Andrés tenía vigente una orden de alejamiento cuando asesinó a puñaladas a su expareja. Ocurrió este martes, a plena luz del día, en la vía pública y bajo la mirada atónita de los vecinos de Figueres (Girona). El agresor había sido detenido por maltrato y amenazas. El lunes se celebró un juicio rápido, el acusado reconoció los hechos y aceptó los seis meses de prisión impuestos por la justicia, pero eso no le impidió seguir hostigando a su víctima. Horas después fue arrestado de nuevo por lesiones y quebrantamiento de condena. Tras quedar en libertad, acabó con la vida de la joven.

Este último caso de violencia de género se suma a otros que se han concentrado en apenas unos días. El sábado, un hombre asesinó a su mujer y a su hijo, antes de quitarse la vida, en la casa cuartel en la que residían en Dolores (Alicante). El lunes, otra mujer fue asesinada por su marido en Arguedas (Navarra) y un joven acabó con la vida de su madre y su padrastro tras un tiroteo en El Ejido (Almería), un crimen que se investiga como violencia de género y vicaria. Tan solo un día después, un varón mató a la bisabuela de su expareja, en Loja (Granada). Cinco mujeres, un hombre y un joven han sido asesinados en contextos de violencia machista en solo cuatro días. 

En lo que va de año, el número de feminicidios en pareja o expareja confirmados asciende a 20. En ocho de los casos registrados existían denuncias previas: el 40% del total. Un porcentaje muy por encima de la media global. En toda la serie histórica, la tasa de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas tras haber dado el paso de denunciar es del 22,4%. Con ese telón de fondo, el caso de Figueres ha abierto una grieta en la ya deteriorada confianza de las víctimas en un sistema que vuelve a demostrarse ineficaz.

A Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, este último caso le recuerda a otro similar registrado el pasado mes de abril en Córdoba. El agresor había sido denunciado apenas dos días antes de cometer el feminicidio y la víctima fue incluida en el sistema, pero con riesgo medio. Él desobedeció las medidas de protección y terminó con su vida. "El sistema falla conceptualmente. Cuando tenemos una tasa tan alta de homicidios con denuncia previa, podemos afirmar que la denuncia no está siendo una fuente de protección y seguridad", sostiene el exdelegado. 

Las voces expertas detectan elementos de peso en este último caso, particular por su atrocidad, pero con patrones comunes a otros feminicidios registrados en el pasado. La abogada María Naredo se detiene en la rapidez de los procedimientos, los llamados juicios rápidos, muchas veces incapaces de evaluar rigurosamente una situación de riesgo y actuar en consecuencia. "La justicia sigue sin entender que la violencia va escalando y se comporta basándose en ciclos", sostiene la letrada, por lo que valorar sin contexto un episodio aislado de violencia puede conllevar una evaluación parcial del problema. "Muchas veces no se dan las bases para que la víctima cuente la globalidad de la violencia, no se evalúa el cuadro completo, sino una parcela ínfima y eso lleva a imponer penas rebajadas", sostiene. 

Para Naredo, si bien la protección debe ser "máxima e inmediata", la investigación ante una denuncia por violencia machista "no puede saldarse con una pena de conformidad de seis meses de prisión", sino que debe ir más allá y explorar toda la violencia sufrida en su conjunto. 

Isaac Guijarro, cofundador del despacho Olympe Abogados, pone por delante que los fallos del sistema tienen responsables directos: "En este caso han fallado los jueces y las juezas que decidieron no dictar prisión provisional a pesar de haber quebrantado la orden de alejamiento y pese a sus numerosos antecedentes". A su juicio, la desobediencia ante las medidas impuestas por la justicia debería haber sido suficiente indicador para constatar su "desprecio absoluto a la administración de justicia" y por tanto el riesgo que pesaba sobre la víctima.

El abogado insiste en que "no son fallos puntuales", sino déficits que se reproducen de manera habitual. En la administración de justicia las fallas afloran prácticamente a diario, asiente Guijarro. "El hecho de no adoptar medidas cautelares o no acordar prisión provisional pese al quebrantamiento de una medida pasa cada día", porque existe una tendencia a "minimizar el riesgo, el dolor y las secuelas psicológicas en las víctimas en favor de no restringir las libertades del agresor". Verbalizarlo es, a su entender, el punto de partida para corregirlo: "Minimizarlo y no reconocer que se está haciendo mal y que tenemos un sistema tremendamente deficiente impide reparar todas las disfuncionalidades que existen", lamenta. 

En marzo de este mismo año, un hombre asesinaba a su expareja a tiros en plena calle. El agresor, que contaba con licencia de armas de uso deportivo, se desplazó hasta el centro de trabajo de la víctima y acabó con su vida de varios disparos a primera hora del día, en Zaragoza. El verano pasado, otro hombre le quitaría la vida a su pareja ante la mirada de los viandantes en Marbella (Málaga). El agresor la golpeó hasta matarla en una calle próxima a su trabajo. Meses antes, en febrero de 2025, otra mujer era asesinada en Langreo (Asturias) por su pareja, en la vía pública. La apuñaló delante de varios testigos. 

Los feminicidios en la vía pública no son los más habituales, pero existen. El año pasado, según el balance anual confeccionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un 4,3% de los crímenes mortales tuvieron como escenario central la calle, un porcentaje idéntico al registrado el año anterior y que se ha mantenido prácticamente inmutable en el último lustro.

Miguel Lorente recuerda que el asesinato en la vía pública es una anomalía en criminología, pero uno de los elementos diferenciales de la violencia machista. "Es un crimen moral, así que el agresor tiende a asumir las consecuencias y actúa con total indiferencia, porque normalmente se va a entregar o a quitar la vida, así que no le importa exponerse", asiente el médico forense. "No tiene sentido desde el punto de vista criminal, pero en violencia machista sí pasa". 

Pero además, agrega María Naredo, asesinar en plena calle es la máxima expresión de "la escalada de la violencia". Al principio, abunda la jurista, la violencia machista tiende a producirse en la "intimidad y de manera más sutil, primero con violencia psicológica o de control, después con maltrato físico", pero el hecho de que el agresor "cometa un acto de tal gravedad en la calle nos habla de una escalada en la cual ha habido muchos incumplimientos por parte de las instituciones", remata.

Asesinatos, destrucción de viviendas, coches, bienes agrícolas… Desde el 7 de octubre de 2023, la violencia colonial se ha disparado en la Cisjordania ocupada, donde viven ilegalmente más de 750.000 israelíes. En 2025 ya había alcanzado un nivel sin precedentes en dos décadas. A lo largo de ese año fueron asesinados ocho palestinos por colonos israelíes. 2026 se perfila como aún más mortífero: en apenas cuatro meses ya han sido asesinados al menos diez palestinos por extremistas judíos.

Los últimos asesinatos tuvieron lugar esta semana, en la provincia de Ramala. El martes 21 de abril, Aous Hamdi Al-Nassan, de 14 años, y Jihad Marzouq Abou Naïm, de 32, murieron por los disparos de un colono armado con un fusil de asalto en la aldea de Al-Mughayyir. Al día siguiente, el miércoles 22 de abril, en circunstancias similares, Awda Atef Awawdeh, de 25 años, falleció a causa de sus heridas tras haber sido tiroteado en Deir Dibwan.

En Al-Mughayyir, Aous Hamdi Al-Nassan y Jihad Marzouq Abou Naïm cayeron frente a la escuela de niños, cerca de la entrada del pueblo, un lugar donde “no hay civiles israelíes, ni colonias, ni carreteras israelíes”, aseguró a AFP el alcalde del municipio, Amin Abou Alia. “Cualquier colono que se acerque a esta zona lo hace con la intención de causar daño”, denunció. En 2019, el padre de Aous, Hamdi Al-Nassan, corrió la misma trágica suerte: fue abatido por colonos cuando acudía en ayuda de unos heridos. El adolescente se suma a la lista de más de 230 víctimas menores de edad asesinadas desde el 7 de octubre de 2023 por colonos o por el ejército israelí en Cisjordania.

Su pueblo, situado principalmente en la zona C, es decir, bajo control total israelí, es emblemático de la asfixia colonial que se está produciendo en Cisjordania, con el objetivo de acaparar las tierras palestinas. Rodeado por cerca de una decena de puestos avanzados, esos asentamientos ilegales que se expanden y fragmentan el territorio palestino, Al-Mughayyir sufre ataques casi a diario, varios de ellos de gran envergadura, como en abril de 2024, cuando los colonos asaltaron la localidad durante tres días, o en agosto de 2025, cuando el ejército israelí arrancó cientos de olivos.

En Deir Dibwan, el ejército israelí afirmó haber entregado a la policía “a civiles israelíes que habían entrado en la zona sin autorización previa” e informó de que detuvo “a sospechosos palestinos implicados en el lanzamiento de piedras contra civiles israelíes, que a continuación fueron puestos en libertad”. Aseguró, además, haber recibido posteriormente un aviso sobre un palestino muerto por disparos y que la policía abrió una investigación.

El ejército de Israel afirmó que envió soldados a Al-Mughayyir tras recibir un aviso de lanzamiento de piedras “contra un vehículo israelí que transportaba a varios civiles, entre ellos un soldado de la reserva, quien salió del vehículo y abrió fuego contra los sospechosos presentes en la zona”. “A su llegada, los soldados intervinieron para dispersar los violentos enfrentamientos en la zona”, añadió el ejército, sin dar más detalles e indicando que “el incidente está siendo investigado”.

Los habitantes ofrecen otra versión, la de ataques selectivos por parte de colonos cada vez más brutales, armados con palos, porras, cócteles molotov y armas pesadas, aprovechándose de la impunidad de la que gozan, a menudo bajo la protección o con el apoyo del ejército israelí. Como ha demostrado recientemente el diario británico The Guardian, más del 96% de las investigaciones contra los colonos se archivan sin más y no se ha iniciado ningún proceso judicial desde 2020, mientras han sido asesinados más de 1.100 palestinos, de los cuales al menos una cuarta parte son menores.

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán, el 28 de febrero pasado, la violencia se ha intensificado aún más en todo el territorio. La Autoridad Palestina ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional: “Es hora de actuar para poner fin al terrorismo de los colonos.”

A mediados de marzo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OHCHR, por sus siglas en inglés) denunció la existencia de “una estrategia estatal coordinada”, en la que las autoridades israelíes desempeñan “un papel central”. Este organismo alertó de que desplazamientos en Cisjordania, “que coinciden con el desplazamiento masivo de palestinos a Gaza”, “parecen indicar una política israelí concertada de traslado forzoso masivo” en el conjunto de los territorios ocupados, lo que suscita “preocupaciones respecto a una limpieza étnica”. Entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, la expansión de los asentamientos provocó “el desplazamiento de más de 36.000 palestinos en la Cisjordania ocupada”, una expulsión de una magnitud sin precedentes.

La violencia de los colonos constituye un factor principal del desplazamiento forzoso, como atestiguan los informes de varias ONG. El 20 de abril, el Consejo Noruego para los Refugiados (Norwegian Refugee Council, NRC) publicó un estudio demoledor que documenta especialmente el uso de la violencia sexual como arma para empujar a las comunidades palestinas a abandonar sus tierras. Se han registrado múltiples formas de agresión, como la desnudez forzada, exhibición de los genitales ante menores o amenazas de violación.

Bajo la presión constante y ante el riesgo creciente, las familias adoptan estrategias extremas: “Muchas se separan, enviando a las mujeres y a los niños a otros lugares, y los hombres se quedan para proteger las casas y el ganado —un patrón que a menudo precede al desplazamiento total”, describe el informe. “Otras sacan a sus hijas de la escuela u organizan matrimonios precoces para que tengan menos peligro”. El aumento de esta violencia ha llevado a más de dos tercios de las cerca de 100 personas entrevistadas a abandonar sus hogares.

“Lo que me llevó a tomar la decisión de mudarme fue el acoso que sufrían mi mujer, mis hijas y mi nuera”, testifica un hombre entrevistado en el informe. “Los colonos empezaron a acercarse cuando mi hijo y yo nos íbamos a trabajar. Vigilaban de cerca a las mujeres, silbaban cuando salían de los refugios a plena luz del día y nos lanzaban piedras por la noche. Me aterrorizaba la idea de que le pudiera pasar algo grave a mi familia debido a esta violencia constante de los colonos durante mi ausencia”. “Lo mejor que hice fue enviar a mi hija a vivir con su abuela a la ciudad, porque temía por ella”, cuenta una madre de familia.

En la provincia de Belén, dos chicos de 15 años que cuidaban del ganado fueron atacados por colonos, golpeados, atados y desnudados. A uno de ellos le rociaron con orina y al otro le rompieron una pierna. En otra comunidad beduina palestina, en el valle del Jordán, un palestino fue víctima de una grave agresión sexual delante de su familia.

El estallido de violencia es tal que cada vez son más las voces que se alzan en Israel para denunciar “el terrorismo judío”, pero más por razones de seguridad y estratégicas que humanitarias. Son las de políticos como Yaïr Golan, líder de la alianza de izquierda Los Demócratas, o Yaïr Lapid, líder de la oposición centrista. O las de influyentes religiosos como los miembros de la asociación Rabinos por los Derechos Humanos o de antiguos responsables de seguridad en Israel. A finales de marzo, la asociación Comandantes por la Seguridad de Israel, que agrupa a 550 oficiales superiores, generales retirados y ex altos responsables de los servicios de seguridad, interpeló en una carta abierta al jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, sobre el “peligro estratégico” que representa el “terrorismo judío”. Eyal Zamir reconoció que se trata de actos de violencia “moral y éticamente inaceptables”.

Para Amnistía Internacional, estos actos de violencia forman parte del proyecto de anexión por la fuerza de Palestina por parte de Israel. “La expansión acelerada de los asentamientos ilegales y el recrudecimiento de la violencia y los delitos respaldados por el Estado [israelí], atribuibles a los colonos en la Cisjordania ocupada, ponen de manifiesto la catastrófica incapacidad de la comunidad internacional para tomar medidas decisivas”, condena la ONG. Critica, en particular, la inacción de terceros Estados, que “no respetan sus obligaciones jurídicas, negándose a utilizar las herramientas a su disposición, como la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, con el fin de disuadir a Tel Aviv de continuar con su programa ilegal”.

El pasado 20 de abril, los Veintisiete fueron incapaces de hablar con una sola voz para frenar la empresa genocida del Gobierno de Netanyahu. El presidente francés Emmanuel Macron, aunque reconoció que la suspensión del acuerdo era una “cuestión legítima” en caso de que Israel “continúe con esta política que contraviene su historia”, declaró que “no es el momento de precipitar una confrontación cuando hace unos días Israel ha aceptado un alto el fuego para el Líbano y se comprometió a entablar conversaciones,”.

Traducción de Miguel López

Una mujer de 43 años ha sido asesinada este jueves presuntamente a manos de su expareja, un hombre de 50 años que tenía antecedentes por violencia machista y que después se ha ahorcado en Seseña (Toledo), tras una pelea con el hijo de la víctima, que ha acabado en el hospital.

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, el cuerpo de la mujer, de nombre Melissa, ha sido encontrado en el interior de su vivienda con signos de violencia por arma blanca. También en la vivienda los agentes de la Guardia Civil han hallado el cuerpo del hombre ya fallecido.

La mujer había denunciado a su agresor a finales de enero por violencia machista, en concreto por el maltrato psicológico y las vejaciones que sufría desde noviembre de 2024, cuando iniciaron los trámites de divorcio.

El hombre fue detenido en virtud de esa denuncia y este 12 de abril volvió a ser arrestado por quebrantamiento de una orden de alejamiento, según las fuentes, que han indicado que ahora mismo no constaban medidas judiciales sobre él. Sí que tenía antecedentes por violencia machista, y la mujer estaba en el sistema VioGen con un nivel de riesgo bajo.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 17 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.360 desde 2003.

30.000. Una cifra política. Un símbolo. Un número que miles de argentinos han adoptado como una forma de medir lo inconmensurable, de preservar la memoria y de combatir el silencio. Una cifra que no es comprobable. La dictadura argentina (1976-1983) se encargó de ello. Sin embargo, desde que fue adoptada por organismos de Derechos Humanos se ha convertido en un grito colectivo, una protesta y un reclamo para recordar para siempre aquello de: “Señores jueces, nunca más”. 

La represión militar dejó miles y miles de desaparecidos. 30.000. Y, entre ellos, también hubo españoles. De los casos que se han podido comprobar surge otra cifra: 307. Para recordarlos 50 años después de aquel 24 de marzo, el Instituto Cervantes ha acogido un acto este jueves presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, bajo el nombre 307, ¿Dónde están?. 

El acto ha arrancado con una actuación de Pedro Pastor. El cantautor ha dedicado su tema Los olvidados a aquellos que han sido olvidados por la historia. Esa que han escrito los ganadores. Una canción para los 307 españoles que tuvieron que sufrir dos dictaduras.

Luego ha subido al escenario un emocionado Xavier Fortes, quien ha conducido el acto. El periodista ha recordado que, siendo aún niño, vio cómo Pinochet se alzaba en Chile para “vampirizar” a su pueblo. Como Videla. Como Franco. “Videla era la cara del mal absoluto, del terror y del odio”, ha remarcado. Después, ha pedido un minuto de silencio por los desaparecidos en la dictadura. Toda la sala se ha unido al homenaje y se ha sumido en un silencio absoluto, roto solo por los aplausos de los asistentes. 

“Las palabras definen nuestro pasado, pero también nuestro futuro”, ha comenzado el discurso de Luis García Montero, poeta y director del Instituto Cervantes, que ha subido al escenario después del emotivo momento. “Para una persona como yo, que empezó a escribir a finales de los años setenta, el golpe de Estado argentino dialogaba con lo que había sido el régimen de Franco. Lo vivimos como si fuera nuestro”, ha recordado el también columnista de infoLibre. 

García Montero ha dado paso al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que ha defendido la forma en la que se tiene que trabajar la memoria democrática para no volver a cometer los mismos errores, aunque, ha remarcado, haya algunos que quieran volver a ellos. “Estamos aquí para arrojar luz sobre esta sombra, para recordar a los ausentes, a quienes quisieron condenar al olvido, para que su memoria no desaparezca nunca. Todos los desaparecidos eran personas que tenían un proyecto de vida que sus asesinos no querían que se cumpliera”, ha indicado Albares. 

Entre las formas de terror al que fue sometido el pueblo argentino estaban los secuestros, los asesinatos, las violaciones, la censura, el robo de niños y, por supuesto, las desapariciones. No se sabe cuántas personas tuvieron que pasar por ello. Tampoco en ese momento las familias sabían lo que había pasado con sus seres queridos. Simplemente, desparecían. 

Para poder concretar una cifra, organismos de Derechos Humanos estimaron que al menos cerca de 30.000 personas fueron desaparecidas, al comprobar que, tras ser secuestradas por los militares, nunca aparecieron. 

Tomás Labrador, argentino afincado en España, ha contado la historia de su familia. Su padre fue asesinado el 10 de noviembre de 1976. Esa misma noche, los militares se presentaron en las casas de sus familiares para comunicarles el crimen y advertirles de que ellos podían ser los siguientes. Ante la amenaza, su familia partió a España en menos de 24 horas. Todos tuvieron que rehacer de nuevo sus vidas aquí. Pero su abuela Esperanza, madre de su padre, solo aguantó tres meses. Tenía que ir a Argentina a buscar a su hijo. 

“La memoria es un territorio en disputa constante”, ha recalcado Labrador. Una afirmación que luego ha reiterado una voz muy conocida en España: la del actor Juan Diego Botto. “Cuando no damos esa disputa es un día que perdemos. A veces te sitúa en una confrontación que uno quiere evitar, pero no hacerlo explica que hoy tengamos a gente como Javier Milei [el presidente argentino] o a personas en España cantando el Cara al Sol”, ha señalado. 

La suya y la de Labrador son dos historias que parecen reflejarse la una en la otra. El padre del actor, Juan Fernando Botto, también fue desaparecido. Su madre, la actriz Cristina Rota, trató de buscarlo, pero al hacerlo comprobó que ella corría peligro. Partió hacia Madrid con sus dos hijos y con otra en camino, y ya en España siguió buscándolo. 

Tampoco de sus hijos –recién nacidos cuando desaparecieron– se sabe nada. Se estima que al menos 510 bebés fueron robados durante la dictadura. Y muchos de sus familiares todavía no saben nada de ellos. La asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que trabaja desde finales de 1977 para intentar encontrar a sus nietos, ha logrado restituir y reconocer la identidad de 140 de ellos. 

La cantante Ana Belén ha sido la encargada de poner voz a una de las cientos de historias de niños y niñas que crecieron junto a quienes habían participado en un régimen que asesinó a sus padres, con la lectura del texto Carta abierta a mi nieto. El relato cuenta cómo los militares quitaban los hijos a las mujeres secuestradas para dárselos a familias de policías o militares. 

Franco y Videla. Videla y Franco. Ambas dictaduras se reflejan la una en la otra. Como también ambos países. Casi 10.000 españoles y españolas huyeron hacia Argentina entre los años 40 y 60, sin contar con la ayuda del Gobierno argentino que no facilitó la acogida de los exiliados. 

Como han remarcado Botto y el ministro Torres, España y Argentina también se parecen hoy en la nostalgia por el fascismo. Pero, para el ministro, hay un antídoto: “la democracia y la memoria”, para que no se dé nunca más la impunidad del olvido. Torres también ha sido el encargado de entregar la Declaración de Reconocimiento y Reparación a la Comisión de Españoles Desaparecidos en Argentina. 

El acto lo ha cerrado el cantante Miguel Ríos, que ha puesto voz a un poema de Luis García Montero contra la guerra, repartido en 2003 por las facultades mientras España gritaba “No a la Guerra”. Con ese clamor ha acabado Ríos, al que se ha sumado toda la sala. 

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como crimen machista el asesinato de una mujer de 64 años este lunes en Córdoba, tras ser apuñalada presuntamente a manos de su expareja, que había sido denunciado recientemente por la víctima por violencia de género.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, a la espera de confirmación del caso de otra mujer fallecida en Pamplona tras precipitarse desde la ventana de un tercer piso.

Tulia Ester murió presuntamente a manos de su expareja, de 65 años, el mismo día en el estaban citados en el juzgado. Contra el presunto agresor, que está a la espera de pasar ante la autoridad judicial, existían antecedentes en VioGén y la víctima le había denunciado recientemente, por lo que había sido detenido el pasado 11 de abril con anterioridad al asesinato.

En ese incidente ocurrido en la vivienda de la mujer, según consta en la denuncia, su expareja entró armado con un martillo y le destrozó el equipo de música, tras lo que la habría cogido por el pecho y la habría amenazado con destrozarle la vivienda. Por estos hechos, el hombre fue detenido y pasó ese mismo sábado a disposición de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba, en funciones de guardia, que acordó su puesta en libertad provisional y la adopción de la medida cautelar que fue solicitada por las partes.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado en un comunicado su más rotunda condena y su absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Han pedido, además, "todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia".

Un conductor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) murió y otros dos trabajadores resultaron heridos este lunes en la Franja de Gaza en un ataque israelí que llevó a la suspensión inmediata de las evacuaciones médicas a través del cruce de Rafah, según fuentes médicas del hospital Mártires de Al Aqsa y personal de la OMS.

Majdi Mustafa Aslan, de 54 años y residente del campo de refugiados gazatí de Al Bureij, murió este lunes tras recibir disparos mientras conducía un vehículo de la OMS en la carretera Salah al Din, al este de Al Qarara (sur del enclave), durante una misión de evacuación de pacientes.

El vehículo formaba parte de un convoy que trasladaba enfermos desde Gaza hasta Egipto a través del cruce de Rafah. Según informaron a EFE fuentes del hospital Mártires de Al Aqsa, el automóvil fue alcanzado por disparos de artillería de un tanque israelí, matando a Aslan e hiriendo a otros dos miembros del personal de la OMS.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con apoyo de la Media Luna Roja Palestina, evacuó a los heridos y recuperó el cuerpo, mientras el vehículo permaneció en la carretera, informó la Media Luna Roja.

Tras el incidente, la OMS anunció a EFE la suspensión inmediata de las evacuaciones médicas a través de Rafah "hasta nuevo aviso".

Raed Aslan, una de las personas que viajaba en el vehículo y que atestiguó los hechos, afirmó a los periodistas en Jan Yunis (sur) que los vehículos tenían señalizado el logotipo de la OMS "por todas partes".

"El vehículo estaba claramente identificado como un vehículo de la OMS", dijo Aslan, y añadió que un tanque israelí bloqueó la carretera y atacó al conductor para detener al convoy, a pesar de que la vía "estaba vacía".

"Este es un ataque directo contra una operación de evacuación de pacientes", dijo el testigo.

El Ejército israelí no se ha pronunciado de momento sobre lo ocurrido.

De forma paralela, Israel mató este lunes a un hombre en un ataque aéreo a un vehículo en el barrio de Sheij Radwan de la ciudad de Gaza, que hirió además a un niño, según informaron fuentes del hospital gazatí Al Shifa.

Sobre este ataque, el Ejército de Israel afirmó en un comunicado, sin aportar pruebas, que mató a un hombre, Ali Ahmad Ali Amrain, al que califica como "terrorista" por su supuesta implicación en el contrabando de armas para la organización islamista Hamás.

Solo ayer domingo el Ejército israelí mató a al menos siete personas en diferentes ataques en el norte y sur de Gaza pese al alto el fuego vigente en el enclave desde el pasado octubre.

En total, al menos 723 gazatíes han fallecido en ataques casi diarios por fuego israelí desde el 10 de octubre, día en que entró en vigor el actual alto el fuego, según el recuento del Ministerio de Sanidad local.

De ellos, más de 200 -según la ONU- han muerto en ataques de tropas o drones israelíes cerca de la denominada línea amarilla, la demarcación a la que se replegaron las tropas israelíes y desde donde aún controlan más de la mitad de la Franja; sin una fecha clara para su retirada e inicio de la segunda fase del acuerdo.

En total, son cerca de 72.300 palestinos muertos desde el 7 de octubre de 2023, entre ellos más de 20.000 niños, en una ofensiva calificada de genocidio por una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países.

Las autoridades iraníes ejecutaron este lunes a un preso condenado por su participación en las protestas de enero, el séptimo en las últimas semanas, en medio de una intensificación de los ahorcamientos de presos políticos.

“Alí Fahim, uno de los elementos de los enemigos implicados en los disturbios terroristas de enero que había atacado instalaciones militares con el objetivo de apoderarse de armas, fue ejecutado tras la revisión del caso y la confirmación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

Según el medio oficial, Fahim participó junto con otras cuatro personas en la destrucción de una base militar y trató sin éxito de apoderarse de armas.

Entre los cargos por los que ha sido condenado se incluye “acciones operativas contra la seguridad del país en favor del régimen sionista, Estados Unidos y grupos hostiles”.

Con está ejecución, Irán ha ahorcado hasta ahora a siete personas desde el 19 de marzo condenadas por su participación en las protestas de enero.

Además, la República Islámica ha ahorcado al menos cuatro presos considerados presos políticos en las últimas semanas.

Las protestas antigubernamentales de enero, que pedían el fin de la República Islámica, fueron sofocadas tras una dura represión que causó la muerte de 3.117 personas, según el recuento oficial.

No obstante, organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en EEUU, elevan esa cifra a más de 7.000 y continúan verificando otros 11.000 casos, mientras estiman en 53.000 los detenidos.

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones en el mundo y, en 2025, ahorcó a 1.500 personas, según datos de la ONU, lo que representa un aumento del 50% respecto al año anterior.

Masacres, desapariciones forzadas, robo de bebés y un importante centro de espionaje ahogaron la provincia de Buenos Aires y, en particular, su capital, La Plata, durante la dictadura argentina que se inició hace 50 años y que perpetró en esta zona el 40 % de los crímenes de Estado, según informa EFE.

Desde entonces, los organismos de derechos humanos no han cesado en la búsqueda de justicia y verdad.

El 24 de noviembre de 1976, ocho meses después del golpe militar, unos 200 efectivos del Ejército y la Policía atacaron, por tierra y aire, una casa ubicada en la calle 30 de La Plata y ejecutaron una de las masacres más recordadas: cinco asesinatos a sangre fría y el robo de una bebé, Clara Anahí Mariani Teruggi, aún desaparecida.

“En esta casa había una imprenta donde se editaba ‘Evita montonera’, una revista sobre la militancia y la represión que estaba ocurriendo. En ese ataque mueren Diana Teruggi y cuatro compañeros, y es secuestrada la nena de tres meses, que se ha probado que salió con vida envuelta en una cortina. La sacó uno de los militares”, relata Elsa Pavón, presidenta de la Asociación Anahí.

Pavón, que sustituyó en la presidencia de la Asociación a la fallecida Isabel Chorobik, más conocida como Chicha Mariani -por el apellido de su esposo- y abuela de Clara Anahí, cuenta a EFE lo que ocurrió en aquel hogar, convertido en 1996 en un museo de la memoria.

La Casa Mariani-Teruggi, también conocida como la ‘casa de los conejos’, porque la familia tenía, además de la imprenta clandestina, un negocio de conejo en escabeche, quedó congelada en el tiempo y su visita es inquietante: cientos de impactos de bala en las paredes y en el vehículo aparcado en el garaje, el gran boquete que provocó un tanque y atravesó varias estancias, restos de la imprenta, jaulas de conejos y la bañera donde se salvó de la muerte Clara Anahí. Todo intacto.

“El papá de Clara Anahí no estaba en ese momento, había ido a trabajar”, prosigue Pavón, quien explica que ocho meses después, el 1 de agosto de 1977, fue acribillado a tiros en una calle de La Plata junto a otros compañeros montoneros (guerrilleros peronistas). El caso de esta familia simboliza el escarmiento.

Daniel Enrique Mariani, padre de Anahí, tenía 29 años; y Diana Emeralda Teruggi, 25.

La Plata y otras localidades bonaerenses siempre han acogido una importante comunidad universitaria y combativos polos industriales: “Los lugares de represión más importantes fueron las universidades y las fábricas. Por esa razón, la provincia alberga casi el 40 % de las personas detenidas y desaparecidas o ejecutadas”, expone a EFE la directora ejecutiva de la Comisión Provincial de Memoria, Sandra Raggio.

“Solo la Universidad Nacional de La Plata cuenta con más de 800 personas desaparecidas”, agrega, para luego explicar que lo que hoy es la Comisión de Memoria fue durante décadas un importante centro de espionaje.

“Este es el Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, se creó en 1956, posterior al golpe de Estado al peronismo y en paralelo a la implementación de la Doctrina de la Seguridad Nacional a nivel continental, y que se fue profundizando hasta llegar al conocido plan Cóndor. Estaba orientado a la persecución política”, resalta Raggio durante una visita de EFE al lugar, repleto de archivadores y documentos con información detallada de miles de personas, incluidos extranjeros.

“Es el primer archivo de la represión desclasificado en América Latina”, del que se deduce que el objetivo fue “espiar a todos”: organizaciones políticas, sindicatos, universidades, pero también escuelas, centros culturales, embajadas, espacios deportivos, iglesias y periódicos. Una labor de inteligencia inscrita “en el marco de la Guerra Fría a nivel global y de persecución a los enemigos internos”, según Raggio.

Los documentos que guarda este lugar, convertido en espacio de memoria en 1998, han permitido esclarecer crímenes de lesa humanidad, reconstruir jerarquías y estructuras del aparato represivo, identificar enterramientos clandestinos e identificar a personas sepultadas como ‘NN’.

“Hay documentos que están ligados con el Plan Cóndor, una operación de articulación entre las agencias represivas del Cono Sur”, agrega la directora, al especificar que hay fichas con datos de extranjeros desde el golpe de Estado en Brasil de 1964, mucho antes de que el Plan Cóndor naciera formalmente en 1975.

Tras el golpe, “muchos brasileños pasan a nuestro país como exiliados, después se van a Chile; y toda esa circulación de militantes por el Cono Sur va a ser registrada por la agencia de inteligencia”, revela Raggio.

“Hemos aportado documentación a la investigación del Plan Cóndor, a las comisiones de la verdad y a juicios en los diferentes países”, remata la directora de la Comisión de Memoria, al resaltar que La Plata no es sólo fuente de información documental, sino también de lucha por la justicia.

No es casualidad que la asociación Abuelas de la Plaza de Mayo naciera en esta ciudad, precisamente bajo el liderazgo de Chicha Mariani; tampoco que una de las películas míticas sobre la dictadura argentina, ‘La noche de los lápices’, transcurra en La Plata y que trate sobre estudiantes secuestrados y desaparecidos.

Una niña de tres años muerta en Alicante, una mujer asesinada a tiros en Zaragoza y un presunto intento de asesinato en Barcelona han sucedido en menos de 24 horas y todos están bajo investigación como presuntos delitos de violencia contra la mujer.

En el primero de ellos, la Guardia Civil investiga el asesinato de una niña de tres años ahorcada en Torrevieja (Alicante), cuyo padre también ha sido hallado muerto de la misma forma, como un posible caso de violencia vicaria, ha informado la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y el Ministerio de Igualdad a través de la Delegación contra la Violencia de Género, según recoge EFE.

Fuentes cercanas al caso han indicado a EFE que el hallazgo de los dos cuerpos se ha producido poco antes de las dos de la pasada madrugada en una vivienda de la calle Diana número 8, por parte de agentes de la Guardia Civil y que el padre, español, tiene 40 años, ha informado el Instituto Armado.

La madre, de 36 años, expareja del supuesto autor del crimen y también española, avisó anoche a la Guardia Civil de que no lograba contactar con él desde hacía unas horas y que temía que el padre pudiera haber hecho daño a su hija, que se encontraba con él.

Tras este aviso, la Guardia Civil se dirigió a comprobar lo que sucedía y localizó los cuerpos sin vida en el sótano del domicilio del presunto autor.

Aunque no existían denuncias formales previas de malos tratos entre los progenitores de la menor asesinada, fuentes de la investigación han explicado a EFE que cuando la mujer acudió anoche, alrededor de las 23 horas, al cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja manifestó haber sufrido malos tratos y haber recibido amenazas de muerte dirigidas a la hija si no terminaba con su relación actual con otro hombre.

El caso está siendo investigado por el Equipo Mujer Menor de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante, y los primeros indicios apuntan a que se trata de un caso de asesinato en el ámbito de la violencia vicaria y posterior suicidio por parte del presunto autor.

La madre ha sido trasladada al hospital de Torrevieja con una crisis de ansiedad, han informado fuentes conocedoras de los hechos.

El alcalde del municipio, Eduardo Dolón, se ha trasladado al recinto sanitario para ponerse a disposición de la familia.

El suceso ha causado una profunda conmoción en Torrevieja y el Ayuntamiento tiene previsto declarar a lo largo del sábado medidas de duelo por este asesinato de violencia vicaria.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se ha mostrado "conmocionada ante el asesinato de una menor en Alicante", unos hechos que ha calificado de "terrorismo insoportable" en su perfil de X, desde donde ha transmitido su cariño "para su familia y amigos".

En Zaragoza, una mujer ha fallecido tras recibir varios disparos de un hombre que después se ha suicidado. En declaraciones a los medios en el lugar de los hechos, la calle Cardenal Cisneros del barrio de Las Fuentes de la capital aragonesa, Beltrán ha confirmado que el crimen ha ocurrido a primera hora de la mañana -en torno a las 09:20 horas- y que el hombre sabía que iba a encontrarla en la calle a esa hora y ha ido a su encuentro "con la intención de asesinarla".

Según ha indicado, el hombre tenía licencia de armas deportivas y ha utilizado una de concurso para disparar varios tiros, aunque llevaba más armas, todas deportivas, que se han recuperado.

Al respecto, ha hecho hincapié en que no se trata de un accidente por la manipulación del arma o que la haya exhibido para atemorizarla y se le haya disparado, sino que "ha habido una intención clara de infligir daño", ha remarcado.

Por el momento no se ha podido confirmar la relación que habría entre ambos ni si se trata de un nuevo caso de violencia machista, si bien Beltrán ha confirmado que no existían denuncias de la mujer contra el hombre.

En todo caso, Beltrán ha remarcado que la violencia de género es una de las líneas de investigación y, de confirmarse, elevaría a 14 las mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas en lo que va de año.

"Estamos viviendo una auténtica lacra en lo que supone este tipo de violencia ejercida contra la mujer por el mero hecho de ser mujer", por una "actitud enfermiza de considerar que la mujer es un objeto y es una posesión, y que si no se posee, no se tiene, se le quita la vida", ha aseverado.

Por el momento, no han trascendido las identidades de la mujer y del hombre y además se investiga si alguno de ellos era el propietario de un vehículo que estaba mal aparcado en la zona.

El último suceso conocido este sábado ha sido la detención por parte de los Mossos d'Esquadra de un hombre como presunto autor del incendio de una vivienda en Les Franqueses del Vallès (Barcelona), dentro de la cual había una mujer, han informado a EFE fuentes de la policía catalana.

El suceso ha tenido lugar sobre las once y media de la noche en un piso de un edificio ubicado en la calle Sant Joaquim de esa localidad vallesana, del que se han evacuado por sus propios medios los vecinos del resto de viviendas del inmueble, han informado a EFE fuentes de los Bomberos de la Generalitat.

El incendio, han indicado las fuentes de los Mossos, no ha provocado ningún herido.

Los bomberos han acudido al lugar con seis dotaciones, cuyos efectivos han sofocado las llamas poco antes de la medianoche.

Los Mossos han abierto una investigación para determinar las causas que han llevado al detenido a provocar este fuego y si tiene relación con la mujer que habitaba en el domicilio.

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este martes la muerte de Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia paramilitar Basij (encargada de la represión ciudadana y vinculada a la Guardia) en los bombardeos, según informaron agencias oficiales.

La muerte de Soleimani, comandante de la milicia Basij los últimos seis años, había sido anunciada por el Ejército israelí este martes, que dijo que murió en "un ataque preciso" de la fuerza aérea en Teherán.

La Guardia Revolucionaria, en un comunicado recogido por las agencias Fars y Tasnim, vinculadas con este cuerpo militar, explicó que Soleimani murió "en un ataque terrorista" y elogió el papel "estratégico e inigualable" del comandante dentro de la Basij. Además, aseguró que a pesar de este asesinato la Basij no cesará en la lucha.

Israel sostiene que la milicia Basij, bajo el mando de Soleimani, lideró las principales operaciones de represión, "empleando violencia extrema y arrestos masivos", contra los manifestantes que protagonizaron a principios de enero las protestas más multitudinarias contra el régimen de los últimos años, donde miles de personas fueron asesinadas.

En los ataques del lunes por la noche en Teherán también murió, según un anuncio del Ministerio de Defensa israelí, el Alí Lariyani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, y mano derecha del difunto líder supremo, Alí Jameneí, aunque Irán aún no ha confirmado esta última muerte.

Lariyani (Irak, 1958) estaba considerado una de las figuras políticas más influyentes del régimen iraní, y había sido descrito por la prensa árabe como el "hombre más importante solo por detrás de figuras clave como Mojtaba Jameneí". 

La relatora de la ONU para Irán, Mai Sato, señaló este lunes que al menos 7.000 personas murieron en la represión de las protestas de finales de diciembre y enero en Irán, aunque indicó que la cifra "podría llegar a las 17.000", ya que hay otras 10.000 posibles, aún no identificadas. "La cifra que incluí en mi informe al Consejo de Derechos Humanos es de más de 7.000 pero es una estimación conservadora, basada en verificación rigurosa. La organización que las documenta señala que otras 10.000 personas aún no han sido identificadas", destacó en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Ginebra.

La relatora japonesa señaló que sigue siendo complicado dar cifras sobre esa represión y comentó que ha oído hablar de hasta 40.000 víctimas, pero "sin documentación que explique cómo se llega a esos números".

Respecto a las cifras oficiales de las autoridades iraníes, que hablan de unos 3.000 fallecidos, Sato subrayó que no solo son sensiblemente menores a las que dan organizaciones de la sociedad civil, sino que "añaden la narrativa según la cual muchas fueron asesinadas por terroristas, mercenarios o manifestantes violentos".

Sobre la actual guerra, la relatora insistió en que los ataques de Estados Unidos e Israel "son ilegales según el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas", aunque subrayó que la situación "aún está evolucionando", por lo que es pronto para concluir si alcanzan o no el nivel de crímenes de guerra. "Sí estoy segura de que son ilegales y de que ya hay muchos civiles muertos, hospitales destruidos, escuelas atacadas e infraestructuras dañadas. Es algo sobre lo que ofreceré más detalles en mi próximo informe", prometió.

Sato concluyó que "está claro que los ataques son ilegales, pero también está claro que Irán tiene graves problemas de derechos humanos, ambas cosas pueden coexistir", por lo que rechazó el argumento dado este lunes por la delegación de Irán ante la ONU según la cual los informes sobre abusos del régimen habían sido utilizados para justificar la agresión al territorio iraní. "No estoy de acuerdo con quienes establecen esa conexión, no es necesario elegir entre condenar los ataques o reconocer los problemas de derechos humanos en Irán", insistió.

La relatora afirmó que la guerra probablemente está exacerbando la represión en Irán y auguró que "si el conflicto termina con una República Islámica debilitada, es posible que haya una represión muy fuerte", como ya ocurrió el pasado año tras la llamada guerra de los doce días. 

Yusef Mohamed Lehrech, más conocido como El Pastilla, conocido sicario del Campo de Gibraltar y que saltó a la fama tras su fuga de la prisión de Alcalá Meco y su posterior arresto en Alemania a manos de la Udyco Central –todo ello tras la presunta comisión de al menos dos asesinatos por encargo– acaba de ser absuelto de uno de los crímenes que se le atribuían.

Se trata de la muerte de un trabajador del puerto de Algeciras que, según diversas fuentes, habría confundido con otro vecino del barrio de El Saladillo, donde se produjo el crimen, al que le habrían encargado asesinar en el marco de la guerra entre clanes de la droga de esa región. Las facciones enfrentadas, encabezadas por alias Piolín y alias Tayena, acabaron muy mal: el propio Pastilla mató –él mismo lo confesó– al citado Tayena, para el que había trabajando con anterioridad, en un segundo asesinato por el que será juzgado en septiembre.

El Pastilla, que ahora tiene 22 años –cometió el crimen con solo 19–, fue juzgado y condenado por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Cádiz en junio pasado. Entonces se entendió plenamente acreditado que el joven disparó "a cambio de un precio" y por la espalda a la víctima, todo ello ataviado con ropa oscura y el rostro tapado con el objetivo de ocultar su identidad.

Sin embargo, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha tomado la decisión opuesta, y ha revocado dicho dictamen absolviendo al Pastilla, que había sido condenado a 22 años y 6 meses de cárcel por el asesinato del mes de octubre de 2022, condena que le fue impuesta tras el veredicto de culpabilidad emitido por el citado jurado popular, por mayoría de siete votos.

En una sentencia dictada el día 19 de febrero, el TSJA estima de este modo el recurso de apelación formulado por la defensa del condenado contra el fallo dictado por la Audiencia Provincial de Cádiz, que condenó al acusado a 22 años y 6 meses de prisión por un delito de asesinato con alevosía y mediante precio y con la circunstancia agravante de disfraz.

Así, el TSJA absuelve al acusado al considerar que en este caso se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia al pivotar la condena “alrededor de un vacío probatorio” y “por no darse las condiciones para considerar probada la identificación del acusado por ninguno de los testigos, quedando únicamente un conjunto de datos circunstanciales (...) que no pueden ser calificados como prueba directa ni alcanzan las exigencias propias de la prueba indiciaria”.

La Audiencia de Cádiz consideró probado que los hechos tuvieron lugar sobre las 22.00 horas del día 6 de octubre de 2022, cuando el acusado se dirigió a una calle concreta de Algeciras donde se encontraba la víctima y, “con ánimo de acabar con su vida”, le disparó con una pistola, a consecuencia de lo cual el agredido falleció a las 22.30 horas del día de los hechos en un centro hospitalario.

Según la sentencia de la Audiencia Provincial, el acusado “asumió el encargo de matar” a la víctima “a cambio de una suma de dinero” y cometió los hechos “de forma sorpresiva, disparándole por la espalda, garantizando así el resultado que pretendía al no poder la víctima defenderse ni pedir ayuda”. Además, y según el veredicto del jurado, el encausado “cometió los hechos vistiendo ropa oscura, llevando guantes negros y sobre la cabeza la capucha de una sudadera, con la intención de ocultar su rostro y evitar ser identificado”.

Frente a ello, el TSJA declara probado que “una persona disparó” contra la víctima el día 6 de octubre de 2022 “con ánimo de acabar con su vida, causándole la muerte”, no habiendo quedado acreditado que dicha persona fuera el acusado.

En este caso, añade, “lo que ha de determinarse es si la íntima convicción de siete de los nueve jurados estuvo basada en un material probatorio que deba valorarse como suficiente y no si este tribunal comparte su convicción subjetiva o intuición”, de modo que “se trata de determinar si la afirmación de los testigos 1 y 2 en sede policial de que una fotografía de las varias que se les presentaron se corresponde con la persona que efectuó los disparos sirve como prueba de identificación del autor tras haber sido ratificada formalmente en el plenario sin mediar rueda de reconocimiento en el Juzgado de Instrucción ni efectuarse identificación visual en el acto del juicio”.

Al hilo, el TSJA señala que “la identificación del autor era en este caso especialmente complicada, porque iba oculto con una capucha de una sudadera “con la intención de ocultar su rostro y evitar ser identificado”, una premisa de la que “hemos de partir por ser hecho probado y haberse apreciado la concurrencia de una agravante de disfraz”.

El TSJA afirma que en este caso “existe como dato fundamental el reconocimiento fotográfico del acusado” por parte de do testigos protegidos, pero “es sabido que el reconocimiento fotográfico en sede policial por un testigo no es un medio probatorio, sino una diligencia apta para iniciar, proseguir o reconducir líneas de investigación”, de forma que, “para que el reconocimiento valga como prueba testifical (por tanto, con valor de prueba directa), es necesario que se proceda a la práctica de un reconocimiento en rueda con todas las garantías en sede judicial y con presencia de la defensa, cuyo resultado sí puede introducirse en el juicio oral como prueba anticipada (dadas las dificultades de proceder a un reconocimiento en rueda en el acto del juicio), a menos que por razones excepcionales el reconocimiento en rueda no pudiera practicarse”.

En este sentido, el TSJA subraya que “tal exigencia de un reconocimiento en rueda es particularmente importante en casos como el presente, en que las condiciones para la identificación son débiles o precarias (ya sea por la escasa visibilidad, o por el hecho de que el autor hubiere intentado ocultar su rostro)”. “No cabe duda de que una identificación en esas condiciones, y con presencia del abogado defensor, suministraría, objetivamente, un fundamento con mayor convicción que el sólo hecho de identificar una fotografía sin que haya constancia de las circunstancias en que se produjo tal identificación al no haber presencia judicial ni de la defensa del incriminado sobre el que ya existían sospechas”, apostilla.

El TSJA asevera que, en este caso, “no se practicó el reconocimiento en rueda, por razones que no han quedado explicadas, sin que se haya puesto en duda que el testigo y el acusado (en situación de prisión provisional por otra causa) hubiesen estado a disposición judicial para su práctica”.

“No es preciso, en este caso, aludir a que la posibilidad de sustituir el reconocimiento en rueda por la identificación visual directa en juicio deba responder a razones excepcionales que no consta que concurrieran, ni al importante riesgo de contaminación o debilidad epistemológica del tal modo de proceder, por cuanto, como afirma la defensa en su recurso y discuten con ambigüedad las acusaciones al impugnar el recurso, lo cierto es que en el acto del juicio no hubo tampoco reconocimiento o identificación visual, por la sencilla razón de que los testigos protegidos 1 y 2 declararon por videoconferencia y, según queda constancia en la grabación del juicio, no hubo contacto visual, pues así lo hizo constar la magistrada presidenta al inicio del interrogatorio de uno y otro, avisándole de que en cada momento le iría diciendo quién le interrogaba, pues el testigo no los iba a ver”, pone de manifiesto el TSJA.

De este modo, y según prosigue la sentencia, “lo que hicieron los testigos fue, pues, “ratificar” que en sede policial identificaron a una persona, pero una cosa es ratificar un reconocimiento ya efectuado, y otra bien distinta es volver a reconocer, en presencia del jurado y de las partes”, señalando el TSJA que, “por más que alguna sentencia parezca asimilar ambas cosas, o no distinguirlas, lo cierto es que no pueden confundirse, pues en un caso no hay más que ratificación de una diligencia policial que es reproducible y carece por sí de valor probatorio, y en el otro caso hay una prueba efectuada en presencia judicial y con todas las garantías, susceptible por tanto de valoración”.

El TSJA considera que en este caso es de aplicación el criterio que dejaron sentado dos sentencias del Tribunal Supremo que “sí distinguieron con precisión la ratificación del reconocimiento policial y el reconocimiento practicado en el plenario”, en base a todo lo cual el TSJA considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del acusado al pivotar la condena “alrededor de un vacío probatorio” y “por no darse las condiciones para considerar probada la identificación del acusado por ninguno de los testigos, quedando únicamente un conjunto de datos circunstanciales (...) que no pueden ser calificados como prueba directa ni alcanzan las exigencias propias de la prueba indiciaria”, por lo que revoca la sentencia dictada condenatoria dictada por la Audiencia de Cádiz y absuelve al acusado.

El número de niñas y niños muertas en un ataque israelí contra una escuela de primaria en la ciudad sureña iraní de Minab asciende a 148, mientras que otras 95 estudiantes han resultado heridas, informaron las autoridades, según recoge EFE.

Las labores de socorro y la retirada de escombros por parte de los trabajadores humanitarios continúan en el centro educativo, añadió, y dijo que entre las víctimas mortales se encontraban también algunos de los padres de los estudiantes y varios miembros del personal escolar, indica IRNA.

Estos nuevos datos se suman a los que ofreció hace unas horas HRANA, una organización de derechos humanos iraní con sede en Washington, que ha recopilado información de fuentes sobre el terreno que indicaban que en los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán de este sábado habían muerto al menos 133 personas y otras y otras 200 resultaron heridas.

El informe del grupo, que excluye datos que se solapaban y casos ambiguos, situaba entonces en 133 civiles el número mínimo de muertos por la operación Furia Épica, como bautizó el Pentágono al operativo.

El portavoz del Ejército israelí Nadav Shoshani informó este domingo de que no tiene conocimiento de "ninguna operación" de las fuerzas armadas israelíes o estadounidenses en la zona del colegio que fue atacado este sábado en Irán, un ataque que se saldó con 148 muertos según la agencia oficial iraní.

"En este momento no tengo conocimiento de ningún ataque israelí o estadounidense allí. Sé que los estadounidenses lo están comprobando y que nosotros también", dijo en una rueda de prensa virtual mantenida con la prensa extranjera. Shoshani añadió que Israel está actuando "con extrema precisión" en Irán y puso en duda las informaciones sobre el ataque.

"Es un régimen terrorista que ha bloqueado internet durante semanas para masacrar a su propio pueblo, y ahora todo el mundo los cita como hechos", dijo al respecto. E insistió en que, "hasta ahora", no tiene conocimiento "de ninguna operación de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) en esa zona".

Un hombre de 45 años y nacionalidad ucraniana ha sido detenido en la localidad alemana de Heinsberg como presunto autor del asesinato de Andréi Portnov, exasesor del expresidente de ese país Víktor Yanukóvich, tiroteado a las puertas de un colegio en Pozuelo de Alarcón (Madrid) en mayo de 2025.

Fuentes próximas a la investigación han informado a EFE de que el detenido llevaba tiempo identificado hasta que ahora se ha llevado a cabo el arresto.

Portnov fue tiroteado en la espalda y en la cabeza el 21 de mayo de 2025 tras dejar a sus hijos en el Colegio Americano, un crimen por el que la Policía buscó a tres personas implicadas, incluido el tirador, que efectuó al menos nueve disparos y huyó, según el número de casquillos encontrados en la zona.

La Policía Nacional ha informado en un comunicado de la detención del presunto autor material del asesinato, que según las investigaciones realizadas hasta el momento sería la persona que efectuó los disparos a las puertas del centro educativo.

La investigación, realizada por la Policía Nacional, sigue abierta. Hasta Alemania se han desplazado para efectuar este arresto agentes del Grupo V de homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que ha contado con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales de la BKA alemana.

Se han emitido una orden europea de detención y otra orden europea de investigación para proceder al registro del domicilio del detenido, según detalla la Policía. A cargo de la investigación judicial del caso, que está bajo secreto, está el Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón.

Los investigadores buscaban desde mayo del año pasado a los responsables de la muerte de Portnov, de 52 años y sancionado por EEUU desde 2021 por influir en los tribunales y socavar las reformas en el sistema judicial ucraniano cuando era asesor jurídico del expresidente Víktor Yanukóvich (2010-2014).

La hipótesis de los agentes cuando sucedió este crimen es que el asesinato fue cometido por tres personas: por un lado, el tirador, y por otro, dos cómplices, que habrían facilitado la huida de las inmediaciones del centro educativo hacia la Casa de Campo de Madrid, una gran superficie arbórea que une la capital con Pozuelo de Alarcón.

Portnov fue acribillado hasta la muerte cuando iba a entrar en su vehículo, un Mercedes negro de alta gama, tras dejar a sus hijos en el colegio. Su cuerpo fue encontrado poco después por una persona que alertó a la Policía.

El exconsejero de Yanukóvich huyó de Ucrania junto con el propio expresidente prorruso en febrero de 2014 ante la presión de los manifestantes de la llamada revolución del Maidán, que durante meses protestaron en las calles contra la decisión de esa administración de no firmar el Acuerdo de Asociación con la UE.

Era considerado por muchos el arquitecto de las reformas judiciales de Yanukóvic y, al igual que su jefe y que otros altos funcionarios de esa administración, Portnov fue acusado de traición, pero a diferencia de los primeros nunca fue condenado en Ucrania, adonde regresó a vivir cuando el presidente Volodímir Zelenski ganó las elecciones en 2019.

Un hombre ha matado a un niño de diez años en el municipio de Arona (Tenerife) y ha herido de gravedad a su pareja y madre del menor, según informa EFE. Posteriormente, ha sido abatido por la Guardia Civil después de que amenazara a los agentes con un machete.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EFE que el crimen, en el que también ha resultado herido un agente, ha ocurrido sobre las 1:00 de la madrugada de este viernes en un domicilio de la localidad tinerfeña de Cabo Blanco. 

Las fuentes han indicado que los vecinos alertaron de un ataque en la vivienda en la que se encontraron al hombre de 34 años con un machete con el que al parecer atacó al menor, hijo de ambos, a la mujer y a los agentes que intentaron detenerle. Ante la resistencia del hombre, que hirió a un agente con el machete, fue abatido a tiros y murió en el acto, han señalado las fuentes.

En el interior de la casa se encontraba el cadáver del niño y la mujer que ha sido trasladada a un centro hospitalario de la isla en estado crítico.

El agente de la Guardia Civil herido también ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario aunque sus heridas no son de gravedad.

Las fuentes han indicado que todo parece indicar que se trata de un caso de violencia machista y han precisado que no existían denuncias previas ni la mujer estaba bajo algún sistema de protección.

Este caso se suma a otros tres feminicidios registrados en lo que va de semana. El lunes una mujer fue asesinada por su expareja en Benicàssim (Castellón), en el centro de salud donde ejercía como enfermera. La víctima fue asistida por sus propios compañeros y trasladada al Hospital General de Castellón, pero finalmente falleció.

Tan sólo un día después, otra mujer y su hija de doce años eran asesinadas en Xilxes (Castellón). Existían denuncias previas con el agresor, exmarido de la víctima y padre de la niña.

El miércoles tuvo lugar otro crimen machista, en Madrid. La víctima tenía 37 años y perdió la vida a manos de su expareja, contra quien también constaban denuncias previas.

Con estos feminicidios ascienden a nueve los crímenes machistas registrados en lo que va de año.

Pero además de los asesinatos, en los últimos días se han registrado también distintos episodios graves de violencia machista. El 14 de febrero un hombre con orden de alejamiento agredió a su expareja, dejándola en estado de gravedad. Sus familiares aseguran que la pulsera antimaltrato no sonó.

Y el 18 de febrero fue detenido otro hombre, esta vez en Jadraque (Guadalajara), por agredir a una mujer que estaba en el sistema de seguimiento VioGén, valorada de riesgo extremo.

Una mujer ha sido asesinada este miércoles en la calle López de Hoyos de Madrid, en un posible caso de violencia machista por el que la Policía ha detenido a un hombre, han informado a EFE fuentes policiales.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando información sobre este presunto crimen machista, según ha informado en redes sociales.

Según han indicado las fuentes, el supuesto autor del crimen se ha dirigido a una patrulla de la Policía Nacional a la altura de la Comisaría de Tetuán y les ha confesado que había matado a su expareja. Cuando los agentes han llegado a la vivienda, han encontrado a la mujer fallecida en una habitación tumbada en la cama y con signos evidentes de estrangulamiento.

La mujer tenía dos hijos, que no eran de su expareja, uno de ellos de corta edad, si bien las fuentes no han precisado si se encontraban en la casa en el momento del crimen.

De la investigación se ha hecho cargo el grupo VI de Homicidio de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid y, por el momento, se desconoce si había denuncias previas de violencia machista contra el supuesto autor.

Hasta el momento, la Delegación del Gobierno ha confirmado siete víctimas mortales de crímenes machistas en lo que va de año, pero tiene pendientes de confirmación este caso y el de la mujer asesinada junto a su hija, presuntamente por su exmarido y padre en Xilxes (Castellón).

Si se confirman ambos casos, el número total de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003 ascenderá a 1.352.

La Guardia Civil ha detenido al exmarido de la mujer asesinada junto a su hija de 12 años en Xilxes (Castellón) como presunto autor del asesinato, según ha informado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y recoge EFE. Los cadáveres fueron hallados con signos de violencia el pasado martes en una vivienda del citado municipio castellonense.

El exmarido y padre de la mujer y la niña asesinadas este martes en Xilxes (Castellón) ha sido detenido como presunto autor del doble crimen, según ha anunciado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

El hombre ya había sido puesto a disposición de las autoridades por quebrantar una orden de alejamiento que había sido dictada contra él, según fuentes de la investigación.

En febrero del año pasado él ya fue detenido por supuesta violencia machista hacia ella. La mujer hallada muerta estaba en el sistema VioGén y hace unos días se le hizo una valoración sobre la situación y se apreció "riesgo medio"; el marido tenía orden de alejamiento a 300 metros hasta 2027. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos. 

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este martes la naturaleza machista del crimen de Ana María, la enfermera de 64 años del centro de salud de Benicàssim (Castellón) asesinada ayer lunes por su expareja, de 70 años, un nuevo caso que eleva a 7 las víctimas mortales en 2026 y a 1.350 desde 2003, según recoge EFE.

Según ha informado Igualdad, no figuraban denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, que fue detenido tras apuñalar a Ana María cuando se encontraba trabajando en el centro de salud. La víctima fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios y trasladada después al Hospital General Universitario de Castellón, donde finalmente falleció.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, han expresado su más rotunda condena y su absoluto rechazo ante este nuevo crimen machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. 

Agentes de la Policía Nacional han detenido en una localidad de la Región de Murcia a una persona por su presunta participación en un delito de proposición para cometer un asesinato. El arrestado había realizado un encargo a un programa de la Mara Salvatrucha (MS-13) en España que, por suerte, fue desmantelado en marzo de 2025, todo ello con el objetivo de acabar con la vida de un tercero a cambio de una contraprestación económica de 3.000 euros.

Junto al principal sospechoso, en el marco de la operación ha sido detenida una segunda persona, que tras su toma de declaración ha sido puesta en libertad.

Esta detención es fruto del análisis de la información obtenida tras la citada operación, desarrollada en el mes de marzo de 2025, que se saldó con la detención de 27 pandilleros en Madrid, Barcelona, Tarragona y Alicante, y que contó con la colaboración previa del FBI estadounidense y de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

Los agentes pudieron acreditar que la MS-13 estaba intentando diversificar sus actividades en territorio de España, ampliando su oferta delictiva a otras organizaciones o individuos, y detectaron el encargo. Llegaron incluso a identificar a la víctima y a comprobar que los pandilleros disponían de un plan concreto de ejecución.

La posibilidad de amenaza real e inminente contra la vida de la víctima objeto del encargo obligó a los agentes a adelantar el dispositivo de detenciones para garantizar la integridad física del objetivo y neutralizar el peligro de forma inmediata.

En el dispositivo policial de la operación inicial, bautizada Astas, los agentes intervinieron numerosa documentación, dispositivos electrónicos y simbología propia de la organización criminal. El análisis exhaustivo de estos efectos por parte de expertos de la Comisaría General de Información ha permitido descubrir comunicaciones y registros que vinculan directamente al ahora detenido con los líderes de la Mara. En dichos mensajes se detallaba el plan para perpetrar el homicidio, incluyendo la identificación del objetivo y el precio fijado para el servicio de sicariato, establecido en 3.000 euros.

El detenido ha pasado a disposición de la autoridad judicial competente, decretando su ingreso en prisión. La presencia de organizaciones como la salvadoreña que acepta encargos de asesinatos a tan bajo precio genera un gran problema de seguridad ciudadana en España.

El número de gazatíes muertos por ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, ascendió este domingo a 601, después de que los bombardeos mataran a 10 personas la pasada madrugada, según informa el Ministerio de Sanidad del gobierno de Hamás y recoge EFE.

"Número total de víctimas que llegaron a los hospitales de la Franja de Gaza (...) 10 nuevos mártires y 9 heridos", detalló el Ministerio en un comunicado, en el que eleva a 601 los fallecidos y a 1.607 los heridos durante al alto el fuego.

Esta madrugada, al menos cuatro palestinos perdieron la vida en un ataque israelí con drones contra un grupo de personas y una tienda de campaña en la zona de Falouja, al oeste del campo de refugiados de Yabalia (norte), de acuerdo con una fuente del Hospital Shifa.

En otro ataque con drones, seis personas más murieron en la zona de Al Mawasi de Jan Yunis, en el sur de Gaza, confirmó a EFE una fuente del Hospital Nasser y un portavoz de los equipos de rescate de la Defensa Civil.

Casi a diario y pese a la tregua, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que, alega, se acercan demasiado a las tropas replegadas en la línea amarilla; la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave.

En un comunicado, un oficial del Ejército israelí justificó estos últimos ataques mortales contra supuestos "objetivos de Hamás" como una respuesta al cruce ayer por parte de milicianos de la línea amarilla en la zona de Beit Hanún (norte), lo que describió como una "violación explícita del alto el fuego".

Al menos 72.060 gazatíes han muerto, entre ellos más de 20.000 niños, según del Ministerio de Sanidad, desde el inicio de la ofensiva bélica israelí en 2023, sobre la que existe cierto consenso internacional de que albergó "actos de genocidio" contra los palestinos.