El Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo ha hecho pública una nota informativa este martes sobre una sentencia en la que se rechaza una de las peticiones centrales de los funcionarios interinos que encadenaban años de contratos temporales: la fijeza automática. "La contratación temporal de personal laboral por parte de las administraciones públicas sin superar un procedimiento de acceso al empleo público sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad no permite que esos trabajadores adquieran la condición de fijos", señala el escrito del tribunal.

Administrativos, profesores, bomberos, sanitarios y empleados públicos de todas las categorías llevan años en una lucha contra un fenómeno que se ha cronificado en ciertos ámbitos de la Administración sin una solución clara en el horizonte. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) entró en la ecuación después de que el Tribunal Supremo le remitiese dudas acerca de la recomendación que había lanzado este órgano judicial europeo de contratar a los trabajadores que encadenasen años de contratos inestables. Esas dudas tenían que ver con que una contratación directa y automática contravendría, señalaba el Supremo, los principios de igualdad, mérito y capacidad que requiere el acceso a la función pública. El problema crucial es que dejar las cosas como están también atenta contra los derechos de los trabajadores, ya que viven en una inestabilidad constante. 

En abril de este año el tribunal europeo daba la razón a los empleados públicos, pero no mencionaba explícitamente que la contratación tuviese que ser automática. Desde Comisiones Obreras explicaban a infoLibre que la respuesta desde Europa era una buena noticia, pero planteaba dudas. Este martes esas dudas se han materializado en una nueva negativa del Supremo a contratar sin que medie un proceso de oposición pública. "Se vulnerarían la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público y se impediría el acceso al empleo público de los restantes ciudadanos", señala el Alto Tribunal.

De esta forma, solo se considerará contratar a las personas que habiendo realizado y aprobado un proceso de oposición estén empleadas de forma temporal y reiterada. De hecho, este mismo tribunal reconoció el derecho a ser contratada de una empleada interina que cumplía con estos criterios.

La nota emitida por el Tribunal Supremo apunta que la medida adecuada para reparar esta situación sería "el abono de una indemnización calculada conforme a los criterios fijados [...] y la remisión del testimonio de la sentencia en la que se constate que se ha producido un abuso en la temporalidad a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para que inicie el correspondiente procedimiento sancionador".

Las compensaciones a los empleados es otro de los puntos por los que Europa llamó la atención a España. Los jueces europeos señalaban que el pago de una indemnización al trabajador cuando finaliza la relación laboral tampoco "parece sancionar debidamente esta utilización abusiva ni eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión". Por ello, pedía eliminar los topes máximos que la ley española fijaba en 20 días por año de servicio con un límite de 12 mensualidades.

En la sentencia sobre la empleada que ha logrado el reconocimiento de su puesto como fijo, a la que ha tenido acceso infoLibre, se considera el factor de antigüedad y la oposición que ya había realizado la afectada. En este caso, se trata de una trabajadora del Ayuntamiento de Madrid que, tras encadenar contratos temporales durante años y aprobar una oposición sin plaza, reclamó judicialmente la condición de fijeza. La mujer había comenzado a trabajar en mayo de 2009 y previamente, en 2005, había participado en un proceso de oposición que superó sin obtener un puesto. Encadenó vacantes desde entonces, la última, una interinidad que lleva cubriendo desde 2018 hasta la actualidad.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón este martes a los trabajadores públicos españoles que encadenan contratos temporales de forma abusiva en la Administración Pública. El órgano judicial europeo ha pedido a España indemnizaciones más altas, procesos de estabilización y, además, abre la puerta a la conversión de los empleados eventuales en fijos. Esta última es la solución en la que más han insistido desde las asociaciones y el lema que ha encabezado muchas de sus manifestaciones. “La sentencia es un embudo que señala la fijeza como única solución posible”, insistió en una rueda de prensa el abogado Javier Arauz de Robles, que representa a varios colectivos afectados y que ha llevado a Europa el caso.

Desde Comisiones Obreras (CCOO) se muestran más cautos y piden tiempo para analizar la sentencia, ya que esta “no impone la fijeza de forma automática". Para Arauz, si nada cambia, esta se terminará reclamando por vía judicial en el caso de los trabajadores que opten por reclamarla. Ángel Sanandrés, coordinador del Sindicato de Empleados Públicos de Murcia, también prefiere la cautela, pero cree que la resolución europea es un gran avance. "Lo ideal sería que el Estado o los tribunales aplicaran la fijeza y que se abriera esta posibilidad también para todos los trabajadores, estén o no en las demandas", apunta.

El colectivo lleva tiempo batallando esta situación en los tribunales y acumula varias victorias que, sin embargo, no han terminado de resolver el callejón sin salida en el que se encuentran muchos de ellos. “Yo me vine de Murcia a Guadalajara a trabajar hace 11 años. Vivo aquí, mis hijos estudian aquí. Es una vida y yo no puedo volverme porque decidan echarme prácticamente sin indemnización”, relata Lorenzo Campillo a infoLibre. Campillo es funcionario de carrera, trabaja en un ayuntamiento y además representa a la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos. La suya es otra de las asociaciones que pelean para que se corrija un abuso de temporalidad que, en teoría, comienza a darse a partir de los tres años. “Tengo compañeros que llevan hasta 20 años”, relata. 

Administrativos, profesores, bomberos, sanitarios y empleados públicos de todas las categorías llevan años en una lucha contra un fenómeno que se ha cronificado en ciertos ámbitos de la Administración sin una solución clara en el horizonte. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) entró en la ecuación después de que el Tribunal Supremo le remitiese dudas acerca de la recomendación que había lanzado este órgano judicial europeo de contratar a los trabajadores que encadenasen años de contratos inestables. Esas dudas tenían que ver con que una contratación directa y automática contravendría, señalaba el Supremo, los principios de igualdad, mérito y capacidad que requiere el acceso a la función pública. El problema crucial es que dejar las cosas como están también atenta contra los derechos de los trabajadores, ya que viven en una inestabilidad constante. 

De esto sabe un poco Inés (nombre ficticio), una enfermera del servicio público de salud del Principado de Asturias que prefiere mantener el anonimato. Lleva ocho años encadenando contratos que ni siquiera le generan vacaciones. “Yo pasé de tener contratos largos en la pandemia a tenerlos apenas unos días. Incluso llegaron a llamarme para un contrato de una tarde estando la primera en la lista”, explica. “Tras la primera sentencia de Europa, salen más procesos de estabilización, pero quienes aún no hemos entrado seguimos en una situación muy difícil: cogemos ofertas en las que no se especifican las condiciones porque, si las rechazas, te penalizan, encadenamos contratos que no generan vacaciones, o terminas trabajando en tus descansos porque recibes una llamada de urgencia para cubrir algún puesto para el que no encuentran a nadie”, relata.  

La sanidad es uno de los sectores que más sufren este abuso de la temporalidad. “En enero acepté una oferta para trabajar desde el día 2 hasta el 28, pero, a la hora de firmar ese contrato, me lo dividieron en 14 contratos diferentes. De esta forma, no generamos excesos de horas, que se nos tienen que pagar porque no descansamos lo que debemos, pero, ahora, con esta división de los contratos, tampoco tienes esa contraprestación económica”, cuenta la enfermera. “Encima, si te pones mala, te quitan el resto del contrato del mes”. 

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2025, España cuenta con 999.738 empleados públicos temporales, lo que representa el 32% del total (tres millones), de los cuales el 75% son mujeres. La temporalidad alcanza niveles especialmente elevados en las administraciones generales de las comunidades autónomas (39%) y sectores clave como la sanidad (47%) o la educación no universitaria (31%). 

Aunque la casuística es diferente en cada sector, experiencias laborales como la de Inés y la de Lorenzo se asientan sobre la inseguridad que genera no tener un contrato estable. En el sector judicial, Fernando Casamayor, que representa a la Asociación Funcionarios de Justicia, vuelve sobre la misma premisa y señala que lo que esperan de esta sentencia es que anime a más trabajadores a reclamar, pero también que el tribunal español dé curso a las recomendaciones. "Hay un negacionismo, tanto desde el Gobierno como desde algunos sindicatos, que nos obliga a seguir pleiteando", concluye. 

Javier Arauz, del despacho Arauz de Robles Abogados, habla de una sentencia histórica, aunque también señala que probablemente los afectados tengan que seguir reclamando judicialmente. “El TJUE nos aboca, tras más de 20 años sin aplicar correctamente la directiva europea, a que la única solución sea convertir en fijos a quienes han sufrido abusos en su contratación”, explica. Para el letrado, esta sentencia deja poco espacio a la interpretación, aunque cómo se integre en la justicia española ya es más complicado de prever.

En el ámbito sindical, CCOO señala que habrá que esperar al estudio pormenorizado de la sentencia “y, especialmente, a cómo la interpreten y apliquen tanto el Tribunal Supremo como los restantes órganos judiciales". Por el momento, la sentencia del TJUE opera como un criterio que la justicia española tendrá que integrar y, de cómo lo haga, dependerá la situación de los trabajadores públicos en esta situación.

Una de las soluciones que se habían planteado era convertir en indefinidos no fijos a los trabajadores, pero el tribunal de Luxemburgo consideró que esta medida “supone mantener una relación laboral temporal” y ahonda en la “precariedad”. Casamayor celebra que esta solución ya no esté disponible: "Seguía siendo un puesto temporal, porque luego, si había un concurso de traslados o una oposición, te podían mandar a tu casa”, relata.

Otro punto que aborda es la indemnización para quienes han sufrido esta situación durante años o para quienes han sido despedidos. Los jueces europeos señalan que el pago de una indemnización al trabajador cuando finaliza la relación laboral, el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas y la convocatoria de procesos selectivos para cubrir las plazas teniendo en cuenta la experiencia anterior del trabajador tampoco "parecen sancionar debidamente esta utilización abusiva ni eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión". Así, quedan eliminados los topes máximos que la ley española fijaba en 20 días por año de servicio con un límite de 12 mensualidades. 

“Este año es la primera vez que un contrato largo me genera vacaciones desde la pandemia. Cuando no tienes uno así, te pasas la semana pendiente del teléfono", concluye la sanitaria, quien, como muchos otros compañeros, lleva años esperando un cambio que le ofrezca la posibilidad de estabilizarse.

La temporalidad en el empleo público español lleva años siendo una de las principales anomalías del sistema administrativo. Lejos de ser una situación puntual, se ha convertido en un fenómeno estructural que afecta a cientos de miles de trabajadores, muchos de ellos con décadas de servicio.

El origen de este escenario se sitúa en la crisis económica de 2008, según explica a infoLibre Miriam Pinillos, secretaria de Políticas Públicas de Comisiones Obreras. Los recortes en el sector público, la paralización de las ofertas de empleo y la falta de reposición de personal provocaron un aumento progresivo de la contratación temporal.

Durante esos años, numerosas plazas estructurales comenzaron a cubrirse mediante interinos. Con el tiempo, lo que debía ser una solución provisional se consolidó como una práctica habitual en distintas Administraciones, especialmente en sectores como la sanidad, la educación o la justicia.

A pesar de la recuperación económica posterior, indica Pinillos, la temporalidad no se redujo de forma significativa. Y a día de hoy, en términos agregados, hay casi un millón de trabajadores temporales en el conjunto de las Administraciones. El último Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, con datos a julio de 2025, sitúa el total de efectivos en 3.107.195 empleados públicos. Sobre esa base, distintos análisis del boletín colocan la temporalidad en torno al 32%, lo que equivale a unos 994.000 trabajadores en situación temporal o interina.

Dicho de otro modo: aproximadamente uno de cada tres empleados públicos en España sigue sin una relación laboral estable, pese a los procesos de estabilización impulsados en los últimos años. Esa magnitud da cuenta de cómo esta situación afecta de lleno al funcionamiento del sistema administrativo, a la organización de las plantillas y al cumplimiento de las exigencias europeas en materia de abuso de la temporalidad, hasta el punto de constituir una disfunción estructural del sistema.

En respuesta a esta situación, España aprobó la ley 20/2021 con el objetivo de reducir la temporalidad por debajo del 8% y adaptar la normativa a las exigencias europeas. La norma contemplaba procesos de estabilización y compensaciones económicas para los trabajadores afectados. Sin embargo, su aplicación ha sido desigual y, en algunos casos, ha generado controversia.

Uno de los puntos más discutidos ha sido el diseño de los procesos de estabilización. En muchas ocasiones, estos se han desarrollado mediante sistemas abiertos que obligaban a los trabajadores que ya ocupaban las plazas a competir con aspirantes externos, algo que ha provocado situaciones en las que empleados con años de experiencia han perdido su puesto tras estos procesos.

Es el caso de Mari Carmen Garrido, trabajadora de la Comunidad de Madrid desde 1998. Tras más de dos décadas en el sistema educativo, fue cesada en 2025 después de un proceso de estabilización en el que tuvo que competir por su propia plaza, según ha contado a infoLibre.

Como ella, otros trabajadores han recurrido a la vía judicial para reclamar tanto la fijeza como una indemnización.

El conflicto ha ido escalando en los últimos años hasta situarse en el ámbito europeo, explica a infoLibre Javier Araúz, abogado especializado en casos de abuso de temporalidad en las Administraciones públicas, en el bufete Araúz y Belda Abogados. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha señalado en distintas resoluciones que existe un uso abusivo de la temporalidad en España y ha cuestionado si las medidas adoptadas son suficientes para sancionarlo.

En este contexto, el próximo pronunciamiento del tribunal europeo, que tiene prevista la lectura de la sentencia el próximo 14 de abril, se presenta como un punto de inflexión.

El debate jurídico se centra ahora en cómo debe sancionarse ese abuso. Entre las opciones que se contemplan están la conversión de los trabajadores en fijos, el establecimiento de indemnizaciones o una combinación de ambas medidas, especialmente en los casos de mayor duración.

Las conclusiones del abogado general de la UE –cuyas directrices siguen la mayoría de las sentencias posteriores del TJUE– ya han apuntado a que la fijeza podría ser una de las soluciones.

Además, el caso pone de relieve un problema de fondo, insiste Araúz: la dificultad de las Administraciones para ajustar sus sistemas de contratación a los principios establecidos por la normativa europea, en particular la Directiva 1999/70, que obliga a prevenir el uso abusivo de contratos temporales.

La resolución del TJUE el próximo 14 de abril no cerrará por sí sola el debate, pero sí marcará el margen de actuación de las instituciones españolas. A partir de ese momento, corresponderá a los tribunales nacionales y a los poderes públicos definir cómo se aplica el fallo y qué medidas se adoptan.

Lo que ocurra después no será menor. Si se impone la fijeza, España podría verse obligada a afrontar una regularización masiva sin precedentes, con implicaciones directas en el acceso al empleo público y en la organización de las plantillas. Si, por el contrario, se opta por la vía de las indemnizaciones, el coste económico podría alcanzar cifras millonarias, con impacto en las cuentas públicas.

En ambos escenarios, el sistema tendrá que asumir las consecuencias de un problema que lleva años sin resolverse. Y esta vez, ya no será posible posponerlo.

La temporalidad tiene en pie de guerra a los empleados públicos, desde profesores y sanitarios a bomberos o administrativos. Un problema que, además, ha hecho que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tenga el foco puesto en España al considerar que la Administración abusa de los contratos temporales y no ha puesto medidas suficientes para corregir esta dinámica. El siguiente paso en este litigio tendrá lugar este jueves, cuando el Abogado General de la Unión Europea, una figura de asesoramiento vinculada al TJUE, se pronunciará sobre si España debe hacer fijos a los funcionarios que han encadenado contratos temporales. 

La madeja burocrática y judicial se explica mejor acudiendo a los ejemplos. Es el caso de Lorenzo Campillo, funcionario de carrera en un ayuntamiento, quien explica a infoLibre su situación: “Yo me vine de Murcia a Guadalajara a trabajar hace 11 años. Vivo aquí, mis hijos estudian aquí. Es una vida y yo no puedo volverme porque decidan echarme prácticamente sin indemnización”. Campillo trabaja en un ayuntamiento pequeño, donde pese a no tener plaza fija —y tras haber pasado procesos de oposición sin obtener plaza— no tiene asegurado su empleo después de más de una década desempeñándolo. Él es una de las cientos de personas que esta semana se concentraron ante el Congreso para pedir soluciones.

Actualmente, las estimaciones apuntan a que las Administraciones Públicas tienen más de 700.000 trabajadores interinos y alrededor de 648.000 pendientes de que la justicia europea avale su petición de hacerles fijos tras años desempeñando un puesto. El problema, en corto, es que la jurisprudencia europea choca con la española. Convertir en fijos a quienes llevan años encadenando contratos temporales de manera automática contraviene, como señaló en su momento el Tribunal Supremo, los principios de igualdad, mérito y capacidad que requiere el acceso a la función pública, pero dejar las cosas como están, también atenta contra los derechos laborales de los trabajadores. 

“Los tribunales en España siempre han dictaminado que la fijeza automática no cabe en nuestro ordenamiento jurídico”, explica Miriam Pinillos, responsable de Políticas Públicas de Comisiones Obreras (CCOO). Ahora bien, dejar fuera a quienes llevan décadas cubriendo un puesto en la Administración o someterles a décadas de inestabilidad laboral también va contra la ley. “A partir de tres años se supone que ya estamos en abuso de temporalidad”, explica Campillo, quien insiste en que la solución no puede pasar por despedir al trabajador o mejorar la indemnización por despido, sino por ofrecer alternativas de estabilización. “Estamos en tierra de nadie, esperando a que el Supremo cambie su doctrina o a que llegue una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que fuerce la estabilización”, concluye. 

Desde Comisiones Obreras, Pinillos señala que no es evidente que la resolución llegue mediante un contrato fijo, ya que el tribunal de la UE no ha aclarado este punto. “Este organismo nunca ha dicho que la respuesta al abuso de la temporalidad deba ser la fijeza, lo que ha dicho es que puede ser una de las formas de reparar el daño”, señala. Para el sindicato la mejor respuesta pasa porque se convoquen procesos de estabilización justos.

“La solución parte de que se convoquen todas las plazas de interinidad y que las Administraciones dejen de jugar con oscurantismo, con plazas vacantes, plazas de sustitución, plazas eventuales, etc. Todo ese empleo debe estabilizarse cuando las personas llevan más de tres años empalmando contratos temporales”, concluye.

En la misma línea, Campillo, que también representa a la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos, explica que las plazas que han ido saliendo a concurso de estabilización de su gremio están muy por debajo del número de personas que actualmente trabajan. “En los años anteriores prácticamente no se han convocado plazas y no se llegaba a cubrir la tasa de reposición”, explica el funcionario. “Entonces el ministerio sacó 1.500 plazas libres en 2024 y 1.000 este año”, algo que, según él, abre la posibilidad a nuevos candidatos, pero no da soluciones para quienes llevan años en el limbo. “Hay, por ejemplo, una parte de la antigüedad que no se cuenta y yo tengo compañeros que llevan 20 años trabajando”, concluye.

Así, tanto trabajadores como sindicatos piden procesos de estabilización justos. Algo que, según Pinillos, pasa por evaluar los méritos y los currículums de los trabajadores de forma justa, aunque sin bloquear las nuevas incorporaciones a lo púbico. 

La temporalidad es un factor pernicioso para el mercado laboral que se ha ido reduciendo en los últimos años. En los datos de empleo conocidos la pasada semana, el porcentaje de trabajo temporal se situó en el 12,6% mientras que antes de la reforma rondaba el 28%, y, sin embargo, en lo público la tasa permanece disparada. Es del 27,8% en el segundo trimestre del 2025, según el INE. 

“Desde la crisis de 2012 hasta prácticamente 2017, las ofertas de empleo público casi desaparecen en este periodo austericida y el empleo se cubre con interinidades. Eso deja a los trabajadores sin posibilidad de acceder a ofertas de estabilización durante años”, explica la responsable de CCOO. Para ella, el abuso en esta modalidad de contratación y la ausencia de medidas para corregirlo hizo que se acumulase una tasa de temporalidad que ahora mismo es muy difícil de gestionar.

El recorrido judicial de la medida viene de lejos, pero podría concluir a finales de año. Comenzó al transponer la directiva europea en materia de temporalidad, cuando el Tribunal Supremo planteó una cuestión prejudicial ante Bruselas para saber si el marco europeo se podía integrar en la legislación española, ya que el panorama era confuso. El Tribunal de Justicia Europeo respondió en 2024 señalando que la normativa nacional contravenía la normativa europea porque no fijaba indemnizaciones de despido adecuadas y tampoco contemplaba procesos de estabilización justos. En este punto, las sentencias que se sucedían en España se hicieron contradictorias: unas rechazaban hacer fijos a los trabajadores apelando a los principios de igualdad, mérito y capacidad que recoge la Constitución en el caso del acceso a la función pública, pero otros apuntaban hacia la estabilización. 

Con la evaluación del Abogado General este jueves se avanza un paso más, aunque su decisión no equivale a una sentencia. Para ello habrá que esperar a la sentencia del TJUE, que podría conocerse dentro de dos meses. “Esto es un tema de justicia social, no queremos mayores indemnizaciones, queremos conservar nuestros trabajos”, concluye Campillo.

Unos 250 interinos han presentado una querella por prevaricación contra cinco magistrados del Tribunal Supremo por haberse pronunciado sobre la interinidad desoyendo lo que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según informa EFE.

La querella, fechada el pasado mes de junio y a la que ha tenido acceso EFE, se dirige contra cinco magistrados de la sección 4ª de la sala de lo contencioso administrativo, firmantes de sendas sentencias sobre la posibilidad de que los interinos se conviertan en fijos sin pasar por un proceso selectivo.

A comienzos de este año, la sala de lo contencioso reiteró que el ordenamiento jurídico español no permite convertir en funcionario fijo o equiparable a quien ha recibido nombramientos temporales abusivos sin que medien los procesos selectivos previstos por la ley.

En su exposición de argumentos, la Sala aseguraba que su criterio no se opone a la directiva europea aplicable ni al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de junio de 2024.

El TJUE avaló entonces convertir a los interinos en trabajadores con contrato indefinido como medida sancionadora frente al abuso de contratos temporales siempre y cuando "no implique una interpretación del Derecho nacional contraria a la ley".

Los 250 interinos que han presentado la querella señalan que estos cinco jueces, con un afán voluntarista, personal y ajeno a Derecho" y en contra de lo que manda la directiva europea aplicable y lo que establece el TJUE, "hacen su propio camino” en contra de lo que les resulta exigible.

Los querellados no han respetado "ni la legalidad que les vincula, ni las resoluciones vinculantes del TJUE en la materia objeto de controversia y, con pleno conocimiento de su actuación, dictan resolución injusta contraria a las mismas, anteponiendo su voluntad personal a la voluntad de la Ley", explica la querella de 68 páginas. Todo ello "sin duda configura el tipo de la prevaricación", añade el texto.

El pasado 7 de julio, la Comisión Europea dio luz verde al desembolso del quinto pago del fondo de recuperación a España, cuya cuantía redujo en 1.100 millones de euros por incumplimiento de algunos compromisos, entre ellos uno para reducir la temporalidad de los funcionarios. En concreto, descartó el desembolso de 627 millones por considerar insuficientes las medidas adoptadas para reducir la temporalidad en el sector público.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, ha asegurado que en España se ha alcanzado ya el 75% de las regularizaciones de trabajadores interinos de la Administración Pública española y que el Gobierno "ya tiene una ley" con la que se "anticiparon" al problema de la temporalidad que está dando "resultados extraordinarios".

En declaraciones a los periodistas antes de participar en San Fernando (Cádiz) en la I Jornada de reflexión sobre los Derechos Digitales, según recoge Europa Press, el ministro Escrivá se ha referido al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si el derecho español no disuade del abuso de interinos y tras solicitar un cambio en la regulación española. Sobre esto, el ministro ha dicho que se está pendiente de conocer la opinión de este tribunal sobre "casos previos al 2021", argumentando que "atañe fundamentalmente a los tribunales y cómo los tribunales tienen que resolver esos conflictos".

"Más allá de estos casos históricos, creo que lo más importante es mirar hacia adelante a todo lo que hemos hecho y lo que seguimos haciendo, para que lo mismo que ha ocurrido en el ámbito del sector privado, donde hemos hecho una reversión extraordinaria con la reforma laboral de la temporalidad, se consolide en el sector público de forma análoga", ha manifestado el ministro.

De esta manera, ha apuntado a que desde el Gobierno de España tienen el objetivo de llegar "a un número determinado de regularizaciones", en concreto a las 300.000 estabilizaciones a final de año, señalando que ya se ha alcanzando "el 75%" por lo que "lo vamos a cumplir este año ampliamente, no tengo ninguna duda".

También ha comentado la importancia de que "estructuralmente no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido durante estos años" y que para ello se están tomando medidas con las que contar con "un marco estable" de trabajadores y funcionarios públicos.

En ese sentido, ha nombrado la eliminación de la tasa de reposición, un instrumento que ha sido "particularmente pernicioso a la hora de generar esas bolsas de temporalidad en el pasado", y que las administraciones públicas puedan planificar "a medio plazo" los recursos humanos que necesitan, "con una buena definición de sus funciones", algo que como ha dicho, se está haciendo ya en la Administración General del Estado. "Planificarse a medio plazo evitará problemas después de respuestas a corto plazo", ha apostillado.

Por último, Escrivá ha apuntado a la reducción "decisiva" del tiempo que se tarda en acceder a la Función Pública, algo en lo que están "completamente comprometidos en hacerlo rápidamente", poniendo como ejemplo de ello el llamado "MIR tecnológico". "Tenemos muy buena experiencia con el acceso de los médicos en España, hagámoslo con otras profesiones", ha animado el ministro, asegurando que en todos los ámbitos de los funcionarios que se dedican a la tecnología en la Administración General del Estado "queremos hacer algo similar".

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que afirma que la conversión judicial "automática" de los trabajadores interinos en indefinidos no es una medida que pueda derivarse "en ningún caso" del fallo del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE), de 22 de febrero, y resulta "incompatible" con el sistema español de Administración Pública, basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, según ha informado Europa Press.

La sentencia del Supremo, que parte de un recurso de casación para la unificación de doctrina formulado por la Junta de Castilla y León, señala asimismo que "tampoco se deriva" del fallo europeo "una radical igualdad entre el régimen jurídico de los trabajadores fijos y de los temporales", pues la directiva europea 1999/70/CE permite, en su cláusula cuarta, un trato diferente entre temporales y fijos por razones objetivas.

El TJUE dictó el pasado mes de febrero una sentencia en la que denunciaba que la legislación española no disuade adecuadamente a las Administraciones Públicas del abuso de la contratación temporal y planteaba, como solución, hacer fijos a los trabajadores afectados.

El Supremo, en este fallo, deja claro que no puede interpretarse que esta sentencia implique una conversión judicial automática de los trabajadores indefinidos no fijos en trabajadores fijos porque ello sería "incompatible con el sistema español de autoorganización de su propia administración pública -que se basa en los principios de igualdad, capacidad y mérito en el acceso a la Función Pública- y que se aplica tanto a los funcionarios públicos como a los contratados laboralmente".

Con esta sentencia, el Alto Tribunal estima el recurso de casación presentado por la Junta de Castilla y León contra un fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad que declaraba el derecho de una trabajadora indefinida no fija, auxiliar de enfermería en una residencia, a ser admitida en un concurso de traslados pese a no tener la condición de fija.

Este fallo del TSJ de Castilla y León fue recurrido por la Junta ante el Supremo, alegando la contradicción que existía entre la sentencia recurrida y otra dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en 2019, en la que se denegaba el derecho de una trabajadora indefinida no fija a participar en un concurso de traslados.

El Alto Tribunal aprecia contradicción entre ambas sentencias, pues se trata en ambos casos de trabajadoras con contratos laborales, indefinidos no fijos, que prestan servicios en un organismo público, y que solicitan participar en un concurso de traslados. Mientras que la sentencia recurrida estimaba el recurso de la trabajadora y la posibilidad de que participara en el concurso, la sentencia de contraste, la de Extremadura, se la denegaba. En ambos casos rigen sendos convenios colectivos que limitan la participación en este tipo de concursos al personal laboral fijo.

Para el Supremo, la adscripción del personal temporal a un puesto de trabajo concreto, "conectado inevitablemente" con una causa de temporalidad, algo también aplicable a los indefinidos no fijos, "constituye elemento objetivo suficiente" que impide la equiparación entre trabajadores fijos y trabajadores temporales en los supuestos de traslado.

En su opinión, respecto de la exigencia legal de equiparación entre personal fijo e indefinido no fijo, el Tribunal Supremo subraya que la diferencia más trascendente entre ambos para el acceso a una plaza fija consiste en que este tipo de personal está prestando servicios en el ámbito público sin haber ingresado a través de un procedimiento en el que se hayan garantizado los principios de igualdad capacidad y mérito, tal y como exige la Constitución española.

"El indefinido no fijo lo es porque su ingreso en la Administración o en la empresa pública para un puesto de trabajo fijo se ha producido sin haberse seguido un proceso selectivo para su incorporación basado en los constitucionales principios de igualdad, capacidad y mérito. Principios que se insertan en el núcleo básico de la regulación de la organización y funcionamiento de las administraciones públicas españolas, en garantía del principio de igualdad que proclama el artículo 14 de la Constitución", expone.

Para el Supremo, tal diferencia puede considerarse "como una circunstancia objetiva y razonable que apoye lícitamente la exclusión del personal indefinido no fijo del concurso de traslados previsto en el convenio colectivo y excluya cualquier atisbo de discriminación en contra de tal tipo de trabajadores".

En este sentido, recuerda que el Tribunal Constitucional ha defendido "reiteradamente" que el derecho a la igualdad ante la ley reconocido en el artículo 14 de la Constitución "no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica", de manera que "no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada materia supone una infracción del mandato contenido en el citado precepto constitucional, sino tan sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales".

Así, el Supremo subraya que lo que prohíbe el principio de igualdad "son las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables".

"También es necesario, para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato, que las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos. En resumen, el principio de igualdad, no sólo exige que la diferencia de trato resulte objetivamente justificada, sino también que supere un "juicio de proporcionalidad" en sede constitucional sobre la relación existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida", argumenta.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha reclamado la renovación de este órgano como "fórmula inmediata y necesaria" para "recomponer" lo que está pasando con la justicia en España y en el Campo de Gibraltar. "No podemos estar en esta situación de interinidad", ha afirmado Guilarte en declaraciones a los periodistas en la sede de la Audiencia Provincial de Cádiz, donde se ha reunido con magistrados de esta provincia y de Huelva para analizar la situación provocada por el narcotráfico en la zona, según informa Europa Press.

En ese sentido, ha advertido que "su legitimación" para ocupar ese cargo "pone en riesgo la justicia" y es por eso que ha apremiado a "dotar, crear y renovar" el Consejo General del Poder Judicial para que sea este nuevo órgano el que "pilote todas las iniciativas" relacionadas con los cambios solicitados en los juzgados del Campo de Gibraltar y de la provincia de Cádiz como refuerzo de magistrados o la desaparición de los juzgados mixtos para poder abordar mejor las causas por narcotráfico.

"Tiene que ser un nuevo Consejo con una visión un poco de futuro y no nosotros, que estamos en una situación de absoluta interinidad", ha aseverado el presidente del CGPJ. En cuanto a las medidas que se pueden adoptar, ha indicado que su presencia en este encuentro es para "escuchar" a los jueces de la zona y "desde esa perspectiva intentar en Madrid manejar todos los posibles resortes de los que disponemos para ayudar".

Así, ha señalado que "cuántos más órganos se creen, mejor va a funcionar el sistema", pero que hacerlo "no es fácil" ya que "muchas administraciones que se conjugan para todo esto" al ser estas las que tienen competencias en materia de justicia para dotar de más medios a estos órganos judiciales. Sobre la posibilidad de que se deriven a la Audiencia Nacional las causas por narcotráfico, el presidente del CGPJ ha considerado la medida "adecuada" según lo que les ha transmitido los magistrados de la provincia.

A este respecto, ha aclarado que "no estoy en condiciones de, a día de hoy, concluir que esa solución es eficaz", señalando que se trata de "buscar eficacia" y para ello "hay que hablar con la Audiencia Nacional y con los jueces de aquí, que son los que conocen realmente el problema y saben que quizás con esta medida podamos ayudar, que se pueda hacer más eficaz la lucha contra todo este problema".

Suelo robar frases a los demás. No es que me las apropie y las difunda como mías, sino que las uso para reflexionar. En principio, no suelen ser frases demasiado densas ni parecen albergar demasiada importancia, pero sí que te confirman ideas que ya rondaban por ahí pululando en tu cabeza y de repente cobran sentido o bien te descolocan y crean oportunidades nuevas de convertirte en mejor persona: los hechos cotidianos encierran tanta filosofía como una frase lapidaria.

Para los docentes interinos, el verano suele vivirse como una época de cierta incertidumbre. No saben si podrán continuar en su destino anterior o, incluso, si empezarán el curso. Al parecer, además, este verano la adjudicación ha venido (o viene) con cierto retraso en algunas comunidades, lo que acentúa dicha incertidumbre. Uno quiere saber a qué atenerse lo antes posible; hay ciertas puertas que no nos gusta tener abiertas. 

Una vez ha salido la adjudicación le pregunto a Gloria si le han dado destino. Me contesta que no, que se ha puesto inactiva. Conforme leo sus palabras, se me acumulan preguntas que yo mismo me voy respondiendo: inactiva no significa salir de la bolsa, simplemente, no te llaman. Es algo que tendría meditado desde hace tiempo y habrá ido ahorrando dinero para esos meses. A esta persona le encanta su trabajo, pero es tan responsable que se ha saturado. 

Imagino a sus familiares y amigos tildándola de loca, que cómo va a decir que no a trabajar o que va a bajar puestos en la lista de manera que tardarán más en llamarla. Todo ese tipo de cosas que ella ya sabe y no necesita que nadie le recuerde. En cambio, a ella la imagino eludiendo dar explicaciones. Se puede estar seguro de algo y no saber darse a entender, sobre todo cuando las decisiones que tomas están muy lejos de las habituales, de lo que la gente considera normal.

Así que me alegro por ella y le doy mi enhorabuena. "Estoy con el inglés ahora y en septiembre empiezo la academia de oposiciones", me dice Gloria. "En diciembre podría ponerme activa de nuevo, pero ya veré cómo está el mundo entonces". No quiero que mi mundo sea distinto al suyo. Yo también fui interino; aprobé a la quinta ocasión, pero no por ello quiero que los demás tengan que pasar por lo mismo. Me pregunto si yo hubiese sido capaz de decidir lo mismo que ella, si alguna vez me sentí cansado de coger la maleta y tirar para donde fuese que me llamasen, si me podría haber permitido el «lujo» de hacerlo. Por supuesto, pienso en todos esos interinos que desearían parar y no pueden porque, claro, necesitan el dinero. 

De nuevo, la felicito, considero que toma muy buenas decisiones. "Nos quitamos un poquito de trabajar, que tampoco pasa nada", me responde. "No hay necesidad de tirar palante con todo puesto encima". Y ahí es donde todo empieza a cobrar sentido para mí. No me cabe duda de que, como a mí, a Gloria le encanta su trabajo. Pero ¿por qué tiene que ejercerlo a costa de su salud? Tuve una compañera que se levantaba a las cuatro de la mañana para poder estudiar. "Por la tarde no puedo", me decía. "Tengo que ayudar a mi hijo con los deberes y las tareas de la casa. Mi marido llega a las tantas". Pienso también en cómo demandar a esos docentes que se impliquen en proyectos del centro que los llevaría a usar un tiempo mucho mayor que por el que se les paga. Tienen que estudiar, les va el futuro en ello. 

Pero también pienso en lo que somos. Cualquier persona queda definida por su nombre, su lugar de procedencia y su trabajo. Luego nos puede gustar hacer deporte, escribir, hacer yoga o el bricolaje. Gloria, por ejemplo, es una gran cantante; podría dedicarse a ello. Pienso que nos definen mejor esas otras cosas que hacemos, esas que realizamos cansados arañando tiempo al reloj. Pienso también que nos define la gente con la que decidimos interactuar de una manera u otra porque nos merece la pena lo que nos aportan. Yo, concretamente, siempre querré cerca a una Gloria que se atreva con la rebeldía de pararse para descansar y recapacitar, de pararse para empezar a hacer esas cosas que nos convierten en la persona que somos. Quiero poder realizar mi trabajo con calma y poder ser interino con el tiempo suficiente en todo lo demás.

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Rafael Navarro Zaá es maestro de educación primaria. Autor de los poemarios 'En segunda persona' y 'No sé ponerte nombre', y de la novela 'Los posos del café'. Miembro del colectivo DIME.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 12 de abril, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Real Decreto que modifica el sistema de acceso a la función pública docente para los años 2022, 2023 y 2024, con el objetivo de reducir la temporalidad en el sector público educativo y aplicar así la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, la denominada Ley de interinos.

Según el texto aprobado, recogido por Europa Press, este nuevo sistema de acceso sólo será de aplicación para los interinos de larga y media duración.

Tal y como ha afirmado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, hay más de 550.000 docentes en el sistema público español, tanto maestros como profesores, de los cuales un 23% está en situación de interinidad. "Lo que se trata es acabar con estas circunstancias para cumplir en 3 años el objetivo del 8% de temporalidad en este ámbito", ha señalado.

De este modo, el Real Decreto establece dos procesos distintos para los interinos, y otro para los nuevos aspirantes: un procedimiento extraordinario de méritos para interinos de larga duración; un procedimiento ordinario de concurso-oposición para los de media duración; y otro ordinario, también de concurso-oposición, pero con el sistema actual, para nuevos aspirantes e interinos nuevos.

Así, los interinos que lleven trabajando en el sistema público docente desde antes del 1 de enero de 2016 no tendrán que realizar la fase de oposición para conseguir una plaza. El procedimiento de acceso a la función pública de estos trabajadores temporales será por un concurso de méritos extraordinario. Las plazas a convocar serán únicamente de estabilización y las comunidades autónomas podrán convocar este procedimiento una única vez hasta 2024.

En segundo lugar, se instaura un sistema de ingreso por concurso-oposición ordinario, que se dirige a plazas ocupadas por personal temporal en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020, a las que se añaden las plazas de los procesos de estabilización de las leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y 2018.

Este sistema de acceso es nuevo: la fase de oposición consistirá en el desarrollo de un tema y en la exposición de una unidad didáctica, eliminándose así la prueba práctica y la entrega de la programación didáctica, como se hace hasta ahora. Además, las fases de la oposición no serán eliminatorias, y el baremo de méritos cambia con respecto al sistema actual, valorándose más la experiencia laboral.

Por último, aquellos interinos que lleven desde 2021 y los nuevos aspirantes, se regirán por el sistema actual de concurso-oposición. Para estos, las plazas convocadas serán de reposición y de nueva creación.

El Gobierno ha llegado este jueves a un acuerdo con ERC y PNV para que los trabajadores de la Administración Pública con carácter de interinidad con más de cinco años en el mismo puesto consigan una plaza fija, sin necesidad de opositar, mediante un concurso de méritos amparado en el artículo 61.6 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), ha informado Europa Press.

El acuerdo, al que llegaron los grupos de PSOE y Unidas Podemos con ERC y PNV, incluye dos disposiciones adicionales que obligan a las Administraciones a convocar "por el sistema de concurso aquellas plazas de carácter estructural que han estado ocupadas por personal temporal" al menos desde el 1 de enero de 2016, a contar cinco años desde el 31 de diciembre de 2020, han informado fuentes parlamentarias.

Esto supone una rebaja a cinco años tras los diez exigidos inicialmente por el Ministerio de Hacienda para rebajar la temporalidad en la Administración, dejando así la puerta abierta a que puedan consolidar su plaza de forma automática.

Las mismas fuentes han explicado que a los interinos de tres a cinco años se exigirá un "concurso-oposición en los cuales los ejercicios de la fase de oposición pueden no ser eliminatorios", mientras que de cinco años para adelante habrá un concurso de méritos amparado en artículo 61.6 del EBEP. "Las plazas que pueden salir por concurso no están condicionadas a no haber sido previamente convocadas", han añadido.

Por otra parte, el acuerdo también incluye que se extienden "explícitamente" a las sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios del sector público.

Asimismo, se modifica la disposición transitoria que aborda los procesos de 2017 y 2018. "Se sigue hablando de que tienen que estar resueltas antes de 31 de diciembre de 2024 pero se elimina la referencia explícita a que "seguirán ejecutándose con arreglo a las previsiones de las respectivas convocatorias"", han indicado.

Más allá del Parlamento actual, aunque esté mal visto, más allá del Gobierno actual, en el panorama histórico de este país y ya tiempo atrás, hubo que calificar el sistema de oposición como “lotería, muchas veces eléctrica” (por lo de los enchufes). Y también que el sistema estaba “técnicamente corrompido", pues el sistema de “oposiciones”, creado a finales del siglo XIX para evitar las “cesantías” –cambio de los funcionarios al hilo de los cambios de Gobierno-, tenía su fundamento en convocar las plazas futuras previsibles en las distintas ramas; no convocar oposiciones para plazas que llevan siendo ocupadas años y años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta situación se repite años tras año, lustro tras lustro, etc.

¿O nos olvidamos de cómo don Adolfo (Suárez) zanjó el problema de los profesores no numerarios de Secundaria y universidad y todos pasaron a ser fijos de una u otra manera?

En 1982, mi primer año como profesor interino de Química, tras haber trabajado en la industria y ser represaliado y despedido gracias a la dictadura de Franco, éramos en todo el Estado unos 2.000 profesores interinos en la Enseñanza; hoy hay, cifra arriba, cifra abajo 130.000. Repito, en la enseñanza. El manido argumento de que entonces no había Constitución y por eso se pudo hacer no cuela, como ya ha demostrado hasta la expresidenta del Tribunal Constitucional doña Emilia Casas y porque además cualquier tribunal y cualquier ley debe poner por encima de todo la lógica y la razón y cerca de un millón de trabajadores precarios en las Administraciones Públicas, es una sinrazón.

El problema es otro; el problema, como en otras cosas, es que el Estado, lejos de actuar como garante de los derechos de los ciudadanos trabajadores, actúa más como patrón para el beneficio del capital y son esos intereses los que marcan el devenir diario generándose problemas de precariedad como éste de los trabajadores temporales, precarios –laborales e interinos– de las Administraciones Públicas, así como en otros muchos sectores y de mayor gravedad aún, como los inmigrantes o las trabajadoras domésticas.

¿O podemos ignorar el gran negocio de las academias en torno a las oposiciones? Y cuando hablamos de “academias”, hablamos de sindicatos subvencionados que tiene intereses similares o cercanos y si no, ¿cómo se explica que firmen a pies juntillas el acuerdo que despedía, de hecho, a miles y miles de trabajadores en precario como ya hicieron en 2017 con el ministro Montoro y ahora con el ministro Iceta?

Pero profundicemos en los comportamientos del propio Estado y de sus “castas“ más rancias. Hay una palabra que aparece en casi todos los legajos y es la de “reconocer”; reconocer los trienios, reconocer los servicios prestados, reconocer la madre... El comportamiento inquisitorial que se encierra en esta cuestión requiere una revisión profunda; su significado es el mismo con el que ahora quieren “reconocer” para hacerlos fijos a los que lleven 10 años “en un puesto estructural” (a saber…). ¿Es que el Estado no tiene conocimiento de los hechos? ¿O es que de esta manera se reserva el derecho de pernada al que nunca renuncia el capital en última instancia?

No cabe duda que la huelga indefinida convocada el pasado 11 de junio por la Comisión Abierta Estatal de Lucha y Coordinación de los Trabajadores Precarios de las Administraciones Públicas, alguna mella ha hecho, junto a otras movilizaciones, para que a la fofez del decreto de Iceta se le haya tenido que añadir un poquito más de energía de la ministra de Hacienda, pero cómo quede finalmente –en septiembre u octubre– dicho decreto estará en las manos de la lucha de los trabajadores precarios, para los que hay que reclamar: ¡Fijos ya. Basta ya de precariedad! Porque, además, la precariedad no engendra buenos servicios públicos, sino todo lo contrario.

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Benito Laiz Castro es “químico jubilado como profesor interino 'para mofa y escarnio del MEC'” y socio de infoLibre

La vicepresidenta tercera del Congreso y diputada de Unidas Podemos, Gloria Elizo, ha opinado que su grupo parlamentario no debería haber apoyado el real decreto sobre interinos y ha enfatizado que el acuerdo de Gobierno con el PSOE es "tan frágil como difícil", según recoge Europa Press.

Así lo ha trasladado en Twitter tras compartir una información sobre el futuro de un nuevo decreto antidesahucios, una vez que el actual expire el próximo 9 de agosto.

"Coalición de gobierno y siguen trágicos desahucios. No debimos votar que sí al RDL sobre interinos. Durante la tragedia del covid las coberturas sociales dan para poco más que para jalearse en Twitter. El acuerdo de gobierno es tan frágil como difícil, ha apuntado en su comentario en esta red social.

El pasado miércoles el Gobierno salvó en el Congreso la convalidación del decreto ley para estabilizar empleo en la Administración Pública gracias al apoyo acordado con ERC, Compromís y Teruel Existe, y la abstención del PNV y Más País-Equo-Los Verdes.

El acuerdo, negociado con el Ministerio de Hacienda y el PSOE, permitió también el apoyo de Unidas Podemos, que hasta ese mismo miércoles no confirmó su voto a favor por sus reticencias al decreto que impulsó el ahora ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, durante su etapa en Política Territorial y Función Pública.

No obstante, se produjo en la primera votación un empate y la diputada de Unidas Podemos Rosa Medel votó inicialmente en contra. En la segunda votación, esta diputada de la formación, que estaba sentada en su escaño, decidió no participar para inclinar la balanza a favor del decreto que finalmente fue avalado.

Belarra, optimista con la prórroga del escudo socialescudo social

Hoy la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha asegurado que la futura Ley de Vivienda cumplirá con el acuerdo de gobierno e incluirá la regulación del precio del alquiler, con lo que ha transmitido "tranquilidad" a la ciudadanía dado que "los fondos buitre no votan en el Congreso de los Diputados".

Sobre la prórroga de las medidas del 'escudo social' y, específicamente, el decreto antidesahucios, Belarra ha explicado que remitió una propuesta a diversos ministerios para prolongarlo hasta final de año.

"Somos conscientes de que mucha gente en nuestro país lo está pasando muy mal. A pesar de todos nuestros esfuerzos, hay gente a la que no hemos sido capaces de llegar con el escudo social, y creo que lo que le toca a este gobierno es ser humilde y tener capacidad para reaccionar", ha subrayado para enfatizar, no obstante, que se tratan de medidas de protección adoptadas "sin precedentes".

El Gobierno y los sindicatos más representativos de los funcionarios han alcanzado esta tarde el acuerdo sobre medidas a aplicar para reducir la temporalidad en las administraciones públicas, según informa Europa Press. 

Gracias a este, más de 300.000 plazas estructurales ocupadas por interinos se convertirán en fijas antes del 31 de diciembre de 2024 como fecha límite improrrogable.

En concreto, el texto del acuerdo recoge que para reducir la temporalidad por debajo del 8% de las plazas de carácter estructural en todas las administraciones, se articulará un nuevo proceso de estabilización del empleo temporal.

El proceso afectará a todas las plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020 y que no se hayan visto incluidas en los procesos de estabilización previstos en los acuerdos para la mejora del empleo público de los años 2017 y 2018.

El proceso se desarrollará con las condiciones y características previstas en los mismos en cuanto a tiempo de ocupación y sectores, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas administraciones públicas. Este proceso supondrá la autorización de una tasa adicional para la estabilización del personal temporal.

Por otro lado, el texto dice que los procesos se desarrollarán a través de concurso-oposición, con una valoración de la fase de concurso, por primera vez en la historia de las ofertas de empleo público, de un 40% en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente.

Además, los mecanismos de movilidad o de promoción interna previos de cobertura de plazas serán compatibles con los procesos de estabilización. Para quienes no superen los procesos de estabilización, las convocatorias de estabilización podrán prever su inclusión en bolsas de interinos específicas o su integración en bolsas ya existentes.

En estas bolsas, se integrarán los candidatos que habiendo participado en el proceso selectivo correspondiente, y no habiendo superado este, sí hayan obtenido una puntuación que la convocatoria considere suficiente.

En esta línea, también se señala que quienes no superen la oposición tendrán una compensación económica de 20 días de sus retribuciones fijas por año trabajado, hasta un máximo de 12 mensualidades.

Según el texto, el derecho a esta compensación nacerá a partir de la fecha del cese efectivo y la no participación en el proceso selectivo no generará compensación alguna.

En el caso del personal laboral temporal, la compensación consistirá en la diferencia entre el máximo de 20 días y la indemnización que le correspondiera percibir por la extinción de su contrato, prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año, hasta un máximo también de 12 mensualidades.

Las administraciones públicas, por su parte, deberán asegurar el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución de los procesos de estabilización mediante la adopción de medidas apropiadas para un desarrollo ágil de los procesos selectivos, tales como la reducción de plazos, la digitalización de procesos o la acumulación de pruebas en un mismo ejercicio, entre otras.

Reforma de la normativa básica en materia de empleo público

También se contempla la reforma de la normativa básica en materia de empleo público. Así, cuando se deba contar por razones de urgencia y necesidad con personal funcionario interino, se podrá nombrar cuando la plaza no se pueda cubrir por un funcionario de carrera y con una duración máxima de tres años desde el nombramiento del interino.

Pero también por sustitución transitoria de los titulares por el tiempo estrictamente necesario, para la ejecución de programas de carácter temporal, que no superen los tres años de duración, o por exceso acumulación de tareas, con un plazo máximo de nueve meses dentro de un periodo de 18 meses.

El personal funcionario interino por vacante podrá permanecer en su plaza, siempre que se haya publicado la convocatoria dentro del plazo de los tres años a contar desde la fecha su nombramiento. En este supuesto, el trabajador podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria y su cese no implicará compensación económica.

Cuando desaparezca la causa del nombramiento o llegado el término, (bien por la cobertura por personal funcionario de carrera de la plaza para la que fue nombrado o bien por razones organizativas debidamente justificadas y motivadas que impliquen la supresión o amortización de la plaza o puesto), la administración de oficio dará por finalizada la relación de servicio sin que se genere derecho a indemnización.

El texto dice que las vacantes en las que se nombre personal funcionario interino deberán cubrirse a la mayor brevedad posible por cualquiera de los mecanismos de provisión previstos en la normativa de cada administración pública.

Asimismo, una vez que finalice la relación de servicios del personal interino por el cumplimiento del término máximo de tres años para permanecer como tal, la plaza solo podrá cubrirse por personal funcionario de carrera. Sin embargo, si el proceso selectivo hubiera quedado desierto, se podrá establecer otro nombramiento por interinidad.

El acuerdo asegura que las administraciones promoverán el desarrollo de los criterios de actuación que permitan asegurar el cumplimiento de lo previsto en el acuerdo.

"Todo acto, pacto, acuerdo o disposición reglamentaria, así como las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, cuyo contenido directa o indirectamente suponga el incumplimiento por parte de la administración de los plazos máximos de permanencia como personal temporal, será nulo de pleno derecho", dice el texto.

Asimismo, se dice que las actuaciones irregulares en esta materia darán lugar a la exigencia de las responsabilidades que procedan. De hecho, el incumplimiento de los plazos máximos de permanencia dará lugar a una compensación económica para el interino que será el equivalente a 20 días de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo interiores a un año, hasta un máximo de 12 meses.

"El derecho a esta compensación nacerá a partir de la fecha del cese efectivo y estará referida exclusivamente al nombramiento del que traiga causa el incumplimiento. No habrá derecho a compensación ni en caso de que la finalización de la relación de servicio sea por causas disciplinarias ni por renuncia voluntaria", dice el texto.

El personal laboral temporal tendrá derecho a percibir una compensación económica en los casos de incumplimiento de los plazos máximos de permanencia como contratado temporal y siempre que suponga vulneración de lo establecido en la normativa específica laboral de aplicación. Esta consistirá en la diferencia entre el máximo de 20 días y la indemnización que le correspondiera percibir por la extinción de su contrato, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 12 mensualidades.

El sector de la educación o sanidad tendrá un plazo de un año para adaptar su legislación a esta reforma de la normativa básica en materia de empleo público. Finalizado este plazo, la reforma de la normativa básica surtirá efectos para el personal docente y el personal estatutario o equivalente de los servicios de salud.

Por último, se recoge la fijación de un calendario de negociación en septiembre de este año para avanzar en el resto de materias contempladas en el Estatuto Básico del Empleado Público.

De hecho, se va a crear una comisión de seguimiento del acuerdo con la idea de vigilar el correcto desarrollo de todos los apartados del mismo.

La indemnización para los funcionarios interinos que no superen la oposición será de 20 días por año trabajado, según la propuesta presentada a las organizaciones sindicales del Ministerio de Política Territorial y Función Pública en el encuentro mantenido este viernes. Fuentes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han señalado que hay avances en la negociación del acuerdo en materia de temporalidad, según recoge Europa Press.

De hecho, han celebrado que se hayan incluido en el texto cuestiones que el sindicato reclamaba como esta compensación económica para quienes no superen el proceso de estabilización, así como la garantía de prestación de servicio público (se podría efectuar otro nombramiento por interinidad si el proceso quedase desierto).

También destacan que se incluyan garantías de permanencia para los interinos durante todo el tiempo que dure el proceso de estabilización, medidas disuasorias para las administraciones que abusen de la temporalidad (sanciones y compensación económica) y una reforma de la Ley de Bases del Régimen Local para que se desarrolle con garantías el proceso de estabilidad.

No obstante, piensan que todavía faltan cuestiones importantes por incluir en el Plan de Choque contra la temporalidad, como son la compatibilización del proceso de estabilización con la movilidad o la promoción interna del personal fijo, así como establecer con claridad unas garantías de cumplimiento del acuerdo de estabilización.

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha decidido rectificar su propia doctrina en relación a la duración del contrato de interinidad por vacante en el sector público después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) haya declarado contraria a Derecho comunitario la jurisprudencia española que permite renovar contratos temporales en el sector público a la espera de procesos selectivos para los que no existe un plazo concreto fijado, según informa Europa Press. 

El Supremo, reunido en pleno para examinar la incidencia del fallo del TUE en diversos recursos, ha decidido por unanimidad rectificar la aplicación que venía haciendo de su propia doctrina en esta materia.

Así, ha establecido que, en aplicación de las previsiones legales y reglamentarias sobre el contrato de interinidad, su duración máxima será la del tiempo que duren los procesos de selección para cubrir la vacante conforme a lo dispuesto en su normativa legal o convencional específica.

A falta de una previsión normativa, el Supremo determina que, con carácter general, una duración superior a tres años del contrato de interinidad debe considerarse "injustificadamente larga", lo que comportará que el trabajador interino pase a ostentar la condición de indefinido no fijo.

Asimismo, establece que el cómputo de tal plazo no puede verse interrumpido por normas presupuestarias que paralicen ofertas públicas de empleo, ya que la cobertura de vacantes cubiertas por trabajadores interinos no implica un incremento presupuestario.

Precisamente, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, está trabajando con los agentes sociales para abordar un proceso de estabilización del empleo en el sector público a través de un decreto ley que se aprobará en breve plazo.

Con este decreto, el Gobierno plantea prohibir la temporalidad en las administraciones públicas, de forma que a partir de su puesta en marcha será imposible" que una persona siga con carácter interino ocupando un puesto de la Administración por más de 3 años.

El proceso de estabilización que persigue el Gobierno se hará a través de concursos-oposición especiales en los que se tendrá en cuenta la experiencia, dando margen a las comunidades autónomas y entidades locales para que en vez de concursos-oposición, lancen sólo concursos.

También se está trabajando y recogiendo aportaciones sobre mecanismos para compensar a las personas afectadas por fraude de ley, aunque no con carácter retroactivo, y castigar a las administraciones que muestren "desidia, desinterés o culpa" en la comisión de ese fraude e "injusticia" hacia esas personas.

El fallo del TUE

El pasado 3 de junio el TUE hizo pública una sentencia en la que declaraba ilegal ligar la interinidad a procesos selectivos sin plazo y criticando que la normativa española no incluya "ninguna medida destinada a prevenir y en su caso sancionar la utilización abusiva de contratos de duración determinada sucesivos".

Además, los jueces europeos señalaban en dicho fallo que el paso a un contrato indefinido no fijo podría ser una medida "apta" para sancionar la utilización abusiva de contratos de duración determinada en el sector público.

La Justicia europea respondía así a las cuestiones planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el caso de una trabajadora que encadenó contratos de duración determinada en el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDRA) desde 2003 hasta 2016. Ese año, su plaza fue adjudicada a un trabajador fijo tras un proceso extraordinario de consolidación de empleo.

La trabajadora impugnó su despido ante el Juzgado de lo Social número 40 de Madrid, que estimó su demanda y condenó a IMIDRA a abonarle una indemnización. El IMIDRA recurrió este fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dirigió una serie de dudas al TUE.

En su sentencia, el tribunal de Luxemburgo declara que la directiva europea sobre trabajo de duración determinada se opone a una normativa nacional que ha sido interpretada de tal forma que permite la renovación de contratos temporales "sin indicar el plazo preciso de finalización de dichos procesos" de selección y además "prohíbe tanto la asimilación de esos trabajadores a trabajadores indefinidos no fijos como la concesión de una indemnización".

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha comunicado la decisión de prescindir de los 1.500 trabajadores que se contrataron para reforzar el organismo durante la avalancha de expedientes generados por la pandemia y ha pedido que se lleve a cabo su renovación, según informa Europa Press.

En concreto, un total de 1.000 interinos cesarán entre el próximo 30 de junio y el 30 de septiembre y los restantes terminarán su relación contractual a finales de año (el 31 de diciembre).

CSIF ha manifestado su rechazo a esta decisión y ha apuntado que supone prescindir de cerca del 20% de la actual plantilla, lo que pondrá en riesgo la viabilidad del SEPE "ante la carga de trabajo que se tendrá que repartir sobre las espaldas de los trabajadores".

El responsable de CSIF en el SEPE, Manuel Galdeano, ha afirmado que le parece "una falta de responsabilidad, una desfachatez y una absoluta falta de sensibilidad" por parte de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Además, ha avisado de que esta decisión "va a poner en serio riesgo" la viabilidad de un organismo muy tensionado por los miles de expedientes que se están gestionando todos los días y que supone una carga de trabajo 300% superior a la que había antes del covid.

Según Galdeano, hay que tener en cuenta que muchos de los actuales expedientes de regulación temporal de empleo se van a transformar en expedientes de regulación de empleo.

Por ello, ha reclamado a Trabajo que se renueve a los 1.500 interinos "en aras del servicio público", pero también ha instado a que se convoque una oferta de empleo extraordinaria y específica del SEPE y a que se implante la jornada de tarde en el organismo.

"Urge una dotación suficiente de recursos humanos, estructurales y profesionalizados, ante la situación de emergencia social por el covid y la más que probable evolución negativa del mercado laboral, tal y como apuntan distintos organismos nacionales e internacionales", según CSIF.

Los empleados públicos se han manifestado este sábado para reclamar estabilidad en la Administración bajo el lema #FijezaYA, una marcha en la que exigen la exclusión de las plazas afectadas por abuso de temporalidad de las oposiciones y que la Administración sea sancionada por el fraude de ley, entre otras medidas, según recoge Europa Press.

Convocados por la plataforma de Trabajadores Públicos Temporales en Fraude de Ley (MI15F), unos 2.000 manifestantes, según fuentes policiales, han recorrido el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos con destino a la Plaza de Colón, donde se han concentrado.

"Nos manifestamos para pedir una sanción al abuso de la temporalidad a través de una ley que garantice nuestra estabilidad en igualdad de derechos y condiciones, como exige Europa", ha defendido una de las portavoces de la plataforma, Nazaret Caballero.

Este colectivo pide concretamente la exclusión de las plazas afectadas por abuso de temporalidad de los que consideran "mal llamados" procesos de estabilización y consolidación (PESCO) hasta que no se compruebe si sus contratos o nombramientos están en fraude de ley y que este sea sancionado.

Asimismo, exigen que la sanción al fraude de ley ya cometido sea para la Administración incumplidora, no para el personal abusado, y que esta consista en asegurar un lugar de trabajo de carácter permanente para el afectado.

Para los empleados que ya hayan sido cesados, la plataforma pide que les sean ofertadas todas las plazas que no hayan sido cubiertas con los procesos convocados y ya finalizados.

Las portavoces de la plataforma han criticado al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, que "continúa hablando de procesos de estabilidad para ofertar las plazas ocupadas por personal abusado", unos procesos "que no respetan la legalidad ni la jurisprudencia europea".

Los convocantes de esta manifestación han recordado en un comunicado enviado previamente que hay tres personas que se encuentran en huelga de hambre como protesta por "los constantes incumplimientos del Ejecutivo de Pedro Sánchez" de las directivas europeas y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

No es la primera vez que este colectivo se manifiesta: en lo que va de 2021, han salido varias veces a las calles de varias ciudades de España a pedir la fijeza para los trabajadores temporales de la Administración Pública.

Diferentes plataformas en representación de los interinos contratados en “fraude de ley” que hay en España han convocado una manifestación estatal este sábado en Madrid en la que piden la regularización de sus puestos de trabajo. Bajo el lema #FijezaYaEsConstitucional, las entidades convocantes reclaman al Ministerio de Política Territorial y Función Pública que se excluyan de las convocatorias de oposiciones todas las plazas ocupadas por personal que se encuentrenen "abuso de temporalidad" hasta que no se compruebe si los contratos son ilícitos. También reclaman que se recoloque a las personas que estaban en situación de temporalidad abusiva y que han sido cesadas de sus puestos si previamente han denunciado su situación. Según las entidades convocantes el número de interinos que se encuentran en una situación irregular se eleva a 800.000 empleados públicos. 

La portavoz a nivel nacional del Movimiento independiente 15-F, Nazaret Caballer, ha explicado que el fraude de ley afecta a aquellos trabajadores cuyas plazas no han sido sacadas en una oferta pública de empleo en el tiempo legal establecido por la normativa europea y nacional. Además, añade que la temporalidad afecta sobre todo a mujeres mayores de 55 años con cargas familiares. “Lo que no es razonable es que después de haber superado un proceso justo para optar a tu puesto de trabajo, de libre concurrencia, cumpliendo con los requisitos de igualdad, mérito y capacidad establecidos por la legislación española y haber demostrado tu capacidad plena durante años en la administración pública, ahora te pidan pasar por otro proceso selectivo de resultado incierto, el cual está expresamente descartado como solución al abuso por parte del Tribunal de Justicia Europeo", explica Caballer. Por ello, desde la plataforma MI 15F piden a la administración que realicé una inspección de autoría externa para determinar el número de trabajadores que se encuentren en esta situación de abuso de temporalidad. 

En muchos casos son mujeres mayores de 55 años 

Muchas de las personas afectadas son mujeres mayores de cincuenta años, con más de veinte años en su puesto de trabajo y con hijos y personas mayores a su cargo. Ahora temen que con la convocatoria de los procesos selectivos se queden sin empleo, ya que denuncian que no tienen tiempo para poder preparar los exámenes. Un ejemplo de ello es Isabel Puig, profesora interina de música que lleva 22 años trabajando para la Conselleria de Educació de la Comunitat Valenciana y siete cursos seguidos en la misma plaza. Ahora con 59 años está preocupada por perder su empleo si se convocan finalmente oposiciones libres para su especialidad. “Me veo en los últimos años de vida laboral cobrando un subsidio de 400 euros. No hay derecho después de haber estado cubriendo un puesto estructural tantos años”, denuncia.

Una situación similar a la de Puig, es la que vive Diana Borja, profesora de piano en un conservatorio desde hace 23 años. La interina se presentó a varias convocatorias, pero denuncia que en aquel momento solo aprobaba la oposición quien conseguía hacerse con las plazas ofertadas, el resto suspendía. Esto le ha supuesto que en la actualidad no disponga de una plaza fija y pueda perder su empleo cuando se convoquen las oposiciones de piano.  “No puedo competir con gente joven que dispone de las 24 horas para estudiar, o me cojo una baja y me dedicó a memorizar o dejo a mi familia de lado y me olvido que tengo hijos”, ironiza Diana.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en su resolución del 19 de marzo de 2020 y las posteriores sentencias derivadas de prejudiciales elevadas a dicho órgano judicial, señalan que concatenar contratos de interinos de manera interrumpida para cubrir puestos estructurales y permanentes vulneraba la normativa europea que prohíbe el abuso de la atemporalidad. Tras haberse infringido una normativa comunitaria, los manifestantes exigen al Gobierno que la sanción al fraude de ley consista en asegurar su puesto de trabajo de carácter permanente para el personal que haya sido víctima de abuso de temporalidad, tal y como indican las líneas generales de la STJUE. Aunque el fallo, deja en manos de las autoridades nacionales si lo adecuado es cubrir las plazas mediante procesos selectivos, conversión a indefinido no fijo o pagar una indemnización por despido improcedente, no descarta la fijeza como medida sancionadora.

Una huelga de hambre para solidarizarse con sus compañeras

Para solidarizarse con las miles de  compañeras afectadas y exigir que el Gobierno cumpla con la directiva europea, María Jesús Casado tomó la decisión de empezar una huelga de hambre hace cuarenta días y la dejará este sábado por motivos familiares. Aunque a Casado no le afecta el problema de la temporalidad, es funcionara de carrera con plaza administrativa en la Agencia Tributaria valenciana desde 1993 y ha vivido en primera persona cómo este colectivo "ha sido machacado, ninguneado y despedido". "En mi época yo creo que entré porque hacía falta mucho personal para construir las autonomías, cuando me presenté había más de doscientas plazas, pero a los dos años siguientes estas se redujeron a unas cincuenta plazas de administrativo. Cómo no voy a solidarizarme con mis compañeras cuando esto está teledirigido a hacer la administración al gusto del que manda", concluye la sindicalista de CGT. Como María, dos mujeres más se han sumado a la causa, entre ellas Coro Alonso, que lleva más de 36 días, e Irune Sainz que lleva más de 29 en huelga de hambre. 

Hay gente que lleva 35 años trabajando y nunca ha podido opositar a su plaza

En la actualidad, un 30,4% de las plazas públicas en España son de carácter temporal según los datos de la primera EPA de 2021. Esto sitúa a nuestro país a la cabeza de los Estados miembros de la Unión Europea en contratación temporal en la Administración. Según Nazaret Caballer, las elevadas tasas de temporalidad pública se deben a que en los últimos años las administraciones no han sacado oposiciones en muchos sectores. “Aquí en España hay gente que lleva 35 años trabajando en la administración pública como temporal y nunca ha podido opositar a su plaza y ahora los van a echar a la calle sin ninguna indemnización”. Por ello, piden que a las personas ya cesadas habiendo sido víctimas del abuso de temporalidad y que hayan previamente denunciado su situación les sean ofertadas todas las plazas que no hayan sido cubiertas con los procesos convocados y finalizados. 

El Gobierno se ha comprometido a reducir el porcentaje de interinos en las administraciones por debajo del 8%, tal y como se incluye en el Plan de Recuperación y Resiliencia enviado a Bruselas. Para ello el departamento de Miquel Iceta ha anunciado la ampliación de los procesos de estabilización iniciados en 2017 y 2018 con el objetivo de que se incluyan todas las plazas estructurales ocupadas por temporales de forma ininterrumpida durante los tres años anteriores al 31 de enero de 2020. Caballer dice que " no hay que olvidar que estos procesos han sido expresamente descartados como solución por el Tribunal de Justicia Europeo y a pesar de saltarse la normativa europea de obligado cumplimiento, el gobierno español lo anuncia como 'oposiciones más blandas' porque en estos procesos selectivos sí les cuenta la antigüedad, cuando en la práctica si no apruebas el examen teórico los méritos no se valorarán y aun así igualmente, por diferentes motivos, te pueden arrebatar tu plaza", aclara la portavoz de MI 15F.

Además, añade que en algunos casos están introduciendo plazas de trabajadores que llevan más de veinte años en su puesto a oposición libre (los méritos se valoran muy poco). Hasta el momento, el Ejecutivo no ha especificado cómo se organizarán estos procesos de estabilización a la hora de valorar la experiencia de las personas interinas que llevan mucho tiempo en su puesto de trabajo.

La manifestación tendrá lugar a las 12 horas y partirá del Paseo del Prado para dirigirse hacia Recoletos y finalmente terminar en la plaza Colón. La convocatoria está organizada por diferentes plataformas que apoyan a los interinos.

El Tribunal Supremo ha declarado nulo el cese de interinos tras considerar la utilización abusiva de contratos de duración determinada y ha reconocido el derecho de los mismos a mantenerse en sus puestos de trabajo y a percibir las retribuciones no abonadas mientras que la Administración no cumpla con la normativa vigente, informa Europa Press.

En concreto, la sección cuarta de la sala III de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha dictado dos sentencias en las que anula parcialmente dos resoluciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el cese de un funcionario interino municipal y de una empleada de carácter eventual de los servicios de salud cuando se ha constatado una situación previa de abuso en la utilización sucesiva de contratos de duración determinada.

El Tribunal Supremo, aplicando el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha apuntado que estos ceses de los dos trabajadores son contrarios a derecho, pero que la actual situación de abuso no permite convertir al funcionario interino o empleada pública eventual en "personal indefinido no fijo".

Con esta declaración, el Supremo ha revocado el pronunciamiento contenido en las sentencias el Tribunal vasco, que había aplicado esta figura de "personal indefinido no fijo", propia de las relaciones sometidas al derecho laboral, pero que no son aplicables a los empleados públicos vinculados con la Administración cuando estos son tanto interinos como empleados públicos eventuales.

Asimismo, para el alto tribunal, el abuso reside en la subsistencia y continuación de las relaciones de empleo con los derechos profesionales y económicos inherentes a ella desde la fecha de efectos del cese legal y hasta que la Administración cumpla lo que ordena la normativa aplicable.

Según la normativa, el cese de un interino o empleado público eventual solo puede tener lugar cuando la plaza se cubra por el procedimiento correspondiente por funcionario o personal de carrera, cuando vuelva su titular, cuando termine el programa temporal que debe ejecutarse o cuando finalice la acumulación de tareas objeto del nombramiento.

Así, el Supremo afirma que para que se cumpla con esta normativa se deben considerar las circunstancias del caso. En los casos analizados, se constata que los nombrados cumplían necesidades que no tenían carácter provisional, sino "permanente y estable".

Por ello, el Tribunal Supremo considera que deben valorarse las funciones que prestaron, si procede, o no, la ampliación de las relaciones de puestos de trabajo de las plantillas. Si no se han realizado estas funciones, el Supremo aboga por acudir al tipo de nombramiento que proceda, impidiendo en todo caso que perdure la situación de precariedad de quienes eventual y temporalmente hayan de prestar las funciones correspondientes.

Sobre la indemnización pedida por los afectados en País Vasco, el Supremo ha asegurado que "no procede", porque "el mantenimiento en sus puestos que se declara con percibo íntegro de lo no abonado, repara íntegramente el perjuicio causado".

No obstante, en líneas generales, "los afectados por la utilización abusiva de los nombramientos temporales tienen derecho a una indemnización, aunque el reconocimiento de este derecho depende de las circunstancias del caso, debe ser hecho en el mismo proceso en que se declara la existencia de la situación de abuso y requiere que la parte demandante apunte en el momento procesal oportuno los daños y perjuicios y por qué fueron causados".