Allá donde esté una central de gas, poner un aerogenerador o un parque fotovoltaico. El resto, todo igual, como siempre. Mismo sistema, mismas empresas, mismos poderes, mismos problemas. La transición energética se nos ha quedado corta, precisamente porque se ha interpretado como un mero cambio de fuentes de energía. Se podría decir que no se han atendido cuestiones clave –porque no se ha querido– como son las consecuencias sociales de mantener un modelo económico y energético en el que la garantía de acceso universal a un bien de primera necesidad y la democratización de su funcionamiento es todavía insuficiente.

Hasta hoy, la llamada transición energética ha logrado importantes hitos. Tenemos un ministerio encargado de avanzar hacia un modelo energético más limpio, resiliente y bajo en carbono. Pero, el plan que ha articulado España, al igual que Europa, ha pecado de ser poco ambicioso, pues no aborda el proceso con una mirada más amplia y transversal, dejando de lado temas tan importantes como la componente social, que, además, podrían transformar la vida de millones de personas para bien.

El pasado 30 de junio presentamos nuestro libro “Manual de independencia energética. El camino hacia la transición ecosocial” (Catarata, colección Transiciones) y estuvimos acompañados por tres personas –a las que agradecemos su predisposición– que no son ajenas al proceso hacia una transición más social: la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la analista y profesora de Ciencias Políticas y Sociología Cristina Monge. ¿Por qué dos personalidades vinculadas al pensamiento laborista? Porque, precisamente, este camino debe contar con la clase trabajadora. Hablamos no solo de tener en cuenta su voz en procesos de cambio cruciales, sino de involucrar a toda la población y convertir este reto enorme en una oportunidad para mejorar la vida de las personas.

Esto pasa por ver en el despliegue de renovables y la electrificación una oportunidad no para satisfacer las líneas de negocios de las grandes empresas energéticas, sino una forma de generar empleo y valor socioeconómico. Unai Sordo lo sintetizaba muy bien arguyendo esa idea de que más renovables es sinónimo de energía barata y eso, a su vez, es un aliciente para atraer industrias que generen puestos de trabajo estables.

No sólo eso. La vicepresidenta Díaz recordó los miles de muertes que se han producido durante las olas de calor en los últimos años y cómo estas afectan, en gran medida, a la clase trabajadora. Morir a 40 grados, en un andamio o limpiando las calles abrasadoras de tu ciudad, es una realidad que no se puede ocultar y que, por desgracia, será cada vez más recurrente por culpa de un termómetro global al alza.

Y en este punto la transición ecosocial puede convertirse –más bien, debe– en un proyecto de país. La electrificación y las renovables son una herramienta de mitigación local. Pero, también esta transición es la de la adaptación, la de hacer ciudades amables, la de normativas laborales que protejan a los ciudadanos de eventos extremos vinculados al cambio climático como las olas de calor, las sequías y las inundaciones.

Necesitamos que la transición ecosocial sea una estaca que atraviese cada una de las arterias socioeconómicas del país. Eso pasa por mejorar la vida a escala micro, desde abajo, con un sistema energético distribuido, que apueste por el autoconsumo doméstico e industrial, por comunidades energéticas, por redes públicas y por ciudades verdes. Pero, también este periplo tiene que ser una oportunidad única para que España sea dueña de su propio destino.

Y es que Ormuz y la invasión rusa de Ucrania han visibilizado, una vez más, la debilidad de una economía fósil. Es el momento de dar importancia a generar una energía limpia y autóctona, ajena a los volantazos bélicos de las superpotencias del planeta. La transición ecosocial es una forma de proteger a los ciudadanos. Aunque no lo creamos, con una buena gestión, cada gigawatio renovable instalado puede ser un salvavidas para las familias que durante el invierno no pueden mantener sus hogares en condiciones dignas. En otras palabras, renovables y electrificación como estrategia de defensa.

Es complicado abordar en estas breves líneas lo que supone articular un proyecto de país en torno a la electrificación y las renovables. Sin embargo, podemos resumir el reto en la ambición de hacer que la descarbonización de nuestra economía sirva no sólo para rebajar los índices de CO2, sino para construir un lugar donde la vida no sea hostil. Lo tenemos a mano, nos va la vida en ello.

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Fernando Ferrando es coautor del libro Manual de independencia energética y el presidente de la Fundación Renovables.

Ismael Morales es coautor del libro Manual de independencia energética

El pasado 22 de junio, una subestación eléctrica colapsó en Zaragoza, dejando a 50.000 personas sin luz durante un cuarto de hora. Esta semana, Francia ha tenido que reducir un 10% la capacidad de su imprescindible parque nuclear, mientras que las plantas renovables y de gas natural de toda Europa han generado menos energía de lo normal. En Alemania, se registraron hace unos días precios de la luz diez veces por encima de lo normal. Aunque están separados por miles de kilómetros de distancia, todos estos acontecimientos están conectados por el mismo factor: el calor, que lleva al límite el abastecimiento de energía en verano.

Este problema preocupa en todo el mundo desde hace más de dos décadas y la ola de calor europea de 2003 ya avanzó lo que estaba por llegar, pero las temperaturas récord de la última semana han elevado la preocupación, según advirtió este miércoles Thibault Laconde, ingeniero francés especializado en cambio climático y energía. "Ahora sabemos que podemos sufrir olas de calor en mayo y junio, antes de las vacaciones, cuando la economía está a pleno rendimiento", dijo durante un encuentro online entre expertos y periodistas.

En el caso de Francia, no solo se produjo un pico temprano de altas temperaturas, sino que se registró un máximo absoluto de calor. Esta situación provocó un número récord de reactores forzados a desconectarse porque el agua de los ríos, que necesitan para enfriarse, estaba demasiado caliente. En el peor momento de los últimos días Francia dejó de generar lo que habitualmente pierde en un año por parones derivados de las altas temperaturas. Es decir, llegaron a estar fuera de servicio ocho gigavatios (GW) de potencia nuclear, algo más del 10% del total del parque, lo que provocó solo en junio la pérdida total de un teravatio/hora de producción eléctrica.

Como subrayó Laconde, el episodio de canícula ha llegado en un momento en el que las fábricas, las oficinas y los servicios públicos operan al 100%, y a esa demanda estándar hay que añadir el uso intensivo de aire acondicionado y ventiladores en decenas de millones de hogares en Europa. En Francia, el operador del sistema eléctrico, RTE, calcula que por cada grado que se supera la temperatura media histórica, el país consume entre 0,7 y 1 GW extra de energía, lo que se tradujo la semana pasada en entre 10 y 14 GW, de media, alrededor de un 20% más de lo normal.

Al mismo tiempo que se dispara la demanda, la producción de luz sufre por varios frentes. No solo el parque nuclear francés –que alimenta a todo el centro de Europa, no solo a Francia– está mermado, sino que todas las plantas de producción pierden eficiencia durante las canículas. Los paneles solares y las centrales de ciclo combinado generan menos luz o lo hacen a mayor coste, mientras que el viento se desploma y cae la generación eólica, que es indispensable en el centro y norte del continente.

Más consumo y menos oferta se traduce en precios más altos de la luz debido a que para garantizar el suministro deben encenderse centrales de gas y de carbón menos eficientes y más caras, hasta el punto de que la electricidad llegó a registrar precios de más de 600 euros/MWh en países como Eslovaquia, Dinamarca, Alemania o Países Bajos, lo que se traduce en que se ha pagado hasta diez veces más de lo normal durante la reciente ola de calor. Mientras que el mercado de Bélgica, que tiene dos centrales nucleares en pausa programada, llegó a marcar más de 1.000 euros/MWh en los momentos de mayor tensión. El operador del sistema británico también lanzó una oferta de emergencia el 24 de junio para comprar electricidad y evitar un apagón, algo que pagó a más de 1.600 euros/MWh, 20 veces por encima de lo normal.

En España el crecimiento de esa demanda también se ha notado en todas las horas del día, pero el impacto en los precios ha sido menor porque la capacidad de interconexión de la península con el resto de Europa es muy limitada y los problemas de oferta y demanda se contagian de manera muy reducida a través de la frontera. Además, durante el día, la abundancia de electricidad renovable barata permite cubrir el incremento del uso del aire acondicionado. Los siete reactores nucleares españoles se mantuvieron operativos durante la ola de calor y las horas más caras de luz marcaron durante esos días en España un máximo de 182 euros/MWh.

Aún así, es cierto, como señalan los expertos, que la red eléctrica ibérica no está libre del impacto del calor. Ricardo Guerrero, profesor de Tecnología Fotovoltaica en la Universidad de La Laguna, afirma que los paneles solares, el gran activo del sistema eléctrico español, pierden un 0,15% de eficiencia por cada grado de temperatura por encima de 25 ºC.

Hay que tener en cuenta que lo importante no es la temperatura ambiente, sino la que alcanza la placa, que en un día de 25 ºC ya puede llegar a los 40 ºC por su exposición continua al sol. "Si la temperatura ambiente es de 40 ºC, el módulo se podría calentar hasta 65 ºC", calcula el experto. En ese caso, la pérdida equivale a un 6% de la generación de la placa.

Los molinos de viento también reducen su producción durante estos episodios, principalmente porque estos fenómenos de cúpula de calor conllevan altas presiones y ausencia de viento. En el sur de Europa esta caída no se notó, e incluso la producción eólica creció en la última semana de junio en España y Francia, pero en Alemania se hundió un 40%.

En el caso de las plantas de ciclo combinado de gas, también muy importantes para sostener la demanda energética nocturna, se estima que por cada grado de calentamiento extra, se pierde un 1% de eficiencia en la instalación. No porque se produzca menos energía, sino porque se necesita más combustible para refrigerar la central y el coste de operación se incrementa, trasladando esa subida al precio de la luz.

Otro de los puntos vulnerables del sistema eléctrico en verano es la propia red, compuesta de miles de kilómetros de cables de cobre y aluminio expuestos al sol, así como de cientos de miles de componentes, como estaciones, subestaciones, transformadores o equipos de protección, elementos metálicos sensibles al calor.

Luis Badesa, experto en redes eléctricas de la Universidad Politécnica de Madrid, no cree, sin embargo, que el apagón temporal de Zaragoza sea una señal de un problema mayor. "Es verdad que con el calor los transformadores se degradan algo más rápido, pero yo creo que fue algo más bien anecdótico. La probabilidad de avería no es mucho mayor que en otro momento del año", valora el investigador.

Badesa afirma que las limitaciones de la red en verano es un factor que el operador del sistema, Red Eléctrica, debe abordar todos los años, pero el sistema no está al límite, ni mucho menos. Los principales inconvenientes son la pérdida de eficiencia de las plantas de producción, "que no es enorme, pero sí relevante". También destaca que los cables de alta tensión, que están a la intemperie, se dilatan con las altas temperaturas y pueden curvarse y acercarse a árboles cercanos, incrementando la posibilidad de provocar incendios, aunque tampoco es una preocupación grave. "España, en general, no tiene retos enormes en verano", resume.

La reciente ola de calor ha llevado al límite a decenas de millones de europeos no acostumbrados al calor. Hospitales colapsados, trenes cancelados, ríos urbanos convertidos en piscinas o colegios desalojados. Son imágenes que se han repetido a lo largo de todo el continente. La falta de aire acondicionado en hogares, oficinas, edificios estatales y el transporte público comienza a verse ya como una amenaza de salud pública en verano, lo que podría traducirse en la instalación de millones de aparatos de climatización en la próxima década.

Esta transición supone paradójicamente engordar el problema, según los expertos, ya que estos aparatos contribuyen a incrementar el efecto isla de calor de las ciudades debido a que el compresor expulsa aire caliente fuera del edificio. También supone un fuerte incremento del consumo eléctrico que en muchos países debe ser compensado con mayor generación con gas natural o carbón, acelerando el cambio climático, que es, a su vez, el origen del problema.

"Es una dicotomía, desde luego", resume Ana Terra, investigadora del Basque Centre for Climate Change. "Es imprescindible para proteger a la población vulnerable y debería estar en colegios, residencias y hospitales, es una cuestión de supervivencia. Pero también son una fuente de calor dentro de las ciudades y de emisiones de CO2", añade. Según su opinión, no es factible que todos los hogares tengan aire acondicionado porque sería contraproducente, sino que hay que a gran escala habría que apostar por soluciones más sostenibles.

Sin embargo, las opciones que dan la arquitectura o los expertos en eficiencia energética para afrontar las canículas deben implementarse a gran escala, con ayudas públicas y mediante planes de actuación escalonados. En los últimos cinco años, los proyectos de rehabilitación de edificios han demostrado que prácticamente nadie tiene intención de aventurarse a realizar estas reformas millonarias, y cuando se ha intentado, ha habido cuellos de botella porque la mano de obra es limitada.

Nazaret Ruiz, profesora del Departamento de Máquinas y Motores Térmicos de la Universidad de Cádiz, también opina que hace falta apostar por planes alternativos al aire acondicionado para evitar engordar el problema todavía más. "Los edificios ya consumen el 40% de la energía global y producen el 30% de las emisiones. Tenemos un objetivo de cero emisiones en 2050, ¿cómo pensamos cumplirlo con más aire acondicionado?", cuestiona la experta.

En su caso, propone una construcción inteligente sacando provecho a la orientación para evitar el sol directo en las horas centrales, maximizar la vegetación urbana, instalar toldos –mejor que persianas– para que la luz no llegue a la fachada y utilizar ventiladores de bajo consumo cuando sea necesario. "Pero si llega el calor y todo esto no se ha contemplado, cada uno mira para sí mismo y termina tirando del aire acondicionado", resume Ruiz.

Los problemas asociados a la refrigeración, sin embargo, no parece que vayan a frenar el crecimiento astronómico de estos aparatos en el mundo. La Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés) equipara el aire acondicionado con los coches eléctricos, los electrodomésticos o los centros de datos como los principales responsables del crecimiento de la demanda eléctrica global.

Si bien es cierto, será en los países en desarrollo donde más se instalarán simplemente por el crecimiento económico de estas regiones, donde la población se acomodará, pero el cambio climático será responsable de 170 gigavatios (GW) de demanda extra en refrigeración, y en los años más cálidos habrá un consumo añadido de 270 GW. "Estos aumentos acumulados elevarían la demanda máxima [eléctrica global] en más de un 15% para 2035 con respecto al nivel actual", calcula la IEA en su informe anual de 2025.

Este consumo añadido, unido al calor sofocante de los veranos actuales, golpeará también por diferentes frentes a las redes eléctricas, con el consiguiente encarecimiento de la luz para los consumidores, como subraya José Pablo Chaves, investigador energético de la Universidad Pontificia Comillas.

Por una parte, el propio aumento de la demanda energética provoca que más plantas de generación tengan que ponerse en marcha, instalaciones menos eficientes y más contaminantes que venden su electricidad más cara. Mientras que las mayores temperaturas provocan averías en la red y pueden inhabilitar centrales nucleares, como ocurrió la semana pasada en Francia, contribuyendo también al encarecimiento de la luz.

"El incremento de la dependencia del aire acondicionado supone y supondrá un encarecimiento de la energía generalizado. Aunque hay países con energías renovables con ventaja, como España, donde el incremento del consumo de luz coincide con las horas centrales del día, que es cuando más energía renovable se produce, de manera que ambas situaciones se acoplan y el impacto se reduce. Otros países, sin embargo, tienen que tirar de gas para compensar la situación", opina Chaves.

Este problema sobre los precios no es un escenario futuro, sino que se reconoce claramente esta semana observando los precios de la electricidad en Europa. La ola de calor se ha desplazado al centro del continente y golpea en este momento Alemania, donde el coste de la luz en el mercado mayorista marcó este lunes, a las 17:15 horas, 693,47 euros/MWh y, en Bélgica, 946,29 euros/MWh. En ese momento, la luz en España y Portugal costaba 128,08 euros/MWh.

Hasta ahora el discurso de cualquier organización ecologista/medioambiental tenía (tiene) como eje central la eliminación del uso del carbón, de combustibles fósiles (gas, petróleo) y de la energía nuclear, para sustituirlos por la obtención de energías renovables a través de la implantación masiva y acelerada de captadores solares, eólicos, y térmicos o fotovoltaicos. De esta forma se combatiría el cambio climático, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, el consumo de biomasa tradicional (madera básicamente) y la crisis energética que acaba con regiones enteras siempre dedicadas a agricultura o que eran simplemente Pampa, como en Argentina, para cultivar en ellas especies vegetales destinadas a biocombustibles, etc.

No obstante, la realidad es que la esfera material de la vida de la humanidad ya está decreciendo y está en juego cómo vamos a decrecer (Sonia Rubio), aunque una cosa es cierta, como siempre los más débiles son los primeros en decrecer con sufrimiento e injustamente. Fuera de lo que llamamos Occidente, los débiles son países enteros, como Sri Lanka, Líbano, Ecuador, Cuba, ..., y “dentro” de Occidente pasamos a hablar de personas y precarización. Para saber qué grado de “realidad” tienen las alternativas propuestas como elementos sustanciales de la transición energética, ahora que ya tenemos suficientes datos acumulados, los comunes debemos conocer la situación actual usando esos datos (The Oil Crash, Antonio Turiel). Quede claro que el alma de este texto proviene de datos, análisis y opiniones emitidas a lo largo de muchos años por personas referentes en este tema, como Sonia Rubio (expresidenta de Greenpeace España y Portugal, Ingeniera de Telecomunicaciones), Antonio Turiel (Doctor en Física e investigador del CSIC), Pedro Prieto (Ingeniero de Telecomunicaciones y experto internacional en energías fósiles y renovables), Alicia Valero (Doctora Ingeniera Química, especializada en la exergía del capital mineral de la Tierra), Rayonegro / Dark (autor en Substacks), y otros muchos que llevan tiempo previendo el colapso del sistema energético.

Primero, un poco de historia: el siguiente gráfico pone ante los ojos nuestro modo de vida. Vemos en él el consumo anual global de energía primaria según la fuente:

Bien sabemos que no hemos sustituido ninguna fuente de energía por otra. Hoy mismo vemos que China ha vuelto a consumir carbón masivamente para ahorrar petróleo ante los efectos de la guerra del Estrecho de Ormuz.

Problemas para afrontar una dependencia al 100% de las energías renovables. Uno de los principales es la suma de “estacionalidad”, “intermitencia” e “inestabilidad”, en cuanto a la producción de energía eléctrica desde fuentes renovables. Ver artículos de Beamspot en el blog de Turiel “The Oil Crash” (1, 2 y 3). Dependiendo de las estaciones y de las variaciones a lo largo de cada día, las centrales solares y eólicas rinden de diversa forma, especialmente las eólicas. Mientras no dispongamos de sistemas de almacenamiento masivo de energía, la intermitencia a lo largo del día en la producción energética renovable es un problema, ya que hay días nublados o sin viento, y existe la noche. En cuanto a la estabilidad sólo podemos explicarla de manera sencilla diciendo que los sistemas tienen que estar en fase pues consumimos corriente eléctrica alterna, no continua. Además, la producción de energía eléctrica, renovable o no, tiene que estar ajustada exactamente a la demanda, y ésta varía constantemente. Pensemos en cada vez que encendemos una luz, un horno, una farola, un aspirador o máquinas industriales eléctricas. 

Como vimos en el reciente “apagón”, el uso de la energía eléctrica de origen solar y eólico está absolutamente unido a la producción de energía de respaldo mediante las centrales de ciclo combinado alimentadas por gas fósil. El objetivo es respaldar al sistema renovable, para cubrir las irregularidades en su producción y mantener todo el sistema eléctrico nacional interconectado en fase con tolerancias de milisegundos.

Antes de hablar del “problema de fabricación de centrales solares y eólicas” o de baterías masivas, comentamos someramente como se propone sustituir el gas fósil actual. Por el momento, solo aparece una alternativa más o menos rápida, aunque incapaz de una sustitución al 100%. Se trata del biometano. En España se consumen unos 250 TeraWatios anuales de electricidad (de los cuales una parte tiene origen en la quema de gas en ciclo combinado), pero lo fuerte es que, además, se consumen unos 350 TW de gas natural, porque la demanda térmica industrial (industria cerámica, etc.) es muy superior a la demanda eléctrica, y por el uso residencial ya que hay 8 millones de hogares con calderas. Esto es lo que se quiere sustituir con biometano, el teórico potencial de España, la sustitución del consumo residencial e industrial de gas fósil por bio, es algo que está medido y es de aproximadamente 165 TW. Esta sustitución se podría hacer con biometano pero ya no con hidrógeno verde (se acaba de abandonar a corto plazo).

¿Beneficio inicial además de la propia producción de biometano? Se usan residuos de vertederos y purines ganaderos que emiten metano, 50 veces más contaminante que el CO2, y generar biogás tiene un efecto positivo por la reducción de esos residuos. Los residuos si no se tratan se entierran y eso es dañino porque siguen las emisiones y sufrimos multas como país. Aunque la generación de biometano también genera CO2, previene la emisión de metano. ¿Problema? No hay una solución clara para un uso a gran escala (genera residuos de difícil tratamiento: el digestato), y sólo sería admisible para pequeñas centrales auto contenidas por el uso de residuos locales o muy cercanos, para no tener que transportarlos desde largas distancias. Aún no hemos hablado del transporte diésel, que supone el consumo de unos 600 TW, una auténtica locura que consume y contamina mucho más que el gas natural en términos de emisiones.

Con la energía eólica y la solar en España han hecho falta 30 años para llegar a producir 100 TW, lo cual casi cubre la mitad de la demanda eléctrica anual, pero… cero de la térmica para la industria (recordemos: 350 TW) …

Como dije en otras ocasiones…. ¡cojamos aire para seguir! … aún hay un par de aspectos que a la población no se le suelen poner sobre la mesa. Producir una cantidad de electricidad similar a la fósil desde una fuente eólica o solar requiere 25 veces más materiales, más raros y complejos de extraer (Alicia Valero), y tal vez ocupar hasta mil veces más territorio con la fotovoltaica. Según Simon Michaux, el cobre necesario para sustituir la energía fósil actual es más de 4.500 millones de toneladas y al ritmo de extracción de 2019, nos llevaría 189 años; de níquel sólo harían falta 900 millones de toneladas y 400 años; cobalto 1.700 años; grafito 3.200 años… (Sonia Rubio). Materiales como el cobre están siguiendo el mismo camino que el petróleo, cada vez se extrae menos; y sin cobre no hay cables, circuitos, etc. Lean “Los costes ocultos de la energía solar fotovoltaica” (Troszak) para hacerse una idea de la gran complejidad que tiene el proceso de obtención de silicio en grado metalúrgico. Todas las refinerías de polisilicio dependen de centrales eléctricas convencionales muy fiables y suelen tener dos alimentaciones separadas de alto voltaje (Sonia Rubio). Generalmente también se omite mencionar el gasto energético de la minería (Aretxabala) para obtener el cobre, cromo, manganeso, estaño, níquel, zinc, etc. etc.

Pero los materiales para fabricar placas fotovoltaicas, la minería, el transporte de residuos y purines, y lo necesario para instalar y mantener todo, no llegan por sí solos a las fábricas o los territorios. Todo ello conlleva un gasto energético en forma de transporte, maquinaria de extracción, combustible naval y de aviación, de fabricación de esos vehículos, sus neumáticos y plásticos, acero, aluminio, cableado, etc., que disminuye la Tasa de Retorno Energético (TRE) de la central solar o eólica. O sea, la relación entre la energía que produce y la energía que se consume para fabricarla y mantenerla (muy inferior al TRE usando carbón 1:3 vs 1:10). Tenemos un muy grave problema de dependencia del diésel, entre otras cosas.

Hay limitaciones físicas en la electrificación de sectores como la minería, el transporte pesado por carretera y mar, la aviación, la metalurgia… A día de hoy la energía renovable es muy poca frente al total de energía primaria que consumimos. No hay materias primas ni petróleo/gas para fabricar el equipamiento sustitutivo a nivel mundial.

Con los datos que tenemos a día de hoy, obtenidos progresivamente por el estudio de la problemática a lo largo de las últimas décadas, “las energías renovables eléctricas no pueden sustituir a las energías fósiles” (Sonia Rubio). ¿Qué nos queda? Eso me pregunté hace seis meses, cuando después de 30 años como socio de Greenpeace España y exconsejero, leí los estudios e información mencionados. Es del todo imposible que mantengamos el modo de vida actual con una energía alternativa a las fósiles. Y con las fósiles tampoco, debemos recordar que se están acabando, hace tiempo que anualmente consumimos más petróleo que el que extraemos, de peor calidad, y sin nuevos yacimientos reseñables, idem para materiales como el cobre y muchos otros.

Esta civilización tiene que hacer una transición forzosa, poniendo en el centro las necesidades vitales de todas y todos, usando una muy pequeña parte de la energía primaria actual, consumiendo muchiiiiisimo menos, rescatando el entorno y a la vez técnicas adecuadas y viables, sobre todo en los modos de agricultura, ganadería y del cuidado del agua. 

Casi no tenemos glaciares, pero sí un bonito Cambio Climático para tomar cañitas, porque se ha quedado buena tarde. ¿No les parece que este año se ha adelantado el verano?… Aprovechando el calorcito iré al Cantábrico, que ahora deja que te bañes sin tiritar.

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José Javier González es antropólogo y analista de la Fundación Alternativas.

A la espera del nuevo y demorado Plan Eólico, comprometido en 2009 y que no estará terminado hasta 2028, el Gobierno viene rechazando proyectos por la “masificación” ya existente en algunos lugares, ahora entre Baleira y Castroverde.

La Consellería de Medio Ambiente publicó este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la declaración de impacto ambiental desfavorable de un parque eólico de cuatro aerogeneradores que Enel Green Power quería instalar entre los ayuntamientos lucenses de Castroverde y Baralla. En esa zona, dice la Xunta, en las sierras de Vacariza y Punago, entre los ayuntamientos de Baleira y Castroverde, ya hay un “alto nivel de ocupación” y los nuevos aerogeneradores “formarían un denso conglomerado” y ensancharían la “barrera eólica”.

Con palabras similares, incluso hablando de “masificación” o de zonas que ya tienen “superada la capacidad de carga”, Medio Ambiente viene denegando nuevos proyectos, incluso de un único aerogenerador, en diversos lugares de Galicia. En al menos siete casos lo hizo señalando de manera explícita que la negativa no se debe a cuestiones técnicas corregibles de cada proyecto concreto, sino al exceso de aerogeneradores que supondría para esa zona. Mientras, el nuevo Plan Sectorial Eólico llamado a identificar las zonas en que se pueden seguir instalando parques, comprometido por Feijóo en 2009, no estará terminado hasta 2028.

Fue en enero de 2023, cuando Xunta y Estado autorizaron decenas de parques eólicos por toda Galicia, cuando la propia conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, puso nombre a las primeras zonas identificadas con exceso de aerogeneradores. Vázquez admitió entonces que “hay una masificación” de parques en varias zonas de Galicia e identificó expresamente “Vimianzo, la sierra de O Suído o la zona de O Barbanza”.

Ese mismo enero de 2023 la Xunta concretaba algo las palabras de la conselleira en declaraciones de impacto ambiental desfavorables de varios parques en las que decía que “ya existe una larga alineación de aerogeneradores, de más de 30 kilómetros, desde Vimianzo hasta la ría de Noia, formando una barrera que obliga a las aves a realizar grandes cambios de rutas”.

En esa misma zona de la Costa da Morte, en mayo de 2024 llegaba otra declaración de impacto desfavorable para un único aerogenerador entre Coristanco y Santa Comba en la que se indicaba que “el conjunto de aerogeneradores ya instalados puede estar generando un impacto significativo, particularmente sobre las rapaces”. El documento subrayaba que era un área “con un alto nivel de ocupación” con “19 parques eólicos y 116 aerogeneradores”.

Algo similar ocurrió unos meses después, en octubre de 2024, con otra de las zonas identificadas por la conselleira. Si ella hablaba en general de O Barbanza, otra declaración de impacto negativa rechazaba entonces un único aerogenerador nuevo en Porto do Son porque solo con él “el aumento de densidad de aerogeneradores generará probablemente un efecto sinérgico” que llevaba a Medio Ambiente a identificar un “impacto negativo que debe calificarse como crítico”.

Otro de los lugares identificados por la conselleira, la sierra de O Suído, entre Pontevedra y Ourense, ya había registrado varias declaraciones de impacto negativas por parte de la Xunta y el pasado febrero también el Estado denegó un parque por verlo incompatible “con la capacidad de carga del territorio”. En la zona, decía el documento estatal, que hacía suyas las consideraciones negativas trasladadas por la Xunta, hay ya “más de 500 aerogeneradores en un radio de 25 kilómetros”.

Más allá de las valoraciones generales de la conselleira ratificadas por declaraciones de impacto concretas, estos documentos vienen señalando problemas similares en otras zonas. En mayo de 2024 se rechazaba un nuevo parque entre Muras y Ourol porque ya “existe un alto nivel de ocupación y las especies están sometidas permanentemente a un elevado riesgo de colisión”. Y en agosto de 2024 se decía que el sur de la sierra de O Faro “ya tiene superada la capacidad de carga”. Esto es, no es que los nuevos parques propuestos y denegados fuesen a suponer un peligro, sino que los ya instalados están siendo un peligro.

Y ahora llega la declaración de impacto ambiental hecha pública este jueves que dice que entre Baleira y Castroverde, en las sierras de Punago y Vacariza, ya hay “un alto nivel de ocupación” con la “consiguiente acumulación de los riesgos de colisión” de aves “que se vería agravada con la instalación de este nuevo parque eólico”. “Entre todos estos aerogeneradores formarían un denso conglomerado que produciría efecto vacío y que contribuye al ensanche de la barrera eólica” ya existente.

Ante este agotamiento de varias de las Áreas de Desarrollo Eólico (ADE) contempladas en el actual Plan Eólico de Galicia, de 2002, la Xunta está elaborando un nuevo plan. Una nueva planificación que ya aparecía comprometida en la ley eólica impulsada por Feijóo en 2009, pero que la Xunta aparcó hasta que Rueda decidió retomarla anunciando en octubre de 2024 que iniciaría su elaboración. Pero eso no ocurrió hasta año y medio más tarde, hace unas semanas, cuando comenzaron unos trabajos de estudio y redacción que no terminarán hasta 2028. Será en ese momento cuando se tenga más claro dónde caben más eólicos.

Iberdrola ha inaugurado este miércoles la mayor batería de almacenamiento energético del país. La instalación está vinculada a las plantas fotovoltaicas Campo Arañuelo I y II y cuenta con una potencia de 58 MW, además de una capacidad de almacenamiento de 120 MWh.

El proyecto se localiza en Belvís de Monroy, en la provincia de Cáceres, y supone un avance en el desarrollo del almacenamiento energético, una tarea prioritaria para el sector energético debido al rápido desarrollo de las renovables.

Según ha explicado el CEO de la compañía en España, Mario Ruiz-Tagle, este tipo de infraestructuras permite responder a la nueva demanda que necesita energía firme y contribuye a avanzar en la electrificación de la economía, puesto que permite descargar la electricidad en horas de baja o nula producción renovable, desviando la producción barata a periodos del día con la energía más cara.

El proyecto, desarrollado en Campo Arañuelo, consiste en la incorporación de dos módulos de baterías de ion litio LFP, cada uno con una capacidad de unos 60 MWh, conectados a las plantas solares Campo Arañuelo I y Campo Arañuelo II, que ya estaban en funcionamiento. Gracias a esta integración, las instalaciones ganan flexibilidad y capacidad de gestión.

La inauguración ha reunido a representantes institucionales y de la compañía, entre ellos la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán; el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, José Luis Quintana; el CEO de Iberdrola Energía Sostenible España, Julio Castro; así como alcaldes y autoridades de varios municipios de la zona.

Durante el acto, Ruiz-Tagle ha defendido que iniciativas como la de Campo Arañuelo sitúan al sector energético español ante proyectos "pioneros" y ayudan a que "la electrificación avance con firmeza".

El directivo también ha destacado que Iberdrola trabaja desde hace años en el desarrollo de soluciones de almacenamiento y que ocupa una posición de liderazgo en este ámbito. En este sentido, la energética reúne la mayor parte de la capacidad de almacenamiento con baterías actualmente operativa en España, con cerca de 200 MW en funcionamiento.

Mercedes Morán, por su parte, ha calificado esta infraestructura como una "inversión de primer nivel" y ha subrayado que proyectos de este tipo consolidan a Extremadura "como un polo energético", al combinar generación eléctrica, innovación tecnológica y estabilidad para el sistema.

El proyecto ha contado con apoyo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) dentro de la convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético hibridado con instalaciones renovables, incluida en el PERTE ERHA.

Por primera vez en la historia, entre el 24 y el 29 de abril, Santa Marta (Colombia) ha sido testigo de la primera conferencia internacional para el abandono de los combustibles fósiles, una cumbre que ha tenido como países anfitriones a Colombia y Países Bajos.

Esta cumbre llega en un momento tan oportuno como necesario. En un contexto en el que las reglas internacionales se tambalean, marcado por el papel de Trump, sus aliados, su apuesta y adición por los combustibles fósiles, con una intención clara de dinamitar los acuerdos y puentes en materia de políticas ambientales y climáticas.

En este escenario, Santa Marta se ha convertido en el epicentro mundial del debate sobre el abandono de los combustibles fósiles. En ella se han reunido 57 países, tanto productores como no productores, que representan nada menos que el 55% del PIB mundial, junto con la sociedad civil, un actor imprescindible para impulsar el cambio.

La conferencia internacional se ha estructurado en dos grandes segmentos: por un lado, el foro de alto nivel y, por otro, el primer foro parlamentario internacional para el abandono de los combustibles fósiles.

En este último tuve la oportunidad de participar como representante del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, introduciendo en el debate, como una de las resoluciones finales, el paquete climático y ambiental aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Entre estas medidas destacan la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, la Estrategia de Transición Justa y la Estrategia de Descarbonización a Largo plazo. 

Todas ellas han contribuido a situar a España como un referente en la transición ecológica de la economía y han permitido a nuestro país desempeñar un papel fundamental en esta cumbre, de la mano de la ministra Sara Aagesen.

Más allá del contexto político e institucional, la conferencia nace como un auténtico éxito. En el segmento de alto nivel se han alcanzado acuerdos de gran calado, como la creación de un panel científico para facilitar el abandono de los combustibles fósiles, la posibilidad de impulsar un tratado de no proliferación de estos recursos, el debate sobre el fin de las ayudas y subsidios públicos al sector, así como la creación de un fondo internacional para garantizar una transición justa, entre otras medidas.

Es cierto que muchos se llevarán las manos a la cabeza al escuchar hablar del abandono de los combustibles fósiles. Sin embargo, la realidad es que este proceso representa una gran oportunidad que se traduce en empleo, crecimiento económico, competitividad y, algo especialmente relevante, autonomía estratégica para no depender de terceros países.

Todo ello será posible a través del impulso de sectores completamente desligados de los combustibles fósiles, en los que aún queda mucho por avanzar, como la electrificación, la economía circular, el ecodiseño o la bioeconomía.

Por lo tanto, ha llegado el momento de decir alto y claro “no” a los combustibles fósiles y apostar decididamente por la vida, por nuestro planeta, nuestro presente y el futuro de nuestras generaciones venideras. Santa Marta es, sin duda, nuestro punto de partida.

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Daniel Senderos Oraa es diputado del Grupo Socialista en el Congreso, portavoz de la Agenda 2030 y participante en Santa Marta.

El 73% de los españoles dice estar "muy o bastante preocupado" por el cambio climático y el 61% considera que este fenómeno le impacta "de forma significativa" en su día a día, según revela el 'V Informe sobre Sostenibilidad: La ciudadanía ante el riesgo climático', elaborado por ENGIE y GAD3.

La población reconoce verse afectada, principalmente, en materia de meteorología y disponibilidad de recursos. De hecho, la mayoría de las personas encuestadas cree que ha aumentado la frecuencia de los incendios forestales (88%), las inundaciones y las lluvias torrenciales (84%), y las olas de calor (83%).

Por comunidades, la percepción del aumento de las olas de calor es mayor en Comunidad Valenciana, Región de Murcia y norte de España (87%), mientras que el incremento de los incendios es percibido con más intensidad en Andalucía (88%), Cataluña (88%), Galicia (88%) y Castilla y León (88%).

La ciudadanía de Comunidad Valenciana y Región de Murcia (87%) nota especialmente el aumento de las inundaciones y las lluvias torrenciales.

Para reducir el impacto de estos episodios, el 41% de los españoles cree que la mejora de las infraestructuras de drenaje y los dispositivos de protección civil son clave, seguida de la reordenación urbanística (34%) y el refuerzo de los sistemas de alarma y los planes de emergencia (32%).

La mitad de la población (49%) considera que fenómenos como la dana o la gota fría son consecuencia del cambio climático, y el 43% opina lo mismo de los incendios forestales. Además, ocho de cada diez ciudadanos y ciudadanas afirma haber vivido "fenómenos extremos" como la dana o los incendios del verano pasado.

En cuanto a recursos, el 44% opina que el impacto "más preocupante" del cambio climático atañe a la disponibilidad de agua y la sequía, por delante de los efectos sobre la agricultura (37%), la calidad de vida (35%) o la pérdida de biodiversidad (35%).

Cuando se pregunta por acciones personales para luchar contra el cambio climático, el 34% dice estar dispuesto a usar más el transporte público y el 28% a mejorar la eficiencia energética de su vivienda. Un 44% opina que los esfuerzos individuales "solo son efectivos" si van acompañados de un compromiso colectivo.

Y aunque el 70% de las personas encuestadas muestra interés por el medioambiente, la idea de que las advertencias sobre este tema son "exageradas" aumenta entre la población, especialmente en la Comunidad de Madrid (34%) y Castilla y León (33%).

El informe también revela que el desarrollo de energías renovables y procesos industriales menos contaminantes se encuentra entre las medidas más populares para luchar contra el cambio climático en España.

El Gobierno presentará este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, un paquete de medidas para mitigar el alza de los precios de la energía, ha anunciado este lunes la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, según recoge EFE.

"Tendremos ese plan de respuesta integral con medidas estructurales y medidas coyunturales a lo largo de esta semana (...) Es un plan de respuesta integral y eso es muy importante. No se trata de tomar medidas, solo parches, sino pensar una visión más a largo plazo", ha apuntado Aagesen a su llegada a un Consejo de Ministros de Energía de los países de la UE celebrado en Bruselas.

Agregó que el Gobierno está trabajando "con los agentes sociales y con propuestas de los grupos parlamentarios", sin concretar la fecha exacta para presentar las iniciativas que alivien el impacto de la guerra en Irán sobre los precios de la energía.

Sin entrar en detalles, la vicepresidenta avanzó que el paquete contendrá medidas de "protección a los más vulnerables" y también a "aquellos sectores que están más expuestos, evidentemente los transportistas, el sector agrario, el sector pesquero".

El Ejecutivo también introducirá "medidas en el ámbito energético para todos los consumidores que se sientan afectados o que han tenido un impacto en este contexto" así como "medidas antifraude", agregó.

También el Ministerio de Economía esta preparando una serie de medidas que incluyen rebajas fiscales para contener el precio de la electricidad, mientras que continúa estudiando cómo abaratar los costes de los carburantes, con especial atención a los sectores más afectados, que son el campo y el transporte.

Desde el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, la volatilidad del mercado ha sido máxima. Desde que Irán cerrara el estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20% del flujo marítimo global de crudo, el tráfico lleva interrumpido casi por completo.

Medio centenar de plantas solares trabajan ya en España para controlar la tensión de la red, el principal problema que llevó al apagón del pasado 28 de abril. Inmediatamente después de aquel incidente histórico, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cambió la regulación para que las instalaciones renovables pudiesen regular este parámetro y diez meses después han comenzado a hacerlo, según señaló este miércoles Red Eléctrica (REE), el operador del sistema eléctrico.

Concha Sánchez, directora general de Operación de REE, dijo que ya hay 50 instalaciones de energías renovables, cogeneración y residuos que aportan tensión a la red, sumando una potencia total de 4,4 GW, de las que la inmensa mayoría son plantas fotovoltaicas. Hay otras 50 plantas que ya han superado las pruebas y se sumarán próximamente a este servicio, y se espera que en los próximos meses se sumen cientos de parques más. Por ahora, ninguna cobra por realizar este control de tensión, pero empezarán a hacerlo el 17 de marzo.

Durante la presentación de las magnitudes del sistema eléctrico de 2025, Sánchez comentó que "ampliar el servicio de control dinámico de tensión a un número más amplio de la generación" permite tener "un número más amplio de unidades que aporten ese recurso". Es decir, cuantas más instalaciones puedan controlar la tensión de la red, más eficiente será el proceso y menor será su coste para los consumidores.

El trabajo del control de tensión es imprescindible para evitar apagones. La tensión es un parámetro muy sensible de la red eléctrica que tiene que mantenerse dentro de un umbral (medido en kV) y si se dispara por arriba o por abajo puede provocar averías en todo el sistema, de manera que productores y consumidores de luz se desconectan automáticamente por seguridad cuando se descontrola. Eso es lo que ocurrió el 28 de abril: una subida salvaje de la tensión provocó una cascada de desconexiones por seguridad de plantas de producción eléctrica –algunas antes de tiempo, que están siendo investigadas– hasta que se produjo el apagón.

El control de tensión dinámico siempre ha formado parte de la programación de la red eléctrica, pero hasta ahora solo podían realizarlo las centrales de ciclo combinado de gas, las nucleares y las plantas de carbón. Esas instalaciones son compensadas económicamente por estar encendidas para ofrecer ese servicio y desde el apagón se ha incrementado el número de unidades que reciben esa orden de REE para garantizar que no se repite ese cero eléctrico.

El problema es que mantener encendidas estas plantas solo para ese proceso encarece notablemente la factura de la luz. En 2025, todos los consumidores pagaron unos 1.200 millones de euros por ese trabajo a las grandes energéticas. Pero como ahora ese control lo pueden realizar también las renovables, la factura de ese servicio será mucho menor. En concreto, la CNMC ha decretado que las plantas solares y eólicas que controlen tensión recibirán un euro por cada megavoltio amperio activo por hora (1 €/MVArh) que absorban o inyecten a la red eléctrica. Los MVArh son unidades de potencia reactiva, un tipo de energía que hay que controlar para evitar subidas y bajadas de tensión en la red.

Las empresas de energía solar se quejan de que ese precio que van a cobrar no es suficiente ni para cubrir sus gastos. Según cálculos de UNEF, la patronal fotovoltaica, un ciclo combinado de gas cobra ahora entre 106 y 110 €/MVArh, y ellos van a recibir 1 €/MVArh, insuficiente para cubrir los gastos de realizar ese servicio por la noche. En cambio, solicitan a la CNMC que incremente su retribución hasta los 5 o 10 €/MVArh, que seguiría siendo entre diez y veinte veces menos del coste actual, subraya Héctor de Lama, director técnico de UNEF.

"Si nos habilitamos para controlar tensión, nos comprometemos a hacerlo también en las horas en las que no hay sol. Y para poder soltar reactiva a esas horas necesitamos comprar electricidad en el mercado y aumentar la potencia contratada, y eso es muy caro. Ahora mismo no sale rentable", opina el experto.

Aunque ahora no sea económicamente viable para las renovables participar en el control de tensión, medio centenar de estas instalaciones están adscritas a esta labor porque –aparte de una pequeña retribución– reciben lo que se conoce como prioridad de despacho. La normativa obliga a que las instalaciones que aporten seguridad a la red, como un control de tensión, sean las últimas a las que se puede ordenar apagarse si hay demasiada producción de electricidad. Ocurre a menudo en las horas de mucho sol y baja demanda, durante las cuales, algunas plantas solares se desconectan de manera forzosa porque no hay demanda suficiente de energía.

El hecho de que más plantas controlen tensión –y lo hagan a menor precio– debería reducir próximamente los costes de los servicios de ajuste de la red, los costes que tiene equilibrar la red eléctrica para que funcione de manera segura. No obstante, De Lama no cree que esto vaya a ocurrir a corto plazo porque todavía son pocas las plantas renovables adscritas al nuevo sistema. "Esto debería hacer que trabajen menos ciclos combinados de gas, pero no se notará hasta que haya muchas más renovables. Como el control de tensión es zonal, puede haber un efecto desborde. Si mucha solar que aporta o absorbe reactiva está en un mismo sitio, solo desplazará a un ciclo combinado, y si está muy dispersa por España, no consigues desplazar a ninguno. Probablemente habrá un impacto mayor sobre las plantas de gas de Castilla-La Mancha o Huelva, donde hay mucha fotovoltaica".

Según dijo también Concha Sánchez este miércoles, esa operación en modo seguro que se activó tras el apagón encareció en 516 millones de euros la gestión del sistema en 2025, una subida de la luz del 2%, o unos 3 euros al mes para un consumidor medio. Otro estudio de la consultora energética Nera cifraba ese coste en 1.100 millones, el número que también han replicado las compañías eléctricas y el doble de lo que afirma Red Eléctrica, pero Sánchez cargó contra esos cálculos argumentando que "tienen otra terminología (sic)". 

La electricidad de origen renovable que se descarta cada día continúa creciendo a medida que aumenta la potencia fotovoltaica instaladas en España. Los vertidos de origen solar alcanzaron el 2,5% de toda la luz generada por esta tecnología en 2025, un máximo histórico y el doble que en 2024, y se espera que ese porcentaje siga siendo elevado en 2026 y 2027.

Esos descartes de energía fueron mucho mayores en Extremadura y Ciudad Real, donde numerosos nudos de la red eléctrica tuvieron más de un 30% de vertidos, según cálculos de la consultora Aurora Energy. Su informe también prevé que ese atasco en la red se vaya corrigiendo en la próxima década, y que el embudo de renovables se desplazará al norte de la península, especialmente a Galicia.

Los vertidos de energía renovable se producen porque la electricidad producida por plantas solares, eólicas o hidráulicas no puede ser absorbida por la red. Estas instalaciones generan energía cuando hay sol, viento o agua, pero no siempre esa luz puede ser utilizada, de manera que el operador de la red eléctrica obliga a que algunas instalaciones se apaguen, desperdiciando esa energía potencial que se produciría a coste cero. A menudo se argumenta que la energía renovable se desecha porque no hay demanda suficiente para consumirla, lo cual es cierto, pero el análisis de Aurora Energy detalla que el 86% de esas restricciones se activan por congestiones en la red eléctrica.

Esa congestión se produce porque en los últimos cinco años España ha más que duplicado la fotovoltaica y la eólica instalada, pero la red eléctrica no ha crecido al mismo ritmo, de manera que los cables de alta y media tensión no tienen capacidad para transportar toda esta energía a los puntos donde se consume. Como la mayoría de estas renovables se concentra en zonas poco pobladas, hay que llevar esa luz hasta los polos de población, de manera que se producen fuertes cuellos de botella en la red, explicó este jueves Javier Pamos, consultor de Aurora, en una llamada con periodistas.

"El problema es que los centros de producción de energía renovable en España están completamente separados de la demanda. Si esta infraestructura no está bien diseñada o dimensionada como para compensar esta diferencia, lo que ocurre es que las redes se congestionan y Red Eléctrica tiene que cortar producción en unos nudos y activarla en otros para compensar esa diferencia", explicó el experto.

En concreto, en 2025 se tiraron nada menos que 3,6 teravatios hora (TWh) de luz por orden de Red Eléctrica, un 110% más que en 2024. La cifra equivale al 1,6% de toda la electricidad que se consumió en España el año pasado.

Otros países vecinos también sufren el mismo problema, ya que los vertidos de electricidad son inevitables hasta que se comiencen a instalar a gran escala baterías en la Unión Europea. Esas baterías permiten almacenar la luz que no se pueda verter a la red en las horas de sol o de viento, y consumirla en las horas siguientes, una manera de maximizar el beneficio del dueño de la planta renovable y de bajar el precio de la luz para todos los consumidores en las horas de mayor demanda.

Badajoz, Cáceres y Ciudad Real son las provincias con mayores vertidos de electricidad renovable debido a que son polos muy importantes de producción de energía solar. Si la media de vertidos en España es del 2,5%, en esas zonas es de entre el 5% y el 30%, según el estudio de Aurora. Solo la provincia de Badajoz concentra alrededor del 20% del conjunto de vertidos en la España peninsular, aunque también hay problemas en Aragón y en algunos nudos del sureste.

En 2025 el porcentaje de pérdidas de electricidad fue mucho mayor que en 2024, y se espera que en 2026 se reduzcan ligeramente (hasta 3,05 TWh), así como en 2027 (3,38 TWh). En 2025 se ha producido un récord porque hubo factores puntuales que dispararon los vertidos: los incendios récord de agosto, que obligaron a cortar líneas eléctricas, y el apagón de abril, que incrementó el uso de centrales de ciclo combinado y desplazó a las renovables para garantizar la estabilidad.

Otro factor que está disparando los vertidos en España en los últimos años son las altas temperaturas de verano, debido a que el calor reduce la eficiencia de las líneas eléctricas para transportar energía y aumenta los problemas de cuellos de botella en la red. Esto explica que la inmensa mayoría de la electricidad vertida se concentra en julio y agosto.

En la próxima década, los analistas calculan que el mapa de plantas que sufrirán desconexiones forzadas se desplazará hacia el norte de España, donde ahora no hay prácticamente problemas. Se espera que en esa zona se instale una gran cantidad de molinos de viento, tanto en suelo como en el mar, y al mismo tiempo se concentrará allí un "limitado refuerzo de la red eléctrica". En 2035, los cuellos de botella se ubicarán en todas las provincias gallegas, especialmente en Ourense. También en Castilla y León, Asturias, País Vasco, Cantabria y Aragón.

La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E) anunció este miércoles que el próximo 20 de marzo publicará el informe independiente final sobre el apagón ibérico del 28 de abril de 2025. "El 20 de marzo de 2026, el panel de expertos que investiga el incidente en la red eléctrica ocurrido el 28 de abril de 2025 en España y Portugal publicará su informe final", indicó Entso-E.

Ese informe, que sigue a otro análisis técnico difundido el pasado 3 de octubre, contendrá las "principales conclusiones de su investigación, incluidas las causas raíz del apagón y recomendaciones para prevenir incidentes similares en el futuro". Presentarán las conclusiones el copresidente del panel de expertos y director de operaciones del operador austríaco APG, Klaus Kaschnitz, y el presidente de Entso-E, Damián Cortinas.

En el informe técnico publicado en octubre, elaborado por un panel de 45 expertos de operadores de sistemas de transmisión y autoridades reguladoras de toda Europa, los técnicos señalaron que el apagón eléctrico total registrado en España y Portugal el pasado 28 de abril fue un evento único en el mundo y se debió a una "cascada de sobrevoltaje" iniciada en el sur de España.

Descartaron que el problema fuera un exceso de generación renovable, sino el control de voltaje, que es la tensión eléctrica que debe mantenerse en ciertos límites.

Los expertos agregaron que en el incidente que apagó la península a las 12.33 horas (11.33 GMT) influyeron varios factores, como la desconexión de varias instalaciones renovables, un aumento brusco de la tensión, oscilaciones locales previas, cortes de las interconexiones con Marruecos y Francia, así como limitaciones de mecanismos de defensa automática.

Pedro Fresco (44 años, Valencia) es director general de Avaesen, la organización empresarial de las energías renovables en la Comunitat Valenciana. Es una de las voces más destacadas en España contra la desinformación sobre las energías renovables. Todavía hoy, confiesa, sigue encontrándose con bulos: "La última vez, el viernes pasado, y viniendo de un ayuntamiento".

Hace dos años dedicó un libro a la desinformación y ahora vuelve a abordar este asunto en El arte de impulsar el cambio (Barlin Libros), donde señala que una buena parte de la izquierda ecologista quiere acabar con la contaminación global, pero sin reconocer que la solución pasará por la tecnología y la participación de las empresas.

En una conversación con infoLibre aborda los desafíos de su sector, entre ellos la incertidumbre sobre qué ocurrirá con la central nuclear de Almaraz, que ha pedido funcionar tres años más, hasta 2030. "La pelota está en el tejado del Gobierno. Si el Gobierno quiere mantener su política energética tendrá que decir que no", opina Fresco en esta entrevista.

El libro empieza y termina con un mensaje optimista sobre la lucha contra el cambio climático. ¿Por qué ha decidido escribir en positivo en un momento tan convulso?

Precisamente porque hace falta viendo el pesimismo que hay en el mundo. Parece que todo va a peor y la sociedad está prácticamente en un estado de nihilismo. Y hay que combatirlo. El optimismo ahora es revolucionario, y sin él no hay acción, no hay cambios. El pesimismo es una estrategia para que nada cambie.

¿Dentro del sector de las energías renovables hay pesimismo?

Es transversal a toda la sociedad. En la energía hay una percepción de que entre el trumpismo y algunas voces europeas que piden replantear el Pacto verde, hay menos optimismo que hace dos años. Pero los fundamentos de la transición energética son sólidos. Hay solidez tecnológica y económica, y es nuestra obligación ser optimistas.

Si alguien pensó alguna vez que la transición energética iba a ser un camino de rosas, se equivocó. Hay enemigos poderosos en su contra, y no se iban a quedar sentados esperando a desaparecer. De hecho, ahora el panorama político les permite resistir.

¿Cómo afectaría un cambio de ciclo político en España a las renovables?

Habría que ver la configuración de ese Gobierno, por ahora es algo incierto. Nosotros detectamos que hay autonomías gobernadas por el Partido Popular que son proclives al desarrollo de las energías renovables. Sin embargo, hay sectores que podrían llegar al Gobierno mucho más hostiles. Es incierto qué podría traer un cambio político, pero yo soy partidario de no ser pasivo en estas cuestiones y no esperar a ver qué pasa.

En España hay un grado muy alto de población favorable a las energías renovables, y ese consenso social debería evitar que un futuro Gobierno cambie la política energética.

En abril se cumple un año del apagón y, nada más suceder, muchos corrieron a culpar a la solar ¿Eso hizo daño a las renovables?

Este caso es muy interesante porque demuestra que los enemigos de la transición energética están ahí. Estaban agazapados debajo de las piedras, porque no era su momento, pero aparecieron cuando pudieron sacar provecho para frenar la transición energética. En el caso del apagón, se vio muy claro.

Obviamente no ha sido bueno para las energías renovables porque esos mitos, que con descaro se dijeron desde el primer minuto en España, se han quedado en el imaginario de mucha gente. Cuando eres el primero en lanzar un mensaje en un debate público, aunque sea falso, cala, y eso es lo que hicieron los manipuladores.

Dicho esto, para lo que podía haber pasado, realmente no ha pasado nada. La mayoría de la gente cree que las renovables no tuvieron nada que ver ese día. El apagón fue un daño contenido.

¿Y hay riesgo de apagón esta primavera llegado el momento en el que la energía solar vuelva a generar cerca del 100% de la luz que consumamos?

¿Esta primavera? No. Y creo que no veremos un apagón en mucho tiempo. Ahora bien, al mínimo parámetro que se altere en el sistema eléctrico volverán a aparecer los titulares de que hemos estado casi ante un apagón, porque ya hay un sustrato de gente que intenta asustar con esto para defender sus intereses. Bien sea para atacar la transición energética o para defender la continuidad de las centrales nucleares.

Pues precisamente le quería preguntar sobre la nuclear. En los últimos meses los propietarios han ganado mucha fuerza en el debate energético y se ven preparados para extender la vida de la central de Almaraz. ¿Qué opina?

Es obvio que la situación es distinta a la de 2019, pero en mi opinión no hay ninguna causa que justifique romper la política energética que se fijó en España. No hay una demanda eléctrica adicional que justifique la extensión de los reactores, ni hay un plan para cambiar la política vigente. Simplemente hay una petición para alargar dos y tres años la vida de dos reactores, algo claramente anómalo que nunca se ha hecho porque cualquier petición ha sido siempre por diez años.

Al final yo creo que la pelota está en el tejado del Gobierno. Si el Gobierno quiere mantener su política energética tendrá que decir que no a esa prórroga. Y si el Gobierno al final acaba diciendo que sí a esa prórroga, pues habrá hecho saltar por los aires su propia política energética con consecuencias evidentes en la inversión de renovables porque si las centrales nucleares continúan en España la inversión renovable será muchísimo menor.

¿Le han llegado a decir empresarios del sector de las renovables que están dispuestos a parar sus proyectos si sigue adelante la prórroga nuclear?

Muchas empresas me han dicho claramente que si se extienden los nucleares se va a paralizar la inversión en renovables. Pero tampoco hay que ser especialmente perspicaz para darse cuenta de eso. Si 50 o 55 TWh anuales de energía nuclear que iban a ir desapareciendo progresivamente hasta 2035, no desaparecen, hay menos hueco para las renovables.

Hay dos estudios muy recientes que ahondan en esto, de Natalia Fabra y de Eloy Sanz. Pero lo curioso es que hasta que no han aparecido estos dos estudios, la opinión pública asumía que la extensión nuclear no tendría ningún impacto negativo.

¿Y cree que esta miniprórroga de tres años podría ser la antesala para luego, más adelante, pedir un café para todos? ¿Que el resto de centrales hagan lo mismo?

Es posible, pero yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que la miniprórroga es el peor escenario de todos. Porque se traslada automáticamente la percepción al inversor de que probablemente se extiendan a todos los demás, pero sin saber por cuánto tiempo. Eso hará que la inversión en renovables se reduzca mucho, pero sin la certeza de que las nucleares se vayan a quedar después.

Cambiando de tema, buena parte del libro aborda las contradicciones de una parte de la izquierda alrededor de la transición energética. Que en el momento que las energías limpias comienzan a ser un negocio, empiezan a verse con escepticismo...

Resulta sorprendente. Desde 2019 hasta hoy ha pasado la guerra de Ucrania y la crisis energética derivada de la dependencia del gas ruso. Y ahora con Trump, vemos cómo Estados Unidos está usando esa misma dependencia como método de coacción.

Que después de todo eso siga habiendo determinados sectores de la izquierda y del ecologismo en el mismo punto de tecnofobia porque las renovables dependen de las empresas –grandes y pequeñas– y busquen excusas contra ellas, me parece increíble. Me parece una posición cínica y profundamente equivocada.

De hecho, fue un encontronazo con Compromís y su oposición a la fotovoltaica en el campo lo que le hizo salir de la Generalitat hace tres años. ¿Hoy todavía le ocurre?

Sí, se ve por ejemplo a nivel municipal. Ves a alcaldes que te compran todo el libro de bulos contra las renovables. Hoy es lunes. Tuve un caso el viernes. De un asociado que recibió un informe de un ayuntamiento lleno de barbaridades en el que se veía que había un sesgo claro contra una instalación solar.

También hay un problema a la hora de atraer a la opinión pública hacia las renovables con el argumento de que abaratan la electricidad porque en la factura de la luz no se ven esos precios cero de los que tanto se habla.

Claro. Tiene que ver con la naturaleza de las tarifas. A un consumidor doméstico el precio de la energía en el mercado le afecta de manera minoritaria, no como a un industrial. Cuanto más pequeño es un consumidor, más pesan los peajes, los cargos y los impuestos. Y además, estamos en una situación especial en España desde el apagón, con un funcionamiento reforzado de la red eléctrica.

¿Aboga por retirar el impuesto especial de la electricidad? Lo ha hecho Portugal y es a menudo reclamado por las empresas energéticas

Si queremos descarbonizar, tenemos que electrificar. Y si queremos electrificar, tenemos que hacer que la electricidad sea estructuralmente barata. Está muy bien bajar los precios del mercado a través de las renovables, pero tenemos que ver todo el resto de costes.

Ciertos impuestos sobre la electricidad que habría que eliminar, o trasladar a los combustibles fósiles. Los cargos de la luz, que también podríamos trasladar a los combustibles fósiles. También reducir los costes de redes.

Para terminar, ¿qué autocrítica hace sobre el trabajo de las renovables en los últimos años?

Bueno, obviamente ha habido proyectos renovables que no tenían ningún sentido, pero esos proyectos han acabado cayendo en las autorizaciones administrativas. Yo creo que en la Comunidad Valenciana todos los proyectos polémicos han caído, y en toda España probablemente también.

Cuando hablas con las empresas, te reconocen que en algunos casos no habían aterrizado bien en los ayuntamientos, o no habían sido del todo transparentes. Pero todo eso está cambiando y hay autocrítica. Donde no veo autocrítica es en el otro lado, que siguen rechazando las renovables, pase lo que pase.

La irrupción disruptiva en el panorama internacional de las políticas y comportamientos de la administración Trump ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de que la Unión Europea refuerce su autonomía estratégica en los ámbitos político, económico y militar. La utilización de los aranceles como amenaza, como relato, como castigo; las imposiciones en el seno de la OTAN de porcentajes de compra de armas, de petróleo y de gas; la ruptura de las normas aceptadas en las relaciones internacionales como ha sido puesto de manifiesto —y con violencia— en Venezuela, también con Groenlandia; el sostenimiento del Gobierno de Netanyahu en sus acciones genocidas en Palestina; la complicidad con Rusia en la guerra de Ucrania; el recurso a la represión con "camisas pardas" como instrumento de su política interna… han derrumbado la credibilidad de Estados Unidos ante Europa como socio y aliado confiable. Ante esta situación, Europa está obligada a replantear los fundamentos de su seguridad.

Con independencia del signo de sus futuras administraciones, es difícil imaginar qué podría pasar y durante cuánto tiempo para que fuera posible que Europa pudiera recuperar la confianza perdida en los Estados Unidos de América del Norte. Avanzar hacia una auténtica autonomía estratégica es una condición imprescindible para reducir la vulnerabilidad estructural de Europa frente a la volatilidad política y económica de Estados Unidos.

Desde la perspectiva de los valores democráticos compartidos por los Estados miembros de la UE, la seguridad no puede limitarse, de ninguna manera, sólo a la defensa militar. Implica, de manera muy principal también, la preservación y el fortalecimiento del Estado del Bienestar; la defensa de reglas previsibles en las relaciones internacionales; la independencia industrial basada en una mayor competitividad en la producción y el suministro de bienes y servicios esenciales; y la puesta en común de las capacidades que en todos los órdenes tengan los Estados de la Unión Europea, desde luego la militar, pero no sólo.

Uno de los elementos centrales de la autonomía estratégica es el acceso y la disponibilidad de energía con costes competitivos. La energía impregna todas las actividades de la sociedad: la economía de las familias, la competitividad de las empresas de los tres sectores y afecta a variables básicas de la estabilidad y del crecimiento de la riqueza de las naciones. Baste con mencionar su impacto en la inflación.  

Y en el centro de la energía está la electricidad.

La electricidad es un vector energético al que pueden transformarse las principales fuentes primarias de energía: biomasa, carbón, gas, petróleo, nuclear, hidráulica, eólica, geotermia, solar térmica, fotovoltaica… No hay ninguna energía primaria relevante que no pueda transformarse en electricidad mediante una central eléctrica con la tecnología apropiada. Y si convenimos en que uno de los elementos centrales de la autonomía estratégica es el acceso seguro a la disponibilidad de energía con costes competitivos, tenemos que concluir que la electricidad es un vector fundamental para impulsar la autonomía estratégica de la UE.

Dependiente de las importaciones de gas natural y petróleo en porcentajes que se sitúan en torno al 90% de su consumo —EEUU y Rusia entre sus más importantes suministradores de combustibles fósiles— la UE está obligada, para mitigar su vulnerabilidad y su dependencia, a explotar fuentes energéticas primarias autóctonas que le permitan afianzar su propia autonomía. La energía hidroeléctrica, la energía eólica y la energía fotovoltaica, son recursos inagotables y autóctonos.

No sólo razones medioambientales están detrás de la transición energética, también razones económicas de primer orden y también, por consiguiente, razones geoestratégicas.

En fin, la electricidad es un insumo sistémico de la economía moderna y condiciona directamente la capacidad productiva, el bienestar social y la independencia.

Durante las últimas décadas, el mercado eléctrico europeo ha experimentado múltiples reformas regulatorias orientadas a fomentar la competencia y facilitar la integración de energías renovables. Sin embargo, estos cambios no siempre han producido los resultados esperados. La liberalización ha derivado, en muchos casos, en un mercado más complejo y opaco, con precios elevados y comportamientos extractivos por parte de los grandes operadores eléctricos, en detrimento de familias y empresas.

El diseño marginalista del mercado eléctrico europeo ha demostrado ser especialmente problemático en contextos de crisis. Entre 2021 y 2023, el encarecimiento del gas derivado de la guerra en Ucrania se trasladó al precio de la electricidad, al fijarse este en función de la tecnología de mayor coste variable y marginal necesaria para cubrir la demanda, habitualmente los ciclos combinados de gas natural. Los precios llegaron a subir durante un largo periodo de tres años un 300% sobre los precios de la década anterior. El resultado ha sido pérdida de competitividad industrial, el deterioro del poder adquisitivo de los hogares y el aumento de la pobreza energética. Y no sólo en situaciones alteradas de los mercados de gas, también en situaciones más estables porque las centrales de gas —siempre y en cualquier circunstancia la de mayores costes— siguen fijando los precios que retribuyen a todas las centrales que concurren y completan el abastecimiento de la demanda. En definitiva, el diseño del mercado de electricidad, tal y como está regulado por la UE, deja a merced de los precios del gas ruso y estadounidense una parte nada despreciable de la competitividad de las economías de los Estados miembros. Y esto es dependencia y vulnerabilidad.

Las medidas paliativas adoptadas, como la denominada "Excepción Ibérica" (en el caso de España que fijaba un precio de referencia del gas —para el precio de la electricidad— por debajo de su precio en el mercado spot), y el mecanismo ARENH (Accès Régulé à l’Énergie Nucleare Historique) en el caso francés, sustituido desde el 1 de enero de 2026 por un nuevo mecanismo VNU (Versement Nucléaire Universel), han sido ejemplos que han aliviado parcialmente los efectos perturbadores del diseño europeo del mercado de la electricidad, pero no han corregido sus problemas estructurales dejando a Europa expuesta a futuras crisis con impactos similares y a una continua pérdida de competitividad.

Y si es así, ¿cuál es la razón que ha empujado a las autoridades reguladoras europeas y nacionales a diseñar un mercado de efectos tan perturbadores?

Uno de los principios que han estado presentes en la regulación eléctrica europea es la llamada "neutralidad tecnológica" —también llamado "energy only market"—, basada en la idea de que todos los kWh son equivalentes, que prestan el mismo servicio a los consumidores y que, por consiguiente, deben recibir el mismo tratamiento en el mercado. Lo contrario sería "discriminar" unas tecnologías frente a otras… y la "neutralidad" parece un valor positivo, un valor que se alza por encima de ideologías e intereses particulares… y la discriminación arrastra connotaciones negativas, resultado de prejuicios y de posiciones de dominio.

Sin embargo, esta premisa regulatoria —la neutralidad tecnológica— es profundamente engañosa. Aunque todos los kWh permitan su conversión en fuerza, luz, frio, calor, trabajo… la tecnología de las centrales eléctricas y las materias primas energéticas —carbón, uranio, gas, viento, sol…— que las diferentes centrales consumen para producir electricidad, tiene consecuencias económicas, sociales y ambientales muy distintas frente a las cuales no somos indiferentes. Ante la dependencia de combustibles fósiles importados, ante la creación de empleo de calidad, ante el impulso a la innovación, ante los diferentes costes de producción de electricidad entre unas centrales y otras, ante la concentración de poder económico en oligopolios que detentan tecnologías de generación eléctrica en las que no hay libertad de entrada (hidroelectricidad y centrales nucleares), ante las emisiones de gases de efecto invernadero, Europa no puede ser neutral. Las razones: la ecología, la economía y la independencia. En definitiva, la necesaria autonomía estratégica frente a un entorno internacional hostil.

Y la UE no puede ser neutral por una razón muy sencilla: los kWh producidos por las distintas centrales eléctricas no son iguales ante el Sistema Eléctrico, aunque lo parezcan. Y no son iguales porque:

Y al mismo tiempo, la electricidad es el vector más eficiente en la lucha contra el calentamiento global, el instrumento básico de la transición energética por su capacidad de suministrar energía a las actividades de nuestra sociedad minimizando el uso de fuentes primarias energéticas fósiles que pasan a ser sustituidas crecientemente por fuentes renovables. No. No podemos ser neutrales. El cambio climático constituye el mayor desafío sistémico de nuestro tiempo. Si no se reducen drásticamente las emisiones de CO₂ —al menos un 50% a nivel mundial y más del 80% en Europa para 2050—, los impactos sociales y económicos serán devastadores, con aumento de la pobreza y la desigualdad. Eficiencia económica y eficiencia ambiental son inseparables. No hay economía eficiente sin considerar los equilibrios ecológicos cuya desestabilización acarrearía costes inasumibles.

La transición energética no se producirá de forma espontánea. Requiere incentivos públicos claros —fiscales, regulatorios…— y, dada la excepcionalidad del reto, mecanismos de control frente a las resistencias corporativas, especialmente intensas en el sector energético. La naturaleza de la electricidad como bien esencial con efectos sistémicos sobre la sociedad, no puede abandonarse al juego de mercados diseñados bajo principios regulatorios, como el de la neutralidad tecnológica, que en su caso no aplican.

La aceleración de la transición hacia un modelo basado en energías renovables responde tanto a la urgencia climática como a la necesidad de reforzar la seguridad energética. No obstante, esta transformación plantea desafíos relevantes, especialmente en lo relativo a la estabilidad del suministro y a la gestión de la variabilidad propia de tecnologías como la eólica y la solar. Y aquí entra en juego el almacenamiento de la electricidad.

En un sistema eléctrico con más del 50% de generación eólica y fotovoltaica, el almacenamiento se convierte en un elemento clave para garantizar la estabilidad y la seguridad del suministro. Las baterías, el bombeo hidroeléctrico y otras tecnologías de almacenamiento (hidrógeno verde) permiten gestionar excedentes, cubrir déficits temporales y reducir la dependencia del gas.

A diferencia de las centrales nucleares, cuya operación es rígida y poco adaptable a la demanda, el almacenamiento aporta flexibilidad, evita vertidos de renovables, maximiza el aprovechamiento de la generación limpia y contribuye, más que ningún otro activo, a la estabilidad del Sistema Eléctrico, es decir, a la seguridad del suministro. Para ello, es imprescindible un marco regulatorio que incentive su despliegue a gran escala, incluyendo subastas específicas y un reconocimiento explícito de su valor sistémico. Un valor sistémico para la autonomía estratégica de la UE porque permitirá aumentar el abastecimiento renovable y autóctono —no dependiente del petróleo y del gas— de sus necesidades energéticas.

Las centrales nucleares no son una alternativa. El envejecimiento del parque nuclear plantea riesgos crecientes en términos de seguridad, gestión de sus residuos, costes de mantenimiento e incertidumbre regulatoria. Además, la prolongación de la vida útil de estas centrales puede desincentivar la inversión en centrales renovables y en almacenamiento, al reducir el espacio disponible para su integración en el sistema y, por consiguiente, contribuir en el medio y largo plazo, a mayores precios de la electricidad (The Price and Emissions Effects of Extending Nuclear Lifetimes: Evidence from Spain. Natalia Fabra14-I-2026)

Para garantizar una transición energética sostenible y competitiva, resulta imprescindible:

El actual diseño del mercado eléctrico europeo está socavando la competitividad industrial y el bienestar de los consumidores, con especial intensidad en países como España. La transición energética debe abordarse de manera estratégica, alineando los precios de la electricidad con los costes reales de su generación y los objetivos climáticos. Si Europa no adopta reformas ambiciosas y coherentes en el complejo y amplio sector de la energía, corre el riesgo de quedar rezagada en la descarbonización, perder autonomía estratégica y comprometer su modelo social. Reformas ambiciosas que, si siempre han sido necesarias, lo son ahora más que nunca ante el entorno internacional hostil generado con la irrupción disruptiva de las políticas y comportamientos de la administración Trump.

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Jorge Fabra Utray es economista y Doctor en Derecho, presidente de Economistas Frente a la Crisis.

Apenas mes y medio después del histórico apagón de abril, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó de urgencia un reglamento para minimizar el riesgo de un nuevo cero eléctrico. El conjunto de problemas que atacaron la red eléctrica aquella mañana provocó subidas y bajadas de tensión tan fuertes que terminaron tirando el sistema, y el 12 de junio el regulador decidió incrementar drásticamente el número de plantas que pueden corregir los picos de tensión en la red, permitiendo hacer esa tarea a las instalaciones de energía renovable. Pero no fue hasta el pasado 1 de enero de 2026 cuando la nueva normativa comenzó a funcionar, en vista de que la próxima primavera podría regresar la amenaza.

Con el comienzo del nuevo año, todas las plantas que generan electricidad renovable conectadas a la red de transporte pueden participar del llamado sistema de control dinámico de tensión. En realidad, algunas tenían permiso para hacerlo desde otoño, pero el no fue hasta el 1 de enero cuando se las empezó a remunerar por esta tarea. Sin embargo, todavía ninguna planta fotovoltaica ha recibido la orden de Red Eléctrica (REE) –la encargada de responder a los desequilibrios de la red– de aportar control de tensión, según afirman desde UNEF, la patronal solar.

Hasta el cambio normativo de junio, el control de la tensión de la red eléctrica en tiempo real era una tarea exclusiva de las grandes centrales térmicas españolas, fundamentalmente de los ciclos combinados de gas, que reciben cientos de millones de euros cada año por este trabajo.

Sin embargo, tener esas instalaciones quemando gas sin generar electricidad –solo por si es necesario controlar la tensión– era extremadamente caro porque reciben una retribución especial, y permitir a las renovables hacer ese trabajo aumenta la seguridad porque el trabajo se reparte entre miles de instalaciones, en vez de entre unas docenas. El proceso no solo resulta más caro, sino que además es ineficiente: tras el apagón del 28 de abril, el Gobierno señaló que las diez plantas destinadas aquel día a controlar la tensión –y remuneradas por ello– fallaron en su tarea, como confirmó después la investigación europea.

Las instalaciones renovables, al estar también mejor repartidas por el territorio nacional, tienen una mayor probabilidad de que alguna se ubique cerca de los problemas de tensión, que son regionales y se resuelven mejor in situ. "Hasta ahora España tenía un problema y es que la inercia –las plantas térmicas convencionales– estaban en el norte, y la generación renovable en el sur. El cambio en los procesos de operación permite equilibrar el control de tensión en el territorio", afirma Ricardo Guerrero, asesor de la Agencia Internacional de la Energía. 

Marcos Vallés, fundador de la consultora energética Quinto Armónico y miembro de la Junta Directiva de UNEF destaca también que ese control será ahora más barato con las renovables, y eso reducirá el coste de la factura de hogares y empresas. "Mantener una central de gas es más caro porque tiene que estar arrancada independientemente de que sea habilitada o no. Nuestro coste es mucho menor porque si no me habilitan para controlar tensión no me cuesta nada", subraya.

El control constante de la tensión es imprescindible para evitar apagones. La tensión es un parámetro muy sensible de la red eléctrica que tiene que mantenerse dentro de un umbral (medido en kV) y si se dispara por arriba o por abajo puede provocar averías en todo el sistema, de manera que productores y consumidores de luz se desconectan automáticamente por seguridad cuando se descontrola. Eso es lo que ocurrió el 28 de abril: una subida salvaje de la tensión provocó una cascada de desconexiones por seguridad de plantas de producción eléctrica –algunas antes de tiempo, que están siendo investigadas– hasta que se produjo un cero.

La CNMC se apresuró tras el apagón a modificar el proceso de operación 7.4, el que regula qué plantas pueden regular la tensión. Llevaba cinco años en estudio y estaba previsto sacarlo adelante en 2026, pero la catástrofe energética aceleró los plazos, hasta el punto de que en otoño ya se comenzó a habilitar a las primeras plantas fotovoltaicas y eólicas para hacer este trabajo.

Según el calendario de Red Eléctrica, desde el 1 de enero ya podrían empezar a cobrar por ese control, pero todavía no se ha dado la orden a ninguna planta renovable de hacerlo. Lo hará antes del 26 de junio de 2026, según sus previsiones, aunque el sector cree que llegará mucho antes, probablemente antes de abril. Ese mandato de control se puede dar con un día de antelación –si el programa de REE prevé problemas de tensión en las siguientes horas– o decretarse de urgencia por un problema concreto, y se puede ordenar a una planta específica o a toda una zona.

Los datos de UNEF demuestran que hay un gran interés entre las plantas fotovoltaicas en entrar en este nuevo sistema de control de tensión, hasta el punto de que a mediados de que en diciembre se habían habilitado ya instalaciones por valor de 2,2 gigavatios para hacerlo, el 10% de la potencia fotovoltaica conectada a la red de transporte. 

Marcos Vallés señala que la retribución que van a recibir no es gran cosa, pero sirve para cubrir los costes de esa operación. "Pero está bien, no es negocio para ganar dinero, sino para garantizar que el sistema funcione. Nadie quiere que la carretera esté llena de baches", opina. En concreto, las fotovoltaicas que controlen tensión recibirán un euro por cada megavoltio amperio activo por hora (MVArh) que absorban o inyecten a la red eléctrica. Los MVArh son unidades de potencia reactiva, un tipo de energía que hay que controlar para evitar subidas y bajadas de tensión en la red.

"En realidad, lo interesante no está en la remuneración", afirma Vallés, "sino que te dan prioridad de despacho". Se refiere a que la normativa obliga a que las instalaciones que aporten seguridad a la red, como un control de tensión, sean las últimas a las que se puede ordenar apagarse si hay demasiada producción de electricidad. Ocurre a menudo en las horas de mucho sol y baja demanda, en las que algunas plantas solares se desconectan de manera forzosa porque no hay demanda suficiente de energía.

Según detalla el experto, participar en el nuevo control de tensión tampoco supone un gasto para las compañías porque las plantas fotovoltaicas modernas –posteriores a 2020– tienen inversores (la maquinaria que permite controlar la tensión) capaces de hacer esta tarea, y basta con homologar el software de la planta y rellenar un intenso papeleo para empezar a regular tensión. Las anteriores a 2020, añade, tendrán que esperar a renovar sus inversores –tienen una vida útil de entre siete y diez años– para sumarse.

Mientras el precio de la vivienda sube y el planeta se calienta, una revolución silenciosa está tomando forma en aserraderos e industrias de la madera también en el sur de Europa. La combinación de madera local, corcho natural y sistemas prefabricados está transformando la manera en que construimos: menos emisiones, menos costes logísticos y mayor rapidez.

Proyectos europeos como SUDOE IMIP y Horizon Europe INFORMA demuestran que la vivienda del futuro puede ser sostenible, asequible y basada en recursos renovables gestionados de forma responsable.

La vivienda es hoy una urgencia social, económica y ambiental. Millones de personas buscan un hogar accesible, mientras la construcción sigue siendo uno de los sectores más contaminantes del planeta, responsable del 39% de las emisiones globales de CO₂.

La paradoja es evidente: edificamos para mejorar la calidad de vida, pero nuestras ciudades contribuyen al deterioro climático. En este contexto, la innovación no pasa solo por las tecnologías digitales, sino también por repensar los materiales con los que construimos. Y una de las soluciones más prometedoras está en nuestros bosques: la madera.

Durante décadas, la madera fue vista como un material del pasado, ligado a construcciones rurales. Sin embargo, los avances en ingeniería, como la fabricación aditiva o impresión 3D, han revolucionado su papel. Hoy se utiliza en edificios de media y gran altura con prestaciones comparables al hormigón o al acero, pero con una huella ambiental mucho menor. La integración de madera y prefabricación abre un nuevo escenario: construir más rápido, más limpio y barato.

En este marco, el proyecto europeo IMIP, impulsado por entidades de España, Francia y Portugal, ha demostrado que la construcción industrializada con recursos locales es ya una realidad.

En el marco de esta iniciativa, hemos desarrollado paneles modulares prefabricados de madera y corcho que se ensamblan en obra, reduciendo los plazos hasta un 70% frente a la construcción convencional. En un piloto en Valencia, un edificio experimental se montó en un día. En Espadilla (Castellón), los mismos paneles permitieron rehabilitar viviendas sociales para familias vulnerables, contribuyendo a frenar la despoblación rural. Fabricados en industria con mínimo desperdicio, los módulos ofrecen obras más limpias, rápidas y seguras, con un ahorro medio del 25% en costes totales.

Pero la innovación no consiste solo en construir mejor. También implica garantizar que la materia prima procede de ecosistemas forestales gestionados de manera sostenible. Aquí se integra el proyecto Horizon Europe INFORMA, centrado en fortalecer la gestión forestal sostenible, especialmente en los bosques mediterráneos.

INFORMA promueve herramientas científicas y modelos de gestión que aumentan la resiliencia de los pinares mediterráneos, reducen el riesgo de incendios, mejoran la biodiversidad y aseguran un suministro estable de madera renovable. Esta gestión activa del territorio forestal es clave para garantizar materias primas de calidad, favorecer el empleo rural y asegurar que la madera utilizada en construcción proviene de bosques bien gestionados.

Los paneles contralaminados de madera o CLT (de Cross Laminated Timber) y SIP (de Structural Insulated Panel) se fabrican con madera de pino resinero (Pinus pinaster), pino carrasco (P. halepensis), pino laricio (P. nigra) y pino negro (P. uncinata), especies autóctonas en España, complementadas con corcho natural. Su uso crea cadenas de valor locales que conectan monte, industria y construcción, reforzando economías rurales y reduciendo la dependencia de materiales importados.

Además, gracias al conocimiento aportado por INFORMA, se promueven prácticas forestales que maximizan la captura de carbono y la provisión continua de madera, vinculando directamente gestión forestal sostenible, adaptación y mitigación climática.

Los análisis de ciclo de vida en IMIP muestran que las emisiones de los sistemas prefabricados de madera y corcho son más de un 40% menores que las del ladrillo u hormigón, al tiempo que ofrecen mejores prestaciones térmicas y acústicas. Aquí INFORMA aporta otro elemento decisivo: la madera utilizada en construcción actúa como sumidero de carbono de larga duración, almacenando CO₂ durante décadas.

La evaluación de estos beneficios climáticos demuestra que la madera estructural es uno de los sumideros permanentes más eficientes cuando se integra en edificaciones duraderas. Así, las recientes experiencias en investigación demuestran que la mitigación climática empieza en el monte y se prolonga durante toda la vida útil del edificio.

Esta visión integrada conduce a la arquitectura consciente, basada en su impacto en las personas, el planeta y la prosperidad:

La construcción modular en madera tiene un enorme potencial en vivienda social: facilita la producción industrial en serie, reduce costes y se adapta a entornos urbanos y rurales. Su ligereza permite intervenir en edificios existentes sin grandes obras. Países como Austria, Finlandia o Alemania ya la integran en sus políticas públicas. España, con su potencial forestal y con el conocimiento científico e industrial adquirido, dispone de una oportunidad única.

El auge de la industrialización y las tecnologías digitales permite concebir edificios modulares, desmontables y reparables. La madera es ideal para este paradigma. No se trata solo de sustituir materiales, sino de transformar la lógica del sector hacia un modelo circular e inclusivo. La construcción con madera no es nostalgia: es una tecnología climáticamente positiva, capaz de descarbonizar el sector y generar vivienda funcional y asequible.

La transformación ya está en marcha. El reto ya no es tecnológico, sino estratégico: no se trata de si podemos hacerlo, sino de cuándo decidiremos hacerlo de forma generalizada.

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José Vicente Oliver Villanueva es catedrático de universidad en el Instituto Universitario de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Universitat Politècnica de València y Salvador Gilabert-Sanz es profesor agregado en Arquitectura en la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puede leer el original aquí.

El Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) para 2030, la principal guía de trabajo del Ministerio de Transición Ecológica, va camino de fallar en casi todos los grandes objetivos que se había marcado para finales de esta década. La reducción de emisiones de CO₂ o la menor dependencia de combustibles importados son algunas de las metas que están muy lejos de lograrse cuando se cumple el ecuador de esta hoja de ruta. Es la conclusión de un análisis publicado por el Basque Centre for Climate Change (BC3), uno de los órganos independientes que asesora de forma recurrente a este ministerio y que precisamente ayudó a elaborar el PNIEC.

Los técnicos del BC3 solo prevén que se cumpla la promesa de alcanzar un 81% de producción de electricidad con fuentes renovables en 2030. En 2024 ese indicador alcanzó el 56,8%, y en 2019 era el 37,8%. Sin embargo, ninguno de los otros indicadores van por buen camino. Por ejemplo, hay un compromiso de reducir las emisiones de CO₂ un 32% frente a 1990, y en 2024 solo se llevaba un -6,3%. Al ritmo actual, añaden los expertos, se recortarán un 22% las emisiones a finales de la década, diez puntos menos de lo necesario.

Además de ser una guía para el trabajo diario del Gobierno, el PNIEC es un compromiso que España contrajo con la Comisión Europea en 2021, tras ser aprobado por el Consejo de Ministros, y es de obligado cumplimiento según el reglamento europeo de gobernanza energética y acción climática de 2018. El plan fue actualizado en 2024 para aumentar todavía más su ambición: principalmente, lograr una producción eléctrica renovable del 81% (frente al 73% del PNIEC anterior).

Tanto la primera como la segunda versión fueron redactadas con Teresa Ribera como ministra de Transición Ecológica, aunque su elaboración fue encomendada precisamente a Sara Aagesen, actual titular de la cartera, primero cuando era asesora del gabinete de Ribera, y después como secretaria de Estado de Energía.

Mikel González, investigador de Clima y Energía en el BC3, aclara que las previsiones del análisis no significan que las promesas se vayan a incumplir, pero sí que hace falta nuevas propuestas políticas para encauzar la situación. Explica que el Gobierno tiene un problema grave de emisiones en el transporte –por carretera y por aire–, y que hasta que no se resuelva será imposible cumplir con el plan de 2030. "Es el punto más importante. En transporte, el plan recoge que España tiene que reducir 45 millones de toneladas de CO₂ al año, y hasta ahora se ha reducido un millón. De hecho, el consumo de carburantes bruto incluso ha aumentado", señala.

Fuentes del ministerio de Transición Ecológica, sin embargo, afirman que el Gobierno espera "una aceleración de la electrificación de la economía, gracias a los bajos precios que proporcionan las renovables" que aumentará el consumo de electricidad, especialmente en la industria, y reducirá las emisiones.

El estudio que ahora publica el BC3 analiza además otras cuatro metas del PNIEC, y también apuntan al suspenso. La dependencia energética del exterior –básicamente, la importación de petróleo y gas– tiene que rebajarse al 50% sobre la energía total disponible en 2030, y el país va camino de quedarse en el 63%. La electrificación –el consumo eléctrico sobre el consumo final de energía– tiene que crecer hasta el 35%, y al ritmo actual se llegará al 25%.

Además, el porcentaje de las renovables sobre el total de la energía consumida por España debe alcanzar el 48%, y la trayectoria actual marca que se llegará apenas al 35%. Por último, el consumo total de energía de la nación debe caer hasta las 71,7 millones de toneladas equivalentes de petróleo en 2030 (frente a las 86,2 toneladas de 2019), y BC3 estima que a este ritmo España se quedará en las 80,3, menos de la mitad del compromiso adquirido.

El investigador del centro vasco también traslada un problema añadido que está lastrando la reducción de la contaminación y del consumo de energía: el crecimiento económico y de población. "En 2019 calculamos que la subida del PIB per cápita sumaría 14 millones de toneladas de CO₂ cada año en 2030, y el aumento de la población, 13 millones. Pero en 2025 ya hemos alcanzado esas dos magnitudes", añade González.

Este es otro argumento que esgrimen desde el Ministerio de Transición Ecológica. Señalan que "una mayor población y el auge del turismo condicionan unos indicadores [de emisiones de CO2] que evolucionan positivamente".

Las estimaciones del BC3 se han realizado con datos de 2024, porque aún faltan cifras clave de 2025 para actualizar sus cálculos, pero con los primeros datos que se van conociendo del año que acaba de terminar no hay cambios sustanciales. Las emisiones de CO2 de la economía española en 2025 solo se habrían reducido un 0,2% con respecto a los niveles de 2024, según previsiones también del BC3, pese a que tendrían que caer un 6,1% cada año para cumplir en 2030. Mientras que la participación de las renovables en la generación eléctrica prácticamente no varió: del 56,8% al 57%.

Ismael Morales, portavoz de la Fundación Renovables, también señala el agujero negro que supone el transporte, y advierte de la oportunidad perdida que ha sido no incluir en la nueva Ley de Movilidad Sostenible un objetivo concreto de reducción de emisiones en las carreteras y aeropuertos.

El Gobierno del presidente Donald Trump suspendió este lunes el arrendamiento a cinco grandes proyectos de energía eólica marina en la costa este del país, incluido el que encabeza Iberdrola en Massachusetts, en lo que supone un golpe devastador para el desarrollo de este tipo de energías renovables en EEUU, informa EFE.

El Departamento del Interior "suspende, con efecto inmediato, los contratos de arrendamiento para todos los proyectos eólicos marinos a gran escala en construcción en Estados Unidos, debido a los riesgos para la seguridad nacional identificados por el Departamento de Guerra en informes clasificados recientemente elaborados", informó hoy esta cartera en un comunicado. El texto no brinda más detalles sobre cuáles son esos "riesgos para la seguridad nacional".

Además de Vineyard Wind 1, el parque que impulsa Iberdrola en la costa de Massachusetts y que ya funciona parcialmente, los otros cuatro desarrollos afectados son Revolution Wind y Sunrise Wind, en Rhode Island, CVOW – Commercial, cerca de Virginia, y Empire Wind 1, en el litoral neoyorquino y que ha contado con la participación de la empresa de ingeniería española Esteyco.

Vineyard Wind 1, que cuenta con aproximadamente 3.500 millones de dólares en financiación comprometida y capital recaudado hasta la fecha, estaba proyectado para tener una capacidad de generación combinada de más de 800 megavatios.

La decisión, que revoca los arriendos concedidos por el Gobierno de Joe Biden (2021-2025), deja en el aire inversiones de miles de millones de dólares y el futuro de este tipo de energía en la costa este. Esta región había apostado con fuerza por los proyectos de generación marina y esperaba que estos desarrollos produjeran energía para más de 2,5 millones de hogares.

Desde que regresó al poder en enero, Donald Trump ha expresado repetidamente sus críticas a la energía eólica, argumentando que estropea el paisaje o afecta negativamente a los ecosistemas de las aves.

Sara Aagesen (Madrid, 49 años) acaba de cumplir su primer año al frente del Ministerio de Transición Ecológica. A los seis meses de tomar el relevo de Teresa Ribera, su ministerio afrontó el primer apagón de la historia reciente del país, y este verano la mayor ola de incendios de este siglo. Este jueves hizo balance con infoLibre de estos últimos doce meses y analizó el Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática que prepara Moncloa, aunque la oposición ya ha anunciado que no se sumará. En todo caso, la ministra subraya que las principales medidas de ese documento saldrán adelante en los próximos meses, como una campaña de concienciación de la emergencia climática que comenzará en enero. Y transmite la relevancia de este proyecto para Moncloa, algo que traduce, en conversación más informal, en que algunos ejes e hitos de dicho borrador van a conformar la acción de Gobierno durante el primer semestre de 2026.

Antes de empezar con su ministerio, me gustaría saber si el presidente le ha pedido ser la nueva portavoz del Gobierno. Hay rumores sobre ello.

Rumorología. Lo que puedo decir es que la decisión la tomará el presidente y la hará pública cuando lo estime oportuno.

Esta semana ha presentado con el presidente Sánchez el borrador del Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática. ¿Ha hablado con la oposición?

Este pacto nació en septiembre con la mano tendida a todas las fuerzas parlamentarias, las administraciones y la sociedad civil, y ha resultado en esta propuesta donde algunas comunidades autónomas han hecho aportaciones. Nuestro objetivo ahora es que gran parte de esos debates estén en el Congreso y que tengamos la oportunidad de hablar con todos y cada uno de los grupos parlamentarios, uno a uno, para que sigan aportando.

Como se trata de un pacto de Estado tendrá que haber consenso. ¿Ha hablado con el Partido Popular?

Nosotros desde el principio les pedimos que mandasen propuestas y de momento no ha ocurrido, pero esperamos que ocurra. Seguramente cuando lo lean los 15 ejes de la propuesta y las 80 actuaciones habrá demandas de otras formaciones políticas. Espero que entonces se unan.

¿El Gobierno es entonces optimista con este pacto de Estado?

Quiero ser optimista porque sería irresponsable para otras formaciones no apoyarlo. Especialmente en un país como España, que es muy vulnerable y donde tenemos que anticiparnos, tener esa red de seguridad de protección a toda la ciudadanía en general.

¿Qué otras cosas tiene pensadas su ministerio para 2026?

Tenemos muchas propuestas para el año que viene alineadas con el cambio climático y con las medidas incluidas en el el borrador del pacto de Estado. En enero puedo anunciar que habrá la primera gran campaña de concienciación contra la emergencia climática para concienciar y estar mejor preparados para actuar. 

Más adelante, también tenemos preparado un paquete de medidas contra la desinformación climática para ayudar a los verificadores de forma muy ágil, con información detallada y científica. Uno de los grandes problemas es que la verificación tiene que ser rápida para que la desinformación no se extienda. Será un bloque de iniciativas con financiación y apoyo para que los verificadores tengan estas capacidades.

Además, tendremos un programa de trabajo de adaptación con horizonte 2030. Se hará a partir del informe de riesgos naturales de hace dos meses, que concluye que España está expuesta a 141 riesgos en 14 sectores, como el sector agrario, el pesquero, el turismo, o la salud. Una actuación concreta, por ejemplo, una dotación de 20 millones de euros para ayudar a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes para que puedan elaborar sus planes contra incendios forestales. Y les ayudaremos también a planificar frente a inundaciones.

[La gestión forestal y la resiliencia hídrica son dos de los ejes del borrador del pacto de Estado, algunas de cuyas medidas el ministerio tiene intención de ir poniendo en marcha de forma inminente ante la emergencia climática, aunque el horizonte temporal para estos hitos se extienda hasta 2050].

Bruselas ha anunciado un giro en la política sobre el coche de combustión. ¿Ha intentado España frenar ese cambio?

La carta que mandó el presidente a la presidenta Ursula von der Leyen fue muy clara: no demos marcha atrás, hay que dar pasos adelante. Creo que es un error histórico para Europa por muchos motivos. Intentar desligar la descarbonización de la competitividad es un error porque son dos caras de la misma moneda. Cuando hablamos de descarbonizar las carreteras hablamos de invertir en salud en las ciudades, pero también de competitividad industrial. Estamos penalizando a los first movers, los que han invertido, y de repente les cambiamos los esquemas. Europa tiene que demostrar liderazgo y tiene que ser un lugar en el que se confíe. No puede ser que ante los problemas se cambien las políticas.

En todo caso, el cambio de rumbo de la Comisión Europea es evidente. ¿Está España desalineada con la nueva agenda de Bruselas?

Yo creo que España está alineada con la agenda verde que ha defendido Europa en su conjunto en los últimos años, y esa agenda verde por la que Von der Leyen apostaba en su discurso de hace solo tres meses. Es verdad que estos movimientos crean distorsión, incertidumbre y son muy negativos. Desde España vamos a seguir con nuestra agenda verde porque da resultados. 

Cambiando a la energía, el Consejo de Estado emitió el informe sobre la retribución de las redes eléctricas durante el próximo ciclo. ¿Se impondrán los números que pide la industria o los que propone la CNMC?

Lo sabremos muy pronto porque tiene que decidirse antes de final de año. El consejo de la CNMC es el competente para definir la tasa de retribución de las redes, pero desde el Ministerio ya emitimos unas orientaciones de política energética en las cuales buscamos un equilibrio que es complejo, pero que es importante. El equilibrio está entre incentivar esas inversiones en un momento donde las redes son fundamentales en la transición energética, pero a su vez también que esa inversión en redes no suponga una carga desmesurada para los consumidores, que al final son los que tienen que apostar por la electrificación con precios competitivos.

También tenemos que tener en cuenta el contexto del mercado, porque las redes son importantes en España, pero también en Portugal, en Francia, en Italia, en Estados Unidos y en Canadá, y por eso pedíamos una señal fuerte que permitiese esas inversiones. Yo lo que espero es que la propuesta definitiva que salga de la CNMC evidentemente sea la adecuada para que esas inversiones estén, y para que el equilibrio de los consumidores sea también el mejor con precios competitivos.

En los últimos años, da la sensación de que ha habido un cambio en la visión del ministerio sobre la energía nuclear. ¿Hace falta alargar la vida de las centrales?

Lo que hemos hecho hasta ahora es trabajar en el escenario del Plan Nacional de Energía y Clima sin alterarlo. Ha llegado una propuesta de las empresas propietarias de Almaraz para alargar su vida, y ahora está en manos del Consejo de Seguridad Nuclear emitir un informe que es muy importante para nosotros sobre la seguridad radiológica y nuclear de la planta.

Si ese informe es positivo, ¿dará el ministerio el visto bueno a posponer el cierre?

Lo que hemos dicho es que no vamos a hacer ninguna valoración ni interferencia porque es un informe muy técnico. Esperaremos a lo que salga de ahí para dar el siguiente paso.

Han pasado meses desde aquel apagón de abril. ¿Hay alguna remota posibilidad de que haya de nuevo un apagón esta primavera?

Nosotros hemos identificado en un comité las causas del apagón y hemos puesto una gran cantidad de actuaciones y medidas. También lo han hecho la CNMC y Red Eléctrica, que han actuado sobre el parámetro conflictivo: el control de tensión. Todos los organismos competentes están trabajando para que lo que pasó el 29 de abril no vuelva a ocurrir.

Uno de los problemas que usted subrayó es que las plantas que debían regular la tensión no funcionaron. ¿El ministerio las ha inspeccionado?

El expediente informativo está en manos de la CNMC, que tiene una investigación en curso. Esperaremos a las conclusiones de ese informe para ver qué ocurrió en aquellas instalaciones, que es verdad que reciben una retribución por ese control de tensión. 

Una parte del problema llegó de las compañías, pero no sé si el ministerio hace autocrítica de lo que ocurrió ese día.

Bueno, la autocrítica está en que hemos sido conscientes de la importancia de la supervisión, y eso es lo que pusimos encima de la mesa: unos sistemas mucho más transparentes y una información que pueda ser accesible de forma ágil y rápida. Eso es lo que llevamos a un real decreto ley que decayó en el Congreso, lo que es una verdadera pena. Lo que hicimos después es llevarlo en un real decreto, que tardó más por culpa de ese poco apoyo. Esperamos que esa supervisión ayude.

A finales del año que viene entra en vigor una decisión reciente de la Unión Europea que prohíbe comprar gas a Rusia a partir de 2027. En España, Naturgy tiene un contrato muy importante de este tipo. ¿Han hablado con la compañía sobre ello?

Lo que está muy claro es que nosotros apoyamos la búsqueda de alternativas para la eliminación de cualquier combustible fósil de Rusia. Hemos hecho un análisis y preguntado a las empresas qué podía ocurrir y nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de suministro y que los precios de los consumidores no se distorsionen. Consideramos que las propias empresas eran conscientes de esta decisión desde el primer minuto y han buscado la diversificación de sus fuentes, y nuestra previsión es que no exista un impacto.

Quería terminan con el carbón, porque aunque no haya una norma concreta sobre ello, siempre se ha hablado de que 2025 sería el último año con estas centrales trabajando en España. Esta semana sigue alguna funcionando, ¿hay algún compromiso de cierre?

El carbón es una gran historia de éxito entre empresas, sindicatos y Gobierno de España para que su transición sea justa. Es cierto que en 2025 quedan centrales de carbón, pero sobre el mix eléctrico representa menos del 1%, con una caída sustancial desde 2018. Las pocas instalaciones que quedan pueden obedecer a restricciones técnicas como las de las islas, o quizás alguna de las pocas de la península, pero el objetivo es el fin de la generación con carbón.

No hay entonces un compromiso de cierre con fechas concretas.

En cuanto existan las alternativas, yo creo que las primeras interesadas en cerrarlas son las compañías.

El 12 de diciembre de 2015 marcó un hito en la historia de la lucha contra el calentamiento global. Ese día, a las 19:30 horas, Laurent Fabius, presidente de la 21ª Cumbre Internacional sobre el Clima de París (COP21), selló con un martillo con forma de hoja verde el primer tratado mundial a favor de la acción climática.

Al firmar el Acuerdo de París, cerca de doscientos países se comprometieron a contener el calentamiento “muy por debajo de 2 °C” y a continuar la acción “para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C”. “Nuestra responsabilidad es histórica, porque somos la primera generación […] que realmente toma conciencia del problema, pero somos la última generación que puede actuar”, declaró solemnemente Laurent Fabius.

Diez años después, ante el caos climático que sigue intensificándose, siguen siendo insuficientes los esfuerzos mundiales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. “En la década 2000-2011, el crecimiento de las emisiones de CO2 relacionadas con los recursos fósiles fue de aproximadamente un 3 % anual. Y ahora, en la última década, estamos más bien en torno al 1 % anual”, destaca Aurélien Ribes, director del grupo de investigación sobre el clima de Météo France. “Es un avance, pero el calentamiento global provocado por las actividades humanas sigue aumentando y en 2024 alcanzó una media planetaria de +1,36 °C. Nos estamos acercando peligrosamente al umbral de 1,5 °C establecido en los acuerdos de París.”

La Organización Meteorológica Mundial se alarmó el pasado mes de octubre porque la concentración media mundial de CO2 volvió a alcanzar un récord, registrando incluso “su mayor aumento anual desde el inicio de las mediciones científicas en 1957”. Y 2024 fue el primer año en superar la barrera de 1,5 °C de calentamiento con respecto al período preindustrial.

Gerhard Krinner, investigador del CNRS en el Instituto de Geociencias Ambientales, que participó en el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), explica a Mediapart: “Objetivamente, no podemos saber si el Acuerdo de París ha mejorado la situación climática mundial. En teoría, se necesitarían dos planetas para comparar dónde estaríamos con o sin este mecanismo internacional. Vemos que las emisiones se están estabilizando, pero la concentración de CO2 en la atmósfera sigue aumentando, por lo que aún estamos muy lejos de detener el calentamiento en marcha.”

Uno de los pilares del Acuerdo de París es que, de conformidad con el artículo 4.2 de este tratado, los Estados presentan cada cinco años a la ONU Clima su “contribución determinada a nivel nacional” (CDN), es decir, su hoja de ruta nacional para contener el calentamiento climático.

Cuando se llegó al Acuerdo de París, el planeta se encaminaba hacia un calentamiento de 4 °C para finales de siglo. Diez años después, los compromisos climáticos de los países nos llevan ahora a un mundo recalentado entre 2,3 y 2,5 °C para 2100. Se trata de una mejora notable, “pero no suficiente para evitar un grave agravamiento de los riesgos y daños relacionados con el cambio climático”, advierte el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

“Esta dinámica impulsada por las CDN ha ayudado a muchos Estados a fijar objetivos de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero y a intentar cumplirlos”, indica Gerhard Krinner. “El reto ahora es que los países integren en sus planes climáticos nacionales las cuestiones relacionadas con la adaptación al cambio climático, porque debemos hacer frente a los crecientes daños causados por el calentamiento global.”

Benoît Faraco, embajador francés encargado de las negociaciones sobre el cambio climático, confiesa: “En el marco del Acuerdo de París, y este será el reto de los próximos diez años, habrá que acelerar el ritmo con las empresas, los ciudadanos, las colectividades territoriales y las grandes fundaciones para conseguir volver a una trayectoria que se ajuste al objetivo de temperatura de 1,5 °C”.

En lo que respecta a la transición, desde la firma del Acuerdo de París, las energías renovables han experimentado un impresionante auge en todo el mundo. Desde 2015, la electricidad producida a partir de energías “verdes” ha aumentado un 78 % en todo el mundo. Las inversiones anuales en el sector de las energías renovables y la eficiencia energética alcanzaron los 2 billones de dólares en 2025, es decir, el doble que las realizadas en energías fósiles.

“El Acuerdo de París ha cambiado la economía mundial. Hoy en día, el precio de los paneles solares es diez veces menor y el de los aerogeneradores un tercio aproximadamente, y si antes uno de cada cien coches nuevos era eléctrico, ahora lo es uno de cada cinco”, resume el ministerio francés de Transición Ecológica.

Sin embargo, el expansionismo fósil continúa, ya que la quema de carbón, petróleo y gas es responsable de aproximadamente el 90 % de las emisiones mundiales de CO2. Según Reclaim Finance, en los últimos diez años se han aprobado 1.570 nuevos proyectos de petróleo y gas. Y lo que es peor, se están planificando más de 2.000 proyectos de petróleo, gas y carbón en todo el mundo. Si esas instalaciones se ponen en marcha, podrían emitir por sí solas una cantidad de CO2 que nos haría superar el calentamiento de 1,5 °C.

En 2023, durante la COP28 de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), los Estados “hicieron un llamamiento” por primera vez a “una transición fuera de las energías fósiles”, y ello “de una manera justa, organizada y equitativa”. Dos años más tarde, en la COP30 de Belém (Brasil), las negociaciones concluyeron a duras penas con el establecimiento de un proceso de trabajo de dos años para lograr la eliminación de los combustibles fósiles.

Debido a que las decisiones en las COP se toman por consenso, unos cuantos países productores de petróleo bloquean sistemáticamente cualquier avance en materia de abandono de las energías fósiles en los foros de la ONU, hasta el punto de que el Acuerdo de París no menciona en ninguna parte la necesidad de abandonarlas.

El resultado es que, diez años después, las trayectorias energéticas de los Estados de todo el mundo toman caminos divergentes. China, gran importador de petróleo y primer emisor mundial, ha invertido este año 627.000 millones de dólares en energías renovables. Aunque sigue aplicando una política extractivista, el país ha logrado no aumentar sus emisiones de CO2 desde hace ya un año y medio.

“China se ha pasado ahora al ecologismo, pero sigue manteniendo una política muy ambivalente, ya que este impulso de las energías renovables es sobre todo una nueva fase de industrialización del país. La India tampoco destaca por su claridad en materia de política energética”, explica a Mediapart Pierre Blanc, autor de Géopolitique et climat (Les Presses Sciences Po, 2023) y profesor en Burdeos en las facultades de Ciencias Agrónomas y Ciencias Políticas.

Por su parte, la Unión Europea ya ha alcanzado el 47 % de energías renovables en su mix eléctrico en 2024. En el continente africano, si bien Senegal se ha convertido recientemente en un país exportador de petróleo, otros Estados han dado un giro ecológico: en Kenia, por ejemplo, la proporción de electricidad producida a partir de fuentes renovables es de casi el 90 %. “Etiopía también es un país impresionante: la electrificación del transporte está avanzando muy rápidamente. También podemos citar a Sudáfrica, un gran país minero que está dejando atrás el carbón”, añade Pierre Blanc.

Pero, tal y como anunció el presidente americano Donald Trump, Estados Unidos se retirará del Acuerdo de París en enero de 2026. Este país, junto con Canadá, Australia y Noruega, ha socavado los avances en materia de transición energética, al aumentar colectivamente su producción de hidrocarburos en casi un 40 % desde 2015.

“Evidentemente, los avances no son lineales y no van lo suficientemente rápido ni lo suficientemente lejos, pero el Acuerdo de París permite avanzar juntos. Es una herramienta de cooperación y diálogo internacional muy potente para trabajar juntos en la búsqueda de soluciones”, matiza el ministerio francés de Transición Ecológica.

En cuanto a la solidaridad entre países, otro pilar del tratado sobre el clima de 2015, también hay problemas. El artículo 9.1 del Acuerdo de París obliga a los “países desarrollados” a proporcionar recursos financieros para apoyar a los Estados “en vías de desarrollo” frente al cambio climático. En 2024, durante la COP29 de Bakú (Azerbaiyán), los países ricos e históricamente responsables del cambio climático se comprometieron a entregar a las naciones del Sur al menos 300.000 millones de dólares al año de aquí a 2035.

Pero este compromiso financiero sigue siendo modesto: expertos designados han estimado que, sin contar a China, el Sur global necesita 1,3 billones de dólares de ayuda climática anual de aquí a esa fecha. En noviembre, en la COP30 de Belém, los Estados se limitaron a “reafirmar” la necesidad de alcanzar esos miles de millones de ayuda climática y de poner en marcha un programa de trabajo de dos años sobre la cuestión financiera.

Gracias al Acuerdo de París, “se han evitado los peores escenarios, aunque todavía queda mucho camino por recorrer”, resume Benoît Faraco. Para el embajador climático de Francia, el tratado internacional sigue funcionando, ya que la COP30 de Belém ha sido una oportunidad para reafirmar “el multilateralismo medioambiental”.

“El acuerdo de 2015 se logró, en su momento, gracias a una movilización sin precedentes de la diplomacia francesa, cuyos frutos aún hoy se siguen viendo. Se suele esperar que sea Francia la que impulse esa ambición”, se congratula una fuente diplomática. Pero esa imagen internacional se ha visto mermada, pues Francia, país guardián del histórico tratado, ve desde principios de 2025 cómo sus emisiones nacionales de gases de efecto invernadero se estancan en lugar de disminuir.

Además, el 4 de diciembre, el Gobierno francés fue demandado ante el Consejo de Estado por la asociación Notre affaire à tous por no cumplir con su “parte justa” en el esfuerzo climático mundial. Una acción judicial que se basa en el Acuerdo de París y en uno de sus principios fundamentales: los países del Norte, más ricos, deben actuar más que el Sur global contra el calentamiento global.

Traducción de Miguel López