 12 meses de cárcel, exentos de cumplimiento, para nueve de los diez ciberacosadores de Brigitte Macron, la mujer del actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre la que se difundieron bulos de que había nacido con un sexo "masculino".

En la clausura del juicio, que queda listo para una sentencia programada para las próximas semanas, la pena más dura requerida por el fiscal, de 12 meses y una multa de 8.000 euros, recayó en Aurélien Poirson-Atlan, considerado el principal "instigador" en el ciberacoso a la primera dama a través de su cuenta 'Zoé Sagan' (unos 200.000 seguidores hasta su suspensión).

A continuación, los castigos más severos se dirigieron contra el galerista de arte Bertrand S. y la autoproclamada médium Delphine J. (conocida como Amandine Roy y autora de un viral vídeo sobre el sexo biológico de Brigitte), ambos a seis meses de cárcel exentos de cumplimiento con 3.000 euros y 4.000 de sanción, respectivamente. Para los otros acusados, la Fiscalía pidió penas menores de seis meses de prisión, también exentos de cumplimiento. A uno de ellos, el ministerio público ni siquiera le solicitó condena de cárcel y sí trabajos comunitarios.

Los abogados de la defensa pidieron la absolución de sus clientes invocando la libertad de pensamiento y de sátira. La mayoría se escudaron en el derecho de parodiar, citando el caso de la revista de 'Charlie Hebdo', cuya redacción fue blanco de un atentado yihadista en 2015 por haber publicado caricaturas de Mahoma.

Los dos días de audiencias, celebradas en el Tribunal Correccional de París, tuvieron una enorme expectación mediática y de público, a pesar de que la demandante, Brigitte Macron (72 años), no se personase, aunque sí lo hiciese su hija menor, Tiphaine Auzière.

Auzière, de 41 años y fruto del anterior matrimonio de Brigitte con André-Louis Auzière, declaró este martes ante el tribunal para denunciar "el daño" que los infundios en línea han producido en su madre, cuya salud -denunció- "se ha deteriorado". "Mi madre ha desarrollado ansiedad en relación a sus nietos, por todo lo que escuchan sobre su abuela", profundizó, y agregó que "no puede abstraerse de todos los horrores que se hablan de ella, ni un solo segundo".

Uno de los rumores más insistentes, que nacieron en 2021 y se difundieron internacionalmente en 2024, es que la primera dama francesa habría nacido como hombre bajo el nombre de Jean-Michel Trogneux, que es en realidad el hermano de la propia Brigitte Macron.

Otras de las alusiones maliciosas que formaron parte del proceso corresponde a un "crimen sexual" supuestamente cometido por ella, aludiendo a que se conocieron cuando el actual presidente, Emmanuel Macron, era alumno de secundaria y Brigitte su profesora de teatro, con una diferencia de edad de 24 años.

Sin embargo, dos de los personajes claves en la propagación del infundio estuvieron ausentes en este proceso: el francés Xavier Poussard (38 años), quien vive actualmente en Milán (Italia), y la estadounidense Candace Owens, una 'influencer' afroamericana próxima a Donald Trump.

El primero, un colaborador de una marginal revista ultraderechista y antisemita, profundizó en el bulo y contactó en 2024 con Owens (36 años), quien propagó una serie en internet, titulada 'Becoming Brigitte', entre sus millones de seguidores. De hecho, los Macron han lanzado en Estados Unidos un proceso paralelo contra Owens, a la que han denunciado por "difamación".

El socialdemócrata Ekrem Imamoglu, líder opositor turco y alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Estambul que está encarcelado desde marzo pasado, fue absuelto este viernes de la acusación de haber estado implicado en una supuesta manipulación de licitaciones.

En su sentencia, el 10 º Tribunal Penal de Primera Instancia del distrito de Büyükçekmece de Estambul afirmó que "no se constataron los elementos jurídicos del delito", razón por la que Imamoglu y otros seis acusados en el mismo caso quedaron libres de cargos.

Este juicio, uno de los que afronta el popular líder político y principal rival del presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, se abrió en junio de 2023, después de que el Ministerio del Interior presentara una denuncia ante la Fiscalía por supuesto fraude en una licitación de 2015, cuando Imamoglu era alcalde del distrito estambulí de Beylikdüzú.

El proceso se prolongó más de lo previsto debido a varios aplazamientos de las audiencias.

Imamoglu, de 54 años, siempre negó las acusaciones, tanto en este como en otros casos abiertos en su contra, y denunció ser objeto de una persecución política.

Su Partido Republicano del Pueblo (CHP), que lo ha nombrado candidato a la jefatura del Estado y Gobierno, acusa a Erdogan de instrumentalizar la Justicia para dejar fuera de carrera a un rival que, según los sondeos, tiene el potencial de ganarle en las próximas elecciones, previstas para 2028.

Tras conocerse la sentencia de hoy, el alcalde encarcelado escribió en redes sociales: "¡Ni sus conspiraciones ni sus planes podrán desviarme de mi camino! Soy Ekrem Imamoglu, un verdadero hijo de esta tierra. Seguiré aterrorizándolos con mi existencia y mis acciones".

Imamoglu se convirtió en el alcalde de Estambul en junio de 2019, tras imponerse en las elecciones al exprimer ministo Binali Yildiriim, candidato del gobernante AKP de Erdogan.

El 19 de marzo pasado fue arrestado junto a más de cien personas, en su mayoría funcionarios municipales, acusados todos de supuesta corrupción.

Su detención, tildada de 'Golpe de estado civil' por el CHP, desató una ola de multitudinarias protestas ciudadanas en Estambul, así como críticas del exterior.

Entre los cargos que aún afronta en diversos procesos, destaca la acusación de supuesto terrorismo por sus presuntos vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda en Turquía.

Hoy, la Fiscalía General de Estambul también abrió una nueva investigación en su caso, esta vez por presunto espionaje.

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) del delito de fraude procesal, como ya lo había hecho por el de soborno en actuación penal, al fallar la apelación de su defensa por una condena a 12 años de cárcel que le fue impuesta en agosto pasado, informa EFE.

"En conclusión, la ausencia de prueba directa inferencial sobre la falsedad y artificio idóneo impide configurar el tipo penal de fraude procesal. Por ello se ha de revocar la sentencia", dijo el magistrado Manuel Antonio Merchán al leer hoy el fallo que echa por tierra la condena que le impuso a Uribe la jueza Sandra Heredia, de un tribunal penal de Bogotá.

Uribe, de 73 años y fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, había sido condenado a doce años de cárcel, el pago de una millonaria multa y la suspensión de sus derechos políticos en un caso que lo enfrentó al senador de izquierda Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos para que no declararan en su contra sobre sus presuntos vínculos con paramilitares.

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá, contra el cual cabe el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, señala que "la valoración probatoria" de la sentencia de primera instancia "se redujo a apreciaciones subjetivas sobre la queribilidad de los testigos sin aplicar criterios técnicos y principios de lógica formal".

"No se realizó el contraste necesario entre las declaraciones y pruebas que acreditaran su falsedad", agrega el fallo.

Con esos argumentos, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió revocar la sentencia dictada el 1 de agosto del 2025 por la jueza Heredia, "para en su lugar absolver a Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, ambos en concurso homogéneo y sucesivo con circunstancias de mayor punibilidad".

El fallo de segunda instancia absolvió inicialmente al expresidente por el delito de soborno en actuación penal a tres exparamilitares cuyo testimonio supuestamente había intentado manipular en contra de Cepeda, pues consideró que "no se acreditó directa o indirectamente que Álvaro Uribe hubiera instigado" dicho delito, y luego lo absolvió del de fraude procesal porque "los hechos para desacreditar son falsos".

Este caso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó al senador Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos, mientras este preparaba una denuncia en el Senado en su contra por presuntos vínculos con grupos paramilitares.

La Corte no solo decidió no investigar a Cepeda, sino que abrió un proceso contra Uribe al encontrar indicios de que manipuló testigos para evitar que lo relacionaran con los paramilitares.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó la absolución al considerar que el fallo "tapa la historia paramilitar en Colombia" y de quienes "llegaron al poder aliados con el narcotráfico".

Petro cuestionó que el tribunal "repite la historia y contradice a la Corte Suprema de Justicia" al sentenciar que "la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad".

"Ahora (el presidente estadounidense, Donald) Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país", agregó Petro en X, en medio de la nueva crisis diplomática con Estados Unidos por la lucha antidrogas.

50 años desde la desaparición de la pena de muerte, vivimos con un amplio consenso social que hace que prácticamente nadie se plantee su reimplantación, y ya eso debería ser un motivo de celebración solemne y general por parte de toda la ciudadanía y por las propias instituciones del Estado.

El contexto en el que la dictadura, el franquismo, lo que en otros países se denomina abiertamente fascismo, dio aquel último coletazo asesino, un año después de matar a Puig Antich junto a Georg Michael Melzel (del que ni siquiera estaba clara su identidad), es difícil de trasladar a los que hoy quieren analizar lo que algunos vivimos entonces.

Era el tardo franquismo, cierto que el régimen estaba más débil que en la inmediata posguerra, pero eso era más un hecho que algo que el franquismo (fascismo) fuese a reconocer. La decisión de fusilar tuvo mucho que ver con la demostración postrera de que ese Franco, y sus adláteres, no estaban debilitados, seguían siendo los vencedores. Porque en esos años los muertos a manos de la policía fueron decenas, las bandas de extrema derecha y parapoliciales (si había alguna diferencia) campaban a sus anchas, atacando a militantes de los partidos, todos clandestinos, y a simples manifestantes, ya de por sí perseguidos oficialmente por ser ilegales por definición.

Se celebraron cuatro consejos de guerra: en Barcelona contra Jon Paredes Manot, “Txiki”, y en Burgos, contra Ángel Otaegi y José Antonio Garmendia, los tres de ETA; y dos en Madrid, el 245/75 contra Vladimiro Fernández Tovar, Manuel Blanco Chivite, Xosé Humberto Baena Alonso, Pablo Mayoral Rueda y Fernando Sierra Marco y el sumarísimo 1/75 contra José Luis Sánchez-Bravo Solla, Ramón García Sanz, María Jesús Dasca, Concha Tristán, Manuel Cañaveras y José Fonfría. En este último caso, se aplicó de manera retroactiva un decreto “antiterrorista” del 16 de agosto de 1975, evidentemente posterior a los hechos juzgados. Se dictaron once penas de muerte, se fusiló a cinco personas.

Las condenas provocaron un movimiento social interior y en todo el mundo, sorprendente por su generalización y porque estalló después de la mayor pasividad social ante los juicios en sí y de la tolerancia internacional que había tenido el régimen durante tantas décadas. Ante los miles de manifestantes respondió el franquismo con represión; expulsó a Yves Montand, a Costa Gavras y a Regis Debray, por haber presentado en Madrid un escrito contra el régimen franquista firmado, entre otros, por Sartre, André Malraux, Louis Aragón, Foucault y Pierre Mendes-France. Ruiz-Giménez, exministro de Educación con Franco, pero ya disidente, medió ante el Vaticano, Pablo VI llamó a Franco, pero no llegó a hablar con él, “está descansando”, fue la versión oficial. Tierno Galván llamó a Willy Brandt, Olof Palme se sumó a la condena del régimen de Franco. Los Colegios de Abogados reclamaron el indulto de los condenados, la Conferencia Episcopal emitió una declaración en el mismo sentido, lo que sirvió de palanca para que muy diversas entidades manifestasen su oposición (hasta Scouts de España se adhirió al requerimiento), al utilizar ese parapeto ante el miedo que producía la represión despiadada ante toda crítica. 

En muchos países se producen concentraciones de centenares de miles de personas, especialmente en toda Europa, en París, Toulouse, Roma, Florencia, Milán, Berlín, México… se llegan a asaltar consulados y la embajada de España en Lisboa.

La conclusión a resaltar es que, a pesar del miedo, del terror que se vivía socialmente bajo la bota de un Estado en manos de una feroz dictadura, aquellas condenas a muerte y los fusilamientos perpetrados dieron lugar a una protesta social que activó a sectores que hasta entonces no habían osado manifestar ningún descontento (en la casa de mis padres, en Madrid, un funcionario y un ama de casa, por primera vez en mi vida se desplegó una ikurriña con crespón, en el interior claro, otra cosa era inviable, recordemos que era ilegal y motivo suficiente para ser detenido cuando no disparado).

Hoy deberíamos recordar lo sucedido, una conciencia que es la única forma del nunca más, sin reservas ni paliativos, se mató a jóvenes que luchaban por la libertad, se compartiesen o no sus tácticas y programas. No cabe hablar de otra valoración que la de que se trató de condenas sin juicio, basadas en unas pantomimas de juicio que, ya desde entonces, no hay jurista que no reconozca que se realizaron sin ninguna garantía jurídica, y fueron por tanto nulos y, en consecuencia, se trata de condenados inocentes, pues nadie demostró que hubiesen cometido delito alguno. O eres inocente, situación por defecto, o eres culpable.

Lo que sucede es que a los muertos sólo se les puede anular la condena como un mínimo reconocimiento postrero y, para la restauración plena de su memoria, lo que sólo podemos hacer quienes tenemos la capacidad y el deber de actuar. A los que no se fusiló, que luego fueron amnistiados, les asiste el derecho a que se confirme con toda solemnidad la anulación de las condenas infamantes, lo que debería llegar de las propias instituciones del Estado, un Estado Derecho que no puede sino desmarcarse y denunciar los crímenes de la dictadura que le precedió.

Celebremos que han pasado 50 años desde entonces, cuando la pena de muerte es una pesadilla pasada en el Estado Español, pero que no puede ser olvidada, ni el conjunto de un régimen represor y asesino, para que no vuelvan.

¿Qué problema tenemos en reconocer las duras luchas por la libertad libradas contra el franquismo? Es la versión de nuestra resistencia; vivimos (algunos la parte final) una resistencia equiparable a la que se dio en Italia, en Francia, en Grecia y en otros países (frente a la ocupación nazi y al fascismo propio). Estamos ante ejecuciones equiparables a las del sindicalista Joe Hill o a la de Sacco y Vanzetti, convertidas en películas y cantadas por Joan Baez. Aquí la canción fue Al Alba.

Recordemos, rindamos homenaje a las víctimas, agradezcamos el sacrificio de quienes lucharon por la libertad en tiempos tan oscuros, mantengamos su memoria para que no llegue a repetirse nada parecido.

“Soy viento de libertad”, Askatasun Haizea.

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Joseba García Celada es socio de infoLibre.

Decenas de personas se han concentrado este viernes a las puertas del recinto Luis Adaro de Gijón durante la inauguración de la 68ª Feria Internacional de Muestras de Asturias para reclamar la libertad plena de las sindicalistas conocidas como las Seis de la Suiza, que cumplen en tercer grado penas individuales de tres años y medio de prisión por coacciones al dueño de una pastelería de la localidad gijonesa. Según informa EFE.

Convocada por los sindicatos CCOO, CGT, CNT, Colectivo de Trabajadores, CSI, Intersindical Asturiana, Sindicato Asturianu, UGT y USO y el grupo de apoyo las seis sindicalistas, la protesta se ha desarrollado sin incidentes coincidiendo con la llegada de autoridades al recinto ferial, entre ellos el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Las organizaciones han considerado que el tercer grado penitenciario, que permite a las sindicalistas condenadas -cinco mujeres y un hombre- sólo tener que pernoctar en el centro penitenciario y disfrutar los fines de semana fuera, es “insuficiente”, “no es una solución admisible por su condición de trabajadoras” y “sienta un precedente peligroso que pone en riesgo la actividad sindical”.

La condena es “desproporcionada y no corresponde a un sistema democrático”, han expresado las organizaciones convocantes, que, además, han considerado “urgente” aumentar la “presión política” mediante movilizaciones para conseguir el indulto.

“Debemos defender nuestros derechos básicos ante esta ofensiva judicial, porque la represión sindical no puede quedar impune y nadie debe ser criminalizado por defender derechos laborales”, han expresado.

Tras su ingreso en prisión el pasado 10 de julio, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que ya trabajaba "dentro del Gobierno para que el indulto llegue cuanto antes" e insistió en que "el sindicalismo es un derecho, no un delito", de modo que "en una democracia nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales".

Además, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG registraron juntos una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para pedir al Gobierno el indulto, una medida que también apoya el Gobierno del Principado, además más de una veintena de organizaciones sindicales de todo el país.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, que el pasado mes de junio desestimó la solicitud de las defensas y de la Fiscalía para que se suspendiera la condena, dictó el pasado 9 de julio una orden de detención e ingreso en prisión para las Seis de la Suiza, que al día siguiente se presentaron de forma voluntaria en el centro penitenciario asturiano.

El Tribunal Supremo ratificó hace poco más de un año las penas individuales de dos años de prisión por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones, y al pago de cerca de 150.000 euros como indemnización al propietario de la pastelería La Suiza, en Gijón, que cerró el local como consecuencia de las protestas continuadas a las puertas del establecimiento por un conflicto con una trabajadora.

Los hechos se remontan a junio de 2016, cuando la pareja sentimental de una trabajadora de la pastelería se presentó en el lugar de trabajo y mantuvo un altercado con el empresario, que culminó con una denuncia del hostelero por amenazas y daños en su local.

Según detalla la sentencia, la empleada, a raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja, dejó su empleo, entró en contacto con el sindicato CNT y se concertó con los acusados para iniciar una "campaña de presión sobre el empleador y su familia".

Entre otros actos, la sentencia concreta la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que le denunciaban por acoso laboral y sexual.

Las condenadas, según el relato de hechos, "incrementaron durante varios meses las acciones de boicot y presión" hacia el empresario y su familia porque éste se negó a indemnizar a la empleada por despido improcedente y a retirar la acusación contra la pareja de ésta.

Las concentraciones delante del local terminaron cuando el empresario decidió cerrar su negocio, lo que, según el Supremo, fue "la consecuencia directa de la presión, constante, reiterada y desproporcionada derivada del número de concentraciones realizadas como respuesta por no acceder a las pretensiones económicas de los acusados".

El Juzgado de instrucción 1 de Santiago de Compostela ha decretado este jueves prisión provisional para el exdiputado de Alternativa Galega de Esquerdas (AGE) Xabier Ron, detenido el martes a raíz de una denuncia en la que hay un menor implicado y que ha originado varios registros.

La denuncia no esta relacionada con la labor de Ron como profesor de lengua francesa en el centro educativo en el que ejerce, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación.

La investigación ha sido efectuada por agentes de la Guardia Civil bajo la supervisión del Juzgado 1 de Santiago de Compostela, que dirige la magistrada Ana López Suevos, quien ha ordenado la prohibición de facilitar datos sobre la víctima. La titular del citado Juzgado mantiene la prohibición de difundir la identidad o cualquier dato que permita identificar a la presunta víctima en base a una legislación relativa a la divulgación o publicación de información relativa a menores de edad.

Ron ejerció de diputado en el Parlamento de Galicia por la formación AGE entre 2012 y 2016 y también fue candidato a alcalde de Santiago de Compostela por Esquerda Unida (EU) en las elecciones municipales de 2007 y 2011.

Dos periodistas de Temirov Live, canal de investigación de YouTube de Kirguistán asociado al consorcio de medios de investigación OCCRP, al que pertenece infoLibre, y de su canal afiliado Ait Ait Dese han sido condenados a penas de prisión por incitar a disturbios masivos. Makhabat Tazhibek kyzy, directora Temirov Live, es también la esposa de su fundador, Bolot Temirov, a quien se ha retirado la nacionalidad y obligado a exiliarse. Tazhibek kyzy ha sido condenada a seis años de prisión y, dado que su marido ya no se encuentra en Kirguistán, el juez anunció que el hijo de ambos será enviado a un orfanato.

El otro periodista condenado es Azamat Ishenbekov, que además es poeta y contaba historias sobre la corrupción en la república exsoviética a través de canciones y raps para conectar mejor con el público kirguís. Cumplirá cinco años de cárcel. “No hay justicia ni honestidad en este país, todo está muerto”, dijo Ishenbekov en un mensaje publicado en Telegram justo después de conocerse el veredicto.

Dos periodistas más, Aktilek Kaparov y Aike Beishekeeva, han sido condenados a tres años de libertad condicional, mientras que los siete periodistas restantes han sido absueltos por falta de pruebas.

Los fiscales habían acusado a un total de 11 periodistas de Temirov Live, uno de los medios de investigación más destacados de Kirguistán que ha informado ampliamente sobre la corrupción gubernamental, de incitar y organizar disturbios masivos. Fueron detenidos el pasado mes de enero en una redada nocturna.

“Amordazar a los medios de comunicación independientes es propio de un régimen autoritario”, ha declarado Drew Sullivan, editor de OCCRP. “Este veredicto”, añade, “no es sorprendente dada la trayectoria descendente de Kirguistán durante los últimos años, pero es extremadamente decepcionante porque se está negando al público kirguís información veraz y se está criminalizando el acto periodístico”.

“La condena de Makhabat Tazhibek kyzy es cruel y trágica”, critica por su parte Miranda Patrucic, redactora jefe de OCCRP. “El Kirguistán de [el presidente Sadyr] Japarov se ha ensañado con un solo hombre que dijo la verdad, y ahora se ensaña con su familia. Mientras tanto, a los corruptos y a quienes saquearon millones de dólares del país se les da un tirón de orejas”, denuncia. “La única culpa de Azamat Ishenbekov fue llevar las historias de Temirov Live a un público más amplio a través de formas con las que pudieran identificarse. Debería ser puesto en libertad”, explica además Patrucic.

OCCRP ha denunciado el retroceso democrático en Kirguistán, que ha incluido ataques a los medios de información. Bolot Temirov, el fundador del canal, fue detenido por cargos falsos de tráfico de drogas y deportado. Otro medio, Kloop, también miembro de OCCRP, ha sido clausurado por “ejercer el periodismo sin licencia”, entre acusaciones de “afectar a la salud mental de los ciudadanos” alterándola con información negativa.

En mayo de este año, OCCRP y sus socios publicaron una investigación en la que mostraban cómo el presidente kirguís, Sadyr Japarov, ha reducido drásticamente la transparencia en el gasto público y cómo los proyectos del gobierno están siendo ejecutados por empresas propiedad de personas aparentemente cercanas al presidente.

En marzo, OCCRP había lanzado Sin censura: The Kyrgyzstan Project, que incluía la campaña #FreeKyrgyz11, donde presionaba para que se retiraran los cargos contra los 11 periodistas de Temirov Live y se pedía a los ciudadanos que grabaran vídeos en apoyo de los periodistas encarcelados. Personas de todos los sectores y de todo el mundo respondieron al llamamiento.

Temirov Live sigue informando desde fuera de Kirguistán, ya que hacerlo desde el exilio es cada vez más habitual a medida que más gobiernos recurren a leyes draconianas y acusaciones espurias para silenciar a la prensa del país.

Los grupos de defensa de la libertad de prensa consideran el proceso contra Temirov Live un caso político, que relacionan con la actual represión de la libertad de expresión por parte del gobierno kirguís. “El clima mediático en Kirguistán, que antes era relativamente libre, se ha deteriorado significativamente debido a las redadas del gobierno, las detenciones de periodistas, los cierres forzosos de medios de comunicación y el bloqueo de sitios web de noticias”, denuncia la organización International Partnership for Human Rights en un informe publicado el 30 de septiembre.

Además, el pasado día 2, Amnistía Internacional pidió al gobierno kirguís que retirara los cargos contra los 11 periodistas de Temirov Live. “Estos cargos no son más que un intento políticamente motivado de reprimir la libertad de expresión y castigar a los periodistas por su trabajo”, criticó la organización en su comunicado.

El Partido Popular retirará del orden del día del pleno del Senado de este martes la reforma de la ley orgánica de intercambio de antecedentes penales en la Unión Europea, que incluye medidas que benefician a presos etarras, al contárseles el tiempo de cárcel en Francia.

Fuentes del PP han confirmado el aplazamiento que, no obstante, no impedirá que la reforma legal sea finalmente aprobada, aunque más adelante, ya que al no haber recibido enmiendas de forma previa, tras su debate y votación por el pleno, meramente testimonial, el texto iría al Boletín Oficial del Estado, incluso aunque la mayoría de la Cámara Alta vote en contra. Solo podría evitarse si el Gobierno, como le ha pedido el PP, utilizase su potestad para retirar esta reforma, con la que podrían beneficiarse hasta 44 presos de ETA.

Los populares, mayoritarios en el Cámara Alta, ganan así tiempo a la espera de que el Ejecutivo decida si mantiene el texto o, bien lo retira, como han exigido PP y Vox al ser la única forma de evitar que la reforma salga adelante tal como fue aprobada por unanimidad en el Congreso en lo que PP y Vox admiten que fue un error que ahora tratan de subsanar en el Senado.

"Queda en sus manos la responsabilidad de dejar sin efecto esta decisión", han destacado las fuentes del PP, que han incidido en que si el Gobierno no retira el texto, buscarán cualquier alternativa jurídica o parlamentaria para impedir la aprobación con "artimañas parlamentarias" de lo que el PP considera un "despropósito". En este sentido, han insistido en que el PSOE es el único partido con capacidad para parar la tramitación.

Las mismas fuentes han indicado que el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo ha hablado esta misma mañana con la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) para "disculparse personalmente por lo ocurrido y compartir el rechazo a cualquier triquiñuela parlamentaria que implique abaratar las condenas a terroristas".

La reforma de la ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso, incluida una enmienda de Sumar para que la prisión en otros países de la UE compute en el tiempo de la condena. Si el Gobierno no lo retira y aunque no vaya mañana al pleno como estaba previsto, el proyecto debería someterse de nuevo al pleno en una nueva sesión que habría que convocar para la próxima semana, ya que se tramita con carácter de urgencia y no cabría más demora.

Ha sido la AVT la que ha avisado este lunes de que si entra en vigor, la ley permitirá a 44 presos etarras salir antes de prisión, de los cuales siete estarían en libertad en unos meses. Esto se debe la introducción en la Comisión de Justicia del Congreso de una enmienda de Sumar por la que se suprimía un artículo y la disposición adicional de la actual norma que impedía, hasta ahora, que los condenados etarras pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia.

En rueda de prensa, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha denunciado la "jugarreta" del Gobierno, y ha avanzado que su formación hará todo lo que esté en sus manos desde el punto de vista político y jurídico. "Para nosotros es un tema crítico, no va a quedar así", ha sentenciado antes de explicar que los populares votarán mañana en contra en el Senado, lo que quedará reflejado en el acta de la sesión, pero no impedirá la aprobación de la ley.

El PP tiene mayoría absoluta en esa cámara, pero su reacción es tardía, dado que, al igual que Vox, no solo votó a favor del texto en el Congreso, sino que no presentó enmiendas en el Senado.

Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recordado que tanto PP como Vox han apoyado la reforma de la ley y ha destacado que su tramitación parlamentaria ha sido "absolutamente pacífica".

Mientras, el portavoz de Sumar, Enrique Santiago, ha manifestado, en defensa de la enmienda que su grupo promovió, que la ley corrige una discriminación de los presos y no conmuta penas. "Aquí lo único que ocurre es que la derecha, el PP y Vox, no sabe qué hacer para continuar su ofensiva contra la reforma de la Ley de seguridad ciudadana y vuelven a recurrir a lo de siempre, al fantasma del terrorismo en el País Vasco, que hace más de una década que dejó de existir", ha remarcado.

Por su parte, el presidente de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia y diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Daniel Portero, ha cargado contra este partido y Vox por avalar en el Congreso la reforma legal que permitirá a presos de ETA salir antes de prisión. "No tiene disculpa, nadie les ha engañado". "El proceso ha sido totalmente transparente desde el principio. Ambos partidos deberían haber presentado votos particulares para el debate en el pleno y exigir la vuelta al texto anterior a la enmienda de Sumar que exigía la derogación de la disposición adicional única de la ley", ha recordado Portero en declaraciones a EFE.

En febrero de 2022, la AVT presentó un dossier de los entonces 48 etarras que podrían verse beneficiados de un eventual cambio legal. Dos años y medio después, cuatro han salido en libertad tras cumplir íntegramente su pena, pero otros 44 que han estado encarcelados en Francia verán acortada su estancia en prisión con la nueva ley, además de que podrían acceder al tercer grado y a la libertad condicional antes.

Para siete de ellos la aplicación de una nueva norma supondría la excarcelación inmediata pues el cumplimiento total de su pena está cerca de liquidarse. Con el descuento del tiempo que han estado encarcelados en el país vecino, deberían estar ya fuera de una prisión.

Según el informe de la AVT, pueden alcanzar la libertad próximamente con este cambio legal Xabier García Gaztelu, Txapote, condenado por decenas de asesinatos como el de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordoñez, Fernando Múgica, Fernando Buesa o José Luis López de la Calle.

Su fecha prevista está fijada en febrero de 2031, si bien con el cambio normativo y tras más de seis años encarcelado en Francia, en 2025 podría salir de prisión. Un año más tarde también lo haría su pareja Irantzu Gallastegui, Amaia, condenada por varios crímenes.

También en libertad podría estar el próximo año el exjefe de ETA José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, que cumplió en prisiones francesas una condena de casi ocho años, que se descontarían de su fecha prevista de cumplimiento en 2032, según el recuento de la asociación.

Tremenda incredulidad la que he experimentando viendo el trato mediático que se ha dado al caso de Daniel Sancho.

Reconozco que es fascinante entrar en los medios digitales y encontrar tantísimos artículos y reportajes dedicados a contarnos lo terrible que es la cárcel en la que lo encerrarán, lo maravillosa que era su vida antes de esto y lo duros que van a ser para él los próximos años en los que ni siquiera tendrá opción a pedir un traslado de prisión. Enciendo la televisión y encuentro a comunicadores hablando con la defensa del ya condenado o los representantes de su familia con un tono apesadumbrado, con ojos llorosos, con música melancólica de fondo. “¿Esos padres han podido abrazar a su hijo?”, preguntaba una presentadora. Bueno, quienes no han podido abrazar a su hijo han sido los padres de Edwin Arrieta. Supongo que eso no importa tanto. 

Ha sido bastante fascinante ver cómo, durante meses, muchos medios se empeñaban en construir un relato de víctima para un hombre que había asesinado, descuartizado y tratado de esconder los restos de otra persona. Resulta que, para entender el anti-punitivismo del que tanto se ha hablado desde los feminismos o varios flancos de la izquierda, solo hacía falta que condenasen a cadena perpetua a un hombre blanco, joven, guapo y con dinero. De repente, todo el mundo parecía sentirse identificado con él. Imagino que con el migrante que entró de manera “ilegal” en España huyendo de una muerte segura o con el pobre de tu barrio que metió a su familia en un piso vacío porque estaban en la calle, cuesta más que los medios empaticen.

El relato de víctima de Daniel Sancho conllevaba, por cierto, la contraparte del “algo haría para merecérselo” de la verdadera víctima: Edwin Arrieta. Un relato que olía a racismo y también con cierto tufillo a homofobia que casi me ha recordado (muy ligeramente) al trato mediático del caso Wanninkhof, cuya lesbofobia analizaba Beatriz Gimeno en su libro La construcción de la lesbiana perversa. ¿Cómo no iba a ser Dolores Vázquez la asesina de Rocío Wanninkhof, si era una lesbiana, una depravada, una malvada misándrica y resentida con la sociedad? ¿Y cómo iba a ser una víctima ese tal Arrieta? Parece que el tiempo no pasa, ¿eh?

Ojo, me sorprende también el lado contrario. Leo también a muchas personas haciendo referencia a que la condena a Sancho ha sido “ejemplar”, a que en España deberíamos “tomar nota”. Incluso he llegado a ver el vídeo de una famosa influencer que, preguntada en un photocall sobre el tema, asegura que “si pusieran cadena perpetua en España para quienes matan a las mujeres, para todas las atrocidades que pasan en este país, pasarían muchas menos cosas”. En Tailandia, donde se ha dado esta condena, la tasa de homicidios fue de 2,58 por cada 100.000 habitantes en 2022. En Estados Unidos, por poner otro ejemplo de país en el que también existen cadena perpetua y pena de muerte, de 6,38. España, mientras tanto, tiene una de las tasas más bajas de todo el mundo: 0,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. No sé, quizá no hacemos tan mal orientando el sistema penitenciario hacia la rehabilitación y la reinserción en lugar de al punitivismo más absoluto.

Eso sí, la culpa, más que a la influencer, se la echaría al reportero. ¿De verdad era necesario preguntar sobre la sentencia de un caso judicial tan delicado en la alfombra roja de algún evento dedicado a la mayor frivolidad posible (sin ser esto nada negativo)? ¿Por qué este empeño en que todo el mundo tenga una opinión de todo? 

No sé si hay una lección concreta que sacar de todo esto. En todo caso, no seré yo quien la ofrezca. Como mucho, me gustaría vivir con la esperanza de que los medios de comunicación dejarán de dar pasos atrás con respecto al decoro y la profesionalidad que deberían guardar a la hora de tratar temas tan escabrosos como es un asesinato. También me gustaría pensar que, en algún momento, tratarán de acercar cada vez más su visión y perspectiva a la que manifiesta la población con la que, se supone, tienen un compromiso. Y también me gustaría pensar que, en unos años, no estaremos viendo una nueva serie true crime basada en la historia de Daniel Sancho que vuelva a situarlo en una supuesta posición de víctima. 

Imagino que alguna productora estará lamentando que la sentencia haya acabado en cadena perpetua por un motivo bastante menos bucólico que la empatía; ya no podrán ficharlo en unos años como concursante del reality de moda. Vaya por Dios.

La Audiencia Provincial de Lugo ha acordado imponer este lunes penas de prisión inferiores a los tres años para cada uno de los 11 imputados en la pieza original de la Operación Pokémon, la mayor macrocausa de corrupción política investigada en Galicia, tras haber alcanzado el Ministerio Fiscal un acuerdo de conformidad con las defensas de cada procesado y que estos hayan reconocido ante la jueza su autoría de los hechos.

Unos casos relacionados con la adjudicación de manera fraudulenta del servicio de la grúa municipal de Lugo a la empresa Cechalva—entre los años 2004 y 2006— cuando el principal imputado en la pieza, el exconcejal del Ayuntamiento de Lugo, Francisco Fernández Liñares, se encontraba al frente del área de Economía.

De acuerdo a lo recogido en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el exedil, quien también llegó a desempeñar el puesto de teniente de alcalde durante el mandato del socialista José López Orozco, aprovechó su posición de poder y su cargo público para favorecer la concesión de la adjudicación a Cechalva, obteniendo por ello contraprestaciones económicas.

Además de Liñares, que ha comparecido por videoconferencia desde la prisión de Monterroso, donde cumple condena por otros delitos, este lunes se han sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial lucense diez procesados más: Javier Reguera y Manuel Santiso como parte del accionariado de la empresa por sus vínculos directos con Liñares; así como ocho empresarios relacionados con la compañía o procesados como parte del sistema de doble contabilidad con caja B que esta mantuvo durante el periodo investigado en el marco de la causa.

Tras la lectura del escrito de acusación, que se ha prolongado durante más de una hora, y de las modificaciones realizadas por parte de la Fiscalía como consecuencia de los acuerdos alcanzados, los once imputados han reconocido uno a uno su autoría de los hechos y han aceptado las nuevas penas impuestas.

Unas condenas que, en ninguno de los casos, exceden los tres años de prisión. La mayor rebaja ha recaído sobre el principal acusado, Francisco Fernández Liñares, para quien la Fiscalía solicitaba inicialmente una pena acumulada de nueve años y medio y que ahora deberá cumplir dos y medio como autor confeso de los delitos de violación de secretos por funcionario público, cohecho en concurso con negociaciones prohibidas, prevaricación y blanqueo de capitales. Además, deberá abonar una multa ligeramente superior a los 100.000 euros.

Reguera y Santiso, por su parte, que se enfrentaban a penas de prisión cercanas a los ocho años, han sido condenados finalmente a dos años y cinco meses y dos años y un mes de cárcel, respectivamente, por los delitos de aprovechamiento de información privilegiada, cohecho, falsedad en documento mercantil y delito contable continuado.

El resto de los acusados han sido castigados con penas de menor duración de entre dos meses y un año y cuatro meses de cárcel por cohecho, falsedad en documento mercantil, delito contable continuado y blanqueo de capitales.

La investigación de la pieza original juzgada este lunes en Lugo fue la que inauguró las diligencias que acabarían derivando en la macrocausa Pokémon, instruida inicialmente desde el Juzgado número uno de Lugo por la jueza Pilar de Lara y fragmentada desde el año 2012 en múltiples causas y archivos judiciales.

Un larguísimo proceso de instrucción que ha motivado la aplicación para los once procesados este lunes de un atenuante de dilaciones indebidas considerado por la sala como muy cualificado y responsable, en parte, de la notable rebaja de las penas.

"Después de más de una decena de años, nos encontramos con la posibilidad de cerrar este asunto con un acuerdo de conformidad entre las partes que hemos entendido que es lo más beneficioso tanto para la Administración de Justicia como para nuestros clientes", ha manifestado, en relación al acuerdo alcanzado y frente a la sede de la Audiencia Provincial, Emilio Cortés, abogado de Francisco Fernández Liñares.

Un pacto entre defensas y Fiscalía que el propio letrado ha calificado después como agridulce. "Los acuerdos siempre son agridulces porque en los acuerdos todas las partes están contentas y descontentas a la vez. Siempre quedará la sensación de que podríamos haber llegado a una sentencia más favorable para nuestro cliente, igual que la acusación pensará que podría haber conseguido una condena más contundente. Pero la conformidad consiste en eso", ha precisado.

En una línea muy similar, se ha pronunciado el abogado de José Luis Álvarez, otro de los imputados en la causa. "Han sido muchos años en el Juzgado de Instrucción y al final todos hemos llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Se ha alargado mucho el procedimiento pero también es cierto que se está aplicando el atenuante de dilaciones indebidas y el transcurso del tiempo ha jugado a favor del reo en este caso", ha finalizado.

El tribunal del distrito de Pervomayskiy, en Biskek, capital de Kirguistán, prorrogó este martes la detención preventiva de ocho periodistas acusados de “incitar a los disturbios de masas”, unos arrestos que se producen en medio de una represión generalizada de la libertad de expresión por parte del Gobierno de esta república exsoviética situada en Asia Central.

El tribunal permitió a otros dos periodistas salir del centro de detención, pero les ordenó permanecer en arresto domiciliario durante los próximos dos meses. Finalmente, el tribunal puso en libertad a otro periodista, pero le prohibió salir del país.

Los 11 periodistas trabajaban en Temirov Live, un medio de investigación periodística en internet que ha sacado a la luz casos de corrupción de los funcionarios del Gobierno. El fundador del medio, Bolot Temirov, ha rechazado la acusación de que los periodistas hayan incitado a los disturbios con sus reportajes. “Uno podría reírse de este absurdo si no fuera tan triste”, ha declarado a OCCRP, la red de medios de investigación a la que pertenece infoLibre y para la que también trabaja Temirov Live.

“La vista judicial de hoy [por este martes] ha sido una oportunidad para que las autoridades demuestren en la práctica que declaran que en Kirguizistán hay libertad de expresión y no se producen persecuciones políticas”, ha añadido.

Las detenciones de los periodistas, el pasado 16 de enero, provocaron la indignación internacional de organizaciones como la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que pidió al Gobierno de Kirguizistán “que proteja la libertad de expresión”. “Estas últimas acciones de las autoridades parecen formar parte de un patrón más amplio de presión contra activistas de la sociedad civil, periodistas y otras personas críticas con las autoridades”, denunció entonces en un comunicado la portavoz de la organización de la ONU, Liz Throssell.

También ocho grupos internacionales, entre ellos Human Rights Watch, emitieron por separado una declaración conjunta en la que instaban al Gobierno a “dejar de intimidar y acosar a los periodistas”. Temirov Live, en particular, ha sido objeto de ataques por parte de las autoridades kirguís.

Así, en 2022, Bolot Temirov fue desposeído de su ciudadanía kirguís y deportado a Rusia, donde también tiene pasaporte. Esa medida se tomó después de que la policía registrara las oficinas de Temirov Live, donde los agentes dijeron haber encontrado una pequeña bolsa de marihuana. Bolot declaró que la policía la había colocado entre sus pertenencias.

Las autoridades del país también han puesto en el punto de mira a otro miembro de OCCRP, Kloop. De hecho, la Fiscalía de Biskek presentó una demanda en agosto de 2023 pidiendo al tribunal que ordenara su cierre. En una sentencia de 10 de febrero, el tribunal lo clausuró.

Los expertos que testificaron en las vistas contra Kloop llegaron a declarar que los informes sobre la corrupción en el país habían desencadenado crisis nerviosas y otros problemas de salud mental entre la población. Los abogados de Kloop han declarado que recurrirán la sentencia.

El país fue en su día, con mucho, la más libre de las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central. Sin embargo, en los últimos años, bajo un presidente, Sadyr Japarov, que combina la retórica populista con métodos de control al estilo ruso, la soga se ha tensado. Numerosos medios de comunicación independientes han sido presionados o cerrados. En la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, Kirguistán ha perdido 50 puestos en un año, pasando del nivel de Japón al de Sudán del Sur.

La Comisión Europea plantea una pena máxima de al menos 5 años para delitos de malversación en toda la Unión Europea, según la propuesta de directiva presentada este miércoles para tipificar los delitos de corrupción y armonizar las penas en el continente, una propuesta que obligaría a España a volver a reformar el delito de malversación, según informa Europa Press.

Bruselas pide que las infracciones referidas a malversación, tráfico de influencias y cohecho sean castigadas con penas de cárcel de una duración máxima de al menos 5 años, un suelo para la pena máxima de cada delito que en el caso de España supondría endurecer los dos tipos atenuados creados con la última reforma penal.

Dicha reforma, que entró en vigor el pasado 12 de enero, mantuvo el tipo tradicional de malversación en el artículo 432 con las mismas penas (de 2 a 12 de cárcel y 6 a 20 de inhabilitación), pero precisando que debe haber "ánimo de lucro" cuando la autoridad o funcionario público "se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas".

Además, creó dos tipos atenuados de malversación. Uno para cuando "la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas", con penas de 6 meses a 3 años de prisión e inhabilitación de 1 a 4 años.

Y un segundo tipo para "la autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquélla a la que estuviere destinado", sancionado con entre de 1 a 4 años de cárcel y 2 a 6 de inhabilitación.

Conforme a la propuesta lanzada este miércoles por Bruselas, el artículo 432 —al tener una pena máxima de 12 años— quedaría indemne, pero los dos nuevos tipos no cumplirían, por contemplar máximas de 3 y 4 años, por debajo de ese umbral de 5 señalado por el Ejecutivo comunitario.

La iniciativa de la Comisión pretende actualizar y armonizar las normas de la UE sobre definiciones y penas de los delitos de corrupción para combatir toda la gama de delitos de corrupción, prevenir mejor la corrupción y mejorar la aplicación de la ley. La propuesta de directiva tendrá que ser negociada ahora por los estados miembros y el Parlamento Europeo.

La UE propone aplicar el mismo criterio para el delito de cohecho, tanto activo como pasivo, lo implicaría reformar algunos tipos para ajustar el Código Penal (CP) español a las exigencias comunitarias.

Así ocurriría con el artículo 420 del CP, que sanciona con entre 2 y 4 años de cárcel a "la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo".

Y con el 422, que castiga con entre 6 meses y 1 año de cárcel a "la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función".

El delito de tráfico de influencias se vería igualmente afectado porque España lo sanciona con entre 6 meses y 2 años de cárcel para los funcionarios y particulares que influyan en un empleado o responsable público "prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero".

En la misma línea, habría que reforzar el castigo de algunos tipos de obstrucción a la justicia para que la pena máxima fuera al menos de 6 años. Por ejemplo, el supuesto que contempla penas de 1 a 4 años de cárcel para quien "con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal".

Misma pena, de 1 a 4 años de cárcel, contempla el CP para "quien realizare cualquier acto atentatorio contra la vida, integridad, libertad, libertad sexual o bienes, como represalia contra las personas citadas en el apartado anterior, por su actuación en procedimiento judicial".

Además, ahora mismo se sanciona con entre 6 meses y 2 años de cárcel a quien "interviniendo en un proceso como abogado o procurador, con abuso de su función, destruyere, inutilizare u ocultare documentos o actuaciones de los que haya recibido traslado en aquella calidad".

Por debajo de las exigencias de Bruselas quedaría asimismo el nuevo delito de enriquecimiento ilícito, introducido también en la última reforma penal, ya que Bruselas apunta a una pena máxima de al menos 4 años y ahora mismo el arco penal va de 6 meses a 3 años.

Este delito castiga a "la autoridad que, durante el desempeño de su función o cargo y hasta cinco años después de haber cesado en ellos, hubiera obtenido un incremento patrimonial o una cancelación de obligaciones o deudas por un valor superior a 250.000 euros respecto a sus ingresos acreditados, y se negara abiertamente a dar el debido cumplimiento a los requerimientos de los órganos competentes destinados a comprobar su justificación".

La Audiencia Nacional ha dado un plazo de tres días a Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte, para que ingrese en prisión para empezar a cumplir la condena a 36 años y 11 meses que ha recibido por las actividades de la trama 'Gürtel' en el municipio madrileño.

Así lo ha decido la Sala de lo Penal tras una vistilla que se ha celebrado a primera hora de este martes a petición de la Fiscalía, que había solicitado su ingreso inmediato en prisión.

Para los magistrados, el riesgo de fuga en este momento y durante la tramitación del recurso que la defensa ya ha avanzado que formulará contra dicha sentencia es "máximo", de acuerdo con el auto que han dictado este martes.

En consecuencia, han impuesto a González Panero una medida cautelar de prisión preventiva comunicada y sin fianza, para cuyo cumplimiento le da un plazo de 72 horas en un centro penitenciario de su elección.

El Ministerio Público ha alegado que "el riesgo de fuga es evidente", dado que González Panero "carece de arraigo" laboral y familiar y durante el juicio quedó probado que "contaba con un entramado societario, propiedades en Miami y en Marruecos y cuentas en Suiza".

"Podría hacer uso de las estructuras societarias fuera de España para facilitar su riesgo de fuga. No tenemos noticias de que todo su patrimonio en el extranjero haya sido bloqueado", ha sostenido el fiscal, según recoge dicho auto.

Esta tesis, a la que se han adherido la Abogacía del Estado y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, ha contado con la réplica de la defensa, la cual se ha opuesto al ingreso inmediato en prisión asegurando que "no concurre riesgo alguno de fuga debido al tiempo prolongado de la causa y a su disposición a comparecer a la vista".

González Panero, que ha tomado la palabra, ha expuesto que si no ha llegado a satisfacer las responsabilidades pecuniarias es porque "ha hablado con prestamistas para poder reparar el daño, pero las condiciones no eran admisibles".

Además, ha aducido que, "aunque ha sufrido 13 años muy duros sin oportunidades laborales, en este momento manifiesta que sí está trabajando de asesor energético y que tiene 150 clientes, por lo que no es cierto, como se ha dicho, que carezca de arraigo laboral".

Ha rechazado igualmente que no tenga lazos familiares suficientes que le retengan en España. En este sentido, ha contado que vive con sus padres, que son mayores y están enfermos, y que "tiene dos hijas maravillosas con las que va al gimnasio y a las que lleva a la universidad".

No obstante, el tribunal presidido por el magistrado José Antonio Mora Alarcón se ha alineado con la Fiscalía al entender que "el riesgo de fuga se define en este momento por la elevada gravedad de la condena que se le impone al señor González Panero en la sentencia".

"Las circunstancias expuestas por su defensa y por él mismo, que no dejan de ser en algún punto paradójicas, son netamente insuficientes para desterrar el riesgo intenso de fuga ante el horizonte penológico que la sentencia abre", han señalado los magistrados.

A este respecto, han subrayado que "su defensa niega cualquier posibilidad, por mínima que fuese, de reparación, lo que hace sino introducir nuevos elementos que permiten dudar seriamente de su sinceridad y su intención de hacer frente a sus responsabilidades".

"No podemos olvidar en este sentido que detrajo durante la tramitación de la causa, a diferencia de lo que han hecho otros acusados, una elevada cantidad de dinero que tenía depositada en una cuenta en Suiza en el año 2012, de la que no se han tenido más noticias", han recalcado.

"Todo ello", han apuntado, "lejos de contribuir a generar la confianza en el tribunal hacia su comportamiento durante la tramitación del recurso hace imprescindible que se adopte la medida cautelar".

González Panero recibió la pena de prisión más elevada de los 23 condenados: 36 años y 11 meses de cárcel por delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, fraude a las administraciones públicas, falsedad documental en documento mercantil, tráfico de influencias, blanqueo y malversación de caudales públicos.

El tribunal consideró que "no era un funcionario más sino la cabeza del consistorio durante dos legislativas", destacando además "la defraudación de la confianza depositada en el mismo y que utilizó para su propio enriquecimiento personal" además de "la peligrosidad" de su "conducta para la Administración Pública que lideraba".

En esta línea, los magistrados cargaron con dureza contra González Panero y aseguraron que su declaración en el juicio no cumplió con la "veracidad, suficiente y utilidad" necesarias. "Negó su participación en los hechos en las seis declaraciones que realizó en fase de instrucción, y no fue hasta días antes del inicio del juicio en que presentó un escrito anunciando 'un reconocimiento de hechos'", recuerda el fallo.

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha lamentado que la Jurisdicción de Vigilancia Penitenciaria presente un "déficit muy relevante" en relación a su función de "corregir" los posibles "abusos y desviaciones que en el ejercicio del régimen penitenciario puedan producirse".

En un comunicado, recogido por Europa Press, la asociación ha compartido las conclusiones de su comisión penal ante los déficits de la Administración y la Jurisdicción Penitenciaria. En concreto, ha valorado el contenido de la jurisprudencia constitucional sobre el deber judicial de investigar las denuncias de torturas y malos tratos en espacios de privación de libertad, así como los Informes anuales del Mecanismo para la Prevención de la Tortura (Defensor del Pueblo) y el Informe del Comité Europeo de Prevención de la Tortura de 2020.

Así, ha concluido que tras 40 años de vigencia de la Ley Orgánica General Penitenciaria y de funcionamiento de la Jurisdicción de Vigilancia Penitenciaria "no se ha atenuado suficientemente el nivel de opacidad de los establecimientos penitenciarios", sobre todo en determinadas actuaciones relacionadas con el régimen disciplinario.

"En esa conclusión, adquiere una dimensión especial la constatación de que la Jurisdicción de Vigilancia Penitenciaria presenta un déficit muy relevante en relación a su función de corregir los abusos y desviaciones que en el ejercicio del régimen penitenciario puedan producirse", ha señalado la comisión.

En este sentido, ha subrayado que los informes analizados —tanto el del Defensor del Pueblo como el del Comité Europeo— "compelen" a los poderes públicos a adoptar las medidas oportunas para mejorar la respuesta judicial ante dichos abusos y desviaciones, "cumpliendo las funciones encomendadas como garantes de los derechos fundamentales de la población penitenciaria".

En el marco del comunicado, la comisión penal de JJpD ha mostrado su "preocupación" sobre el perfil de las personas privadas de libertad. Según ha destacado, en su mayoría son "procedentes de entornos de pobreza y exclusión social, el 80% con problemas de drogodependencias y casi la mitad con alguna enfermedad mental".

Ante esta situación, la asociación ha instado al Gobierno y a las comunidades autónomas a poner fin al "flagrante incumplimiento" de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, de manera que los servicios públicos asuman "de una vez por todas" la prestación sanitaria integral de las personas presas.

Según ha denunciado, la población reclusa en estos momentos recibe una atención "segregada, deficitaria y en condiciones de desigualdad respecto al resto de la población". De ahí que para Juezas y Jueces para la Democracia se trate de una "medida urgente e inaplazable".

Al hilo, ha instado también a que impulsen de manera "decidida" una "modernización" del sistema de respuestas penales que cuente con "otras alternativas a la pena de prisión", como la "justicia restaurativa" que se aplica en otros países.

La violencia de género se ha consolidado como tercer delito entre los 47.351 presos de las cárceles españolas al representar el 9,8%, por detrás de los internos que cumplen condena por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (34,6%) y los de contra la salud pública (18,6%).

Según el avance de la estadística de 2021 de Instituciones Penitenciarias, consultada por Europa Press, el 92,8% de los internos en las cárceles españolas son hombres, frente al 7,2% de mujeres. El 15,7% (7.422 presos) son internos preventivos, diez puntos menos que la media europea, sobre una población estabilizada con respecto al dato de cierre de 2020.

En el balance de 2020 ya se reflejaba el peso de la violencia de género dentro de la población reclusa. Instituciones Penitenciarias informó de que, además de condenados a penas de cárcel, había gestionado cerca de 63.000 nuevos mandamientos judiciales para el cumplimiento de penas y medidas alternativas a la prisión, la inmensa mayoría condenados a Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) o a someterse a programas de tratamiento para evitar el ingreso en prisión.

Más de 23.000 penados lo fueron por delitos de violencia de género, de los que más de 6.000 se sometieron al PRIA-MA, el programa específico para esa tipología delictiva. El segundo delito más común en condenas no privativas de libertad era en 2020 el delito contra la seguridad vial, con cerca de 19.000 penados.

En el avance de la estadística de 2021 se recogen los datos de todas las prisiones españolas, excluidas las de Cataluña -que contabiliza más de 7.000 internos-. A partir del 1 de octubre de 2021 se ha ejecutado también la transferencia en materia penitenciaria a favor del Gobierno del País Vasco, aunque en este ejercicio sí se incluye la población reclusa de esta comunidad autónoma, donde hay casi 1.300 internos, 81 de ellos presos de la banda terrorista ETA.

Los cumplimientos de condena y la política de acercamientos de presos de ETA impulsada con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno a mediados de 2018 ha rebajado a 107 el número de internos de la banda terrorista en cárceles de la Administración General del Estado regentadas por la institución dependiente del Ministerio del Interior, de los 183 que cumplen condena en España.

Por su parte, el terrorismo de corte yihadista en todas sus variantes contabiliza 102 presos en las cárceles regentadas por Instituciones Penitenciarias. Solo en 2021 hubo 40 detenidos en 23 operaciones policiales, según datos del Ministerio del Interior.

Es decir, al cierre del año la cifra de internos por yihadismo en cárceles bajo supervisión del organismo del Ministerio del Interior es similar a los de ETA, un colectivo que llegó a sumar más de 700 presos cuando la banda terrorista estaba activa.

A lo largo de 2021 se han aprobado ocho terceros grados para presos de ETA y otros seis han obtenido la libertad condicional por mediación judicial. Además, ha habido diez licenciamientos definitivos por cumplimiento de condena. Además, hay otros 16 condenados por vínculos con el GRAPO y seis lo hacen por el terrorismo gallego.

En el avance de la estadística de Instituciones Penitenciarias figuran otros datos, alguno objeto de polémica por las críticas de sindicatos como las agresiones a funcionarios. Hasta noviembre de 2021 se han contabilizado 142 agresiones, frente a las 176 en todo 2020 y las 223 en 2019. En comparecencias parlamentarias se recordó que en 2017 se contabilizaron 305 agresiones, el doble que hasta noviembre del presente año.

Concretamente, en una comparecencia en el Congreso el pasado mes de octubre, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, aportó otros datos como que en la actualidad está cubierta el 88,91% de la plantilla y que el 11% restante se hará cuando se complete la oferta de 2020 y 2021, que suma 2.193 plazas.

Pese a las críticas por las concesiones de terceros grados, sobre todo tras asesinar un interno en libertad condicional a un niño en La Rioja, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la eficacia de las medidas de reinserción penitenciaria. "El grado de civilización se mide por el trato a sus presos y la conclusión es que estamos en el buen camino", señaló en noviembre al recoger un premio del Colegio de Abogados de Madrid.

Instituciones Penitenciarias alude al Informe Space del Consejo de Europa para defender otros datos como que la ocupación de las cárceles españolas es del 68,5%, frente a la media europea del 86,6%. También recuerda que la condena media para el 25,4% de los internos es de entre cinco y diez años, frente a los doce meses y tres años de condena del 21,9% de la media europea.

La Justicia de Bolivia ha determinado este sábado mantener la orden de detención preventiva y ampliarla de cuatro a seis meses contra la expresidenta Jeanine Áñez, mientras avanza la investigación en su contra por presunta sedición, conspiración y terrorismo, en el caso golpe de Estado. Durante una audiencia de apelación extendida durante ocho horas, la Procuraduría General del Estado, la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno de Bolivia han solicitado a un juzgado de La Paz ampliar el período de reclusión a seis meses a los acusados y detenidos en este caso entre los que también se encuentran los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, informa Europa Press.

Frente a esta decisión, en la cuenta de Twitter de la exmandataria, se ha compartido un certificado médico con fecha de 18 de marzo de 2021 en la que se indica que "padece de hipertensión" y que "actualmente padece de un nuevo episodio de crisis hipertensiva" por lo que "se debe monitorizar y medicar de manera apropiada, para preservar el estado de salud".

Desde el pasado viernes, se ha solicitado el traslado de Añez a una clínica por su estado de salud, una decisión que fue avalada por un juzgado de La Paz pero revocada por la Procuraduría del país. Finalmente, la madrugada del sábado, Añez fue traslada desde la cárcel de Obrajes, donde estaba retenida desde el pasado lunes, hasta un nuevo centro penitenciario, el de Miraflores.

Esta decisión ha sido justificada "por razones de seguridad y para que cuente con condiciones y equipos para atender su problema de salud", según indicó el director del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias al diario La Razón.

El exministro Coimbra ha compartido en su cuenta de Twitter un mensaje en el que critica esta decisión de "ilegalidad y abuso".

Los tres acusados habían sido enviados a la cárcel el domingo 14 en una audiencia cautelar en la ciudad de La Paz. Fueron aprehendidos en Beni en cumplimiento de órdenes fiscales emitidas dentro de la denuncia presentada por la exdiputada Lidia Patty para que se establezca responsabilidades en la dimisión del expresidente Evo Morales,Evo Morales en noviembre de 2019.

Meng Hongwei, el expresidente de Interpol, ha sido condenado por un tribunal de China a una pena de trece años y seis meses de prisión por delitos de corrupción, según ha informado este martes la cadena de televisión estatal CCTV.

El Tribunal Popular Intermedio número 1 de Tianjin ha condenado a Meng Hongwei, que fue el primer alto cargo del Gobierno chino al frente de Interpol, al pago de una indemnización de dos millones yuanes (unos 261.000 euros) por las irregularidades en que incurrió.

Según informa el diario local South China Morning Post, Meng ha anunciado que no recurrirá la condena. La sentencia señala que entre 2005 y 2017, Meng aprovechó su cargo como viceministro de Seguridad Pública y como jefe de la Policía Marítima para recibir sobornos por un total de 14,46 millones de yuanes (1,8 millones de euros).

El caso de Meng llamó la atención de la prensa internacional y provocó críticas a las autoridades chinas porque su mujer denunció que había desaparecido tras un viaje a China y, semanas después, las autoridades informaron de que había sido arrestado por supuesta corrupción, sin haber informado previamente a Interpol de la investigación en marcha ni del arresto.

Las dudas sobre el futuro penitenciario de los nueve líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo a entre 9 y 13 años de prisión por el delito de sedición en concurso medial con malversación se van despejando poco a poco. Las juntas de tratamiento de las tres prisiones catalanas en las que cumplen condena propusieron la semana pasada clasificar a los políticos encarcelados por el procés en segundo grado, un régimen ordinario que no prevé, a priori, salidas de los centros. Con esta decisión, que se tomó sin unanimidad, se abre ahora un nuevo plazo de dos meses para que el Servicio de Clasificación, dependiente de la Conselleria de Justicia de la Generalitat, ratifique o tire por tierra el acuerdo de estos órganos integrados por psicólogos, educadores sociales, juristas y un representante de la administración catalana. Una vez despejada esta primera incógnita de forma definitiva, la siguiente batalla girará alrededor de una posible flexibilización de este régimen de internamiento ordinario. En este sentido, desde el Ministerio Público se está deslizando la idea de que se tratará de impedir por todos los medios la aplicación de un “tercer grado encubierto”.

La sentencia contra los dirigentes independentistas, además de poner punto y final al primer capítulo de la larga batalla judicial, adelantaba el que sería el siguiente enfrentamiento: la situación en prisión de los condenados. Los siete magistrados del Supremo no aceptaron, como pidió al final del proceso la Fiscalía, la aplicación del artículo 36.2 del Código Penal para impedir que los políticos encarcelados pudieran acceder al tercer grado –un régimen de vida en semilibertad– hasta que hubieran cumplido la mitad de la pena. Y sostuvieron su decisión sobre dos argumentos. El primero, que dicho precepto otorga al tribunal sentenciador la facultad de efectuar un pronóstico de peligrosidad que preserve los bienes jurídicos que fueron violentados con el delito, algo que considera cubierto con las penas de inhabilitación absoluta impuestas a los condenados. Y el segundo, que existe la “capacidad jurisdiccional para revisar decisiones administrativas en el ámbito penitenciario que se consideren contrarias a derecho”, que es la “mejor garantía” de que las penas “se ajustarán a un pronóstico individualizado de cumplimiento y progresión”.

La decisión del tribunal presidido por Manuel Marchena fue muy criticada por algunos sectores al considerar que abría de par en par las puertas a la Generalitat de Cataluña, que tiene transferidas desde 1983 las competencias sobre prisiones, para calificar de entrada a los condenados en un régimen de semilibertad, un movimiento que podría ser recurrido por el Ministerio Público ante el Supremo en última instancia y que suele reservarse para aquellos reclusos que ya han cumplido más de un cuarto de la condena. Sin embargo, las juntas de tratamiento se han inclinado finalmente por el segundo grado, que implica la aplicación de las normas correspondientes al régimen ordinario y que es el que se corresponde para los penados “en quienes concurran unas circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para vivir, de momento, en semilibertad”. Un grado que, no obstante, puede flexibilizarse a través de la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Una vía que algunas de las defensas ya han puesto sobre la mesa en caso de que se cierre definitivamente la puerta al régimen en semilibertad.

¿Qué es el artículo 100.2?

El citado precepto, que los expertos en derecho penitenciario califican como una suerte de “traje a medida”, establece que “el Equipo Técnico podrá proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los mencionados grados”. Es decir, que tanto el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras como el resto de condenados podrían enfrentarse a sus penas en un régimen ordinario suavizado con algunas de las ventajas aplicables a los reos clasificados en semilibertad. Este fue el artículo que se aplicó en el caso de Oriol Pujol para que pudiera salir diariamente de prisión para trabajar y realizar tareas de voluntariado social. O en el del expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Gerardo Díaz Ferrán –condenado a diez años y medio–, al que se aplicó el 100.2 en la variante que permite al preso no tener que volver diariamente a la cárcel si acepta su control “mediante dispositivos telemáticos” –artículo 86 del Reglamento Penitenciario–.

La Fiscalía no se opuso a la decisión del juez de vigilancia penitenciaria en el caso del expresidente de la patronal, que ya había cumplido la mitad de su condena, pero sí lo hizo en el del hijo del expresident de la Generalitat al considerar que se le estaba concediendo un tercer grado “encubierto”. Esto último será lo que tratará de impedir también el Ministerio Público si se pone sobre la mesa la vía del 100.2 para los nueve líderes independentistas condenados. Esto no quiere decir, no obstante, que los fiscales vayan a negarse categóricamente a un régimen flexible para algunos de los presos, según publicó el pasado fin de semana el diario La Vanguardia. A diferencia de la clasificación de grado, en el caso de la aplicación del 100.2 la última palabra si hubiera recursos no la tendría el Supremo, sino que estaría en manos de tres Audiencias Provinciales: la de Girona y Tarragona en el caso de Dolors Bassa y Carme Forcadell, respectivamente, y la de Barcelona en el del resto de condenados. Esto podría provocar diferentes decisiones judiciales para casos similares.

La redacción de este precepto legal deja la puerta abierta a una interpretación amplia. Por eso, algunos expertos no entienden que “un artículo tan importante” no aparezca “reflejado” en la Ley General Penitenciaria, con cuatro décadas de vida. En este sentido, a finales de septiembre el director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, planteó la necesidad de “regular con rango legal” el 100.2 “precisando los trámites y la intervención que en estos casos tiene que tener el órgano directivo”. Porque la aplicación de este precepto, del que según Europa Press se benefician anualmente unos 900 internos, siempre ha estado ligada a la polémica. Además de en los casos de Oriol Pujol o Díaz Ferrán, este artículo también fue el que se aplicó en los del expresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso o el etarra Iñaki de Juana Chaos. De hecho, en 2010 las víctimas del terrorismo solicitaron al entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, delimitar al máximo la aplicación de dicho artículo para los casos de reclusos condenados por actividades terroristas.

Los requisitos de la Circular 1/2005

En suelo catalán, el Departamento de Justicia de la Generalitat lanzó en enero de 2005, durante el Gobierno de Pasqual Maragall, la Circular 1/2005 reguladora de la aplicación del 100.2 del Reglamento Penitenciario, un artículo pensado –según recogía el texto– tanto para aplicar “aspectos característicos” del régimen de semilibertad a los internos de segundo grado como para que los reclusos clasificados en primer grado puedan aprovecharse de algunos beneficios del régimen de vida ordinario. El escrito, firmado por el entonces secretario de Servicios Penitenciarios, establecía que este artículo podrá aplicarse a internos que “por sus circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para asumir actividades propias de un régimen de vida en semilibertad”. Su disfrute, continúa, “debe formar parte de un programa individual de tratamiento”, siempre que éste no pueda ser ejecutado “de ninguna otra forma”. “La motivación es facilitar el proceso de rehabilitación y reinserción social”, culmina el apartado sobre los “requisitos generales de aplicación” del artículo.

En relación con las actividades que “pueden motivar la aplicación de esta modalidad y que se consideran implicadas y necesarias para favorecer el proceso de reinserción y rehabilitación personal y social del interno”, la circular hace referencia, en primer lugar, al desempeño de trabajos remunerados en el exterior. Pero también menciona cursos tanto de formación laboral como aquellos “teóricos y prácticos” orientados a “aprender un oficio” que faciliten la incorporación al mercado laboral del interno. Además, la circular vincula al artículo 100.2 la realización en el exterior de los diferentes niveles de estudios, tratamientos terapéuticos, actividades relacionadas con procesos de rehabilitación y recuperación sanitaria o aquellas en beneficio de la comunidad, como la colaboración con ONG y entidades sin ánimo de lucro. Y pone sobre la mesa una última posibilidad: “por vinculación familiar”, cuando “se detectan situaciones de necesidad” que hacen “imprescindible que el interno asuma responsabilidades familiares”.

La propuesta de aplicación del 100.2 vendrá acompañada de los oportunos informes técnicos. Así, los profesionales que integran el Equipo de Tratamiento valorarán el pronóstico de riesgo del interno, sus recursos sociofamiliares o el riesgo existente en relación con las salidas, así como analizarán la actividad que realizará el penado en el exterior. Posteriormente, se tramitará la propuesta, que será ejecutiva desde el mismo momento de su aprobación –es decir, que un recurso no la paraliza–. Para la aplicación del artículo 100.2, recoge además la circular, se deberán tener también “en cuenta” otros requisitos. Uno de ellos es que, “por regla general”, el recluso deberá encontrarse “a cuatro años de las dos terceras partes del cumplimiento de la condena”. En el caso de Junqueras, condenado a 13 años, esa situación no se cumpliría hasta mediados de 2022.

También con carácter general, establece el texto, los presos susceptibles de beneficiarse de este precepto legal “deben tener propuestas de permisos favorables y salidas programadas anteriores”.