Los interinos aplauden la postura de Europa sobre la temporalidad: "Señala la fijeza como única solución"
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón este martes a los trabajadores públicos españoles que encadenan contratos temporales de forma abusiva en la Administración Pública. El órgano judicial europeo ha pedido a España indemnizaciones más altas, procesos de estabilización y, además, abre la puerta a la conversión de los empleados eventuales en fijos. Esta última es la solución en la que más han insistido desde las asociaciones y el lema que ha encabezado muchas de sus manifestaciones. “La sentencia es un embudo que señala la fijeza como única solución posible”, insistió en una rueda de prensa el abogado Javier Arauz de Robles, que representa a varios colectivos afectados y que ha llevado a Europa el caso.
Desde Comisiones Obreras (CCOO) se muestran más cautos y piden tiempo para analizar la sentencia, ya que esta “no impone la fijeza de forma automática". Para Arauz, si nada cambia, esta se terminará reclamando por vía judicial en el caso de los trabajadores que opten por reclamarla. Ángel Sanandrés, coordinador del Sindicato de Empleados Públicos de Murcia, también prefiere la cautela, pero cree que la resolución europea es un gran avance. "Lo ideal sería que el Estado o los tribunales aplicaran la fijeza y que se abriera esta posibilidad también para todos los trabajadores, estén o no en las demandas", apunta.
El colectivo lleva tiempo batallando esta situación en los tribunales y acumula varias victorias que, sin embargo, no han terminado de resolver el callejón sin salida en el que se encuentran muchos de ellos. “Yo me vine de Murcia a Guadalajara a trabajar hace 11 años. Vivo aquí, mis hijos estudian aquí. Es una vida y yo no puedo volverme porque decidan echarme prácticamente sin indemnización”, relata Lorenzo Campillo a infoLibre. Campillo es funcionario de carrera, trabaja en un ayuntamiento y además representa a la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos. La suya es otra de las asociaciones que pelean para que se corrija un abuso de temporalidad que, en teoría, comienza a darse a partir de los tres años. “Tengo compañeros que llevan hasta 20 años”, relata.
Administrativos, profesores, bomberos, sanitarios y empleados públicos de todas las categorías llevan años en una lucha contra un fenómeno que se ha cronificado en ciertos ámbitos de la Administración sin una solución clara en el horizonte. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) entró en la ecuación después de que el Tribunal Supremo le remitiese dudas acerca de la recomendación que había lanzado este órgano judicial europeo de contratar a los trabajadores que encadenasen años de contratos inestables. Esas dudas tenían que ver con que una contratación directa y automática contravendría, señalaba el Supremo, los principios de igualdad, mérito y capacidad que requiere el acceso a la función pública. El problema crucial es que dejar las cosas como están también atenta contra los derechos de los trabajadores, ya que viven en una inestabilidad constante.
De esto sabe un poco Inés (nombre ficticio), una enfermera del servicio público de salud del Principado de Asturias que prefiere mantener el anonimato. Lleva ocho años encadenando contratos que ni siquiera le generan vacaciones. “Yo pasé de tener contratos largos en la pandemia a tenerlos apenas unos días. Incluso llegaron a llamarme para un contrato de una tarde estando la primera en la lista”, explica. “Tras la primera sentencia de Europa, salen más procesos de estabilización, pero quienes aún no hemos entrado seguimos en una situación muy difícil: cogemos ofertas en las que no se especifican las condiciones porque, si las rechazas, te penalizan, encadenamos contratos que no generan vacaciones, o terminas trabajando en tus descansos porque recibes una llamada de urgencia para cubrir algún puesto para el que no encuentran a nadie”, relata.
En enero acepté una oferta para trabajar desde el día 2 hasta el 28, pero a la hora de firmar ese contrato, me lo dividieron en 14 contratos diferentes
La sanidad es uno de los sectores que más sufren este abuso de la temporalidad. “En enero acepté una oferta para trabajar desde el día 2 hasta el 28, pero, a la hora de firmar ese contrato, me lo dividieron en 14 contratos diferentes. De esta forma, no generamos excesos de horas, que se nos tienen que pagar porque no descansamos lo que debemos, pero, ahora, con esta división de los contratos, tampoco tienes esa contraprestación económica”, cuenta la enfermera. “Encima, si te pones mala, te quitan el resto del contrato del mes”.
Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2025, España cuenta con 999.738 empleados públicos temporales, lo que representa el 32% del total (tres millones), de los cuales el 75% son mujeres. La temporalidad alcanza niveles especialmente elevados en las administraciones generales de las comunidades autónomas (39%) y sectores clave como la sanidad (47%) o la educación no universitaria (31%).
Aunque la casuística es diferente en cada sector, experiencias laborales como la de Inés y la de Lorenzo se asientan sobre la inseguridad que genera no tener un contrato estable. En el sector judicial, Fernando Casamayor, que representa a la Asociación Funcionarios de Justicia, vuelve sobre la misma premisa y señala que lo que esperan de esta sentencia es que anime a más trabajadores a reclamar, pero también que el tribunal español dé curso a las recomendaciones. "Hay un negacionismo, tanto desde el Gobierno como desde algunos sindicatos, que nos obliga a seguir pleiteando", concluye.
¿Y ahora qué?
Javier Arauz, del despacho Arauz de Robles Abogados, habla de una sentencia histórica, aunque también señala que probablemente los afectados tengan que seguir reclamando judicialmente. “El TJUE nos aboca, tras más de 20 años sin aplicar correctamente la directiva europea, a que la única solución sea convertir en fijos a quienes han sufrido abusos en su contratación”, explica. Para el letrado, esta sentencia deja poco espacio a la interpretación, aunque cómo se integre en la justicia española ya es más complicado de prever.
En el ámbito sindical, CCOO señala que habrá que esperar al estudio pormenorizado de la sentencia “y, especialmente, a cómo la interpreten y apliquen tanto el Tribunal Supremo como los restantes órganos judiciales". Por el momento, la sentencia del TJUE opera como un criterio que la justicia española tendrá que integrar y, de cómo lo haga, dependerá la situación de los trabajadores públicos en esta situación.
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Una de las soluciones que se habían planteado era convertir en indefinidos no fijos a los trabajadores, pero el tribunal de Luxemburgo consideró que esta medida “supone mantener una relación laboral temporal” y ahonda en la “precariedad”. Casamayor celebra que esta solución ya no esté disponible: "Seguía siendo un puesto temporal, porque luego, si había un concurso de traslados o una oposición, te podían mandar a tu casa”, relata.
Otro punto que aborda es la indemnización para quienes han sufrido esta situación durante años o para quienes han sido despedidos. Los jueces europeos señalan que el pago de una indemnización al trabajador cuando finaliza la relación laboral, el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas y la convocatoria de procesos selectivos para cubrir las plazas teniendo en cuenta la experiencia anterior del trabajador tampoco "parecen sancionar debidamente esta utilización abusiva ni eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión". Así, quedan eliminados los topes máximos que la ley española fijaba en 20 días por año de servicio con un límite de 12 mensualidades.
“Este año es la primera vez que un contrato largo me genera vacaciones desde la pandemia. Cuando no tienes uno así, te pasas la semana pendiente del teléfono", concluye la sanitaria, quien, como muchos otros compañeros, lleva años esperando un cambio que le ofrezca la posibilidad de estabilizarse.
