ERC afronta en una semana un decisivo congreso en el que sus más de 8.200 militantes están llamados a decidir si quieren que Oriol Junqueras vuelva a presidir la organización -que ya ha encabezado durante trece años- o si es hora de dar paso a nuevos liderazgos, según informa EFE.

Las votaciones del próximo sábado, 30 de noviembre, serán definitivas si una de las tres candidaturas en liza logra más del 50 % de los apoyos. En caso de que no sea así, el 14 de diciembre tendrá lugar una segunda vuelta para la que se podrán tejer alianzas.

Estas son las principales claves para entender el embrollo interno de los republicanos.

ERC celebrará este congreso tras cuatro batacazos electorales consecutivos y una guerra interna indisimulada por episodios como la polémica por los carteles denigratorios contra los hermanos Maragall. Ello se suma a la ajustada consulta con la que los militantes decidieron hacer president al socialista Salvador Illa, lo que rompió la política de bloques iniciada con el 'procés'.

Tras el batacazo de las últimas elecciones catalanas se oficializó el divorcio del tándem que durante trece años ha pilotado el partido: el presidente, Oriol Junqueras, que dejó el cargo en junio para intentar volver más reforzado; y la secretaria general, Marta Rovira, partidaria de que caras nuevas tomen ahora el mando del partido.

La relación entre ambos es a día de hoy inexistente, hasta el punto que la última vez que se vieron en persona -y se abrazaron frente a las cámaras- fue el 12 de julio, la mañana en la que Rovira regresó a España tras más de seis años en Suiza para evitar a la Justicia. Precisamente las difíciles comunicaciones entre ambos por la permanencia en prisión de Junqueras y porque Rovira fijara su residencia en Suiza explican, en parte, el fin de este vínculo.

Se disputan el liderazgo de ERC tres candidaturas. 

La que parte con más opciones es Militància Decidim, con Junqueras al frente y la líder republicana en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, como número dos. De esta lista también forman parte la eurodiputada Diana Riba y Oriol López, uno de los negociadores de la investidura de Illa. Le han mostrado su apoyo el conseller de Asuntos Exteriores durante la legislatura del 1-O, Raül Romeva (que es pareja de Riba); Joan Ignasi Elena y Ester Capella, consellers en el Govern de Pere Aragonès; el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián; y las dos facciones de la federación de Barcelona.

Nova Esquerra Nacional, la apuesta de Rovira, tiene como cabezas de cartel al exalcalde de Vilassar de Dalt Xavier Godàs y a Alba Camps, que forma parte de la ejecutiva saliente. Como vicepresidentas se postulan la vicepresidenta del Parlament, Raquel Sans, y la portavoz adjunta en el Congreso, Teresa Jordà. Aragonès ha mostrado públicamente su apoyo a esta lista, así como el exlíder en el Ayuntamiento de Barcelona Ernest Maragall, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y buena parte del Govern saliente.

Foc Nou pretende hacer que ERC haga tabla rasa guiada por Helena Solà, cuya carrera política está ligada al Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, y el exconseller Alfred Bosch. Reivindican no contar con ningún miembro de la actual ejecutiva. Otras caras visibles son el exdiputado Jordi Orobitg y el concejal en el Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) Gabriel Fernàndez.

ERC ha transitado desde la apuesta por la unilateralidad de 2017 hasta la negociación con el Gobierno central como mejor vía para encauzar el conflicto político catalán. En esta estrategia se inscriben las tres candidaturas, si bien con matices.

Junqueras ambiciona que ERC sea el partido socialdemócrata de referencia en Cataluña y ello implica seducir a votantes no forzosamente independentistas, pero sí con la república como objetivo. Lo que él dibuja es por tanto un cuerpo a cuerpo con el PSC para liderar este espacio, lo que no significa romper con los socialistas. Lo demuestra que Alamany, su número dos, apuesta por gobernar con el socialista Jaume Collboni en Barcelona.

La visión de Godàs es algo distinta: sostiene que ERC debe liderar la que llama "izquierda nacional", un espacio en el que también inscribe a los Comuns y a la CUP. Aunque votó a favor de investir a Illa -Junqueras se ha negado a revelar qué hizo él-, ha endurecido el tono con los socialistas y considera que los republicanos no deben formar parte del ejecutivo municipal en Barcelona.

Solà, finalmente, busca agrupar al casi 45 % de militantes que votaron 'no' a la investidura de Illa. Foc Nou no propone romper los pactos alcanzados, pero sí consultar a la militancia en un año sobre si estos se deben mantener o no, en función de los resultados obtenidos.

Las filas de ERC se han levantado este martes con otro día de acusaciones y reproches cruzados a un mes y medio del Congreso para decidir su dirección política. El partido encara el congreso del 30 de noviembre con dos candidaturas favoritas, la de Oriol Junqueras y la de Xavier Godàs, a la que han dado apoyo Marta Rovira y Pere Aragonès. Hasta llegar a la fecha del congreso, la pugna está arrojando a la luz una división interna evidente. Este martes el mismo Ernest Maragall ha afirmado que “no se cree que Oriol Junqueras no supiera nada de los carteles” que fueron colgados por su propio partido para atacarle durante las elecciones municipales.

Esta mañana se ha filtrado el informe que el responsable de Cumplimiento del partido, Xavier Mombiela, realizó el pasado julio. El informe asegura que Junqueras conocía que los carteles contra el líder de ERC fueron un acto de falsa bandera, como avanzó RAC1. Oriol Junqueras siempre ha afirmado no tener conocimiento de una estructura ‘b’ del partido que desarrollaba acciones de comunicación al margen de las oficiales. Pero este lunes Marta Rovira le acusó de maniobrar contra ella tras despedirse de la secretaría general del partido. 

El informe avanza que no se ha encontrado al ideólogo de los carteles pero que el responsable de la ejecución fue Tolo Moya. InfoLibre ha podido hablar con el mismo Moya, que afirma que “es una vergüenza que se haya filtrado un informe que la comisión de garantías ha dicho que no es correcto”. Según fuentes del partido confirmadas por infoLibre, el informe está aún en revisión por la comisión de garantías de ERC, que debe confirmar la sanción a los responsables. Hasta la fecha se planteaba expedientar con sanciones leves a Sergi Sabrià, exviceconsejero de comunicación y mano derecha de Pere Aragonès y al exsecretario de comunicación Marc Colomer. También aplicar sanciones muy graves al exdirector de comunicación Tolo Moya y graves para el militante de l’Anoia que encargó los carteles. 

Según Moya, el último consejo nacional pactó que las investigaciones del informe debían concluir después del 30 de noviembre “para no torpedear el congreso” que decidirá la dirección política del partido. En ese consejo la misma Marta Rovira confirmó que la investigación seguía abierta porque se habían incorporado nuevas investigaciones. Por este motivo, ERC se negó a mostrar a principios de octubre las facturas de la campaña b tras pedirlo un miembro del consejo nacional, Joan Puig. No obstante, fuentes del partido consultadas por infoLibre, afirman que el informe “es definitivo” porque pasó por la ejecutiva, aunque “siempre se puede abrir si se aporta algún dato nuevo”, concluyen las fuentes.

Cuatro candidatos se presentan para liderar el partido en el congreso del próximo 30 de noviembre. Oriol Junqueras bajo la candidatura de ‘Militància Decidim’, Xavier Godàs liderando la candidatura de ‘Nova Esquerra Nacional’, Helena Solà con ‘Foc Nou’ y Xavier Martínez-Gil en nombre de Recuperem ERC. Marta Rovira y Pere Aragonès se han posicionado en diferentes ocasiones a favor de la candidatura Nova Esquerra Nacional, a quien este martes añade el apoyo de Ernest Maragall. Lo ha desvelado este martes el líder en RAC1, afirmando que el partido necesita “una renovación interna y una reconexión externa”  a la vez que lanzando un dardo hacia Junqueras tras decir que “no cree en soluciones personalistas y carismáticas como hacen otros”.

Dirigentes históricos de ERC mostraron también su apoyo a la candidatura de Nova Esquerra Nacional el jueves pasado, entre quienes hay el expresidente del partido Joan Puigcercós, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, Josep Huguet, Marta Cid, Marina Llansana o Pau Ricomà, y exconsejeros de legislaturas anteriores com Meritxell Serret o Manel Balcells. También apoya la candidatura Anna Simó, la exconsejera que comparte con el responsable del informe, Xavier Mombiela, la secretaría de Finanzas y Política de l’Hospitalet.

El entorno político de Marta Rovira inició esta última ofensiva a Junqueras este lunes durante el último día de Rovira como secretaria general del partido. La exsecretaria afirmó que “ninguna decisión se ha tomado al margen de los órganos del partido que corresponden”. Fue aún más allá cuando se preguntó si “constituir un grupo paralelo en Madrid para negociar la amnistía”, “negociar con el PSC qué altos cargos se quedan en el gobierno” o “negociar acuerdos de las diputaciones con personas de ERC que no están en la dirección”, es también constituir estructuras paralelas del partido. El pacto que ERC hace en 2023 junto a PSC y Comuns para gobernar en la Diputación de Barcelona, tercera institución con más presupuesto de la comunidad, es uno de los detonantes de la mala relación con Junqueras. Este lunes Rovira explicó durante su última intervención como secretaria general que el pacto “la hizo sufrir mucho” y que “no se explica en términos de gobernanza y objetivos”. Un pacto que habría cerrado el ahora candidato a la secretaría adjunta de ERC para la candidatura de Junqueras, Oriol López. El pacto llegó dos días después del resultado electoral del 23 de julio, con una fuerte bajada electoral del partido republicano tanto en las generales como en las autonómicas.

El otro episodio que añadió la división interna actual en ERC fue el intento de Junqueras de presentarse como candidato para las elecciones al Parlament en otoño de 2023 en detrimento de Pere Aragonès. Al líder aún no se le había aplicado la amnistía y estaba inhabilitado por el Supremo, y la secretaria general le recordó que el candidato de ERC debía ser quien era Presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Ahora el partido afronta un congreso en un mes y medio con el reto de que este proceso de división no afecte a una desafección de la militancia durante el proceso electoral interno.

Esquerra Republicana de Cataluña va a vivir una votación clave entre sus bases. Los militantes de la formación no solo decidirán este viernes si avalan a Salvador Illa como president de la Generalitat, sino también si se decantan por un acuerdo con los socialistas que ha levantado ampollas en el resto del territorio nacional y después de semanas de eternas dudas por una situación complicada a nivel interno, con parte de sus filas —y del ala más dura del independentismo— presionando con fuerza para ir a una repetición electoral.

El preacuerdo negociado con el PSC implicaría una salida de Cataluña de régimen común en materia de financiación para materializar un "concierto económico solidario" — un anuncio que ha generado un terremoto en el resto del Estado y que actualmente no cuenta con los votos para ser aprobado en el Congreso— e incluye también carpetas sobre financiación, lengua, resolución política del conflicto y políticas sociales. Sin embargo, muchas voces del partido lo consideran insuficiente y creen que Illa no cumplirá con lo acordado, por lo que abogan por votar 'no'.

Al frente de la negociación con los socialistas estuvo la secretaria general, Marta Rovira, que estos días ha tratado de desplegar pedagogía para que las bases avalen el preacuerdo. Pero a la oposición interna de parte de las bases y cargos públicos se le apareció otro obstáculo: la tibieza del otrora líder del partido, Oriol Junqueras, que se puso de lado. No apoyó explícitamente el texto, consciente de que debe hacer equilibrios entre quienes lo apoyan y los que se oponen si aspira a ser reelegido como líder en el congreso de noviembre.

La incertidumbre sobre el resultado es total y fuentes de la organización así lo trasladan en conversación con infoLibre: "Estará muy ajustado", pronostican. Es más, estas voces no dan por hecho que gane el 'sí' pese a los esfuerzos de la dirección de Rovira y el hecho de que la mayoría de los cargos del partido hayan apoyado el texto. Las asambleas territoriales previas a la votación se han mostrado especialmente divididas ante el preacuerdo y con la 'rama joven' del partido presionando para el 'no', al igual que la corriente interna crítica Primer d'Octubre.

Fue la cúpula de ERC, con Rovira a la cabeza, la que compareció para anunciar el preacuerdo con el PSC. La secretaria general es la que ha asumido en primera persona la tarea de volcarse para lograr el 'sí' de las bases en los medios y también en redes sociales. Este mismo jueves le ha lanzado un mensaje tranquilizador a los militantes de ERC en Catalunya Ràdio, asegurando que han pactado un 'Plan B' con el PSC para garantizar la "financiación singular" en el caso de que el Congreso tumbe la medida.

Junto a Rovira también están defendiendo el 'sí' otras figuras de peso como el propio president de la Generalitat, Pere Aragonès, las portavoces del partido, Marta Vilalta y Raquel Sans, y su homólogo en el Congreso, Gabriel Rufián. Cuenta también con el respaldo de miembros del Govern como los consellers Natàlia Mas, Meritxell Serret, Anna Simó, Tània Verge o Carles Campuzano. También lo apoya el presidente del grupo parlamentario, Josep Maria Jové y la líder del grupo municipal en Barcelona, Elisenda Alamany, además de figuras de referencia en el partido como el exportavoz en la Cámara Baja, Joan Tardà.

Pero no solo defienden el acuerdo los cargos orgánicos de la formación, un grupo de 25 alcaldes de Esquerra, entre los que están el de Manresa, Marc Aloy, la de Sitges, Aurora Carbonell, el de San Andrés de la Barca, Marc Giribet y la alcaldesa de Tàrrega, Alba Pijuan, entre otros. En comunicado conjunto argumentaban recientemente que era "un buen acuerdo" y aseguraban que "una repetición electoral sería muy negativa para el conjunto del país".

Mientras aquellos que defienden el 'sí' lo hacen públicamente, muchos de los que no están de acuerdo con el contenido del preacuerdo no son tan explícitos ya que la dirección del partido lo avala. Sin embargo, sí hay algunas figuras que han mostrado su oposición como la diputada de ERC en el Congreso, Pilar Vallugera, que ya anticipaba en su cuenta de X que no lo apoyaría bajo el hastag #noambelmeuvot —no con mi voto—, utilizado también por otros cargos y militantes.

Le acompañan en esa negativa otros cargos como el alcalde de Olesa de Montserrat, Jordi Parent, el portavoz en Sabadell, Gabriel Fernàndez, el exalcalde de Tarragona Pau Ricomà, el exlíder en Barcelona y exconseller Alfred Bosch, además de exdiputados como Jordi Orobitg y Carles Castillo. Tampoco lo apoya el conseller nacional Joan Puig, que ha llegado a presentar una queja ante la Comisión de Garantías contra la formulación de la pregunta ante las bases, argumentando que debería incluirse el nombre de Salvador Illa.

Son contrarios también a la investidura del socialista los miembros del Jovent Republicà. Es más, abogan por que se celebre una reunión extraordinaria una vez se produzca la votación de las bases para decidir el posicionamiento de su representante en el Parlament, la diputada Mar Besses, cuyo voto es imprescindible para que Illa obtenga la presidencia de la Generalitat, al menos en primera votación. Desde el colectivo Primer d'Octubre también ha emitido un comunicado defendiendo el 'no' de los afiliados.

Junqueras ha optado por estar entre dos aguas, el hasta ahora líder del partido aseguró en X que "respeta" el trabajo realizado por el equipo negociador, así como el "contenido" del acuerdo y que será la militancia de ERC quien tomará la decisión. "Este viernes la militancia de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra y decidirá lo mejor para el país y para avanzar hacia la independencia y para acercarnos, cada día más, a nuestros anhelos".

Detrás de todo, se esconde la guerra interna que el partido tiene abierta por el liderazgo. Junqueras ha optado por volver a presentarse a la reelección y lleva semanas recorriendo el territorio para intentar conseguir el aval de la militancia. Rovira, en cambio, defiende una renovación total de la cúpula y ha anunciado que no volverá a presentarse en noviembre.

Pero no es el único que ha evitado posicionarse. Tampoco lo ha hecho la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ni tampoco lo han hecho los consellers Roger Torrent y Ester Capella, que estuvieron presentes en la reunión del pasado lunes por lo que se presupone su voto favorable, pero han evitado hacer declaraciones públicas.

Nadie en Esquerra quiere hablar de lo que sucedería si, finalmente, gana el 'no'. La formación todavía lidia con el batacazo electoral de las autonómicas, el dolor por haber sido superados por Junts y las dudas sobre la efectividad de su posicionamiento junto al PSOE en Madrid durante estos años. Mientras en el partido alegan que hace falta tiempo para recuperarse políticamente, la lucha futura en el congreso para renovar la dirección en noviembre obligará a posicionarse con discrepancias internas que se han acrecentado con el caso de los carteles de Ernest Maragall. 

A ello se le suma la posible vuelta del expresident Carles Puigdemont que ya anunciando que volverá, aunque lo detengan, para la investidura. Pero también dirigentes republicanos creen que es un suicidio en las urnas no hacer president a Illa. Además, venden con este pacto que se logra un paso histórico que había reivindicado durante décadas el soberanismo, aunque algunos temen que lo pactado finalmente no llegue a cumplirse.

Lo que suceda en la consulta será también trascendental para la legislatura en el Parlamento nacional. Unas nuevas elecciones en Cataluña volverán a menear el panorama político en un momento en el que Sánchez quiere lograr la investidura de Illa como la guinda del pastel del fin del procés. Pero también la llegada del socialista al Palau puede alterar los planes de Junts, cuya apuesta es ir otra vez a las urnas con la esperanza de hacer president a Puigdemont.

El partido de baloncesto en el que se ha convertido la política española sigue en plena ebullición. Triples, faltas, tiempos muertos, fintas, driblings. Y este final de julio tiene aire a jugadas de altura en el Palau Sant Jordi. A tres bandas con el PSC, Junts y ERC. A veces aliados, a veces enemigos, a veces compañeros. Con las miradas puestas siempre en la Generalitat y en La Moncloa.

Junts ve cómo se aleja la posibilidad de que Carles Puigdemont vuelva a ser president y esto le ha hecho dar un susto a los socialistas este martes en Madrid tumbando los objetivos de estabilidad. En el Ejecutivo y en el PSOE, según las fuentes consultadas, no tienen duda de que esto se debe al “ataque de cuernos” por el acercamiento en Cataluña a los republicanos. Y son conscientes, según altas fuentes del Gobierno central, de que esta actitud de los posconconvergentes no va a ser un simple calentón de una tarde en mitad de la ola de calor madrileña. 

En el Gobierno prevén un tono más duro a partir de este momentos de los de Carles Puigdemont en el Congreso de los Diputados. Fuentes del Gobierno señalan que han vuelto a ver a un Junts con un discurso de “otras épocas”, con un tono “muy rencoroso”. Y vaticinan que la negociación final de la investidura de Salvador Illa y su posible llegada al Palau de la Generalitat acrecentará este estilo de los de Carles Puigdemont.

¿Esto significa que puede Junts dar por terminada su relación con el PSOE en Madrid y que la legislatura entre en vía muerta? En el Gobierno no piensan en ese extremo y se muestran optimistas respecto a los planes de futuro para aguantar en el Palacio de La Moncloa. Pero sí pronostican en el Ejecutivo y en el PSOE que el grupo catalán seguirá dando sustos y estirando todas las negociaciones. “La vida es así”, resume una de las personas que negocia con Míriam Nogueras los paquetes legislativos.

El Gobierno tiene ahora que presentar de nuevo en las Cortes en el plazo de un mes su senda de déficit, que es el primer paso para poder tramitar los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene. En el Ejecutivo intentan rebajar el golpe y no quieren entrar en público en un enfrentamiento con Junts, por lo que ponen el foco en el voto negativo del PP a pesar de que sus comunidades se abstuvieron en la votación del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El mensaje que sale de La Moncloa y del Ministerio de Hacienda es que las cuentas pueden salir perfectamente todavía en tiempo y forma para final de año.

Este alejamiento de Junts llega mientras se produce el acercamiento con Esquerra Republicana para la investidura de Salvador Illa. Es uno de los grandes objetivos del presidente del Gobierno, quien se desplazó este miércoles a Barcelona para reunirse con el jefe del Ejecutivo catalán en funciones, Pere Aragonès, para escenificar el traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital. En la balanza de La Moncloa pesa más ahora atar la Generalitat que contentar a Puigdemont.

La visita deja una fotografía de un alto valor político con la que el presidente del Gobierno manda el mensaje de que cumple con sus compromisos con Cataluña. Y es que la negociación ahora está entre las cúpulas del PSC y de ERC para investir a Illa, pero todos saben que el paso definitivo será la consulta que harán los republicanos entre sus bases, que suelen tener posiciones más duras que la dirección. 

Fuentes de La Moncloa describieron así el encuentro: “La reunión entre ambos presidentes transcurrió en un clima cordial y de normalidad institucional. Durante la misma se hizo un repaso de la relación entre ambos gobiernos tras la firma de diversos acuerdos esta última semana que concretan y calendarizan diferentes transferencias y acuerdos pendientes, entre las que se encuentran, entre otras, el servicio de Rodalies, las becas y ayudas al estudio o las iniciativas de investigación y desarrollo. Los dos presidentes analizaron el desarrollo de estos acuerdos y se han comprometido a trabajar para culminar su cumplimiento en beneficio de la ciudadanía de Cataluña”.

De esta manera se intenta evidenciar que el Gobierno está volcado con Cataluña, algo esencial de cara a esa consulta. ERC es un partido ahora en plena convulsión interna, con pugnas internas entre varias familias y en el que ha sacudido el escándalo que ha acabado con la marcha de Ernest Maragall. Además, no hay una cabeza clara de poder y hay varias órbitas con ascendencia encabezadas por Marta Rovira y Oriol Junqueras. Los socialistas no quieren hacer ruido ni meter excesiva presión ante la debilidad de Esquerra pero creen que se terminará imponiendo la vía pragmática de no ir a otras elecciones, que podrían dañar aún más a los de Pere Aragonès.

"Se están cumpliendo los acuerdos pendientes y se hace de manera presencial. No podíamos fiar más. O cumplían o era imposible llegar a otro acuerdo con el PSOE o con el PSC”, confesaba Rovira este miércoles en una entrevista en El Periódico. La gran piedra de la negociación está en la llamada financiación singular de Cataluña. El Gobierno descarta una fórmula como la del concierto vasco, pero se abre al desarrollo del consorcio tributario, una vertiente no desarrollada hasta el momento que está incluida dentro del Estatut de Cataluña. La propia secretaria general de los republicanos indicó que se ha avanzado en esto, pero sin dar concreciones. Su análisis pasa por: "El PSOE y el PSC deben entender que lo que reivindicamos nosotros en términos de soberanía es la llave de la caja, no sólo la caja. Lo que reivindicamos es el derecho a decidir sobre los recursos".

Durante la reunión, el propio Aragonès le trasladó a Sánchez que Cataluña necesita un nuevo modelo de financiación “justo y propio”. Asimismo, el dirigente de ERC le recordó que hay otras medidas que deben culminarse como la condonación de los 15.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómico, como se firmó en el acuerdo de investidura, y el impulso y financiación del proyecto para la instalación en Cataluña de un centro tecnológico de producción de chips (Innofab). La idea de los dos partidos es avanzar y culminar la negociación antes de que acabe el mes de julio. El reloj marca cada minuto.

El PSOE se muestra comprensivo con ERC y está dispuesto a aceptar su exigencia de cerrar el acuerdo para investir al socialista Salvador Illa como nuevo presidente del Generalitat antes de que finalice este mes de julio y así dar margen a sus dirigentes para explicarlo entre las bases, según informa Europa Press.

Fuentes socialistas señalan que en Ferraz son conscientes de la situación en la que se encuentra la formación independentista y entienden que han reclamado cerrar un acuerdo en julio, a pesar de que habría margen hasta finales de agosto, porque necesitan tiempo para convencer a sus bases.

En todo caso se muestran esperanzados en superar las reticencias internas en ERC y la presión adicional que ejercen desde Junts en contra del pacto, verbalizadas por el expresidente Carles Puigdemont, que llegó a referirse a Illa como "el candidato del 155", en referencia a la intervención de la autonomía por parte del Gobierno Central en 2017.

La condición de ERC la expresó la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al advertir al PSC de que se levantarán de la mesa si a finales de julio no hay un preacuerdo para la investidura. Después de pasar seis años en Suiza huída de la Justicia, avisó de que antes de que acabe el mes deben saber si hay "agua en la piscina" o de lo contrario se levantarán de la mesa de negociación. De este modo pretenden evitar un escenario de último minuto y que se les atribuya la responsabilidad de una posible repetición electoral, según indicó.

En las últimas semanas desde el PSOE y el Gobierno han venido pidiendo paciencia y respeto a los plazos y suelen poner el ejemplo de Euskadi, donde PNV y PSE-EE acordaron reeditar el Gobierno de coalición casi tres meses después de las elecciones del 21 de abril. En Cataluña, el plazo límite para evitar una nueva convocatoria electoral termina el 25 de agosto, pero parece que ambas partes son partidarias de no apurar hasta el final.

Las negociaciones siguen su curso y están centradas en un acuerdo sobre financiación para esta comunidad. Los independentistas insisten en la sobernaía fiscal, quieren gestionar el 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña, salirse del régimen general y transitar a un modelo de concierto económico, similar al que tienen Navarra y País Vasco.

El PSOE, hasta el momento, se opone tajantemente a esta exigencia y ha ofrecido fórmulas para desarrollar el Estatuto catalán, desarrollar la Agencia Tributaria autonómica e incluso crear un consorcio entre el Estado y la Generalitat para recaudar los impuestos, opciones que no han sido recibidas con entusiasmo en ERC.

A falta de encontrar una fórmula con la que ambos partidos estén satisfechos y pueda desbloquear la gobernabilidad en Cataluña, el PSOE aboga por "dar espacio" a ERC y permitir que marquen los tiempos, tal como reclaman.

De este modo podrían vender mejor el hipotético acuerdo entre sus bases -que en última instancia tienen que validar el acuerdo en una consulta vinculante- y convencer a los sectores reacios con las contrapartidas que puedan lograr. Están convencidos de que así, a los líderes de ERC les resultará más sencillo atraer a los militantes a quienes a priori les chirría apoyar la investidura de un presidente no independentista.

El descalabro de los republicanos en las elecciones autonómicas del 12 de mayo -perdieron la Presidencia y cayeron hasta la tercera posición por detrás de Junts- y la posterior dimisión de Oriol Junqueras como líder del partido, les ha dejado en una situación de interinidad que está marcando las negociaciones.

En el PSOE repiten constantemente que las dos únicas opciones pasan por que Illa sea presidente o repetir elecciones y las fuentes socialistas consultadas consideran que, dadas las circunstancias, sería un suicidio para ERC acudir a unos nuevos comicios y dan por hecho que caerían todavía más.

Con esta situación, tratan de mantener un perfil bajo y dejar que las negociaciones, comandadas por el PSC según insisten, sigan su curso. Confían en que finalmente habrá un acuerdo y restan importancia a declaraciones como las de Rovira que, tras poner un pie en España, llamó a unir al independentismo y "acabar el trabajo" que dejaron a medias.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira; el diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg; el vicepresidente de Òmnium, Oleguer Serra; el periodista de La Directa Jesús Rodríguez y el activista Josep Campmajó han cruzado este viernes aproximadamente a las 8.30 la frontera de La Jonquera (Girona), tras haber partido de Suiza el jueves. Los cinco han entrado en coche tras ser recibidos en Salses (Francia) por diversos dirigentes independentistas pasadas las 7.

Rovira vivía en Suiza desde hace seis años y medio después de decidir trasladarse en marzo de 2018, y el resto se instalaron más tarde también en el país helvético. Regresan ahora que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha archivado la causa, después de que la Sala de lo Penal invalidara todo lo investigado en los últimos tres años porque el juzgado prorrogó la investigación el 30 de julio de 2021, 24 horas fuera de plazo.

En Salses, les han recibido en el monumento de Emili Armengol 'Porta dels Països Catalans', que simboliza la puerta del extremo norte de los territorios de habla catalana y que desde recuerda una hoz alusiva a la letra del himno de Catalunya, Els Segadors. Mientras los cinco se les han acercado con la pancarta "Freedom for Catalonia. Òmnium" (la llevaban Serra y Campmajó), los dirigentes les aplaudían al grito de "independència".

Entre los políticos han estado el conseller de Acción Climática de la Generalitat, David Mascort; la diputada de ERC en el Congreso y exconsellera Teresa Jordà; el exconseller de Cultura Lluís Puig, el secretario general y el portavoz de Junts, Jordi Turull y Josep Rius; los exdiputados de la CUP Carles Riera, David Fernàndez y Anna Gabriel (CUP); el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, y el abogado Benet Salellas.

El primer acto de este viernes tras pasar la frontera se haga sobre las 9 en Cantallops (Girona), donde Wagensberg tiene familia, y protagonicen un acto unitario con Òmnium.

Marta Rovira ha afirmado que el independentismo debe unirse para conseguir sus objetivos: "Estamos aquí para acabar lo que empezamos". "¿Qué día se nos olvidó que juntas somos más fuertes?", ha dicho durante su discurso en el acto de bienvenida. "Gracias a tantísima solidaridad que hemos recibido", ha dicho, y ha dedicado un agradecimiento especial a los suizos que les han apoyado mientras han vivido en su país.

Ruben Wagensberg, por su parte, ha llamado este viernes a "seguir luchando" para que se aplique la ley de amnistía a todos los encausados. "Hay personas que aún están en el exilio por las que luchar. Hay personas a las que aún no se les ha aplicado la ley de amnistía", como manifestantes e inhabilitados, ha dicho durante su discurso.

"Hemos descubierto lo que es marchar de casa de manera forzada, llegar un país que no conoces y del que no puedes marchar", ha relatado. Además ha dicho que ha aprendido el valor y la importancia de la inclusión, y que Cataluña también es un "país de acogida" al que llega gente de todo el mundo y puede sentirse como en casa.

Tras el acto en Cantallops, los cinco seguirán con sus respectivas agendas, que incluyen la asistencia de parte de ellos al acto organizado por Òmnium Cultural a las 13 en su sede de Barcelona. El acto será público y abierto a la ciudadanía y estarán presentes miembros de la Junta Directiva de Òmnium, de las juntas territoriales y exmiembros de la directiva, así como representantes institucionales y entidades de la sociedad civil.

A lo largo del día también habrá un acto de bienvenida al periodista Jesús Rodríguez, a las 18 horas, en la asociación La Comunal de Barcelona, y del escritor Josep Campmajó en la plaza del Vi de Girona.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha afirmado que le gustaría volver a Cataluña de cara a este sábado por la mañana para participar en la asamblea de mujeres del partido republicano, después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón haya archivado este lunes la causa de Tsunami Democràtic.

Lo ha dicho en una entrevista de este martes en Rac1, recogida por Europa Press, donde ha advertido de que "también hace falta ver las reacciones" de las acusaciones particulares que han ido apareciendo en la causa estos últimos meses.

Lo primero que hará al volver a Cataluña será pasar por Vic (Barcelona) para visitar a sus padres, y después tratará de asistir a la asamblea de mujeres de ERC "si todo concuerda y es posible hacerlo".

Respecto a si prevé mantener su residencia en Ginebra (Suiza), ha apuntado que estos próximos días tomará "muchas decisiones" para ver como se organiza, si bien cree que no las puede tomar ni este martes, ni el miércoles, ni el jueves. "Las tendremos que tomar los tres de casa, porque aquí hay muchas cosas que cuentan, ¿no?", ha sostenido Rovira, refiriéndose a su pareja y a su hija, y también ha asegurado que está emocionada, ya que es un momento muy especial para ella.

Horas después, el diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg ha asegurado, por su parte, que le gustaría "volver colectivamente" a Cataluña. En una entrevista este martes en 3Cat recogida por Europa Press, ha explicado que su nombre aparece en la investigación después de julio del 2021, por lo que "no queda otra alternativa a que la instructora archive" la causa, pero ha añadido que hasta que no lo vea por escrito no podrá celebrarlo.

Wagensberg ha sostenido que ha intentado "limitar mucho" generarse expectativas de retorno, pero ha añadido que es inevitable comenzarlo a valorar después del archivo de la causa del Tsunami. Ha asegurado que no quiere ser un "efecto limitador" de la vuelta de Rovira, y ha explicado que esperará a ver si en los próximos días hay alguna resolución del Tribunal Supremo (TS) sobre su caso.

El diputado republicano ha sostenido que marcharse a Suiza ha servido para que no se produjese su declaración ante el juez, y ha apostado por trabajar para "intentar que esto no le vuelva a pasar a nadie nunca más" y asimilar el Código Penal español a las directivas europeas. "Ha sido una causa de Estado, una intromisión directa del poder judicial en el legislativo", ha criticado en alusión a la Ley de Amnistía, y ha defendido solucionarlo de cara al futuro para que nadie deba sentir esta indefensión que asegura haber experimentado él.

En otro orden de cosas, Rovira, al preguntársele por las negociaciones de ERC con el PSC para investir al candidato socialista a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que las negociaciones van bien y que, de momento, no han encontrado ningún obstáculo y se han "ido escuchando las dos partes".

Asimismo, ha reiterado que esta semana es "clave" para ERC de cara a obtener el compromiso de los socialistas para que acaben de cumplir los acuerdos que tienen pendientes, ya que en el partido republicano hay unanimidad en que no darán ningún paso sin él.

También ha dicho que ella es optimista sobre llegar a un acuerdo con el PSC el cual incluya la reforma fiscal de Cataluña, y ha remarcado que ERC no negocia solo para hacer presidente a Illa, sino que lo hace por Cataluña.

Sobre su posible continuidad en la dirección del partido, la secretaria general republicana ha rechazado seguir en el puesto tras el congreso convocado para el próximo 30 de noviembre: "No lo haré porque creo que, para mí, y lo he explicado muchas veces, es el fin de una etapa".

Ha relatado que de lo que tiene ganas es de "ayudar a una nueva generación de liderazgos, que tenga ganas, por ejemplo, de estar en el puesto de la secretaria general", si bien ha matizado que estará en esta segunda línea durante un tiempo, no más.

"Creo que generar dependencias no es bueno, pero sí de dejar el aprendizaje que yo he tenido, para que nadie tenga que empezar de cero, sino que estos aprendizajes puedan ir generando un poso", ha sostenido Rovira.

Preguntada por ello, también ha descartado encabezar una futura candidatura de ERC, y ha insistido en que su objetivo es "pasar el relevo" y aportar lo que ha aprendido, pero desde otra línea.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha archivado la causa de Tsunami Democràtic en la que figuraban diez personas investigadas, entre ellas la exsecretaria general de ERC Marta Rovira. El magistrado adopta esta decisión tras conocer el auto de la Sala de lo Penal que invalida todas las diligencias acordadas por el instructor en los últimos tres años porque el juzgado prorrogó la investigación el 30 de julio de 2021, 24 horas fuera de plazo. La decisión no afecta al expresident Carles Puigdemont, que está imputado por la misma causa en el Tribunal Supremo por su aforamiento, pero aboca a que el alto tribunal adopte una resolución similar ya que el sumario de la Audiencia Nacional es el origen de todo.

En el auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acuerda también remitir testimonio de su resolución, así como la de la Sala de lo Penal, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo "para su unión y demás efectos que procedan en su procedimiento de causa especial". Cabe recordar que, después de que el juez remitiera en 2023 exposición razonada al alto tribunal, este acordó investigar por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont y al diputado del Parlament Ruben.

Fuentes jurídicas señalan a esta agencia de noticias que García Castellón, que se encontraba de vacaciones, se ha reincorporado a su juzgado este mismo lunes sólo a los efectos de dictar esta resolución. En su auto, el juez instructor asume el criterio de la Sala de lo Penal que señalaba en su resolución que atendía el recurso de una de las investigadas, Marta Molina, y que una vez anuladas todas las diligencias acordadas en estos últimos tres años, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se tenía que pronunciar contando únicamente con el material existente hasta julio de 2021.

El juez explica que este artículo recoge las distintas vías de actuación que tiene el instructor una vez que se han practicado todas las diligencias de investigación y que pasan en este caso por continuar el procedimiento con el auto de procedimiento abreviado o el sobreseimiento de la misma. El magistrado explica que a las personas investigadas en esta causa no se les ha tomado declaración en fechas anteriores al límite temporal de julio de 2021 que ha fijado la Sala de lo Penal, por lo que procede el archivo.

Para el instructor, estas diligencias incluyen hechos que son susceptibles de manera inequívoca de un delito de terrorismo, pero con el pronunciamiento de la Sala "no existen motivos suficientes" para atribuir la comisión a los investigados. Cabe recordar que, en esta causa, estaban investigados por la Audiencia Nacional la secretaria general de ERC, Marta Rovira; el jefe de gabinete del expresidente catalán Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay; la dirigente de ERC Marta Molina; el empresario Oriol Soler; el exsecretario de Organización de ERC Xavier Vendrell; el periodista Jesús Rodríguez Sellés; el empresario Josep Campmajó; el considerado tesorero de 'Tsunami' Jaume Cabani; el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra y el banquero Nicola Flavio Guilio

El magistrado adopta esta decisión tras conocer el auto de la Sala de lo Penal que invalida todas las diligencias acordadas por el instructor en los últimos tres años porque el juzgado prorrogó la investigación el 30 de julio de 2021, 24 horas fuera de plazo. En su auto, la Sala de lo Penal concluye que el juez instructor Manuel García Castellón acordó en la causa de Tsunami Democràtic con posterioridad al 29 de julio de 2021, fecha en la que dictó un auto de prórroga de seis meses de la investigación.

La decisión influiría en la exposición razonada elevada por el instructor de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo en noviembre de 2023 para que abriera causa penal por terrorismo contra Puigdemont, porque estaba aforado ante dicho órgano judicial por su condición de eurodiputado.

En el auto, recogido por Europa Press, el tribunal da la razón a una de las imputadas, Marta Molina, al considerar que la prórroga fue "extemporánea" y ordena al magistrado que dicte la resolución establecida en el artículo 779 de la Ley de enjuiciamiento Criminal (LECrim), según el cual el instructor debe decidir si continúa con la causa o dicta el sobreseimiento y para ello, se tendrá que basar solamente en las diligencias acordadas antes del 29 de julio de 2021.

La Sala da la razón a la recurrente y señala que la prórroga firmada el 30 de julio de 2021 está fuera de plazo. Y eso a pesar de que el juez instructor consideraba que el plazo de instrucción no llegó a expirar gracias a ese auto en el que acordó la prórroga y le "dio continuidad sin que se produjese interrupción alguna".

Sin embargo, para la Sala de lo Penal este razonamiento del instructor resulta contradictorio. "No cabe sostener sin detrimento de la congruencia, que un plazo finaliza el 29 de julio de 2021 y también que no ha finalizado el día 30 siguiente. Aunque ambos hechos, la expiración y su prórroga sean cercanos –están separados por menos de 24 horas– es palmario que lo primero se había producido cuando se acordó lo segundo", dice.

Por todo ello, el tribunal concluye que la proximidad temporal de expiración de plazo y prórroga "no indica continuidad en la instrucción, sino precisamente lo contrario: la solución de esa continuidad".

En su resolución, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, con ponencia del magistrado Carlos Fraile Coloma, se cita el artículo 324 de la LECrim para subrayar que establece que "con anterioridad a la finalización del plazo , el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes, podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses". Pero, añade, "la prórroga se acordó (...) después de finalizar el plazo y no antes".

La Sala asevera que según la jurisprudencia del Supremo, la invalidez de las diligencias posteriores al 29 de julio de 2021 en Tsunami "implica que el juez instructor no podrá fundar la decisión de continuar el procedimiento" contra investigados basándose en diligencias posteriores.

Con todo, advierte que lo recabado fuera de plazo sí que se podría aportar para que se tuviera en cuenta en un juicio oral porque la jurisprudencia advierte de que no supone "por el mero hecho de contravenir lo dispuesto en las leyes procesales sobre el tiempo de su práctica, una vulneración de derechos fundamentales".

Entre las diligencias acordadas después del 29 de julio de 2021 consta el informe de la Guardia Civil que sitúa a Rovira en el centro de la investigación al considerar que era "con mucha probabilidad" la usuaria de la aplicación de mensajería cifrada Threema que actuaba bajo el seudónimo de 'Matagalls' y que tenía "un conocimiento previo de, al menos, ciertas acciones de la plataforma" Tsunami Democràtic.

El Instituto Armado aportó su informe a la causa en noviembre de 2023. Días después, el juez elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que sostenía que había indicios suficientes para que el alto tribunal investigara a Puigdemont, a Rovira y a otras diez personas.

En un escrito de 101 páginas, García Castellón defendió que para "el esclarecimiento de los hechos" era necesario practicar diligencias de investigación que él no podía realizar en la Audiencia Nacional por la condición de aforados de Puigdemont y del diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg.

El juez aseguraba que Puigdemont se situaría en el "vértice más alto de la organización" de Tsunami Democràtic y añadía que su posición como expresidente de Cataluña y "líder desde Bruselas del independentismo" le atribuía "una posición de autoridad incuestionable".

Según el magistrado, existían indicios que permitían inferir la participación de Puigdemont en el nacimiento y planificación de las acciones de Tsunami. Entre esos indicios, decía, se encontraban los mensajes a través del móvil entre su jefe de gabinete, Josep Lluís Alay, y el periodista Jesús Rodríguez, las anotaciones de la agenda del primero o el impulso de Puigdemont a través de Twitter del lanzamiento de la plataforma independentista.

En el auto conocido este lunes, la Sala responde al recurso presentado por el jefe de gabinete de Puigdemont, Josep Lluis Alay, también investigado en Tsunami. En su caso rechaza su petición en la que pedía el sobreseimiento como consecuencia de la expiración del plazo de instrucción.

Los magistrados consideran que Alay constaba en este causa como investigado antes del 29 de julio de 2021, día en que concluyó la fase de instrucción, aunque no hubiere prestado declaración como tal. La Sala indica que será ahora el juzgado el que, con libertad de criterio y ajustándose a las diligencias practicadas dentro del periodo de instrucción que concluyó el 29 de julio de 2021, resuelva lo que considere oportuno.

La secretaria general de ERC con funciones de presidenta, Marta Rovira, ha anunciado la apertura de un expediente en el canal ético del partido por los carteles de los hermanos Maragall y la enfermedad de Alzheimer y ha negado que existan sectores en la formación.

En un apunte en X la noche de este martes recogido por Europa Press, ha asegurado que los responsables del expediente determinarán "los hechos probados y, si es necesario, las sanciones que correspondan del código de conducta".

"El sistema de garantías es imparcial e independiente de la dirección, como debe ser en una organización democrática. Y esto no va de sectores porque en ERC no hay. El Rovirismo no existe", ha sostenido, destacando que su trabajo hasta el congreso es garantizar las condiciones de democracia interna para que todo el mundo pueda opinar, participar y decidir en términos de igualdad.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha instado este sábado a cerrar antes de que acabe el mes de julio un preacuerdo para la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, sea con el PSC o con Junts, a quienes les ha pedido mover ficha y que cada uno exponga propuestas concretas sobre su "modelo de país", según ha informado Europa Press.

En una intervención telemática ante el Consell Nacional del partido, que ha reunido en la sede de los republicanos en Barcelona, Rovira ha avisado que ERC no quiere apurar hasta el límite máximo de las negociaciones para cerrar un pacto, el 25 de agosto, porque, dice, los acuerdos a última hora "no son buenos".

"A nosotros esta tendencia negociadora de llegar al último minuto, en el último minuto, para tener un mal acuerdo, no nos gusta", ha remarcado Rovira, y ha añadido ERC no quiere ir ni a última hora ni a último minuto porque Cataluña, remarca, no se lo merece.

Frente a dirigentes de la cúpula de la formación, Rovira ha explicado que ERC negocia tanto con PSC y como con Junts una posible investidura de la Generalitat, y que los republicanos han reforzado con más personas sus equipos negociadores para acelerar el proceso y llegar a un acuerdo en las próximas semanas.

Con la prioridad puesta en una financiación singular para Cataluña, Rovira ha valorado que durante el mes de julio hay tiempo suficiente para lograr un preacuerdo sobre un concierto económico porque es un tema del que, a su juicio, se lleva hablando desde hace años: "No se ha dejado nunca, y ahora está en el centro de nuestra agenda política", ha dicho.

La secretaria general ha avisado que, si no se logra un preacuerdo para la investidura antes de que acabe julio, ERC dejará paso a que se exploren otras mayorías posibles en el Parlament, y ha citado un posible entendimiento entre el PSC y Junts, o que los socialistas reciban apoyos de PP y de Vox.

"ERC en ningún caso asumirá la responsabilidad de unas nuevas elecciones si el resto de los actores no se sientan en la mesa para el mismo nivel de propuestas y con el mismo nivel de compromiso y de voluntad política", ha añadido.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha remarcado este sábado que un concierto económico para Cataluña es el "mínimo exigible" para una posible investidura del socialista Salvador Illa, y ha aludido directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que mueva ficha, según ha informado Europa Press.

"El PSC debe saber que si Pedro Sánchez no es capaz de mover ficha en el tema de la financiación singular para Cataluña, será muy difícil que ERC le pueda dar su apoyo. Salvador Illa debe tener bien presente esto", ha expresado Rovira, en una intervención telemática en la reunión del Consell Nacional en la sede del partido en Barcelona.

"La clave hoy está más en manos del Gobierno español de Pedro Sánchez en el PSC y Salvador Illa, muy probablemente", ha subrayado.

Rovira ha reivindicado que los resultados de las elecciones catalanas del 12 de mayo abren un nuevo ciclo político en Cataluña en el que ERC tiene menos apoyos que en los años precedentes, y que el partido comienza un proceso de reflexión para que la formación se recupere y sume más gente a su estrategia.

Pese a que el independentismo ha perdido la mayoría en el Parlament, Rovira ha situado el referéndum como uno de los principales objetivos del nuevo ciclo político, y ha asegurado que una mayoría de los catalanes está a favor de la "la democracia y del referéndum, de decidir democráticamente aquello que queremos ser".

Sobre las negociaciones de cara a la investidura del nuevo presidente catalán, Rovira ha informado que ERC ha tenido conversaciones esporádicas con otros partidos, pero ha matizado que las reuniones oficiales empezarán esta semana, con el PSC y con Junts, así como con agentes sociales catalanes.

Ha criticado que, según dice, en las últimas semanas se ha presionado a ERC desde distintos sectores, y ha advertido que los republicanos no quieren favorecer ni un bloqueo ni un apoyo gratuito a nadie.

Rovira ha añadido que ERC no tiene dos almas internas, sino que representa a la "izquierda nacional" que asume el soberanismo y las políticas de izquierdas, apunta, como dos caras de la misma moneda.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado este miércoles que dejará la presidencia de ERC temporalmente tras las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Según un comunicado del partido recogido por Europa Press, Junqueras ha informado en el marco de la reunión de este miércoles de la Ejecutiva que tras los comicios europeos dejará la Presidencia para "abrir un proceso de reflexión y escucha activa antes de decidir su futuro".

La Ejecutiva Nacional de la formación también ha acordado la convocatoria de un Congreso Nacional el 30 de noviembre para fijar la nueva estrategia del partido. En otro comunicado, la formación ha anunciado una rueda de prensa de Junqueras para este jueves, a las 9.00 horas en la sede nacional del partido en Barcelona.

Pocos minutos después de conocerse esta decisión, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha anunciado que no se presentará a la reelección para el cargo en el congreso que los republicanos han convocado para el próximo 30 de noviembre de 2024. Lo ha explicado en una carta que ha publicado en X y recogida por Europa Press, tras reunirse la cúpula de ERC de forma extraordinaria este miércoles por la tarde durante más de cuatro horas por los malos resultados en las elecciones catalanas de este domingo.

"Como militante de base, y por coherencia, he comunicado a los compañeros y compañeras de la dirección nacional que no me presentaré a secretaria general en el próximo congreso nacional", ha dicho.

La Ejecutiva Nacional del partido se ha reunido desde las 18.00 de la tarde del miércoles, en una sesión de más de cuatro horas con asistentes como la presidenta del grupo municipal de ERC en Barcelona, Elisenda Alamany; los consellers Joan Igansi Elena, Carles Campuzano, Ester Capella, Meritxell Serret, Natàlia Mas y Tània Verge; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; las portavoces Marta Vilalta y Raquel Sans, entre otros.

La reunión ha coincidido un día después de que el mismo Junqueras publicara una carta donde lanzó su intención de postular para seguir liderando ERC si así lo decidía la militancia y tras las elecciones de este domingo, en las que ERC perdió 13 diputados, pasando de 33 a 20 escaños, y el liderazgo entre las formaciones independentistas en favor de Junts.

El fiscal del Tribunal Supremo (TS) Álvaro Redondo ha emitido un informe donde se opone a que el alto tribunal investigue a Carles Puigdemont por terrorismo, contestando así a la exposición razonada que envió al TS el juez de la Audiencia Nacional (AN) que instruye Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, para que imputara al ex presidente catalán por estos delitos.

Según ha avanzado El Confidencial y han confirmado fuentes fiscales a Europa Press, Redondo sigue la tesis del fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, que recurrió el paso dado por el juez instructor al considerar que no existían indicios suficientes para proceder contra Puigdemont y que los hechos no eran constitutivos de terrorismo, sino de desórdenes públicos graves.

Sin embargo, las mismas fuentes explican que el informe aún no es definitivo porque debe someterse al examen de la junta de fiscales de lo penal del TS, algo que está previsto para el próximo martes. En el caso de que haya criterios opuestos, se impondrá el de la mayoría, apuntan.

Una vez emitido el informe definitivo de la Fiscalía del Supremo, el magistrado Juan Ramón Berdugo -como ponente del asunto- será el encargado de proponer a la Sala de lo Penal del alto tribunal si procede o no su admisión. Fue el pasado noviembre cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 dirigió la causa contra Puigdemont y, poco después, elevó una exposición razonada al Supremo pidiendo que le imputara por terrorismo, dado que el líder independentista está aforado ante este tribunal.

En un escrito de más de 100 páginas, García Castellón argumentó que existen "indicios" de la participación de Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otras diez personas en la comisión de hechos "susceptibles de integrar un delito de terrorismo".

El magistrado situó a Puigdemont en el "vértice más alto de la organización" de Tsunami Democràtic, indicando que su posición como ex president y "líder desde Bruselas del independentismo le atribuye una posición de autoridad incuestionable".

Entonces, se basó en los mensajes a través del móvil entre su jefe de gabinete, Josep Lluís Alay, y el empresario Jesús Rodríguez, las anotaciones de la agenda del primero o el impulso de Puigdemont a través de Twitter del lanzamiento de la plataforma de Tsunami Democràtic.

García Castellón explicó que para "el esclarecimiento de los hechos" era necesaria la práctica de diligencias de investigación que no podía llevar a cabo dada la condición de aforado tanto de Puigdemont como del diputado del Parlament de Cataluña Rubén Wagensberg, contra el que también dirigió la causa.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió esa primera decisión de dirigir las pesquisas contra Puigdemont al entender, por un lado, que no hay indicios "suficientes" contra él y, por otro, que la Audiencia Nacional "no es competente" para investigar el caso porque los hechos no serían terrorismo sino desórdenes públicos agravados.

Este enero, el instructor rechazó el recurso de reforma presentado por la Fiscalía contra la petición al TS, alegando que las últimas diligencias practicadas hasta la fecha han permitido "consolidar la hipótesis inicial".

Cabe recordar que en esta causa la Audiencia Nacional investiga si Tsunami Democràtic orquestó los disturbios que se desataron en el otoño de 2019 como reacción a la condena dictada por el Supremo contra el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros líderes del procés.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha desestimado el recurso presentado por la Fiscalía contra su decisión de enviar la causa sobre Tsunami Democràtic al Tribunal Supremo para que investigue por un delito de terrorismo en la causa al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC Marta Rovira y a otras diez personas al tiempo que ha insistido en el carácter terrorista de los hechos.

En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 explica que las últimas diligencias practicadas hasta la fecha han permitido "consolidar la hipótesis inicial", que calificaba los hechos como delito de terrorismo. Todo ello en esta causa en la que el magistrado investiga los disturbios supuestamente orquestados por la plataforma independentista en respuesta a la sentencia del procés.

Así, frente al argumento de la Fiscalía de que no existen elementos de juicio nuevos, el juez se remite a la exposición razonada que envió al Supremo en la que desarrolla ampliamente la documentación aportada por los Mossos d'Esquadra en relación con los hechos acontecidos en el aeropuerto de El Prat del 14 de octubre de 2019, donde falleció un ciudadano francés a causa de un fallo cardíaco. Del mismo modo, el juez también menciona el exhorto enviado al juzgado de L'Hopitalet de Llobregat que incoó diligencias a raíz de ese fallecimiento, así como los escritos de personación de varios policías nacionales personados como acusación particular y que resultaron lesionados en los incidentes que tuvieron lugar en Barcelona el 18 de octubre de ese mismo año.

El fiscal, en su recurso de reforma, indicaba, además, que la exposición razonada se había presentado cuando el Ministerio Público ya había recurrido el auto por el cual el juez acordaba dirigir el procedimiento contra los investigados. Sobre esta cuestión, el juez explica que la interposición de dicho recurso de apelación carece de efectos suspensivos, lo que no le impide seguir tramitando el procedimiento.

Del mismo modo, el magistrado rechaza el argumento del Ministerio Público de que la exposición de motivos se acordara sin fundamento y sin haber ocurrido circunstancia alguna que lo justificara. Al respecto, García Castellón alude a los más de cien folios de la exposición de motivos "a los efectos" de que el fiscal "pueda ilustrarse sobre los motivos de la misma, por lo que en ningún caso pueda admitirse, como se afirma en el recurso, que carece de fundamento".

El instructor, vistos los recursos de reforma de la Fiscalía tanto contra el auto por el que dirigió la causa contra los investigados como contra la exposición razonada, entiende que "debe reflexionarse sobre el hecho singular de tener que insistir ante al órgano que tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, sobre la contundencia, cantidad y nitidez de los indicios que permiten sostener la calificación inicial por delito de terrorismo".

García Castellón concluye señalando que "la gravedad de los delitos que, en este momento se vislumbran, la clara afectación que estos tuvieron a los intereses generales, y a estructuras económicas esenciales del Estado, los daños concretos que se causaron a los perjudicados y las graves lesiones sufridas por las víctimas del delito, no solo exigen su esclarecimiento promoviendo la acción de la justicia, sino que además exige, en defensa de la legalidad, que la instrucción y enjuiciamiento se efectúe por el órgano judicial que ostenta la competencia objetiva y funcional para ello".

A este respecto, el juez deja claro que en este caso la competencia sería de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como se señala en la exposición razonada que, critica, la Fiscalía "pretende desactivar"

En otro auto, el magistrado acuerda rechazar el recurso de Marta Rovira contra su decisión de cursar una comisión rogatoria a Suiza para que comunique su paradero. En ese auto, además, el juez también se dirigió a un banco helvético para que trasladase información de las cuentas de Rovira: desde los movimientos en su cuenta a los préstamos y cheques emitidos.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga a Tsunami Democràtic por su papel en los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del procés independentista catalán en el otoño de 2019 ha librado una comisión rogatoria a Suiza para que localicen a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, una de las principales investigadas, según recoge Europa Press.

En un auto de este martes, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, también se dirige a un banco helvético para que traslade información de las cuentas de Rovira: desde los movimientos en su cuenta a los préstamos y cheques emitidos.

El magistrado justifica esta decisión aludiendo a una conversación intervenida en el teléfono de Josep Lluís Alay, el jefe de la oficina del expresidente catalán Carles Puigdemont, en la que se hace alusión a la financiación de la plataforma independentista. En concreto, en la misma infiere que "es posible ofrecer dinero a Tsunami" a través de una cuenta en Suiza.

Además, el requerimiento a las autoridades helvéticas encuentra su origen en "la residencia en Suiza de la referida investigada, Marta Rovira, y su presunta participación en la organización terrorista", lo que lleva al juez a solicitar a Suiza a que proceda "a informar sobre su localización".

En su resolución, García Castellón explica que Rovira "se encuentra huida de la justicia española desde marzo de 2018, residiendo en Suiza". Además, recuerda que "con alta probabilidad era la usuaria de la app Threema con el pseudónimo Matagalls".

El juez señala que la presentación oficial de Tsunami ocurrió el 2 de septiembre de 2019, recibiendo "el apoyo directo de diversas y destacadas figuras del espectro político catalán, y líderes de referencia del movimiento independentista como es el caso" de Puigdemont o del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.

"Sin embargo, la persona que más rápido retuiteó el primer mensaje de Tsunami fue Marta Rovira. Tan sólo tardó tres minutos en leer el tuit, retuitearlo, pensar un comentario y transcribirlo (40 palabras, repartidas en 225 caracteres con espacios). Se sospecha, por ello, que pudo estar en la reunión de Ginebra en la que se planificó y organizó la acción de Tsunami", apunta el magistrado.

En este contexto, el juez señala que "en una conversación mantenida el 3 de octubre de 2019 de Marta Rovira (alias Matagalls) con el investigado" Xavier Vendrell, exdiputado de ERC. "Se está reclutando gente para hacer vuestra acción que lo está charlando en la dirección", le habría señalado Rovira, que explica que existen "ciertos problemas para llevar a término el encargo".

"Supongo que, dado que no se ve como una acción peligrosa y/o no tiene el morbo de las urnas, el personal se ha relajado... trato de poner orden, pero al no haber una sensación de mando único, todo el mundo duda de todo. No está siendo fácil, la moral de la tropa está tocada. Pienso que cuando las primeras acciones salgan bien todo el mundo reaccionará, pero cuesta arrancar", le habría espetado Vendrell.

El magistrado también menciona un mensaje del 14 de octubre de 2019 en el que Rovira "le dice a Vendrell que felicite el mundo". Ese mismo día, recuerda, "fue el que tuvo lugar la acción de bloqueo de Tsunami en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat".

Cabe recordar que en el marco de la misma causa el magistrado se dirigió en diciembre de 2019 a Suiza, precisamente, para que trasladasen información bancaria de índole similar. Las autoridades helvéticas respondieron en marzo de 2021 para denegar la solicitud de cooperación cursada por la Audiencia Nacional.

Ahora, el instructor requiere a Suiza que cumplimenten su petición actual, que "permite establecer una relación con el delito objeto de estas actuaciones, lo que es útil y necesario para la investigación eficaz del mismo".

Este mismo miércoles también se ha conocido que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la decisión del juez de enviar al Tribunal Supremo la causa en la que investiga a Tsunami Democràtic por su papel en los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del procés independentista catalán en el otoño de 2019.

Fue este martes cuando García Castellón pidió al alto tribunal que investigase al expresidente catalán Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otras diez personas por la comisión de presuntos delitos de terrorismo.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga a Tsunami Democràtic por su papel en los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del procés independentista catalán en el otoño de 2019 ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al expresidente catalán Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otras diez personas por un delito de terrorismo.

En un escrito de 101 páginas de este mismo martes, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón señala que "existen indicios de la participación en la comisión" de hechos por parte de todos ellos "susceptibles de integrar un delito de terrorismo".

En esta línea, el juez deja claro que para "el esclarecimiento de los hechos es necesaria la práctica de diligencias de investigación" que no pueden ser realizadas dada la condición de aforados de Puigdemont y el diputado del Parlament de Cataluña Rubén Wagensberg.

Este movimiento del magistrado, que ha elevado una exposición razonada al Supremo, es necesario para poder imputar a estos dos últimos, a los que el juez vuelve a ofrecer la posibilidad de comparecer voluntariamente.

El juez explica al Supremo que Puigdemont se situaría en el "vértice más alto de la organización" de Tsunami Democràtic y añade que su posición como expresidente y "líder desde Bruselas del independentismo le atribuye una posición de autoridad incuestionable".

Según el magistrado, existen indicios que permiten inferir su participación en el nacimiento y planificación de las acciones de Tsunami. Entre esos indicios, explica, se encuentran los mensajes a través del móvil entre su jefe de gabinete, Josep Lluís Alay, y el empresario Jesús Rodríguez, las anotaciones de la agenda del primero o el impulso de Puigdemont a través de Twitter del lanzamiento de la plataforma de Tsunami.

Para el juez también se infiere el rol de liderazgo de Puigdemont en Tsunami de una conversación mantenida con el empresario Josep Campmajó en la que discuten sobre la actitud que están teniendo los dirigentes políticos catalanes con relación a la sentencia del 'procés'.

En su exposición motivada el juez explica que en este momento procesal la calificación no puede plantearse en términos excluyentes, sino que la gravedad de los hechos y su complejidad permiten subsumirlos en diversas infracciones que encajarían en actos de terrorismo en el sentido que prevé el Derecho de la Unión Europea.

El magistrado analiza los actos violentos que se produjeron el 14 de octubre de 2019 en el Aeropuerto del Prat y señala que se trató de una acción ilícita, en el sentido más amplio de la palabra puesto que no consta que hubiera convocatoria legal alguna para realizar una manifestación o reunión.

El juez añade que los informes remitidos por los Mossos han revelado el uso de artefactos, sustancias y armas en la acción de bloqueo del aeropuerto por parte de los manifestantes. "Así, se habla del empleo de piedras de gran tamaño provenientes de arrancar el mármol y el granito del suelo y presentaban aristas cortantes; hierros de 2 metros de largo proveniente del vallado del edificio; vidrios provenientes del rompimiento de las estructuras del edificio; pirotecnia de gran potencia, extintores vacíos, carros portamaletas, maderas, cristales, vallas, palés, piezas metálicas...", enumera el magistrado.

A lo largo de su escrito, el instructor repasa las acciones que se atribuyen a Tsunami en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio del procés, como la huelga general del 18 de octubre de 2019, el intento de afectación de las elecciones generales de noviembre o el bloqueo de infraestructuras críticas del Estado o europeas como las acciones llevadas a cabo en el aeropuerto de Barcelona-El Prat y de la torre de control ENAIRE de Barcelona-Gavà.

En relación con esto último, el magistrado destaca la "importancia estratégica de este objetivo, y las graves consecuencias que pudiera haber tenido para la seguridad del tráfico aéreo nacional e internacional el éxito de la acción pretendida". "Si Tsunami hubiera logrado su objetivo de impedir el cambio de turno de los controladores aéreos de la instalación, esto no solo habría provocado daños económicos, sino que podría haber tenido un resultado catastrófico de consecuencias imprevisibles para las personas que en ese momento se encontraban en vuelo a bordo de las aeronaves en el área objeto de control", advierte.

Para el juez no se puede minimizar el impacto que tuvo para la vida e integridad de las personas estos hechos, debiendo subrayar que en el marco de esta acción se produjo el fallecimiento de una persona de nacionalidad francesa.

El magistrado considera necesario averiguar si el colapso del aeropuerto pudo intervenir de algún modo en su muerte. "Dicho de otro modo, se trataría de descartar que el fallecimiento se podría haber evitado", aclara.

Los disturbios, continúa, se alargaron hasta altas horas de la madrugada del día 15 con un resultado de múltiples heridos, incluyendo tanto agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como civiles.

Por ello, el magistrado considera que la investigación también deberá esclarecer quiénes fueron los lesionados, con el correspondiente ofrecimiento de acciones, y dirimirse si los resultados lesivos resultan igualmente imputables a los responsables de la organización investigados. "Especialmente relevante resultará esclarecer si entre los lesionados hubo usuarios del aeropuerto, a los efectos de concretar el riesgo que para la integridad física de las personas que se encontraban en el aeropuerto supuso la acción organizada por Tsunami", incide.

Y es que, continúa, "no solo se causaron daños en las personas, sino que, además, se ocasionaron importantes perjuicios económicos que la instrucción deberá concretar si resultan objetivamente imputables a los responsables de la organización".

En el relato de los hechos, el magistrado recuerda que los asaltantes accedieron a la zona de embarque, lograron asentarse delante de las puertas de embarque para acceder a los aviones, impidiendo el acceso de los pasajeros a los mismos, y consiguieron bloquear la torre de control aéreo de El Prat.

García Castellón también analiza los hechos cometidos a la luz de los convenios internacionales para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil "dado que varios de los investigados en este procedimiento se encuentran fuera de España, concretamente en Suiza y Bélgica, países que han firmado los convenios señalados".

"Esto supone que, para el caso que no pueda producirse el enjuiciamiento en España de estos hechos, podría quedar a salvo la posibilidad de enjuiciar los graves acontecimientos acaecidos en el aeropuerto de El Prat, en alguno de dichos países, si se hace uso de los mecanismos de cooperación judicial oportunos por parte de la Sala Segunda", sostiene.

En su escrito el magistrado indica que, descartada la figura de la sedición -derogada el pasado año- el primero paso "sería examinar si podríamos encontrarnos ante un delito de desórdenes públicos cometido por una organización criminal estructurada".

"Como se observa del examen inicial de los hechos, nos encontramos ante una organización estructurada que bien podría encajar en el tipo del artículo 571 del Código Penal, en relación con el artículo 570 bis o ter, en la medida en que se trata de una estructura constituida con la finalidad de cometer acciones terroristas, como la que se materializó" en El Prat, según el juez.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga a Tsunami Democràtic por su papel en los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del procés independentista catalán en el otoño de 2019 ha dirigido sus pesquisas contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y ha imputado a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Así consta en un auto de este mismo lunes dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, donde ofrece a Puigdemont la posibilidad de comparecer voluntariamente "mientras no se libre el correspondiente suplicatorio", según recoge Europa Press.

Puigdemont goza de inmunidad por ser miembro del Parlamento Europeo y no podrá investigarle formalmente hasta que la Eurocámara se lo permita. El juez sostiene que, de la información facilitada por la Guardia Civil, se desprende que tanto Omnium Cultural como el propio Puigdemont "podrían haber participado en la aparición" de Tsunami, "extremos que deberán esclarecerse en la investigación".

Y es que, detalla, "el lanzamiento de la organización tuvo lugar el 28 de agosto". "Resulta llamativo constatar cómo se hace referencia a que Omnium informará directamente al presidente Puigdemont", constata el juez. En su resolución, además, el instructor asegura que "existen elementos suficientes para considerar que los hechos podrían encajar en el delito de terrorismo" en concurso con uno de desórdenes públicos. Cabe recordar que la AN estudiaba si podía retener al causa por la dudas en torno a esa calificación jurídica.

A quienes sí imputa es a Rovira, justo después de recibir un informe de la Guardia Civil que la coloca en el centro de la investigación al sostener que es "con mucha probabilidad" la usuaria de la aplicación de mensajería cifrada Threema que actuaba bajo el seudónimo de 'Matagalls' y que tenía "un conocimiento previo de, al menos, ciertas acciones de la plataforma".

Igualmente, cita como investigados al jefe de Gabinete de Puigdemont, Josep Lluis Alay; así como a Oriol Soler, Xavier Vendrell, Marta Molina, Josep Campmajó, Jesús Rodríguez, Jaume Cabani, Oleguer Serra y Nicola Flavio Giulio.

También cita como testigo al líder de EH Bildu Arnaldo Otegi para interrogarle sobre la reunión que mantuvo en Ginebra (Suiza) con el propio Puigdemont, Rovira, miembros de la CUP, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Omnium Cultural. A la misma, señala el juez, habrían acudido también la exdiputada de la CUP Anna Gabriel y la dirigente de JxCat Elsa Artadi.

En este sentido, el juez llama como testigo a la portavoz de ERC en la fecha de los hechos, Marta Vilalta. Según el magistrado "afirmó, al parecer que en la cumbre que tuvieron los líderes independentistas en Ginebra.

ERC ha celebrado este sábado la segunda parte de su Congreso Nacional, en el que ha afianzado su apuesta estratégica por el diálogo y la negociación con el Estado, y por ensanchar el independentismo para lograr un referéndum de autodeterminación, informa Europa Press.

La jornada, que se ha celebrado en el Auditori del Fòrum de Barcelona, ha durado más de cinco horas y ha servido para aprobar la ponencia política, que fija la estrategia de la formación para los próximos años, y la ponencia estatuaria, que establece los estatutos y la organización interna.

Ambos documentos han recibido un aval muy amplio por parte de la militancia –el 93,46% en la política y el 91,01% en la estatutaria–, con lo que, al clausurar el Congreso, el vicepresidente de la Generalitat y coordinador nacional del partido, Pere Aragonès, ha reivindicado que ERC es "una organización más fuerte, más preparada, más cohesionada y a punto para ganar" tras este Congreso.

La ponencia política, que marca la hoja de ruta del partido, defiende que un referéndum es el mejor instrumento para solucionar el conflicto en Cataluña y plantea tres vías para lograrlo: la primera es la vía pactada y negociada con el Estado, ya que, pese a que reconoce que ahora mismo "es imposible" por las reiteradas negativas a acordar una consulta, considera que el independentismo nunca debe abandonar la bandera del diálogo. La segunda vía es "forzar" al Estado a convocar un referéndum, es decir, combinar la movilización constante con acciones de desobediencia civil no violenta, la acción de las instituciones catalanas, la generación de grandes consensos y el avance reiterado del independentismo en las urnas, junto con complicidades internacionales, para obligar al Estado a pactar un referéndum.

En un audio grabado desde la cárcel que se ha emitido al inicio del Congreso, el presidente del partido, Oriol Junqueras, ha secundado esta apuesta estratégica de ERC diciendo que la independencia es "irreversible" y un nuevo referéndum "inevitable", y ha llamado a construir una mayoría independentista incontestable para lograr constituir la república catalana.

El documento también contempla una tercera opción, aunque no es la prioridad de ERC, que es hacer un referéndum sin el permiso del Estado, pero en ningún momento aparece la palabra 'unilateral' en el texto.

En este sentido, añade que no descartan cualquier vía democrática y pacífica: "Resulta evidente que, atendiendo al hecho de que nunca renunciaremos a nuestros derechos ni a lo que establece la misma legalidad internacional, habrá que estar atentos a posibles nuevos escenarios que nos permitan transitar hacia la independencia por cualquier camino democrático y pacífico".

Mandato de Junqueras

En cuanto a la ponencia estatutaria, en el Congreso se han modificado algunos detalles de los estatutos de la organización, entre los que destaca que se contempla en el texto la posibilidad de alargar el mandato del presidente y la secretaria general de la formación "cuando no hayan podido desarrollar plenamente sus funciones como consecuencia de causas ajenas a la organización y a su voluntad".

Esto servirá para que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la secretaria general, Marta Rovira, puedan alargar su mandato al frente del partido por estar encarcelado y en el extranjero respectivamente, ya que con esta modificación los republicanos podrán prolongar el límite de doce años que tienen como máximo los dos principales cargos de la formación para encadenar mandatos.

Negociación con el PSOE

El Congreso se ha producido en plenas negociaciones con el PSOE por la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, que han marcado los discursos inaugurales de la jornada, como el de Aragonès, que ha lanzado una advertencia al PSOE y ha afirmado que el diálogo "solo es posible si se desplaza la represión", después de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) reconociera la inmunidad de Junqueras.

Fuentes de ERC han apuntado que no descartan alcanzar un acuerdo de investidura con los socialistas antes del día de Reyes si hay un gesto de la Abogacía del Estado sobre la situación de Junqueras y que las negociaciones se pueden retomar el 27 de diciembre.

El vicepresidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha asegurado este domingo que en la mesa de negociación que pide con los socialistas para alumbrar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y buscar una salida al conflicto político catalán habrá que encontrar soluciones para los líderes independentistas en prisión condenados por el juicio del 1-O. "El fin de la represión pasa también por encontrar soluciones para aquellas personas que están condenadas de manera absolutamente injusta. Eso tendrá que estar también sobre la mesa de negociación", ha afirmado en una entrevista de La Vanguardia recogida por Europa Press.

Ha sostenido que como dirigente de ERC tiene que tener la capacidad de poder interlocutar con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por lo que mantiene contacto con él, aunque ha dicho que la negociación la hacen los equipos designados para ello. "Cuando es necesario no hay ningún problema en hacer el contacto que haga falta", ha afirmado, sobre su relación con Sánchez, y ha añadido que lo más importante es poder hablar; algo que cree que no tendría que ser noticia.

Ha señalado que sería muy extraño que el PSOE quiera los votos de ERC y Sánchez no hable con el coordinador nacional de ERC: "De hecho, tendría que hablar con Oriol Junqueras o Marta Rovira. Eso es entre partidos, pero lo que se tiene que restablecer es el diálogo institucional y entre presidentes y no se puede sustituir. Es una necesidad imperiosa". Aragonès ve fundamental constituir un diálogo entre gobiernos porque hasta ahora no ha habido dos gobiernos cara a cara "que pongan sobre la mesa propuestas para salir de este conflicto".

Ha advertido de que desde el Govern propondrán un referéndum de autodeterminación y que se tendrá que poder discutir: "No aceptemos vetos. Hay que superar la etapa del a por ellos y entrar en una fase de resolución de un conflicto político. Si no se puede hablar de todo, esta mesa no servirá".

 También, ha defendido que hace falta una fecha calendarización de esa mesa, con un inicio, que no puede ir más allá de la constitución de un nuevo gobierno, y una de finalización. "Partimos de una desconfianza. Queremos garantías sobre la metodología y validación democrática sobre lo que se acuerda. Que haya instrumentos para ratificar democráticamente el resultado de la mesa de negociación", ha añadido.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha considerado este lunes que al 1-O le faltó "legitimidad interna", a pesar de que para los organizadores la tenía, y ha señalado el 3-O --cuando tuvo lugar el paro de país-- como el día de más consenso.

"Si una cosa nos faltó el 1-O es que no tuvo legitimidad interna en Cataluña", ha dicho la dirigente republicana en una entrevista a Catalunya Ràdio desde Ginebra (Suiza), recogida por Europa Press, donde ha añadido que el próximo paso se debe jugar en el exterior, para que no sea un conflicto interno.

Además, ha defendido la celebración de unas elecciones refrendarias: "Será necesario volver a pasar por las urnas con un concepto referendario", y ha asegurado que para hacerlo deben explicar a más gente que la independencia es la única vía posible.

Unidad del independentismo

La secretaria general ha hecho un llamamiento a la unidad entre el independentismo, generar espacios de confianza y no dejar que "la represión vaya entrando".

Para Rovira defender una república no es ningún delito y ha apostado por la "unidad estratégica, reflexiones con complicidad y lealtad, abandonando los reproches".

Preguntada por el apoyo al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha apuntado que es necesario un Gobierno central para avanzar, apostando por el diálogo, pero siendo conscientes de lo que ofrece Sánchez.

El diálogo no basta

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, también ha considerado que para forzar al Estado a convocar un referéndum habrá que utilizar la vía del diálogo institucional, aunque "no solo" basta con ella.

"Sabemos que el referéndum de autodeterminación es la mejor herramienta para legitimar la república y conseguir la independencia, nos lo señalan también a nivel internacional", destacan en una carta publicada en el diario Nació Digital y recogida por Europa Press.

Así, Junqueras y Rovira han apuntado que debe empezar una nueva fase, dejando los reproches y trabajando para cerrar un consenso estratégico, pasando de una "etapa más defensiva" a volver a tomar la iniciativa, han expuesto.

"Cuando el Estado rubrique el 1-O como un delito tiene que comenzar una nueva fase", han avisado, y han subrayado que la formación celebra en otoño su Congreso Nacional que debe servir para seguir fortaleciendo el partido y para superar retos.

Para Junqueras y Rovira, la sentencia limitará la democracia y los derechos civiles, y se tendrá que encontrar "la manera pacífica y democrática de resarcirlos".

Referéndum pactado con el Estado

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha defendido este lunes celebrar un referéndum de independencia pactado con el Estado con el objetivo de "volver a encontrar la legitimidad en las urnas".

Vilalta ha sostenido que, como secretaria general, Rovira tiene la misma opinión que el resto del partido, y ha asegurado que esta cuestión genera consenso: "Habrá que volver a pasar por las urnas para culminar el camino hacia la independencia, habrá que encontrar la legitimidad en las urnas".