La investigación tras el apagón destapa la necesidad de reformar de arriba abajo la red eléctrica
La investigación sobre el apagón del 28 de abril tendrá repercusiones mucho más profundas de lo que se esperaba en un principio. El Gobierno ha presentado este martes un "calendario intensivo" de trabajo para Red Eléctrica y las grandes compañías energéticas, que serán auditadas durante los próximos meses por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y tendrán que tomar numerosas medidas de mejora durante los próximos años. La regulación de la tensión de la red será el principal campo de trabajo tras demostrarse lagunas de seguridad en todos los niveles del sistema.
La investigación del Ministerio de Transición Ecológica sobre el cero eléctrico demostró que el sistema ibérico soporta a menudo problemas de sobretensiones locales y que la mañana del día 28 el operador del sistema programó un número excepcionalmente bajo de centrales para proteger la red en caso de picos de tensión. Paralelamente, las once centrales térmicas que debían reducir la tensión fallaron en su tarea e incluso una de ellas aportó tensión extra a la red, empeorando la situación.
El Gobierno ha respondido ante este fallo general ordenando este martes a la CNMC que en los próximos seis meses investigue a "todos los operadores" del sistema eléctrico que tienen obligación de controlar la tensión, con un primer informe que deberá estar listo a finales de septiembre. Este estudio abarcará tanto a Red Eléctrica (REE) como a las grandes compañías generadoras, entre ellas Naturgy, Iberdrola y Endesa, que son las que fallaron esa mañana.
El problema es que esta investigación y el resto de cambios propuestos este martes se han aprobado vía real decreto ley. Este miércoles entran previsiblemente en vigor, pero tienen que ser ratificados en el Congreso en el plazo de un mes y el Gobierno necesitará a sus socios en un momento político extremadamente volátil por la corrupción. Fuentes del ministerio transmiten que el paquete normativo "es viable, también políticamente".
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Cada jueves, una mirada rigurosa y comprometida sobre lo que le está pasando al planetaLa regulación de la tensión es solo la punta del iceberg de lo que quiere abordar el Gobierno en los próximos meses. El real decreto incluye un mandato a Red Eléctrica para que en los próximos 15 meses elabore propuestas normativas para reformar hasta seis áreas diferentes de su operación. De aquí a tres meses tendrá que desarrollar una propuesta para mejorar las amortiguaciones de las oscilaciones de frecuencia en la red. Esta actuación es prioritaria porque el apagón del día 28 se inició precisamente cuando REE trató de amortiguar una de estas vibraciones y provocó una subida de tensión que fue imposible de corregir.
También se ha encomendado al operador de la red que haga una propuesta normativa sobre cuál es la variación de tensión que puede soportar la red, sobre la calidad de la inyección de potencia de las instalaciones generadoras, sobre el mercado de restricciones técnicas y de ajustes, sobre la coordinación de la red y sobre la calidad de la información que remiten todas las empresas que participan en el sistema.
El Gobierno ha introducido además por vía urgente dentro de la planificación de Red Eléctrica 2021-2026, que ya está en su fase final, la construcción de compensadores síncronos, nuevas reactancias y otras máquinas para regular la tensión y la frecuencia de la red. El operador tendrá ahora que estudiar dónde hacen falta en la península y licitar su instalación en los próximos meses.
Por último, Transición Ecológica ha ordenado a Red Eléctrica elaborar un plan más completo sobre cómo recuperar el suministro eléctrico en caso de apagón. "La reposición fue ágil y exitosa, pero entendemos que es importante recoger las lecciones aprendidas ese día", dijo este martes la ministra Sara Aagesen. La también vicepresidenta añadió la semana pasada que durante la investigación del apagón se detectaron lagunas relevantes en la seguridad cibernética de las compañías eléctricas y que se tomarán medidas, pero no han sido incluidas finalmente en este paquete.
Impulso de la demanda eléctrica y a las baterías
Estas actuaciones aportarán más seguridad a la operación diaria del sistema eléctrico, pero el paquete normativo del Gobierno no se queda ahí. Aprovechando la urgencia del apagón, Transición Ecológica ha introducido en la legislación cambios que llevaban años reclamando empresas eléctricas y organizaciones de consumidores para culminar el proceso de transición energética de aquí a 2030.
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Se va a facilitar, por ejemplo, el proceso para instalar cargadores eléctricos en gasolineras y la conexión de demanda industrial a los nudos de la red. El autoconsumo para comunidades va a vivir un importante impulso porque se va a permitir que los paneles solares se ubiquen hasta a cinco kilómetros de los usuarios y se va a crear la figura del gestor del autoconsumo para facilitar la coordinación de los proyectos. Los parques de baterías, que hasta ahora son residuales, van a tener a partir de ahora una tramitación mucho más laxa.
También se va a habilitar a los ayuntamientos para que puedan reducir un 50% el IBI y el 95% de los ICIO (impuesto de construcción) a los edificios que introduzcan bombas eléctricas de calor, más eficientes que las calderas de gas. Asimismo, se han reducido un 80% los peajes eléctricos para la industria electrointensiva.
El objetivo de todo este paquete es impulsar la demanda eléctrica, una política imprescindible para que el abaratamiento de la luz con las renovables se traduzca en un ahorro real en la economía y en la reducción de consumo de gasolinas y gas importados.
