Una destructiva bomba social extremadamente peligrosa es que el poder actúe contra la ciudadanía mundial. Lo tenemos muy cerca; lo sentimos muy lejos, si solamente nos asimos a la visible e inmediato. Podemos considerar como axioma global la idea de que la violencia tapa el sentido común; ese que nos inclina a pensar que el diálogo siempre es preferible a un conflicto brutal. Lo son las actuales guerras, aunque aquí vamos a referirnos solamente a la actual en Oriente Medio. Tras el preludio del genocidio de Gaza, viene ahora  el epítome de la guerra iniciada por el señor Netanyahu con el patrocinio del señor Trump. Todas las guerras comportan demasiadas amarguras en forma de bajas civiles, con previsibles daños ambientales y unas vergonzosas violaciones del derecho internacional.

El actual atraco militar que desempeñan Israel, Estados Unidos y el Irán represor de los ayatolás son los principales contaminadores del equilibrio humanitario siempre deseable. Refuerzan los vínculos entre la guerra, el poder y la destrucción ambiental; todo es amargura ética. Otro tanto sucede en Ucrania y en todos esos lugares de los que las grandes agencias no nos sirven noticias. 

Los impactos de la guerra actual del petróleo –nos atrevemos a llamarla así aunque lleva el hiriente contaminador moral del caudillo israelí– son tremendos. Nos tememos que serán perturbadores duraderos de la vida de los más pobres. Escasearán el petróleo, el gas o la energía comunitaria; o serán tan caros que los países pobres se sumirán en el desconsuelo social. La cascada inflacionista la pagarán los más pobres, incluso las clases medias; por todo el mundo.

Parece que la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) ha aconsejado a sus países miembros que adopten  medidas para responder a los posibles amargos efectos de la guerra, y la consiguiente crisis energética. Entre otras, reducir la velocidad en las autopistas y fomentar el teletrabajo. Teme una interrupción del suministro ahora que las dianas de los bombardeos buscan instalaciones petroleras. La AIE también manifestó estar dispuesta a liberar las reservas de los países para mitigar la que declaró la "mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero". Me pregunto las afecciones ambientales, económicas y sociales que la guerra provocará en las poblaciones pobres de las mega ciudades africanas o asiáticas. El estrecho de Ormuz se estrecha mucho más para Asia, a donde va casi el 90 % del GLP (gas licuado del petróleo) que lo atraviesa. 

Todo lo anterior interacciona con la preocupación climática. Estos días hemos leído justificaciones de que la acción climática es demasiado costosa. Ya se encargan la extrema derecha y las grandes empresas de instrumentalizar la inestabilidad social para bloquear el bienestar global. Despliegan sus batallas o guerras contra la protección del medioambiente. Se comenta que la misma Unión Europea se está rearmando con dineros hurtados a la protección ambiental y a la cooperación internacional para reducir desigualdades. 

Se hubieran paliado una parte de los efectos si las energías renovables fuesen el pegamento vivencial de los estados. Se dice que en España –después de tres años de fuertes inversiones en eólica y solar– el gas ha determinado el precio de la electricidad, por ahora, solo en el 15% de las horas en 2026, en comparación con el 89% en Italia. La diferencia viene motivada por los años de inversión en energía solar y eólica, con aciertos y errores, pero generadores de electricidad. Ayudaría reconocer que el gas es un débil eslabón climático y productivo. Cuanta más energía se autogenere un país, en forma de energías renovables respetuosas con el entorno, menos dependerá del exterior. Se suprimen amarguras varias.

En realidad, mucho nos tememos que medidas como las subvenciones, que vendrán, no hagan sino reposicionar a los combustibles fósiles. Ya se encargan de difundir esta solución los mensajes públicos de las grandes petroleras sobre el cambio climático en los últimos años, en los que invierten elevadas sumas de dinero. Los medios de comunicación, complacientes con ellas, difuminan los efectos contaminadores. Se olvidan de que la quema de petróleo, gas y carbón es la principal causa del aumento de la temperatura global y de las olas de calor, sequías, tormentas y subida del nivel del mar que de él se derivan. Una noticia publicada en Reuters estos días informaba de que “en respuesta al conflicto, las compañías eléctricas en Asia están "aumentando la generación de energía a partir del carbón para reducir costos y salvaguardar el suministro energético",

Me impresiona la claridad con la que ve esta amarga guerra bélica y climática un artículo publicado en Social Europe (19/03/2026) titulado libremente como “¿Conflicto armado o supervivencia mutua? Viene a esclarecernos que el militarismo y el colapso ecológico no son emergencias separadas. Sino la misma contingencia, que se retroalimenta en una espiral que la humanidad no puede permitirse ignorar. Copiamos casi textualmente. El mundo se hunde en el militarismo, las confrontaciones múltiples y la guerra que amenaza al mundo entero. Justo cuando la humanidad más necesita una cooperación internacional para afrontar la crisis climática.

Lo podemos comprobar en el compadreo con el que hablan algunos presidentes de países –el señor Trump a la cabeza– que demandan un aumento vertiginoso de los presupuestos militares; no les importa justificar la destrucción. Es más, cargó contra España porque el presidente Sánchez “solo” se comprometió a que apenas alcanzase el 2%. Donald Trump habría declarado que Estados Unidos podría atacar varias veces el mayor centro de exportación de petróleo de la isla de Kharg, en Irán; "solo por diversión". La bravuconería es moralmente grosera. La cultura política que este señor exhibe, y sus muchos imitadores en países diversos con una incultura políticosocial “en la que la devastación de lugares lejanos se discute con ligereza, como si la matanza de extranjeros apenas importara”.

En ese artículo tan inspirador, anteriormente mencionado, se remarca que la guerra no es solo una catástrofe humanitaria; también es una catástrofe ambiental. Algunas estimaciones sobre las emisiones durante el genocidio de Gaza afirman que las de GEI se acercaron al total anual de 36 pequeños países. La militarización no es inocua para el medioambiente: consume enormes cantidades de combustible, energía, acero, hormigón, materiales escasos, talento científico y recursos públicos. Además, las bombas contra la ética global no hacen sino incrementar el miedo de la población, la rivalidad entre países diversos. En suma, la amenaza de la militarización actual trunca la cooperación internacional de la que depende la construcción de un mundo sostenible; ¡Cuántas reuniones para los llamados “alto el fuego” de Gaza, o la reducción de la supuesta amenaza nuclear iraní han fracasado! La inutilidad de las malas intenciones.

Wislawa Szimborska (Nobel de Literatura 1996) se preguntaba en su poema “Principio y fin”: “Después de cada guerra alguien tiene que limpiar… Aquellos que sabían de qué iba la cosa, tendrán que dejar su lugar a los que saben poco. Y menos que poco. E incluso prácticamente nada.” Recordemos la cordura de Rosa Regàs: “No hay cosa más amarga que la inutilidad.”

En un contexto de crisis climática y creciente presión sobre los recursos hídricos, el acceso al agua segura se ha convertido en uno de los grandes desafíos sociales y ambientales de nuestro tiempo. Según la ONU, alrededor de 1.800 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable segura en sus hogares, y en dos de cada tres hogares son las mujeres quienes asumen la mayor parte de su recolección. En esas condiciones, se estima que juntas dedican 250 millones de horas a buscar agua cada día en países donde no están garantizados ni el acceso al agua ni servicios sanitarios adecuados. Es más del triple del tiempo que dedican hombres y niños a esta tarea.

Para quienes viven esta realidad, el acceso seguro al agua no es solo una mejora técnica: es un cambio en el orden de sus vidas. Cuando el agua deja de ubicarse a kilómetros de distancia y entra por una tubería o una fuente más cercana, se libera tiempo, mejora la salud y surgen nuevas oportunidades.

Las horas que antes se invertían en caminar para llenar bidones se convierten en horas para estudiar, trabajar, emprender o simplemente descansar. Las mujeres dejan de exponerse a riesgos físicos y de seguridad —en muchos contextos, caminar largas distancias las hace vulnerables a agresiones— y cuentan con agua más limpia y adecuada para la higiene y la alimentación, reduciendo enfermedades vinculadas al agua contaminada.

En Ayuda en Acción conocemos bien esta realidad gracias a los proyectos que desarrollamos, especialmente en comunidades rurales. Por eso, en 2025, nuestras iniciativas permitieron que más de 70.000 personas accedieran por primera vez a agua potable segura: aproximadamente 25.000 en América Latina y 45.000 en África. La mitad de ellas son mujeres, que ahora no solo utilizan el agua, sino que también participan en su gestión y, en muchos casos, se han convertido en lideresas de sus comunidades.

Son mujeres como Carmen, de Azuay, Ecuador. En su localidad, hoy es presidenta de la junta de agua y lidera la gestión de los sistemas de agua potable. Gracias a la formación que recibe en la Escuela Nacional del Agua, Carmen y otras mujeres administran los sistemas, planifican el uso sostenible del recurso y lideran iniciativas ambientales, como la protección de páramos y fuentes hídricas.

Benedita Manuel, de 48 años, es agricultora y vive en el barrio Ntuttu, zona A, en el distrito de Ancuabe (Mozambique). Antes de la intervención de Ayuda en Acción, su barrio no contaba con ningún pozo de agua. Las únicas fuentes disponibles eran las aguas de los arroyos, lo que la obligaba a caminar durante horas para encontrar fuentes seguras. Además de la distancia, tenía que enfrentarse a largas filas y a mucha competencia por el agua. Con la apertura de un pozo en la comunidad, la distancia para recoger agua potable se redujo significativamente. Ahora Benedita tiene mayor acceso a agua segura, lo que ha reducido los casos de enfermedades en su familia. El tiempo que antes dedicaba a buscar agua ahora lo emplea en actividades generadoras de ingresos, mejorando así su calidad de vida.

Sus historias muestran que el acceso al agua no solo resuelve una necesidad básica. También transforma el papel de las mujeres en sus comunidades. Cuando el agua llega cerca de casa, se liberan horas, se abren oportunidades y muchas mujeres pasan de ser quienes cargan el agua a ser quienes lideran su gestión.

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Andrés Oleas es especialista en Gestión Social y Ambiental del Agua de Ayuda en Acción Ecuador.

Mientras el precio de la vivienda sube y el planeta se calienta, una revolución silenciosa está tomando forma en aserraderos e industrias de la madera también en el sur de Europa. La combinación de madera local, corcho natural y sistemas prefabricados está transformando la manera en que construimos: menos emisiones, menos costes logísticos y mayor rapidez.

Proyectos europeos como SUDOE IMIP y Horizon Europe INFORMA demuestran que la vivienda del futuro puede ser sostenible, asequible y basada en recursos renovables gestionados de forma responsable.

La vivienda es hoy una urgencia social, económica y ambiental. Millones de personas buscan un hogar accesible, mientras la construcción sigue siendo uno de los sectores más contaminantes del planeta, responsable del 39% de las emisiones globales de CO₂.

La paradoja es evidente: edificamos para mejorar la calidad de vida, pero nuestras ciudades contribuyen al deterioro climático. En este contexto, la innovación no pasa solo por las tecnologías digitales, sino también por repensar los materiales con los que construimos. Y una de las soluciones más prometedoras está en nuestros bosques: la madera.

Durante décadas, la madera fue vista como un material del pasado, ligado a construcciones rurales. Sin embargo, los avances en ingeniería, como la fabricación aditiva o impresión 3D, han revolucionado su papel. Hoy se utiliza en edificios de media y gran altura con prestaciones comparables al hormigón o al acero, pero con una huella ambiental mucho menor. La integración de madera y prefabricación abre un nuevo escenario: construir más rápido, más limpio y barato.

En este marco, el proyecto europeo IMIP, impulsado por entidades de España, Francia y Portugal, ha demostrado que la construcción industrializada con recursos locales es ya una realidad.

En el marco de esta iniciativa, hemos desarrollado paneles modulares prefabricados de madera y corcho que se ensamblan en obra, reduciendo los plazos hasta un 70% frente a la construcción convencional. En un piloto en Valencia, un edificio experimental se montó en un día. En Espadilla (Castellón), los mismos paneles permitieron rehabilitar viviendas sociales para familias vulnerables, contribuyendo a frenar la despoblación rural. Fabricados en industria con mínimo desperdicio, los módulos ofrecen obras más limpias, rápidas y seguras, con un ahorro medio del 25% en costes totales.

Pero la innovación no consiste solo en construir mejor. También implica garantizar que la materia prima procede de ecosistemas forestales gestionados de manera sostenible. Aquí se integra el proyecto Horizon Europe INFORMA, centrado en fortalecer la gestión forestal sostenible, especialmente en los bosques mediterráneos.

INFORMA promueve herramientas científicas y modelos de gestión que aumentan la resiliencia de los pinares mediterráneos, reducen el riesgo de incendios, mejoran la biodiversidad y aseguran un suministro estable de madera renovable. Esta gestión activa del territorio forestal es clave para garantizar materias primas de calidad, favorecer el empleo rural y asegurar que la madera utilizada en construcción proviene de bosques bien gestionados.

Los paneles contralaminados de madera o CLT (de Cross Laminated Timber) y SIP (de Structural Insulated Panel) se fabrican con madera de pino resinero (Pinus pinaster), pino carrasco (P. halepensis), pino laricio (P. nigra) y pino negro (P. uncinata), especies autóctonas en España, complementadas con corcho natural. Su uso crea cadenas de valor locales que conectan monte, industria y construcción, reforzando economías rurales y reduciendo la dependencia de materiales importados.

Además, gracias al conocimiento aportado por INFORMA, se promueven prácticas forestales que maximizan la captura de carbono y la provisión continua de madera, vinculando directamente gestión forestal sostenible, adaptación y mitigación climática.

Los análisis de ciclo de vida en IMIP muestran que las emisiones de los sistemas prefabricados de madera y corcho son más de un 40% menores que las del ladrillo u hormigón, al tiempo que ofrecen mejores prestaciones térmicas y acústicas. Aquí INFORMA aporta otro elemento decisivo: la madera utilizada en construcción actúa como sumidero de carbono de larga duración, almacenando CO₂ durante décadas.

La evaluación de estos beneficios climáticos demuestra que la madera estructural es uno de los sumideros permanentes más eficientes cuando se integra en edificaciones duraderas. Así, las recientes experiencias en investigación demuestran que la mitigación climática empieza en el monte y se prolonga durante toda la vida útil del edificio.

Esta visión integrada conduce a la arquitectura consciente, basada en su impacto en las personas, el planeta y la prosperidad:

La construcción modular en madera tiene un enorme potencial en vivienda social: facilita la producción industrial en serie, reduce costes y se adapta a entornos urbanos y rurales. Su ligereza permite intervenir en edificios existentes sin grandes obras. Países como Austria, Finlandia o Alemania ya la integran en sus políticas públicas. España, con su potencial forestal y con el conocimiento científico e industrial adquirido, dispone de una oportunidad única.

El auge de la industrialización y las tecnologías digitales permite concebir edificios modulares, desmontables y reparables. La madera es ideal para este paradigma. No se trata solo de sustituir materiales, sino de transformar la lógica del sector hacia un modelo circular e inclusivo. La construcción con madera no es nostalgia: es una tecnología climáticamente positiva, capaz de descarbonizar el sector y generar vivienda funcional y asequible.

La transformación ya está en marcha. El reto ya no es tecnológico, sino estratégico: no se trata de si podemos hacerlo, sino de cuándo decidiremos hacerlo de forma generalizada.

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José Vicente Oliver Villanueva es catedrático de universidad en el Instituto Universitario de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Universitat Politècnica de València y Salvador Gilabert-Sanz es profesor agregado en Arquitectura en la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puede leer el original aquí.

La Unión Europea se presenta al mundo como la campeona de la transición ecológica, una región que avanza con paso firme hacia un futuro neutro en carbono. El Pacto Verde Europeo es su estandarte, una ambiciosa hoja de ruta que promete modernizar la economía, impulsar la competitividad y, crucialmente, "no dejar a nadie atrás". Los datos macroeconómicos parecen respaldar esta narrativa: “La economía verde crece a un ritmo vertiginoso”, duplica la creación de empleo de los sectores tradicionales y atrae inversiones millonarias. Sin embargo, bajo esta superficie de éxito se esconde una realidad mucho más compleja y preocupante. Un análisis detallado de los indicadores revela una profunda paradoja: mientras Europa se vuelve más eficiente en su producción, su modelo de consumo sigue siendo radicalmente insostenible y los costes sociales y ambientales de la transición se distribuyen de forma alarmantemente desigual.

A primera vista, las cifras son para ser optimistas. Los datos de Eurostat muestran una divergencia espectacular y sostenida entre el crecimiento de la economía ambiental y la del conjunto de la UE. Desde el año 2000, mientras el PIB total de los 27 crecía de forma modesta, el Valor Añadido Bruto (VAB) de la economía ambiental se ha disparado casi un 190%. En paralelo, el empleo en este sector se ha más que duplicado, pasando de tres millones de puestos de trabajo en el año 2000 a 6,7 millones en 2022.

Este dinamismo se concentra, sobre todo, en el ámbito de las energías renovables y la eficiencia energética. Es el motor que impulsa las curvas ascendentes, una consecuencia directa de los objetivos del Pacto Verde y del paquete legislativo "Fit for 55". La inversión acompaña esta tendencia: tras un bache en 2016, la inversión en protección ambiental en la UE ha crecido de forma constante, acelerándose notablemente desde 2020 para alcanzar casi los 76.000 millones de euros en 2024, impulsada en gran medida por los fondos de recuperación NextGenerationEU.

Las proyecciones indican que la transición podría crear hasta un millón de empleos adicionales para 2030. La fabricación de baterías, por ejemplo, podría generar más de 100.000 nuevos puestos de trabajo, y la infraestructura de carga para vehículos eléctricos, otros 120.000. La economía verde no es una utopía, es un negocio floreciente que genera riqueza y empleo. Pero, ¿a qué precio real?

Aquí es donde la narrativa oficial empieza a mostrar sus fisuras. El concepto clave para entender la paradoja europea es el "desacoplamiento". Por un lado, la UE ha tenido un éxito notable en el desacoplamiento relativo: hoy genera más PIB por cada tonelada de CO2 que emite o por cada tonelada de materiales que consume. Según datos de Eurostat, si en 2012 la economía europea generaba 1.907 euros de PIB por cada tonelada de materiales consumida, en 2022 esa cifra ascendió a 2.504 euros. Somos, sin duda, más eco-eficientes.

Sin embargo, este logro técnico oculta un fracaso estructural en el desacoplamiento absoluto, el único que garantiza la sostenibilidad a largo plazo. Este implicaría reducir el impacto ambiental total, independientemente del crecimiento del PIB. Y aquí, los datos son contundentes. La huella material media de la UE, que mide el consumo total de recursos, se ha mantenido obstinadamente estancada en torno a las 14-15 toneladas por persona durante la última década. No hay una reducción real. El aumento de la eficiencia ha sido neutralizado por un aumento del consumo total, un fenómeno conocido como la "paradoja de Jevons".

Más preocupante aún es la huella de consumo, un indicador que calcula cuántos planetas Tierra se necesitarían si toda la humanidad viviera como un ciudadano medio de una determinada región. Los resultados, basados en datos de Eurostat, son alarmantes: si todo el mundo consumiera como un europeo medio, necesitaríamos casi 3 planetas para sostenernos.

Esta insostenibilidad, además, es profundamente injusta. La brecha entre los Estados miembros es abismal. Mientras que la huella de consumo de España se acerca a los 2,5 planetas, la de países como Alemania o Francia supera los cuatro. La prosperidad de las naciones más ricas y competitivas de la UE descansa sobre un consumo desproporcionado de recursos, cuyos costes ambientales —deforestación, extracción minera, degradación del suelo— se externalizan sistemáticamente a otras regiones del mundo, especialmente al Sur Global.

La injusticia no es solo global, sino también interna. Un análisis geográfico de la contaminación revela la existencia de "puntos calientes", o "zonas de sacrificio", dentro de la propia Unión. Los mapas de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) sobre la intensidad de las emisiones industriales son desoladores. Muestran una clara concentración de la contaminación por partículas (PM2.5 y PM10) en los países del este y, en menor medida, del sur de Europa. Regiones de Polonia, República Checa, Bulgaria o Grecia presentan una intensidad de emisiones significativamente mayor que las de Alemania, Francia o los países nórdicos.

Se dibuja un panorama de especialización productiva injusto, donde las industrias más contaminantes o menos tecnificadas se concentran en las regiones con menor poder económico y político. Un informe de la AEMA de 2023, titulado La desigualdad social y la exposición a la contaminación atmosférica en Europa, confirma esta realidad: la concentración de partículas finas es consistentemente más de un 30% más alta en las regiones más pobres de la UE.

Esta situación se agrava cuando se introduce el factor étnico, dando lugar a lo que el sociólogo Robert Bullard denominó "racismo ambiental". En octubre de 2020, la UE reconoció por primera vez en un documento político la conexión entre la discriminación racial y los desafíos ambientales que enfrentan las comunidades gitanas, a menudo segregadas en áreas ambientalmente degradadas y con acceso inadecuado a servicios básicos como el agua potable. Que este reconocimiento llegara tan tarde evidencia que la justicia ambiental ha sido, durante mucho tiempo, una asignatura pendiente en las políticas europeas.

Si la dimensión ambiental revela una profunda injusticia distributiva, la social es aún más alarmante. El principio de "no dejar a nadie atrás" choca frontalmente con la cruda realidad de la pobreza energética. El mapa de Eurostat sobre la incapacidad de los hogares para mantener una temperatura adecuada en la vivienda muestra una Europa rota en dos: un norte y centro relativamente protegidos frente a un sur y este profundamente vulnerables. En países como Finlandia o Austria, el porcentaje de hogares en esta situación es inferior al 4%; en Bulgaria, Grecia o España, la cifra se dispara por encima del 15%.

La crisis de precios de la energía, agravada por la guerra en Ucrania, no hizo más que acelerar un problema estructural. En la Zona Euro, el porcentaje de hogares incapaces de calentarse adecuadamente saltó del 6,9% en 2019 a un dramático 11,3% en 2023. Este dato demuestra que las redes de seguridad social y los mecanismos de apoyo, como el Fondo de Transición Justa, no han sido suficientes para proteger a millones de ciudadanos.

Paradójicamente, mientras la presión sobre los hogares aumenta, la voluntad política para aplicar el principio de "quien contamina, paga" parece debilitarse. Según Eurostat, el peso de los impuestos ambientales como porcentaje de los ingresos fiscales totales en la UE ha disminuido de forma constante, pasando del 6,82% en 2014 al 5,19% en 2023. Esta tendencia sugiere una reticencia a aplicar una fiscalidad ambiental ambiciosa que podría ser una herramienta clave para financiar una transición verdaderamente justa.

La Unión Europea se encuentra en una encrucijada. El modelo actual de competitividad, incluso con su indispensable y ambicioso barniz verde, genera profundas e insostenibles tensiones con la justicia ambiental. La narrativa de una transición beneficiosa para todos se desvanece ante la evidencia de un consumo de recursos que excede los límites del planeta, una fractura territorial que concentra la contaminación en las regiones más pobres y un coste social que recae desproporcionadamente sobre los más vulnerables.

El éxito a largo plazo del proyecto europeo dependerá de su capacidad para resolver esta paradoja. No bastan los ajustes técnicos ni las ganancias en eficiencia. Se requiere un reenfoque valiente y estructural que ponga la justicia social y ambiental en el centro de todas las políticas. Esto implica reformar la fiscalidad para que sea progresiva, invertir masivamente en la rehabilitación de viviendas y el transporte público asequible, y democratizar la transición, dando una voz real a las comunidades afectadas.

La alternativa es seguir avanzando hacia una Europa a dos velocidades: una que cosecha los beneficios económicos de una "economía verde" de alta tecnología, y otra que soporta la carga de la contaminación, la precariedad y la pobreza energética. Un futuro así no solo sería injusto, sino que socavaría la propia legitimidad y cohesión del proyecto europeo. La verdadera competitividad del siglo XXI no se medirá solo en puntos de PIB, sino en bienestar, equidad y resiliencia. Y en esa carrera, Europa todavía tiene un largo camino por recorrer.

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José Luis de la Cruz es director de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió este sábado ante el resto de líderes del G20 de que responder con la imposición de aranceles a la competencia sólo conduce a "la derrota colectiva", y que la concentración extrema de riqueza socava el crecimiento y corroe las instituciones democráticas.

Sánchez hizo estas consideraciones en su intervención en la primera sesión de la cumbre de líderes del G20 que se celebra en Johannesburgo.

El jefe del Ejecutivo destacó el momento de profunda incertidumbre que se vive en la actualidad tanto para la economía mundial, como para el desarrollo sostenible y el multilateralismo, y las consecuencias "aterradoras" de recortar la ayuda oficial al desarrollo.

Frente a ello, recalcó que cuando se elige la cooperación en lugar de la fragmentación, como cree que ocurrió en la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo que albergó la ciudad española de Sevilla el pasado verano, el progreso es posible.

El centenar de iniciativas adoptadas en esa reunión dijo que no son meras palabras y deseos, sino acciones tangibles, y entre ellas resaltó que hay varias lideradas por España ante el reto de la sostenibilidad de la deuda.

Pero advirtió de que la financiación por sí sola no es suficiente, ya que las perturbaciones del comercio, la fragmentación de la cadena de suministro y el aumento del proteccionismo están erosionando los cimientos del crecimiento mundial y deben abordarse con urgencia.

"Los aranceles no son un arma, son una barrera", avisó Sánchez, quien consideró que el exceso de capacidad industrial y la competencia leal son retos reales tanto para los países avanzados como para los países en desarrollo, y responder a ellos con aranceles sólo conduce a "la derrota colectiva".

Por eso considera que es más urgente que nunca reforzar el sistema comercial multilateral, restaurar el papel central de la Organización Mundial del Comercio y actualizarla.

El presidente del Gobierno destacó que la desigualdad debe ocupar también un lugar central en la agenda del G20 porque "la concentración extrema de la riqueza socava el crecimiento, corroe las instituciones democráticas y alimenta la polarización".

Para abordar esta situación defendió una fiscalidad internacional justa porque no puede permitirse que se deshagan los avances logrados en materia de reforma fiscal mundial y son necesarias normas fiscales adecuadas para el siglo XXI.

Sánchez advirtió asimismo de que el desarrollo inclusivo y sostenible es imposible sin paz, y, en consecuencia, deben defenderse los principios de la Carta de las Naciones Unidas en todas partes, ya sea en Ucrania o en Palestina.

"Todos, en todas partes, en todo momento", subrayó antes de hacer hincapié en que, tanto en Ucrania como en Palestina, eso significa defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial, así como garantizar el estricto cumplimiento del derecho internacional humanitario en todos los conflictos.

"Sin paz, sin respeto por las normas multilaterales, nuestros esfuerzos en materia de comercio, desarrollo y desigualdad no tendrán éxito", añadió.

Ante todo ello, garantizó que España mantiene su compromiso de trabajar con el resto de países del G20 para reforzar la cooperación, proteger a los más vulnerables y no dejar a nadie atrás.

Antes de su intervención, el jefe del Gobierno mantuvo en los márgenes de la cumbre una reunión con el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh en la que, según informó Sánchez en las redes sociales, coincidieron en la necesidad de reforzar la cooperación entre los bloques europeo y asiático.

Resaltaron asimismo la complejidad de este momento, pero también el hecho de que puede ser una oportunidad para ser más autosuficientes, reforzar la confianza mutua y hacer frente a los retos actuales desde la resiliencia.

De la misma forma, destacaron su apuesta por mejorar la colaboración entre España y Vietnam, en especial en ámbitos como los del comercio, la innovación y las inversiones.

También el presidente del Consejo Europeo, António Costa, le convocó a una reunión para analizar la propuesta de paz planteada por el presidente estadounidense, Donald Trump, a la que asistieron, además de Sánchez, los líderes de Francia, Alemania, Reino Unido, Noruega, Canadá, Japón, Finlandia, Irlanda y Países Bajos.

La compañía cervecera ha sido reconocida con la medalla de oro EcoVadis, una plataforma dedicada a realizar evaluaciones en materia de sostenibilidad. Este hito, sitúa a la compañía Damm en el 5% de las empresas con mejor puntuación a nivel mundial según esta entidad y logra consolidar su liderazgo en el ámbito de la sostenibilidad.

La evaluación de EcoVadis atiende a criterios como: medio ambiente, prácticas laborales y derechos humanos, ética y compras sostenibles. La nota de la compañía en esta última evaluación ha sido de 79 puntos sobre 100 con un percentil del 96. Esto es debido a los grandes impulsos llevados a cabo por la corporación en materia de inversión en energías renovables ampliando su parque fotovoltaico y consolidándose como la cervecera con mayor superficie de placas solares de la península ibérica.

En esta misma línea, la compañía ha reducido en más de un 30% las emisiones de CO₂ y ha logrado convertirse en la primera empresa del gran consumo en España en obtener la segunda estrella Lean&Green otorgada por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC).

Damm también ha impulsado la consolidación de su modelo de “almacenes verdes”, una nueva generación de centros logísticos que integran energía renovable, movilidad sostenible y optimización de recursos. En este sentido, Damm ha desarrollado un proyecto innovador en su fábrica de Espinardo (Murcia) con la instalación de una planta de upgrading que permitirá transformar el biogás en biometano, una tecnología pionera que evitará la emisión de 1.200 toneladas de CO₂ al año, el equivalente a las emisiones generadas por 1.000 trayectos de ida y vuelta en avión de Madrid a Nueva York.

Con esta distinción, Damm consolida su posición como motor de transformación en el sector de la alimentación y las bebidas, impulsando un modelo industrial innovador y responsable que genere un impacto positivo y duradero en el entorno.

Los relojes se atrasarán una hora en España la madrugada de este sábado al domingo y a las tres volverán a ser las dos, un cambio enfocado a un ahorro de energía cada vez más cuestionado y que tiene efectos negativos en la salud, como trastornos del sueño o una reducción de la productividad, según apuntan algunos expertos.

"Los motivos de este cambio horario responden a la voluntad de ahorrar energía con el fin de aprovechar al máximo las horas de sol y, por tanto, ajustar el consumo para lograr una mejor sincronización entre las horas en que es necesario utilizar luz artificial y aquellas en que no lo es”, explica el catedrático del Departamento de Economía de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Josep Maria Arauzo.

El cambio de hora se empezó a implementar en Europa durante la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de ahorrar energía durante el conflicto, y se generalizó por la crisis del petróleo en los años 70 de forma coordinada entre los Estados miembros de la Unión Europea, explica Arauzo.

“Ahora bien, esta política no está exenta de críticas y, en los últimos años, son muchas las voces que destacan sus inconvenientes y piden la eliminación del cambio horario estacional”, afirma el catedrático de la URV.

Entre los inconvenientes, los expertos destacan las afectaciones a la salud y las dificultades del organismo para adaptarse, sobre todo en el caso de los menores y de la población de más edad, ya que se producen trastornos del sueño similares a los del jet lag.

También hay problemas de ajuste con el resto del mundo, pues no todos los países siguen esta práctica, como la adaptación de los horarios de los medios de transporte; el funcionamiento de algunas explotaciones ganaderas, en las que los animales no se ajustan fácilmente a los nuevos horarios; o una reducción de la productividad.

"El principal inconveniente, sin embargo, proviene de las dudas en torno a si el cambio de hora, tal como se aplica —una vez en marzo y otra en octubre—, tiene realmente alguna incidencia sobre el consumo de energía y si, en consecuencia, es necesario o no, sobre todo teniendo en cuenta la lista de inconvenientes mencionados”, apunta Arauzo.

Europa cuenta con cuatro franjas horarias: una primera con Islandia, Irlanda, Reino Unido y Portugal; una segunda que va desde España hasta Macedonia del Norte e incluye a todos los países del centro de Europa; una tercera que va desde el Báltico hasta Chipre; y una cuarta con Rusia, Bielorrusia y Turquía.

“Si nos fijamos en la distribución geográfica de estas zonas horarias, no cuesta mucho ver que hay varios ejemplos de países cuya adscripción a una zona determinada no parece muy racional. En este sentido, por ejemplo, Reino Unido y España no comparten zona horaria, cuando geográficamente están uno encima del otro”, dice Arauzo.

El catedrático considera que la gestión del cambio de hora y de las zonas horarias no puede hacerse de manera independiente y que sería necesario un reajuste a escala europea “para acabar con disfuncionalidades que, en este momento, ponen en cuestión la principal motivación para llevar a cabo el cambio de hora: el ahorro de energía”.

En este sentido, argumenta que las condiciones tecnológicas han cambiado mucho desde que se empezó con el cambio horario, ya que ahora hay sistemas de iluminación más eficientes, y los horarios laborales han variado e incluyen el teletrabajo.

Francia y España pidieron este martes mantener el calendario europeo que prevé el fin de la venta de vehículos con emisiones de CO2 en 2035, pero propusieron acompañarlo con medidas de apoyo a la industria automovilística que invierta y fabrique en la Unión Europea, informa EFE.

"El futuro de la industria automovilística europea será eléctrico", subrayan Francia y España en un documento conjunto remitido al Consejo de Medioambiente de la Unión Europea con el título "Mantener el rumbo hacia los vehículos de cero emisiones en 2035 es indispensable".

El escrito, que fue presentado este miércoles a puerta cerrada durante la reunión de los ministros de Medio Ambiente de los Veintisiete, se conoce un día después de que la Comisión Europea anunciara que adelantará a finales de este año la revisión de los estándares de emisiones de CO2, que prohíben a partir de 2035 la venta de nuevos coches y furgonetas que emitan dióxido de carbono respecto a la fecha prevista inicialmente, en 2026.

"Francia y España consideran (...) que la revisión prevista debe preservar el objetivo de 2035 y la ambición medioambiental de la trayectoria de reducción de CO2 que lo sustenta", dicen. Ambos Estados miembros insisten en que no se deben habilitar subterfugios que permitan escapar al "objetivo de 'cero emisiones' para 2035", y rechazan, como sugiere parte de la industria, que se favorezca a los vehículos híbridos enchufables, que "funcionan principalmente en modo térmico".

Los Gobiernos francés y español, no obstante, reconocen que para alcanzar el objetivo fijado para la automoción "son necesarias medidas adicionales", ya que el sector "se enfrenta a un ritmo de electrificación inferior al esperado y a una creciente presión sobre las inversiones, mientras que la industria de otros países avanza más rápido en la electrificación".

"El reglamento revisado debe modificarse para garantizar que proporcione un entorno propicio para que las empresas europeas inviertan en la electrificación de su producción industrial en Europa. A tal fin, deben establecerse flexibilidades, pero únicamente para apoyar al sector en la consecución de sus objetivos de 2030 y 2035", señalan.

Estas flexibilidades "podrían adoptar la forma de una contabilización preferencial ("supercréditos") para los vehículos que cumplan los objetivos de contenido europeo", de forma que fomenten "la reducción de CO2 asociada a la producción de estos vehículos en Europa, en comparación con la reducción más intensiva en carbono observada en terceros países", añaden.

Francia y España creen que la medida "apoyaría a los fabricantes que produzcan y obtengan suministros en Europa y garantizaría que la transición hacia los vehículos eléctricos beneficie a las industrias y a los trabajadores europeos".

Además, proponen una ampliación de cinco años del período de adaptación a las normas de emisiones de CO2 para las furgonetas, entre otros puntos, ya que las versiones eléctricas no se venden al ritmo deseado y "los fabricantes no deberían ser penalizados por una demanda insuficiente", concluyen.

Las universidades públicas invierten en gestión medioambiental y en acciones de sostenibilidad más de 800.000 euros al año de media, el 41% más que lo que destinan las universidades privadas, aunque la sostenibilidad se ha integrado de manera significativa en todas las universidades y la gran mayoría dispone de unidades específicas, según indica EFE.

La Fundación Conocimiento y Desarrollos (CYD) ha publicado este jueves el ránking de centros universitarios más sostenibles en España y en los diez primeros puestos se sitúan: la Universidad de València- Estudi General, la Universidad de Girona, de Málaga, de Almería, de Salamanca, de Sevilla, de Vigo, de Alicante, Granada y Jaén.

Según el Análisis CYD de universidades sostenibles basado en una encuesta a 73 universidades (44 públicas y 29 privadas) las universidades generan al año un promedio de casi 130.000 kilos de materia orgánica y más de 60.000 kilos de papel y cartón.

El 82,19% de todos los centros analizados dispone de responsables o unidades específicas y aplica criterios ambientales en la contratación de proveedores de materiales o servicios (el 79,45%). Ante la generación de residuos el 100% de las universidades públicas encuestadas y el 93% de las privadas tiene programas de reciclaje mientras que el 85% cuenta con programas para reducir el uso de papel y plástico.

Y es que el compromiso con las energías sostenibles o el transporte sostenible ha ido en aumento y todas las universidades monitorizan su impacto en el entorno natural. Nueve de cada diez cuentan con registros de consumo eléctrico y de agua, el 79% registra su huella de carbono y el 88% tiene un registro para su gestión de residuos.

Las universidades públicas invierten más que las privadas; un promedio anual de 832.183 frente a los 592.704 de los centros privados.

También las universidades públicas forman e investigan más sobre el cambio climático que las privadas y el 73% de las primeras ofrecen asignaturas optativas sobre este fenómeno mientras que en las privadas la cifra baja al 65%.

Siete de cada diez públicas tiene centros de investigación frente a casi tres de cada diez privadas y en el 52% de las universidades públicas el profesor docente investigador recibe formación sobre el cambio climático, porcentaje del 35% de las privadas.

La gran mayoría de universidades (89%) utiliza agua de riego para las áreas verdes o jardines y para reducir su uso el 52% de las universidades públicas incorpora plantas autóctonas resistentes a la sequía. El 52% de las privadas emplea sistemas de riego inteligente.

El 93% de las universidades dispone de fuentes con agua potable gratuita y la inmensa mayoría -entre el 74% y el 85%- promueve iniciativas sobre su uso consciente e incluye grifería eficiente o cisternas de doble descarga.

En relación con la gestión de la energía, el 93% de las universidades usa fuentes renovables y en la gran mayoría opta por la energía fotovoltaica, mientras que destacan la iluminación LED, utilizada por nueve de cada diez universidades y la instalación de nuevos equipos de climatización (disponible en el 86%).

Para fomentar el uso de transporte sostenible casi todas disponen de estacionamientos de bicicletas y patinetes, tanto públicas como privadas y cerca del 89% de las públicas y del 59% de las privadas cuentan con carril bici en sus inmediaciones, mientras que en menor medida ofrecen un servicio gratuito de bicicletas.

A veces, las vacas del lugar le acompañan y se animan a acercarse hasta la orilla. Testas rojas, coronadas por nobles y pacíficas cornamentas. 

A mi izquierda, una columna oscura e inusual avanza y destiñe el azul del cielo, ¡Un incendio!

Días antes había leído que allí, al otro lado, en la siguiente cresta montañosa de donde parecía venir la humareda, no sé qué de un proyecto inmobiliario de recursos naturales insuficientes, en una zona cuya población se multiplica en épocas veraniegas.

…

La columna sigue acercándose mientras pienso que, también aquí, se pretende levantar otro proyecto residencial cuyo eslogan promocional incluye las tan repetidas palabras: glamour, lujo y sostenibilidad.

Recursos naturales escasos y población cuadruplicada en época estival, igual que en el glamping de unos kilómetros más allá. Y fuera de temporada, jóvenes oriundos de la zona, sin casa, en un desierto de viviendas cerradas durante meses.

¡La estela inmobiliaria recorre la costa y se adentra en el parque natural! Nada frena la especulación, si hay que negar las altas temperaturas y la escasez de agua, se niegan.

Viviendas sociales no riman con glamour, como tampoco rima sostenibilidad* con invasión inmobiliaria en las pocas zonas vírgenes de nuestras soleadas costas.

*Sostenibilidad (RAE): que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente.

Gracias zahareños y zahareñas por recordar que el pueblo que se defiende ejerce la razón que al urbanismo engañoso y depredador le falta.

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M. Luisa Cid Cerdán es socia de infoLibre.

El cero absoluto que experimentamos el lunes 28 de abril, hace ya casi cuatro meses, fue un cisne negro de libro, con toda su improbabilidad. Llevan cruzándosenos unos cuantos de ellos en la última década, inaugurada por las decepciones del brexit y el primer triunfo de Trump en 2016, un año muy duro de asimilar.

Un cisne negro es un evento muy improbable, pero de efectos catastróficos. Aunque el origen de la catástrofe pueda ser un evento natural, la magnitud e impacto de sus efectos son en gran medida consecuencia directa de decisiones humanas con autoridad. A la DANA, a las 7291 muertes de las residencias madrileñas y a los incendios que nos asolan me remito.

Volviendo al apagón, mi recuerdo de la experiencia, salvo las lamentables cinco muertes a él atribuidas de forma directa, no fue catastrófico. Con toda seguridad, podría haberlo sido si su duración hubiera sido mayor, si hubiera sucedido en otra época del año más fría, o más calurosa, o con menos horas de luz natural. Recuerdo estar más dedicada a fijarme en lo que estaba sucediendo y cómo reaccionábamos que en prepararme para un eventual confinamiento incomunicado. Siempre tengo víveres y esenciales en casa; viví tres años convulsos en La Paz donde aprendí y adopté prácticas domésticas que no he abandonado. Y mantengo mis fogones de gas natural —incoherencia que asumo— y un transistor a pilas en la cocina.

Una vez comprobado que mi entorno más cercano estaba bien y a resguardo, me dio bastante igual quedarme incomunicada. Me pilló además en casa teletrabajando y a mis hijos en el instituto, a 15 minutos andando. Solo tenía dos preocupaciones personales: mantener la temperatura de mi congelador abarrotado y comunicarme con mi equipo, a quien quería pedir que al día siguiente teletrabajara, lo que conseguí pasada la medianoche.

No tuve la preocupación que tuvieron, por ejemplo, las personas electrodependientes, sus familiares, amigos y personas cuidadoras. Personas que requieren respiración asistida o dispositivos eléctricos, ya sea por discapacidad o por lo avanzado de su edad. Miles y miles de las que, a diario, y sin apagones, no nos acordamos.

Me entusiasmé incluso imaginando que se nos había presentado una oportunidad en modo “contrafactual”, esa situación inédita, difícilmente replicable, incluso éticamente cuestionable que nos permite asomarnos a un “qué hubiera pasado si”, de la que extraer aprendizajes, conclusiones y recomendaciones.

Procuro desde ese día entender mejor las implicaciones de la transición energética y por qué es tan aparentemente inasumible en plazos razonables. Leí y creo que entendí, con ayuda de muchas personas a las que sigo en redes sociales, el Real Decreto-ley 7/2025, de 24 de junio, por el que se aprobaron medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico y que decayó a los treinta días por decisión del Congreso de los Diputados; un despropósito difícil de entender. He asistido a seminarios, conferencias y encuentros sobre cambio climático organizados por partes interesadas muy diversas, desde la academia hasta inversores, pasando por movimientos ecologistas y gentes pioneras en el autoconsumo, incluidos regidores municipales valientes. He leído unos cuantos libros que explican muy bien, y con el optimismo que brinda identificar oportunidades, el reto de la transición.

Con todo ello, he conseguido actualizar mi fondo de armario sobre el tema y concretar algunas reflexiones, que comparto:

Una, que los combustibles fósiles en todas sus formas, incluido los plásticos, son el enemigo que batir, la rémora de la que independizarnos, un modelo caduco que nos venden como inevitable.

Dos, que el debate energías renovables vs energía nuclear es tan espurio que se desvanece una vez se ponen sobre la mesa, sin engaños ni desinformaciones, todos los costes, los riesgos y las externalidades presentes y futuras. Y cuando se desvela quiénes, en realidad, se espera que carguen con ellas. La nuclear no es barata, ni limpia, ni segura; las renovables sí.

Tres, que el autoconsumo es una parte importantísima de la solución, una condición necesaria, aunque no suficiente, que nos libre de combustionar. Sin embargo, está resultando una tarea absurdamente complicada, lenta e imprevisible por cómo está diseñada la gobernanza del asunto, por los incentivos perversos y las ansias de acaparar de las grandes energéticas de alma fósil.

Cuatro, que quien invierte en nuestra salud energética, sea grande o pequeño, persona jurídica o natural, pública o privada, necesita que las variables con las que se toman decisiones, como los incentivos y las reglas de juego, sean previsibles, comprensibles, transparentes y justas. Muchas, si no todas, esas variables que son condiciones necesarias son resultado de decisiones políticas, jurisdiccionales y administrativas. A la mano invisible del mercado se le puede y debe orientar.

Cinco, que necesitamos un Pacto de Estado y, para ello, elegir decisores políticos solventes y competentes en la materia, que velen por el interés general y no solo por el suyo familiar y patrimonial. Y demandar que juezas y jueces estén debidamente formados en sostenibilidad, como lo han necesitado estar, por ejemplo, en igualdad (de género).

En definitiva, que necesitamos urgentemente pasar de pantalla, de una sucia, subyugante, ardiente y fósil, a una limpia, emancipadora, fresca y solar. ¿Quién da la vez?

Los incendios en Castilla y León, Extremadura y Galicia se han solapado en los últimos días como un recordatorio de una emergencia característica del verano en estas latitudes, pero que alcanza nuevas dimensiones al confluir dos factores contemporáneos de gran impacto: el abandono del medio rural y las consecuencias del cambio climático. Las tareas de extinción se complican, con fuegos más difíciles de contener, pero también las labores de prevención: los profesionales hablan de un mantenimiento de los bosques que es “inabarcable”. 

José Luis Salgado Palao lleva más de 20 años apagando incendios forestales en Castilla y León y con desplazamientos a Asturias, Galicia, Comunitat Valenciana y Portugal, además de misiones internacionales desde hace dos años en Chile, Canadá y Bolivia. “Es imposible abarcar con desbroces o quemas controladas el monte. Es imposible de gestionar toda esa cantidad de territorio. Lo que hacemos en un año, en tres lo tienes otra vez igual. Ahí tiene que haber ganado que lo pise, tiene que haber uso agrícola del terreno. El monte es imposible de controlar así”, reflexiona para infoLibre.

En un foro reciente de infoLibre, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, señaló la política forestal como principal asunto a cambiar, tras sufrir su comunidad el peor inicio de verano en materia de incendios desde 1986. “En el proceso de evaluación de cómo se ha actuado en cada uno de los casos [...] la principal conclusión es que hay que cambiar la política forestal: cambiar la mentalidad del país. En Catalunya sobra bosque. Esto es lo que nos recomiendan los profesionales de prevención de incendios”, dijo. 

También apunta a la tierra un ingeniero y técnico del servicio de extinción de incendios de Castilla y León, que prefiere no dar su nombre en este artículo. “Para el avance de los incendios, lo principal es el abandono de la tierra. Alrededor de todos los pueblos hace 30 años, cuando yo empecé, había un cordón de huertas, de tierras cultivadas, de fincas limpias, cada uno tenía limpia su parte. La proporción de matorral en la mayoría de los pueblos de Zamora, en el oeste sobre todo, habrá aumentado un 200% o un 300% en este tiempo”, explica. 

Este técnico coincide con Salgado en que es inasumible pensar que el Estado pueda suplir ese abandono. “Antes el ganado pastaba todos los matorrales, la gente tenía cultivadas las tierras al lado de su casa, entonces los fuegos no avanzaban. Pero a menos población y menos trabajo, más combustible queda”, indica.  En invierno, y cada vez más, los bomberos forestales tienen esa tarea de eliminar el combustible natural, pero el monte avanza y no dan abasto. El desequilibrio territorial del país se siente también en la prevención de incendios: solo un 20% de la población vive en el 80% del territorio. El 99,6% de los municipios más despoblados sufrió incendios forestales entre 2001 y 2021, según datos de la Fundación Civio. 

Quienes apagan los fuegos son conscientes de que revertir mínimamente ese desequilibrio requiere medidas transversales y, después, tiempo. Por eso centran sus reclamaciones inmediatas a las administraciones en lo que sí está al alcance: que se siga profesionalizando el servicio, que se les mantenga todo el año y que se eduque a la población para que comprenda tanto el papel clave de la prevención como su propia responsabilidad ciudadana. 

“Todavía estamos en aquello de sólo se acuerdan de santa Rita cuando truena. Cuando el fuego está a las puertas de un pueblo es cuando la gente se da cuenta de que hacemos falta. Pero falta concienciación a todos los niveles, tanto entre los ciudadanos como en las instituciones”, opina Salgado, que ahora está en la base de Tabuyo del Monte (León) de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y añade: “Sí es verdad que esto va cambiando, porque se tenía la sensación de que era un trabajo de verano, de estudiantes o jornaleros, de que para esto valía todo el mundo. Y para trabajar en esto de verdad hay que ser muy profesional, lo primero es una formación reglada a todos los niveles”.

Los feroces fuegos forestales del verano de 2022 en la Sierra de la Culebra (Zamora) condujeron a una mejora en los protocolos de actuación y también en los esfuerzos de formación, indica el ingeniero y técnico. “No estamos al nivel de otras regiones, como puede ser Cataluña, ni mucho menos, pero ha cambiado muchísimo”, afirma. Ya antes de esos incendios las cuadrillas y los medios estaban trabajando cada vez más fuera del verano, pero ahora ya están todo el año y su reivindicación es que esto se consolide como principio básico para una adecuada gestión de la extinción de incendios en los tiempos del cambio climático y la despoblación rural.

Uno de esos incendios quemó 200 de las 500 colmenas que Laura Fernández Gago tenía en Escober de Tábara. Tres años después, no está como estaría sin aquel suceso, pero celebra una recuperación propia y del monte mejor de la que esperaba. “Yo había trabajado hacía años en servicios de extinción y no es lo mismo vivirlo desde ese punto de vista a ser la afectada. Cuando ves que se te está quemando todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, todos tus años de inversión, de alegría, de un proyecto de vida, no tiene nada que ver”, cuenta a infoLibre. Aunque ‘La miel de Laura’ sufrió notables perjuicios económicos y las ayudas que recibió no fueron suficientes, se acoge a la perspectiva y agradece que sus pérdidas sólo fueran materiales y que las paliara en buena medida la generosidad de la gente que la ayudó volcándose en comprar su premiado producto. “Todo se suple con dinero, ósea, el dinero se suple con trabajo y con esfuerzo. Eso no es nada si comparamos con las vidas que se perdieron”, concluye, sobre la consecuencia más devastadora que tienen estos incendios cada vez más difíciles de abarcar. 

En la época estival en la que estamos, los seres humanos solemos estar más abiertos y propicios a observar la naturaleza, tanto los paisajes como sus distintos ámbitos biológicos, embelesándonos a veces al observar tanto el mundo animal como el vegetal, y quizá pensando en la belleza y en la sabiduría acumulada por la naturaleza durante millones de años, e igualmente en su funcionamiento, lo cual puede proporcionarnos ideas posiblemente aplicables a la vida de los seres humanos y a nuestra sociedad. Si esta actividad reflexiva la combinamos con una lectura relajada de textos relacionados con la Ciencia, sus aplicaciones y sus diversos logros (como está haciendo ahora quien escribe estas líneas), tenemos un buen cóctel para reflexionar -y a eso vamos- sobre los muy diversos avances que la Ciencia ha venido logrando mediante la imitación de procesos y actuaciones naturales que se dan tanto en el ámbito de las especies animales como en el de las plantas, o en la combinación y/o interacción entre unas y otras, en lo que se conoce como biomimética (o biomímesis), y que nos viene a demostrar que la naturaleza es una fuente inagotable de inspiración para el logro de numerosos avances científicos, tanto en unas como en otras disciplinas y áreas de conocimiento.

Vamos a exponer a continuación un conjunto de ejemplos reales de estos muy variados avances que la Ciencia ha venido obteniendo a través de la imitación de la naturaleza. Y vamos a hacerlo agrupando estos avances por disciplinas y/o áreas de conocimiento afines: 

1) CIENCIA DE MATERIALES: a) Materiales autorreparables inspirados en la capacidad de cicatrización de la piel humana, a través del desarrollo de polímeros con microcápsulas que liberan agentes reparadores al detectar grietas. b) Sensores ultrasensibles, que copian los órganos sensoriales de ciertos insectos para detectar mínimos cambios ambientales. c) Velcro, inspirado en los pequeños ganchos del cardo alpino que se adhieren a la ropa y al pelo de los animales. d) Piel sintética impermeable, inspirada en escamas como las de la piel del tiburón. e) Ropa transpirable, basada en la estructura de la piel de los camellos que permite una óptima evaporación y retención de agua.

2) MEDICINA Y FARMACOLOGÍA: a) Reparación de úlceras a través de sistemas de adhesión inspirados en la lengua pegajosa de ciertos anfibios y reptiles, o inspirados en las proteínas adhesivas que usan los mejillones para adherirse a rocas bajo el agua, útiles igualmente para cerrar heridas. b) Nanopartículas para administración de fármacos, que replican la forma de infección de ciertos virus para transportar material genético de una manera eficiente e introducir así medicamentos directamente a células específicas.

3) CIENCIAS AMBIENTALES: a) Paneles solares con fotosíntesis artificial, que imitan a las hojas para capturar energía solar de una manera más eficiente. b) Biosecuestro de CO2, a través de tecnologías inspiradas en el funcionamiento de los arrecifes de coral para absorber carbono con un alto nivel de eficacia. c) Turbinas eólicas más eficientes, basadas en las aletas de las ballenas jorobadas que mejoran la aerodinámica y reducen el ruido de las palas de dichas turbinas. d) Diseño de superficies para la recolección de agua en regiones áridas, basadas en el escarabajo de Namibia y de su caparazón texturizado que condensa la niebla. e) Pesticidas naturales basados en compuestos producidos por algunas plantas para repeler plagas. f) Técnicas de cultivo eficiente, basadas en el modo en que los bosques naturales distribuyen nutrientes y agua entre plantas.

4) ARQUITECTURA: a) Diseño de edificios ecoeficientes que imitan la ventilación y regulación térmica de los termiteros para generar una refrigeración pasiva y mantener así temperaturas estables sin aire acondicionado. b) Diseño de cubiertas resistentes inspiradas en conchas marinas con patrones fractales y formas curvadas para soportar la presión más eficientemente. c) Estructuras arquitectónicas hexagonales inspiradas en los panales de las abejas para aislamientos y optimización de espacios.

5) CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA: a) Redes neuronales artificiales basadas en algoritmos inspirados en la estructura del cerebro humano para mejorar el aprendizaje automático. B) Criptografía inspirada en procesos genéticos y celulares, a través de métodos de codificación basados en cómo la célula maneja la información genética. c) Sensores visuales inspirados en los ojos compuestos de insectos para visión panorámica, usados en robótica y en cámaras. d) Robots gecko, basados en aparatos y articulaciones que se adhieren y trepan imitando las patas de este versátil y colorido lagarto. e) Drones con forma de colibrí, configurados para imitar el vuelo de estas aves de cara a una mayor maniobrabilidad en espacios reducidos.

6) FÍSICA Y QUÍMICA: a) Sensores de gas ultrasensibles que imitan el olfato de los perros y/o el ojo compuesto de los insectos. b) Compuestos biodegradables que copian la degradación natural de hojas y conchas, permitiendo la creación de plásticos ecológicos. c). Filtros de aire basados en las intrincadas nanoestructuras de las alas de mariposa, que permiten capturar partículas muy pequeñas. d) Pinturas y recubrimientos anticorrosión inspirados en las escamas de la piel de tiburón que previenen la adhesión de microorganismos.

En resumen, los anteriores no son sino algunos ejemplos de cómo la Ciencia viene logrando progresivamente, a través de una observación cuidadosa apoyada en los millones de años que acumula la evolución natural, un conjunto diverso de innovadores avances científicos aplicables entre otros muchos ámbitos a la salud, al progreso económico, a la seguridad, o a la calidad de vida de los seres humanos. Desde la Medicina hasta la Ingeniería, desde las Ciencias sociales hasta las Ciencias de la naturaleza, y desde la observación de lo inimaginablemente lejano y/o extenso hasta lo infinitamente pequeño, todo puede quedar abarcado por la biomimética y los importantes avances que proporciona esta imitación científica de la naturaleza.

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Jesús Lizcano Álvarez es académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, cofundador y Expresidente de Transparencia Internacional España y director de la revista Encuentros Multidisciplinares

El mar no es una frontera. Es un puente hacia un futuro común. En un escenario global marcado por la crisis climática, las tensiones geopolíticas y la aceleración tecnológica, la economía azul se perfila como un eje vertebrador para un modelo de desarrollo que armonice competitividad, sostenibilidad y cohesión territorial. La necesidad de redefinir nuestro sistema productivo sitúa al océano como epicentro de la transformación económica global. En este marco, la economía azul no es una tendencia emergente, sino una estrategia-país para España.

Con más de 8.000 km de litoral y una posición estratégica en el sistema marino-marítimo europeo, España cuenta con una ventaja estructural para liderar esta transición. Su economía azul abarca sectores consolidados como la pesca, la acuicultura, el turismo costero, el transporte marítimo, la construcción naval y los servicios portuarios, así como sectores emergentes como la biotecnología marina y las energías renovables oceánicas. En 2021, estas actividades generaron más de 21.000 millones de euros en valor añadido y empleaban a más de 625.000 personas. España es el primer país europeo en pesca y acuicultura, cuenta con una potente industria turística costera —que representa el 68 % del empleo azul— y destaca por su red portuaria y su industria naval de referencia internacional, especialmente en el ámbito de la defensa, liderada por Navantia.

A escala global, resulta recurrente mencionar para que veamos la magnitud e importancia que los océanos cubren más del 70 % del planeta, absorben aproximadamente el 30 % del CO₂ atmosférico y producen más del 50 % del oxígeno que respiramos. El océano es agua y el agua es vida. Pero más allá de su relevancia ecológica, desempeñan un papel económico y social crucial: el 61 % del PIB mundial se genera a menos de 100 km del mar, y más del 65 % de la población vive en zonas costeras. Si fueran una economía nacional, los océanos ocuparían el séptimo lugar a nivel global, con un valor estimado superior a los 24 billones de dólares.

En este contexto, la economía azul se configura como una palanca estratégica de transformación. Bajo un enfoque sostenible, integra actividades basadas en los mares, océanos y zonas costeras —pesca, acuicultura, biotecnología marina, turismo, transporte marítimo, energías renovables, puertos y construcción naval— que contribuyen al crecimiento económico, la generación de empleo y el bienestar social, al tiempo que pretende preservar los ecosistemas marinos y costeros a largo plazo. Este modelo no solo genera valor económico y empleo cualificado, sino que permite desarrollar nuevas cadenas de valor basadas en el conocimiento, I+D+i y tecnología Made in Spain, con la sostenibilidad como base e impulsora de la competitividad.

El informe sobre economía azul de la Unión Europea de 2025 confirma el avance hacia un modelo azul más sostenible y resiliente. Entre los logros recientes destacan los avances en sostenibilidad del transporte marítimo: entre 2013 y 2022, las emisiones por tonelada transportada por vía marítima se redujeron un 10 %, mientras que la flota pesquera comunitaria redujo sus emisiones de CO₂ en un 31 % y su consumo de combustible en un 17 % respecto a 2009.

De manera paralela, los últimos datos económicos europeos confirman una mejora y proyección ascendente. En 2022, la economía azul de la UE empleó a 4,82 millones de personas (un 16 % más que en 2021) y generó una facturación cercana a los 890.000 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 29 %. El valor añadido bruto alcanzó los 250.700 millones de euros, con un incremento del 33 % respecto al año anterior. Estos datos reflejan cómo la adopción de tecnologías limpias y prácticas más eficientes y sostenibles refuerzan la competitividad económica, rentabilidad empresarial y adaptación frente a riesgos emergentes.

Sin embargo, este potencial convive con importantes vulnerabilidades del medio marino y costero: pérdida progresiva de la biodiversidad, degradación de hábitats costeros, dependencia estacional del turismo, escasa diversificación productiva y fuertes desigualdades territoriales. A todo ello se suman los efectos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar y la mayor frecuencia de fenómenos extremos. Actualmente, unas 72.000 personas en la UE se ven afectadas cada año por inundaciones costeras. De no reforzar las medidas de protección, se estima que los daños anuales podrían alcanzar entre 137.000 y 814.000 millones de euros en 2100, dependiendo del nivel de emisiones y las políticas de mitigación adoptadas. En este contexto, las soluciones basadas en la naturaleza (NBS), como la restauración de humedales y ecosistemas costeros, ofrecen una triple rentabilidad: ambiental, económica y social. Según informes técnicos de la Comisión Europea, sus beneficios superan sus costes en una proporción superior a 3,5. Ante este escenario, una economía azul sostenible representa una vía estratégica para fortalecer la competitividad, la resiliencia climática y la cohesión territorial.

Este mes de junio de 2025, la Cumbre de los Océanos de Niza y la presentación del Pacto Azul Europeo marcaron un punto de inflexión. Esta nueva agenda oceánica europea establece seis prioridades clave: restaurar la salud del océano, descarbonizar la economía azul, apoyar a las comunidades costeras, reforzar la seguridad marítima, dinamizar la diplomacia oceánica y mejorar la gobernanza. Entre los compromisos más destacados figuran la restauración del 20 % de los ecosistemas marinos europeos para 2030, la reducción a la mitad de la contaminación marina en cinco años y la movilización de 1.000 millones de euros para proyectos transformadores vinculados al océano.

España parte de una posición privilegiada para liderar esta transformación. El informe, publicado por la Fundación Alternativas, Economía azul ante el reto demográfico y de género (ESCALRED) subraya que los sectores azules no solo generan empleo cualificado, sino que permiten fijar población en zonas vulnerables, reducir desigualdades territoriales y avanzar en igualdad de género. Apostar por la economía azul es apostar por la cohesión social, la justicia intergeneracional y la resiliencia de los territorios.

La economía azul sostenible, permite repensar nuestros procesos productivos y generar riqueza inspirándonos en los principios que rigen el funcionamiento de la naturaleza. Esto implica diseñar sistemas en los que los recursos se utilicen de forma óptima. En esencia, se trata de trasladar la lógica de los ecosistemas al ámbito empresarial: un modelo en el que eficiencia, cohesión, competitividad y sostenibilidad dejen de ser aspiraciones para convertirse en la base misma del desarrollo económico. Es también una hoja de ruta para garantizar soberanía energética, seguridad alimentaria y bienestar social.

España tiene ante sí una oportunidad histórica. La economía azul es mucho más que un vector de crecimiento: es una estrategia de país para revitalizar la economía, consolidar sectores estratégicos y garantizar un desarrollo equitativo y sostenible. Para que cumpla este papel transformador, se requiere liderazgo político, cooperación público-privada e inteligencia territorial al servicio del bienestar de las generaciones actuales y futuras. Las claves están escritas en el informe ESCALRED. “El mar no es una frontera. Es un puente hacia un futuro común.” Y España, como potencia marítima, está llamada a cruzarlo con liderazgo y audacia. Porque sin mares sanos, no hay futuro próspero. Y ese futuro, económico, social y ecológico, se juega ya… a pie de ola.

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María Gálvez del Castillo Luna es CEO de Smart Blue Lab y colaboradora de la Fundación Alternativas.

El 67,5% de los municipios españoles que debían implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) antes de 2023 continúan sin disponer de ella dos años y medio después, según los datos provistos por el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) y recoge EFE.

Del total de 169 localidades obligadas a ello por la Ley de Cambio Climático, 92 se encuentran actualmente en medio del proceso de elaboración, aprobación o implantación de una de estas áreas, mientras que una veintena está aún pendiente de iniciar los trámites y sólo un 32,5% -55 municipios- cuentan con una ZBE en vigor.

Entre los consistorios que cumplen con la norma se encuentran buena parte de las grandes ciudades españolas -Sevilla, Barcelona, Bilbao o Zaragoza-, al tiempo que otras como Valencia o Las Palmas de Gran Canaria no disponen actualmente de una ZBE completamente implantada.

La Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, obligó a crear una ZBE antes de 2023 a los municipios de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y las localidades con más de 20.000 personas que superen los valores límite de contaminación establecidos.

El Real Decreto 1052/2022, que desarrolló posteriormente la norma, especificó además unos requisitos mínimos para su elaboración, como la necesidad de contar con sistemas de restricción y control de accesos, circulación y estacionamiento, o con un régimen sancionador.

Estos aspectos, especialmente las sanciones, se encuentran aún pendientes de aplicación en numerosos municipios, que han establecido moratorias de diferente duración para las multas, por lo que el Miteco considera sus ZBE incompletas.

La falta de implantación completa de las mismas podría conllevar una pérdida económica para los 114 municipios que aún no cumplen con la norma: el pasado marzo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible estableció la condición de disponer de una ZBE a lo largo de 2025 para que puedan ser beneficiarios de las ayudas al transporte público.

Para ello, además de su aprobación, el ministerio exige la aplicación de “restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de los vehículos” según su potencial contaminante, la existencia de un sistema de control accesos y de monitorización y un “régimen sancionador activo”.

Las ZBE aprobadas, por su parte, se han enfrentado a repetidos recursos judiciales que han resultado en su anulación en al menos siete ocasiones desde el año 2022 en Barcelona -la primera en ser suspendida, aunque la ciudad aprobó una nueva norma en 2023-, Gijón, Madrid, Badajoz, Santa Cruz de Tenerife, Segovia y Ávila.

El último ayuntamiento en ver su regulación anulada ha sido Ávila, contra el que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León falló a principios de junio por un defecto formal similar al que motivó la suspensión de la ZBE de Segovia a mediados de mayo.

Para solventar dicho defecto, el consistorio abulense habrá de aprobar un nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible y una nueva ordenanza reguladora de la ZBE, proceso que previsiblemente durará “varios meses” y durante el cual no se multará a los vehículos que accedan al área restringida, según ha explicado a EFE su teniente de alcalde, José Ramón Budiño.

Madrid, Badajoz y Gijón también se encuentran actualmente en proceso de aprobación de nuevos planes de movilidad y ordenanzas reguladoras tras las sentencias de los tribunales: los tres consistorios estimaban poder aprobar dichas regulaciones antes del verano, aunque no ha sido así.

En el caso de Madrid, además, la anulación de su ZBE, el 17 de septiembre de 2024, no ha afectado a las restricciones de acceso a los vehículos no autorizados: mientras el Tribunal Superior de Justicia de Madrid “no resuelva la ejecución provisional de su sentencia”, ha aclarado a EFE el abogado y socio del bufete Dikei, José María Monedero, las restricciones “seguirán vigentes” y estará permitido multar.

Esta ejecución provisional, en cambio, sí que ha sido ordenada en el caso de Santa Cruz de Tenerife, cuya ZBE fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el pasado mes de marzo, una sentencia que ha sido recurrida por la alcaldía.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado este lunes la conferencia de la ONU sobre financiación al desarrollo que se celebra en Sevilla una oportunidad para corregir el rumbo y alzar la voz en favor de la cooperación frente a quienes apuestan por relaciones basadas en la rivalidad, según recoge EFE. El líder del Ejecutivo ha hecho es petición en su intervención en la apertura de la IV Conferencia Internacional de la ONU sobre Financiación para el Desarrollo que alberga la capital andaluza con asistencia de más de 200 delegaciones de países y organizaciones.

El jefe del Ejecutivo, que ha sido elegido presidente de la conferencia, ha instado a convertir las palabras en acciones en materia de cooperación ya que cree que ha llegado la hora de rendir cuentas y no caer en la complacencia ante la brecha de financiación para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.

"Creemos desde el Gobierno de España que esta cumbre es una oportunidad para corregir el rumbo, para alzar nuestra voz frente a los que intentan convencernos de que la rivalidad y la competencia van a marcar el paso a la humanidad y a su futuro", ha añadido.

Sánchez ha pedido a las delegaciones asistentes concentrarse en Sevilla en tres objetivos, el primero transformar los compromisos plasmados en la agenda 2030 "en acciones reales sobre el terreno" movilizando a todos los actores: instituciones, sociedad civil y los sectores privados. Y para ello, ha recordado, se lanzará esta tarde la plataforma Sevilla para la Acción.

El segundo objetivo que ha planteado el presidente del Gobierno es afrontar el hecho de que la comunidad de donantes se está reduciendo "drásticamente y dramáticamente", como es el caso de EEUU, hasta ahora el mayor donante mundial, aportando el 42% de la ayuda global, pero que con la llegada de Donald Trump se han recortado buena parte de los programas. En este sentido, Sánchez ha insistido en que hay que dar "un paso adelante", apostando, entre tras cosas, por mejorar la sostenibilidad de la deuda, garantizar la justicia fiscal y cumplir con los compromisos en cooperación internacional.

Los países en desarrollo, ha dicho, necesitan espacio fiscal para aplicar sus estrategias nacionales y, por tanto, hay que reformar la arquitectura financiera internacional para hacerla más justa y eficaz. "Necesitamos más que nunca un multilateralismo inclusivo y reforzado con Naciones Unidas en el centro", ha incidido el presidente en esta idea que es una de las prioridades de Sevilla.

Otro de los ejes en los que debe centrarse esta cumbre, ha explicado, es en el diálogo "desde el respeto, en pie de igualdad", reivindicando el valor de la empatía y ponerse en la piel del otro para mirar más allá "de esas cicatrices aleatorias de la historia, llamadas fronteras".

El presidente del Gobierno ha agradecido la colaboración de todas las administraciones para la organización de la conferencia en Sevilla, ciudad que ha calificado como la Nueva york del siglo XVI y cuna del globalismo.

Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha advertido este lunes de que la cooperación internacional enfrenta "fortísimos vientos en contra" y ha pedido que los bancos de desarrollo internacionales y nacionales se unan para afrontar grandes proyectos afirmando que es momento de cambio de rumbo. "Estamos aquí en Sevilla para cambiar el rumbo. Para reparar y poner en marcha el motor del desarrollo y acelerar la inversión a la escala y velocidad necesarias", ha afirmado durante su intervención en la apertura.

Ha considerado que hay que "triplicar la capacidad de préstamo de los bancos multilaterales de desarrollo y reorientar los derechos especiales de giro para aumentar la capacidad de préstamo y ayudar a los países en desarrollo a impulsar la inversión". Y ha afirmado además por eso que es necesario que los bancos multilaterales y nacionales de desarrollo deben unirse para financiar grandes inversiones.

"La financiación es el motor del desarrollo y ahora mismo, ese motor se está ahogando", ha advertido Guterres, quien también ha reconocido que el "gran impulsor" del desarrollo, que es la cooperación internacional, se enfrentan a "fortísimos vientos en contra". "Vivimos en un mundo donde la confianza se está desmoronando y el multilateralismo está bajo tensión", ha lamentado el secretario general de la ONU, quien también ha advertido de que "está en peligro" el proceso para alcanzar los objetivos para el Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, ya que dos tercios de estas metas están rezagadas. "Alcanzarlos requiere una inversión de más de 4 billones de dólares al año", ha dicho.

El secretario general de la ONU ha insistido por otra parte en la necesidad de reforzar los sistemas tributarios y combatir los flujos financieros ilícitos y la evasión fiscal, y ayudar a los países en desarrollo a dedicar más recursos a los sistemas que necesitan las personas. Ha reclamado así "un sistema tributario mundial más justo, conformado por todos, no solo por unos pocos". Y ha apuntado que el Compromiso de Sevilla, que busca que los países desarrollados dupliquen la ayuda dedicada a la movilización de recursos nacionales, puede servir de apoyo.

Felipe VI ha instado este lunes a que la IV Conferencia Internacional de la ONU sobre Financiación al Desarrollo apuntale los valores del multilateralismo ante los miedos e incertidumbres de la actual coyuntura histórica. El monarca ha asistido junto a la reina Letizia a la apertura de esta conferencia.

Para Felipe VI, de Sevilla debe salir un mensaje de impulso renovado y vigoroso de la agenda de desarrollo sostenible. "Les deseo que su voz se escuche alta y clara. Que salga de aquí una nueva hoja de ruta basada en lo concreto, en lo tangible, en lo realizable porque en estos tiempos no hay mejor argumento que la concreción para llegar al conjunto de la comunidad internacional", ha añadido.

Para el rey, la conferencia debe ser un éxito porque la cooperación internacional es una de las vigas maestras del mundo multilateral, "la plasmación máxima de los valores que lo alientan, sobre todo en la actual coyuntura histórica cuando muchas certezas se disuelven y muchos miedos e incertidumbres toman cuerpo".

Ha asegurado además que la Agenda de Desarrollo Sostenible adoptada en 2015, a cinco años de la fecha fijada para su cumplimiento, mantiene una vigencia plena porque los desafíos globales siguen sin admitir aplazamiento. "Necesita un nuevo impulso en nuestro esfuerzo colectivo. Y es el tiempo de dárselo, con convicción, con eficacia y con garantías de coresponsabilidad", ha añadido.

De la misma forma, ha hecho hincapié en que en un tiempo en el que los desafíos son enormes y hay una evidente falta de financiación, la única respuesta posible es la eficacia.

Felipe VI ha advertido del tránsito que se está viviendo hacia una nueva geopolítica, "no puede ni debe desembocar en una enmienda a la totalidad al mundo del derecho, de la solidaridad, de la dignidad humana, del mundo que se contiene, entre otros textos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Carta de las Naciones Unidas".

En consecuencia, ha pedido estar muy vigilantes para que eso no suceda y, pese a las dificultades, persistir en el largo camino de la diplomacia multilateral, una idea que defendió también en su intervención en la cena que ofreció la víspera a los líderes presentes en la conferencia. "Hagamos de la Conferencia de Sevilla un nuevo hito en la agenda del desarrollo (...) el desarrollo sostenible es una causa que jamás debemos dar por perdida", ha recalcado.

El 64% de la población en España, aproximadamente 31,2 millones de personas, respiró durante 2024 aire contaminado por encima de los límites legales que establece la nueva directiva europea, aún sin transponer en España, y que exige niveles más estrictos de calidad del aire para cumplir antes de 2030, según informa EFE.

Así lo ha revelado el portavoz de Ecologistas en Acción, Miguel Ángel Ceballos, durante una jornada organizada por la ONG para analizar los retos que plantea esta nueva normativa en cuanto a información, control y reducción de la contaminación, tanto para las administraciones como para empresas y ciudadanía. 

La directiva fue aprobada en 2024 por la Unión Europea con nuevos límites para los contaminantes que, "aunque no alcanzan los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), suponen un paso hacia delante al reducir a la mitad los valores vigentes actuales", ha subrayado Ceballos.

Durante la jornada de este viernes, la organización ecologista ha recordado que las últimas estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) elevan a 300.000 las muertes prematuras asociadas a contaminación atmosférica en Europa, 20.000 de ellas en España. 

La contaminación del aire es la segunda causa de cáncer de pulmón y cánceres respiratorios después del tabaco y se calcula que los costes derivados de esta enfermedad superan los 100.000 millones de euros anuales en la región europea, ha cuantificado la portavoz del Instituto de Salud Global, Carolyn Daher, en su intervención. 

Además, la mala calidad del aire también provoca importantes daños en la vegetación: "83.000 kilómetros cuadrados del territorio español superan los niveles de ozono establecidos para su protección", lo que perjudica a los bosques, reduce el rendimiento de los cultivos y afecta negativamente a los ecosistemas, según Ceballos. 

La nueva directiva fija límites más estrictos para contaminantes "clave" como las partículas finas (PM₂,₅) y partículas inhalables (PM₁₀), así como para el dióxido de nitrógeno (NO₂) y el ozono troposférico (O₃).

Entre los cambios figura la inclusión de revisiones periódicas cada cinco años para garantizar que los últimos conocimientos científicos guíen las decisiones y obliguen a los Estados miembros a elaborar planes de calidad del aire y hojas de ruta para reducir la contaminación en las zonas donde se superen los valores límite. 

La normativa, además, endurece los niveles de evaluación e introduce algunos nuevos contaminantes a medir, demanda la instalación de estaciones de medición más completas en "superemplazamientos" y refuerza la colaboración entre países para hacer frente a la contaminación del aire de forma coordinada, ha detallado el jefe del área de calidad del aire del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), David Cáceres. 

"No hay tiempo que perder" en el calendario que marca la nueva directiva, según los participantes en la jornada, ya que tiene que ser transpuesta antes del 11 de diciembre de 2026.

Para ello, los Estados europeos deben tener la hoja de ruta lista antes del 31 de diciembre de 2028 y los estándares establecidos en marcha antes del 1 de enero de 2030, ha añadido la responsable de calidad del aire y ruido de la Oficina Europea de Medio Ambiente, Margherita Tolotto.

Desde su nacimiento en 1988, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha sido uno de los principales impulsores de la cooperación para el desarrollo como política pública de nuestro país. Estas relaciones internacionales están en constante evolución, en tanto que el acontecer global está en permanente cambio pero, también a nivel interno. infoLibre abordará todos estos retos en un contexto de creciente tensión internacional y crisis climática este viernes 4 de abril a las 13.00 horas en un evento que se podrá seguir de manera online a través de las cuentas de este medio en YouTube y X.

El acto contará con la participación del director de AECID, Antón Leis y estará guiado por el director y la subdirectora de infoLibre, Jesús Maraña y Marta Jaenes. Además, tendrá lugar una mesa redonda con personalidades como Lucía Prieto, directora de la Dirección de Acción Humanitaria , Marta Blanco, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE, Nacho Esteve, que pertenece a la junta de gobierno de la Coordinadora de ONGD y Chema Vera, director ejecutivo de Unicef. 

Actualmente la AECID afronta una gran reforma, dada la ley aprobada en 2023 que aborda puntos como la coordinación operativa y la necesidad de mejorar el análisis de la actualidad, el refuerzo de la respuesta humanitaria y el refuerzo de algunos principios como la transparencia.

Entre todos estos retos, las prioridades de la Agencia deben estar alineadas con las de los países receptores y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por la ONU. Y con todos estos cambios, se espera que las nuevas tecnologías jueguen un papel fundamental para tejer nuevas redes de alianza, atraer al talento y medir los resultados de manera periódica.

El presupuesto de la AECID ha alcanzado los 700 millones de euros, duplicándose desde 2021, un incremento refleja la firme apuesta por combatir el hambre, apoyar a los refugiados y promover la estabilidad global.

Ver en primera persona los efectos del cambio climático y debatir sobre las posibles soluciones a los grandes problemas globales, como la transición energética justa o la contaminación de plásticos. Es el objetivo de la iniciativa Homeward Bound que, desde 2016, busca influenciar las políticas y decisiones que dan forma a nuestro planeta. Este programa, además de combinar ciencia, liderazgo y acción climática, tiene como objetivo aumentar la visibilidad de las mujeres en los procesos de toma de decisiones frente a los desafíos globales. ¿Cómo lo hacen? A través de una red de miles de mujeres profesionales de áreas STEMM que trabajan en diferentes proyectos de ámbito científico. El 28 de enero pasado partió desde Argentina la octava expedición de este proyecto. A bordo 124 mujeres, ocho de ellas españolas, que pusieron rumbo a la Antártida para comprobar, de primera mano y durante dos semanas, los efectos del cambio climático en uno de los territorios más expuestos al calentamiento global.

¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué conclusiones sacaron de su viaje? infoLibre y Acciona, comprometidos con la sostenibilidad y el liderazgo femenino, presentarán el próximo viernes 28 de marzo un foro exclusivo donde hablaremos sobre la experiencia de un grupo de mujeres líderes que participaron en esta expedición. El acto, presentado por Marta Jaenes, subdirectora de infoLibre, contará con la participación de tres expertas: Edith Guedella, responsable sostenibilidad en Acciona; María Fajado, ingeniera de caminos en Acciona; y Marta Crespo, ingeniera y responsable de tecnología fotovoltaica en Acciona Energía.

El foro será retrasmitido en streaming a partir de las 13.00h a través de YouTube y X. Durante aproximadamente 60 minutos, las protagonistas compartirán su experiencia en este programa internacional, además de tratar temas como los retos personales y profesionales a los que se han enfrentado durante el viaje, el impacto de este sobre sus carreras y sus vidas personales o cómo llevar todos estos aprendizajes a la acción climática local.

El edificio donde vivo desde hace veinte años alberga un centenar de viviendas distribuidas en tres escaleras independientes, con doble ascensor cada una, a las que se accede tras superar otras majestuosas escaleras que elevan el portal unos dos metros sobre el nivel de la calle.

Hace unos años, la comunidad de propietarios aprobó la instalación de un montacargas salvaescaleras, que llevó varios meses tener habilitado y resueltos problemas colaterales de ruido que afectaban a la vecina que comparte pared con el motor y que nos supuso una demanda y mucho tiempo muerto.

Fue sobrecogedor comenzar a ver vecinos y vecinas veteranas y sus sillas de ruedas, a quienes no había visto antes, salir a la calle. Esas escaleras tan señoriales han sido segregadoras desde 1970. 

A pesar de los avances regulatorios, como los que establece la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE) y el Código Técnico de la Edificación (CTE) que establece las exigencias que deben cumplir los edificios en materia de seguridad y habitabilidad reconocidas en la LOE, son aún muchísimos los obstáculos y barreras a la accesibilidad universal, ese derecho imprescindible y una de las tres dimensiones de la inasequibilidad, que persiste en nuestras viviendas.

El parque de viviendas en España tiene una dimensión de 26,5 millones de unidades (de los que 18,5 millones son viviendas principales) y es, de media, cuarentón: más de la mitad de las viviendas existentes fueron construidas antes de los años 80 del siglo pasado, en la era pre LOE y pre CTE. 

Tenemos en mi edificio calefacción central, lo que considero un espanto hoy en día. Funciona con gas-oil o similar. Se paga mensualmente prorrateado por superficie de la vivienda, independientemente del consumo de cada vivienda. Paga lo mismo una vivienda que mantiene en invierno las ventanas abiertas porque la calefacción está muy alta y cuyos habitantes van en manga corta por el mismo motivo, que una que mantiene la casa caldeada a 22 grados y en la que hay mantitas al alcance de la mano para abrigarse si se queda una parada. O lo mismo que una vivienda vacía durante todo el invierno, pero con los radiadores abiertos al máximo por descuido o desidia. Opera más o menos como la nueva tasa de basuras que han diseñado muchos municipios, como el de Madrid, con exactamente cero incentivos a la adopción de hábitos sostenibles, contribuyendo a que nuestras viviendas sigan siendo energéticamente inasequibles, una fuente inagotable de gastos para mantenerlas a temperaturas confortables.

Por nuestra cuenta y para protegernos de la gentrificación que nos come por los pies, hemos acordado en mi comunidad de propietarios una modificación de estatutos que prohíbe el alquiler turístico. Somos una Comunidad Airbnb-Free, una comunidad aliviada. Solo había uno, pero se hacía notar. Preferimos que nuestras viviendas alberguen hogares, planes de vida y de emancipación asequibles, a que sean lugares de paso de visitantes con múltiples alternativas de alojamiento turístico de mercado. 

Acometer reformas –de infraestructuras y equipamientos; de hábitos y comportamientos; de reglas de juego– conlleva mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero. Y mucha confianza en el sistema y sus agentes, que a menudo se quiebra por el mal hacer, ya sea por ignorancia o maldad. 

Que nuestras viviendas sean viejas no sería un problema si reunieran las prestaciones y funcionalidades necesarias para ser confortables, luminosas, accesibles, energéticamente eficientes, bien conectadas, en entornos saludables y cercanas a los servicios públicos.

La rehabilitación de viviendas es una actividad especializada con enorme potencial por lo mucho que la precisamos en España. Hay fondos europeos disponibles para explorar esa opción de modernización y adaptación de nuestro parque de viviendas a las nuevas necesidades sociales y medioambientales, como el programa de rehabilitación residencial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dotado con 3.420 millones de euros que se articulan a través de las Comunidades Autónomas. Son muchas manos, cabezas y pymes las que podrían sumarse profesionalmente a este reto imprescindible.

Que España sea un país en el que predomine la propiedad horizontal es una oportunidad para implementar cambios a escala, pero también un enorme reto. Las comunidades de propietarios son figuras jurídicas con derechos y responsabilidades que toman (o no) decisiones de calado en una aparente democracia asamblearia por cuotas de superficie, para las que no siempre sus miembros están adecuadamente informados y asesorados. Un reto que justificaría una acción de educación masiva (“Tu comunidad de vecinos, tu comunidad autónoma, tu ayuntamiento y tú”) y el despliegue de todo el apoyo técnico necesario –manos, cabezas y ventanillas de atención– además de las subvenciones y ayudas monetarias, para que los urgentes procesos de rehabilitación de viviendas fluyan por doquier con todas las garantías de éxito.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.