Era imposible que no me ocupara del tuit de Santaolalla contra Vito Quiles porque este es un asunto del que he escrito mucho: el armario. Y porque estamos en la víspera del homenaje que el Gobierno va a ofrecerle a Dolores Vázquez, sobre cuyo caso escribí también un libro en el que sostenía precisamente que la causa de que la condenaran fue… el armario. No me ha sorprendido que haya personas heterosexuales que critiquen a la periodista por el tuit, no todo el mundo entiende que el armario es un mecanismo de opresión, pero sí que lo hagan asociaciones LGTB… gays… ¡a estas alturas!.

Sinceramente, me parece definitivamente bien que Sarah Santaolalla se defienda de un acoso intolerable del que la justicia no la ha defendido. Decir que Santaolalla es homófoba porque utiliza la homosexualidad para hacer daño a Vito Quiles es absurdo. Todos sabemos que no es homófoba, admito que quiere darle un puñetazo al individuo, mucha gente querría. En realidad, Santaolalla utiliza la homofobia de Quiles contra él mismo, no me parece mal. Estamos en una sociedad que no nos defiende de acosadores como este tipo, que permite que se insulte, se difame, se agreda. Los medios que tenemos para defendernos son escasos. Hay que poner dinero y hay que dar con un juez “normal” y no con un juez quintacolumnista de la derecha dura, que abundan. 

El mecanismo del armario tiene su historia. En un primer momento, cuando la homosexualidad era un delito y visibilizarse como LGTBI podía costar muy caro o era impensable, el derecho al armario, al secreto en definitiva, era un mecanismo de protección básico. Los estados homófobos de la guerra fría usaban ese secreto (fuera cierto o no) para chantajear, amenazar y acabar con la vida civil de quien molestara, ya fuera un gay o un comunista. El armario servía, precisamente, para amenazar con sacar del armario a cualquier disidente, a cualquier peligroso social. Las personas homosexuales invocaron en ese momento el derecho a la privacidad frente a un Estado y frente a una concepción de la sociedad que usaba la homosexualidad como mecanismo de castigo y advertencia para todas. Una sociedad homogénea en lo sexual (homogéneamente heterosexual) era moralmente superior, se suponía que era una sociedad más sana y fuerte que cualquier contraparte del otro lado del telón de acero. Cualquier disidencia sexual suponía debilitar la democracia frente al comunismo, la homosexualidad era un peligro social; era la época de MacCarthy. 

En un segundo momento, gracias a la lucha militante del movimiento LGTB y al fin de la guerra fría, la homosexualidad deja de ser un delito y la lucha cambia de sentido. Lo que el Estado quiere ahora no es sacar a la gente del armario, sino lo contrario, que nadie salga. El objetivo de esta maniobra es que las sexualidades no normativas no se visibilicen, aunque ya no sean delito. Se trata de mantener la ficción de que la ciudadanía es homogénea y está libre de taras. Ya no se quiere encarcelar o chantajear a las personas homosexuales, simplemente se pretende que desarrollen su existencia dentro de las paredes de su casa. El arma que se utiliza ahora ya no es la tortura o la cárcel, sino el estigma social, la burla, la injuria. El Estado ya no busca interferir en lo que se define como la intimidad de cada uno/a, sino impedir que uno/a mismo/a se autonombre desde la libertad; porque salir del armario políticamente significa afirmar el valor igual de la homosexualidad. El armario se refuerza y se convierte en una de las principales herramientas de la homofobia de los 90. A esta fase la llamamos el armario liberal. Es la base, entre otras, de la política de Clinton en el ejército, aquella de “no preguntes, no digas”. Se nos dice que si nos quedamos dentro podemos hacer lo que queramos, siempre en nuestra casa, en nuestra cama y mejor por la noche… pero ¡sorpresa!, no funciona así y, parafraseando a Audry Lorde, enseguida vamos a descubrir que el silencio no nos protege de nada, sino al contrario, nos vulnerabiliza. 

Lo descubrimos con el sida. Es el secreto, el armario, lo que impide luchar efectivamente contra la enfermedad y sus consecuencias, así como desarrollar políticas de prevención. El silencio no es que no nos proteja, es que nos mata (a partir de los 90 aparece el lema 'silencio=muerte'). Descubrimos que, por guardar el secreto, no hemos conquistado derechos ni hemos adquirido una ciudadanía equiparable a la de los ciudadanos/as heterosexuales. Descubrimos que si no nos visibilizamos no podemos denunciar ni combatir la homofobia y el odio, que el estigma es un arma que entregamos en manos de quien nos quiere invisibles. Entonces comprendemos que la existencia homosexual tiene que ser tan pública como lo es la heterosexualidad, que si aquella no se visibiliza esta siempre se presume, por defecto. El derecho a la privacidad no puede ya ser invocado en un contexto en el que lo que se pretende es, justamente, obligarnos a llevar vidas privadas (únicamente a las personas homosexuales; la heterosexualidad es necesariamente pública). El derecho a la privacidad, antaño invocado, ahora se convierte en la reclamación del derecho a la igualdad y a la libertad. Siguiendo la estela del movimiento feminista, lo personal se hace político.  

El Estado, defensor a ultranza del heterosexismo, pugna por devolvernos al armario (como ocurrió en el caso de Dolores Vázquez), pugna por dificultar en lo posible la expresión pública de la existencia homosexual (y de las disidencias sexuales en general). Más o menos lo que hoy siguen diciendo en Vox: “No tengo nada contra ellos pero…¿Por qué tienen que contarlo?” Nos quieren dentro, pero nosotras hemos comprendido que la visibilidad es el arma más potente que tenemos. Cuando nos dejamos encerrar en el armario todas nos hacemos más vulnerables. El mecanismo del armario pretende evitar, mediante la violencia real o simbólica, que nos visibilicemos, es decir, que nos politicemos. Hace difícil salir y, cuando se sale, presiona constantemente para devolverte al interior, incluso aunque la persona no lo desee. Nunca se acaba de salir, la lucha es constante y diaria. Cada vez que en el trabajo o en cualquier sitio me preguntan por un marido o un novio, me están obligando a tomar una decisión política, no siempre fácil, que no todo el mundo puede enfrentar con la misma seguridad. Esta presión sólo terminará cuando hayamos destruido todos los armarios, cuando toda la diversidad sexual sea tan visible y legítima como la heterosexualidad. A estas alturas, desde un punto de vista progresista, no podemos asumir que exista un supuesto derecho al armario. 

En estos días estamos recordando que lo que condenó a Dolores Vázquez no fue su lesbianismo, sino el manejo que los medios y el Estado hicieron del mecanismo del armario donde la sospecha se extendió como una falta monstruosa que nadie nombraba pero que, precisamente por eso, tuvo fácil conectar con miedos y prejuicios que sólo pueden combatirse desde la visibilidad. Si Dolores Vázquez hubiera podido posicionarse claramente fuera del armario en aquel momento (no tuvo la oportunidad), los prejuicios no hubieran prendido tan fácilmente; se la hubiera podido defender de aquello que no se nombraba y que contribuyó enormemente a condenarla.

No hay homofobia en decir que Vito Quiles es gay, decirlo no es algo que pueda criticarse porque lo contrario, defender que Vito Quiles tiene derecho a mantener ese secreto, sólo sirve para reforzar las paredes del armario que nos oprime a todos y todas y favorece el crecimiento de la homofobia. En general, no aparece la ocasión de mencionar que alguien es gay o deja de serlo, pero si dejamos de hacerlo por considerarlo un asunto privado estamos apelando a la tolerancia liberal y asumiendo un pacto reaccionario sobre la necesidad del secreto. 

Si sacar del armario a un fascista le hace daño es porque esta persona se sitúa a sí mismo en un contexto de defensa del machismo y de la homofobia. En lo que a mí respecta, bien por Sarah. 

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

Eduardo Casanova ha mostrado en el documental Sidosa, de la mano del periodista Jordi Évole, el proceso de hacer público que vive con VIH desde los 17 años, con el objetivo de que "se hable del tema", porque "el gran problema del VIH es el estigma y la serofobia".

"La cultura pone en el centro un debate que no se establecía desde los años 80 o 90. El avance médico está muy bien, pero lo que tiene que haber es avance social, y estos proyectos hacen que la gente hable del tema", ha afirmado el actor y director, que presenta este martes el documental en el Festival de Málaga.

No se siente "único ni exclusivo", porque la suya es "la realidad de muchas personas con VIH", ha dicho Casanova, que ha resaltado la importancia de "comunicar bien" a raíz del debate que está ocasionando su "visibilidad como persona con VIH".

"La sociedad conoció el VIH en los 80 y los 90 a través de la prensa, que hablaba desde la poca información, la homofobia, la serofobia y la misoginia, desde un lugar horrible y estigmatizante" y se refería "al cáncer gay o a un castigo divino para acabar con la homosexualidad".

Ahora la realidad llegará a las personas "si se comunica bien". "Más allá de mi ideología, la sexualidad, hacer el amor, follar, atraviesa a todo el mundo. A mí también me preocupa que una persona de Vox tenga VIH y lo esté pasando mal".

El odio "existe, se recibe, y hace mucho más ruido que el amor", pero él ha recibido "mucho amor", por lo que cree que es importante "no hacerle mucho caso al odio".

"Espero no ser una referencia para nadie, pero tengo una voz pública muy mediática y entiendo la posición en la que se me coloca. Quiero quitarme el mérito de ser la primera persona en anunciarlo, soy una persona privilegiada que lo dice y luego puede ir al psicólogo para recibir ayuda".

La "única posibilidad" que tenía para hablar del VIH era "a través del cine". "Siempre he tenido la herramienta de hacer cine para contar lo que me preocupa y me interpela".

"A mí, la vida no me la han salvado los retrovirales ni los psicólogos, sino el cine. Sin cine no habría sido capaz de sujetarme", ha resaltado Casanova. "Se ha podido intentar acabar con determinadas personas, pero existimos y vamos a estar ahí, y no vamos a volver a los márgenes".

Jordi Évole ha explicado que se propusieron "contar la historia con la vocación de que fuese algo más, un documental didáctico, porque descubrimos que con el VIH y el sida sigue habiendo mucho tabú, incluso entre el personal médico".

"Nos propusimos que no fuese Philadelphia 2, porque queríamos reírnos", a lo que contribuyó "la mirada de Edu desde el humor, el sarcasmo y el combate al odio, muy presente hoy en día en nuestra sociedad".

El título "puede echar para atrás a mucha gente, porque a Edu le han llamado así para insultarle, y queríamos devolverle la jugada a esa gente, y que deje de ser un insulto y pase a ser algo reivindicativo".

"Es importante dar los pasos que ha dado Edu en este documental, y esperamos que aporte un grano de arena en un momento de futuro oscuro como el que vivimos ahora, en el que puede ser que este país entre en un retroceso. Es un golpe encima de la mesa", ha añadido Évole.

Este documental de Atresmedia y Producciones del Barrio, dirigido por Lluís Galter y Màrius Sánchez, se estrenará en cines el 23 de abril, después se podrá ver en la plataforma Atresplayer y a continuación se emitirá en La Sexta.

Ni Sherlock Holmes ni el doctor Watson, que siempre se adelantan a los agentes de la Met (Policía Metropolitana de Londres), podrían sospechar de la misoginia, el racismo y la homofobia que ejercen los bobbies —apodo que reciben los agentes de ese cuerpo—. En el quinto aniversario del secuestro, violación y asesinato de Sara Everard a manos del policía Wayne Couzens, perpetrado el 3 de marzo de 2021, Sir Mark Rowley, jefe de la Met, ha hecho públicas las cifras de la purga que se está llevando a cabo en la institución.

“Unos 1.500 agentes han sido expulsados desde 2022 por comportamiento indebido; muchos de ellos por conducta inapropiada contra las mujeres”, ha explicado Rowley a la BBC. La Met cuenta con unos 42.000 empleados (30.000 policías, personal administrativo, especializados, cargos, etc.). En 2025, 28 agentes fueron expulsados por comportamiento indebido de carácter sexual y violencia contra mujeres; otros 39 dimitieron o se jubilaron por los mismos motivos.

El jefe policial cree que “algunos casos macabros de policías contra mujeres nos han llevado adonde estamos; por eso, tardaremos en recuperar la confianza de las mujeres, pero, por ahora, denuncian más que antes y aumenta también el número de mujeres incorporadas a la institución, lo cual es positivo”. Wayne Couzens, que se encuentra en prisión, no es el único que se hizo policía sin que se comprobaran sus antecedentes penales: David Carrick fue condenado por ochenta agresiones sexuales, incluidas 24 violaciones, antes y después de llevar el uniforme policial.

El asesinato de Sara Everard, secuestrada en un parque de Londres, provocó una investigación sobre el funcionamiento de la Met dirigida por la investigadora independiente Louise Casey que concluyó en un informe, publicado en 2023, en el que se constataba “la institucionalización del racismo, la misoginia y la homofobia”. En el informe se citan casos como el de una violación cuyo juicio fue cancelado porque se había estropeado el congelador en el que se guardaban pruebas para el juicio. El informe presenta, además, un programa de medidas para resolver la discriminación por raza, género u orientación sexual en la Policía de Londres.

La misma Louise Casey ha dicho estos días a la BBC que desde que se publicó su informe, “se han hecho avances, pero no suficientes para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia machista; como país no nos tomamos en serio este tipo de violencia”. Las mujeres ocupan el 27% de los puestos de la Met, un porcentaje que va bajando a medida que suben los cargos; un 18% de ellas trabajan en posiciones como inspectores o rangos medios y el 3% llegan a los puestos más altos de la jerarquía policial.

La que mira con lupa las purgas y los cambios en el cuerpo de seguridad es Janet Hills, expresidenta de la Asociación de Policías Negros —National Black Police Association— y jubilada de la Met, quien manifiesta a infoLibre que “la Met se ha reformado desde el informe Casey, que la declaró institucionalmente racista, misógina y homófoba, pero no está claro aún el alcance de los cambios; ahora hay una segunda investigación que tiene que determinar si se aplican las recomendaciones de la primera. De esta segunda investigación veremos si las reformas son genuinas o maquillaje”.

En el centro de las reformas está el mismo Sir Mark Rowley, nombrado tras la ola de indignación que generó el caso de Sara Everard o la existencia de violadores con uniforme de policía. A tenor de Janet Hills, el jefe de la Met tiene aún que demostrar que es un reformista. “Sir Mark ha emprendido reformas internas, pero no acepta las conclusiones del informe Casey que califica la Met de institución racista, misógina y homófoba, con lo cual no reconoce la magnitud del problema o cómo resolverlo. La confianza del público en la Policía ha ido cayendo bajo su mandato hasta el punto más bajo en 2025; veremos en esta fase de aplicación de reformas recomendadas si va en serio o es un lavado de cara”, comenta Janet Hills.

La expresidenta de la Asociación de Policías Negros tiene su propia hoja de ruta contra la discriminación en la Met: “Se requiere una reformulación sobre a quién se recluta, cómo se gestionan los comportamientos indebidos o cómo se relacionan los agentes con el público. No es casual que las mujeres o los negros sean quienes menos confíen en los policías: urge ganar la confianza de estos sectores”, alerta Janet, mujer de raza negra y miembro de la Met durante 35 años.

Las organizaciones de mujeres mantienen los ojos abiertos ante el alcance de las purgas y de los cambios anunciados en la Met. El Gobierno ha encargado las dos investigaciones citadas: la de Louise Casey, que habló en 2023 de una “discriminación institucionalizada” en la Met y recomendó un programa de reformas, y la más reciente, dirigida por Gillian Fairfield, que deberá comprobar la aplicación de aquellas pautas marcadas en esa evaluación previa.

Desde organizaciones como Women’s Aid (Ayuda a las mujeres), su directora, Farah Nazeer, dice a infoLibre que “hemos visto investigaciones, libros verdes, blancos y rojos, pero lo que necesitamos ahora es acción, y lo más importante para la Policía es que trabajen con especialistas como nuestra organización y que oigan y se relacionen con las supervivientes de la violencia contra mujeres y niñas”. En otra de las asociaciones, Refuge (Refugio), Ellie Butt recuerda que “respecto a la violencia contra las mujeres y niñas, los cambios en la Policía deben tener en cuenta que a menudo el maltratador está en casa”.

Decía Mariló Montero hace unos días en televisión que ella no necesita ningún estudio científico para saber cómo se transmiten el VHI, el sida y el VHS. Que cualquiera podría decir que ya estamos fuera de peligro, porque en pleno 2026 ya nadie tiene en su casa reproductores para esos virus. El hecho de que la mujer que aseguró que cuando se trasplantaba un órgano de una persona a otra se le trasplantaba también el alma de la persona fallecida no sea una experta científica no es algo que haya sorprendido a nadie en exceso. Lo que sí sigue sorprendiendo es cómo los medios –y en especial muchas televisiones– deciden hacer uso del estigma, de los bulos y del negacionismo científico para levantar un par de míseros puntos de audiencia aunque sea a costa de la imagen, la seguridad y la salud física y mental de comunidades enteras. 

Parece que lo busquen. Que necesiten desesperadamente una comunidad sobre la que existan prejuicios y estigmas para poder crear un circo de los horrores a su alrededor y crear un clima de preocupación y miedo que mantenga a la audiencia enganchada a la pantalla. Que requieran, también, crear polémica, siendo más importante dar unos gritos que la veracidad de las informaciones que puedan lanzarse. Para hablar de un tema tan serio como es el VIH no se dignan a llevar a un científico. O a un médico. O a un investigador. Tampoco se sientan a escuchar la opinión de una persona experta. Reconocen que ni siquiera esa es su intención, sino la confrontación, quedando claro con el rótulo que destaca: “Mariló vs Trakatrá, el asalto final”. Da igual el daño que podamos hacer, da igual los bulos que lancemos: lo que importa es que hemos rellenado cinco o seis minutos de tele. Eso sí, a pesar de estar Mariló tremendamente vetada y tener prohibido hablar porque vive en la época de la censura que le impone la izquierda. Lo sé porque lo dijo hace poco en La Revuelta, en La 1. También lo dice cada día por la mañana en Antena 3 y por la noche en Telemadrid. Si le censuran un poco más, va a acabar sustituyendo al Rey en su mensaje de Navidad. 

Que le hayan cogido cariño al tema no nos resulta nuevo: vieron que funcionaba hace unas semanas con Eduardo Casanova. También lo tenían reciente de su trato a la viruela del mono. O de ese debate en el que Antonio Naranjo decía que si una persona era promiscua y tenía VIH tenía la obligación de contárselo a la gente con la que se relacionaba.

No queda tan lejos esa televisión que, a finales de los 90, tenía en pantalla a Alessandro Lecquio asegurando, entre risas, que había dado algún que otro bofetón a alguna mujer. Algo que antes no se veía tan mal, y que es una batalla que ahora, gracias al feminismo, parece estar algo más ganada que antes. Ya no veríamos normal un debate sobre si es aceptable o no pegar a una mujer. Tenemos claro que no lo es, aunque seguro que a muchos medios les encantaría poder volver a llevar ese debate a la pantalla para rentabilizar la polémica. No permitimos en nuestras pantallas a negacionistas de la violencia de género. Tampoco de la violencia vicaria, o del cambio climático, o de que la pandemia de covid-19 fue real. ¿Por qué con temas como el VIH o la serofobia sí lo aceptamos?

Entiendo que sentar a un científico o a un activista bien formado en un plató de televisión para informarse, escucharle y educar a la población de forma que se reduzcan estigmas y la vida de otros sea más fácil quizá se vea poco televisivo. Qué pena que, por el contrario, hayamos normalizado unos medios que se dedican a buscar grupos vulnerables a los que poder convertir en marginales, en enemigos, en los señalados, porque han decidido no evolucionar de una época en la que esa era su mejor baza para liderar en audiencia. Pero recordad: si el espectáculo sustituye a la ciencia, lo que se emite no es opinión; es irresponsabilidad.

La guerra cultural emprendida por la extrema derecha europea contra los derechos LGTBIQ+, de la mujer o la población migrante sube de nivel en la Eurocámara. Los grupos parlamentarios de Vox, Orbán y Le Pen, Patriots for Europe, junto al de Giorgia Meloni, ECR, quieren celebrar el 2 y 3 de febrero una cumbre internacional con activistas a favor de las terapias de conversión, diputados que apoyan las penas de muerte contra los homosexuales o que asocian la pedofilia a personas de identidades sexuales no binarias.

Las fuerzas progresistas del Parlamento Europeo han dicho basta. Hartas de la escalada homófoba que se vive en la institución, se están movilizando para frenar la VII Transatlantic Summit de la próxima semana, coorganizada por la plataforma ultracatólica Political Network for Values y organizada bajo el título 'Libertad de Expresión vs Discurso Controlado, fortaleciendo los pilares de la democracia', un nombre ambiguo para conseguir su aprobación por parte de los servicios administrativos de la Eurocámara.

Entre los invitados están Santiago Abascal; la diputada ugandesa Lucy Akello, quien en su país votó a favor de la ley contra la homosexualidad de 2023, con penas de prisión y hasta de muerte para ese colectivo; la influencer neerlandesa Eva Vlaardingerbroek, defensora de teorías como la del Gran Reemplazo; el viceministro de Exteriores paraguayo, Víctor Verdún, acérrimo activista provida; o la estadounidense Sharon Slater, polémica por considerar al colectivo LGBTIQ+ “significativamente más promiscuo” o “más propenso a involucrarse en la pedofilia”.

“Durante dos días, el Parlamento Europeo acogerá un foro a activistas que están en contra de la democracia, que abogan por la llamada 'terapia de conversión', que defienden restricciones severas al aborto, que vinculan a las personas LGBTQI+ con la pedofilia”, denuncian más de treinta eurodiputadas y eurodiputados en una carta abierta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en la que señalan que “la concentración de la internacional fascista no debería ser financiada con fondos europeos ni celebrarse en las instalaciones” de la cámara.

La misiva, a la que ha tenido acceso infoLibre, está impulsada por la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, e incorpora a representantes españoles, franceses, italianos, irlandeses, belgas, portugueses, eslovenos, suecos o alemanes de los grupos de Los Verdes, La Izquierda, liberales o socialdemócratas no españoles. Miranda es clara sobre los argumentos de la carta y denuncia ante este medio que se “utilicen las instalaciones del Parlamento Europeo para fomentar valores contrarios a la tolerancia, al respeto o a los derechos humanos” porque las conferencias alentarán “el odio, los ataques al colectivo LGBTQI+, el racismo o la xenofobia”.

La eurodiputada del BNG ya había participado en las movilizaciones que consiguieron frenar un evento de la Falange en las instalaciones del Parlamento Europeo y destaca para este medio que “cuatro grupos políticos con representantes de la Comisión de Libertades, de la de Derechos Humanos y del Intergrupo de Igualdad” se unan ahora contra esta cumbre ultra.

En la iniciativa, sin embargo, no participan eurodiputados del PSOE. Fuentes de esta delegación explican a infoLibre que “se entiende que el Parlamento no tiene la legitimidad para impedir de antemano la celebración del acto, creemos que no podemos demandar a la instituciones que un grupo con representación política no celebre un acto”, pero puntualizan “otra cosa es lo que se diga dentro, y estaremos vigilantes si hay cualquier incitación al odio o discursos constitutivos de delito, porque entonces sí se actuará”.

Entre los firmantes de la carta sí hay colegas suyos de Portugal, Suecia o Irlanda. La presidenta de todo el grupo parlamentario, Iratxe García, asegura que “los Socialistas y Demócratas estamos rotundamente en contra de que se ceda espacio en el Parlamento Europeo a organizaciones que tienen como fin atacar los principios y valores en los que se fundamenta la Unión Europea”, “incompatibles con los objetivos de este lobby ultraconservador que no respeta los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, promueve las llamadas terapias de conversión que atentan contra la dignidad de las personas LGTBIQ+ y fomentan el racismo y la xenofobia”.

El evento de la próxima semana sucede a otros celebrados los últimos meses en una espiral de peligrosos discursos contra el colectivo trans o la violencia de género aprovechando las salas y pasillos del Parlamento Europeo. Desde noviembre ha habido citas con el título 'Desmontando la ideología de género: dejen a nuestros hijos libres', 'La amenaza de la ideología trans en Europa - Los derechos de las mujeres en peligro' o, recientemente, 'Niños trans: la conversación que están intentando silenciar'.

Detrás de todos estos actos aparece Patriots for Europe que acoge a los representantes de Vox, el Fidesz de Orbán o el Rassemblement National de Le Pen. Junto a ellos, el grupo parlamentario más ultra de la cámara, Europa de las Naciones Soberanas, liderados por los neonazis alemanes de AfD o los fascistas eslovacos del Movimiento Republicano. Entre sus organizadores, la eurodiputada española Margarita de la Pisa y el húngaro András Lászlo. Precisamente la política de Vox es una de las anfitrionas de la Cumbre Transatlántica.

“No todo vale bajo el paraguas de la libertad de expresión, no son de recibo comentarios contra las mujeres, contra la cuestión de las razas o la orientación sexual de colectivos y está pasando ya en el Pleno donde hay muchos contenidos ofensivos en los discursos” de los eurodiputados de extrema derecha, alerta Ana Miranda quien pide a la Eurocámara que ponga límites. Una denuncia compartida por Estrella Galán. La eurodiputada de Sumar habla también con infoLibre de esta situación en el Pleno y de cómo “la extrema derecha usa impunemente cualquier espacio para atacar los derechos LGBTQI+, de las mujeres y de las personas migrantes” al tiempo de que “es también muy preocupante la posición de la derecha que se dice democrática, que secunda con un silencio cómplice estas actitudes y narrativas”.

La creciente guerra cultural de la ultraderecha criminalizando al colectivo trans o al al feminismo aprovechando las instalaciones del Parlamento Europeo ya generó una firme reacción del Intergrupo de Igualdad y LGBTIQ+, integrado por trabajadores de las instituciones comunitarias. Hace unas semanas enviaron a la presidenta Metsola una carta firmada por su representante Vanessa Coglitore donde deseaban “expresar su preocupación por una serie de eventos recientemente celebrados” en la Eurocámara que “han desarrollado narrativas atacando abiertamente a las personas trans y no binarias de maneras que son humillantes, estigmatizadoras e incompatibles con los valores de la Unión”.

Coglitore denuncia su falsa apariencia porque “aunque presentadas como discusiones políticas, estos eventos repetidamente avanzan en narrativas que concuerdan abiertamente con definiciones reconocidas del discurso de odio”. Este medio ha podido comprobar que la carta recoge soflamas literales pronunciadas en esas conferencias como “los niños trans no existen”, calificando la cirugía de cambio de sexo “una película de horror pero se le llama medicina” o “engaño pederasta” para referirse a los menores que se cuestionan su género.

Pese a estos precedentes, la VII Cumbre Transatlántica no ha sido frenada ni por la presidencia de la Eurocámara ni por los servicios responsables de autorizar eventos extraparlamentarios. Tampoco se ha impedido la presencia de ponentes con posturas políticas y pronunciamientos públicos contrarios a los valores de la UE. “Las instalaciones del Parlamento Europeo, en las que reside la soberanía de todos y todas las europeas, no pueden servir para legitimar la agenda de la internacional del odio”, exige Estrella Galán, firmante también de la carta sobre las conferencias del 2 y 3 de febrero.

La Audiencia Provincial de Huelva ha reducido de 28 a 6 meses de prisión las penas impuestas a un hombre por una agresión violenta de carácter homófobo en Isla Cristina (Huelva) en 2019 debido a los retrasos injustificados en la tramitación del proceso judicial.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, ratifica los hechos probados de la dictada por el Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva, si bien, estima el recurso de apelación del condenado contra este fallo y rebaja la condena de prisión al mínimo legal al aplicar la atenuante de dilaciones indebidas muy calificada.

Según la sentencia, los hechos se remontan a la madrugada del 10 de febrero de 2019, cuando el acusado se aproximó a la víctima en el exterior de una sala de fiestas y le propinó un fuerte golpe en el rostro con una copa de cristal mientras gritaba: "¡Por maricón, perro!".

Tras quedar la víctima inconsciente en el suelo, el agresor y otros acompañantes lo arrastraron varios metros para continuar la agresión con puñetazos, patadas y golpes con el palo de una fregona.

Como consecuencia, el agredido sufrió múltiples heridas que requirieron sutura, secuelas estéticas y un trastorno de ansiedad por el que deberá ser indemnizado con más de 9.600 euros.

Además, el acusado fue condenado por obstrucción a la justicia al intentar coaccionar a la pareja de la víctima para que retirase la denuncia días después del ataque.

La defensa del condenado centró su apelación en que el proceso se había alargado de forma desproporcionada y la Audiencia ha dado la razón al apelante, señalando que la tramitación del recurso se demoró más de tres años sin una causa que lo justificara.

El tribunal ha destacado dos periodos de "paralización absoluta": entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, cuando la causa quedó estancada antes de ser elevada a la Audiencia, y un segundo periodo de ocho meses hasta que el expediente llegó físicamente a la Sala en mayo de 2025.

La sentencia ha calificado estos retrasos como una atenuante "muy cualificada", argumentando que la duración total de casi cinco años para un caso de esta naturaleza es "manifiestamente injustificada" y supone una quiebra del derecho constitucional a un proceso en un plazo razonable.

Ante esta situación, la Audiencia ha aplicado una rebaja de grado en las penas, por lo que la condena original de 10 meses por lesiones ha sido sustituida por una multa de tres meses, y la pena por obstrucción a la justicia, inicialmente de 18 meses, se ha reducido a 6 meses de prisión.

Un mural homenaje al poeta Federico García Lorca que se muestra en el mirador del Troncoso de Zamora ha sido vandalizado con pintadas con insultos homófobos, han informado a EFE este lunes fuentes municipales.

Las palabras con pintura negra aparecieron el domingo en esa zona turística del casco antiguo de Zamora con vistas al río Duero y el mismo día fueron eliminadas por el servicio municipal de Limpieza y del autor del mural, el pintor Carlos Adeva.

El mural vandalizado muestra una imagen de García Lorca junto a unos versos alusivos al río, unas barcas y la cúpula de la Catedral de Zamora.

Tras tener conocimiento del acto vandálico, el consistorio se puso en contacto con el autor del mural que unas horas después acudió al lugar para recomponer la imagen de Lorca que había sido objeto de algunas de las pintadas.

Los delitos de odio contra la comunidad LGTBIQ+ han aumentado en el último año, según datos de la FELGTBI+. Según el informe Estado del Odio: Estado LGTBI+ 2025, elaborado por la Federación, el 20,3 % de los miembros del colectivo han sufrido acoso. También, un 25,25% sufren discriminación en áreas como el trabajo o la vivienda y un 16,25 % han sido agredidas por su orientación sexual o identidad de género.

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado las penas de entre 20 y 24 años de prisión impuestas a los tres condenados por el asesinato de Samuel Luiz en A Coruña en 2021 y sostiene que el ataque consistió en un “inexplicable linchamiento”. La Sala de lo Penal del TS mantiene también la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de absolver por falta de pruebas a un cuarto acusado que había sido condenado como cómplice por la Audiencia Provincial.

Los magistrados desestiman los recursos de casación tanto de las defensas de los tres condenados como de la Fiscalía y la acusación particular, estos últimos en contra de la absolución del cuarto acusado en relación con la agresión grupal que mató a Samuel Luiz el 3 de julio de 2021 ante la playa de Riazor de A Coruña.

"Fue un ataque sorpresivo (la interacción previa fue meramente anecdótica por la irrelevancia de la supuesta ofensa), que desde el primer momento deja indefensa a la víctima, en una suerte de inexplicable linchamiento”, indica la Sala en una sentencia en la que además de la alevosía confirma la agravante de discriminación por motivo de orientación sexual para Diego Montaña.

Así ratifica la pena de 24 años de prisión para Diego Montaña Marzoa por delito de asesinato con la citada agravante; de 20 años para Alejandro Freire García por asesinato, y de 20 años y medio para Kaio Amaral Silva Costa por asesinato y por robo con violencia por la sustracción del móvil de la víctima.

Los tres condenados tendrán además que indemnizar a familiares de la víctima con más de 300.000 euros.

Según los hechos probados, la agresión grupal se desencadenó en las inmediaciones de un local de copas casi a las tres de la madrugada, cuando Diego Montaña, que estaba con su entonces pareja sentimental, creyó que la víctima les estaba grabando con un teléfono móvil.

Se dirigió a él y le dijo, "deja de grabarnos", a lo que Samuel contestó que solo estaba realizando una videollamada.

También se considera probado que Diego le dijo: "Deja de grabar, a ver si te voy a matar, maricón", y que le propinó de forma sorpresiva y repentina puñetazos y patadas, sobre todo en la cabeza y la cara, "por su animadversión hacia la condición sexual homosexual que le atribuyó". Y ratifica que no puede aplicarse la atenuante de actuar bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Los otros dos acusados se sumaron a la agresión, según la sentencia que ahora se confirma.

Para rechazar los recursos de las defensas, los magistrados del Supremo argumentan que concurrieron todos los requisitos para apreciar la agravante de alevosía, que configura el delito como asesinato, ya que el violento ataque a golpes fue imprevisible y supuso un "inexplicable linchamiento".

Añaden los magistrados que fue "algo más que un abuso de superioridad, el desequilibrio era abrumador y la defensa fue anulada desde el primer momento", y que la ayuda que recibió la víctima de unos testigos fue posterior.

En cuanto a los dos coautores del asesinato junto a Diego, la Sala considera que su participación tiene base razonable dadas las pruebas.

El Supremo desestima también los recursos de la Fiscalía y de la acusación particular respecto a la absolución de quien la Audiencia de A Coruña consideró cómplice, argumentando que es razonable porque ni en el vídeo reproducido en el juicio ni en las testificales se aprecia que facilitara la agresión.

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado el recurso interpuesto por la Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual de A Coruña (ALAS), un grupo activista cuya andadura comenzó en 2010, contra la resolución de la Consellería de Presidencia Xustiza e Deportes en la que se denegaba a la asociación su declaración como de utilidad pública. Así, el tribunal considera que esa decisión no tuvo una justificación adecuada, probablemente discriminatoria y con una aparente arbitrariedad.

La asociación solicitó la declaración el 15 de noviembre de 2023. Para ello, aportaron documentación, como memoria de actividades y cuentas, que acreditaban sus actividades beneficiarias para la comunidad LGTBI+. Entre ellas, la intervención de ALAS como acusación popular en el procedimiento judicial por el asesinato homófobo de Samuel Luiz, ocurrido el 2021 en A Coruña.

La sentencia del TSXG relata que la Consellería desestimó la petición de la asociación de una forma probablemente discriminatoria, y sin una justificación adecuada y aparente arbitrariedad. La Sala asegura que el informe de la AEAT “confirma, con un alto nivel de probabilidad, que se emitió sin comprobar la realidad de la actividad de la asociación, de espaldas a esa realidad y con un automatismo que habría ocasionado, sin duda, una decisión arbitraria”.

Este reconocimiento se considera una medida que intenta estimular la participación en asociaciones “en la realización del interés general”, ya que genera beneficios fiscales. Por tanto, conlleva “una calificación especial, una declaración formal que reconoce, oficialmente, el beneficio para la colectividad de los fines perseguidos por esa asociación y sus actividades”.

El argumento de la Consellería para denegar la solicitud está basado en un informe desfavorable de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), el cual estima que la asociación no acreditó un beneficio social derivado de sus actividades suficiente ni tiene "un impacto real en la sociedad en su conjunto”. Sin embargo, el TSXG ha concluido que el informe de la AEAT carece de motivación suficiente, ya que reconoce los servicios y actividades desempeñados por la asociación, para, a continuación “sin una explicación mínima de sus razones, negarle que hubiera acreditado el beneficio social derivado de esas actividades”.

La Sala califica de "incongruente" a la AEAT: “No hay duda de que esas actividades responden a un interés general representado, en este caso, por la promoción de la formación en educación en diversidad afectiva, de la salud e incluso de la seguridad en la vía pública para las personas del colectivo LGTBI+ (asociadas o no)”. ALAS ha demostrado cumplir los requisitos legales, ya que sus actividades “tienden a promover el interés general” y son “no restringidas a beneficiar a sus asociados, sino abiertas a cualquier otro posible beneficiario”, concluyen los magistrados.

Las citas no tardaron en reaparecer en las redes. “El sectarismo gay me exaspera tanto como la homofobia”, se lee claramente en un blog local llamado Vernon Politique. Esa frase se atribuye a Sébastien Lecornu, entrevistado a principios de noviembre de 2012 por un periodista independiente sobre la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo. En ese momento era candidato a las elecciones municipales de la ciudad de Vernon (Eure).

El político, afiliado a la UMP (Unión por un Movimiento Popular) añadió: “El matrimonio es, en nuestras sociedades, la base de la construcción de la familia. Y una familia se forma entre un hombre y una mujer”.

Trece años después, Sébastien Lecornu acaba de ser nombrado primer ministro por Emmanuel Macron y esas declaraciones son preocupantes.

“La frase sobre el sectarismo gay es bastante chocante”, comenta Alexandre Schon, presidente de la asociación Inter-LGTB, contactado por Mediapart. “Es una inversión acusatoria, que remite a las personas LGTBQIA no a su condición de oprimidas, sino a una tendencia al repliegue identitario. Es un lenguaje procedente de la derecha reaccionaria, que patologiza a las comunidades.”

También considera que “reducir las familias a ‘la familia’ como una célula heteronormativa de unión entre un hombre y una mujer es negar la realidad que viven millones de personas, transmitiendo una visión retrógrada, patriarcal y excluyente, que no se corresponde ni con la diversidad de la sociedad ni con la igualdad de derechos que exigimos”.

Cuando se publicó esta entrevista a finales de 2012, La Manif pour tous (La manifestación para todos) —una alianza de colectivos conservadores movilizados contra la igualdad de derechos— aún estaba en sus inicios. Posteriormente saldrá a las calles durante varios meses, con el apoyo de la inmensa mayoría de los políticos de derechas y de la extrema derecha. Algunos afirman hoy haberse "equivocado", como Gérald Darmanin (actual ministro de Justicia, ndt), mientras otros intentan discretamente borrar las huellas online de ese compromiso pasado, como Valérie Pécresse (actual presidenta de la región Île de France, ndt).

Sébastien Lecornu, por su parte, no se ha pronunciado sobre el tema desde hace años. Contactado por Mediapart al día siguiente de su nombramiento, el nuevo primer ministro no ha respondido a nuestra petición de aclaración. En julio de 2022, se refirió brevemente a lo que él denomina “frases del pasado” durante una audiencia ante la Comisión de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas de la Asamblea Nacional: “Tendría mucho que decir sobre la entrevista que concedí cuando era un joven candidato, pero eso no concierne a la comisión de defensa”, declaró.

Tendremos que conformarnos con saber que en 2015 todavía era “hostil a la gestación subrogada y la reproducción asistida”, según una entrevista concedida a la web Actu, pero que habría cambiado de opinión en 2019. “Son temas sobre los que he avanzado mucho y sigo avanzando”, declaraba entonces en France Info, a la sazón ministro responsable de las colectividades territoriales. Se declara “a favor de la disposición tal y como se introducirá en la ley”, es decir, a favor de la apertura de la reproducción asistida a las mujeres solteras y a las parejas de mujeres.

Sin embargo, algunas políticas de izquierda consideran que ese cambio de postura no es suficiente. Marine Tondelier, secretaria nacional de Europe Écologie-Les Verts (EELV), afirmó contundentemente el martes 9 de septiembre en France Info: “Se ha nombrado a un primer ministro homófobo en Francia”. “Y además, es homófobo”, repetía la diputada ecologista Sandrine Rousseau.

Una figura de la oposición a nivel local, que conoce bien al nuevo primer ministro por haberse opuesto a él en numerosas ocasiones, lamenta por el contrario esas declaraciones, que considera excesivas. “Es muy injusto juzgar a un responsable político por declaraciones que datan de hace una década. A mí tampoco me gustaron sus palabras entonces, pero eso fue hace trece años. Luego nunca ha vuelto a cuestionar el matrimonio para todos en sus declaraciones”.

Maxime Haes, portavoz de la asociación Stop Homophobie, considera sin embargo que el tiempo transcurrido no importa: “Esas declaraciones homófobas han contribuido al clima extremadamente LGTBfóbico de 2012. Es uno de los políticos responsables del aumento de la homofobia en Francia durante ese periodo. Me alegro de que haya cambiado de opinión, pero no le vamos a dar una medalla. Estamos hablando de una persona que en aquel momento consideraba que las personas LGTB no podían formar una familia, como si fueran ciudadanos de segunda clase”.

Según él, un primer ministro ha de “ser capaz de tener en cuenta las expectativas de todas las personas”. “Necesitamos responsables políticos que sean capaces de comprender los retos de hoy y de mañana, de ir contra corriente cuando sea necesario. Pero el Sr. Lecornu no es esa persona”.

La desconfianza es mayor sobre todo porque Sébastien Lecornu es el tercer ministro de la “base común” —coalición de la derecha y el centro— en dieciocho meses nombrado por Emmanuel Macron, cuando la izquierda quedó en primer lugar en las elecciones legislativas anticipadas convocadas en el verano de 2024. Dado que Michel Barnier y François Bayrou formaron gobiernos de tendencia "Manif pour tous", —el principal colectivo en contra del matrimonio igualitario en Francia [ndt]— a algunos les cuesta imaginar que su sucesor pueda actuar de otra manera. Sobre todo cuando nos fijamos después en algunas de sus relaciones políticas.

Aunque afirma haber “avanzado” desde sus declaraciones de 2012, el nuevo primer ministro no puede borrar ciertas alianzas forjadas con personas cercanas a La Manif pour tous, algunas aún recientes. Él mismo lo dijo en diciembre de 2017 en Libération, cuando acababa de entrar por primera vez en el Gobierno. “En mi lista para las municipales, en Vernon, reuní desde la izquierda hasta los Veilleurs de La Manif pour tous”, declaró.

Los Veilleurs (vigilantes) encarnan el sector más conservador de La Manif pour tous; son los que, años después de la adopción del matrimonio para parejas del mismo sexo en 2013, siguieron luchando por su derogación.

En esa misma entrevista de 2017, Sébastien Lecornu también asume el binomio que forma con Catherine Delalande, descrita como “representante de Sens commun en Eure”, en las elecciones departamentales.

El movimiento católico ultraconservador Sens commun (sentido común), que también emana de La Manif pour tous y que en 2018 aún contaba con 10.000 miembros, tiene como proyecto “reconocer constitucionalmente el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer”, “reservar la adopción a las parejas hombre-mujer” y “cerrar la puerta de la reproducción asistida a los solteros y a las parejas del mismo sexo”, según informa France Info.

“No estamos de acuerdo en todo, pero en política existe la amistad”, declaró Sébastien Lecornu sobre su compañera, asegurando de paso que “respeta” el compromiso de quien, al parecer, ha abandonado Sens commun. En 2021 fue reelegido para el consejo departamental junto a ella. Delalande felicitó a su “amigo y compañero, nombrado primer ministro” el 9 de septiembre de 2025 en la red social X.

El otro socio histórico de Sébastien Lecornu se llama François Ouzilleau, un "amigo desde hace veinte años" quien le relevó en el puesto de alcalde de Vernon en 2015, municipio de 25.000 habitantes donde ambos se iniciaron en la política. Ouzilleau sigue hoy al frente del consejo municipal, que, según una encuesta realizada en 2023 por el medio independiente Le Poulpe, sería bastante receptivo a la influencia de una "catosfera (entendida como movimiento católico ultra [ndt] ) tradicionalista".

Traducción de Miguel López

En las últimas semanas se han viralizado varios vídeos del periodista José Miguel Villaroya hablando de lo woke, asegurando, en palabras textuales, que “el wokismo se ha creado para destruir la ideología real de izquierdas. El wokismo lo que quiere es dividir a la clase trabajadora”. El tertuliano hace referencia a la teoría de que categorizarnos entre personas LGTBIQ+, racializadas, o mujeres, incluso, es una estrategia de división que viene de los sectores reaccionarios.

Esto ha reabierto un debate bastante cíclico que precisamente lo que busca es enfrentar a varios sectores dentro de los propios movimientos de izquierda, como pasó este mes de junio cuando algunas cuentas de difusión intentaron crear una división entre la huelga del metal en Cádiz y los que iban a las manifestaciones del Orgullo.

¿Pero, es lo woke, lo queer, lo feminista o lo antirracista un caballo de Troya para dividir a los movimientos obreros?

La respuesta es simple y se refleja muy sencillamente en una escena de una película maravillosa llamada Te estoy amando locamente.

Durante la película, ambientada en Sevilla en 1977, uno de los personajes es detenido, apalizado por la policía y encerrado en prisión al ser pillado maquillado, con pendientes y vestido de forma “poco masculina” a las afueras de una discoteca de ambiente. Detención amparada en la Ley de Peligrosidad Social, que en aquel momento penaba la homosexualidad y la disidencia de género.

La clave está en una escena en la que sus amigas recogen firmas para derogar dicha ley y sacar a su amigo de prisión. En ella, apelan a un señor y le piden “una firma antifascista”. Él les responde que por supuesto, que él es de izquierdas. Pero, al aclararle para qué es concretamente la firma, el señor deja el bolígrafo y se va, mientras Mili, interpretada por Álex de la Croix, le grita: “Oye, que nosotras también somos de izquierdas, ¿eh?”.

En literalmente unos 15 segundos, la película responde al debate.

Las personas queer, disidentes de género, LGTBIQ+, pertenecían y pertenecemos también, en nuestra mayoría, a esa mayoritaria clase obrera. Sin embargo, no siempre hemos tenido el apoyo de esta mayoría cuando se nos persigue o violenta por serlo. Porque, os vamos a contar un secreto: en la izquierda y en los movimientos obreros también hay sesgos y también hay quienes, por muy obreros que sean, oprimen a otros. Si esa clase obrera crea estratos dentro de sí misma para que unos puedan seguir estando por encima de otros, ¿a quién defiende realmente?

Lo que realmente divide a la clase obrera no es la visibilidad del movimiento LGTBIQ+, sino la lgtbiqfobia. No es el movimiento feminista, sino el machismo. No es el movimiento antirracista, sino el racismo. No es la visibilidad de las personas con discapacidad, sino el capacitismo.

De nada le sirve una lucha obrera sin perspectiva feminista a la mujer que sufre violencia a manos de su marido, por muy obrero que este sea. De nada le sirve la lucha obrera a la mariquita que es muy obrera y muy precaria, pero a la que muchos de quienes deberían ser sus compañeros agreden y expulsan de los espacios de socialización.

De nada sirve un discurso que romantiza la nostalgia por una lucha obrera liderada única y exclusivamente por hombres blancos vestidos de mono azul, como si la mujer trans sin recursos ni hogar que se dedica por obligación al trabajo sexual o la marica no normativa a la que no contratan por su forma de expresarse no fueran obreras, con los mismos problemas que el resto de obreros, pero amplificados, precisamente, por la percepción de su identidad.

Y si lo woke es “creado por el liberalismo y lo conservador para dividir a la clase obrera”, ¿por qué lo woke es lo primero en ser atacado por ellos en cuanto se necesita un chivo expiatorio?

Comprar el marco de los Trump, los Milei y los Abascal de que lo woke es malo y peligroso y debe ser invisibilizado, es asumir que ellos ya han ganado; es rendirse a desterrar a quienes ellos dictan que deben ser desterrados.

Supongo que lo que divide a la clase obrera no es que siga habiendo intolerancia, o quienes compran discursos de odio, o tener 47 partidos distintos que dicen representarla atacándose entre ellos. No. Seguro que es lo feminista o lo LGTBIQ+.

Y sí, todas las reivindicaciones obreras beneficiarían a los colectivos minorizados, sí. Pero también todas las reivindicaciones feministas o LGTBIQ+ o antirracistas son reivindicaciones para la clase obrera. Porque todas las personas que forman parte de ella se beneficiarían de un mundo sin imposiciones de género, sin odio entre nosotros y sin presiones absurdas marcadas por una educación sesgada y unas expectativas inalcanzables.

Recordad: que la izquierda compre el discurso de que hay que dejar atrás a quienes marcan los contrarios es la mayor seña que existe de que esa parte de la izquierda ya ha asumido que ha perdido la batalla y que renuncia a continuar en la lucha. Pero, si lo habéis hecho, no os preocupéis, que las woke sí seguimos en ella.

Resulta muy curioso, aparte de clarificador, profundizar en las estrategias con las que los católicos han lidiado las exigencias éticas de su doctrina. Una de las más perspicaces ha sido, sin duda, desactivar las enseñanzas mediante el ingenio de cambiar el significado de las palabras. Así ha sucedido con la expresión ‘hijo pródigo’, referido hoy al hijo “que regresa al hogar paterno después de haberlo abandonado durante un tiempo, tratando de independizarse”, según el diccionario. Con este significado, la parábola evangélica queda neutralizada, sin sentido ni mensaje alguno porque ¿qué padre no le hará una fiesta al hijo “que regresa al hogar paterno”? Y otro tanto ha sucedido con la palabra “samaritano”, que hoy alude, en su tercera acepción, a la persona que ayuda desinteresadamente a otra. De nuevo, la parábola de Lucas parece un tanto insulsa: un viajero atacado por ladrones es ignorado y abandonado a su suerte por otros transeúntes hasta que tiene la fortuna de encontrarse con alguien que le ayuda “desinteresadamente”. Pues mejor para él, pero ¿dónde está el mensaje?

Hace cuatro años, en A Coruña, un joven fue atacado junto a la playa de Riazor por una turba de maleantes que lo mataron a golpes por ser homosexual. Su muerte fue contemplada por un número indeterminado de vecinos que, como en la parábola, miraron hacia otro sitio o, para ser más exactos, miraron exactamente hacia el sitio donde tenía lugar la agresión y muerte del joven. En la poblada noche de una ciudad que recuperaba la libertad tras la pandemia, no hubo nadie que hiciera nada; nadie reaccionó ni ayudó a la víctima que agonizaba bajo su mirada, hasta que aparecieron unos chavales senegaleses, unos álienes.

La palabra alien, popularizada por el xenoformo de H.R. Giger, deriva del término latino ‘alienus’ que refiere al extraño, al ajeno, al distinto, al extranjero. Alien es el diferente, el que viene de fuera, el que no es como nosotros; en definitiva, el otro. Como bien intuyó Ridley Scott, el distinto es peligroso. Y he aquí que el relato de Lucas, muy provocador, revive dos mil años después en las calles coruñesas: no fuimos nosotros quienes ayudamos a la víctima; lo hicieron los otros, los extranjeros, los álienes, los samaritanos.

Cumplirá recordar aquí que los judíos no dirigían la palabra a los samaritanos, a quienes despreciaban hondamente. Todavía hoy duele ver a Netanyahu, el miserable hombre que mata, referirse a Cisjordania como “Samaria y Judea”, tierras extrañas en proceso de conquista. A diferencia del sacerdote y del levita que ignoraron al viajero moribundo, a diferencia de los jóvenes coruñeses que asistieron impávidos o incluso curiosos a la agresión mortal de aquel pobre chico, siguen siendo los otros, sigue siendo la gente despreciable la que se abre paso entre la multitud para ayudar a alguien que no es de los suyos. Esa es la lección que hemos olvidado por haber cambiado el significado de las palabras en el diccionario.

Uno de los jóvenes que, en la mejor de las hipótesis, contemplaba inerte los golpes que terminaron con la vida del homosexual, fue absuelto por el Tribunal Superior de Xustiza, apreciando el argumento de su abogado que, según nos dice la prensa, insistió en que “estar no es hacer”: estar en el lugar de un crimen no equivale a cometerlo. Y tiene toda la razón, pero convendrá reflexionar un momento en el rango moral de una sociedad para la cual parece algo normal o comprensible “estar y no hacer” ante una agresión mortal.

¿Qué lleva a una persona a “estar pero no hacer” cuando ante ella están golpeando a un indefenso? Sin duda, entender que el agredido no es de los suyos; nuevamente, es un otro. Si el agredido fuese amigo o colega, si respondiera al perfil de identidad en el que se ven reflejados los espectadores, probablemente lo hubieran ayudado. Pero la víctima era homosexual, había nacido en el extranjero y, no es baladí, vivía fuera de la ciudad; nada favorecía el reconocerlo como prójimo. Me atormenta, en este sentido, imaginar qué hubiera sucedido si, en lugar de aquel joven al que lincharon, la turba se hubiera ensañado con una niña para agredirla a tocamientos junto a la playa; quiero pensar que la gente la habría salvado, pero esa diferencia de respuesta me resulta desasosegante.

El derecho penal nos habla con enorme distancia de la conducta de quien contempla impávido cómo se comete un delito ante él. Permanecer pasivo, y aun gozarse en la contemplación, es impune cuando el asistente valore “un riesgo propio o ajeno” en caso de intervenir. La ley no advierte qué tipo de riesgo, ni lo parangona al riesgo del delito contemplado, así que tal vez el riesgo de recibir un bofetón será bastante para justificar el no hacer nada ante un homicidio. En el caso de un simple espectador, la ley penal no impone más obligación de actuar, como sí la tendrían otros: el socorrista de una piscina o el padre que ve cómo agreden a su hijo menor. Y es normal que el derecho penal no vaya más allá porque, en definitiva, la ley no es más que el reflejo de la sociedad en la que se aplica. En contra de lo que sueñan legisladores aventados, el Código Penal no sirve para cambiar mentalidades ni para convencer a la gente de que está mal lo que hasta entonces no sabe que es malo; solo impone un castigo a conductas que todo el mundo asume como inaceptables, sin arrogarse un papel didáctico o educativo. La sociedad en la que vivimos, y así lo ha venido a reconocer el Tribunal Superior de Xustiza en su decisión absolutoria, no advierte reproche penal en la conducta de quienes dejaron sin ayuda a quien fue agredido hasta la muerte; como digo, si la manada hubiera atropellado a una niña, igual la decisión hubiera sido diferente. Hay que cambiar las cosas.

En 1949 llegó a Coruña, a bordo de un espléndido transatlántico, el rey Abdalá I de Jordania, bisabuelo del actual rey, que lleva su mismo nombre. Con tal potísimo mérito, el ayuntamiento le dio el nombre de una calle al monarca, transliterado como “Rey Abdullah” a secas. La ampliación urbanística ha trasladado aquella calle desde los suburbios hasta el centro de la ciudad, muy cerca, por cierto, de donde se produjeron los hechos. Sería de justicia que la agresión que actualizó en A Coruña la fábula del samaritano fuera recordada de forma permanente, así que propondría renombrar tal calle con el nombre de los extraños que asistieron al prójimo: Ibrahima Diack y Magatte N´Diaye, los héroes de aquella noche.

En mi opinión, lo propio sería darle una calle al propio agredido, porque no creo que sea bueno que la ciudad olvide lo sucedido. Pero la familia no está por la labor; desea que no se nombre al fallecido, que el recuerdo público de su muerte se desvanezca cuanto antes para así guardar su memoria dentro de un armario. Es una pena, porque la lucha por una sociedad más justa exige recordar estos hechos para meditar colectivamente sobre el fracaso que representan. Solo con el recuerdo de esta agresión, donde varios gigantes terminaron con un desvalido David, podrán cambiarse las tornas para que la próxima vez nos resulte intolerable la pasividad de los espectadores; solo con su recuerdo la sociedad podrá reflexionar sobre lo irracional de los abismos abiertos por el nacionalismo alfa que nos ahoga, que nos quiere separar del otro, del extraño, del extranjero, del diferente. Tal vez entonces David venza a Goliat, como en aquella fábula relatada en el libro de Samuel. 

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

“Allí estaremos el sábado, no te preocupes”. Así se jacta en Instagram Yohan Pawer, presidente del grupúsculo de extrema derecha Eros. Sus planes de infiltrarse en la marcha del Orgullo del 28 de junio, que lleva semanas preparándose, empiezan a dar que hablar.

Hasta tal punto que este miércoles se ha publicado en Le Monde un artículo de opinión firmado por 300 colectivos y personalidades como la escritora Virginie Despentes, el cantante Bilal Hassani, la senadora Mélanie Vogel o la diputada Danièle Obono, para denunciar la presencia de ese “grupo identitario” en una marcha del Orgullo cuyo lema es claro: “Contra la internacional reaccionaria”.

También la Inter-LGBT, que organiza esta gran manifestación en defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+ y contra todas las formas de discriminación, fue convocada con urgencia por la prefectura de París el martes 24 de junio.

Se trataba de hablar en detalle sobre la seguridad de la marcha, que espera reunir a 500.000 personas en las calles de la capital. Pero en esa ocasión, el equipo organizador también se enteró de que los servicios de la prefectura no podían hacer nada para impedir que los militantes de extrema derecha se manifestaran, en nombre de la “libertad de circulación”.

Para llegar a este punto, el grupúsculo Eros, que se define como “primo” del colectivo feminacionalista Némésis, se dirigió directamente a los “asesores” del Ministerio del Interior para quejarse de su exclusión.

Preguntado por Mediapart, el entorno del ministro del Interior, Bruno Retailleau, lo confirma: “Asesores del ministro pidieron a la prefectura que, en lugar de exigir que estos grupos desfilasen en la marcha, garantizase su seguridad. Hemos pedido a la prefectura de policía que se pusiese en contacto con Inter-LGBT para garantizar que no haya enfrentamientos”.

El propio Yohan Pawer se jactó de tener vínculos privilegiados con el Ministerio del Interior. “Llevo varias semanas en contacto con uno de los asesores de Bruno Retailleau. La buena noticia es que contaremos con unos cincuenta agentes de la CRS [Compañías republicanas de seguridad] para protegernos”, aseguró el 16 de junio. Eros “participará en la marcha del Orgullo, le guste o no a la extrema izquierda”, añadió.

Contactado por Mediapart, no respondió. Sin embargo, en declaraciones a StreetPress, el fundador de Eros precisó: “Llevaremos una pancarta y carteles bastante impactantes, pero muy reales sobre lo que está viviendo Francia hoy en día. Vamos a hacer algo que va a causar mucho revuelo, vamos a reproducir el cartel de Inter-LGBT”. El miércoles 25 de junio, en Instagram, incluso mencionó la reunión entre Inter-LGBT y el prefecto de París, Laurent Nuñez: “Ha declarado que el colectivo Eros tiene derecho a participar en la marcha del Orgullo, muchas gracias, señor Nuñez, y que seamos muchos.”

Este hombre, cercano a Éric Zemmour, no oculta su aversión por esta manifestación anual, a la que apoda como la “marcha de la basura”. Se opone a los derechos de las personas trans, se rebela contra las drag queens, participa en todas las luchas contra el “izquierdismo”, que califica de “enfermedad mental”, y recuerda de paso sus posiciones sobre la “inmigración extraeuropea”, que “agrede mayoritariamente a las personas”.

En 2024, Yohan Pawer ya intentó perturbar la marcha del Orgullo junto a Mila, la influencer de extrema derecha y miembro de Némésis, a la que llama “su mejor amiga”. Rápidamente repelidos por la multitud —a la joven le tiraron harina— y escoltados por la Policía, tuvieron dificultades para imponer en los medios sus posiciones contra las “derivas LGTB”. “Esto es solo el principio”, advirtió inmediatamente después en su cuenta de Instagram.

Ese mismo día, un miembro del servicio de seguridad de Eros habría agredido a Léane Alestra, fundadora de la cuenta militante de Instagram Mécréantes, quien afirma haber sido atacada “específicamente” por ser queer. Presentó una denuncia, a la que Mediapart ha tenido acceso, por violencia sin incapacidad, cometida por motivos de orientación sexual o de género y acoso a través de un servicio de comunicación pública digital.

En conversación telefónica con Mediapart, Léane Alestra analiza la estrategia de estos microcolectivos identitarios: “Quieren estar dentro de la marcha para acaparar la atención de los medios. Pretenden que las marchas los incluyan en nombre de la pluralidad de opiniones. Así es como en Italia los identitarios han conseguido romper los movimientos militantes desde dentro. La gente se ha cansado de luchar cada vez para excluirlos y han ganado terreno”.

El 8 de marzo está muy presente en la memoria: la extrema derecha intentó boicotear la manifestación contra el patriarcado. Las activistas de Némésis finalmente desfilaron fuera de la marcha, pero escoltadas por numerosos agentes de la CRS. Según la prefectura de París, la marcha del Orgullo debería configurarse de forma similar.

Inter-LGBT descarta esa posibilidad y explica que siempre ha tenido derecho a seleccionar las asociaciones que participan en la marcha. Por lo tanto, en este momento se mantiene el statu quo: Eros mantiene su voluntad de desfilar, con o sin autorización de la organización, y ésta no tiene intención de integrarla.

Desde hace años, se ha establecido un proceso estricto y claro: las asociaciones deben inscribirse mediante un formulario, indicar el material que desean llevar y aceptar, con pleno conocimiento de causa, la aceptación o el rechazo del equipo organizador.

“La Inter-LGBT lleva años organizando esta marcha, la prefectura de policía confía en los organizadores para saber quién puede participar y quién no. Organizamos una marcha el año de los atentados de Orlando, otra el año del Bataclan y de Charlie Hebdo, Inter-LGBT estuvo ahí y la seguridad siempre se organizó de manera ejemplar”, explica Clara Privé, vicepresidenta de la organización.

“Estos ejemplos son testimonio de una evolución preocupante: la idea, cada vez más presente en los poderes públicos, de que las manifestaciones públicas en favor de los derechos humanos deben estar abiertas a la participación de la extrema derecha, independientemente de su compatibilidad con los valores que defienden las propias luchas”, denuncia el manifiesto de las trescientas personalidades. “En nombre del respeto al pluralismo, se tiende a borrar las fronteras entre los movimientos de emancipación y aquellos que niegan sus fundamentos”.

La Inter-LGBT ya ha tenido que asumir la retirada de 25.000 euros de subvenciones que le había prometido la región de Île-de-France, por decisión de su presidenta, Valérie Pécresse (Los Republicanos, LR), tras la polémica suscitada por el cartel de este año. Aunque algunas asociaciones participantes en la marcha se mostraron escandalizadas por la presencia de un hombre aturdido y sujeto por una corbata, que simbolizaba la extrema derecha, esta última se indignó por el lema de la marcha, que apuntaba a “la internacional reaccionaria”. Unos días más tarde, la Agrupación Nacional (RN) consiguió, gracias a Valérie Pécresse, la supresión de otra subvención a Inter-LGBT.

Este año, la Inter-LGBT también ha rechazado la participación de un colectivo llamado Fiertés citoyennes (Orgullo ciudadano) y ha motivado su negativa mediante carta certificada. El motivo son las repetidas posiciones contra la lucha por los derechos de las personas trans dentro de los movimientos LGTBIQ+.

Fiertés citoyennes, que reivindica un “universalismo republicano” y la defensa de la laicidad, afirmó en un comunicado que rechazaba ser “marginado de un evento que no puede ser privatizado y acaparado por un pequeño círculo activista”. Una afirmación que contradicen las cifras: “Nos hemos puesto en contacto con las 130 estructuras que se inscribieron para desfilar en la marcha y ninguna de ellas acepta su presencia. La transfobia es una línea roja para todas estas marchas”, insiste Clara Privé.

Fiertés citoyennes también arremetió a principios de junio contra el cartel de la marcha del orgullo, que describe como un “pastiche activista en el que se abandona el universalismo, se sacrifica la laicidad y se convierten los derechos de las personas LGTB+ en accesorios de una farsa ideológica”.

Arnaud Abel, presidente de esta joven asociación, se opone, sin embargo, a la participación de Eros en el Orgullo, calificándolos de “tres o cuatro homosexuales de extrema derecha que quieren llamar la atención”. Fue contactado y solicitó recibir preguntas por escrito, pero no ha contestado en el plazo propuesto.

Traducción de Miguel López

Un Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a año y medio de cárcel al rapero Francisco Manuel González, Frankie Gee, por amenazar e injuriar a un periodista con expresiones homófobas, en una sentencia que le prohíbe durante cuatro años tener cuentas en Facebook, Instagram y YouTube, las tres redes sociales que utilizó en su acoso al informador.

En una sentencia a la que ha tenido a acceso EFE, la juez de lo Penal número 4 de la capital grancanaria declara probado que el rapero emprendió durante año y medio (desde noviembre de 2021 hasta mayo de 2023) toda una campaña de insultos, ataques y amenazas contra Francisco Fajardo, periodista de tribunales de 'Canarias 7'.

Y todo ello, como respuesta a que Fajardo había publicado en el periódico una noticia cierta, como era que la Fiscalía lo había denunciado por un delito de odio y pedía prisión para él por haber difundido, presuntamente, mensajes xenófobos contra los inmigrantes, acusación de la que luego Frankie Gee fue juzgado y absuelto.

El rapero reaccionó difundiendo todo tipo de injurias en Facebook, Instagram y Youtube contra Fajardo, con mensajes en los que utilizaba de forma recurrente insultos y expresiones homófobas (como 'mariconazo', 'bujarrón', 'pajarón' o 'vete a que te den por el culo'), un detalle que la magistrada Pilar Verástegui tiene en cuenta en su fallo para aplicarle la agravante de odio.

Sus amenazas no se detuvieron ni siquiera cuando un juez le impuso como medida cautelar abstenerse de ponerse en contacto con Fajardo o mencionarlo en redes sociales (hecho que le ha valido otra condena por quebrantamiento de orden judicial, en otra sentencia).

También telefoneó de forma repetida al periodista y se plantó varias veces a la puerta de Canarias 7 para hacer transmisiones por redes sociales en las que insistía en sus ataques contra él.

La sentencia resalta que Frankie Gee no solo profirió insultos de todo tipo contra el informador grancanario en redes sociales ("le tengo un bullying hecho en Facebook de locos, por payaso', llegó a presumir), sino también amenazas claras y concretas contra su integridad, como "te cortaría en mil pedazos", "a cada cerdo le llega su San Martín" o "te voy a fundir los plomos y el recto".

Hasta el punto, recoge la resolución, de que Fajardo reconoció durante el juicio que pasó miedo y que, con frecuencia, se asomaba a la entrada de la redacción del periódico para comprobar si Frankie Gee estaba o no por la zona, antes de salir a la calle.

En la vista, el rapero intentó alegar que sus insultos y amenazas no iban dirigidos contra nadie en concreto y que, en cualquier caso, actuaba "en legítima defensa", porque asegura que había tenido problemas en su barrio, La Isleta, al saberse que la Fiscalía lo acusaba de racismo y xenofobia (en un escrito de acusación que no solo publicó Canarias 7, sino que reprodujeron más medios).

Respecto a lo primero, la juez le responde que las pruebas no dejan lugar a dudas sobre que el blanco de sus ataques era Fajardo y, en cuanto a la legítima defensa que alegaba, falla que en este caso no cabe aplicarla ni como eximente (así la invocaba la defensa) ni tampoco como atenuante de su conducta.

La magistrada señala que no cuestiona que la información de la que se quejaba le hubiera podido provocar "molestias", pero le recuerda que "el ordenamiento jurídico le brinda numerosos medios si entendía (...) que su honor o intimidad habían sido vulnerados".

La sentencia entiende que tanto las amenazas como las injurias fueron cometidas "con publicidad" gracias a las redes sociales que Frankie Gee utilizaba, por lo que condena a cerrar sus cuentas en las tres (Facebook, Instagram y YouTube) y le prohíbe abrir otras nuevas durante cuatro años (dos por las injurias y dos por las amenazas).

Además, le impone una multa de 2.340 euros y le obliga a indemnizar con 30.000 euros al periodista y con 3.000 euros a su sobrina, una cantante a la que también atacó llamándola "bollera".

La Policía húngara anunció este martes que ha prohibido la organización de la 'Marcha del Orgullo' planeada para el 28 de junio aludiendo a la controvertida ley que permite vetar actos públicos del colectivo LGTB+ bajo el argumento de proteger a los menores, según informa EFE.

El Gobierno magiar, encabezado por el ultranacionalista Viktor Orbán, ha promovido en marzo un reforma legal que prohíbe celebrar manifestaciones que representen la homosexualidad o las minorías sexuales por considerar que podría significar una violación de los derechos de los niños, medida que ha generado severas críticas dentro y fuera del país centroeuropeo miembro de la UE y de la OTAN.

En un comunicado, la Policía informa de que se ha negado la autorización de la Marcha del Orgullo para la fecha y recorrido solicitados, aludiendo a las disposiciones de la polémica ley aprobada en marzo.

La decisión en sí no se podrá recurrir, aunque los organizadores podrían demandarla ante el Tribunal Supremo (Kúria), para lo cual cuenta con un plazo de tres días.

La ley, junto a una enmienda constitucional, blindó la prohibición de las marchas LGTB+ en el país centroeuropeo, aludiendo a la necesidad de garantizar un desarrollo "adecuado" de los menores de edad.

La reforma legal determina que "el derecho del menor al adecuado desarrollo físico, mental y espiritual prevalecerá sobre todos los demás derechos fundamentales, con la excepción del derecho a la vida".

De esta manera, el derecho de reunión se subordina a esta protección de la infancia.

Para hacer valer la defensa de los menores, las autoridades pueden prohibir los eventos y reuniones que "promuevan o exhiban el cambio de sexo de nacimiento o la homosexualidad", así como la participación en ellas.

En base a la misma ley, las autoridades húngaras ya vetaron la semana pasada una manifestación que estaba prevista para el domingo. Si bien el Tribunal Supremo anuló esa prohibición el mismo día en que se dictó, el evento no se pudo realizar por la falta de tiempo.

Desde que el Parlamento húngaro aprobó la polémica ley con la abrumadora mayoría de diputados que ostenta el gobernante partido de Orbán, el conservador Fidesz, varios grupos de la sociedad civil han denunciado que el objetivo de la enmienda legal era prohibir la marcha del Orgullo programada para el 28 de junio como acto final del mes del 'Budapest Pride'.

La Comisión Europea (CE) anunció en abril que analiza la controvertida reforma legal, advirtiendo de que "no dudará" en tomar medidas contra Hungría si lo considera necesario.

Después de la aprobación de la normativa, 22 embajadas europeas, entre ellas las de Alemania, Francia, Reino Unido y España, expresaron su profunda preocupación por las "restricciones al derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión".

La semana pasada, más de 60 eurodiputados anunciaron su intención de participar en la Marcha del Orgullo de Budapest.

Orbán llegó al poder en 2010 y en los últimos 15 años su Gobierno ha limitado legalmente los derechos de la comunidad LGTB+.

El ambiente en el Ayuntamiento de Madrid ha traspasado muchas líneas rojas. Los grupos de la oposición advierten, además, de que cada día la crispación va in crescendo por la actitud de ediles del Partido Popular y de Vox, poniendo también sobre la mesa el escaso papel de neutralidad que está teniendo, en su opinión, Borja Fanjul (PP), encargado de presidir el Pleno del Palacio de Cibeles.

La última sesión plenaria en el Ayuntamiento dejó varios episodios denunciados por el PSOE y Más Madrid. El concejal socialista Antonio Giraldo hizo público que mientras hablaba escuchó a la edil del PP Andrea Levy decirle que fuera a hablar “desde una sauna”, lo que el miembro del PSOE tachó de “asqueroso ataque homófobo”. Dijo tener testigos de esas palabras frente a la negativa de la política popular, que incluso interrumpió el Pleno y se levantó de su asiento.

Giraldo explica en conversación con infoLibre que el PP siempre que hace una intervención genera “barullo” y la bancada de la derecha es “muy maleducada”: “Gritan, te interrumpen”. Él escuchó desde el estrado lo que decía Levy, unas palabras que posteriormente le ratificaron otros concejales como Soledad Murillo y Eduardo Rubiño. Según explica el socialista, luego Levy se levantó hasta su escaño para decirle que lo de la sauna era por el padre de la mujer del presidente del Gobierno.

El concejal especializado en Urbanismo revela que ya había escuchado anteriormente desde la bancada del Partido Popular comentarios contra él por “la pluma”. Y se queja de que el presidente del Pleno no hiciera nada y dejara seguir el debate y la votación. A la vez, lamenta que el clima es “desagradable” y que los concejales populares son “poco profesionales” y no paran de “burlarse” de los demás representantes públicos.

Desde la izquierda se pone énfasis también estos días en la “homofobia institucional” del equipo de gobierno. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha negado a poner durante el próximo Orgullo la bandera arcoíris, a pesar de que el Tribunal Supremo fallara el año pasado que está permitido a los consistorios desplegar la enseña emblema de la diversidad sexual.

Durante esta legislatura, asimismo, en el Ayuntamiento de Madrid se vivió un duro episodio con la agresión de Javier Ortega-Smith (Vox) a Eduardo Rubiño, de Más Madrid y reconocido activista LTBIQ+. Después del golpe con una botella, le espetó: “Ahora llora”. El concejal progresista lamentó aquellos días que estas palabras no eran una casualidad: “Me las dice porque piensa que soy menos hombre que él. Estas palabras me recuerdan a las que dicen los matones al marica de la clase en el colegio. Esto se corresponde con un modelo de masculinidad frágil y acomplejada”.

También el año pasado vieron a la luz los mensajes racistas y homófobos del concejal del PP Alberto González, en los que se refería a personas extranjeras como "panchitos" y hablaba así de una persona homosexual: "Cuidado este para ser gay el poco arte que tiene".

El racismo es otra tónica que está presente en intervenciones en el Ayuntamiento de Madrid a pesar de no copar grandes titulares. La concejala Carolina Elías, de Más Madrid, ha denunciado ataques que ha recibido de miembros de Vox por su origen salvadoreño. Desde la ultraderecha, Ignacio Ansaldo, le han llegado a decir en una comisión del ayuntamiento: “Esta señora cobra de los españoles”.

Elías explica: “El clima es cada vez más hostil porque Almeida, como Ayuso en la Asamblea, desprecia cualquier voz crítica y prefiere que haya mucho ruido para que no se hable de Madrid y sus problemas. No es un problema de crispación o polarización, como si esto fuese una jaula de grillos en la que todos somos igual de responsables. El problema es que el PP, con tal de intentar amordazar a la oposición, no tiene problemas en amparar el racismo, la homofobia, el negacionismo de la violencia de género, o en ridiculizar o insultar a la oposición o a vecinos que acuden como público a las juntas de distrito”.

Cuenta en primera persona cómo lo vive: “A mí me han mandado a mi país de origen o me han dicho que quién me creía, que cobraba de los españoles y que me fuese a estudiar Historia. Son insultos que me ha hecho directamente Vox y que el Partido Popular ha tolerado y amparado. Lo más grave es que esas palabras o esos comportamientos en un pleno de distrito, o en una comisión del ayuntamiento, o Cibeles, suelen ir acompañadas de campañas organizadas de odio en redes sociales. Evidentemente, no es agradable que te traten así. He recibido amenazas en redes llegando incluso a temer por mi integridad física, pero tengo claro que este tipo de ataques no van a callarme ni hacerme agachar la cabeza. Soy orgullosamente salvadoreña y española, Madrid ha sido mi ciudad de acogida y el lugar en el que he decidido quedarme. Soy tan concejala como cualquiera de los concejales de Vox o el PP, les guste o no. También tengo que decir que he recibido mucho apoyo de muchísima gente, para empezar de los más de 300.000 madrileños que me eligieron concejala del Ayuntamiento de Madrid”.

“El racismo no es patrimonio de la derecha, todas y todos tenemos cosas que aprender y que revisar, pero la derecha parece estar cómoda en el racismo, y eso es lo preocupante. Hay concejales del PP que sabemos que se han referido a personas de origen latinoamericano como panchitos. Les parece chistoso, divertido. Es intolerable”, añade Elías.

Pone el foco también en el papel de Fanjul al frente del debate municipal: “No se comporta como el presidente del Pleno, sino como una marioneta de Almeida. Ya demostró una actitud lamentable cuando Ortega Smith agredió a mi compañero Eduardo Rubiño en diciembre de 2023. Pero no son comportamientos excepcionales. Su papel denigra la institución y lanza permanentemente el mensaje de que la derecha tiene barra libre para insultar y atacar mientras la izquierda no puede ni toser. Esto, más que desamparo personal, lo que puede generar es desconfianza en la gente hacia las instituciones. Yo, desde luego, no voy a dejar de ser quien soy ni a defender mis ideas por mucho que lo intenten”.

El papel de Fanjul se puso también en entredicho esta misma semana por parte de Más Madrid. La portavoz de ese partido, Rita Maestre, denunció durante el pleno la situación de genocidio que se está perpetrando en Gaza por parte de Israel. Esto provocó los abucheos y murmullos entre los concejales, pero el presidente del Pleno decidió abroncar y expulsar del Hemiciclo a Nacho Murgui y no a ningún edil de la derecha.

Más Madrid ha presentado una queja formal ante el alcalde de Madrid por lo sucedido: “Don Ignacio Murgui Parra ha sido expulsado sin observarse el procedimiento establecido, procediéndose después de manera sustancialmente distinta con la concejala Andrea Levy, en el marco de una expresión insultante dirigida al concejal del grupo socialista Antonio Giraldo”. En el escrito se recoge: “Durante la intervención de la portavoz de MM, la bancada del Partido Popular ha iniciado una serie de comentarios y ruidos que han originado el cruce de palabras entre el resto de concejalas y concejales”. Pero subrayan que solo se ha expulsado al concejal de Más Madrid sin que ni siquiera se terminase una segunda llamada al orden. Asimismo, explica este partido que esa acción afectó a las propias votaciones plenarias y que si se hubiera expulsado a Levy, no habría salido adelante el Plan Reside.

Esta situación se produce también días después de que el propio alcalde de la ciudad declararse contra el Gobierno que es “lamentabilísimo tachar de genocida al Estado de Israel”: “Si les molesta que los españoles dieran los 12 puntos a Israel, lo que les está molestando en realidad es que piensen diferente a la postura que tiene el Gobierno de España”.

El Juzgado de lo Social número 5 de Málaga ha condenado al propietario de la panadería de Coín (Málaga), demandado por ingresar el sueldo por transferencia bancaria a un empleado con el concepto "nómina abril maricón", al considerar acreditados los daños morales al demandante, según informa EFE.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, condena a la empresa y a su responsable directo al pago de 10.000 euros en concepto de daños morales, además de 3.759,94 euros por la extinción del contrato. 

En la resolución se estima en parte la demanda presentada por el trabajador en mayo de 2024, y en la que solicitaba la extinción de la relación laboral por vulneración del derecho a la dignidad, honor, intimidad y propia imagen, integridad física y moral e igualdad y no discriminación por motivos de la orientación sexual. 

En la resolución judicial se consideran hechos indubitados que en mayo de 2024 el trabajador recibió el abono de su nómina con el concepto "nomina abril maricón" y tampoco fue cuestionado en el juicio que días antes el administrador de la empresa, también condenado, acudió al banco para gestiones, entre ellas pagar la nómina al demandante. 

El propietario de la panadería siempre ha negado los hechos y ha mantenido que el único responsable debió de ser la entidad bancaria ya que siempre ha tenido un trato respetuoso con los empleados así como un comportamiento inclusivo. 

La jueza considera probado que del visionado del vídeo y de la testifical se desprende que, aunque firmó en la pantalla donde solo figura el importe, indicó la transferencia a realizar y que el trabajador y el empleado de la entidad no se conocían, por lo que "no es verosímil que fuese el personal del banco el que añadiera el concepto". 

Respecto a la vulneración de derechos fundamentales, en la demanda se alegó haber sufrido por su orientación sexual un acoso desde julio de 2023, pero la magistrada señala que "no hay ningún hecho que se relate en la demanda de comentarios, bromas o expresiones proferidas en el centro de trabajo por su orientación sexual". 

El panadero afectado se puso hace un año en contacto con la asesoría jurídica de CGT para denunciar los hechos "la vergonzante situación y la humillación" que había sufrido.

El 028, teléfono arcoíris de atención a víctimas de LGTBIfobia, ha ofrecido casi 20.000 atenciones desde su puesta en funcionamiento en julio de 2023: el servicio ha recibido 19.646 consultas, de las cuales 16.476 fueron llamadas; 1.911, vía chat; y 1.296, vía correo electrónico, según informa EFE.

Con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, que se conmemora el 17 de mayo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido a los medios de comunicación en un videocomunicado que cada vez que informen sobre un ataque LGTBIfóbico, acompañen la información con datos del 028, como se hace con el servicio 016 en casos de violencia de género.

"Me gustaría pedir a los medios de comunicación que, de la misma manera que utilizan el logotipo y el reconocimiento del 016 cuando se producen algunas noticias de violencia de género, también utilicen el 028 como ese instrumento al servicio de todas las personas que entiendan se han vulnerado sus derechos, se ha vulnerado su igualdad o han sufrido un ataque" LGTBIfóbico, ha sostenido. Redondo ha asegurado que esta herramienta consigue que la sociedad española sea "más solidaria, más inclusiva, más respetuosa y, por lo tanto, más democrática" y que "a nivel internacional se fijen en España".

El coordinador general del 028, Ander Romero, ha indicado también en un videocomunicado que las llamadas que se reciben son "bastante diferentes": muchas son de personas que necesitan apoyo psicológico, pero "bastantes" también son de violencia en el ámbito de la pareja y otras consisten en la petición de información sobre algún derecho concreto, sobre la modificación registral del sexo o en la atención a personas migrantes sobre cuestiones de asilo y refugio. Además de personas del colectivo LGTBI, reciben llamadas de profesionales sanitarios y educativos.

Romero ha recordado que el 028 es un canal "anónimo y confidencial" y que "la seguridad al llamar es total" y ha sostenido que el equipo que lo atiende está integrado por profesionales psicosociales y expertos legales en derechos LGTBI.

Esta semana pasada varias mujeres con voz pública iniciaron una campaña en la que denunciaban los mensajes de odio que reciben por las redes y exponían públicamente a los agresores. En las mismas fechas también se hizo público que una jueza ha admitido la denuncia de Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, contra su ex y padre del condenado por asesinato, Rodolfo Sancho, por vejaciones y maltrato psicológico, al tiempo que salía a la luz alguno de los mensajes que Rodolfo envió a Silvia y por los que esta le ha denunciado. Y volví a sentir curiosidad y simpatía por esa mujer que ha sabido conservar la dignidad a lo largo de un proceso terrible. 

"Tienes bipolaridad y tiene tratamiento. Pirada. No te enteras de nada. Eres una incapaz. Nuestro hijo tiene traumas por tu culpa, eres del pueblo llano, no sabes inglés […]. No me gustan tus nervios, tu histeria y la rabia que tienes dentro [...]". Este es uno de los mensajes que Rodolfo mandó a Silvia Bronchalo durante el juicio a Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta. No es más que una nueva muestra del subtexto de género que permea todo el caso, desde el propio asesinato hasta el proceso penal.

Sobre todo ello podría escribirse una tesis. Una tesis que ofrecería otra mirada, no morbosa, no sensacionalista, feminista, de las implicaciones sociales y políticas del caso Sancho; que, en el sentido referido, no es sólo de Daniel, sino también de Rodolfo. En su día, el asesinato perpetrado por Daniel Sancho y todo lo que le siguió ya me parecía un ejemplo (trágico y doloroso) de la manera en que neoliberalismo y patriarcado contribuyen a construir a algunos individuos contemporáneos, que pueden acabar condenados por asesinato, como en este caso, o pueden acabar dirigiendo países. 

El mensaje que Rodolfo le envía a Silvia –y que, al parecer, es uno de muchos– es tan paradigmático del daño que hace la masculinidad tóxica, que partiendo de estas cuatro líneas es posible explicar cómo funciona la violencia contra las mujeres, qué es el machismo y qué provoca; cómo se relaciona con el clasismo, el narcisismo extremo, la falta radical de empatía y la desconexión absoluta de la realidad, todos ellos rasgos que, desgraciadamente, son los que adornan a algunos dirigentes contemporáneos.

Más allá del contenido concreto del mensaje, todo él aparece envuelto en un tono chulesco, de superioridad y amenaza; un tono que todas las mujeres sabemos lo que significa y que ahora emplean también muchos mandatarios como muestra de poder y de fortaleza. El mensaje pretende dos cosas. La primera es atemorizar, anular, paralizar y esto lo hace acusándola de loca: “histérica, pirada, bipolar, incapaz”. En segundo lugar, busca responsabilizar a la madre por el comportamiento de su hijo: “Nuestro hijo tiene traumas por tu culpa”.

Ambas cosas son dos de las estrategias patriarcales más antiguas y conocidas: para callarnos y para que nos inunde la culpa. Pero son también una manera en la que, en la actualidad, esos mandatarios a los que hago referencia se dirigen a sus pueblos: con una ristra de insultos que buscan acallar y con una ristra de desacomplejadas mentiras que pretenden culpabilizar a los/las demás de los propios errores. 

A estas alturas las mujeres conocemos de sobra esas estrategias y eso hace que el mensaje, leído desde fuera y más allá del dolor que pueda provocarle a Bronchalo, resulte ridículo. Ridículo es que utilice el calificativo de “incapaz” la misma persona que ha mostrado una incapacidad radical para entender nada de lo que estaba pasando y para organizar una defensa de su hijo que fuera mínimamente funcional. Ridículo es que pretenda culpabilizar a la madre de unos supuestos traumas que, al parecer, condujeron a Daniel a asesinar y descuartizar a otra persona.

Suponer que alguien asesina por unos supuestos traumas implica una absoluta desconexión con la realidad. Pero, además, es que es evidente para cualquiera que haya seguido el caso que algo de la personalidad disfuncional de Daniel tiene que ver con la personalidad de Rodolfo (sin que esto quiera decir, en absoluto, que este sea culpable del comportamiento de su hijo).

No es complicado apreciar en el mensaje narcisismo, machismo, sentimiento de superioridad moral sobre el mundo y nula empatía que, exacerbados, apreciamos en Daniel junto con una completa carencia de límites. Pero eso mismo ya lo habíamos observado en un documental en el que apareció Rodolfo y en el que mostró al mundo su nula inteligencia emocional (…y de la otra también), ya que el documental no hizo ningún bien ni a él ni a la defensa de su hijo.

Por último, Rodolfo pretende insultar a Bronchalo “acusándola” de ser del pueblo llano, palabras estas que rezuman un clasismo tan absurdo que resultan, como poco, un insulto a la inteligencia.

Es imposible empatizar en nada con Daniel y es difícil hacerlo con Rodolfo, pero es fácil hacerlo con Silvia Bronchalo, cuya inteligencia emocional y sentido de la realidad son, en todo caso, muy superiores a los de Rodolfo. Ambas cosas le han permitido percatarse de que la defensa dirigida por este —y de la que ella fue expulsada— no podía sino contribuir a perjudicar aún más a Daniel Sancho dentro de sus ya escasas opciones. 

La actitud de Daniel después del crimen y toda su personalidad previa es muy similar a la de muchos de los mandatarios que hoy amenazan la democracia y la paz. Lo que conocemos de su personalidad, por sus tuits y las declaraciones de sus conocidos, ya nos lo muestran como un sujeto machista, clasista, narcisista, pijo, ahogado por su propia homofobia internalizada, inútil para cualquier cosa excepto para estar satisfecho de sí mismo. No se le vio un gesto de arrepentimiento o dolor ni siquiera cuando estaba explicando el crimen a la policía de Tailandia. Se le veía un sujeto blindado a la empatía y al exterior, quizá convencido de que el dinero de su familia y sus contactos le librarían también de las consecuencias de su asesinato.

Y, más allá de la ya probada culpabilidad de Daniel –y aun antes de los mensajes contra Bronchalo–, es evidente que la masculinidad tóxica de Rodolfo ya le había procurado al acusado la peor defensa posible. Seguramente hubiera sido mucho más inteligente enfrentar este caso desde la humanidad más vulnerable, empática y relacional de Silvia Bronchalo antes que hacerlo desde el machismo y bloqueo relacional de Rodolfo. Aquí hay dos maneras antagónicas de ser, pero se impuso aquella que, quizá, en lo personal y cotidiano puede garantizar más poder en un mundo como este pero que no es útil para minimizar las consecuencias de un crimen como este, inapelable. 

Rodolfo, autoconvencido de su capacidad, decidió hacerse cargo de todo y todo lo hizo mal. Comenzó eligiendo a un abogado "mediático" como García Montes y no a un abogado penalista serio y alejado de las estridencias del mundo de la prensa rosa. Lo segundo fue escoger como portavoz a otra abogada, Carmen Balfagón, conocida por su pertenencia a Vox. Si algo necesitaba Daniel Sancho, aunque solo fuera por mejorar su condena y su imagen, era refugiarse en el arrepentimiento y en el perdón de la familia de la víctima. Sin embargo, hizo lo contrario: negar lo evidente y acusar a la víctima de habérselo buscado vertiendo insinuaciones homófobas y machistas.

Digamos que la defensa fue consistente con la ideología de extrema derecha: chulería, insolidaridad con las víctimas, machismo, homofobia… La actitud del asesino, de Rodolfo Sancho y de la defensa fue en todo momento de la proyectar una imagen de fuerza, de ataque, de lucha, palabra esta que parece un fetiche para Rodolfo Sancho, que no deja de utilizarla. “Luchar, luchar, seguir luchando”, en lugar de pensar, dialogar, entender, arrepentirse, empatizar.

Por eso, ante la opinión pública Rodolfo Sancho mostró la peor imagen posible: arrogante y desafiante, comparando a Daniel con una víctima de la violencia machista y sin mostrar nada que pareciera, ni de lejos, el más mínimo dolor por lo sucedido. “A mí no me vais a ver llorar”, dijo en sus primeras declaraciones ante la prensa. Le faltó decir: “De maricón tengo poco”. En realidad, todo lo que ha rodeado a la defensa de Daniel Sancho ha consistido en añadir maldad y estupidez a la maldad del crimen.

Por el contrario, Silvia Bronchalo, la madre, esa a la que Rodolfo Sancho tilda de "pirada" e "incapaz", pidió perdón a los familiares de la víctima e incluso lloró con ellos, hasta el punto de que estos terminaron alabando su actitud. Por lo mismo, y según nos contó el abogado de la víctima, ella era partidaria de organizar una defensa radicalmente diferente, en la que Daniel mostrara auténtico arrepentimiento, pidiera perdón y colaborara en lo posible para atenuar el dolor de la familia de la víctima.

En realidad, esto es lo que hubiera recomendado cualquier abogado competente y lo único que hubiera ayudado a Daniel Sancho a encontrarse con una condena más llevadera que hiciera posible su traslado a España antes y no después. Lo contrario de lo que se hizo y de lo que se continúa haciendo. Finalmente, y por una cuestión de principios, me alegré de que Daniel Sancho se librara de la pena de muerte y espero que algún día pueda venir a España, donde los presos tienen derechos.

Si yo fuera Daniel le cerraría la puerta a su padre y se la abriría a su madre, pero no lo hará porque me temo que tiene mucho más de aquel que de esta. Estos comportamientos, por ahora, están sirviendo para sacar rédito político, pero quizá no sean efectivos para librarse de un crimen más que evidente. En fin, si hay un incapaz en toda esta historia es Rodolfo Sancho, aunque sepa inglés.

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado el archivo de la investigación abierta al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por las críticas vertidas contra la exministra de Igualdad Irene Montero, a quien aludió como "cajera del Mercadona" en una conferencia, según informa EFE.

El promotor de la acción disciplinaria del Poder Judicial, Ricardo Conde, había propuesto archivar las diligencias informativas incoadas al magistrado de la Sección de Apelación de la Audiencia Nacional. Pero la Permanente ha acordado este martes por unanimidad devolver al promotor el caso para que siga practicando diligencias, según informa el órgano de gobierno de los jueces.

Conde no apreciaba materia disciplinaria para abrir un expediente a Velasco en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, porque entendía que Velasco no habló en su condición de juez, es decir, sus palabras se enmarcan en su libertad de expresión."Nos intentaron explicar qué es consentir... A un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento [...] y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona”, manifestó el juez de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional en una conferencia el pasado 13 de noviembre.

En respuesta, la exministra de Igualdad le recordó desde su red social X las directrices de la ONU sobre los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema de Justicia. "De cajera a juez Velasco: cumpla la ley y póngase a estudiar", indicó Montero.

Igualmente, la Permanente ha rechazado otra petición de archivo, esta vez de las diligencias informativas incoadas al titular del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid, Carlos del Valle, y ordena que continúe con las diligencias informativas.

Del Valle procesó por un presunto delito de odio al humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, por decir en su programa radiofónico el 27 de junio de 2024 que habría que dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear sacerdotes, tras una denuncia de la asociación Abogados Cristianos. Y el juez, cuando citó al humorista en el juzgado, comparó el chiste hecho por de Miguel con otro sobre "volar la plaza de Pedro Zerolo" en Madrid, símbolo del barrio de Chueca, lo que le valió duras críticas del colectivo LGTBIQ+.