Los certificados de ahorro energético crecerán en 2025 pero los hogares son solo el 2% de los proyectos
Esta semana se han publicado las nuevas obligaciones de ahorro de energía para las empresas energéticas españolas en 2025: 5.815 gigavatios hora (GWh), el equivalente al consumo eléctrico del país durante ocho días y medio. Se espera que el sistema de Certificados de Ahorro Energético (el conocido como sistema CAE) represente la mayoría de estos ahorros, aunque los expertos insisten en que hacen falta cambios normativos para que los hogares que participen puedan beneficiarse, por ejemplo, recibiendo más dinero por reformar la envolvente de la fachada.
El año pasado fue el primero en el que funcionaron los CAE, y el sector residencial solo representó el 1,8% del total del ahorro energético de este sistema (35 GWh) y aportó el 11% de las solicitudes totales de actuaciones. La industria monopolizó la gran mayoría de la venta de certificados de ahorro, con 410 solicitudes (54% del total) y una reducción de consumo de energía de 1.342 GWh (70,4%). El sector terciario realizó el 35% de las actuaciones con un ahorro de 530 GWh (27,8%). En total, se repartieron más de 230 millones de euros para financiar actuaciones.
Los CAE permiten a empresas y particulares recuperar una parte del coste de actuaciones de ahorro energético, como mejorar el aislamiento de una fachada o sustituir una calefacción de gas por una bomba de calor. Y el dinero que reciben depende de cuánta energía han dejado de consumir, medida en kilovatios hora (kWh) el primer año tras la reforma. Un kWh ahorrado equivale a un certificado, que luego se vende en el mercado para recuperar parte de la inversión.
Pero expertos en eficiencia energética subrayan que el sistema no está optimizado para el sector residencial, y los ciudadanos de a pie apenas se benefician de él. Cecilia Foronda, directora de Energía y personas en la fundación Ecodes, calcula que en una rehabilitación de fachada se puede recuperar entre el 3% y el 8% del coste total mediante la venta de certificados de ahorro energético.
"Ese porcentaje es muy, muy pequeños para el sector residencial, y por sí solo no va a impulsar la renovación de edificios ni la eficiencia energética en los hogares", explica. La venta de CAE es en este momento la principal herramienta para incentivar las obras energéticas, puesto que los famosos fondos Next Generation para edificios ya se han agotado en todas las comunidades autónomas.
Peio Mendia, miembro del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, coincide con esta opinión. "Los CAE por si solos no impulsan las obras en los vecindarios, solo son una ayuda extra para reformas que ya estaban planeadas con los fondos europeos, que llegaban a darte 16.000 euros por cambiar la fachada. De hecho, los Next Generation se han acabado y las reformas energéticas residenciales están paradas totalmente", añade.
Desde Ecodes han planteado al Gobierno varios cambios para pulir el sistema de certificados energéticos para que lleguen a los hogares, especialmente a los vulnerables. Aislar la fachada o sustituir las calderas de un edificio del extrarradio construido hace medio siglo no solo permitiría a España cumplir con su objetivo de ahorro de energía -que viene dictado por la Directiva europea de Eficiencia Energética-, sino que reduciría los índices de pobreza energética. Sin embargo, el sistema CAE español se diseñó pensando en actuaciones que ahorren energía a corto plazo, y reformar una fachada es una operación pasiva, ahorra a lo largo de dos décadas.
Rodrigo Morell, director de Creara Energy, una consultora especializada en certificados energéticos, confirma que en este momento es muy difícil para una vivienda beneficiarse tanto como para que sea interesante la inversión. "Los CAE se pagan por el ahorro de energía que producen en un año, y aislar un edificio se rentabiliza en 15 o 20 años. Está pensado para inversiones en actividades muy intensivas en calor, como un motor industrial o una caldera de un hospital, donde se puede recuperar hasta el 80% de la inversión solo con la venta de certificados", explica.
De esta manera, la industria es la que más beneficio saca a este mecanismo, porque sus actuaciones son muy caras, pero se rentabilizan en menos de cinco años y ahorran mucha energía. "En general, los CAE están funcionando bien, pero hay que retocar el sistema para hacerlo más atractivo al sistema residencial. Aunque entiendo que el primer objetivo del Gobierno era incentivar grandes actuaciones industriales para que España cumpliese con sus objetivos de ahorro", añade Morell.
Ecodes propone retocar el sistema para que las actuaciones sobre edificios residenciales no calculen el ahorro de energía durante un año, sino durante 10 o 20 años, el ciclo real de ahorro de estas reformas. Si el cálculo se extiende en el tiempo, la comunidad de vecinos recibe mucho más dinero y hace más atractiva la obra. Este formato se utiliza por ejemplo en Francia, donde los CAE funcionan desde hace más de una década.
Cecilia Foronda también reclama a Transición Ecológica introducir los llamados multiplicadores. Si una actuación de eficiencia energética ahorra una cantidad de megavatios hora, y se realiza en un edificio de un barrio vulnerable, propone que la cifra se multiplique por 1,5 o por 2, para incrementar la compensación. Por último, solicita cambios menores, como eliminar el mínimo de concentrar 30 MWh para que una actuación reciba certificados, o que la actuación completa sea dentro de una sola comunidad autónoma.
"Lo ideal sería que una actuación de eficiencia residencial recuperase el 30% del coste vendiendo sus CAE, y que si la inversión es de una zona en riesgo de exclusión social, se llegue a cubrir el 100%", afirma Foronda.
Desde el Ministerio de Transición Ecológica contestan que en julio del año pasado ya introdujeron en 15 de las actuaciones susceptibles de recibir certificados energéticos "la situación de vulnerabilidad de los hogares a la hora de contabilizar los CAE", de manera que en algunas de ellas ya se aplica el efecto multiplicador. "Los caes también persigue la equidad energética y por eso contamos con fichas para proteger a los más vulnerables", dijo a comienzos de febrero la ministra de Transición Energética, Sara Aagesen, tras presentar los resultados del primer año del mecanismo.
¿Qué son los CAE y por qué pagan por ellos?
Los Certificados de Ahorro Energético son unos títulos que se reciben cuando un grupo de hogares o empresas ahorran energía a través de una actuación, como la reforma del edificio, la modernización de la maquinaria o la compra de una flota de coches eléctricos.
Incluso el pequeño gesto de comprar una nevera de bajo consumo o cambiar la caldera permite solicitar CAE al Ministerio de Transición Ecológica, aunque está pensado especialmente para grandes inversiones industriales.
Por cada kilovatio hora de luz ahorrado (en un periodo de un año) con esa actuación, el beneficiario recibe un CAE, y ese certificado después se venden a las empresas energéticas (eléctricas, petroleras y gasistas) que operan en España.
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Estas compañías compran los títulos porque tienen la obligación cada año de ahorrar una cantidad determinada de energía (este año 5.815 GWh) en función de su tamaño. Estas obligaciones se pueden cumplir mediante pagos directos al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) al precio de 189,17 euros por megavatio hora (MWh) o en su lugar comprar CAE a industrias, oficinas y hogares a un precio libre. De media, se vendieron el año pasado a entre 115 y 140 euros por MWh, según datos del ministerio.
El dinero recaudado por el FNEE, coordinado por Transición Energética, se destina después a convocatorias públicas de eficiencia energética, mientras que el nuevo sistema CAE, que echó a rodar en 2024, es una inyección directa del dinero en las empresas que han realizado las inversiones, un sistema más rápido y eficiente que el FNEE.
"Los CAE son una herramienta con buenos resultados y más rápida. Muchas veces el sector privado y los ciudadanos se quejan de que tardan en ver los resultados [de las políticas], pero no en este caso. Las certificaciones tardan de media tres meses en resolverse, un tiempo récord para la administración", afirmó la ministra Aagesen el mes pasado.
