El número de cadáveres recuperados por las autoridades de Mauritania ha ascendido a setenta, tras el naufragio ocurrido el jueves frente a sus costas de una embarcación con más de un centenar de migrantes que se dirigían a las islas Canarias, informó este viernes a EFE la Guardia Costera mauritana.

Las operaciones de búsqueda y rescate continúan activas, mientras los equipos de salvamento, que el jueves recuperaron 20 cadáveres y rescataron a 17 supervivientes, se preparan para bucear y revisar el barco hundido, en el que viajaban migrantes en su mayoría procedentes de Zambia y Senegal.

Las fuentes lamentaron que la esperanza de encontrar nuevos supervivientes es mínima.

El siniestro se produjo en la zona de M’haijratt, a unos 60 kilómetros al norte de Nuakchot, y según relataron los rescatados, la embarcación había zarpado de Gambia seis días antes con destino a las islas Canarias.

La ruta migratoria desde la costa africana hasta Canarias, conocida como 'vía atlántica', está considerada una de las más peligrosas del mundo, con miles de fallecidos cada año.

En 2024 llegaron por ella 46.843 migrantes a España, según datos oficiales, mientras que 9.757 perdieron la vida en el intento, de acuerdo con la ONG española Caminando Fronteras.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cerrará en los próximos días su agenda internacional del presente curso político con un viaje a Mauritania para copresidir la primera cumbre bilateral y con una gira latinoamericana que le llevará a Chile, Uruguay y Paraguay.

La situación política interna subrayan fuentes del Ejecutivo que no ha afectado nada a los planes en el exterior de Sánchez, y recuerdan que este mismo jueves, tras su comparecencia en el Congreso por el caso Koldo y la crisis provocada en el PSOE por Santos Cerdán, se desplazó a Roma para participar en la Conferencia de Reconstrucción de Ucrania.

Y las dos semanas anteriores encadenó su presencia en la cumbre de la OTAN de La Haya, su asistencia al Consejo Europeo de Bruselas y su papel de anfitrión en Sevilla de la IV Conferencia Internacional de la ONU sobre la Financiación del Desarrollo.

Después de esa serie de citas multilaterales, el presidente del Gobierno viajará el miércoles a Nuakchot, la capital de Mauritania, junto a varios ministros para asistir a la primera Reunión de Alto Nivel (RAN) de España con este país.

Se trata de un paso que eleva esa relación bilateral y con el que Mauritania se incorpora al grupo de países con los que España tiene cumbres o reuniones de alto nivel periódicas, como es el caso en el continente africano de Marruecos o Argelia.

La última hispano-marroquí se celebró en Rabat en febrero de 2023, y no ha habido una cumbre con Argelia desde abril de 2018, por lo que Sánchez no ha copresidido ninguna en medio de tiranteces diplomáticas por el cambio de posición del Gobierno español respecto al Sáhara Occidental.

Sánchez visitará Mauritania por tercera vez en la presente legislatura, y en la última, en agosto del año pasado y dentro de una gira africana que incluyó Gambia y Senegal, fue cuando acordó con el presidente mauritano, Mohamed Ould Ghazouani, la celebración desde 2025 de cumbres periódicas bilaterales.

La declaración conjunta suscrita con motivo de esa visita hizo referencia a estas cumbres con el objetivo de profundizar en la cooperación en sectores como las migraciones, la sanidad y la seguridad y ampliarla a otros ámbitos de interés mutuo.

Esa declaración conjunta consideraba que la cooperación en materia migratoria es una prioridad en la relación bilateral, y los dos países se comprometieron a seguir trabajando por una migración segura, ordenada y regular al tiempo que se resaltaba la importancia de la denominada migración circular.

La migración será por tanto uno de los ejes de la reunión del miércoles, y de ello hablarán Sánchez y Ghazouani así como los ministros de ambos países con competencias en este ámbito y que mantendrán encuentros paralelos.

La colaboración de Mauritania, de donde procede la mayoría de cayucos que llegan a las costas canarias y en medio de la inestabilidad del Sahel, es clave para frenar los movimientos migratorios irregulares.

Por ello, Sánchez protagonizó en febrero del año pasado una visita a Nuakchot junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que anunciaron una ayuda de más de 500 millones de euros para facilitar el progreso el país y ayudar en esa lucha contra la migración ilegal.

En la cumbre se evaluarán también las relaciones empresariales después de que, para reforzarlas, el año pasado se lanzara el Comité Empresarial Bilateral. 

Cuatro días después de esta viaje a Mauritania el presidente del Gobierno emprenderá la gira latinoamericana, en la que le acompañará un grupo de empresarios, y que tendrá su primera parada en Chile.

Allí se entrevistará el 21 de julio con el presidente del país, Gabriel Boric, y ambos asistirán a una cumbre en defensa de la democracia en la que participarán también los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lla da Silva; Colombia, Gustavo Petro; y Uruguay, Yamandú Orsi.

El evento, que se desarrollará en Santiago de Chile con el epígrafe "Democracia siempre", pretende el fortalecimiento de la democracia y el multilateralismo, la reducción de las desigualdades y la lucha contra la desinformación, así como la regulación de tecnologías emergentes.

Las propuestas que surjan de esta reunión (que da continuidad a la que presidieron el año pasado Sánchez y Lula) se presentarán en otra que se convocará el próximo mes de septiembre en Nueva York en el marco de la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Sánchez irá acompañado por un grupo de empresarios y se prevé que participe en foros empresariales bilaterales a lo largo de la gira, que tendrá su segunda parada en Montevideo, la capital uruguaya, donde mantendrá el 22 de julio un encuentro con Orsi.

En Asunción se entrevistará al día siguiente con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, con quien presidirá la firma de varios acuerdos bilaterales.

Además, está previsto que asista a un acto en homenaje a Josefina Plá, periodista y escritora española fallecida en 1999 y una de las precursoras del feminismo en Paraguay.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este martes desde Mauritania que la migración no debe entenderse nunca como un problema sino como "una necesidad que implica ciertos problemas" para los que hay que buscar soluciones que permitan que sea regular y ordenada y beneficiar tanto al país de origen como al de acogida, según recoge Europa Press.

Así se ha pronunciado en una declaración sin preguntas en Nuakchot junto con el presidente de Mauritania, Mohamed Uld Ghazuani, en la que ha anunciado la firma de un memorándum de entendimiento con este país para proyectos de migración circular —contratación temporal de trabajadores para determinados sectores— y el refuerzo de la colaboración en materia de seguridad y de lucha contra el crimen organizado.

El jefe del Ejecutivo ha querido aprovechar para agradecer a Ghazuani "los esfuerzos que vienen realizando para combatir la migración irregular, así como la colaboración en la lucha contra las redes de tráfico de personas". "Tenemos el firme compromiso y el propósito de continuar trabajando conjuntamente para combatir a la migración irregular y a las organizaciones que se aprovechan de la desesperación" de quienes recurren a ella, ha recalcado.

El presidente ha asegurado que España, como país que fue hasta no hace tanto de emigrantes, entiende bien la cuestión de la migración. "Por eso para nosotros el fenómeno de la migración es una cuestión de principios morales, de solidaridad y de dignidad", ha defendido, incidiendo en que "también es un asunto de pura racionalidad porque la contribución de los trabajadores migrantes a nuestra economía es fundamental, como lo es también el sostenimiento de la seguridad social o de nuestro sistema público de pensiones".

Así pues, ha recalcado ante el presidente mauritano, "para España la migración es riqueza, es desarrollo y es prosperidad" y ha subrayado que "pese al discurso que desgraciadamente también está empezando a tener mayor presencia en Europa, la migración no es un problema, es una necesidad que implica ciertos problemas".

Frente a ello, ha dicho Sánchez, lo que hay que hacer es "impulsar fórmulas que nos permitan gestionar de una manera humana, segura, ordenada, el fenómeno de la migración en beneficio de nuestras respectivas sociedades" y en consecuencia "combatir a las mafias que trafican con seres humanos".

En opinión del jefe del Ejecutivo, esto "exige la adopción de un enfoque integral, que tenga en cuenta todos los factores que influyen en la migración y que refuerce la cooperación entre los países involucrados".

Por otra parte, Sánchez ha puesto en valor el "excelente momento" que atraviesan las relaciones bilaterales y que se verán reforzadas con la celebración de la primera Reunión de Alto Nivel (RAN) con este país norteafricano, que tendrá lugar en Mauritania. España solo celebra este tipo de cumbres bilaterales con unos pocos países, entre los que figuran Marruecos y Argelia.

Asimismo, también adelantado que a partir de otoño el Instituto Cervantes ofertará actividades en Mauritania como "primer paso para su establecimiento" en el país y ha anunciado una contribución de 500.000 euros para la iniciativa en formación en defensa y en seguridad en Mauritania de la OTAN. Cabe recordar que durante su anterior visita al país, el pasado febrero junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, Sánchez ya anunció un paquete de más de 300 millones de euros en ayudas, incluidos 200 millones para fomentar la inversión de empresas españolas, 60 millones para proyectos de desarrollo en los próximos cuatro años y 50 millones de cooperación financiera.

Por su parte, el presidente mauritano ha agradecido a Sánchez la "disposición" de España para ayudar al desarrollo de su país y en particular su apuesta por la migración circular. También ha puesto en valor "la posición de España frente a la cuestión del conflicto en Gaza", en referencia al reconocimiento del Estado palestino.

En la declaración conjunta que han firmado ambos países, España y Mauritania han constatado "la importancia de la cooperación para el desarrollo en las relaciones bilaterales", subrayando que Mauritania "es país prioritario para la cooperación española".

Así, han insistido en "trabajar conjuntamente en la promoción de la migración segura, ordenada y regular" pues consideran que la cooperación en materia migratoria "es una de las prioridades en la relación entre ambos países". En este sentido, el Acuerdo de Flujos Migratorios firmado en 2007 "constituye un punto de partida para el entendimiento en esta materia".

España y Mauritania también han destacado los elementos positivos de la migración y han subrayado "la necesidad de combatir el racismo y la xenofobia en todas sus manifestaciones y se comprometen a aunar sus esfuerzos para ello". Especialmente han hecho hincapié en las "las dificultades añadidas a las que se enfrentan las mujeres en movilidad humana", por lo que se comprometen "a adoptar un enfoque de género que tenga en cuenta la defensa de los derechos de las mujeres y de las niñas en todos los ámbitos de las relaciones bilaterales en materia migratoria".

En 2023, según datos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), creada para gestionar y coordinar la cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea en materia de control de fronteras externas, la ruta migratoria del Mediterráneo central, la que lleva directamente a Italia, contabilizó 157.479 llegadas, un 49% más que el año anterior. Una cifra muy superior a la de la ruta de África occidental (la que parte, sobre todo, de Mauritania) y a la del Mediterráneo Occidental (la que lleva a España desde el Magreb, en particular a través de Marruecos), con 40.403 y 16.915 llegadas, respectivamente.

La estrategia de la primera ministra italiana, la neofascista Giorgia Meloni, ha dado la vuelta a esas cifras, que se nutren sobre todo de los cientos de miles de personas desplazadas por los diferentes conflictos que asolan el Sahel, entre los cuales ha cobrado especial protagonismo en los últimos años el de Malí. En lo que va de año, las llegadas a través de la ruta del Mediterráneo central se han desplomado. Apenas se han contabilizado 7.576 migrantes entre enero y julio (3.236 argelinos, 2.980 marroquíes, 772 de nacionalidad desconocida, apenas 210 malienses y 157 guineanos). 

¿Cómo lo ha conseguido? Poniendo en marcha un generoso programa de cooperación con los países de los que parten las embarcaciones (Túnez, Argelia y Libia) por valor de 5.500 millones de euros, casi el doble de todo lo que España dedica a cooperación en el mundo. El Gobierno no ha facilitado a infoLibre cifras sobre lo que destina a África en materia de migraciones (seguridad, formación, cooperación y promoción empresarial).

Meloni presentó su estrategia en enero en formato “plan de desarrollo para África” en una cumbre de líderes del continente celebrada en Roma. Formalmente, busca crear empleos y oportunidades en origen en África y disuadir a sus jóvenes de realizar migraciones peligrosas a través del mar Mediterráneo, a partir de proyectos piloto en áreas como educación, atención médica, agua, saneamiento, agricultura e infraestructura energética. A cambio, los países receptores se comprometieron a impedir el paso a los migrantes, en su mayoría originarios del Sahel.

En mayo, Meloni convocó a los gobiernos de Túnez, Argelia y Libia para reducir la llegada de migrantes irregulares a través del Mediterráneo central. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, acogió en la capital italiana a sus homólogos de estos tres países con el objetivo de conseguir “una reducción de los flujos ilegales” de migrantes. La “prioridad estratégica”, señaló abiertamente Piantedosi, “debe ser trabajar para reforzar la estabilidad de las fronteras terrestres, empezando por la zona del Sahel”. Una forma de expresar lo que no deja de ser una externalización de fronteras para impedir el paso a los migrantes a cambio de recursos económicos.

El país del norte de África con el que las autoridades italianas han estrechado más sus relaciones en el ámbito migratorio este último año es Túnez. Meloni lo ha visitado hasta en cuatro ocasiones en menos de un año, siempre con la cuestión migratoria en el centro de las conversaciones. La última tuvo lugar en abril.

Los migrantes que ahora ya no pueden viajar a través de esa ruta —Túnez, Argelia y Libia lo impiden— buscan ahora alcanzar Europa partiendo de las costas de África Occidental y llegando hasta las Islas Canarias, la travesía más peligrosa del mundo. El resultado ha sido un incremento sin precedentes de la llegada de cayucos, con 21.620 personas solo entre los meses de enero a julio, siempre según datos de Frontex. La mayoría vienen de Malí (9.319), huyendo de la guerra. Les siguen los migrantes de Senegal (4.302), Marruecos (2.001) y Mauritania (1.815), a los que hay que sumar 1.452 cuya nacionalidad se desconoce.

Los 5.500 millones que Italia ha puesto a disposición de Túnez, Argelia y Libia a cambio de que estos países impidan el tránsito de migrantes hacia sus costas dan una idea de lo limitado del esfuerzo económico del Gobierno español con el mismo objetivo. Pedro Sánchez anunció 300 millones para Mauritania el pasado mes de febrero, a la vista de que los migrantes que ya no pueden viajar a través del Mediterráneo central lo intentan ahora a través del Atlántico. Una suma sustancialmente menor que la italiana.

El problema no tiene, de momento, un horizonte de solución. Las medidas que Pedro Sánchez impulsa estos días en su gira por la zona (este martes en Mauritania y miércoles y jueves en Gambia y Senegal) solo pueden dar resultados, si lo consiguen, muy a largo plazo, reconocen fuentes del Ejecutivo.

La más importante de ellas, la llamada migración circular (programas de migración legal a demanda de empresas españolas con formación y compromiso de retorno), apenas alcanza, de momento, a 17.400 migrantes de Marruecos, Colombia, Honduras, Ecuador, Senegal, Argentina y Uruguay. Por poner un ejemplo (el Gobierno no ofrece más datos), de la zona que está visitando Sánchez, apenas 141 senegaleses han tenido la oportunidad de beneficiarse del programa.

En cualquier caso, no es útil para la situación actual, porque este programa ha sido diseñado para migrantes económicos y no para los refugiados malienses que huyen de la violencia en su país. Ellos son ahora mismo el grueso de los que se suben a los cayucos, rumbo a Canarias: no tienen alternativa para buscar refugio.

La llegada de migrantes al archipiélago se ha ido desacelerando, pero todo el mundo da por hecho que volverá a dispararse en otoño, cuando las condiciones en el Atlántico favorezcan la travesía. Mientras tanto, el Gobierno continúa sin resolver la reubicación de casi 6.000 niños y niñas llegados a Canarias cuyo traslado a la Península está bloqueando el Partido Popular.

Para complicar más las cosas, en los últimos días ha aumentado significativamente la presión migratoria sobre Ceuta, un suceso que el Gobierno se esfuerza en desvincular de la voluntad de Marruecos, a pesar de que todo indica que no sería posible sin la colaboración —por omisión— de las autoridades del país.

La ciudad autónoma ha experimentado en los últimos días la llegada de cientos de migrantes a nado, en una situación que recuerda el caos vivido en mayo de 2021, cuando Rabat presionó al Gobierno español para que cambiara de postura sobre el Sáhara, facilitando la llegada de más de 8.000 personas de forma irregular.

La delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, reconoció este lunes que la ciudad vive una situación de presión migratoria “extrema”, con una media de intentos de entrada de 500 personas diarias procedentes de Marruecos y Argelia. Tan solo este pasado domingo lo intentaron 1.500 personas. La media de devoluciones al día, según Pérez, oscila entre las 150 y las 200 personas, en virtud del convenio que permite a las autoridades españolas trasladar de regreso a su país a los varones marroquíes que llegan de forma irregular a Ceuta.

La posición del Gobierno no ha variado. Reivindica como propio el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, así como el apoyo a “políticas de integración” que pongan en valor la contribución de los extranjeros a la riqueza de España. “Si hoy tenemos más de 21 millones de cotizantes a la Seguridad Social”, recordó este martes la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, “también es gracias a esos trabajadores que vienen de fuera de nuestro país”. “Dentro de esos más de 21 millones de cotizantes a la Seguridad Social, el 13,5% son personas que han venido de fuera”.

Con todo, explicó Alegría, la política de inmigración del Gobierno incluye “claramente una política de cooperación” con los países de origen y tránsito que, por diversos medios, policiales y de promoción económica, tratan de desincentivar la migración irregular. “Muchas veces ese desafío se fragua a miles de kilómetros de nuestras costas. Y es fundamental incrementar esas políticas”.

La precariedad de la posición del Ejecutivo en esta materia volvió a quedar de manifiesto este martes en el Congreso. Sánchez salvó in extremis tener que explicar, en sesión extraordinaria en la Cámara Baja, su política migratoria, tras un triple empate en la Diputación Permanente. La petición del PP contó con el apoyo de Vox y Junts y la abstención de Podemos.

Conocer cuánto dinero público ha dedicado, dedica y planea España dedicar a África, en iniciativas directa o indirectamente relacionadas con el objetivo de frenar la salida de cayucos rumbo a las costas españolas, se ha convertido en una tarea imposible. El Gobierno o no responde a las demandas de información o simplemente afirma no disponer de esos datos. Así que tampoco es posible conocer si esas cantidades de dinero se supervisa de algún modo, para que no acaben en manos de personas o intereses a los que no estaban destinadas. De igual modo, no hay modo de saber si el Ejecutivo dispone de algún mecanismo para evaluar el éxito o el fracaso de estas políticas. Y hay motivos para la sospecha, como denuncian las organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre el terreno.

No deben ser cantidades menores. Hace ahora seis meses, en pleno pico de llegadas de migrantes a las costas de Canarias, el presidente Pedro Sánchez anunció más de 300 millones de euros solamente para Mauritania en los próximos años, con el objetivo de frenar el repunte de migración irregular desde sus costas. De esta cifra total, 200 millones se anunciaron para fomentar la inversión de empresas españolas en aquel país durante los próximos cinco años, a través de instrumentos como el Fondo para la Internacionalización de la Empresa Española (FIEM) y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). De aquel anuncio nada se ha concretado desde entonces.

En aquel viaje, en el que el jefe de Gobierno español estuvo acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Sánchez anunció 60 millones de euros adicionales para proyectos de desarrollo durante los próximos cuatro años y otros 50 millones de euros de cooperación financiera para este país africano. 

El presidente aterrizará de nuevo este martes en Mauritania, primera escala de la gira africana que le llevará también a Gambia y a Senegal y que su Gobierno trata de presentar como un esfuerzo adicional para frenar la migración que parte de las costas de África Occidental y se dirige al archipiélago canario.

Sin embargo, el Ejecutivo apenas ofrece información con la que poder evaluar el alcance y el supuesto éxito de estas políticas más allá de sus propias análisis, siempre positivos. Esta vez, la versión oficial anticipa la firma de nuevos acuerdos de migración circular con Mauritania y Gambia, que se añadirán a los que ya existen en Senegal, en Marruecos o en varios países de América Latina, con el objetivo de regular la llegada ordenada y temporal de trabajadores de estos países.

La idea es simple: hacer coincidir la demanda que hay en España de trabajo, sobre todo de temporada en sectores tales como la agricultura o el textil, con la oferta de trabajadores de otros países que reciben formación antes de viajar y, después, regresan a sus lugares de origen. 

El Gobierno considera un éxito estas iniciativas, pero las pocas cifras conocidas demuestran lo limitado del esfuerzo. Solamente 141 senegaleses han tenido la oportunidad de beneficiarse del programa de migración circular, del que la Administración Sánchez únicamente ofrece la cifra global: apenas 17.400 migrantes procedentes de Marruecos, Colombia, Honduras, Ecuador, Senegal, Argentina y Uruguay. Y no detalla el dato por cada uno de estos países.

Aunque el Gobierno asegura que transformar el fenómeno de la migración africana hacia Europa va a requerir esfuerzo y tiempo, no duda en relacionar la última visita de hace seis meses del presidente la zona, a la que acudió acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, con una “ralentización” de la llegada de migrantes procedentes de África Occidental. 

Fuentes del Ejecutivo admiten la posibilidad de que la llegada de migrantes empeore en los próximos meses, favorecida por las condiciones de la travesía, pero a pesar de ello esperan que la visita de Sánchez contribuya a mejorar la cooperación con los tres países de los que parten la mayoría de los cayucos que llegan a Canarias en estos momentos.

En Mauritania, Gambia y Senegal ya hay presencia de efectivos de la Guardia Civil y del Cuerpo nacional de Policía colaborando con las autoridades locales en la lucha contra el crimen organizado, la prevención del terrorismo islamista y la persecución de los grupos que se lucran organizando los viajes en cayuco. En el primer caso, el país vive la presión de tener aquel atender a más de 200.000 refugiados de Mali que huyen del conflicto que asola el país desde hace más de una década y que se ha recrudecido con la retirada de las tropas francesas y la llegada de mercenarios rusos del Grupo Wagner. Casi todo el Sahel, una vasta región que se extiende a lo largo de una franja de unos 5.400 kilómetros de este a oeste del continente, desde el océano Atlántico hasta el mar Rojo, vive bajo la presión de la violencia de grupos armados, muchos de ellos yihadistas.

Muchos de estos malienses acaban abandonando los campos de refugiados, al este del país, cruzan el desierto y buscan la costa para embarcarse hacia Canarias. De ahí que España trata de promover en Mauritania políticas que dificulten ese tránsito.

Durante su visita, Sánchez firmará varios documentos con el objetivo reforzar la cooperación policial en la lucha contra el crimen organizado y las mafias de tráfico de personas. También ha previsto suscribir declaraciones conjuntas detallando los ámbitos de cooperación en los que se desarrollarán acciones conjuntas en los próximos meses. El Gobierno, sin embargo, no ha revelado sus contenidos y, en particular, si implican nuevos fondos y el desplazamiento de más policías y guardias civiles a la zona. Se sabe, eso sí, que el presidente viajará acompañado para la ocasión por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, a la que se unirá en Senegal el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

La gira, durante la cual no está prevista la celebración de ninguna rueda de prensa, comenzará en Nuakchot el martes por la tarde, donde Sánchez se reunirá con el presidente mauritano, Mohamed Uld Ghazuani, y está prevista constitución de un comité empresarial hispano-mauritano al que asistirán representantes del Gobierno canario y empresarios canarios.

El miércoles por la mañana, el presidente se trasladará a Banjul en la que será la primera visita oficial de un mandatario español al país más pequeño del continente. Aquí, además de reunirse con su presidente, Adama Barrow, y firmar con él un acuerdo de migración circular, tendrá ocasión de conocer de primera mano la labor que llevan a cabo los efectivos de la Guardia Civil y la Policía en colaboración con las fuerzas gambianas.

Tras ello, se desplazará a Dakar, donde el Instituto Cervantes, el primero en el África Subsahariana y cuya primera piedra puso Sánchez, acogerá una jornada durante la que se presentará la Estrategia África Avanza elaborada por el Ministerio de Economía y que tiene por objetivo financiar proyectos que permitan fomentar el desarrollo y la inversión en sectores emergentes en estos países para impulsar la capacitación y aprovechar el capital humano existente.

Ya el jueves por la mañana, Sánchez tiene previsto un desayuno con empresarios españoles con intereses en Senegal para conocer de primera mano su situación e inquietudes. A continuación, tendrán lugar los contactos con la nueva administración del presidente Bassirou Diomaye Faye, elegido el pasado marzo.

Además de reunirse con el presidente, con quien firmará acuerdos, el presidente del Gobierno también se reunirá con el primer ministro, Ousmane Sonko. Las fuentes han resaltado que la relación con el nuevo mandatario senegalés sigue siendo igual de buena que con el anterior, Macky Sall, con quien Sánchez forjó una estrecha colaboración, y las nuevas autoridades ven con buenos ojos.

Sobre proyectos concretos, el Gobierno no ofrece detalles y mucho menos cuantías económicas. Apenas algunas pinceladas, como una iniciativa para llevar Internet, telefonía móvil y conectividad a áreas rurales de Senegal a través de Hispasat, la empresa operadora de telecomunicaciones por satélite controlada por el Estado. Oficialmente, no hay nada en el programa sobre acuerdos de devolución de migrantes irregulares a los tres países que visitará Sánchez, pero el Gobierno tampoco ofrece datos sobre cuántos han sido trasladados de vuelta en los últimos años.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que el Gobierno movilizará más de 300 millones de euros para Mauritania en los próximos años, con el objetivo de frenar el repunte de migración irregular desde sus costas hacia Canarias.

De esta cifra total, 200 millones corresponden a financiación para fomentar la inversión de empresas españolas en Mauritania durante los próximos cinco años, a través de instrumentos como el Fondo para la Internacionalización de la Empresa Española (FIEM) y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), según precisaron fuentes gubernamentales y Europa Press.

Además, Sánchez ha anunciado 60 millones de euros adicionales para proyectos de desarrollo durante los próximos cuatro años y otros 50 millones de euros de cooperación financiera para este país africano. En este sentido Sánchez ha afirmado que ya están trabajando con el Banco Mundial para identificar proyectos de energías renovables que puedan cofinanciar.

Así lo ha indicado en una declaración institucional durante su viaje oficial a Mauritania, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen y el presidente mauritano, Mohamed Ould Ghazouani, que se produce tras dispararse en los últimos meses la partida de cayucos de sus costas con rumbo a las islas Canarias.

Asimismo, Sánchez ha indicado que España va a "duplicar" la ayuda humanitaria que destina a este país, "para hacer frente a la presión migratoria" que afecta a ambos países, según ha remarcado. "Vamos a fortalecer nuestros proyectos de colaboración ya existentes a través del control fronterizo y vamos a ir ponderando distintas fórmulas para facilitar la migración regular".

En esa línea, dice que ambos gobiernos ya están debatiendo proyectos para promover la economía y la migración circular que ya se han puesto en marcha en otros países "con éxito".

Por último, ha anunciado que España va a abrir una extensión del Instituto Cervantes en la capital, Nuakchot "atendiendo la solicitud de las autoridades mauritanas", con el objetivo de promover la cooperación cultural.

"Estamos destinando desde España hasta 200 millones de euros al apoyo financiero durante los próximos cinco años a través de distintos instrumentos de cooperación. Esto facilitará el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde con la participación de empresas españolas, que son líderes mundiales en el ámbito de las energías renovables", ha indicado.

Sánchez considera que estos proyectos fomentarán "el progreso social, la creación de empleo y el crecimiento económico" en Mauritania aunque ha remarcado que el desarrollo de hidrógeno verde y la extracción descarbonizada de minerales "también benefician a Europa", que está tratando de hacer más ecológicas sus economías y diversificar las cadenas de suministro, según ha señalado.

"En un mundo tan volátil en el que vivimos necesitamos socios, socios que compartan nuestra visión de un futuro más verde, más sostenible y más equitativo, socios como Mauritania. Así que, por favor, cuenten con el gobierno español, también con las empresas españolas para avanzar en este camino hacia un nuevo paradigma de desarrollo justo y sostenible", ha trasladado.

El presidente Ghazouani ha asegurado que están "totalmente comprometidos" con la lucha contra la migración irregular junto a España y la Unión Europea y que van a desempeñar el papel que les corresponde en esta tarea.

En este sentido dice que su país paga un precio muy alto porque tiene que acoger los flujos migratorios debido a la situación de seguridad "tan inestable" en la región. La lucha contra la inmigración irregular es algo en lo que estamos totalmente comprometidos.

Además dice que aunque a menudo se les considera un país de tránsito, también se está convirtiendo en un país de destino, pues hoy acogen a "cientos de miles de migrantes" de distintas nacionalidades y tienen "más de 150.000 refugiados" en campos.

"Tenemos que hacer grandes esfuerzos para garantizar su seguridad y también para poder controlar las fronteras, para movilizar a nuestras fuerzas de seguridad y para reforzar los servicios", ha señalado.

“A partir de 2020, aproveché el confinamiento para estudiar –me había descargado un manual sobre cómo hacer negocios– disciplinas muy diferentes. Para ello, creé una dirección de correo electrónico específica: externalaffairs.eu”. La mañana del 27 de abril, mientras Francesco Giorgi era sometido a un nuevo interrogatorio, grabado en vídeo en los locales de la Policía belga, otros agentes se dirigían al apartamento de la calle de la Tulipe, en Bruselas, donde vivía el asistente parlamentario antes de casarse con Eva Kaili. Y al que volvió a mudarse temporalmente cuandio salió de la cárcel. L. Giorgi, que había venido de Italia para visitar a su hijo, ocupaba temporalmente el apartamento.

Kaili y Giorgi son la pareja en el centro del escándalo Qatarargate. El 9 de diciembre de 2022, Eva Kaili, entonces vicepresidenta del Parlamento Europeo, y su pareja, Francesco Giorgi, asistente parlamentario italiano, fueron detenidos en Bruselas. Agentes de la policía belga de la Oficina Central Anticorrupción descubrieron que tenían en casa 878.355 euros en efectivo. Ambos fueron acusados de corrupción, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Francesco Giorgi confesó –bajo coacción, afirma ahora su abogado– que él y el exeurodiputado italiano Antonio Panzeri participaron en operaciones de lobby en la sombra para Qatar, Marruecos y Mauritania, pagadas en efectivo con varios millones de euros. Eva Kaili, sospechosa de haber participado en una de estas campañas en favor de Qatar, niega los cargos que se le imputan.

Al final del registro en el piso de la calle de la Tulipe, la Policía anticorrupción le hizo firmar un inventario de los objetos que iban a llevarse: dos teléfonos móviles, material informático, papeles presumiblemente escritos para su abogado y que se ponen bajo precinto, algunos cuadernos y documentos sacados de un cubo de basura. Entre estos últimos se encontraban notas que Giorgi había mecanografiado para preparar el interrogatorio del 27 de abril. Sabe que cuando los investigadores registraron su domicilio de Bruselas el 9 de diciembre se lo llevaron todo. En particular, ese ordenador en el que había anotado, bajo el epígrafe “negocios”, la marcha de sus nuevas actividades como intermediario comercial internacional. Dentro de esa carpeta había otras llamadas Nitrato, Q8 –Kuwait en inglés– y Tests Covid.

En su nuevo encuentro con los investigadores, Francesco Giorgi tenía ganas de explicarse, de contar su versión de los hechos... cosa que, al final, no hizo. Pero antes se había encargado de escribirlo todo en unas cuantas hojas de papel. Su abogado, Pierre Monville, denunció el pasado sábado a La Libre Belgique la incautación de la nota, a pesar de que su cliente había decidido en el último momento no mencionar su contenido a la policía. “Toda la estrategia de defensa de Francesco Giorgi ha quedado al descubierto y ahora está a disposición de todo el mundo, incluida la prensa. Ya no tiene margen de maniobra para defenderse según las reglas elementales del derecho”, declaró.

En esas notas, el asistente italiano escribió que estaba preparando su reconversión profesional durante el confinamiento de 2020 y creó una dirección de correo electrónico –externalaffairs.eu@gmail.com– en un torpe intento de hacer creer que esas gestiones tenían relación con las instituciones europeas, utilizando a su padre como tapadera.

L. Giorgi, que ahora tiene 67 años, era hasta septiembre pasado director de una escuela cerca de Milán, cargo que ha compaginado durante años con un negocio de venta de equipos médicos. “Mi idea para después de 2024 [al acabar la actual legislatura] era dejar el Parlamento y montar con él una empresa de comercio internacional”, escribió Francesco en las notas que le confiscó la Policía. “Su experiencia y mis contactos. En mi trabajo era muy fácil encontrar posibles oportunidades. El Parlamento Europeo es un observatorio privilegiado, sobre todo en lo que se refiere a las relaciones con terceros países. Siempre hay peticiones en busca de ofertas”, apuntó.

Para no aparecer por su nombre en conversaciones con posibles clientes, el asistente parlamentario no dudó en usurpar el nombre y la firma de su padre, como consta en los documentos a los que han tenido acceso el periódico belga Le Soir y sus socios de la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), entre ellos infoLibre. Como él mismo confiesa en sus notas: “Los acuerdos de confidencialidad [con empresas] fueron suscritos por mí con la firma de mi padre, que sólo los conocía de manera muy general. Pero no estaba implicado porque confiaba en mí. Yo era quien se ocupaba de todo. Sólo le pedí permiso para utilizar su nombre porque era más coherente con el trabajo de su empresa, y [utilizar mi nombre] no me era posible dada mi función de asistente parlamentario”.

EIC ha preguntado al Parlamento Europeo por el código de conducta de sus asistentes. Un portavoz explica que los que deseen ejercer otras actividades, remuneradas o no, deben obtener previamente la autorización de la Eurocámara. Dichas actividades sólo se denegarán si pueden obstaculizar el ejercicio de las funciones del asistente/funcionario o son incompatibles con los intereses de la institución europea. ¿Solicitó Francesco Giorgi dicho permiso? El Parlamento no quiso responder porque se trata de “información personal”. Giorgi tampoco contestó a la pregunta.

Confinado en Grecia con Eva Kaili y su hijo, además de deseoso, según puede leerse en sus notas, de dejar el Parlamento y a su jefe, Andrea Cozzolino, al comienzo de la próxima legislatura, Francesco Giorgi aprovecha así el exilio sanitario para preparar su reconversión profesional. La intercesión de su compañera, cuyos contactos –la Policía extrajo 120.000 de su teléfono– están a la altura de sus responsabilidades –es uno de los 14 vicepresidentes del Parlamento–, será valiosísima.

Uno de los negocios de Francesco Giorgi, relacionado con Mauritania, parece especialmente sospechoso. El asistente parlamentario y su jefe, el exeurodiputado Pier Antonio Panzeri, fueron contratados a finales de 2018 por ese país africano para realizar labores de lobby en la sombra ante la Unión Europea, como también hicieron para Qatar y Marruecos. Panzeri contó a la Policía que su interlocutor era el embajador de Mauritania en Bruselas, Abdellahi Kebd, que hizo los primeros pagos a finales de 2019. Panzeri afirma haber recibido un total de 100.000 euros en efectivo y asegura que Giorgi percibió la misma cantidad. El asistente parlamentario lo niega: declaró a la Policía que había cobrado alquilando uno de sus apartamentos de Bruselas a Abdellahi Kebd por 1.800 euros al mes. El embajador le pagó al menos 50.000 euros. Un alquiler ficticio, ya que Kebd nunca ha vivido allí. Pero la relación comercial entre los dos hombres no terminó entonces.

En la nota preparada para su defensa que se le confiscó en la calle de la Tulipe, Francesco Giorgi explica que el embajador Kebd ofreció vender nitrato de amonio, un potente explosivo, a la Sociedad Nacional Industrial y Minera de Mauritania (SNIM) porque “su gobierno quería diversificar los proveedores”. El asistente italiano tenía en su ordenador una licitación convocada en febrero de 2020 por la SNIM, así como facturas y albaranes de una de las empresas que la ganaron: Cadex, con sede en Marruecos. En mayo y junio de 2020, vendió un total de 8.000 toneladas de nitrato de amonio a la SNIM –que no ha querido responder a las preguntas de EIC al respecto– por un precio de 335 euros la tonelada. Francesco Giorgi indica en su nota que él no tuvo nada que ver con esas ventas, y que fue el embajador Kebd quien le proporcionó los documentos “con fines informativos”.

Los acontecimientos se aceleraron unos meses más tarde. Un documento, encontrado en el ordenador de Giorgi y fechado el 8 de noviembre de 2020, menciona un posible contrato para suministrar 33.000 toneladas de nitrato de amonio al SNIM por 17 millones de euros, sin mención alguna de concurso público. El precio parece elevado: 446 euros por tonelada, un tercio más de lo que cobró Cadex. Ni el asistente italiano ni la Embajada de Mauritania han contestado a las preguntas que EIC le ha formulado sobre estos contratos.

Sólo quedaba encontrar un proveedor. En sus notas, Francesco Giorgi dice que ha descubierto fabricantes de nitrato de amonio en Georgia, por lo que pregunta a su compañera, Eva Kaili, si tiene “algún contacto [...]” en la república exsoviética. La exvicepresidenta del Parlamento Europeo recuerda haber conocido durante unas vacaciones en la isla de Patmos a un empresario griego residente en Georgia llamado Sandros y dueño de una compañía de fabricación de pasta. El 8 de noviembre de 2020, Eva Kaili crea un grupo de WhatsApp para poner en contacto a los dos hombres: “Hola Sandros & Francesco, [...] Ambos tenéis mucha experiencia y contactos en pasta [emoji con guiño] pero sobre todo con gobiernos extranjeros para importación/exportación. [...] Francesco es un asesor de confianza de varios gobiernos. Quizá deberíais hablar por teléfono y explorar formas de trabajar juntos”.

Tras ese primer mensaje, Kaili abandonó el grupo de WhatsApp. Sandros y Giorgi congenian. Firman un acuerdo de confidencialidad y planean crear una empresa conjunta para ejecutar el acuerdo con la SNIM. Francesco Giorgi envía al empresario los detalles del acuerdo. “El margen de beneficio de los intermediarios dependerá del precio de venta final”, detalla. Sandros encontró enseguida un proveedor georgiano.

Pero el departamento comercial le indica que el acuerdo tenía que pasar por una empresa intermediaria con sede en Singapur, Dreymoor Fertilizers Overseas, y más concretamente por un comercial de esa empresa. Esto no desanima al asistente parlamentario, que firmó un acuerdo de confidencialidad con Dreymoor el 12 de noviembre de 2020: aunque el documento está a nombre de su padre. Se desconoce si su socio Sandros lo sabía. Seis días después, Francesco Giorgi envió un último mensaje al empresario griego afincado en Georgia: “Han surgido problemas [...] y hay que aclarar si sigue habiendo interés por parte de los importadores”, es decir, de Mauritania. Se desconoce si se completó la venta a la SNIM.

Contactado por EIC, Sandros admite que hizo gestiones en nombre de Giorgi, pero asegura que el trato no se cerró: “No hice ningún negocio con él, [...] Gracias a Dios”. Dreymoor no ha contestado a las preguntas de EIC. En sus notas, Francesco Giorgi también dice que el trato no prosperó: “Al final, la licitación no se abrió y dejé de interesarme porque era demasiado complicado y me quitaba demasiado tiempo”.

¿Fue el confinamiento y la enorme demanda de tests para el covid lo que estimuló las expectativas de Giorgi? En febrero de 2021, según el análisis de uno de sus ordenadores, suscribieron un acuerdo de confidencialidad L. Giorgi y la empresa griega Prognosis Biotech, especializada en kits de detección de alérgenos y toxinas alimentarias. El objetivo era suministrar pruebas de detección de antígenos a Mauritania y Qatar, dos países que el asistente parlamentario conocía bien, sospechosos junto con Marruecos de situarse en el centro del escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo.

El mismo 15 de febrero, Prognosis redactó una oferta de servicios a la atención del Ministerio de Sanidad mauritano donde se menciona que dispone de una capacidad de producción de dos millones de pruebas al mes y de “plazos de entrega bastante rápidos”. Por último, la Policía también encontró un borrador de oferta de servicios, fechado el 19 de febrero y calcado del anterior, pero en el que L. Giorgi es el único representante de Prognosis. En las notas que Francesco escribió para preparar su comparecencia en abril, afirma que quería “ayudar a [su] padre a relanzar la actividad de su empresa [especializada en el suministro de productos y tests sanitarios]” y que “pensó que la pandemia era la oportunidad adecuada para lanzar un negocio de tests para el covid”. Según las notas de Giorgi, la ayuda de Eva Kaili fue valiosísima una vez más, pues fue ella quien le puso en contacto con la empresa griega Prognosis, que no ha querido responder a las preguntas formuladas por EIC sobre este contrato.

En cualquier caso, Giorgi sólo pudo anotar el fracaso del proyecto: “Tanteé el terreno con mis contactos en Qatar sin éxito y, en lo que respecta a Mauritania, solicité al ministerio que inscribiera a Prognosis como una de las empresas que habrían tenido derecho a participar en las licitaciones, pero al final no salió nada”.

En una entrevista concedida el pasado marzo, un mes antes de que Giorgi escribiera su nota, Eva Kaili dio una versión ligeramente distinta: al enterarse de que Prognosis buscaba nuevos mercados, se lo comunicó a su pareja y puso a ambas partes en contacto.

Al año siguiente, en 2022, era Kuwait el país con el que soñaba Francesco Giorgi: en mayo, un acuerdo de confidencialidad vinculaba al padre de Francesco Giorgi con V Group, una empresa griega especializada en energías renovables, tratamiento de residuos y servicios de descontaminación. La compañía se compromete a pagar a L. Giorgi una comisión del 6% sobre cualquier contrato que cierre con Kuwait. Una vez más, el país en cuestión es uno que el asistente parlamentario conoce bien: con Panzeri, soñó que los kuwaitíes, al igual que los cataríes, pudieran quedar exentos de la obligación de visado cuando viajasen dentro del espacio Schengen. 

Como ha revelado la investigación de EIC, Giorgi y su jefe, Antonio Panzeri, fueron contratados por Qatar para obtener un acuerdo de exención de visados con la Unión Europea. Y, para aumentar las posibilidades de éxito del emirato, ambos propusieron que se creara un “paquete” que incluía también a Kuwait y sobre el que Eva Kaili presionó a la Comisión Europea. Según un relato de esta operación escrito por Giorgi, en noviembre de 2020 la exvicepresidenta de la Eurocámara mantuvo “una llamada telefónica con el embajador de Kuwait” para “planificar la estrategia”.

En sus notas, Giorgi escribe que, cuando conoció al jefe de V Group, éste le confió que tenía “dificultades relacionadas con la participación de su empresa en una licitación en Kuwait para la descontaminar terrenos”. “Me ofrecí a ayudarle”, indica Giorgi.

“Firmé un acuerdo de confidencialidad y le puse en contacto con Paolo Alli, exdiputado italiano y lobista especializado en Kuwait, porque yo no tenía contactos en el país. Hubo conversaciones, pero debido a las dificultades para encontrar un interlocutor fiable en Kuwait, no hubo seguimiento”. Si Giorgi consiguió meter en el juego a Paolo Alli, esta vez fue también gracias a la mediación de su pareja. Dos meses antes de la firma del acuerdo de confidencialidad, a principios de marzo, Eva Kaili intercambió mensajes de WhatsApp con el político italiano, expresidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Lo había conocido unos días antes en el aeropuerto de Milán, cuando ya se había convertido en consultor.

“¡Así que tienes buenos contactos en Kuwait!”, le escribió. “Ahora”, continúa, “soy vicepresidenta del Parlamento Europeo, encargada de Oriente Próximo [...] Sería estupendo que pudiéramos trabajar juntos”. Como Paolo Alli le había mencionado previamente sus buenos contactos en Israel, Omán y Qatar, Eva Kaili le preguntó: “¿En Kuwait también?”. Al recibir la respuesta afirmativa de su interlocutor, le sugiere ponerle en contacto con Francesco, que tiene “propuestas de negocio”.

Cuando los policías le preguntan por detalles de estos contactos, Kaili les contesta que, efectivamente, se puso en contacto con Paolo Alli para hablarle del “negocio de limpieza de arena con residuos de petróleo” que su pareja quería hacer con V Group. Preguntada por EIC, la empresa niega haber mantenido nunca una relación profesional con Francesco Giorgi o su pareja, ni haber participado en una licitación en Kuwait. Giorgi, que afirma en sus notas que el caso no se cerró, no ha respondido al respecto. Tampoco Paolo Alli.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha mostrado su "indignación y preocupación" ante la posibilidad de que el gobierno de España esté deportando nacionales malienses a su país de origen "a través de la utilización de vías indirectas".

A través de un comunicado, la asociación ha explicado que el Defensor del Pueblo ha documentado en lo que va de año al menos tres vuelos de repatriación a Mauritania desde los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de las Islas Canarias, con migrantes de terceros países subsaharianos, entre los que se incluyen nacionales de Mali.

"Ya en julio de 2019 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, informó que la prohibición del retorno forzoso a Mali debe mantenerse hasta que la seguridad, el estado de derecho y la situación de los derechos humanos en Malí hayan mejorado significativamente", ha recordado.

En este contexto, la UPF ha apuntado que ACNUR "considera que actualmente es imposible conseguir un retorno seguro, digno y compatible con el cumplimiento de los compromisos internacionales, dado que el conflicto en Mali se ha agudizado en el último año, aún más, con motivo de la incidencia que en el conflicto bélico están teniendo los devastadores efectos del cambio climático".

"La utilización de vías indirectas, como lo ha sido la utilización del Convenio Bilateral firmado por España y Mauritania en el año 2003, bajo la única presunción de que las personas deportadas transitaron por ese país, es un atajo intolerable cualndo hablamos de la protección de derechos humanos de las personas más vulnerables del planeta", ha lamentado la asociación de fiscales

Al menos 57 migrantes han muerto este miércoles tras naufragar su embarcación frente a las costas de la ciudad mauritana de Nuadibú (noroeste), según han informado las autoridades del país africano.

Según las informaciones facilitadas por la agencia estatal mauritana de noticias, AMI, la embarcación se dirigía hacia las costas de las islas Canarias cuando ha sufrido un accidente y ha naufragado a unos 25 kilómetros aguas adentro.

Las autoridades han señalado que un total de 74 personas han logrado sobrevivir al suceso y han agregado que ya han sido trasladadas a la ciudad y que están recibiendo comida y medicinas.

Los supervivientes se encuentran en estos momentos en un centro de acogida, mientras que se han iniciado los procesos para enterrar a algunas de las víctimas. Por ahora se desconoce la nacionalidad de las víctimas.

La citada agencia ha indicado que por el momento se desconoce el número de personas que iban en la embarcación, por lo que las operaciones de búsqueda y rescate continúan en la zona.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha sentado en una mesa de negociación, durante este miércoles y jueves en Ginebra, al Gobierno de Marruecos y al Frente Polisario —que controla la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD)— para intentar alcanzar una solución al conflicto del Sáhara Occidental, que ya es uno de los más prolongados del planeta.

La ONU invitó a las partes a retomar “de buena fe” las conversaciones y en la invitación al diálogo el organismo ha fijado como meta principal “relanzar el proceso político” abandonado durante décadas. Antes de la reunión, sin embargo, ambas partes ya habían anunciado que no transigirían en su postura con respecto a la situación del territorio africano. El encuentro, en consecuencia, no ha arrojado ninguna medida concreta de avance a la resolución del enconamiento y después de los dos días de diálogo, lo único que se ha fijado es el emplazamiento de futuras reuniones —para la ONU sería deseable que la primera tuviese lugar en el primer trimestre de 2019, antes de emitir su próxima resolución sobre el Sáhara Occiental—.

Otra reunión estéril

En una rueda de prensa al término de la mesa de encuentro, el enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara, el alemán Horst Köhler, declaró que el acontecimiento se había “mantenido en una atmósfera de compromiso, franqueza y respeto mutuo”. “Las delegaciones han asegurado que están dispuestas a seguir participando […] Nadie gana por mantener el statu quostatu quo y creo firmemente que nos interesa a todos resolver el conflicto del Sáhara Occidental a fin de crear un entorno en la región que conduzca a un fuerte crecimiento económico, la creación de empleo y más seguridad”, aseveró Köhler.

El enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Horst Köhler , este jueves en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Previo a la reunión, que Rabat había rebajado al estatus de “mesa redonda”, Marruecos ya había anunciado que no tenía “nada que ceder”, ni frente a la ONU ni frente a los representantes de la RASD, adelantando que su actitud seguiría la línea dispuesta en el plan de autonomía. El Frente Polisario también se muestra inamovible en su postura sobre la necesidad de la autodeterminación. A pesar del empeño saharaui la propia ONU, a través de resoluciones del Consejo de Seguridad, ha dejado de hablar de referéndum y sus recomendaciones se centran en buscar una solución “realista, práctica y políticamente duradera” al conflicto; una visión que se acerca a las tesis de Marruecos.

El delegado del Frente Polisario en España, Bucharaya Beyun, considera "positivo" el acercamiento porque, dice, "rompe el hielo" que durante seis años han mantenido las dos posturas y asegura que el Frente está dispuesto a "negociarlo todo menos la soberanía saharahui" y "a participar en este tipo de foros como medio para conseguir la autodeterminación", pero no como un fin para que las demandas de su pueblo queden sepultadas por el paso del tiempo.

Sobre ese hipotético referéndum, Beyun defiende que es la única vía de solución. Una alternativa pacífica —"meter una papeleta en una urna no le hace daño a nadie", dice— que no depende, afirma el delegado, ni de Marruecos ni del Frente Polisario; sino que "los únicos legitimados [para decidir si quieren independencia o formar parte de Marruecos] son los habitantes del Sáhara". También alega que desde su punto de vista, "la mayoría aplastante de la comunidad internacional apoya la causa saharaui" y ve como un paso importante que Naciones Unidas haya creado la figura del enviado especial.

Autonomía frente a independencia

Las delegaciones designadas para acudir a Ginebra fueron, en la parte marroquí, el ministro de Asuntos Exteriores del país, Nasser Bourita, el embajador de Marruecos ante la ONU, Omar Hilale, y tres representantes de instituciones locales, que son saharauis promarroquíes —Rabat pretende así evidenciar que el movimiento independentista no es monolítico ni homogéneo—. En el lado saharaui acudieron el enlace con la Minurso, Mohamed Jaddad, y el enviado del territorio ante la ONU, Sidi Mohamed Omar. A la cita en Ginebra también fueron invitados representantes de los países limítrofes con Marruecos, Mauritania y Argelia —este último como parte implicada por la acogida de más de 100.000 refugiados saharauis y a quien Marruecos acusa de “cobijar, armar y financiar” al Frente Polisario—.

La discordia más latente en la pugna entre Marruecos y el Sahara Occidental pivota sobre el citado referéndum de autodeterminación que podría abrir la posibilidad de reconocer al Sáhara como un país soberano. En 1991 Rabat y el Frente Polisario firmaron el alto el fuego tras décadas de hostilidades y la ONU envió la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en Sáhara Occidental (Minurso), una fuerza de paz creada ad hoc para conseguir que se celebrase una consulta de autodeterminación consensuada, vinculante y con garantías.

Frente a este escenario, Marruecos empezó a utilizar unos subterfugios legales que se han ido extendiendo a lo largo de los años, poniendo impedimentos a las condiciones de la votación. Primero cuestionó el censo de saharauis que vivían en la excolonia española, después subordinó la celebración del referéndum a que, en vez de vinculante, solo fuese consultivo. Al final, en 2007, acabó desentendiéndose de cualquier proceso electoral y, en su lugar, presentó una ambigua propuesta que otorgaba al Sáhara Occidental más autonomía pero sin abandonar el tutelaje de Marruecos. La última ocasión en la que ambas partes se sentaron a dialogar fue a principios de 2012 en Manhasset (Nueva York, Estados Unidos), sin que las posiciones se movieran.

Campo de refugiados en el Sáhara Occidental.

España, que se ha mantenido de perfil en el asunto, no fue invitada a la convención Suiza. Sobre su papel en la situación saharaui, Beyun opina que "debería jugar un papel mucho más activo" porque "España sigue vinculada al conflicto [...] forma parte del problema y ahora puede y debe ser parte de la solución". Pese a todo, apoya que las relaciones entre Marruecos y nuestro país sean buenas ya que, en su opinión, es importante mantener la estabilidad en el norte de África.

La pasividad y el retraso favorecen a Marruecos

En días previos al viaje a la ciudad suiza el presidente de la RASD, Ibrahim Ghali, recalcó la “voluntad sincera” de los saharauis para conseguir desenlace satisfactorio, aunque ha insistido en la conveniencia de “garantizar el derecho del pueblo saharahui a la autodeterminación y a la independencia”. Esta conversación es el único paso positivo para la resolución de la histórica discordia que ha conseguido dar Köhler —nombrado hace poco más de un año—. Su inmediato predecesor, el estadounidense Christopher Ross, por el contrario, llegó a ser declarado persona non gratanon grata por Rabat —que le prohibió la entrada durante más de tres años a la zona saharaui que administra—, al considerar que favorecía a quienes Marruecos llama “separatistas del interior”.

En abril y octubre de este año, el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó la mediación de la Minurso, pero solo para periodos con una vigencia de seis meses. Esta decisión busca presionar para que ambos contendientes encuentren pronto un desenlace, a pesar de que responde a un giro en la política internacional de Estados Unidos con la llegada de Donald Trump al Gobierno de ese país —un integrante muy poderoso de las Naciones Unidas—.

España, Marruecos y Mauritania firmaron, el 14 de noviembre de 1975, un acuerdo político en el que se acordaba que nuestro país cedería el territorio del Sáhara Occidental –hasta entonces conocido como Sáhara Español– a los dos países. Se acordó además que, hasta finales del mes de febrero de 1976, habría un periodo de transición en el que ese espacio estaría administrado por una coalición tripartita formada por los tres Estados, como explica a infoLibre Sidi Moh Talebbuia, presidente de la Asociación de Abogados Saharauis. 

Es lo que se conoce como Acuerdo Tripartito de Madrid, rechazado por Naciones Unidas al mes siguiente de su firma y considerado como "bochornoso e ilegal" por organizaciones defensoras de la autodeterminación del Sáhara Occidental. A pocos días de que cumpla 42 años, la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS Sáhara), convoca una manifestación en Madrid, como cada año, para denunciar el bloqueo político que aún a día de hoy existe en el territorio.

"NO podemos olvidar que dichos Acuerdos son nulos de pleno derecho, ya que no cabe legalmente ceder la soberanía de un territorio pendiente de descolonizar", explica la organización en un comunicado. La marcha, convocada bajo el lema "Exijamos a la ONU que imponga a Marruecos las Resoluciones internacionales y el respeto a los DDHH. Referéndum en el Sáhara YA" y "Por un Sáhara libre, referéndum ya", comenzará a las 12.00 horas en Atocha y finalizará en la Puerta del Sol. 

"Este acuerdo, ilegal no es más que el reflejo de que el Gobierno de Franco nunca culminó la descolonización del territorio", afirma Abidin Bucharaya, delegado del Frente Polisario en la Comunidad de Madrid. "Esa colonización sigue pendiente y todavía la ONU la reivindica a través de la celebración de un referéndum", explica. Según denuncia, esta firma supuso el inicio de la política de exterminio que tanto Marruecos como Mauritania han llevado a cabo, condenando al pueblo saharaui al "mayor drama humano" que se ha vivido. 

Acuerdo rechazado "de forma reiterada" por Naciones Unidas

El acuerdo, que no fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incumplía la promesa que España había hecho al pueblo saharaui un año antes de su firma, en 1974, cuando se comprometió a celebrar un referéndum para que la población decidiera entre la independencia, la anexión a Marruecos o la posibilidad de pasar a formar parte de Mauritania. Sin embargo, cuando tras la firma del Acuerdo Tripartito España abandonó el territorio, Marruecos y Mauritania comenzaron una guerra para ocupar la zona, en contra de la voluntad del pueblo saharaui, que se vio obligado a huir de los bombardeos marroquíes. En ese momento, la ONU publicó una resolución en la que afirmaba no reconocer la cesión española del Sáhara a ninguno de los dos países, e instaba, de esta forma, a que se celebrara la consulta de autodeterminación. 

Desde entonces, "la ONU sigue reiterando que se celebre el referéndum", afirma Talebbuia, que explica que la institución ha empleado en numerosas resoluciones el término "ocupación" para referirse a la situación del territorio saharaui. Por su parte, el rey Mohamed VI de Marruecos volvió a reiterar este lunes que cualquier solución sobre el Sáhara debe contemplar "la soberanía plena de Marruecos sobre su Sáhara", según informó Europa Press.

En este sentido, el último pronunciamiento de Naciones Unidas al respecto se realizó en abril de este año, cuando el Consejo de Seguridad reafirmó su "compromiso de ayudar a las partes a alcanzar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental". Además, el organismo creó, en 1991, la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental (Minurso) que, desde su constitución, ha ratificado todos los meses de abril su compromiso con la celebración de la consulta. 

Estas resoluciones, no obstante, "sí son vinculantes pero, en la práctica, no se cumplen", explica Macarena Naranjo, coportavoz de Convergencia de la Izquierda en Fuenlabrada –miembro de la Delegación de la Alianza del Sur, agrupación de municipios de Madrid que ha visitado los campamentos de refugiados de Tinduf– y miembro de la Junta Directa de la Federación Madrileña de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (Femas). "La comunidad internacional no presiona a Marruecos, que no permite el referéndum, porque hay demasiados intereses con el país", lamenta. 

Ningún gobierno español "ha querido asumir su responsabilidad"

La ONU ha exigido en varias ocasiones que se lleven a cabo "verdaderas negociaciones" para resolver el bloqueo de la situación en el Sáhara Occidental, donde el referéndum de autodeterminación lleva 17 años paralizado después de que en el año 2000 Naciones Unidas finalizara el censo para poder llevarlo a cabo. Sin embargo, España lleva desde 1976 sin emitir ningún informe sobre la situación del territorio, a pesar de tener la "responsabilidad legal" y ser "el principal implicado" en la resolución del conflicto, según Talebbuia. Según considera, el concepto de "solución duradera mutuamente aceptable" –empleado por las autoridades españolas y en las resoluciones de Naciones Unidas– es, precisamente, el problema principal del bloqueo de la situación. "Es un 'ni para ti ni para mí'", critica.

"El Gobierno de España continuará apoyando los esfuerzos del secretario general de Naciones Unidas y de su enviado personal con el fin de que las partes lleguen a una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de resoluciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas". Así se manifestaba el Ministerio de Exteriores el pasado mes de octubre, después de que el nuevo responsable de Naciones Unidas para el Sáhara, Horst Kohler, se reuniera con el ministro, Alfonso Dastis, y el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, en el marco de la primera gira regional de Kohler, que fue nombrado en agosto. Su predecesor, Christopher Ross, dimitió el pasado mes de marzo tras ocho años en el cargo por haber sido incapaz de desbloquear el conflicto. 

"España siempre se sitúa en la legalidad pero no deja de ser una declaración de intenciones", lamenta Naranjo, quien explica que la situación en el Sáhara Occidental es "bastante desesperante". "Están completamente desesperados. Los niños saharauis, nacidos en campos de refugiados, no conocen ni lo que son los ríos", afirma. 

Sin embargo, para Bucharaya, ni siquiera es una declaración de intenciones, sino un discurso obligado surgido de las presiones de la sociedad, que apoya la autodeterminación del Sáhara. "Los saharauis no hemos constatado ninguna acción" para desbloquear el conflicto "por parte de ningún gobierno de España, ni de un signo político ni de otro", denuncia. Según explica, para España, a quien acusa de "miopía política", habría sido mucho más honorable "dejar el territorio en manos de Naciones Unidas" antes que firmar el Acuerdo Tripartito de Madrid con Marruecos y Mauritania. 

"En 1975, España fue la culpable de las tragedias que hemos vivido. Ahora hay oportunidades para que sea parte de la solución", prosigue. "Solo pedimos un día de democracia, nada más", sentencia. 

El relator de Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, David Kaye, ha afirmado este miércoles que la demanda del cierre de la cadena catarí Al Yazira como parte de las condiciones para poner fin a la crisis diplomática en la región "representa una grave amenaza a la libertad de prensa".

En su comunicado, Kaye ha recalcado que la demanda "es un ataque al pluralismo mediático", agregando que "es, sin duda, una medida draconiana de censura".

"No es sólo una demanda de filtrar contenido on line o eliminar ciertas páginas, sino de acabar con una organización de medioson line en su totalidad. Todos los estados deben considerar este tipo de pedidos como una amenaza a la libertad de información de todos", ha valorado.

Por ello, ha reclamado a la comunidad internacional que exija a los estados solicitantes -Arabia Saudí, Baréin, Egipto y Emiratos Árabes Unidos (EAU)- que no impongan el cierre de Al Yazira entre sus condiciones y que no censuren a los medios en sus propios países.

La cadena catarí criticó el lunes la demanda, afirmando que "es un intento de silenciar el periodismo independiente" y "un desafío a la libertad de todos a ser escuchados e informados".

El martes, el ministro de Exteriores catarí, Mohamed bin Abdulrahman al Zani, ha dicho que las demandas planteadas "no tienen fundamento y son inaceptables", tal y como recogió la propia Al Yazira.

"Lo que han presentado los países del bloque son meras acusaciones que no están demostradas con pruebas y no son demandas", afirmó el jefe de la diplomacia catarí. Las demandas deberían ser "realistas" y "aplicables" porque de lo contrario son "inaceptables", remachó.

Por contra, el ministro de Exteriores saudí, Adel al Jubeir, resaltó el mismo martes que las mismas "no son negociables", añadiendo que "está en manos de Catar poner fin a la financiación al terrorismo y a la incitación al extremismo en la región".

El domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, manifestó que "será muy difícil" que Catar cumpla "algunas" de las demandas, si bien indicó que "hay áreas importantes que suponen una base para el diálogo existente para intentar alcanzar una solución".

Las demandas

La agencia estatal de noticias oficial de Baréin, BNA, publicó el domingo la lista de 13 peticiones entregadas el jueves a Catar para restablecer los lazos y levantar las sanciones diplomáticas y económicas.

Según BNA, entre las demandas a Catar se incluyen la reducción de lazos diplomáticos con Irán y limitar sus relaciones al comercio sin violar las sanciones impuestas a Irán ni la seguridad de los países del Consejo de Seguridad del Golfo, expulsar a la Guardia Revolucionaria iraní de Catar y cortar cualquier tipo de cooperación militar o de inteligencia con Teherán, además de cerrar la cadena de televisión Al Yazira.reducción de lazos diplomáticos con Irán y limitar sus relaciones al comercio

También se ha pedido a Catar que cierre inmediatamente la base militar turca que se está construyendo en Catar y que suspenda la cooperación militar con Turquía dentro del país.

Entre las peticiones, se incluye cortar todas las relaciones con organizaciones terroristas, sectarias e ideológicas, y otras organizaciones los Hermanos Musulmanes, Estado Islámico, Al Qaeda, Fatá Al Sham (el antiguo Frente Al Nusra) e incluirlos en una lista de organizaciones terroristas.

También se ha pedido a Catar que suspenda toda forma de financiación a personas, entidades u organizaciones terroristas o extremistas y a todos los incluidos en las listas de terroristas de los países del Golfo y en las listas internacionales. Además, han exigido a Catar que no albergue a ninguno de estos terroristas y que se comprometa a proporcionar información sobre ellos.

Los países del Golfo han ordenado a Catar que deje de interferir en los intereses y en los asuntos internos de otros países. Así se debe abstener de conceder la nacionalidad catarí a cualquier ciudadano de otro de los países del Golfo.

Los cuatro países han pedido a Catar que conviva en armonía con su entorno árabe y del Golfo en asuntos militares, políticos, económicos, sociales y de seguridad para garantizar la seguridad de la zona y reactivar el acuerdo de Riad 2013 y el acuerdo de Riad 2014, que proclama la no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

Crisis diplomática

Los gobiernos de Arabia Saudí, EAU, Baréin y Egipto anunciaron a principios de junio la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Catar, acusando a Doha de "apoyar el terrorismo".

A la medida se sumaron después Maldivas, Mauritania, el gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, encabezado por Abdo Rabbu Mansur Hadi, el gobierno asentado en el este de Libia. Asimismo, Jordania y Yibuti han reducido su representación diplomática en Doha.

Las tensiones entre Catar y varios países del Golfo se han deteriorado en las últimas semanas, a raíz de que QNA publicara unas declaraciones del emir en las que criticaba la postura de los países del Golfo contra Irán y hablaba de "tensiones" con Estados Unidos.

Inmediatamente después, QNA denunció haber sufrido un ataque informático y negó la veracidad de la nota publicada, pese a lo cual medios de Arabia Saudí y EAU continuaron informando acerca de las presuntas declaraciones de Hamad bin Jalifa al Zani.

Este hecho provocó las críticas de Doha, lo que llevó a varios países -Arabia Saudí, EAU, Egipto y Baréin- a bloquear el acceso a diversos medios cataríes, entre ellos Al Yazira.

El martes, el fiscal general de Catar, Alí bin Fetais al Marri, anunció que Arabia Saudí y sus aliados fueron los responsables del ataque informático contra QNA.

"Catar tiene pruebas de que ciertos iPhones originarios de países que han impuesto un bloqueo sobre Catar fueron usados en este ataque informático", dijo Al Marri, sin detallar las naciones implicadas.

Las relaciones entre Catar y otros países del Golfo ya sufrieron un periodo de tensión en 2014 debido al supuesto apoyo de Doha a Hermanos Musulmanes, organización ilegalizada en la mayoría de los países del golfo.

Sin embargo, en dicha ocasión las medidas no fueron tan duras, y sólo implicaron la retirada de los embajadores. En esta ocasión, ha supuesto además la expulsión de ciudadanos del país, así como el cierre de las vías a medios de transporte llegados de Qatar.

El Gobierno de Mauritania ha anunciado este martes la ruptura de relaciones diplomáticas con Catar, acusando a Doha de "apoyar a organizaciones terroristas" y "propagar ideas extremistas".

En un comunicado recogido por la agencia estatal mauritana de noticias, AMI, las autoridades mauritanas han afirmado que Catar "ha trabajado para difundir la anarquía y las tensiones en muchos países árabes, lo que ha causado grandes desastres naturales en estos países, en Europa y en el mundo".

"Esto ha llevado a una dislocación de las hermanadas instituciones nacionales y la destrucción de su infraestructura básica", ha indicado, agregando que Mauritania "ha expresado en todas las ocasiones su firme compromiso con la defensa de los intereses superiores de la nación árabe".

Así, ha manifestado que Nuakchot "siempre ha mostrado su profunda convicción sobre la necesidad de fortalecer la cooperación y la solidaridad entre los hermanos árabes para hacer frente a cualquier cosa que amenaza la seguridad y la estabilidad de la nación árabe".

Los gobiernos de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Egipto anunciaron a primera hora del lunes la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Catar, acusando a Doha de "apoyar el terrorismo".

A la medida se sumaron después Maldivas, el gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, encabezado por Abdo Rabbu Mansur Hadi, y el gobierno asentado en el este de Libia.

Este mismo martes, el Gobierno de Jordania ha anunciado que reduce su representación diplomática en Catar y que retira la licencia a la cadena de televisión qatarí Al Yazira.

Las tensiones entre Qatar y varios países del Golfo se han deteriorado en los últimos días, a raíz de que la agencia estatal catarí, QNA, publicara la semana pasada unas declaraciones del emir en las que criticaba la postura de los países del Golfo contra Irán y hablaba de "tensiones" con Estados Unidos.contra Irán

Inmediatamente después, QNA denunció haber sufrido un ataque informático y negó la veracidad de la nota publicada, pese a lo cual medios de Arabia Saudí y EAU continuaron informandoArabia Saudí acerca de las presuntas declaraciones de Hamad bin Jalifa al Zani.

Este hecho provocó las críticas de Doha, lo que llevó a varios países -Arabia Saudí, EAU, Egipto y Baréin- a bloquear el acceso a diversos medios qataríes, entre ellos Al Yazira.

Al Yazira ha sido criticada por numerosos países árabes por su cobertura de la llamada Primavera Árabe, que provocó la caída de varios regímenes en la región.Primavera Árabe

Las relaciones entre Catar y otros países del Golfo ya sufrieron un periodo de tensión en 2014 debido al supuesto apoyo de Doha a los Hermanos Musulmanes, organización ilegalizada en la mayoría de los países del golfo.

Sin embargo, en dicha ocasión las medidas no fueron tan duras, y sólo implicaron la retirada de los embajadores. En esta ocasión, ha supuesto además la expulsión de ciudadanos del país, así como el cierre de las vías a medios de transporte llegados de Catar.

Cientos de personas se han manifestado este martes frente al Tribunal Supremo de Mauritania para reclamar la ejecución del bloguero Mohamed Uld Mjeitir, condenado en 2014 por apostasíacondenado en 2014 por apostasía. Los manifestantes se han concentrado frente al edificio donde el tribunal sopesa si la pena debe ser aplicada o conmutada, según ha informado el diario local Essirage y recoge Europa Press. Este acto se ha celebrado unos días después de que el Foro de Imames y Ulemas de Mauritania pidiera la ejecución de Uld Mjeitir, sentenciado por un texto que publicó en su blog sobre el Islam y la discriminación racial.

Mauritania no ha aplicado la pena de muerte desde 1987, pero este domingo, el influyente Foro de Imanes y Ulemas ha emitido una fatua o decreto islámico donde se pide la muerte del bloguerofatua . Este pronunciamiento legal del islam condena a Mjeitir y su "herejía" y recuerda que "la pena legal para su caso es la muerte, sin excepciones por su arrepentimiento". "Pedimos que las autoridades competentes apliquen la ley: matarlo y enterrarlo conforme a la ley de Alá", agrega.

El artículo no gustó en Mauritania, un país con profundas divisiones sociales y raciales, y fue juzgado por apostasía y sentenciado a pena de muerte a pesar de haber mostrado su arrepentimiento y de asegurar que su artículo fue malinterpretado. El joven, de 31 años, criticaba la manipulación de la religión por parte de quienes quieren mantener el sistema de castas.

El bloguero ha defendido durante el proceso judicial que no pretendía blasfemar, sino que sólo quería denunciar la "desigualdad" que, en su opinión, sigue existiendo hoy en día en la sociedad mauritana y que es heredera de los orígenes del islam. El tribunal sostiene que su texto "contenía comentarios impertinentes sobre el profeta".

El post parece ser el primero que publicaba, según el grupo de Derechos Humanos Freedom Now, con sede en Estados Unidos, y afirma en su página web que antes de ser detenido no era ningún activista, sino que trabajaba como ingeniero para una compañía minera. ONG como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras han hecho campaña para que se perdone y se libere a Uld Mjeitir.

La breve publicación del texto derivó en que miles de personas saliesen a la calle para protestar por lo que consideraban una blasfemia contra un símbolo del islam. Líderes religiosos y políticos también se habían pronunciado para reclamar una pena "ejemplar".

Reporteros Sin Fronteras (RSF) hace un llamamiento a la Corte Suprema de Mauritania para que revoque la sentencia de muerte sobre el bloguero Mohamed Cheikh Ould Mohamed Mkhaïtir, acusado de apostasía en 2014. El delito de apostasía se contempla en la ley islámica, y condena el rechazo del Islam en palabras o actos por parte de sus fieles.

El joven, de 31 años, publicó un artículo  en el sitio web Aqlame, en el que criticaba la manipualción de la religión por parte de quienes quieren mantener el sistema de castas. Aunque el periodista siempre negó que fuese un ataque al Islam, el tribunal sostiene que su texto "contenía comentarios impertinentes sobre el profeta". Desde diciembre de ese año, Mkhaïtir permanece en prisión y no hay noticias sobre el recurso de apelación que presentaron los abogados de oficio que lo defendieron en el juicio.

El bloguero expresó públicamente su arrepentimiento desde que fue detenido, por lo que, según recoge la legislación mauritana, tiene derecho a solicitar clemencia. El código civil de Mauritania dice que "cualquier musulmán sulpable del delito de apostasía será condenado a muerte a menos que primero se arrepienta (...) Si se arrepiente antes de que la sentencia se cumpla, la acusación remitirá el caso a la Corte Suprema con miras a restablecer todos sus derechos". 

Mkhaïtir, según informa RSF, es la primera persona condenada a muerte por apostasía en Mauritania desde la independencia, en 1960.

Desde hace más cuatro décadas, el Pueblo Saharaui mantiene una perseverante lucha contra la ocupación ilegal de su país. Una firmeza sustentada por la voluntad de un pueblo que ha dado pruebas de resistencia, dignidad y determinación por recuperar la libertad y construir su futuro en paz, democracia y libertad. Un pueblo que subsiste en situación de emergencia, en una pertinaz insuficiencia alimentaria, en condiciones de estricta subsistencia, y lo que es aún peor, atenazados por la permisividad de la comunidad internacional que asiente, cuando no alienta, la ocupación y el saqueo ilegal del territorio del Sahara Occidental.

Los Amigos y Amigas del Sahara intentamos conseguir con nuestro trabajo solidario, que no se olvide que el pueblo saharaui está ahí, contando lo que está ocurriendo en el Sahara Occidental, la antigua provincia 53 de España, el continuo acoso a los saharauis, crímenes constantes, el muro de la vergüenza que divide el territorio y a sus habitantes, el saqueo de las riquezas naturales...en definitiva el sufrimiento y la situación de injusticia que padecen.

Si existen razones para ser solidarios con todos los pueblos que sufren la violación de los derechos humanos, y que padecen situaciones similares o peores actualmente en muchas partes del mundo, en el caso del Sahara Occidental existe más razones para preocuparnos por lo que está pasando; fue España quien, incumplió todas las promesas hechas a la población saharaui de respetar su Derecho a decidir libremente su futuro...de la noche a la mañana, Yo fui testigo sobre el terreno, les abandonó, les traicionó, y les entregó atados de pies y manos a la invasión marroquí. Más tarde una guerra, miles de muertos, el exilio, la represión mas brutal dentro del territorio ocupado por el ejercito marroquí...pero con todo han demostrado al mundo su determinación y unidad de seguir resistiendo, y se han sabido sobreponer y luchar por su identidad nacional.

El prestigio de España como nación y sus obligaciones internacionales con el pueblo saharaui, el único del mundo árabe que tiene como lengua oficial el español, no pueden ser utilizadas como moneda de cambio en las relaciones entre Marruecos y España. No se puede aceptar que las relaciones con nuestro vecino del sur –cuya importancia estratégica para España debe valorarse y subrayarse, en cuanto que es una de nuestras prioridades de nuestra política exterior– se usen como pretexto para encubrir y silenciar una situación y unos hechos que desafían y conculcan los mas elementales derechos humanos y las normas básicas del Derecho internacional.

No es admisible que se esgrima la defensa de los intereses españoles en Marruecos –que sin duda es necesario defender– como excusa o pretexto para adoptar un silencio cómplice ante las graves violaciones de los derechos humanos que se están produciendo diariamente en el Sahara Occidental. Menos aún se puede aceptar que se contrapongan intereses y derechos, y no sólo porque eso es algo inmoral, sino también porque es una muy seria equivocación política y no sirve para defender los auténticos intereses de España; renunciar a defender los valores democráticos no sólo no nos fortalece sino que nos debilita y perjudica seriamente, haciéndonos perder credibilidad internacional.

Actualmente sigue presente la deuda que el Estado español contrajo con el pueblo saharaui, y creemos que es una asignatura pendiente de nuestro país. Ningún gobierno de la democracia ha asumido la responsabilidad que todos tenemos hacia ese pueblo, y ha completado la descolonización que dejamos sin concluir; siendo responsables, en parte importante, de su dolor y sufrimiento durante todos estos años.

Además de esta responsabilidad histórica, moral y política con el pueblo saharaui, tiene una responsabilidad jurídica por su consideración en Naciones Unidas como potencia administradora de iure, de un territorio no autónomo pendiente de descolonizar. Además nuestro país es firmante de la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados, y del Protocolo de Nueva York, que nos obliga doblemente

Por el contrario ¿qué es lo que se ha hecho en estos años? Mirar hacia otro lado ante la violación de los derechos humanos; participar en el saqueo de la riquezas naturales del Sahara Occidental sin beneficiar a los saharauis; negar el asilo político cuando se lo reclaman ante la persecución por parte de Marruecos, y el derecho a la nacionalidad; recortes en la cooperación al desarrollo hacia un pueblo que depende en gran medida para subsistir en el refugio de la ayuda internacional, evitar la las ayudas descentralizadas para evitar el contacto de otras Instituciones y personas con esta injusta realidad.

El drama del Sahara Occidental es "cosa" nuestra, es nuestra responsabilidad, como españoles directamente y también como europeos, y es algo que no podemos decir, que lo solucionen ellos, el conflicto del Sahara Occidental encontrará una vía de solución si desde aquí, no desde allí, que hacen ya todo lo que pueden, desde España, desde la Europa democrática, se cambia el rumbo de la política respecto a Marruecos, la forma de actuar ante la intransigencia de Marruecos en la búsqueda de una solución justa y definitiva. Sin presionarle para que respete los derechos humanos, y no se antepongan los intereses económicos políticos ante la justicia y el derecho internacional, no habrá solución, y existirá cada vez un mayor peligro de desestabilización en la región.

José Taboada Valdés es presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara

Lara, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, cree que "se están exagerando las cifras" desde el día siguiente de la tragedia de Ceuta en la que fallecieron 15 inmigrantes. "Al día siguiente , el titular fue de 30.000, ahora ya estamos en 80.000, mañana estaremos en 200.000 y dentro de no sé cuánto será la invasión", ha indicado el dirigente de la coalición.

Ha recordado que en los últimos años, a consecuencia de la crisis, han salido de España 500.000 inmigrantes y 265.000 españoles se han ido fuera por lo que se ha preguntado si hay que alarmarse "por la entrada de 500 o 1.000". Ha reclamado, asimismo, un pacto europeo "para actuar sobre el fondo del problema" que, en su opinión, "no se soluciona recortando fondos de cooperación. Para Lara, la dificultad está en "no afrontar el problema de fondo y la responsabilidad de un sistema que está provocando que en África haya un espolio y que venga la inmigración".

El coordinador federal de IU ha insistido en la necesidad de que se aclare lo sucedido el 6 de febrero en Ceuta porque "quince muertos no se resuelven con una explicación, sino con una investigación y no se puede decir que este país va a pasar página".

Lara ha recordado que aún no se conoce quién tomó la decisión sobre la actuación de la Guardia Civil y se ha preguntado qué quiere "ocultar" el ministro del Interior porque el Gobierno "no quiere que se produzca esa investigación".

Tras presidir la presentación de los 127 oficiales destinados a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, ha asegurado que "hay 40.000 inmigrantes ilegales en Marruecos procedentes de diversos países del África subsahariana que están en los alrededores de Ceuta y Melilla esperando la ocasión para dar el salto a través del perímetro fronterizo", y que otros 40.000 están en Mauritania pendientes de pasar a Marruecos.

Según Fernández, estas cifras de inmigrantes pendientes de cruzar la frontera proceden de datos de inteligencia e investigación del Gobierno español que le fueron confirmados en su reciente reunión con el ministro del Interior marroquí, Mohamed Hassad.

"Tenemos una oleada inmigratoria de miles y miles de personas que pretenden llegar a España y a la UE de manera ilegal", ha advertido Jorge Fernández, que ha asegurado que España no va a renunciar a su derecho de controlar sus fronteras, y ha defendido el trabajo de la Guardia Civil en Ceuta y Melilla.

Según ha dicho, "España no va a renunciar en ningún momento al derecho y al deber que tiene de controlar sus fronteras, y los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla van a seguir siendo custodiados para evitar que se entre en España de manera ilegal".

Sobre el intento la madrugada de este martes de cruzar la frontera en Ceuta por parte de más de 1.000 inmigrantes, ha asegurado que "es evidente que las mafias criminales que trafican con seres humanos están detrás de todo este movimiento y están muy pendientes de lo que pasa en España".

En este sentido, ha insistido en que estas organizaciones criminales están pendientes "de que se ha cuestionado la labor de la Guardia Civil, de las divisiones políticas y entienden eso como una muestra de debilidad y están diciendo que ahora o nunca".

Ha destacado que hasta el mediodía no se ha producido ninguna entrada irregular de inmigrantes en España y ha agradecido la colaboración de la Gendarmería real marroquí y de las Fuerzas Armadas marroquíes con la Guardia Civil y la Policía Nacional para evitar "que esas personas que son inmigrantes ilegales en Marruecos pasen a ser inmigrantes ilegales en España".

Ha tachado de "absoluta irresponsabilidad" que PSOE e Izquierda Plural pidan una comisión de investigación en el Congreso sobre la muerte de 15 inmigrantes en Ceuta el pasado 6 de febrero al intentar alcanzar a nado la costa española en el área de El Tarajal y ha pedido que la política de inmigración sea un tema de Estado.

Respecto a su reunión de este lunes con la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, el ministro ha explicado que le expuso "la situación de emergencia que existe en Ceuta y Melilla, donde las mafias están muy pendientes de la situación que se está creando en España y cuestionando la labor que realiza la Guardia Civil, labor eficaz y por supuesto absolutamente legal".

"El fenómeno de la inmigración es muy complejo y todos compartimos los sentimientos con estas personas que se ven abocadas, no como una opción sino como una necesidad a salir de sus países de origen porque no tienen un horizonte", ha reflexionado.

"Lo entendemos y es evidente que esas desigualdades injustas están en el origen del fenómeno de la inmigración tiene que ser atacado con medidas de ayuda al desarrollo que palíen esas desigualdades injustas", ha añadido.

Sin embargo, ha recordado que "España tiene la capacidad de acogida que tiene y nadie le puede exigir que resuelva todas esas desigualdades injustas y abra sus fronteras", además de resaltar que los centros de estancia temporal de extranjeros de Ceuta y Melilla están al límite.

En Colombia, un país considerado por la ONU como de “alto desarrollo humano”, suceden hechos que podrían hacer pensar lo contrario. Hasta uno de cada ocho habitantes de esta nación democrática sufren el trance de ser desplazados al menos una vez en su vida. Muchas son arrastradas en ocasiones incluso a cientos de kilómetros de distancia de sus hogares, víctimas de una mal concebida normativa interna del ejército, que pone precio a los objetos personales de los guerrilleros o narcotraficantes muertos. El dinero, claro, llama a la trampa, y son muchos los que, sin tener nada que ver, terminan siendo secuestrados y asesinados para vender sus enseres.

Volcados en intentar descifrar y desenmarañar el efecto de la crisis sobre todos –o casi todos- los que vivimos en España, resulta fácil olvidarse de los que están fuera. Oxfam Intermón aporta el dato: en este tiempo de destrucción del entramado público, se han recortado un 70% de las ayudas a la cooperación internacional. Para recordar que en Colombia siguen necesitando apoyo, el artista Manuel BarberoManuel Barbero ha creado un Menú humano, una lista de entrantes, platos principales y postres cuyo principal ingrediente son personas. Hombres y mujeres despiezados y despojados de sus nombres y sus identidades. Gente transmutada en cosas.

Portada del cómic 'La madeja', de Sonia Pulido. 

La truculenta carta, afortunadamente, no se encuentra en ningún restaurante, sino que forma parte del conjunto de obras realizadas por la decena artistas españoles que participan en la campaña Más y mejor ayuda, levantado para intentar recuperar el respaldo institucional y ciudadano hacia la que ha sido la política pública “más recortada sin que hubiera una acción ciudadana en su defensa”. Como ya han hecho en otras campañas, en Oxfam han querido recurrir al arte como medio para tocar y remover las conciencias, convocando, además de a Barbero, a los creadores Paula Anta, Ruth Quirce, J. E. Marchesi, Chus García Fraile, Avelino Sala y los colectivos PSJM y Boa Mistura Ruth QuirceChus García Fraile Avelino SalaPSJM Boa Mistura.

La ONG ha invitado a los artistas a visitar durante 10-15 días diferentes países donde tienen proyectos de cooperación –algunos ya han viajado a Marruecos, Nicaragua y Colombia, y otros harán lo propio en los próximos días con destino a Burundi, República Dominicana o Mauritania- para proporcionarles la oportunidad de atestiguar las crudas realidades que allí se viven. Los que ya han ido, han plasmado sus experiencias en diferentes piezas que se pueden ver entre las ferias ArtMadrid y JustMad, ambas abiertas entre el 19 y el 23 de febrero. La exposición -que también incluye obras que los artistas que aún no han viajado han realizado a partir de su imaginación- se trasladará en mayo al madrileño Barrio de las Letras, donde se presentará tanto en locales privados como en espacios públicos.

'.M.O.M.E.N.T.U.M', de Boa Mistura.

Auspiciado por la galerista Blanca Soto, el proyecto quiere ser ecléctico en sus puntos de mira. Por eso, además de incluir piezas inspiradas en diferentes países y problemáticas, también las presenta en formatos variados, desde pinturas a fotografías, vídeos o cómics. Frente a su pieza Desigualdad, una escultura dorada con la forma del símbolo matemático que representa ese concepto, el artista Pablo San José, la mitad del colectivo PSJM junto a Cynthia Viera, relata su experiencia en Nicaragua. "Después de visitar a las maquiladoras, las mujeres que trabajan en las fábricas de Managua en condiciones similares al sudeste asiático, fuimos a la sede del movimiento María Elena Cuadra, donde pudimos escuchar de primera mano testimonios que nos pusieron los pelos de punta. Allí pudimos constatar la desigualdad que existe entre las personas, y darnos cuenta de que la ética es una cuestión entre personas”.

Embargada por la sensación de presenciar las consecuencias de un conflicto que difícilmente podrá llegar a deshacerse, la dibujante Sonia Pulido, que viajó a Colombia, pergeñó  el cómic La madeja, de diáfano título. "La experiencia de ir sobre el terreno y hablar con las víctimas fue a la vez un regalo y algo muy duro. Es la anulación del ser humano por el ser humano", explica la artista, que comparte con el resto de compañeros de viaje un sentimiento de despertar ante una realidad desconocida. "Frente a los asesinatos, los desplazamientos, las amenazas y el miedo hay gente implicada en cambiar las cosas. Gente que sin ser víctima participa y víctimas que levantan la cabeza para ayudar", concluye Barbero. "Hay mucho dolor, pero barnizado de esperanza".