El ex presidente brasileño Michel Temer ha sido detenido este jueves por la Policía Federal, en el marco del caso Lava Jato, en el que se investiga una red de cobro de sobornos a cambio de contratos públicos, según ha informado la prensa local y recoge Europa Press.

Al parecer, la orden de detención, dictada por el juez Marcelo Bretas de Río de Janeiro, se basa en una serie de delaciones entre las que destaca la del ex operador del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) Lucio Funaro.

El caso Lava Jato es el mismo por el que ha sido condenado el también ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del que Temer se convirtió en enemigo político tras apoyar el impeachment contra su sucesora, Dilma Rousseff.

La presidenta del Tribunal Supremo de Brasil, Cármen Lúcia, ha anunciado este jueves la suspensión de los indultos aprobados la semana pasada por el presidente del país, Michel Temer, horas después de la petición formulada en este sentido por la Fiscalía.

Lúcia ha sostenido que el decreto aprobado por el mandatario "da concreción a la situación de impunidad, en especial a los denominados 'crímenes de guante blanco'", según ha informado el diario brasileño O Globo. Asimismo, ha indicado que decreto "no tiene fundamento jurídico válido", criticando además que contradice "la naturaleza humanitaria del indulto". "El indulto no es ni puede ser instrumento de impunidad", ha remachado.

La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, afirmó en su petición al Supremo que "el jefe del Poder Ejecutivo no tiene un poder ilimitado para conceder indultos", advirtiendo de que, si existiese dicho "poder ilimitado", no existiría la separación de poderes ni se respetarían "los principios más básicos que constituyen la República".

Los perdones aprobados con motivo de la Navidad suelen estar aplicados a presos que cumplan ciertas condiciones, pero Temer ha sido objeto de críticas en los últimos días por relajar estos requisitos e incluir también a personas condenadas por corrupción.

El último decreto presidencial se aplica a delincuentes no reincidentes, castigados por delitos no violentos y que hayan cumplido una quinta parte de la pena, en lugar del 25% contemplado previamente. También elimina el límite que dejaba fuera a los presos condenados a más de 12 años de prisión.

Los dos hombres se ríen a mandíbula batiente. En el bar de la pequeña ciudad de São Paulo de Olivença, se vanaglorian de haber matado al menos a diez indios en el territorio indígena del Valle del Javari, en la frontera con Perú y Colombia. Los buscadores clandestinos de oro (garimpeiros) –que habían salido a cazar para conseguir proteínas para la expedición– se encuentran con un grupo de indígenas que estaban recogiendo huevos de tortuga. Probablemente los indios, de la tribu de los flecheiros, no tuvieron capacidad alguna de reacción ante la potencia de fuego de los mineros. Fueron masacrados. En el bar, en la mesa de al lado, alguien escucha la conversación y sorprendido, la graba a escondidas y denuncia lo sucedido.

Ebrios como estaban, los dos hombres afirman haber descuartizado los cadáveres antes de tirarlos al río para hacer desaparecer las pruebas. Desde entonces, las autoridades investigan una matanza ocurrida, probablemente, a principios de agosto. Pablo Luz de Beltrand, el fiscal de la República del Ministerio Público Federal, confirmó en un primer momento la masacre, pero ante el revuelo mediático, ahora dice no poder hablar para no entorpecer las investigaciones.

En un territorio tremendamente recóndito, a mil kilómetros al oeste de Manaos, la investigación no es sencilla. Las comunicación son lentas y esporádicas. El presidente de la Unión de los Pueblos Indígenas del Valle del Javari, Paulo Marubo, de la tribu de los marobos, explica –entre varias interrupciones telefónicas– que “la corriente eléctrica va y viene, lo mismo que la conexión a internet. Esto impide divulgar lo que sucede aquí. Y cuanto más nos adentramos en el valle, más complicado resulta. Las regiones ocupadas por indios aislados voluntariamente son de muy difícil acceso y, en especial, allí donde se ha producido la matanza”.

El Valle del Javari, convertido en tierra indígena en 2001, abarca 8,5 millones de hectáreas y cuenta con la mayor concentración de tribus aisladas, al menos 15 de las 110 censadas en Brasil. Estas tribus nunca han tenido contacto o no tiene relaciones permanentes con el Estado brasileño.

Esta falta de comunicación complica todavía más las investigaciones. A menudo, son otras tribus, denominadas contactadas, las que denuncias las masacres aisladas. A principios de año, los indios kanamaris informaron de otra matanza después de haber descubierto restos humanos: una veintena de miembros de los Warikama Djamar, aislados, pudieron ser asesinados. El Ministerio Público también investiga lo ocurrido.

“Varios meses después, en un lugar recóndito de la selva como es éste, casi nunca se encuentra el cadáver”, precisa Felipe Milanez, exfuncionario de la Fundación Nacional de los Indígenas (Funai), organismo encargado de la protección de los indígenas y profesor universitario especializado en conflictos medioambientales de la Universidad Regional del Recôncavo da Bahia (UFRB). Sin escena del crimen, sin cuerpo, sin restos de sangre y sin testigos, el trabajo de investigación es completamente diferente al que se realiza en la ciudad. Según el profesor, en la mayoría de las masacres indígenas, la noticia suele saltar del mismo modo: “Un pistolero que había bebido demasiado, otro –descontento después del reparto de un botín o lleno de remordimientos– que se confiesa al cura... A menudo, las informaciones no se ocultan, hay que saber escuchar. Después hay que profundizar e investigar”. Fotos aéreas de cabañas calcinadas en territorio de los Warikama Djapar podrían corroborar estos indicios: en esta tribu poco conocida, se suelen quemar las casas de los desaparecidos.

“El Estado no nos cree”

En lo que respecta a la otra matanza, al menos tres garimpeiros imputados tenían en su poder objetos que pudieron pertenecer a la tribu de los flecheiros. “Hace falta mucho tiempo, dinero e importantes medios logísticos para encontrar pruebas irrefutables”, explica Paulo Marubo. Pero para él, la mayoría de las veces, a los indígenas no se les toma en serio. “Vivimos en este territorio y advertimos continuamente al Estado de los riesgos de que se produzcan masacres contra nuestros hermanos aislados, pero el Estado no nos cree”. En 2015, tras un tiroteo a la entrada del territorio indígena, no se tomó ninguna medida, explica. “Las invasiones de los contrabandistas de madera, de narcotraficantes, de buscadores de oro, de cazadores se multiplican y no hay ninguna respuesta por parte del Estado, que se limita a respetar que ¡no hay dinero!”.

La falta de presupuesto es una mera excusa, lamenta Milanez: “¿Quiere eso decir que una parte del territorio está sin control? ¿Para qué sirve el Ejército? ¡Hay que liberar fondos para la investigación! En 1993, en una masacre de 16 yanomamis, el presidente de la Funai se desplazó a la zona para escuchar a los indios y llamar la atención de los medios de comunicación. Hoy la Funai ya no se desplaza”. En estos territorios inmensos, según Paulo Marubo, el asesinato de indígenas puede pasar desapercibidos. “Recientemente hemos visto cazadores blancos procedentes de territorio korubo, una zona de acceso prohibido, incluso para nosotros. ¿Cómo sabemos si no han matado a alguien allí?”. Puesto que están aislados, no tienen el mismo sistema inmunitario y una simple prenda contaminada por la gripe olvidada por los garimpeiros puede hacer estragos en una comunidad.

Pero estas masacres tienen otras consecuencias. A veces los indios aislados se ven obligados a huir y se refugian en el territorio de otra tribu. La cohabitación no siempre funciona. En 2015, un conflicto en la región entre los matis (recientemente contactados) y los korubos (aislados) se saldó con una decena de muertos. Otros indios tuvieron que huir del territorio y por tanto ya no están protegidos jurídicamente, lamenta Paulo Marubo. “En cualquier momento pueden encontrarse con contrabandistas de madera o narcotraficantes y entonces será el fin. Otros desembarcan de Perú: los indígenas fluyen en todos los sentidos”.

Influencia de los garimpeiros y de los lobbies

El Ministerio Público Federal, informado de esta supuesta masacre, organizó una operación en colaboración con el Ejército y el Ibama (organismo gubernamental encargado de la protección del medio ambiente) para luchar contra la extracción clandestina de oro en el valle. Cinco embarcaciones, utilizadas para buscar oro a orillas del río, han sido destruidas.

Aunque la operación no ha permitido dar con el supuesto escenario de la masacre, es alentadora, dice Gilderlan Rodriguez, encargado de los asuntos que atañen a los indios aislados en el Consejo Indígena Misionero (CMI). La protección de los indios pasa por luchar contra las invasiones de los buscadores de oro. “Si los indios se cruzan con garimpeiros, hay conflicto. El único modo de impedir las masacres es impedir los contactos no deseados”. La investigación deberá determinar lo ocurrido, pero lo más probable es que los garimpeiros no preparasen el ataque, en opinión de Milanez. “Están preparados para matar en cualquier momento. Si ven indígenas, tiran porque los indios los ven como intrusos peligrosos y pueden ser violentos. Pero el combate es desigual. No olvidemos que los garimpeiros van a cazar jaguar o jabalíes salvajes, por lo que a menudo disponen munición de gran calibre...”. Para él, este caso va mucho más allá de los tres garimpeiros acusados. “La encarcelación de los tres arrestados no va a impedir que los demás sigan invadiendo las tierras indígenas; si es que permanecen en prisión, porque en las zonas rurales de Brasil, la impunidad campa a sus anchas”. Después de la ejecución de 11 trabajadores rurales en los alrededores de la localidad de Pau d’Arco en el Estado del Pará, los 13 agentes encausados fueron liberados un mes después.

Los garimpeiros pueden contar con el apoyo de hombres de negocios y de políticos locales. Las expediciones no las ponen en marcha pobres desgraciados que se adentran a ciegas en la selva: están muy bien organizados y bien financiados. Las embarcaciones destruidas en la operación más reciente costaban más de un millón de reales (350.000 euros) cada una. La vigilancia aérea previa a la operación contabilizó 16 en el río. Milanez asegura que hay “denuncias que implican a alcaldes y concejales, que financian todo esto. Es muy grave. En este caso preciso, no sé, pero no es raro que diputados nacionales apoyen este tipo de proyecto”.

Presiones

Los intereses de los diputados del lobby minero se suman a veces a los del lobby del agrobusiness o bancada ruralista. Un proyecto de ley, iniciativa de un diputado ruralista, tiene como objetivo impedir la destrucción del material interceptado en una operación de protección del medio ambiente. En estas regiones alejadas de todo, donde repatriar el material puede revelarse imposible, una ley así permitiría a los infractores retomar el trabajo tan pronto como se hayan ido los inspectores.

El clima político favorable a los ruralistas cristaliza estas tensiones y los traficantes se envalentonan cada vez más. Los funcionarios de Ibama no pueden poner en marcha operaciones sin el Ejército que les cubra las espaldas: 50 militares escoltaban la operación del Ibama en el Valle del Javari. En el sur del Pará, en julio pasado, contrabandistas de madera incendiaron ocho camiones y coches del Ibama.

Un nuevo texto, ya firmado por el presidente, limita en la práctica la atribución a los indígenas de nuevas tierras y prohíbe cualquier ampliación de territorios indígenas ya protegidos. En una reunión con un grupo de indios que luchan por la sacralización de sus tierras próximas a São Paulo, el ministro de Justicia, Torquato Jardim, les dijo: “Sufro presiones inmensas por parte de grupos parlamentarios, que no están de vuestro lado”. 25 proyectos de ley contrarios a los intereses de los indios están listos para su votación en la Asamblea Nacional.

“Los territorios indígenas son los últimos territorios vírgenes y por ello fomentan la codicia. De ahí los numerosos ataques del Gobierno en su contra”, suspira Gilderlan Rodrigues, del Cimi. “La situación es peor que a finales de la dictadura. Entonces, se conquistaron nuevos derecho, hoy, el Estado ahorra en los logros de los indígenas. Existe una inseguridad jurídica nueva, Las leyes cambian para peor”, sigue. La legislación brasileña ha sido considerada durante mucho tiempo como un modelo de defensa de las tribus indígenas, sobre todo de las más aisladas, pero la tendencia se ha invertido, lamenta el funcionario del Cimi. Y hoy el Gobierno busca dar el golpe de gracia a la Funai, el organismo encargado de proteger a los indígenas.

Ataques

Para los diferentes actores entrevistados, la responsabilidad del Gobierno en esta probable matanza es enorme. “El desmantelamiento de la Funai se ha acelerado desde la entrada en funciones de Temer y ahora ya no hay dinero para nada”, explica Christian Poirier, de la ONG Amazon Watch. El presupuesto otorgado a la Funai se ha revisado a la baja: se habían previsto 546 millones de reales para 2016, pero con la llegada al poder de Temer, solo se le han concedido 137 millones de reales (40 millones de euros).

Dicho esto, de los 12 frentes de protección etno-medioambiental (FEP) destinados a proteger a los indios aislados y a impedir a los intrusos penetrar en sus territorios, cinco se han cerrado recientemente, uno de los cuales se encuentra e la región del Valle del Javari. Los puestos de la Fun bloqueaban el paso por los ríos, únicas vías de acceso. “Sin esta protección básica, los garimpeiros han comenzado a pulular”, lamenta Paulo Marubo. Los que todavía están activos funcionan de forma precaria a veces gracias a los indios voluntarios que no tienen ni los medios ni la formación para impedir las invasiones. Para Gilderlan Rodriguez, “la Funai ya está controlada por los ruralistas Estos recortes presupuestarios ponen de manifiesto esta toma de control, lo que forma parte del plan de los ruralistas para que no puedan cumplir su papel”. Las invasiones de garimpeiros y las masacres son el resultado inmediato de estas políticas de abandono. “Este tipo de episodios brutal hace tiempo que se veían venir. La bajada de la financiación de la Funai afecta directamente a la supervivencia de los indígenas”, dice Marubo.

El Cgiirc, el organismo encargado en el seno de la Funai de los indios aislados, está especialmente en el punto de mira de los ruralistas. Se ha dado a conocer una tribuna de funcionarios y personas que trabajan con los indígenas para denunciar las maniobras internas juzgadas inoportunas y recuerda la obligación constitucional de proteger a los pueblos aislados. “La persona que va a tomar la dirección del Cgiirc podrá influir en muchas cosas. Y de los dos candidatos en liza, uno ha trabajado veinte años para una gran compañía minera y el otro ha hecho carrera en el turismo, por recomendación de Osmar Serraglio, entonces ministro de Justicia y gran apoyo del lobby agrícola”, dice Milanez.

Nuevas masacres

Paulo Marubo está desilusionado: “Ya no tenemos esperanza de vivir en paz como antes, criar a nuestros hijos, hacer fiestas tradicionales, formar a nuestros jóvenes para ser guerreros. Ahora solo tratamos de sobrevivir a los invasores. Algunos líderes indígenas hablan de declarar la guerra a un Estado incapaz de protegerlos. Y la situación no parece que vaya a mejorar en breve. Tras la destrucción de sus embarcaciones, los garimpeiros ya han amenazado a los indios con represalias. Para ellos, son los culpables de haber atraído la atención en la región. “Es increíble. El Estado está desaparecido y los que tratan de ayudar a cumplir su papel se ven amenazados de muerte”, dice Christian Poirier, de Amazon Watch. Los riesgos de represalias son enormes, dice Milanez, “principalmente para los indios que van a la ciudad, los que forman parte de los movimientos sociales y que luchan por sus derechos”.

Pueden ocurrir más masacres. Además del Valle del Javari, los territorios indígenas de Araribóia, en el Estado de Maranhão y los de Yanomami, en Acre, también han sido invadidos por los garimpeiros. Según funcionarios de la Funai, “el riesgo de nuevas matanzas es muy alto”. Mientras el Estado no invierta en la protección de las tierras indígenas, habrá muertos, dice Marubo.

Las reacciones internacionales pueden hacer cambiar algo las cosas y presionar al Gobierno, pero ¿por cuánto tiempo?”, se pregunta Felipe Milanez, que añade con un suspiro: “Y eso no sólo afecta a los indios. Mira la noticia que acaba de ocurrir mientras hablábamos. Dos trabajadores rurales, asesinados por pistoleiros en el Pará”.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

El magistrado Edson Fachin, que se encarga de instruir el caso Lava Jato en el Tribunal Supremo Federal de Brasil, anunció este jueves la suspensión de la investigación por corrupción pasiva contra el presidente del país, Michel Temer, después de que la Cámara de Diputados rechazara la denuncia presentada por la Fiscalía, según informó Europa Press.

"Ante la negativa de autorización por parte de la Cámara de Diputados para seguir con la investigación relacionada con el presidente de la República, el presente hecho deberá ser suspendido mientras dure su mandato presidencial", indicó el juez.

Temer había sido denunciado por la Fiscalía por un presunto delito de corrupción pasiva por haber recibido 38 millones de reales (10,2 millones de euros) en sobornos de la empresa JBS –la mayor procesadora mundial de carne– a través de uno de sus asesores, Rodrigo Rocha Loures.

Sin embargo, los diputados rechazaron el 2 de agosto la denuncia con 263 votos a favor y 227 en contra, según informó la agencia brasileña EBC. Temer sólo podrá ser investigado una vez haya finalizado su mandato, a partir de enero de 2019.

Por otra parte, Fachin decidió no incluir al mandatario en la investigación contra diferentes miembros del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que se encuentra presidido por Temer, en el marco de la pesquisa sobre la operación Lava Jato.

Aunque la denuncia fue archivada temporalmente, el fiscal general, Rodrigo Janot, aseguró tener indicios suficientes para presentar otras dos demandas contra el dirigente por presuntos delitos de obstrucción a la justicia y pertenencia a una organización criminal.

Nueve años y seis meses de cárcel. La sentencia no podía llegar en mejor momento para los opositores del expresidente brasileño Lula. En las redes sociales, éstos dan muestras de regocijo con la publicación reiterada de una imagen de Lula con las dos manos abiertas en dirección al objetivo; a la mano izquierda, le falta un dedo, que hace tiempo le segó una máquina: “¿Cuántos años de cárcel, Lula?”, se puede leer bajo de la foto.

Para deleite de algunos, el juez Sérgio Moro emitía esta semana una sentencia condenatoria por el caso del tríplex de Guarujá. El apartamento, supuestamente cedido y reformado por la empresa OAS, está valorado en 3,7 millones de reales (alrededor de 1 millón de euros). Una forma de remunerar la mediación de Lula a la hora de conseguir contratos con la compañía petrolera Petrobras. El juez mantiene las acusaciones de corrupción pasiva y blanqueo de dinero para condenar, por primera vez en Brasil, a un expresidente. “Poco importa el nivel en el que estés en la sociedad, la ley siempre se encuentra por encima”, declaró el magistrado al dar a conocer la sentencia.

El fallo era de esperar pero la condena ha supuesto un nuevo seísmo político para los brasileños, pese a que ya están acostumbrados a giros espectaculares: “Es un caso especial, la repercusión es enorme. Estamos hablando del líder político más popular desde la redemocratización de 1985, incluso desde Getúlio Vargas en los 50”, exclama Maurício Santoro, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Río de Janeiro (UERJ). Lula, considerado por Barack Obama como “el político más popular del mundo”, terminó su segundo mandato con una popularidad del 87%.

“Evitar algunos traumatismos”

Pese a la condena, Lula permanece en libertad a la espera del juicio en segunda instancia. En la sentencia, el juez declara “haber sopesado decretar el ingreso en prisión preventiva [...], pero, para evitar determinados traumas, la prudencia recomienda esperar a la apelación”. Para Nuno Coimbra, profesor en la Universidad de São Paulo (USP), “Moro ahí hace algo de política. En realidad, no podía pedir su encarcelación en primera instancia sin justificación real”. No obstante, para Maurício Santoro, “el juez es consciente de la tensión que gira en torno a este caso, que no es como los demás”.

El país se encuentra profundamente dividido desde las elecciones de 2014 y la destitución de Dilma Rousseff contribuyó a que creciera la tensión. En el Senado, dos diputados de edad bastante avanzada casi llegaron a las manos tras conocerse el veredicto del juez Moro. El desafío en torno a esta condena es importante, el expresidente no sólo es adulado por una parte de la población, también es el principal favorito para las presidenciales de 2018.

Sin ir más lejos, este mismo fin de semana ya hay convocadas manifestaciones, mientras que el pasado miércoles fueron los opositores los que salieron a la calle en São Paulo para demostrar su alegría. “Estamos muy lejos de la polarización de Venezuela, pero puede haber episodios de violencia aislada, peleas entre partidarios, incluso palizas después”, subraya Maurício Santoro. Desde la llegada al poder de Michel Temer, las manifestaciones son más bien tímidas, pero a medida que se van acercando las elecciones, los ánimos podrían caldearse. “Los vídeos de campaña van a abusar de las portadas de los periódicos anunciando la condena de Lula, los contrarios al Partido de los Trabajadores van a desarrollar su discurso...”. El partido de los Trabajadores ya ha calificado la decisión del juez Moro “de error arbitrario e ilegal”.

“En un primer momento, esta condena no cambia nada. Cada uno defiende sus posiciones. Los que le creían culpable piensan que tienen razón y los que lo defendían afirman que es víctima de una conspiración”, dice Maurício Santoro. Además, la actualidad alimenta los miedos de los partidarios de Lula, admite el investigador, “al menos simbólicamente”. El mismo día, el gran aliado de Michel Temer, Geddel Vieira Lima, detenido poco antes, dejaba la cárcel para permanecer bajo arresto domiciliario. Semanas antes, fue el senador Aércio Neves (PSDB), candidato en 2014, consiguió que se archivase una demanda de imputación, para la que existían pruebas bastante más concluyentes que las presentadas contra el expresidente.

Escenario incierto para 2018

El país depende de la decisión del Tribunal Regional Federal de la cuarta región (TRF4), el encargado de juzgar el recurso de Lula. “Los miembros del TRF4 deben tomar la decisión más difícil de su carrera. Condenen o absuelvan a Lula, serán odiados por una mitad de Brasil”, analiza Maurício Santoro. “A menudo, este tribunal confirma, incluso aumenta las penas impuestas por Moro. Pero, en un 40% de los casos, las penas se reducen o anulan”. Ultimamente, el TRF4 ha dejado en libertad al extesorero del PT, João Vaccari Neto. Los abogados de Lula se aferran a esta esperanza mientras preparan una defensa calcada a la del extesorero. Esperan que el tribunal considere, una vez más, que el acusado ha sido condenado por “pruebas insuficientes”, basadas “únicamente en denuncias recompensadas”.

Pero la espera se anuncia larga: un recurso de apelación se demora una media de año y medio. “Probablemente se celebre en octubre de 2018, el mes de la votación de la primera vuelta. Una decisión que tendría que haber sido puramente técnica se va a tomar en el peor momento. Partidarios y opositores van a politizar este proceso al máximo”, explica Nuno Coimbra. En mayo pasado, Lula ya transformó el comienzo de su juicio en acto político.

“Lula debería reaccionar con virulencia a esta condena endureciendo mucho su discurso. El próximo año va a ser tenso. En 2018, no habrá espacio para los centristas”, dice Maurício Santoro. En 2002, Lula trató de cambiar la imagen de radical que le caracteriza, con un discurso muy sosegado, en cambio las futuras elecciones se anuncian por muy virulentas. Lula y sus aliados no dejan de denunciar una persecución política orquestada por las élites económicas y mediáticas, que nunca habrían aceptado que un obrero dirija el país. En una sociedad extremadamente desigual, este discurso contrario a las élites impresiona. Por otro lado, desde que empezaron sus problemas judiciales, la intención de voto favorable a Lula ha aumentado. “Los electores sufren la crisis económica y se acuerdan de los años de abundancia con Lula. Algunos piensan que es un corrupto, pero que, por lo menos, ha hecho algo por el país”, continúa Maurício Santoro. Sin embargo, con la condena, la segunda vuelta se anuncia bastante más complicada para el candidato Lula. “Los indecisos bien podrían decantarse por la oposición después de esta sentencia”, prosigue el investigador.

Y, si se confirma la sentencia, no parece haber ningún nombre para tomar el relevo. Las elecciones serían francamente imprevisibles, favoreciendo la entrada en liza de outsiders. Aunque sea absuelto, Lula sigue teniendo pendientes cuatro causas y el panorama también es incierto. “Hace tres años que no es posible hacer ninguna predicción para Brasil”, lamenta Nuno Coimbra.

Días de alivio para Temer

Sea como fuere, la condena del expresidente beneficia a Michel Temer, constantemente bajo presión desde que se conocieron las revelaciones del dueño de la empresa JBS en mayo. No obstante, el respiro no va a ser muy largo, en opinión de Maurício Santoro. “Tres días, como mucho. La decisión se esperaba y los próximos días no pasará nada nuevo que alimente el folletín mediático. Para eso, habrá que esperar al recurso de apelación”. Enseguida, la actualidad arrollará al presidente en funciones.

Estos días en los que permanece en un segundo plano son toda una bendición para un presidente que no se encuentra cómodo bajo los focos, pero a quien le gusta manejar los hilos entre bambalinas. “Temer lo único que hace es postergar la caída; eso se le da muy bien, pero tiene mucho que temer de las posibles delaciones de antiguos aliados, como Eduardo Cunha y Rocha Loures”, señala el analista. El fiscal de la República también anunciaba recientemente que dispone de elementos para presentar una segunda denuncia que podría resultar fatal para Michel Temer. Pocos diputados correrían el riesgo de defender públicamente a un presidente encausado por corrupción dos veces en apenas unas semanas. Más aún cuando, para Maurício Santoro, “el mercado y los medios de comunicación lo abandonan. Acaba de someter a votación la reforma laboral como estos sectores deseaban. Esta batalla que acaba de ganar en realidad podría fragilizarlo más que otra cosa. Ya no representa más que problemas. Ya no es útil”.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

El Tribunal Electoral (TSE) de Brasil absolvió este viernes al presidente brasileño Michel Temer y a la expresidenta Dilma Rousseff de los cargos de abuso de poder y financiación ilegal en relación con la campaña de las elecciones de 2014, en las que se impuso la fórmula presidencial conformada por ambos, informa Europa Press.

Con cuatro votos a favor y tres en contra, Rousseff y Temer fueron absueltos en el marco de un caso que podría haber supuesto la destitución de Temer al frente de la Presidencia, cargo al que accedió hace menos de un año tras el impeachment(juicio político) de la expresidenta.

"Todos queremos corrección, pero si adoptamos la premisa del relator tendremos que anular todo lo que se ha hecho en Brasil", aseveró el presidente del TSE, Gilmar Mendes, que desempató la votación al mostrarse en contra de apartar a Temer.

"Brasil tiene una historia de inestabilidad. En esta fase actual democrática sólo dos presidentes han concluido su mandado. No juguemos con eso", aseveró Mendes, que respaldó el impeachment a Rousseff por maquillar los presupuestos generales de 2014 para ocultar el aumento del gasto público en plena campaña electoral.

El miércoles, el TSE decidió tumbar las cuatro defensas preliminares presentadas durante la primera sesión del juicio para analizar la presunta financiación ilegal de la campaña de las elecciones de 2014.

La decisión del TSE supone que Rousseff podrá presentarse en el futuro como candidata a ocupar cargos públicos. En caso de que Temer hubiera sido apartado, el Congreso se hubiera visto inmerso en la labor de elegir a un sucesor en el plazo de 30 días.

Por otra parte, el procurador general, Rodrigo Janot, acusó a Temer de tres delitos –corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y organización criminal– por su presunta implicación en la trama de cobro de sobornos a cambio de contratos públicos de la petrolera estatal, Petrobras, y otros favores políticos.

Un flash informativo interrumpía la programación de la cadena Globo el miércoles 17 de mayo, en un momento en que buena parte del país veía tranquilamente la novela. Mientras la presentadora narraba lo sucedido, se escuchaban gritos aislados en algunos barrios de Río de Janeiro: “Fora Temer” (“Fuera Temer”). En 1 minuto y 40 segundos, la periodista informó de algo que ha causado una enorme conmoción en el país: la existencia de una grabación en la que un empresario le explica al presidente en funciones, Michel Temer, que soborna a Eduardo Cunha, figura central del proceso de destitución de Dilma Rousseff y condenado en marzo a 15 años de cárcel por corrupción, para evitar que colabore con las investigadores. El presidente en funciones suelta entonces: “Eso tienes que mantenerlo, ¿vale?”.

Joesley Batista, uno de los dirigentes de JBS, la principal empresa agroalimentaria brasileña, realizó varias grabaciones durante el mes de marzo de 2017. Supuestamente alcanzó un acuerdo con la Fiscalía en el marco de la operación Lava Jato. También un diputado próximo a Temer fue filmado recibiendo de JBS un maletín con medio millón de reales (150.000 euros).

Aunque en un primer momento, Michel Temer dijo ser “víctima de un complot”. Más tarde, muy irritado, declaraba en directo en la televisión en la noche del jueves: “No dimitiré. Repito: no dimitiré”.

Pero el cerco se estrecha entorno a su figura. Marina Silva (Rede), candidata a la Presidencia en 2010 y 2014, ha publicado un vídeo en su página de Facebook donde afirma: “El país está en shock. El presidente ya no está en condiciones de gobernar”. Michel Temer, debilitado por varios casos desde que llegó al Gobierno, en esta ocasión está directamente imputado por hechos que han sucedido durante su mandato. Jurídicamente, pueden emprenderse acciones legales en su contra. Políticamente, los daños son notables.

Ricardo Ismael, investigador en Ciencias Políticas de la Universidad PUC de Río, asegura que Michel Temer “quiere ganar tiempo” pero que “al final, deberá dimitir. Las bases le van a abandonar”. Al margen de sus lugartenientes más cercanos, la mayoría de los diputados se muestran discretos. Las negociaciones sobre la votación de las reformas laboral y de las pensiones, que han encendido los ánimos, parecen paralizadas hasta nueva orden. “La popularidad de Temer está en niveles muy bajos y sus reformas son extremadamente impopulares, los diputados saben que hay elecciones a la vuelta de la esquina y apoyar a Temer ahora es un suicidio político”, dice Ricardo Ismael. El PTN ha sido el primer partido que ha roto oficialmente con el Gobierno y no será el último. El ministro de Ciudades y de Cultura ya han presentado su dimisión.

Temer, que no cuenta con apoyo popular, se apoyaba completamente en el Congreso pero también en los grandes grupos económicos, presentando reformas muy liberales. Pero el jueves por la mañana, el mercado se encontraba en caída libre, la Bolsa de São Paulo perdía un 10,7% y tuvo que cerrar para evitar pérdidas más acusadas. “Si se queda, va a sumir a Brasil en una crisis económica sin precedentes y esto puede llevar a fuertes convulsiones sociales”, vaticina Ricardo Ismael.

Obligado a marcharse

“No he comprado el silencio de nadie. Porque no temo ninguna delación, no necesito régimen especial”, precisó el presidente en funciones durante su intervención televisiva. Sólo que, en su caso, renunciar, también supone perder su inmunidad presidencial, que permite que sólo le juzgue el Tribunal Federal Supremo en casos muy concretos.

Pero incluso con este régimen especial, el futuro del presidente interino se ve amenazado. Momentos antes del comienzo de la intervención televisada presidencial, Edson Fachin, miembro del STF, aceptó la apertura de una investigación sobre el presidente en funciones por “obstrucción a la justicia”. Acaba de abrirse la fase de instrucción pero si Michel Temer fuese oficialmente acusado, debería dejar el ejercicio de sus funciones.

Antes de que diese comienzo esta nueva crisis política, la suerte del presidente ya dependía del Tribunal Superior Electoral, el mismo que debe decidir si Dilma Rousseff y Michel Temer, entonces su vicepresidente, abusaron de sus poderes durante la campaña de las presidenciales de 2014. Hasta el pasado 17 de mayo, ésa constituía la principal amenaza de su mandato. Si fuese condenado por el TSE, se vería privado de sus funciones y no podría ser elegido. Pero sus abogados tenían esperanzas de poder evitar la sentencia.

Pero, las escuchas registradas por el dirigente de JBS podrían influir en el proceso, considera Diogo Raiz, especialista en Derecho electoral: “Técnicamente, no tiene nada que ver. Son dos cosas bien distintas y no puede incluirse en el procedimiento, pero los jueces también son sensibles a la coyuntura”. El juicio está previsto que dé comienzo el 6 de junio. “Esa puede ser una salida honorable para Temer, que podrá decir que su mandato ha concluido por Dilma Rousseff con quien se enfrentó en las elecciones. Quizás intente resistir hasta ese momento”, dice Ricardo Ismael.

El presidente también puede sufrir la misma suerte que la que fuese su aliada, después de que se presentasen dos peticiones de impeachment el jueves. Pero Ricardo Ismael se muestra escéptico: “Un juicio así, extremadamente largo, menos de un año después de la destitución de Dilma Rousseff sería aún más traumatizante para el país”. Y, sobre todo, porque el presidente de la asamblea, Rodrigo Maia, el único que puede autorizar el proceso de destitución, es una persona cercana a Michel Temer y no está interesado en que comience el juicio.

Elecciones directas contra elecciones indirectas

Antes incluso de la eventual caída de Temer, su sucesión plantea ya un problema. El país está en efervescencia, escaldado por una crisis política que no acaba. Desde de la salida de Rousseff, no se ha nombrado ningún vicepresidente para reemplazar a Michel Temer, que ocupaba el puesto. El presidente de la Asamblea, posible suceder, ha sido citado varias veces en el caso Lava Jato, lo mismo que el presidente del Senado, segundo en la lista de sucesión. Por lo que, el STF podría apartar de la lista de sucesión a los dos, como sucedió con el expresidente del Senado, apartado en diciembre de 2016. En ese caso, Carmen Lúcia, presidenta del STF, debería asumir el poder para organizar elecciones indirectas en un plazo de 30 días. Y el Congreso, en manos los conservadores y de los aliados de Temer, votará por un presidente electo en 2018.

Frente a esta situación inédita, los dirigentes del Partido de los Trabajadores reclaman elecciones directas. “El partido quiere elecciones directas porque Lula es el mejor situado en los sondeos en estos momentos, y con su juicio en curso, nada garantiza que se vaya a seguir siendo así”, dice Ricardo Ismael. Por si fuese poco, el dirigente de la JBS también ha denunciado al que fuera “ministro de la casa civil”, equivalente al primer ministro y hombre de confianza de Lula.

Consciente de la importancia de los desafíos en torno al tipo de elecciones, Fernando Henrique Cardoso, expresidente, ferviente partidario de las elecciones indirectas, ha multiplicado los anuncios para hacer que Temer dimita. Su partido, el PSDB, tampoco ha salido bien parado de las revelaciones de este miércoles. Aécio Neves, candidato frustrado de las presidenciales de 2014 y líder del PSDB, también aparece en las grabaciones: reclama 2 millones de reales (550.000 euros) a los dirigentes de la empresa JBS. Millones que enseguida recibió su primo, que los depositó en una empresa perteneciente al hijo del diputado Zezé Perrella. Éste ya tuvo problemas con la Justicia en 2013, cuando la Policía Federal descubrió un helicóptero de su propiedad con 445 kilos de cocaína. Hasta hoy .

Aécio Neves, apartado de sus funciones de senador y excluido de la presidencia del partido, no tiene cuentas pendientes con la Justicia, de momento. “Pero es un enorme golpe político contra el PSDB que se queda si su líder. Aunque el partido intenta apartarlo, el daño es enorme”, explica Ricardo Ismael, “si se celebrasen elecciones directas ahora, el PSDB tendría muy pocas posibilidades de ganar”. Si Michel Temer decide resistir pero es destituido por el TSE, entonces se convocarán elecciones directas.

Lejos de los cálculos políticos, una parte de la población está indignada al ver a unos parlamentarios a quienes consideran corruptos y responsables del “golpe de Estado parlamentario” contra Dilma Rousseffe. Un tercio de los miembros del Congreso se ha visto salpicado por la operación Lava Jato. Y, en las concentraciones espontáneas de este miércoles los manifestantes exigían “direitas já” (¡elecciones directas ya!). “Técnicamente, es posible mediante una reforma de la Constitución, pero para ello es necesario el voto favorable de dos tercios de los parlamentarios. La izquierda, por sí misma, está lejos de poder imponer dicha reforma constitucional”, dice Ricardo Ismael. Las elecciones directas dependen de la presión de la calle al Congreso. El jueves por la noche, la consigna había llegado a todo el país y se sucedían las manifestaciones que reclamaban la salida de Michel Temer y la celebración de elecciones directas con las que tratar de modificar un sistema político que está en las últimas.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

El presidente de Brasil, Michel Temer, ha asegurado este jueves que después de escuchar la grabación de su conversación con uno de los propietarios de la principal productora de carne de carne del mundo, la empresa brasileña JBS, Joesley Batista, puede asegurar que ésta demuestra que no está implicado en la compra del silencio del expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha,

La grabación, de unos 40 minutos, ha sido publicada por el Tribunal Superior Federal y recogida por Europa Press después de que Edson Fachin, el magistrado responsable de la investigación por el caso Lava Jato, levantara parte del secreto de sumario.

Después de escucharla, Temer ha reiterado su postura y ha asegurado que ésta no le incrimina, según recoge Agencia Brasil.

En la grabación se escucha a Batista diciéndole a Temer que había entregado a Eduardo Cunha y al operador Lúcio Funaro una cantidad de dinero para que permanecieran callados en prisión.

Ante esta información, Temer dice en la grabación: "Esto tienes que mantenerlo, ¿de acuerdo?", según el citado diario. Ahora, el presidente sostiene que esta frase no hace referencia a la entrega de dinero a Cunha, sino al mantenimiento de las buenas relaciones entre Cunha y Batista.

Batista ha reconocido este jueves en un comunicado que la empresa hizo pagos "indebidos" a actores públicos y ha pedido disculpas "a todos los brasileños" por la relación de su compañía con el Gobierno.

"No honramos nuestros valores cuando tuvimos que interactuar, en diversos momentos, con el poder público brasileño", ha escrito Batista. "Y no estamos orgullosos de ello. Nuestro espíritu emprendedor y la inmensa voluntad de realizar, cuando nos encontramos con un sistema que muchas veces provocaba dificultades para vender servicios, nos llevaron a optar por pagos indebidos a agentes públicos", ha agregado.

En la misiva, Batista ha resaltado que el país ha cambiado y también lo han hecho sus empresas. "Por eso estamos yendo más allá de la petición de disculpas. Asumimos aquí un compromiso público de ser intolerantes e intransigentes con la corrupción", ha añadido.

El empresario ha confirmado en su texto que se firmaron varios acuerdos de cooperación con la Fiscalía. "Pedimos disculpas a todos los brasileños y a todos los que hemos decepcionado, que ahora creen y luchan por nosotros. Nos enfrentaremos a este difícil momento con humildad y lo superaremos", ha concluido.

El Tribunal Supremo de Brasil ha aprobado este jueves la apertura de una investigación contra el presidente, si bien éste ha asegurado que "jamás" solicitó que se hicieran pagos para conseguir el silencio de Cunha.

Tras una serie de protestas y de que la oposición pidiera su dimisión, Temer ha asegurado que no ha obstruido a la Justicia y ha reiterado que no dimitirá de su cargo.

El Tribunal Supremo de Brasil ha aprobado este jueves la apertura de una investigación contra el presidente del país, Michel Temer, después de que se difundiera una grabación en la que éste autoriza un pago al expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha para comprar su silencio.

El mandatario brasileño ha negado las acusaciones en su contra y les ha dicho a los parlamentarios aliados en una reunión esta mañana que no van a echarle de la presidencia del país. Este jueves ha anulado su agenda oficial y se espera que en las próximas horas de un discurso que será retransmitido por televisión, según sus asesores.

El diario O Globo informó el miércoles por la noche de que Temer se reunió en marzo con Joesley Batista, el presidente de la empresa cárnica JBS SA, que creció rápidamente en los trece años en que el Partido de los Trabajadores estuvo al frente del Gobierno, en parte gracias a los créditos a bajo coste concedidos por el banco nacional de desarrollo, según ha informado Europa Press.

Batista grabó una conversación en la que supuestamente discutía con Temer sobre la realización de unos pagos ilegales al encarcelado expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, también miembro del PMDB, para convencerle de que no testificara en un caso de corrupción. Tres personas con conocimiento directo de la investigación han dicho que la información de O Globo es cierta.

Estas acusaciones son la última parte de una investigación desarrollada desde hace tres años sobre los sobornos pagados por las principales empresas constructoras de Brasil para conseguir contratos con la estatal Petrobras y con otras firmas públicas.

El diputado brasileño Alessandro Molon, del partido Rede Sustentabilidade, ha presentado este miércoles a última hora de la tarde una nueva petición ante la Cámara para someter al presidente, Michel Temer, a un 'impeachment' –juicio político–, después de que saliera a la luz una grabación en la que presuntamente autoriza a pagar al expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha por su silencio.

Además del juicio político, la oposición brasileña ha pedido la renuncia inmediata del presidente. El diputado Silvio Costa, del Partido Trabalhista do Brasil, ha explicado que es "más rápido" que presente su dimisión, ya que el 'impeachment' tarda "unos tres meses".

Por su parte, José Guimarães, del Partido de los Trabajadores, ha amenazado con tratar de paralizar el funcionamiento del Congreso Nacional hasta que se convoquen elecciones presidenciales, según ha recogido el diario Estadao, dado que la situación "es muy grave".

"O se celebra el 'impeachment' o no se hará nada más en este país", ha añadido.

Se trata de la segunda petición que se hace ante la Cámara contra el presidente brasileño. La primera vez que se hizo fue el pasado mes de abril, basándose en que, mientras ejercía la Presidencia interina por la ausencia de Dilma Roussef de Brasil, dio cuatro créditos públicos sin autorización del Congreso rebasando con ello el límite fiscal fijado por el Gobierno, según la información de Estadao recogida por Europa Press.

Temer ha asegurado que "jamás" solicitó que se hicieran pagos para conseguir el silencio del expresidente de la Cámara de Diputados después de que éste entrara en prisión en el marco de la investigación por el caso Lava Jato, tal y como ha indicado el diario O Globo este miércoles.

En un breve comunicado, la Presidencia brasileña ha asegurado que Temer "no participó ni autorizó movimientos con el objetivo de evitar acusaciones o colaboraciones con la Justicia" por parte del exparlamentario.

Los propietarios de la principal productora de carne, la empresa brasileña JBS, han asegurado ante la Fiscalía de Brasil que grabaron al presidente autorizando la compra del silencio de Cunha.

Según el periódico brasileño, el empresario Joesly Batista entregó una grabación al Ministerio Público, realizada este mismo año, en la que le dice a Temer que había entregado a Eduardo Cunha y al operador Lúcio Funaro una cantidad de dinero para que permanecieran callados en prisión.

Ante esta información, Temer dice en la grabación: "Esto tienes que mantenerlo, ¿de acuerdo?", según el citado diario.

En el texto publicado por el Palacio de Planalto la Presidencia ha explicado que "el encuentro con Joesly Batista tuvo lugar a principios de marzo en el Palacio de Jaburu, pero que en el diálogo no hubo nada que comprometa la conducta del presidente de la República".

"El presidente defiende la amplia y profunda investigación para adelantar todas las denuncias presentadas y transmitidas por la prensa", ha señalado Planalto en el texto, en el que asegura que Temer defiende también que se comprueben las responsabilidades de los "eventuales implicados en cualquier ilícito":

En torno a las 21.00 horas, medio centenar de manifestantes se congregaron frente a la sede presidencial, en Brasilia, con bocinas para protestar contra el mandatario, ante lo cual la Policía Militar ha reofrzado la seguridad, según Agencia Brasil.

Cunha se encuentra en la prisión de Curitiba desde que fue detenido en Brasilia el pasado mes de octubre, acusado de haber recibido sobornos por valor de cinco millones de dólares a raíz de dos contratos para la construcción de dos buques sonda para Petrobras.

Entre los argumentos utilizados para justificar la solicitud de entrada a prisión de Cunha, los investigadores de Lava Jato afirmaron que el hecho de que el exdiputado estuviera en libertad representaba un riesgo para la investigación.

Según la Fiscalía, existen pruebas de que hay cuentas bancarias pertenencientes a Cunha en el exterior del país que aún no han sido identificadas. Además de esto, los procuradores han subrayado que el expresidente de la Cámara tiene doble nacionalidad, brasileña e italiana, por lo que podría huir del país.

“Que Dios se apiade de nuestra nación. Voto sí”. En menos de 10 segundos, Eduardo Cunha, todopoderoso diputado evangelista, justificó su voto favorable al impeachment de Dilma Rousseff, que había contribuido en buena medida a hacer posible. Ese 17 de abril de 2016, dicha frase banal recibe un torrente de aplausos en el hemiciclo caldeado que es la Cámara de Diputados. Un año después, el 30 de marzo, el expresidente de la Cámara baja resultaba condenado a 15 años de cárcel en el marco de la operación Lava Jato (lavado exprés). Su delito, haber cobrado, en 2011, una comisión de 1,5 millones de reales (medio millón de euros) en la operación de compra de un pozo de petrolífero en Benín, del que la empresa Petrobras nunca extrajo una sola gota de oro negro.

El diputado –considerado como uno de los más influyentes de la historia reciente, gracias al apoyo de 200 colegas, muchos procedentes del bajo clero, esos diputados menores olvidados por la Asamblea a los que les concede puestos de responsabilidad–, ha caído en las redes de sus propios negocios. Acusado de mentir en su comparecencia ante una comisión parlamentaria cuando afirmó no poseer ninguna cuenta en Suiza, pierde su mandato en septiembre. Detenido en octubre de 2016 y condenado 6 meses después, es posible que recurra la sentencia pero todavía deberá hacer frente a otros siete procesos judiciales.

Como él, muchos de los que se sirvieron del impeachment a Rousseff como trampolín político se han visto salpicados por la amplitud de la operación Lava Jato, macrocausa de múltiples ramificaciones que afecta a personalidades de los ámbitos político y económico. La gigantesca caza a los corruptos, en un primer momento limitada al Partido de los Trabajadores y utilizada políticamente por sus adversarios políticos, poco a poco va alcanzando a todas las formaciones políticas. Desde el comienzo de la operación, en 2014, se han dictado 125 sentencias condenatorias. Afectan a personalidades de primer orden como Marcelo Odebrecht, dirigente de la empresa de construcción Odebrecht, o a Sergio Cabral (PMDB, centro), exgobernador de Río de Janeiro. En el PSDB (derecha), los tres candidatos aspirantes a representar al partido en las presidenciales están investigados.

Poco después de su formación, el Gobierno de Temer tuvo que hacer frente a las dimisiones en cascada de cinco ministros implicados en la operación. No obstante, desde que comenzó a gestarse en secreto el impeachment, sus promotores tenían en mente cerrar el caso Lava Jato una vez hubiese caído Dilma Rousseff. En mayo de 2016, la divulgación de una conversación entre los senadores Romero Júca y Sergio Machado, ambos imputados en la operación, no deja lugar a dudas: “Hay que cambiar de Gobierno para detener la hemorragia”.

La muerte, en enero, en un accidente aéreo, de Teori Zavascki, miembro del Tribunal Federal Supremo (STF) encargado de autorizar las investigaciones en el marco del caso Lava Jato, abría una brecha de la que se benefició Michel Temer al nombrar a Alexandre Moraes para el cargo. Este hombre, controvertido y cercano al presidente en funciones, tiene capacidad para controlar la investigación. Contar con aliados en el STF, el único con capacidad para juzgar a ministros, gobernadores, alcaldes y parlamentarios en ejercicio, resulta fundamental para el jefe de Estado en el contexto de la operación anticorrupción. Sin embargo, para el investigador José Alvaro Moises, de la Universidad de São Paulo, la “estrategia anunciada por Romero Júca no va en consonancia con la realidad del terreno. El Ejecutivo no tiene poder para cerrar unilateralmente la operación. El Ministerio Público y la Policía Federal hacen valer su independencia”. La divulgación de la grabación además llevó a la dimisión de Romero Júca, entonces ministro de Gobernación con Temer. El todavía senador también ha sido objeto de varias investigaciones en el marco de la operación Lava Jato.

De momento, el presidente en funciones, protegido por su inmunidad, no es objeto de investigación alguna, pero la operación le pone en una tesitura delicada. El pasado 11 de abril, Edson Fachin, ponente del caso en el STF, divulgaba una lista de políticos que están siendo investigados a raíz de las denuncias presentadas por responsables de la empresa Odebrecht. En total hay 83 nombres, entre ellos los de nueve ministros del Gobierno de Michel Temer, es decir, un tercio de su equipo ministerial. La lista también incluye 29 senadores, 42 diputados y 3 gobernadores.

Esta lista supone un nuevo duro revés para Temer, que el 13 de febrero se comprometió, en señal de buena voluntad, a destituir a los ministros implicados en el caso Lava Jato. Su ministro de la Casa Civil, equivalente al primer ministro, Eliseu Padilha, maquinador sin parangón y pieza clave en el Gobierno, ya había sido imputado en una “denuncia recompensada” (delação premiada). Esta nueva acusación lo único que hace es debilitar un poco más la capacidad de negociación del Gobierno, que trata de aprobar proyectos controvertidos en el Congreso, sobre todo una reforma de las pensiones que disgusta a muchos diputados.

No obstante, a corto plazo, estas nuevas revelaciones no deberían acarrear nuevas dimisiones. Temer se ciña a sus propias normas: un ministro debe presentar su dimisión cuando es acusado formalmente. De momento, sus ministros “sólo” son objeto de investigaciones por lo que deberían permanecer en el cargo. Pero esta lista, ha sacudido nuevamente a Brasil y socavado un poco más las bases de un Gobierno, que sufre ya un déficit de legitimidad.

Apoyo de la población

La magnitud de la operación supone una importante inestabilidad política y las alianzas se han y deshacen a medida que van cayendo diferentes personalidades. El mismo día del arresto de Cunha, la Justicia encausaba a todo un partido; reclama 2.300 millones de reales (600 millones de euros) al Partido Popular en concepto de devolución de sobornos y por daños e intereses. Toda una novedad en la lucha contra la corrupción. La mayoría de este partido había votado a favor del impeachment de Rousseff.

La sombra de Eduardo Cunha también planea sobre el Gobierno en funciones. Tras ser arrestado en octubre, declaraba a la prensa sentirse traicionado por Temer para después tratar de implicarlo en el juicio. Pese a ser condenado, algunos rumores atribuyen a Eduardo Cunha una influencia todavía mayor sobre algunos diputados. El presidente del Senado, Renan Calheiros, objeto él también de una investigación judicial, se ha quejado públicamente de la influencia de su enemigo político en la Cámara de los Diputados; ha asegurado que Temer “no podía ceder a su chantaje”.

Para José Alvaro Moises, el poder de Cunha es exagerado. “Ha sido destituido por los diputados, ya no es todopoderoso. De momento, lo único que hace es amenazar pero no puede hacer nada concreto”. Pero algunos diputados, que han prosperado gracias a los métodos poco recomendables de Eduardo Cunha, pueden seguir siéndole fiel. Tras conocerse su condena, muchos de sus aliados multiplicaron las declaraciones de apoyo y algunos llegaron incluso a hablar de “injusticia”.

En el momento de su arresto, había descartado la idea de una delação premiada, afirmando que “sólo los criminales habían recurrido a ella”. Pero si Temer lo suelta por completo, Eduardo Cunha podría revisar su sentencia y poner en problemas al presidente en funciones, advierte el diputado Julio Delgado (PSB): “Estamos ante el primero de ocho juicios, por lo que sería prudente por su parte pensar en hacer una delação premiada. Sabemos todos que sabe mucho al respecto y que se ha guardo muchas cosas esperando conseguir su absolución o una condena menor”. Aunque, durante su proceso, las preguntas de Cunha sobre Temer no fueron admitidas jurídicamente, sí han servido de aviso para el mundo político: una delação premiada de Cunha sería explosiva.

Sin embargo, la importante condena de Eduardo Cunha puede hacer que los diputados se comprometan con mayor firmeza contra el caso Lava Jato. Para el diputado Alessandro Molon (Rede), no queda lugar a dudas: “Naturalmente, aquéllos que han cometido delitos, van a sentirse más preocupados y ciertamente supondrá una importante reacción contra cualquier medida que pueda llevar a nuevos arrestos de políticos”.

Ahora bien, diputados y senadores pueden ponerse ya manos a la obra con el fin de dotarse de nuevas herramientas jurídicas con el fin de limitar la magnitud de la operación. La “ley contra el abuso de poder” pretende limitar el poder judicial proponiendo sanciones penales que van hasta los dos años de cárcel para aquellos jueces que tengan actitudes consideradas “abusivas”. El proyecto data de 2009, pero las 83 demandas de investigación presentadas en el STF en marzo han hecho que la ley vuelva a debatirse en el Senado. Ante la fuerte movilización de la población y de la judicatura, los senadores están revisándola pero no parecen dispuestos a abandonarla.

Esta presión popular y mediática es una de las fortalezas del caso Lava Jato desde un primer momento. Las manifestaciones del 26 de marzo organizadas por movimientos proimpeachment para defender la operación han sido un fracaso clamoroso. Alejadas y sin objetivo preciso, sólo han conseguido reunir a varios miles de personas en todo el país. En Brasilia, los organizadores contaban con movilizar a 100.000 personas. Finalmente, apenas fueron 600 los manifestantes presentes, casi los mismos que fuerzas del orden.

Pero el apoyo popular es muy importante en los sondeos de opinión, advierte el investigador de la Universidad de São Paulo. “Sergio Moro, juez principal del caso Lava Jato, se ha inspirado en la operación italiana Manos Limpias que permitió el arresto de numerosos corruptos pero que acabó en fiasco por que los jueces no contaban con un apoyo popular activo. Él y sus colegas han jugado la carta de la transparencia para tratar de interesar al máximo a la población”. Si bien hay quien reprocha al juez Moro cierta tendencia al sensacionalismo, esta estrategia ejerce una fuerte presión entre la clase política.

En noviembre de 2016, los diputados trataron de aprobar una amnistía por las caixas 2 (cajas negras). Habida cuenta de la reacción de la sociedad civil, los diputados tuvieron que dar marcha atras y la ley se paralizó momentáneamente. “Hay numerosas tentativas para coartar el buen desarrollo de la operación. Pueden salir adelante, pero de momento no ha funcionado nada”, advierte José Alvaro Moises. Pese al sentimiento de cansancio derivado de la proliferación de casos, “los brasileños se movilizan más y se muestran más críticos que antes”, prosigue el investigador.

Para José Alvaro Moises, el presidente en funciones, sin embargo, tiene mucho más que temer del juicio del Tribunal Superior Electoral (TSE) que del caso Lava Jato. La lista Dilma Rousseff-Muchel Teemer de 2014 está acusada por el PSDB de abuso de poder durante la campaña presidencial. Según los primeros elementos de la investigación, elementos tangibles amenazan a Rousseff y a Temer. La sentencia debería conocerse en mayo y, aunque los abogados del presidente en funciones tratan de disociar su caso del de Dilma Rousseff, puede conllevar la anulación del mandato de Temer. __________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

“La batalla continúa”, espeta el fiscal Thiago Cavalcanti, optimista. La víspera por la tarde, el pasado 14 de marzo de 2017, tras un complicado proceso, el Gobierno se veía nuevamente obligado a publicar la “lista negra” de los trabajos forzosos, creada en 2002 por el Ejecutivo federal y en la que figuran las empresas que emplean a personas en condiciones de esclavitud. Desde entonces, la ONU considera esta lista uno de los principales instrumentos de lucha contra el trabajo forzoso en Brasil. En este inmenso país, más de 52.000 personas han sido liberadas de la esclavitud desde 1995, pero según la ONG Walk Free Fondation todavía puede haber más de 160.000 trabajadores empleados en estas condiciones. Sin embargo, la lista, donde aparecen 349 empresas, no es del agrado del presidente en funciones Michel Temer.

La batalla a la que alude el fiscal dio comienzo en diciembre de 2014. Entonces, uno de los miembros del STF (Supremo Tribunal Federal), aprovechando que sus colegas estaban de vacaciones, daba la razón a una asociación que reagrupa a grandes grupos de construcción. Desde 2003, esta última venía denunciando que la lista vulneraba la Constitución ya que no permitía que las empresas se defendiesen antes de ser incluidas en el listado.

En mayo de 2016, la presidenta del STF Carmen Lúcia aceptaba las nuevas reglas propuestas para que una empresa entre a formar parte de esta lista negra. En lo sucesivo pueden presentar un recurso y aquéllas que acepten firman un compromiso para luchar contra los trabajos forzosos pueden dejar la lista con mayor facilidad... “Hemos dado muestras de buena voluntad, pero no ha sido suficiente. Han querido ir a la guerra”, afirma Xavier Plassat, miembro de la CPT (Comisión Pastoral de la Tierra) y de Reporter Brasil, dos organizaciones que trabajan en contra de los trabajos forzosos.

Para entonces, a mediados de 2016, la presidenta Dilma Roussef ya no llevaba las riendas. Apartada de su cargo y a la espera de su destitución definitiva seis meses después, ya no gobierna. Mientras se producía la transición, Temer instaba al Ministerio del Trabajo que no divulgase la “lista negra”. Desde septiembre, tras ser confirmado como presidente en funciones, sigue bloqueando su publicación. Fue entonces cuando el Ministerio Público, independiente del Gobierno, entra en escena para reclamar que se aplique la ley y logra que un tribunal administrativo obligue al Gobierno a hacer pública la lista el 31 de enero de 2017.

Sin embargo, el Ministerio del Trabajo volvía a recurrir y, en el último momento, el presidente del TST (Tribunal Superior del Trabajo), Ives Gandra Martins Filho, sentenció a favor del Gobierno. Ives Gandra Martins Filho es muy conservador y pertenece al entorno de Michel Temer. Hasta el punto de que hay rumores que dicen que la orden surge directamente del presidente en funciones. “Todo eso no es más que política, no se basa en argumento técnico alguno”, señalan personas conocedoras del caso. Michel Temer anunciaba entonces la creación de un grupo de reflexión que dispondrá de 120 días para alcanzar un acuerdo. En realidad es una nueva maniobra para para que el Gobierno, que trabaja contrarreloj, gane tiempo. El presidente, en funciones desde septiembre de 2016, dejará el cargo a finales de 2018.

Pero la decisión del TST no ha respetado el proceso, por lo que fue anulada el 15 de marzo. De modo que, el 16 de marzo, la lista tendría que haberse hecho pública so pena de 10.000 reales diarios de multa. Pero el Gobierno de Temer no quiere saber nada.

La “lista negra” es una herramienta primordial en la lucha contra el trabajo esclavista. Un miembro de un grupo de inspectores laborales explica que “es la punta de lanza” de su lucha. “Se trata de un complemento indispensable en nuestra acción sobre el terreno”. En efecto, el trabajo esclavista depende del derecho laboral y, en Brasil, no se pueden imponer penas de cárcel: el infractor debe abonar las sumas adeudadas a los trabajadores, en caso de que oficialmente dispusiese de ellos. La sanción es poco disuasoria ya que la dada la inmensidad del territorio los controles son escasos. “Además, desde hace unos años, nuestras efectivos se han visto reducidos. Llegamos a tener más de diez equipos operacionales y ahora sólo disponemos de cuatro”, prosigue el inspector de trabajo.

A algunas empresas poco escrupulosas, les compensa seguir contratando a hombres, que pagan por el material, la comida y que se ven inmersos en la espiral de la esclavitud. A veces, los empleados ni siquiera necesitan estar sometidos a vigilancia ni verse aislados en el bosque. Ni siquiera son conscientes de que las condiciones laborales en que están son inhumanas y sus horarios, tremendos.

La Presidencia y los lobbies del agronegocio o de la construcciónlobbies

Las empresas citadas temen la publicidad negativa que les supone aparecer en la la lista. Doca, exesclavo, recuerda muy bien la granja Volkswagen, donde durante más de seis meses fue explotado en el Estado de Pará, al norte del país. “Nos trataban como a escoria. Explotaban a los enfermos y mataban a los que quería escaparse”. También él consiguió huir con la complicidad de un vigilante, justa antes de que la fazenda cerrase sus puertas. “Cuando las atrocidades salieron a la luz, Volkswagen no quiso ver asociado su nombre a estos delitos y retiró toda su inversión. Todo eso sucedió en los 80, pero la lista hace oficial esta denuncia pública y ¡la hace mucho más eficaz!”.

Sobre todo porque los bancos consultan la lista en el momento de conceder un préstamo y son mucho más reticentes a otorgarlo si una empresa es pillada en flagrante delito de esclavitud. Esta transparencia también beneficia a las empresas, que pueden comprobar si sus subcontratas practican la esclavitud antes de firmar un contrato. Pero los grupos conservadores que apoyan al Gobierno muestran sus reticencias a cualquier regulación del mercado laboral.

Las asociaciones que reagrupan a las grandes empresas siempre quieren más garantías y reclaman aparecer en la lista solo después de ser condenadas por la Justicia. Algo absurdo, nos reconocen off the record: “Brasil fue sancionado en 2015 por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por no condenar a uno de los principales criadores de ganado del país, que fue sorprendido cometiendo un delito de explotación a 200 trabajadores. Nunca nadie fue condenado”. El Ministerio del Trabajo se manifiesta en la misma línea que estas asociaciones y pide cautela: “Eventuales inclusiones injustificadas pueden llevar a graves injusticias con terribles consecuencias para los ciudadanos y las empresas, redundando en un aumento del paro todavía mayor”.

Los argumentos de los grandes grupos y del Ministerio del Trabajo son los mismos y no es por casualidad. El Gobierno de Temer goza del apoyo de la patronal que, en su mayoría, apoyó el impeachment. “Temer está devolviendo el favor”, explica Xavier Plassat. “Los lobbies del agronegocio o de la construcción siempre han sido bien recibidos en el palacio presidencial pero hasta ahí, los ministros del Trabajo oficialmente apoyaban siempre la lucha contra la esclavitud. Es un precedente peligroso”. Sin embargo, matiza: “La mayoría de las empresas están contra la esclavitud, pero son los lobbies los que presionan al Gobierno para flexibilizar al máximo la legislación”.

Esta disputa en torno a la lista suja no es la única tentativa de la bancada ruralista, los diputados que defienden los intereses del agrobusiness. “Después de 20 años de lucha eficaz contra los trabajos forzosos, los infractores han aprendido a esconderse mejor y han confiado sus intereses a parlamentarios que tratan de cambiar la ley”, explica. A finales de 2015, algunos diputados intentaron ya ofrecer una nueva definición del trabajo de esclavo, completamente extemporáneo. “Si hubiera salido adelante, habría sido el final porque no habríamos podido constatar la existencia de trabajos forzosos salvo que las personas estuvieran encadenadas cuando, en la práctica, las cadenas no son necesarias”, sigue Xavier Plassar. “Pero este proyecto todavía circula en el Parlamento y puede resurgir en cualquier momento. Hay que estar muy atentos”.

El presidente en funciones puede contar con el apoyo de los más conservadores, sobre todo de Ivan Gandar Martins, presidente del TST, que llegó a ser propuesto para entrar en el STF. También puede contar con Gilmar Mendes y Alexandre Moraes, también amigos de toda la vida y miembros del STF. En el seno del Gobierno, se hace oír una voz disonante que procede de la secretaria por los derechos humanos Flavia Povesan. “No hay nada oficial. Nos asegura que se está moviendo para hacerlos cambiar de opinión, pero no puede permitirse mostrar su desacuerdo públicamente o será suspendida”, lamenta Xavier Plassat.

Tras la reciente decisión judicial, el fiscal Cavalcanti se muestra más bien optimista. “Todavía queda un largo recorrido jurídico antes de que se dicte la sentencia final, pero mientras, el Gobierno ha de publicar esta lista. Si a pesar de las multas, se niega a acatarla, habrá que denunciarlo ante las instituciones internacionales, que es lo único que les da miedo. Brasil es muy sensible a su imagen en el exterior”. Sin embargo, mientras, la lista sigue sin hacerse pública. Y el clima político muy inestable no tranquiliza a nadie. “La balanza va a inclinarse de un lado o del otro, pero ellos van a sacar tajada tanto como puedan”, señalan fuentes del Gobierno federal.

Los que trabajan contra la esclavitud están aterrados: “Es terrible simbólicamente. Aunque el Gobierno haya sido desautorizado esta vez, envía un mensaje terrible a todos los que explotan a la gente. Ya existen problemas para que se intensifiquen los controles y ahora nos encontramos con prácticamente un llamamiento para cometer un delito. La influencia de las empresas es muy fuerte, sobre todo las que se ocupan de las construcciones sociales, que reciben adjudicaciones Gobierno y que han sido sorprendidas cometiendo un delito de explotación de los trabajadores. Nada nuevo, dice un inspector laboral, pero este Gobierno es más sensible a este tipo de presiones.

Asegura que desde la llegada al Gobierno de Michel Temer, empieza a notar tentativas de intimidación en su trabajo “Hemos encontrado esclavos en la granja de un diputado federal muy conocido. Ha pedido no ser incluido en la lista que tenemos que publicar. Nos hemos negado y las presiones han empezado, aunque no hemos cedido. El ministro del Trabajo entró en escena y la empresa ha desaparecido”. Para él, la situación es inédita: “Nunca nos han echado flores, ni siquiera con los otros Gobiernos. Cuando denunciábamos granjas de diputados, por ejemplo, a algunos les rechinaban los dientes, pero es la primera vez que un Gobierno ni siquiera se molesta en defender la lucha contra los trabajos forzados”. _______________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

El empresario Marcelo Odebrecht confirmó este miércoles a las autoridades electorales de Brasil que pagó al jefe de campaña de la expresidenta Dilma Rousseff en 2014 Dilma Rousseff con fondos de la caja chica de la firma constructora, tras un acuerdo con el entonces ministro de Hacienda Guido Mantega, han contado a Reuters fuentes cercanas al caso y recoge Europa Press.

Al final de su testimonio, el ex presidente ejecutivo de Odebrecht SA, la mayor empresa de ingeniería y construcción de Latinoamérica, dijo que no podía afirmar "con certeza" que la destituida mandataria Rousseff y el actual presidente de Brasil, Michel Temer, estuvieran al tanto de "cualquier ilícito en las donaciones", según las fuentes.

Odebrecht ratificó que los pagos fueron realizados a Joao Santana, que por entonces dirigía la campaña electoral de Rousseff para llevarla a un segundo mandato.

El encarcelado empresario contó que el ex ministro de Hacienda Mantega negoció las donaciones clandestinas para la compaña de 2014, que ascendieron a un total de 300 millones de reales, pero negó que se tratara de sobornos para conseguir contratos del Gobierno, según la fuente.

Marcelo Odebrecht ha sido sentenciado a 19 años de prisión por un tribunal federal de Brasil por su papel en el extenso escándalo de corrupción que ha implicado a algunos de los más altos líderes políticos y empresariales de varios países de América Latina. Actualmente busca una rebaja de su condena como parte de un acuerdo de delación compensada.

Las declaraciones del miércoles fueron realizadas en la corte electoral de justicia de Curitiba, en el marco de las investigaciones sobre los pagos ilícitos a la campaña de Rousseff y su compañero de fórmula Temer en 2014.

Las pesquisas sobre sobornos y favores políticos, en el caso conocido como Lava Jato, amenaza con hacer caer a miembros del círculo más estrecho de Temer y ha generado tal incertidumbre política que está socavando la confianza de las empresas, mientras Brasil atraviesa una recesión de dos años.

El presidente del Gobierno brasileño, Michel Temer, anunció este miércoles que privatizará 25 proyectos de infraestructuras –que incluyen carreteras, puertos y aeropuertos– mediante programas de concesión para los dos próximos años 2017 y 2018, como informó Europa Press.

La iniciativa de concesiones, denominada como Programa de Asociaciones de Inversión (PPI), se lanzó con el objetivo de impulsar la inversión privada frente a la debilitada economía del país, que sufre una de las peores crisis económicas dadas en los países de Latinoamérica.

La propuesta incluye también obras de saneamiento básico, distribución de energía y minería. Asimismo, se prevé el lanzamiento de las concesiones de cuatro aeropuertos en las ciudades de Porto Alegre, Florianópolis, Salvador y Fortaleza principios del año que viene. Además, se privatizarán los terminales portuarios de combustibles de Santarém y de trigo de Río de Janeiro, según indicó la Agencia Brasil.

También durante 2017 se contempla la privatización de seis distribuidoras de electricidad en los estados de Acre, Amazonas, Roraima, Rondonia, Alagoas y Piauí; y la construcción de dos nuevas represas hidroeléctricas.

De acuerdo al PPT, se llevarán a cabo 21 de esos proyectos durante 2017, dejando los cuatro restantes para el primer semestre del año 2018. Este programa, también conocido como Crecer, tiene el objetivo de "propiciar el crecimiento económico con la meta central de crear nuevas plazas de trabajo", según comentó el presidente Temer.

La aprobación de estos planes vendrá dada por el Congreso. Además, esta financiación se podrá llevar a cabo a partir de los recursos del Fondo de Inversiones de Garantía por tiempo de servicios y del Banco Nacional de Desarrollo Económico Social.

Preocupación por la salud y la educación

Tras la presentación de Crecer, se abren nuevas incógnitas sobre la manera en que influirá este límite del gasto público en cuestiones sociales como la salud y la educación.

Según indicó Reuters, el presidente hizo referencia a la reforma de las leyes laborales del país –entre las que se plantea el aumento de la jornada de trabajo a 12 horas–, que no se decidió por el momento. Se trata de una propuesta impopular con la que se busca recortar el costo de las empresas del país.