interinos

La vicepresidenta tercera del Congreso y diputada de la formación morada considera que el acuerdo para reducir la interinidad no es suficiente para paliar este problema en las Administraciones Públicas.

Para reducir la temporalidad por debajo del 8% de las plazas de carácter estructural en todas las administraciones, se iniciará un nuevo proceso de estabilización.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios señalan que hay avances en la negociación del acuerdo en materia de temporalidad con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

El alto tribunal determina que una duración superior a tres años del contrato de interinidad debe considerarse "injustificadamente larga", lo que comportará que el trabajador pase a ostentar la condición de indefinido no fijo.

La organización sindical denuncia que esta reducción supone perder un 20% de la plantilla, aumentando de forma considerable la carga sobre el resto de trabajadores.

Unas 2.000 personas han recorrido el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos bajo el lema #FijezaYa.

Bajo el lema por la #FijezaYa los temporales públicos piden al Gobierno que se excluyan de las convocatorias de oposiciones todas las plazas ocupadas por personal en fraude de ley hasta que no se compruebe si sus contratos o nombramientos son ílicitos.

El alto tribunal dicta dos sentencias en las que anula parcialmente dos resoluciones del Tribunal vasco en relación con el cese de un funcionario interino municipal y de una empleada eventual de los servicios de salud.

Los docentes alegaban que existía una diferencia de trato arbitraria entre funcionarios interinos y de carrera, puesto que ante un mismo trabajo unos no cobran las retribuciones correspondientes a esos meses.

Consideran que el concurso de méritos es algo "merecido tras largos años de trabajo" y critican que no se hayan convocado oposiciones "cuando había que hacerlo" y ahora mucha gente esté "en fraude de ley".

La convocatoria de 22.000 plazas revela la dificultad de concordar los intereses de los nuevos aspirantes con los de quienes llevan años ejerciendo sin plaza fija. 

Una plataforma de interinos envía 10.000 denuncias a la Comisión Europea para que obligue al Gobierno a reconocer que su situación es un fraude de ley y la regularice. El 70% de ellos encadenan contratos o permanecen en sus puestos más de tres años. 

Representantes de CCOO, UGT y STES se encerraron desde por la mañana para mostrar su disconformidad en torno a las negociaciones sobre las pruebas eliminatorias en la próxima convocatoria de oposiciones a docente.

Hasta la fecha los tribunales únicamente se habían pronunciado a favor del personal laboral de las Administraciones Públicas, sin que se hubiera reconocido este derecho a funcionarios interinos. CSIF calcula que en España hay unas 250.000 personas en esta situación.