El presidente de EEUU, Donald Trump, rebajó este jueves la clasificación del cannabis para introducirlo en una categoría de drogas menos restrictiva de cara a facilitar la investigación con esta sustancia. Sin embargo, esta seguirá siendo ilegal a nivel federal en lo que se refiere a su uso recreativo, según ha informado EFE.

"Quiero recalcar que la orden (ejecutiva) que estoy a punto de firmar no legaliza la marihuana de ninguna manera, ni en ningún sentido, y de ninguna forma autoriza su uso como droga recreativa", dijo Trump en el acto de firma de la orden en la Casa Blanca.

La iniciativa firmada hoy saca a la marihuana de la categoría I de narcóticos, la misma clasificación que tiene la heroína, para situarla en la categoría III de drogas, la que tiene, por ejemplo, la ketamina.

La orden firmada por Trump también insta a la creación de un programa piloto para reembolsar a pacientes del programa de salud Medicare por la compra de productos elaborados con CBD, un compuesto del cannabis que no tiene propiedades psicoactivas.

En el acto celebrado en el Despacho Oval, Trump estuvo acompañado por profesionales oncológicos, pacientes de cáncer o representantes de la asociación de farmacias. El consumo recreativo de cannabis es legal en EEUU en 24 estados y en Washington DC, pero no a nivel federal. 

"El mejor extractor mundial de cannabis". Así se definía en redes sociales un individuo apodado El Santo, presunto líder de una gran organización que, mediante el control de clubes y asociaciones cannábicas, dominaba la venta de toda clase de derivados de la marihuana en la isla de Tenerife. En total, 14 personas han sido detenidas en una operación conjunta de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil. En enero de este año se realizó otra acción similar en el mismo enclave canario.

Las pesquisas se iniciaron en noviembre de 2024, cuando la Fiscalía Antidroga comenzó a investigar la actuación de media docena de esas asociaciones repartidas por toda la isla y que nominalmente pertenecían a testaferros que nada tenían que ver con la actividad que en ellas se ejercía.

Las localidades de Adeje, El Fraile, San Isidro, Abades y Caletillas fueron objeto de registro, y los clubes cannábicos de todas ellas quedaron cerrados y precintados tras el operativo. Todo ello se produjo después de que los agentes tuviesen constancia de la presencia de la red criminal que contaba con una laboratorio para extraer y procesar la droga, al menos tres plantaciones para el cultivo de las plantas y dos fincas exteriores, todo ello para abastecer al entramado de la materia prima precisa para hacer florecer su negocio ilegal.

En el marco de esos registros, los agentes intervinieron 70 kilos de marihuana, casi nueve kilos de hachís, más de un kilo de resina, 1.736 plantas, 57 gramos de cocaína, setas alucinógenas, 116 gramos de rosin (concentrado de cannabis), 109.452 euros en metálico y dos armas de aire comprimido.

En cuanto a El Santo, las autoridades explican que se promocionaba en redes sociales como “el mejor extractor mundial de cannabis” y viajaba a países como Argentina, Tailandia o Italia para publicitar su marca y sus métodos de elaboración de rosin y de bubble hash, otro derivado del cannabis.

La organización criminal aprovechaba el enorme consumo de drogas en la isla de Tenerife para obtener enormes beneficios a través de su actividad delictiva.

Tres años después de las dos grandes operaciones contra la construcción de embarcaciones de alta velocidad para el transporte de estupefacientes, las conocidas como narcolanchas, la Fiscalía de Pontevedra está en condiciones de describir todo el engranaje criminal que dotaba de la infraestructura naval necesaria, antes para el tráfico de hachís y ahora para la mucho más lucrativa cocaína. El esquema delitictivo nacía en el corazón de la comarca de O Salnés (Pontevedra), cruzaba el Miño hasta distintos puntos de Portugal y se ramificaba en los cuatro puntos cardinales de España, desde Salamanca hasta Tarragona, pasando por Toledo, Huelva, Sevilla y Santa Pola (Alicante).

Las dos redes con matriz en Galicia desmanteladas se exponen a penas de prisión que, en conjunto, superan los 110 años. Eso es lo que exige de forma provisional la acusación pública para las 23 personas que serán sometidas a juicio en los próximos meses.

En el caso de la primera de las redes, que cayó fruto del trabajo conjunto de las autoridades españolas –Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera– y las fuerzas de seguridad portuguesas, los investigadores sitúan en la cúpula a personas de la comarca de O Salnés y, en concreto, a Pablo V. El nombre más sonado de entre quienes se sientan en el banquillo no es, sin embargo, el suyo, sino el de Ramón Bugallo, primo del histórico José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. Los gallegos son los mayores expertos a la hora de manejar la materia prima con la que se construyen esta clase de embarcaciones, la fibra de vidrio, y se aprovechan de esa circunstancia y de sus contactos en el submundo criminal para mantener una línea de negocio alternativa al narcotráfico puro y duro

La organización disponía de tres localizaciones clave en Galicia: en Castrelo y en A Pedreira, en el municipio pontevedrés de Cambados, y en Sisán, en el de Ribadumia, según explica el fiscal. La más relevante era la primera, pues allí se construían los cascos de las embarcaciones semirrígidas, de unos 12 metros de eslora y con espacio para tres motores –en ocasiones, para cuatro–. Con el trabajo aún por terminar, las narcolanchas eran transportadas a una instalación clandestina en Salamanca que resultó ser un escenario clave: allí se incorporaban los motores, el cableado eléctrico y los sistemas de navegación.

Esta fase final de ensamblaje y pertrecho también se ejecutaba en Viana do Castelo (Portugal). Los gallegos saben bien que con sólo cruzar el río que separa la provincia de Pontevedra de Valença y Monçao, localidades fronterizas, todo cambia: lo que en España está prohibido allí se permite. La mera tenencia de estas embarcaciones es un delito de contrabando al norte de la raia, pero no está penada al aur. Sin embargo, sí se puede atacar, previo pacto con las autoridades portuguesas, el esquema ideado por especialistas en saltar la frontera para delinquir. Y eso es lo que se hizo. 

Desde Salamanca y, en ocasiones, desde Viana do Castelo, las narcolanchas partían en camiones de gran tonelaje hacia distintos puntos del país e incluso del extranjero: llegó a comprobarse el traslado de una de las embarcaciones hasta los Países Bajos.

La segunda red especializada en el negocio que cayó en esa misma época, en 2022, y que será juzgada en breve plazo en Pontevedra tenía una operativa similar. En este caso dos personas afincadas en Barcelona se desplazaban a Galicia para organizar un tejemaneje que comenzaba en una nave del polígono industrial de Cotogrande, a las afueras de Vigo, y que se ramificaba en al menos cinco emplazamientos de Portugal, todos ellos con acceso cercano a un río navegable, el Miño o el Lima, que permitiese pruebas de agua e incluso botaduras. La dinámica criminal, sin embargo, devolvía la lanchas, una vez preparadas, a España.

En Toledo se ubicaba el principal escenario de almacenaje de las embarcaciones que construía la organización, pero fueron halladas planeadoras también en Tarragona –punto de partida de alijos que acaban en España por el Delta del Ebro–, Santa Pola (Alicante), Sevilla y Huelva. Lanchas rápidas de este entramado criminal fueron utilizadas para varios transportes acreditados de droga en distintos puntos, algunos frustrados por las autoridades –en Almería y Huelva– y otros que consiguieron eludir los controles. 

Las penas que solicita la Fiscalía por estos hechos alcanzan los siete años de cárcel en el caso de los presuntos responsables de ambas organizaciones, tres personas en el caso de la red con matriz en Cambados y dos más en la de Vigo. A ello se añaden multas multimillonarias, que parecen más una formalidad que otra cosa. nadie las paga. El resto de los individuos que realizaban diferentes funciones en los entramados, como la mano de obra para trabajar la fibra de vidrio o la conducción de los vehículos para el transporte, así como quienes aportaban las empresas y naves necesarias para el desarrollo del delito, se exponen a posibles condenas que oscilan entre los dos y los cinco años. Salvo un imputado, que añade una acusación por tenencia ilícita de armas y podría ser condenado a siete años de cárcel.

En total, las dos operaciones, bautizadas Munari y Endurance, se saldan con peticiones de penas de prisión para una mayoría de gallegos, pero también para acusados originarios de otros puntos de España y Marruecos. 

En 2025, Galicia sigue siendo centro de producción de esta clase de embarcaciones que se emplean para el transporte masivo de drogas y, en ocasiones, también de personas migrantes, en especial en el sur de España. Sus responsables disponen de la materia prima gracias a la actividad lícita que se lleva a cabo en muchos puntos de la provincia de Pontevedra. Además, tienen acceso a enclaves secretos en los que trabajar la fibra de vidrio para su posterior traslado a Portugal.

Con la misma operativa descrita, los narcos reciben estas lanchas, cada vez más avanzadas y caras, en el sur, en un negocio que puede aportar hasta 200.000 euros por unidad a quienes las construyen, en función de las características de la embarcación. Los motores cuestan entre 30.000 y 50.000 euros cada uno, según sean Honda, Yamaha, Suzuki o Evinrude, los más utilizados por los narcos. Los anclajes, equipos de navegación y acabados añaden unos 15.000 euros más. La mano de obra del constructor gallego y los materiales suponen la parte más variable del presupuesto. En total, restando gastos, las mafias criminales dedicadas al negocio de las narcolanchas se embolsan entre 70.000 y 100.000 euros limpios por cada narcolancha que entregan a sus clientes.

El Ministerio de Sanidad ha sacado este lunes a consulta pública el borrador del real decreto que regula el uso medicinal del cannabis que se permitirá en patologías con evidencia científica de su beneficio terapéutico y en enfermedades con dolor crónico y persistente que no se alivia con los tratamientos habituales.

En un comunicado, Sanidad ha informado de que las patologías a las que se refiere el texto son la espasticidad por esclerosis múltiple con rigidez y espasmos musculares, las formas graves de epilepsia refractaria, las náuseas y vómitos por quimioterapia y el dolor crónico refractario que persiste con los fármacos más comunes.

Esta lista de indicaciones puede ampliarse o modificarse, en el trámite de audiencia, en función de la evidencia científica y las decisiones regulatorias futuras.

El texto también establece un registro para asegurar la trazabilidad y calidad de los preparados estandarizados de cannabis utilizados en la elaboración de fórmulas magistrales.

Además, la prescripción se limitará a médicos especialistas y las fórmulas magistrales de preparados de cannabis se elaborarán en servicios de farmacia hospitalaria para asegurar un seguimiento farmacoterapéutico adecuado.

Esta norma, que responde a la petición de la subcomisión de Sanidad creada para analizar la regulación del cannabis medicinal a instancias de la Comisión de Sanidad y Consumo, busca facilitar el acceso de preparados estandarizados de cannabis a pacientes en los que los medicamentos autorizados no han sido eficaces.

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) publicará la monografía de este uso en el Formulario Nacional para fórmulas magistrales de preparados estandarizados de cannabis. La monografía incluirá la acción e indicaciones legales reconocidas para estos tratamientos.

Los laboratorios fabricantes de los preparados deberán cumplir las normas de correcta fabricación de los medicamentos de la UE, y asegurar buenas prácticas de distribución por parte de sus proveedores, auditarlos regularmente y documentar la cadena de suministro de cada material.

Solo se podrán suministrar estos preparados a servicios de farmacia hospitalaria o para exportación.

Deberán estar inscritos en el registro público de la Aemps creado a tal efecto. Las fórmulas magistrales se usarán cuando no haya medicamentos autorizados o estos no se ajusten a las necesidades del paciente.

La prescripción se limita al médico especialista. El médico deberá evaluar periódicamente la utilidad y seguridad del tratamiento y considerar su cese si no hay beneficio o la relación riesgo-beneficios es desfavorable.

Cientos de personas se han concentrado este lunes de madrugada frente a la Puerta de Brandeburgo, en Berlín, para celebrar que Alemania cuenta con una nueva ley que permite la tenencia de cantidades reducidas de cannabis para consumo propio y la plantación también a pequeña escala, fruto de una reforma impulsada por el Gobierno de coalición que encabeza el canciller Olaf Scholz, del Partido Socialdemócrata (SPD).

Los ciudadanos adultos pueden portar hasta 25 gramos de cannabis para consumo en lugares públicos, si bien no se podrá fumar a menos de cien metros de centros educativos o instalaciones deportivas. En el domicilio privado, la cantidad máxima asciende a 50 gramos, como recoge la norma aprobada en marzo.

El Gobierno alega que la prohibición generalizada no ha frenado el consumo de cannabis, por lo que aspira ahora a combatir el tráfico de esta droga en el mercado negro y reducir los riesgos sanitarios.

En Berlín, cientos de personas se han encendido a medianoche los primeros cigarros, en un ambiente festivo y junto a una gran hoja de marihuana. Un portavoz de la Asociación Alemana del Cannabis (DHV), Henry Plottke, ha aplaudido esta "nueva libertad". "Por fin podemos mostrarnos, ya no tenemos que escondernos", ha declarado a la agencia DPA.

Sin embargo, la oposición conservadora ya ha adelantado que, si vuelve al poder, tumbará la medida, como ha advertido el diputado Thorsten Frei. "En nuestra opinión, la política antidrogas, especialmente en lo que respecta a la protección de los jóvenes, es un asunto clave y revocaremos la legalización del cannabis cuando lleguemos al poder", confirmó el sábado en una entrevista al Augsburger Allgemeine.

La ministra de Salud, Mónica García, ha informado que durante este año 2024 se aprobará el Plan Integral Antitabaco, "seguido de su implementación y puesta en marcha", que, entre otras medidas, ampliará los espacios públicos libres de humo. Así lo ha comunicado García durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad que se ha celebrado este viernes en el Congreso de los Diputados. "Este plan irá acompañado de una ampliación de los espacios públicos sin humo", ha añadido, según ha informado Europa Press.

Del mismo modo, la ministra ha subrayado que durante la tramitación de la anterior ley, "se alegaron problemas de cumplimiento, pérdidas económicas y de empleo y conflictividad social", algo que ha considerado "erróneo". "Tenemos la suficiente experiencia y evidencia científica acumulada para saber que la reducción del tabaquismo sólo trae efectos positivos", ha matizado.

El objetivo del Gobierno con este plan es "alcanzar la primera generación libre de humo", ha asegurado García, quien ha explicado que el tabaco es factor de riesgo para 6 de las 8 principales enfermedades crónicas: cáncer, enfermedad cardiovascular, diabetes y otras tantas. Además, la ministra ha mostrado su preocupación por la llamada "reducción de daños" asociada a las nuevas formas de fumar. "Es especialmente peligroso para la población joven, a la que facilita el acceso a la nicotina a través de sabores afrutados y formatos visualmente atractivos", ha recalcado García.

"El objetivo de este Gobierno es reducir al máximo la adicción al tabaco y a tal efecto, la semana pasada aumentamos las restricciones sobre el tabaco calentado, armonizando nuestra legislación con las exigencias de la Unión Europea", ha asegurado.

Otro de los aspectos que ha tratado García en su comparecencia ha sido la regulación del cannabis para uso terapéutico, ya que "España no puede permanecer al margen de los avances internacionales en este campo". Para la ministra es "imperativo" abordar esta cuestión "con rigor científico, responsabilidad ética y sensibilidad social". Por ello, ha anunciado que en los próximos meses se darán los pasos para "la aprobación y puesta en marcha de la nueva normativa".

García ha explicado que lo harán de la mano de las conclusiones aprobadas en la Subcomisión de Estudio del Cannabis Medicinal del Congreso de los Diputados, y "con el rigor y la solvencia necesarios para incorporar de forma regulada el cannabis medicinal de acuerdo con la evidencia disponible y las garantías que rodean a todo producto terapéutico".

En este sentido, ha indicado que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios está teniendo un rol protagonista en la elaboración de la propuesta y que está teniendo en cuenta que "tenga las máximas garantías de calidad y que maximice el beneficio para el paciente". Además, la propuesta gozará de la mayor evidencia científica sobre el uso del cannabis y los cannabinoides.

Estados Unidos acaba de abrir el melón de regular el cannabis para su uso medicinal. El pasado viernes, The New York Times publicaba que varios científicos federales planteaban dos cambios "trascendentales". Por un lado, rebajar la peligrosidad de la marihuana; por otro, recomendarla con fines terapéuticos. Aunque es la droga ilícita de la que se abusa con mayor frecuencia, recogía el medio, su consumo "no produce resultados graves", sentenciaban los investigadores en un documento de más de 250 páginas. Por el momento, la regulación en el país depende de cada estado, pero con esta investigación se abre la puerta a unificar criterios, un objetivo que también persigue España, donde el debate se abre y se cierra de manera más o menos periódica desde hace años. Ahora, el Ministerio de Sanidad abordará el plan de manera decidida. El objetivo, tener lista la regulación que tanto reclaman los colectivos a lo largo de este año.

Se trata de un asunto complicado en el que la opinión social ha seguido un ritmo muy diferente a la política. Un barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en abril de 2021 reveló que el uso terapéutico del cannabis cuenta con el respaldo de más del 90% de los encuestados y con la oposición de tan sólo el 4,6%. No sólo eso. Hasta la mitad de los más de 3.000 entrevistados estaba a favor de que se legalizara su venta. Un porcentaje 10 puntos más bajo, el 40,9%, estaba en contra.

A la vez, numerosos estudios e investigaciones científicas han apuntado en no pocas ocasiones a los beneficios del uso terapéutico del cannabis. Por ejemplo, miembros de la International Association for Cannabinoid Medicines (ICAM) enviaron al Parlamento Europeo una carta firmada en la que aseguraban que han comprobado que "personas gravemente enfermas se benefician de tratamientos con medicamentos basados en el cannabis". "El espectro de enfermedades va desde el dolor crónico con diversos orígenes a enfermedades inflamatorias crónicas, desde trastornos neurológicos hasta enfermedades asociadas a pérdida de apetito o náuseas, desde afecciones psiquiátricas hasta muchos otros cuadros patológicos", desglosaban. "El cannabis es una fuente muy rica de posibilidades de tratamiento. Como clínicos, no queremos prescindir de todas las opciones terapéuticas que esta planta nos ofrece, tanto a nosotros como a nuestros colegas, para llevar toda esta riqueza a nuestros pacientes", sentenciaban. Y pedían, igual que ahora se plantea en Estados Unidos, unificar criterios.

En concreto, lo que los investigadores federales plantean es sacar a la marihuana del listado I de drogas, el que también incluye otras sustancias como la heroína. En su lugar, apuestan por incluirla en el III, junto con la ketamina y la testosterona, que están disponibles con receta médica. Según informa The New York Times, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) está considerando la propuesta, sobre la que se espera que decida en unos meses.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), también en 2019, apostó por algo parecido: por dejar de considerar la marihuana una droga grave y empezar, así, su regulación como terapia para determinados dolores crónicos.

En Europa muchos muchos han seguido estos pasos. De hecho, en el continente tan sólo quedan España y Bélgica por regular el uso medicinal del cannabis, algo que en otros países como Reino Unido, Portugal, Irlanda, Países Bajos o Italia ya hicieron hace años y que otros como Alemania pretenden ampliar. Será previsiblemente a partir del 1 de abril, cuando se permita el cultivo doméstico y la posesión de ciertas cantidades de la planta. "En las negociaciones hemos acordado un cambio de paradigma en la política de drogas respecto al cannabis, reconociendo expresamente la realidad social", anunciaron el pasado mes de noviembre en Berlín los portavoces de salud de los grupos parlamentarios del Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y el Partido Liberal (FDP), Heike Baehrens, Janosch Dahmen y Andrew Ullmann, respectivamente.

¿Por qué España todavía no ha regulado nada? Propuestas no han faltado, aunque por ahora todas han caído en saco roto. A pesar de ello, fuentes del Ministerio de Sanidad aseguran a infoLibre que retomarán el asunto desde ya. Empezarán, especifican, por reunirse con los colectivos que han trabajado el tema, como el Observatorio Español de Cannabis Medicinal. Su presidenta, Carola Pérez, asegura en conversación telefónica que, aunque todavía no han recibido una invitación formal, están "muy contentos". "Que consulten con personas que llevamos tantos años trabajando en esto es una buenísima noticia. Ser de los últimos en regular tiene que tener la ventaja de que podemos aprender de lo bueno y lo malo que han hecho otros países de nuestro entorno", señala.

El último intento de regularización se guardó en un cajón, pero es el que ahora retomará el departamento que dirige Mónica García, que ya fijó este asunto como una de sus prioridades para la legislatura. De hecho, en diciembre ya hubo reuniones entre el Ministerio y el equipo de dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para recuperar la orden ministerial que el organismo envió al anterior ministro José Manuel Miñones después de que una subcomisión del Congreso de los Diputados aprobase que era necesario comenzar a legislar el cannabis con uso terapéutico. Según explican desde Sanidad, se trata de un texto muy garantista que, una vez aprobado, será mejorado desde la evidencia científica, pero siempre tratando el cannabis como un medicamento.

Ahí está el cambio de paradigma. Hasta ahora, la marihuana está en un limbo dentro de nuestro país, puesto que el autoconsumo en el hogar está permitido y la posesión de plantas, mientras no se vean desde la calle —donde sí que está restringida su tenencia— también. El Congreso, con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV y PDeCAT y los votos en contra de PP y Vox, abrió la puerta con su propuesta a la dispensación de cannabis medicinal en farmacias comunitarias para pacientes que sufran "esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia, náuseas y vómitos derivados de la quimioterapia, endometriosis, dolor oncológico y el dolor crónico no oncológico (incluido el dolor neuropático)".

En cuanto a la prescripción, el texto indica que se debería realizar "exclusivamente" por profesionales sanitarios "en un contexto libre de potenciales conflictos de interés, como el que ofrecen los servicios sanitarios", más concretamente por médicos especialistas. Para ello, piden que se promueva la formación en el uso terapéutico del cannabis entre los profesionales de la medicina. La subcomisión también aconsejó la puesta en marcha de un registro centralizado de los pacientes a los que se prescriben y dispensan fórmulas magistrales con extractos o preparados estandarizados de cannabis a partir de los registros de cada Servicio Autonómico de Salud.

Hasta ahora, se comercializan dos medicamentos que usan los principios del cannabis: Sativex y Epidiolex, que únicamente se dispensan en farmacia hospitalaria para casos de esclerosis en el primer caso y para epilepsia en menores en el segundo.

Pero desde el Observatorio Español de Cannabis Medicinal, en cambio, piden ir más allá. Por un lado, señala Pérez, les parece "un error" que la prescripción se circunscriba únicamente a la sanidad pública. "Ahora mismo está desbordada y estar en una lista de espera supone en muchos casos muchos meses de dolor", lamenta. Por otro, solicitan que las patologías para las cuales se puedan dispensar este tipo de medicamentos comprendan "el abanico más amplio posible". De no regular en este sentido, advierte la presidenta de la organización, no frenará que el cannabis siga comprándose y vendiéndose "en el mercado negro", algo que conlleva una serie de peligros para el usuario derivados de la falta de control del producto.

España solía ser un lugar de tránsito para el tabaco de contrabando procedente de los desechos de las grandes firmas del sector, con entradas por Galicia, al noroeste, y Algeciras, al sur. Después comenzó a operar de cabeza de puente hacia Europa para el hachís marroquí, que llegaba en grandes barcos al mismo noroeste –con alijos de más de 30.000 kilos en la década de los 90– y en embarcaciones de pequeño tamaño al sur –las precursoras de las actuales narcolanchas–.

Pero, casi sin darse cuenta, el país se convirtió en la gran puerta de entrada para la cocaína en el continente, que llegaba de la mano de los cárteles de Cali y de Medellín en los 80 y hoy sigue alcanzando las costas de la Península Ibérica sobre todo por la fachada atlántica.

Sin embargo, el escenario actual ha cambiado, tal y como revelan los mayores expertos y ha quedado acreditado por los NarcoFiles, el nuevo orden criminal, una investigación periodística internacional coordinada por el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de La Nación de Colombia que fue compartida en España con infoLibre y Narcodiario y con más de 40 medios de comunicación en todo el mundo. Aquí puedes ver el dosier con las informaciones publicadas hasta la fecha.

Con los escenarios anteriores –salvo el del tabaco– plenamente vigentes, las grandes mafias autóctonas y extranjeras han visto en España un lugar perfecto para crear un negocio alrededor de la droga que abarque todas las fases del ciclo productivo. Para ello comenzaron a establecer centros de cultivo de cannabis hasta alcanzar cotas similares a las de Marruecos, llenando de cosechas clandestinas todas las comunidades autónomas, pero especialmente Andalucía y Cataluña. España ya es la huerta de Europa de la marihuana.

“Somos el número uno, el mayor productor europeo de marihuana”, resalta el comandante Fran Torres, de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “Los albaneses lo están aprovechando para establecerse en España. La marihuana no está tan mal vista, pero va camino de ser más peligrosa que la cocaína por la violencia que acarrea”, añade el investigador. “Si me intervienen 1.000 plantas en mi casa y es muy probable que no vaya a prisión. Es un negocio que cuesta muy poco: puedes comprar el material en cualquier growshop con una inversión de 20.000 euros, y la vas a amortizar probablemente en la primera cosecha, que tienes en cuatro o cinco meses, con una rotación que te da unos beneficios económicos brutales”, concluye el guardia civil, quien alude al bajo reproche penal por este delito como un factor diferencial.

La fiscal jefa antidroga, Rosa Ana Morán Martínez, también pone el foco en la creciente violencia con que se conducen las organizaciones dedicadas al cannabis. En Cataluña, destaca la memoria de la Fiscalía recién publicada, se han instalado organizaciones extranjeras que se dedican a plantar cáñamo y distribuir después la cosecha “por toda Europa”, vendiendo las plantas en tiendas físicas o en webs, aunque también utilizan el correo postal o la paquetería.

Al mismo tiempo, y sin hacer ruido, se han instalando también los primeros laboratorios de cocaína. Al principio, sólo con dos o tres cocineros, y ahora con auténticos especialistas que viajan directamente desde Colombia para trabajar en los centros de producción y obtener una mercancía cuya calidad es superior a la que se obtiene en América Latina, rozando –y en ocasiones superando– el 90% de pureza.

“Me pidieron el pasaporte y se encargaron de todo. Yo sólo me trasladé a Cali, donde en una agencia de viajes me entregaron los billetes de avión de Bogotá a París y de allí a Portugal. Viajas como turista y no tienes que hacer nada”, explica a OCCRP cómo llegó a España un experto cocinero de cocaína, que sigue en plena actividad aún hoy. De 47 años y originario de Putumayo, la región de Colombia con más laboratorios en plena selva, asegura que allí “es el día a día de cada familia, se aprende a trabajar con la coca antes que a leer y a escribir”. Por un sueldo de unos 400 euros por cada kilo de cocaína generado, el especialista, carente de antecedentes penales, está operativo ahora en el extrarradio de Madrid, la zona en la que se han destapado la mayor parte de los centros de procesamiento del polvo blanco sudamericano en la Península Ibérica.

El desmantelamiento de un laboratorio en Pontevedra a finales de marzo, con capacidad para producir 200 kilos al día y con 7.500 kilos de pasta base listos para ser transformados –de ellos se intervinieron unos 1.300– supuso un golpe de efecto, pero no el único ni el último: 128 estructuras de transformación de droga colombiana, de mayor o menor tamaño, han sido descubiertas en el país en la última década. Según las cifras facilitadas por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), dependiente del Ministerio del Interior, entre enero de 2012 y septiembre de 2022 fueron detenidas 625 personas en unas operaciones que permitieron a las fuerzas del orden incautarse de 3,53 toneladas de cocaína.

La mayoría de los arrestados eran –además de españoles– colombianos, que son quienes proporcionan la droga y dominan la química y la técnica para elaborarla, y adulterarla, antes de su venta en el país de destino. Lo que no es óbice para que –como corresponde a un negocio tan globalizado como los legales–, entre los cocineros, químicos y notarios –los capataces, venidos desde Colombia– de los laboratorios se hayan encontrado serbios y albaneses –los balcánicos cotizan al alza en el narcotráfico europeo– e incluso húngaros, aparte de ciudadanos procedentes de toda Latinoamérica.

“Me ofrecieron un trabajo rápido, de dos semanas, que consistía en sacar la base de pellets de plástico y transformarla en clorhidrato de cocaína”, explica el cocinero, que cuenta con todo un equipo a su servicio para procesar los paquetes de droga. Una persona organiza el trabajo y el resto de los empleados entran en el laboratorio “sin comunicación”. “Al terminar vienen a buscarte y te sacan. No ves nada”, describe. Son, pues, estructuras perfectamente organizadas desde el origen que cuidan cada detalle para evitar ser descubiertas y que procesan droga las 24 horas al día para obtener el mayor beneficio con el menor riesgo posible. Y en un tiempo récord.

Emilio Rodríguez, jefe de los Greco de la Policía Nacional y responsable de la operación que sirvió para desmantelar el laboratorio de Cotobade (Pontevedra), ubicado en una zona rural de difícil acceso y considerado el mayor de Europa hasta la fecha, señala que la estructura criminal se instaló en apenas “cuatro meses”. El centro de producción de droga se encontraba en una vivienda de tres plantas con su galpón anexo, donde fueron hallados, además de unas 30 toneladas de precursores líquidos y sólidos, depósitos de acero y plástico, extractores, calentadores, hornos microondas, ventiladores, un generador eléctrico diésel, bombas de agua, un compresor de aire y electrobombas, todo ello con el único fin de transformar la pasta base en clorhidrato de cocaína. Después se supo que obtenían purezas superiores a las conseguidas en la selva colombiana, que oscilan entre un 78% y un 84%.

“En el laboratorio objeto de investigación había personal de México y de Colombia, que fue reclutado de otras instalaciones en la selva. El reclutamiento se pudo hacer en el país de origen entre los propios trabajadores de la organización”, explica el responsable policial, quien subraya que en Pontevedra fueron detenidos siete colombianos y un mexicano, el jefe, el único que tenía contacto con el exterior. “El fenómeno se va a extender de forma exponencial debido fundamentalmente a lo rentable del negocio y a la situación actual de la producción de la cocaína en Sudamérica [la sobreproducción ha hundido los precios]”, asegura Rodríguez.

“Pensamos que existen instalaciones perfectamente productivas en países del entorno de la UE. Es comprensible que, cuanto menores son los controles, más facilidades existen para que las organizaciones exporten pasta base, adquieran insumos e instalen laboratorios”, concluye el investigador. La rentabilidad es mayor que en los alijos clásicos, pues no hay que pagar sobornos ni contratar embarcaciones, ni siquiera buscar una guardería para almacenar una sustancia que, según sale de los hornos microondas, ya se distribuye a los compradores al por mayor. Los NarcoFiles demuestran así que España ya no sólo recibe, sino que también trasforma y produce cocaína para consumidores de toda Europa.

Donde más laboratorios clandestinos dedicados a la cocaína se ha desmantelado en España es en la Comunidad de Madrid, un total de 31 en 10 años. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 27, y Cataluña, con 20. Las dos primeras, por tanto, suman el 45% de las instalaciones clandestinas descubiertas. Pero también Castilla-La Mancha, quizá por su proximidad a la capital, tiene un buen historial, con 12 instalaciones cerradas. En Murcia fueron descubiertos nueve laboratorios, una cifra considerable si se tiene en cuenta que son los mismos que en Andalucía, cuya extensión multiplica casi por 100 la murciana.

En cualquier caso, el laboratorio donde más cocaína ya elaborada se confiscó hasta la fecha en España fue uno desmantelado en 2015 en una nave industrial de Chiva (Valencia), donde los cinco detenidos –dos de ellos colombianos y un tercero, un empresario de Albacete y químico de profesión– pretendían transformar en producto listo para la venta un total de 1.520 kilos de cocaína que acababan de desembarcar en el puerto de Valencia mezclados con carbón. No llegaron a ponerse a la faena porque fueron detenidos antes por la policía. La Audiencia Provincial de Valencia condenó al organizador español del envío a ochos años y 10 meses de prisión, y a siete años y seis meses a los dos colombianos, presumiblemente los cocineros que iban a extraer la cocaína camuflada en los sacos de carbón. En otras operaciones, las cantidades de droga intervenida fueron mucho menores. De hecho, el segundo por volumen intervenido, es un laboratorio de Navalagamella (Madrid), donde se encontraron sólo 320 kilos en 2022.

Antes del gran hallazgo de Pontevedra, sin embargo, existen numerosos precedentes que dejan claro que España lleva produciendo cocaína desde hace muchos años y, en al menos cuatro ocasiones más, a partir de pasta base. El primer gran caso conocido y desarticulado por el Cuerpo Nacional de Policía tuvo como protagonista a Ana María Camena, conocida como La reina de la coca y destacada integrante de Los Miami, una de las mayores redes de tráfico de cocaína de todos los tiempos afincada en Madrid y con cabecillas españoles con tratos directos con los colombianos. Fue en 2011 en el marco de la Operación Colapso. Se intervinieron 300 kilos de cocaína y 33.000 kilos de sustancias químicas para su elaboración, así como dos millones de euros en efectivo, que dan una muestra clara del poder de aquella organización criminal.

Sólo un año después y también en Madrid –la capital y su entorno acogen la mayor parte de estas infraestructuras–, la policía descubrió un sistema de introducción de pasta base dentro de muebles de madera. Tres ciudadanos colombianos habían llegado a España para cocinar la droga. Ese mismo año se descubrió en Cataluña otro laboratorio de elaboración de cocaína cuyo destino final eran los Países Bajos.

En 2015 y en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), se produjo un hallazgo interesante: una estructura dotada de un zulo donde los narcos ocultaban los productos químicos, el material de laboratorio y la propia cocaína que iban procesando. La policía detuvo a siete personas como responsables.  

Dos años más tarde, en una localidad de Guadalajara, una vez más cerca de la capital de España, los especialistas antidroga encontraron unos grandes barriles con huecos idénticos a los que se emplean en los laboratorios de Colombia para colocar las cubas en las que se sintetiza la cocaína.

En 2019 se intervino el mayor laboratorio de cocaína descubierto en Barcelona hasta la fecha. Era la Operación Ferro, que incluyó la aprehensión de un semisumergible sin estrenar en una nave de Málaga y 50 detenidos en distintas provincias. Se decomisaron 22 toneladas de sustrato de coco impregnado en cocaína para su posterior extracción en la cocina clandestina, así como 400 kilos ya preparados y 12.000 kilos de precursores.

Ese mismo año, en la localidad toledana de Casasbuenas, quedó al descubierto el que hasta entonces era probablemente el laboratorio de mayor capacidad alimentado con pasta base, como el de Pontevedra. Nueve personas, algunas de ellas vinculadas a las FARC, fueron detenidas. Se calcula que podían producir 500 kilos de clorhidrato de cocaína al mes.

Ya en 2020, la Policía Nacional intervino otros dos centros de producción de la droga de origen sudamericano, uno en Alicante y otro en Cádiz. El primero incluyó el decomiso de 650.000 euros en efectivo y numerosas armas. En el segundo también llamó la atención el arsenal. Los narcos comenzaban entonces a protegerse ante la proliferación de vuelcos –robos de droga perpetrados por otros delincuentes– que se extendían como la pólvora en toda España. Así, este año no ha habido operación antidroga en la que no se haya decomisado armamento letal.

En 2021 se desmanteló una instalación al aire libre que recibía la materia prima en forma de pasta base oculta en sacos de arcilla en San Martín de la Vega (Madrid). Allí se hallaron cinco toneladas de precursores químicos, además de todo el material preciso para el laboratorio. Ese mismo año fue localizada otro gran laboratorio en una finca de alquiler turístico de Madrid. En él se extraía la cocaína que llegaba a España impregnada en pintura en polvo, un sistema indetectable para las aduanas. Se calcula que producía unos 300 kilos al mes.

En 2022, en una localidad de Toledo, la Policía Nacional cazó in fraganti a cinco personas trabajando en otro recinto que, según las autoridades, podía procesar hasta 150 kilos al mes. Y ese mismo año, en la Operación Silcon, fue localizada la instalación más parecida hasta la fecha a la de Pontevedra, con capacidad para elaborar 120 kilos cada semana “a imagen y semejanza de los de la selva colombiana”. La cocaína llegaba a España impregnada en cemento. Doce personas fueron detenidas.

Además de las diferencias de volumen, el ritmo de desmantelamiento de los laboratorios ha variado, y mucho, a lo largo de la década. En 2013 y 2014 se descubrieron hasta 21 y 20 instalaciones, respectivamente; en 2015 fueron 18 y en 2016 llegaron a 14. Pero desde entonces las operaciones contra laboratorios han decaído: en 2018 fueron sólo cuatro, en 2019 sólo cinco. El año de la pandemia, 2020, se quedaron de nuevo en cuatro. Desde 2021, cuando alcanzaron la decena, ha habido un ligero repunte. Hasta septiembre de 2022 se han cerrado siete operaciones.

La química industrial no sólo es necesaria para elaborar, extraer o adulterar cocaína. El primer laboratorio de heroína descubierto en España estaba en Fuensaldaña (Valladolid) y fue desmontado en 2013. La policía detuvo a 12 personas. Atribuido en parte al famoso clan de Los Charlines, organización gallega dedicada a introducir cocaína colombiana a gran escala, obtenía la droga a partir de morfina para su venta en todo el país.

El segundo fue desmantelado en Quintanar del Rey (Cuenca) al año siguiente. Los 10 detenidos eran sirios y habían levantado una instalación donde habrían podido producir hasta 100 kilos de heroína.

También hay plantas clandestinas para elaborar drogas sintéticas. En 2017 se descubrió en Lleida un centro de producción de speed –sulfato de anfetamina–. Y el año pasado se destapó una organización que utilizaba varias viviendas en Barcelona como laboratorios: se intervinieron 336 kilos de MDMA, anfetaminas, éxtasis, metanfetamina, GHB y GLB.

“Pensamos que existen instalaciones perfectamente productivas en países del entorno de la UE. Es comprensible que cuanto menores son los controles, más facilidades existen para que las organizaciones exporten pasta base, adquieran insumos e instalen laboratorios”, concluye Emilio Rodríguez, responsable del operativo que cerró el laboratorio de Pontevedra. La rentabilidad es mayor que en los alijos clásicos, pues no hay que pagar sobornos ni contratar embarcaciones, ni siquiera buscar una guardería para almacenar una sustancia que, según sale de los hornos microondas, ya se distribuye a los compradores al por mayor. Los NarcoFiles demuestran así que España ya no sólo recibe, sino que también trasforma y produce cocaína para consumidores de toda Europa.

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Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto, dirigido por el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 comenzó con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía colombiana que se ha compartido con infoLibre y Narcodiario en España y con más de 40 medios de comunicación de todo el mundo. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.

La Comisión de Agricultura en el Congreso debatirá este miércoles una proposición no de ley de Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Bildu para pedir la regulación del cannabis no psicoactivo o cáñamo —aquel cuyo porcentaje de tetrahidrocannabinol (THC), la droga euforizante, es inferior a 1%–, con el fin de ofrecer seguridad jurídica a los productores y comercializadores.

En concreto, el partido minoritario del Gobierno y sus dos aliados independentistas instan al Ejecutivo a "avanzar en la regulación integral del cannabis no psicoactivo para dar seguridad jurídica a las actividades de producción, comercialización y consumo de productos derivados del cáñamo industrial", ha recogido Europa Press.

Según explican, en los últimos años se han comenzado a comercializar en toda Europa productos derivados del cáñamo con valores muy reducidos de THC, conocidos comúnmente como cannabis no psicoactivo, como por ejemplo el CBD, y avisan de que mantener un enfoque restrictivo y contrario a la realidad regulatoria de la Unión Europea relega al Estado español a una situación de atraso e inseguridad jurídica para las personas que producen y comercializan esta planta y sus derivados.

La iniciativa se debatirá apenas un mes después de que el Congreso tumbara una proposición de ley de ERC para regular el cannabis de forma integral. PSOE y PP votaron en contra de tomar en consideración la propuesta, mientras que Unidas Podemos votó a favor.

Y es que, la pretensión de Unidas Podemos, ERC y Bildu es aprobar una norma estatal que regule todos los aspectos que afectan a las actividades del ciclo de producción del cannabis no psicoactivo, así como legislaciones autonómicas en materia de agricultura, desarrollando las directivas europeas para el cultivo de cáñamo industrial de una manera más precisa.

La iniciativa que se debate en comisión, recogida por Europa Press, reclama que esa futura regulación del cannabis no psicoactivo limite el porcentaje de THC al 1%, para así asegurar tanto la ausencia de efectos estupefacientes como un mayor rendimiento de los cultivos y su sostenibilidad conforme al Pacto Verde Europeo. De lo contrario, creen que España estaría operando en este mercado en clara desventaja clara respecto a países de su entorno.

Asimismo, piden a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que se comprometa con el orden jurisdiccional europeo realizando una declaración de conformidad con la resolución del TJUE de 19 de noviembre de 2020 relativa a la no fiscalización del CBD, al no tratarse de una sustancia estupefaciente.

El Gobierno de Países Bajos permitirá el cultivo de marihuana en diez municipios del país a partir de octubre, en un programa controlado por el Estado de cuyo resultado dependerá que se legalice por completo el cannabis en el país, conforme ha anunciado este miércoles el ministro de Sanidad, Ernst Kuipers, según informa Europa Press.

Las tiendas coffee shops en las ciudades de Tilburgo y Breda, en el sur del país, podrán vender marihuana cultivada legalmente por diez agricultores a partir de octubre.

Actualmente, Países Bajos permite la venta y consumo en pequeñas dosis de marihuana solo en los coffee shops, pero no permite su cultivo o la venta de grandes cantidades, por lo que actualmente es imposible abastecer a todos estos comercios de forma regulada.

Esta anómala situación lleva a los comercios a comprar sus productos de vendedores e intermediarios de forma ilegal, una situación que el Ejecutivo lleva tiempo queriendo regularizar. El Gobierno explica en su página web que este experimento responde al debate público sobre la legislación: "Muchos municipios se han quejado de que esta política está causando problemas relacionados con el orden público, la seguridad, la salud pública y la lucha contra el crimen".

Este experimento se ha pospuesto en varias ocasiones, y de los diez agricultores encargados, solo uno puede producir marihuana en grandes cantidades, algo que también debería revisarse para asegurar el abastecimiento en caso de que finalmente cambie la legislación.

La subcomisión de cannabis medicinal del Congreso de los Diputados ha dado este martes su aval a la regulación de esta sustancia con fines terapéuticos con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV y PDeCAT, la abstención de ERC y Bildu, y el voto en contra de PP y Vox, según informa Europa Press.

Una de las novedades más importantes de las conclusiones de la comisión es que se abre la puerta a la dispensación del cannabis medicinal en farmacias comunitarias, tal y como reclamaban, por ejemplo, desde Unidas Podemos y más grupos de la izquierda.

En concreto, se establece que la distribución de estas fórmulas magistrales con extractos o preparados estandarizados de cannabis "ha de realizarse a partir de la red de farmacias del sistema de salud, con preferencia en las farmacias hospitalarias y explorando la alternativa de las farmacias comunitarias que puedan reunir los requisitos". 

"Disponer de extractos o preparados estandarizados de cannabis como los que están disponibles en otros países europeos, podría permitir dar respuesta a estas necesidades. La existencia de preparados estandarizados, con una composición definida, supone una ventaja en términos de dosificación, estabilidad y manejo", argumenta la subcomisión.

Aunque la subcomisión también reconoce que "debería valorarse" la manera de que los servicios de farmacia puedan elaborar fórmulas magistrales a partir de extractos o preparados estandarizados de cannabis "para su uso directo en determinados casos, asegurando su estabilidad y uniformidad".

Además, nuevamente se abre la puerta al uso de las sumidades floridas (flor del cannabis) o "preparados de otro tipo que estén disponibles en países de la Unión Europea", pero siempre dentro de "proyectos experimentales". PNV, Bildu y ERC apoyaban a Unidas Podemos en la ambición de que también se pudiera usar la flor de la planta, frente a la oposición del PSOE. Finalmente, la redacción de la subcomisión ha quedado en un punto intermedio.

En cuanto a las patologías para las que creen que debería estar indicado el cannabis terapéutico, se incluye el dolor oncológico y la endometriosis, que no estaban previstos en el informe de conclusiones inicial del PSOE.

La lista está compuesta por "la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia, náuseas y vómitos derivados de la quimioterapia, endometriosis, dolor oncológico y el dolor crónico no oncológico (incluido el dolor neuropático)".

Asimismo, la comisión puntualiza que se podría ampliar a otras indicaciones terapéuticas "cuando los estudios aporten indicios consistentes". "La evidencia científica disponible es limitada en relación con los usos terapéuticos del cannabis y de sus productos, y está restringida a algunos diagnósticos. La investigación aportará luz para poder dilucidar muchos aspectos en el futuro", detallan.

Al hilo, la subcomisión también recuerda la necesidad de que "se genere más investigación de calidad en este campo, y que la información generada en esta investigación sea la base en la toma de decisiones", como reclamaban tanto PSOE como Unidas Podemos.

La prescripción se debería realizar "exclusivamente" por profesionales sanitarios "en un contexto libre de potenciales conflictos de interés, como el que ofrecen los servicios sanitarios", más concretamente por médicos especialistas. Para ello, piden que se promueva la formación en el uso terapéutico del cannabis entre los profesionales de la medicina.

La subcomisión también ha aconsejado la puesta en marcha de un registro centralizado de los pacientes a los que se prescriben y dispensan fórmulas magistrales con extractos o preparados estandarizados de cannabis a partir de los registros de cada Servicio Autonómico de Salud. PNV, ERC y Bildu, como partidos procedentes de comunidades autónomas, rechazaban la necesidad de que se ponga en marcha un registro de pacientes, al contrario que PSOE e incluso Unidas Podemos.

"Estos registros pueden ser la base para evaluar los resultados obtenidos con el tratamiento en distintos perfiles de pacientes, y así mejorar progresivamente el conocimiento sobre el medicamento y beneficiar, en último término, a los pacientes", justifica la subcomisión.

Pese a apoyar mayoritariamente su regulación en ciertas patologías, la comisión también ha incluido en sus conclusiones una serie de puntos para vigilar que el uso del cannabis medicinal no implica "mayor disponibilidad y consumo de cannabis fuera del contexto clínico", en línea de lo exigido por PSOE, PP o Vox.

Así, instan a "evitar que la disponibilidad de cannabis para usos terapéuticos pueda llevar a una mayor disponibilidad y consumo de cannabis fuera del contexto sanitario". "Es absolutamente necesario evitar que el uso terapéutico de extractos o preparados estandarizados de cannabis para determinados pacientes con indicaciones concretas se confunda con una invocación genérica al uso general de cannabis por la población", explican.

Por último, la comisión ha recomendado que se evalúe periódicamente el uso terapéutico del cannabis y los datos de consumo en la población. Por ejemplo, la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso debería realizar anualmente una sesión centrada en este tema durante los próximos diez años para valorar la situación y su evolución.

Cada año la AEMPS, con la participación de las comunidades autónomas, realizaría un informe sobre el uso terapéutico de extractos o preparados estandarizados de cannabis, que incluiría información sobre las opciones disponibles, los servicios que prescriben, los pacientes tratados, y los volúmenes de productos dispensados, así como datos de eficacia y seguridad, con las aportaciones del sistema de farmacovigilancia.

De la misma forma, cada año, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas realizaría un informe sobre el consumo de cannabis y de extractos o preparados estandarizados de cannabis en España, con información sobre la frecuencia de consumo en población adolescente y adulta, los indicios de consumo intensivo, los indicios de consumo problemático, las personas que acuden a tratamiento especializado con el cannabis como sustancia principal.

En un plazo de 6 meses desde la aprobación de este informe por la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso, algo que previsiblemente ocurrirá la próxima semana, la Agencia Española de Medicamenos y Productos Sanitarios (AEMPS) recogerá estas recomendaciones para que "tengan encaje en la normativa y sean viables, permitiendo la disponibilidad en el mercado farmacéutico de extractos o preparados estandarizados del cannabis".

El diputado del PSOE Daniel Viondi ha apoyado la regulación del cannabis medicinal en España, asegurando que resulta "inexorable", por lo que ha pedido al resto de grupos políticos un "consenso máximo" para llegar a un acuerdo, según informa Europa Press.

"Votamos a favor de la subcomisión y nos hemos comprometido a que haya un marco regulado del cannabis terapéutico. Va a ser inexorable que vaya a producirse. Es imprescindible que exista con el consenso máximo que se pueda alcanzar", ha afirmado este lunes en la subcomisión de cannabis medicinal del Congreso de los Diputados.

Viondi ha puntualizado, no obstante, que su regulación se debe hacer con "seguridad jurídica y sanitaria". "Tiene que ir con un control y prescripción médica y regulado todo por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Es un consenso básico que podemos alcanzar todos los grupos", ha pormenorizado.

Asimismo, ha recordado que su uso sería "complementario": "No va a solucionar directamente ninguna enfermedad". Por ello, considera que ahora mismo el "gran debate" es "cómo se dispensa" en España y qué modelo dentro de la Unión Europea debe ser la "máxima referencia" para promover una norma. "Los diputados alcanzaremos más pronto que tarde un acuerdo", ha zanjado.

La presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), Carola Pérez, ha agradecido este apoyo formal del PSOE, más explícito que nunca. "Hoy el PSOE ha estado más cariñoso y cercano, ocupándose más de los pacientes. Pero las palabras no bastan, los hechos son importantes", ha precisado.

En cualquier caso, Pérez ha defendido que ya existe suficiente evidencia científica sobre el uso médico del cannabis en el mundo real, gracias a la experiencia de otros países, para poder regularlo sin tener que esperar a ensayos clínicos más robustos.

"Es increíble que en el siglo XXI no seamos capaces de coger la evidencia que ya tenemos para que sea una gran fuente de datos. No entendemos por qué la evidencia de un médico alemán no es aplicable en España. No entendemos cómo es posible que se estén otorgando licencias para cultivar cannabis y nosotros no podamos recibir un solo producto alegando la falta de evidencia o que no llegamos en el momento político adecuado. Señorías, el dolor no espera", ha sostenido.

Al margen de medicamentos como ibuprofeno y paracetamol, u opioides como la morfina y el fentanilo, ha apuntado que "no hay una solución segura que pueda aportar seguridad y calidad de vida cuando un paciente no mejora con todo esto". Así, ha esgrimido que España es "una sociedad que vive absolutamente medicalizada". "Somos el segundo país del mundo en consumo de opioides. Estamos de acuerdo en que los medicamentos aprobados son una opción pero todos sabemos que no lo son a largo plazo debido a los efectos secundarios o los problemas a la hora de bajar dosis", ha explicado.

Pese a que ha reconocido la inexistencia de ensayos clínicos doble ciegos y aleatorizados, los más utilizados para la aprobación de fármacos, Pérez ha instado a atender a la evidencia en el mundo real. "No se pueden hacer estudios a corto plazo, pero podemos avanzar con lo que ya tenemos, la evidencia en el mundo real. Hay estudios observaciones hechos con hasta 10.000 pacientes", ha reivindicado.

Al respecto, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Jesús Aguilar, propuso, en su intervención ante la subcomisión el pasado 28 de marzo, la realización de un estudio en las farmacias para comprobar la eficacia del cannabis medicinal en España y cómo podría ser su implementación, como se ha hecho por ejemplo en Francia.

"Consideramos que es el momento de actuar con el apropiado rigor científico, técnico y sanitario para dar una respuesta al interés y demanda del uso del cannabis para el tratamiento de ciertos síntomas de diferentes patologías. Una respuesta en la que debe primar la seguridad y la protección de la salud de los pacientes, a quienes nos debemos como profesionales sanitarios", explicó.

Según los farmacéuticos, con esta prueba piloto se podrían "recopilar datos concluyentes sobre la eficacia y seguridad del uso de los productos derivados del cannabis; demostrar las ventajas de su dispensación en farmacias comunitarias; y realizar el debido seguimiento a los pacientes".

"Todo bajo una estricta supervisión de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Sería la manera más prudente de comenzar a utilizar unos productos que no reúnen suficientes pruebas de eficacia y seguridad, y se daría así respuesta al interés del uso de los derivados del cannabis en el tratamiento de ciertos síntomas de diferentes patologías", sostuvo Aguilar.

Por su parte, la presidenta del OECM ha insistido en que se utilice la evidencia del mundo real "igual que con la covid-19", cuando en los peores momentos de la pandemia se utilizaron algunos fármacos a la espera de ensayos clínicos más robustos. "No permitamos que los pacientes sigamos abandonados, estigmatizados y perseguidos. No vamos a vivir con miedo por algo tan simple como intentar soportar el dolor. Mirar hacia otro lado no es una opción", ha remachado.

En España existen tanto medicamentos con principios activos como productos diversos de cannabis, que se diferencian entre ellos según hayan obtenido o no autorización de comercialización para uso médico. En el caso de medicamentos, hay dos fármacos, "Sativex" y "Epidyolex", que cuentan con autorización de comercialización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y son dispensados por los farmacéuticos hospitalarios para mejorar los síntomas de algunas enfermedades como la espasticidad moderada o grave debida a la esclerosis múltiple y las convulsiones asociadas al síndrome de Lennox-Gastaut, al síndrome de Dravet o al complejo esclerosis tuberculosa.

Los que no tienen autorización de comercialización como medicamentos son la parte florida de la planta, la resina comprimida o hachís, los aceites extraídos y los extractos de cannabis concentrados.

El vicepresidente del OECM y catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Manuel Guzmán, ha solicitado a los parlamentarios "distinguir tajantemente el consumo medicinal del recreativo". "Es mucho más seguro el médico. El perfil de seguridad de los cannabinoides en el contexto terapéutico es más que razonable, mejor que el de los opioides", ha detallado.

Al igual que Carola Pérez, Guzmán ha resaltado que, pese a la falta de ensayos clínicos controlados, los estudios observacionales "apoyan que el uso medicinal de los cannabinoides es razonablemente seguro, eficaz y con un buen nivel de adherencia por parte de los pacientes".

"Nadie pretende sustituir los medicamentos que tenemos por el cannabis medicinal. Lo que han hecho los países que lo han regulado no es reemplazar sino añadir, a través de distintas concentraciones o vías de administración para poder disponer de un armamento mayor para ayudar a nuestros pacientes. Países Bajos, Alemania, Portugal o Francia ya tienen programas de dispensación controlados y estrictos", ha justificado.

El catedrático ha expuesto que en España "hoy en día hay muchos pacientes que están sufriendo enfermedades crónicas devastadoras y altamente debilitantes, que se encuentran en una inseguridad jurídica para utilizar otro tipo de preparados no aprobados". "Nuestro deber moral es apoyar a estos pacientes e intentar acercarnos a ellos con un conocimiento que ya tenemos para que muchas personas que están sufriendo puedan dejar de hacerlo o, por lo menos, paliar algunos de los síntomas aparejados a sus enfermedades", ha concluido.

Las Fuerzas de Seguridad practicaron 24.114 detenciones en 2020 relacionadas con el tráfico de drogas, de las que más de la mitad (58%) estaban relacionados con el tráfico ilegal de productos cannábicos. El pasado año fueron incautados 36.948 kilogramos de cocaína, 1.700.462 plantas de cannabis, 70.073 kilogramos de marihuana, 473.925 kilogramos de hachís y 179 kilogramos de heroína, según datos del Ministerio del Interior, informa Europa Press.

La cifra de detenidos representa un leve descenso de un 0,24% respecto del año anterior, de acuerdo a la Estadística Anual sobre Drogas 2020, un informe elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Este informe recoge la actividad de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes realizada a lo largo de 2020 por Policía Nacional y Guardia Civil, las tres policías autonómicas con competencia en seguridad ciudadana (Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra) y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Sobre el total de las detenciones practicadas, 5.899 lo fueron por tráfico de cocaína; 3.840 por cultivo de plantas de cannabis; 6.938 por tráfico de hachís; 1.474 por tráfico de heroína; y 7.182 por tráfico de marihuana. El resto se debió a tráfico ilícito de drogas sintéticas.

Precisamente esta misma semana Interior ha lanzado un plan a través del CITCO que implica a todos los cuerpos policiales tras detectar que la incautación de la marihuana se ha cuadruplicado con la intervención de casi tres millones de plantas ilegales, según la estimación para 2021. Se trata, además, de un tráfico ilícito que lleva parejo un incremento de la violencia de los grupos criminales que dominan este mercado, donde se consume modalidades de cannabis sintético que implica mayor riesgo para la salud.

El 69% de las detenciones por tráfico de drogas practicadas en 2020 (16.520) afectaron a ciudadanos españoles. Respecto de los extranjeros apresados en operaciones antinarcotráfico, las nacionalidades más habituales son la marroquí y la colombiana. En 20.897 de las ocasiones, los arrestos afectaron a hombres, y solo en 3.217 casos las detenidas eran mujeres.

En 2020 fueron incautados 36.948 kilogramos de cocaína, cifra que representa un ligero descenso (2,5%) respecto del año anterior. Del total, 8.355 kilogramos fueron aprehendidos en siete embarcaciones interceptadas en alta mar, mientras que el resto, en su mayoría, fue localizado en contenedores de transporte a su llegada a puertos españoles. Las mayores incautaciones de este tipo se realizaron en los puertos de Barcelona, Valencia y Algeciras (Cádiz).

También fueron localizados 130 "correos humanos" que transportaban un total de 333 kilogramos de cocaína, cantidad que representa el 1% del total incautado en 2020.

Por lo que se refiere al cannabis, en 2020 fueron localizadas en incautadas 1.700.462 plantas, lo que representa un crecimiento de un 10,5% respecto del año anterior y cerca de un 350% comparado con 2015. Respecto de su principal derivado, la marihuana, el año pasado se incautaron 70.073 kilogramos, un importante incremento de un 76% en relación a 2019.

Respecto al hachís, en 2020 se aprehendieron 473.925 kilogramos, un 36% más que el año anterior, como efecto -según Interior- del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que ha permitido ejercer mayor presión policial sobre las organizaciones que operan en la denominada ruta del Estrecho.

Por último, los 179 kilogramos de heroína incautados el pasado año confirma "la tendencia a la baja" detectada en lo que a esta droga se refiere, y que fue de un 23,5% respecto de 2019.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha dado a entender este martes que su partido no respaldará este martes la toma en consideración de la proposición de ley de Más País para regular el uso del cannabiscannabis y ha remitido ese debate a la subcomisión creada a tal efecto en la Cámara Baja, informa Europa Press. 

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Gómez ha explicado que su partido pretende focalizar el trabajo en el ámbito parlamentario sobre la legalización del cannabis en la subcomisión que el Congreso acordó crear el pasado mes de junio para estudiar su uso medicinal y que se constituyó la semana pasada.

De esta forma deslizaba que los socialistas no respaldarán la tramitación de la iniciativa que el líder de Más País, Íñigo Errejón, presentó el pasado mes de septiembre con la que, dijo entonces, aspiraba a romper la "hipocresía" que rodea el consumo del cannabis, que es un "hecho social generalizado" en el país.

El dirigente socialista ha puesto de relieve que la existencia de diferentes iniciativas para regular el uso del cannabis, entre ellas las presentadas también por Esquerra Republicana (ERC) o Unidas Podemos, exigen que sea precisamente en esa subcomisión donde se aborde esta materia con idea de "unificar" los criterios de todos los grupos parlamentarios y alcanzar "el mayor consenso posible".

"No vamos a avanzar iniciativas que provoquen ahora mismo una distorsión dentro del trabajo de la subcomisión que se ha creado al efecto", ha insistido Gómez, para añadir que los socialistas no pretenden "para sacar rédito político" con este asunto sino "trabajar en la línea del consenso y alcanzar un entendimiento atendiendo, de la mano del Ministerio de Sanidad, los criterios sanitarios" para que la regularización del cannabis sea una realidad.

Unidas Podemos ha registrado este miércoles en el Congreso su ley de regulación integral y control de consumo del cannabis en personas adultas, que establece las condiciones para su autocultivo, distribución y venta de esta sustancia con el fin de revertir el enfoque "prohibicionista" actual en España, ha informado Europa Press.

De esta forma, el grupo confederal formaliza su iniciativa que ya había anunciado el mes pasado y propicia que en el Congreso ya existan tres iniciativas que persiguen legalizar el consumo de esta sustancia, puesto que Más País y ERC comunicaron la semana pasada el impulso de sus propios textos normativos.

En el caso de la formación morada, plantea que el consumo del cannabis solo podrá llevarse a cabo en el ámbito privado y en los espacios habilitados en la ley. También se establecen 20 metros cúbicos de fronda a término como límite para el autocultivo, o el máximo de 10 gramos de consumo al día. También fija las condiciones para el consumo en clubs cannabicos cooperativos sin ánimo de lucro.

Fuerte control del Estado por un sistema de licencias

La proposición de Ley regula también el autocultivo y las asociaciones, así como el mercado a través de un sistema de licencias con un "fuerte control" por parte del Estado y las comunidades autónomas, con el fin de sacar a flote "una economía sumergida que se está desarrollando en la clandestinidad y que generaría miles de puestos de trabajo".

Tal y como especifica el grupo parlamentario, este sistema de licencias promueve la "vertebración territorial y la correcta distribución de beneficios ya que no se podrán realizar cultivos en interior salvo que el 90% de la potencia eléctrica total empleada para su producción provenga de fuentes de energía renovable producidas por la propia empresa titular de la licencia".

La diputada de Unidas Podemos y promotora del texto, Lucía Muñoz Dalda, ha destacado que esperan la aprobación de la propuesta y, para ello, trabajan en construir una mayoría parlamentaria que permita que salga adelante. "Tenemos toda la voluntad de negociar y llegar a acuerdos", ha añadido.

La prohibición no restringe el acceso

En la exposición de motivos de la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el grupo confederal destaca que "revertir el enfoque prohibicionista basado en el control altamente punitivo de la planta del cannabis, sus flores y sus principios activos es una deuda pendiente con la sociedad".

Situación que ha llevado, a su juicio, al "despilfarro de recursos públicos", la "proliferación" de grupos criminales, el robo de energía para el cultivo ilegal del canabis, la "corrupción sistémica" vinculada al narcotráfico, la creación de "economías sumergidas" por el estatus ilegal, la "sobrecarga" del sistema judicial y penitenciario, así como la "pérdida de oportunidades económicas".

Para ello, la proposición de ley contrapone el estatus que tienen otras sustancias como el alcohol y el tabaco, con consumos permitidos, y destaca que la prohibición "no restringe en absoluto" el acceso de la ciudadanía al cannabis, pues los sondeos apuntan que un 60% de la población considera que obtenerla es fácil.

"Los representantes políticos no han estado dispuestos todavía a debatir de forma seria este asunto, utilizando a menudo la demagogia, la desinformación e incluso, en ocasiones, la mentira", critica el texto del grupo confederal.

Frente a ello, la propuesta de Unidas Podemos contrapone que su legalización favorecería el desarrollo del mundo rural, aumentaría el control sobre la sustancia, aumentaría la labor de información sobre los riesgos para la salud que entraña su consumo, impulsaría la investigación sobre sus posibilidades medicinales y adecuaría la legislación española al marco internacional existente.

Cantidades permitidas

En el apartado regulatorio de las cantidades permitidas para personas adultas en espacios públicos, se estipula cuatro posibilidades: 100 gramos de sumidades floridas de cannabis secas, 30 gramos de extracciones de cannabis, productos elaborados con cannabis con un contenido de THC total de 10 gramos y la suma de las posibles combinaciones proporcionales de los productos anteriores.

Para el domicilio, se pauta 3.650 gramos de sumidades floridas de cannabis secas, 1.000 gramos de extracciones de cannabis, productos elaborados con un contenido de THC total de 365 gramos y también posibles combinaciones de las otras tres modalidades. En cuanto a domicilios en los que convivan más de una persona consumidora se pauta el doble con independencia del número que individuos que compongan la unidad de convivencia.

Impuesto especial

A su vez, se propone la creación de un Impuesto Especial de Productos del Cannabis (IEPC), que deberá ser gradual en base al contenido de THC total de los productos puestos a la venta.

Para ello, se incorpora una disposición que habilita al Gobierno a presentar un proyecto de ley sobre la creación de ese nuevo impuesto en un plazo no superior a cuatro meses.

Eso sí, los clubes sociales de cannabis cooperativos están exentos del pago de cualquier impuesto por la producción de los productos del cannabis o la dispensación de los mismos a las personas socias.

Creación de una agencia específica

También marca la creación de una Agencia Española de Control de la Regulación Integral del Cannabis (AECRIC), organismos que estará adscrito al Ministerio de Derechos Sociales.

Dicho ente público tendrá "absoluta competencia", sin perjuicio de aquella que recaiga en el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, sobre las actividades "de siembra, cultivo, cosecha, control, inspección, producción, extracción, elaboración, etiquetado, empaquetado, trazabilidad, control analítico, transporte, acopio, distribución, dispensación, venta y comercialización de los productos del cannabis".

Concretamente, se encargará de impulsar reglamentos sobre la cadena de mercado vinculada a esta sustancia, como establecer las condiciones para disponer de una licencia, y fiscalizar estas actividades.

Más País y ERC han presentado este martes en el Congreso sendas iniciativas para regular el uso del cannabis en España, adelantándose así a Unidas Podemos, que el pasado viernes anunció que esta ultimando su propia norma en esta materia, según recoge Europa Press.

Las iniciativas de Más País y ERC persiguen regular el cannabis para su uso profesional, medicinal y recreativo. En palabras del líder de Más País, Íñigo Errejón, su ley aspira a ser la normativa "más avanzada de Europa" en esta materia y romper la "hipocresía" que rodea a su consumo, que es un "hecho social generalizado" en el país. En términos similares se han expresado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y su compañera Marta Rosique, quien ha explicado que la intención de su grupo era haber presentado una ley con la firma de varios grupos, pero que finalmente no ha sido posible.

Ambas formaciones coinciden, como también sostiene Unidas Podemos, en que es necesario regular lo que ya es una realidad en España, garantizar un consumo más seguro y luchar contra las mafias del tráfico de estas sustancias.

Dimensión económica

Errejón ha reivindicado que no es la primera vez que Más País abre debates novedosos que acaban fraguando avances. "Es hora de ser pioneros, de adelantarnos en regulaciones que ya están en Alemania y Portugal", ha desgranado al apuntar que se trata de una ley "integral" que regula el uso medicinal, la compra y venta de cannabis, así como su autoconsumo o el cultivo profesional, obligando en este campo al empleo de al menos un 60% de energías limpias.

Otro factor positivo radica en su dimensión económica, dado que estudios apuntan que el consumo de cannabis mueve unos 100.000 empleos que cotizanconsumo de cannabis. Además, pretende que afloren para las arcas públicas los beneficios económicos que reporta el cannabis vía impuestos.

Por ello, se pauta un impuesto especial del 35% que reportarían más de 3.000 millones de euros para el Estado y tendrá un carácter finalista, pues el 60% de lo recaudado se destinaría obligatoriamente a la financiación de la sanidad pública. También descargaría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de esa tarea actual de vigilar el trapicheo.

En materia de autoconsumo, Más País quiere limitar un máximo de hasta 12 plantas y no emplear potencias superiores a los 1.200 vatios. A su vez, el texto de la propuesta pauta que el almacenaje de sus derivados de floración seca no supere los 3.650 gramos y los productos extraídos, como resinas o aceites, no excedan los 1.000 gramos. También fija las condiciones para asociaciones, que rondan la posibilidad entre 150 a 450 kilogramos, además de pautar un registro de profesionales para el uso medicinal del cannabis.

Reducir el consumo 

De su lado, Marta Rosique ha hecho hincapié en que la intención de su ley es contribuir a reducir el consumo de cannabis, garantizando un acceso seguro al mismo, regulando su uso terapéutico y acabar con el tráfico por parte de las mafias. "No regularlo no lo hará desaparecer, al contrario, fomentará el mercado negro", ha apuntado Rufián. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha recordado que su formación lleva en sus programas electorales "desde tiempo inmemorial" la regulación del uso terapéutico del cannabis y que ya plantearon un debate al respecto en la comisión del ramo.

Respecto al uso recreativo de esta sustancia, ha comentado que se debe "abordar sin demagogia" y que, en cualquier caso, no se debe regular desde la óptica de la prohibición sino desde la de la libertad, la educación y la garantías siempre teniendo en cuenta que es "una droga que es nociva". Por ello, ha pedido a PSOE y PP que de una vez por todas "acaben con el tabú" y permitan abrir ese debate.

Unidas Podemos ha anunciado este viernes que para principios de octubre tendrá "lista" su ley para la regulación del uso del cannabis "en personas adultas", un texto que busca despenalizar el cultivo y la tenencia de esta sustancia, y que confía en que se pueda aprobar tras incorporar aportaciones de otros grupos parlamentarios y de la sociedad civil, informa Europa Press.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa en la Cámara Baja la portavoz del grupo confederal en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el Estudio del problema de las Drogas, Lucía Muñoz Dalda.

Dalda ha detallado que el objetivo de esta norma es "dotar de seguridad jurídica a una realidad ya existente", como es la existencia de "alternativas al mercado ilícito", en referencia al autocultivo y la labor de las asociaciones, así como "solventar" los efectos negativos que tiene el mercado ilícito del cannabis.

Una vez tengan listo su texto lo abrirán para incorporar aportaciones de otros grupos parlamentarios y de la sociedad civil. Muñoz Dalda no ha fijado ningún plazo, pero se ha mostrado optimista ante la posibilidad de que la ley salga adelante.

¿Más allá del uso medicinal?

En concreto, ha señalado que se han dado "cambios de posición" que pueden favorecer su aprobación. El PSOE, socio de Gobierno de Unidas Podemos, se ha abierto en la ponencia marco de su próximo Congreso Federal a aprobar "un marco legal para el uso del cannabis medicinal a través del Sistema Nacional de Salud y con prescripción médica".

En su programa electoral para las generales de noviembre de 2019, los 'morados' iban mucho más allá y se comprometían a despenalizar "el cultivo y la tenencia a nivel personal y colectivo" y a regular "la actividad de los clubs sociales de cannabis".

También abogaban por establecer "el rol del Estado en la garantía de seguridad de los y las consumidoras y en el control de la producción, distribución y consumo" de esta sustancia.

Por su parte, el pasado mes de junio el Pleno del Congreso aprobó, a instancias del PNV, la creación de una subcomisión para analizar las experiencias internacionales de regulación del cannabis para uso medicinal.

El consumo problemático de cannabis en España está aumentando en España, al igual que el uso compulsivo de Internet y los cigarrillos electrónicos, si bien se está reduciendo el consumo de tabaco convencional, según la Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas (EDADES) llevada a cabo por el Ministerio de Sanidad, recogida por Europa Press, y en el que se han analizado el consumo de drogas de 17.899 personas de 15 a 64 años entre el 7 de febrero y el 11 de marzo de 2020.

"El objetivo de este trabajo es obtener información para diseñar, desarrollar y evaluar estrategias y políticas dirigidas a prevenir el consumo de drogas y adicciones comportamentales entre la población analizada", ha dicho la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, en una rueda de prensa junto al delegado del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas, Joan Ramón Villalbí.

En concreto, si el consumo problemático de cannabis se situó en el 2,5 por ciento entre los hombres en el año 2017 y en el 0,7 por ciento entre las mujeres, en el año 2019 el porcentaje se sitúa en el tres por ciento entre ellos y en el 0,9 por ciento entre las mujeres. Ahora bien, a nivel general, la prevalencia en hombres duplica a la de las mujeres y la media de porros diarios se sitúa en el 2,9.

"La proporción de los que dicen que consumen cada día cannabis está estable en cierta medida, si bien estamos observando un pequeño repunte en el consumo problemático de cannabis", ha señalado Villalbí, para advertir de los peligros del consumo de esta sustancia entre los jóvenes, informando de que los que comienzan a fumarlo más pronto tienen un mayor fracaso escolar.

Respecto al consumo de tabaco, el estudio ha puesto de manifiesto que la tendencia se mantiene estable e, incluso, descendente, si bien está aumentando el porcentaje de personas que no se plantean dejar de fumar, pasando del 66,3 por ciento en 2017 al 77,3 por ciento en 2019. Los hombres siguen fumando más que las mujeres (40,5% frente al 36,8%).

"En los años que se desarrollaron las leyes contra el tabaco hubo una reducción muy importante de su consumo, si bien ahora no estamos observando esta reducción por las nuevas formas de fumar que están apareciendo como son los cigarrillos electrónicos", ha señalado Villalbí.

Concretamente, si en el año 2017 el 8,8 por ciento de los encuestados había probado alguna vez en su vida un cigarrillo electrónico, el porcentaje se eleva a los 10,5 por ciento en el año 2019. Actualmente, a diario lo consumen el 1,4 por ciento de los hombres y el 0,7 por ciento de las mujeres.

"La gran preocupación que tenemos sobre este asunto es que si es de personas que fumaban tabaco convencional y se han pasado a estos cigarrillos, no está mal, pero sí lo está si son personas que habían dejado de fumar o no habían fumado nunca, ya que es el camino que hay para volver a aumentar el consumo de tabaquismo en España, por lo que necesitamos una regulación más exigente que está en proceso de evaluación", ha recalcado.

Tendencia "estable pero alta" de consumo de alcohol

En cuanto al alcohol, el consumo, mayor en hombres que en mujeres, se mantiene estable pero en valores altos. Así, a diario beben alcohol el 8 por ciento de la población analizada, si bien 63 por ciento reconoce que lo ha consumido en el último mes, el 77,2 por ciento en el último año y el 93 por ciento lo ha probado alguna vez en su vida.

En este caso, Villalbí ha llamado la atención sobre los consumos intensivos de alcohol, especialmente entre la población más joven. Y es que, en el último mes, el 25,7 por ciento de los hombres y el 13,1 por ciento de las mujeres reconoce haberse emborrachado en el último mes.

Los principales motivos que los encuestados han señalado para beber alcohol es porque es divertido (más de la mitad), seguido de porque les gusta, les hace sentirse partícipes de un grupo, creen que es sano o para evitar caer en una depresión.

Respecto a otras drogas, la cocaína sigue una tendencia ascendente (pasa del 10 por ciento en 2017 al 10,9% en 2019), triplicándose su consumo entre los hombres respecto a las mujeres. Así, el 16,1 por ciento de ellos reconoce haberla probado alguna vez en su vida, frente al 5,7 por ciento de ellas.

Por otro lado, Villalbí ha llamado la atención por el consumo de hipnosedantes sin recetas porque, a pesar de que a nivel general la tendencia se mantiene estable y de que son las mujeres las que más lo consumen, se está incrementando el uso de analgésicos opioides, pasando del 14,5 por ciento de los que decían que lo habían probado alguna vez en su vida al 15,2 por ciento.

La codeína (54,6%) es el más consumido entre los que lo han probado alguna vez, seguido del tramadol (50%). Asimismo, el consumo de analgésicos opioides sin receta es bajo y más de la mitad lo consiguen a través de un amigo o familiar.

Más de un millón de personas han hecho un uso compulsivo de internet 

La encuesta ha evidenciado también un incremento de hasta 28 puntos de consumo impulsivo de Internet, una actitud que la han tenido 1.139.000 personas de 15 a 64 años, especialmente los jóvenes de 15 a 24 años (11,3%), seguidos del grupo de 25 a 34 años (5%).

Asimismo, 670.000 personas de 15 a 64 años han realizado un posible juego problemático o trastorno del juego, si bien se ha reducido del 2,6 por ciento en 2017 al 2,2 en el año 2019. De ellos, el 15,8 por ciento ha jugado de forma online y el 3,5 por ciento de forma presencial. Estas personas suelen tener un mayor consumo de alcohol y tabaco, gastan más dinero y juegan semanalmente o diariamente.

No obstante, y aunque el juego problemático se haya reducido ligeramente, ha aumentado del 3,5 por ciento al 6,7 por ciento las personas que juegan dinero online, así como de forma presencial, pasando del 59,5 por ciento en 2017 al 63,6 por ciento en 2019.

Los mayores de 64 años consumen menos sustancias psicoactivas 

Finalmente, y por primera vez, se ha analizado la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas entre los mayores de 64 años, observando que hacen un menor consumo de ellas que la población de menor edad, si bien son los hombres los que más consumen.

Sin embargo, si se analiza por sustancia, el estudio ha reflejado que los mayores de 64 años beben más alcohol a diario (19% frente al 8,8% de los de entre 15 y 64 años) y especialmente vino (30,5), si bien beben de forma menos compulsiva.

En el tabaco quienes han sido fumadores lo han sido durante muchos años, y el 4,3 por ciento presenta un posible trastorno por consumo de hipnosedantes. Además, el 68,3 por ciento ha jugado dinero de manera presencial en el último año, y el 2,4 por ciento ha jugado dinero online en el último año. Un 1,3 por ciento podría sufrir un posible trastorno por juego.

El consumo de cocaína entre los estudiantes de 14 a 18 años ha descendido a "mínimos históricos" en los dos últimos años, si bien han aumentado los casos de borracheras y el uso de cannabis a través del cigarrillo electrónico, según se desprende de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), presentada por la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Azucena Martí, y la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo.

En concreto, según informa Europa Press, actualmente el 2,9% de los jóvenes ha probado en alguna ocasión la cocaína, el 2,4% en el último año y sólo el 0,9% en el último mes, cifra "muy por debajo" de la registrada en años anteriores como, por ejemplo, en 2004 cuando el 3,8% de los estudiantes había consumido esta sustancia ilegal en los últimos 30 días.

No obstante, los chicos siguen siendo los que consumen cocaína en mayor proporción que las mujeres y la edad de inicio se sitúa en los 15,2 años. "Su consumo ha descendido en todos los tramos temporales llegando a alcanzar mínimos históricos", ha dicho Martí, para informar de que España se sitúa en el sexto lugar de Europa en cuanto al uso de esta sustancia, por detrás de países como Reino Unido, Francia o Dinamarca.

Ahora bien, Martí ha alertado de que el consumo de cannabis a través de los cigarrillos electrónicos ha aumentado del 1,8% en 2016 al 5,4% en el año 2018. En este sentido, el estudio ha mostrado que el 48,4% de los estudiantes ha usado alguna vez estos dispositivos, mientras que hace dos años el porcentaje se situaba en el 20,1%.

En este caso, la proporción de usuarios de cigarrillos electrónicos es considerablemente más alta entre los que fuman tabaco que entre los que no lo hacen. Al mismo tiempo, el consumo más frecuente es entre los chicos, con independencia de la edad y entre los que los han usado alguna vez, el 67,1% utilizaron cartuchos sin nicotina, el 11,3% con nicotina y el 21,6% cartuchos de los dos tipos.

"Estamos ante un problema emergente, y más cuando hemos comprobado que uno de cada dos adolescentes y jóvenes han utilizado estos nuevos dispositivos en el último año por muchos factores como, por ejemplo, la moda o porque puede parecer hasta elegante", ha apostillado la ministra de Sanidad en funciones.

Ahora bien, a pesar de que el consumo mensual de alcohol se ha reducido del 67% registrado en 2016 hasta el 58,5% actual, sí han aumentado las borracheras mensuales (24,3% frente al 21,8% en 2016), especialmente en chicas y entre los de 14 años. En concreto, el 11,7 de las chicas admite haberse emborrado en los últimos 30 días, mientras que la cifra en los chicos se sitúa en el 7,6%.

El consumo en forma de "atracón" de alcohol ha aumentado también de forma ligera, situándose en la actualidad en el 32,2% (31,7% en 2016). Con todo ello, Martí ha alertado de que el consumo de alcohol sigue estando en niveles "elevados", informando de que, a nivel general, el 77,9% lo ha probado alguna vez y el 75,9% en el último año.

Los neozelandeses decidirán en referéndum en 2020 si quieren que se legalice el cannabis en el país coincidiendo con las próximas elecciones generales. Para ello, deberán responder con un sí o un no a una pregunta sobre la base de un proyecto de ley, ha anunciado este martes el ministro de Justicia, Andrew Little.

El proyecto de ley incluirá una edad mínima de 20 años para consumir y adquirir cannabis de uso recreativo, así como las reglas y los controles de suministro comercial, opciones limitadas para su cultivo a nivel doméstico, un programa de educación pública y el compromiso de las partes interesadas.

Según Little, el Gobierno de coalición que lidera Jadinda Ardern está comprometido con un enfoque respecto a las drogas basado en la salud, para minimizar el daño y quitar el control a los criminales. El ministro ha añadido que la decisión de los votantes será vinculante, pero corresponderá al siguiente gobierno aplicar la ley. "Esperamos y confiamos en que el Partido Nacional también se comprometerá a respetar la decisión de los votantes", ha afirmado Little.

La celebración de un referéndum sobre el uso recreativo del cannabis en las elecciones de 2020 o antes formaba parte del acuerdo de apoyo negociado por el Partido Verde con los laboristas de Ardern. "Hemos dejado claro desde el principio que un referéndum tiene que estar sustentado en un régimen legal que la gente pueda ver, entender y sobre el que tomar una decisión informada", ha señalado la diputada verde Chloe Swarbrick en un comunicado.

Un régimen regulador claro establecido en un proyecto de ley "evitaría cualquier potencial de una situación como el Brexit porque la gente sabrá exactamente qué les depara el futuro y cómo estos cambios se pondrán en práctica", ha subrayado. En 2018, el Gobierno neozelandés aprobó una ley para legalizar el uso medicinal de cannabis y creó un reglamento en el que se estipulan las personas susceptibles de usar cannabis ilegal para cuidados paliativos sin temor a ser procesados.