Mohammed Houli Chemnal, uno de los yihadistas que fue condenado a 43 años de cárcel por los atentados de Cataluña el 17 de agosto de 2017, ha asegurado este jueves en el Congreso engrilletado y custodiado por policías armados que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sabía que el imán de Ripoll y líder de la célula yihadista Albdelbaki El Satty iba a cometer un atentado.

"El CNI tenían conocimiento de las intenciones que tenía el imán. Lo digo ahora y no antes por el temor que tenía a las represalias, pero estoy en la cárcel y no tengo ahora nada que perder", ha dicho Houli al inicio de esta sesión insólita de la comisión de investigación sobre los atentados de Las Ramblas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) en 2017 que causaron 16 muertes.

Con barba, semblante serio y vestido con un chaqueta de chándal granate y pantalones grises y con las manos engrilletadas escondidas bajo la mesa donde ha puesto una libreta amarilla, Houli se ha sentado frente a los diputados y de espaldas a presidencia de la comisión donde dos policías de paisano han ocupado dos asientos de la primera fila y otros dos funcionarios uniformados han aguardado detrás de la sala.

La presencia de Houli ha despertado una gran expectación mediática -medio centenar de periodistas han aguardado desde las 14.30 su llegada- en tanto que un fuerte despliegue policial con agentes de UIP y guías caninos han reforzado la plantilla de agentes adscritos al Congreso.

Ante las quejas del PP, fuentes de la Presidencia del Congreso han asegurado que la formación no pidió oficialmente que la comparecencia de Houli se celebrara telemáticamente. "Ellos podían haber solicitado que se hiciera por videoconferencia y no consta ninguna comunicación del PP en este sentido", han explicado dichas fuentes, tras la queja de la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha afirmado que su partido desconocía que la comparecencia fuera en persona y ha presentado una queja formal a la presidenta de la institución, Francina Armengol.

En una rueda de prensa en el Congreso, Álvarez de Toledo ha afirmado que en reuniones "informales" se les dijo que la comparecencia en la comisión de investigación sobre los atentados de Las Ramblas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) en 2017, que causaron 16 muertes, iba a ser "de forma telemática" y que esta mañana se han enterado de que el reo iba a venir de forma presencial.

Las fuentes de la Cámara Baja han detallado que las comisiones acuerdan las comparecencias que estiman pertinentes y esta comisión adoptó un acuerdo en el que el acta, aprobada y firmada, no refleja que nadie se opusiera a nada, ni que se pidiera que fuera por videoconferencia.

El Congreso solo hace la tramitación burocrática de lo que la comisión pide, en este caso, la comparecencia, y que lo haga con las medidas de seguridad que correspondan. Con ello, han precisado las fuentes, la presidenta no puede entrar en cuestiones de fondo que competen exclusivamente a las comisiones.

Antes de que Houli tomara la palabra y comenzaran las preguntas de los diputados, seis diputados del PP han abandonado la sala Prim en protesta por el "espectáculo" de permitir que un terrorista condenado participara en la comisión con el único objetivo de "dar satisfacción a quienes con sus votos permiten que Pedro Sánchez se mantenga en Moncloa".  Tras el plante del PP, el diputado de Sumar Txema Guijarro, presidente de esta comisión, ha explicado que la comisión no ha elegido la formula de asistencia del compareciente sino que ha sido una decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. 

El exdirector general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán ha negado que Abdelbaki Es Satty, el líder de la célula que perpetró los atentados en Las Ramblas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) en 2017, fuera confidente, y ha tildado de "infamia", "maldad" y "vileza" pensar o imaginar que se pudieron evitar 16 muertes y no se hizo, según ha recogido EFE.

El que fuera el máximo responsable del CNI durante una década, entre 2009 y 2019, y cuatro legislaturas (dos con gobiernos del PP y otros tantos con el PSOE), ha sido el primero de los 29 comparecientes llamados por la comisión parlamentaria que pretende indagar en el papel del imán de Ripoll (Girona) Abdelbaki Es Satty, el líder de la célula que atentó el 17A.

Durante cerca de dos horas, Sanz Roldán ha recordado que el Ejecutivo no ha desclasificado aún los documentos solicitados por los grupos parlamentarios y que, por tanto, él no estaba eximido de guardar secreto, pese a lo cual ha mostrado su disposición a ayudar e, incluso, a regresar a la comisión si el Consejo de Ministros proporciona la información que han pedido los diputados. Sí ha querido dejar claro que el CNI no tuvo información previa antes de la comisión de esos atentados. "¿De verdad cree alguien que se pudo evitar un atentado y no se hizo?", ha replicado a la diputada de Junts Pilar Calvo, el partido que junto con ERC ha impulsado esta comisión de investigación.

"Si alguien piensa o imagina que pudimos evitar la muerte de 16 personas y no lo hicimos eso es una infamia y no lo digo solo por mi calidad en el CNI", ha enfatizado Sanz Roldán antes de explicar que cuando se perpetra un atentado es porque el adversario "tuvo más capacidad" que las fuerzas de seguridad y del servicio de inteligencia para evitarlo y prevenirlo.

En esta línea ha cargado, aunque sin nombrarla, contra la teoría de la conspiración y ha subrayado que es imposible que todas las instituciones, incluida la sentencia del Tribunal Supremo, puedan haber generado un relato distinto a lo que se dice que ocurrió. "Y no se va a encontrar ningún elemento porque no existió", ha zanjado.

Sanz Roldán ha confirmado que agentes del CNI visitaron a Es Satty en varias ocasiones -"dos veces o como mucho tres, podría ser cuatro, no lo sé"- en la prisión de Castellón, donde cumplió penas por delitos de narcotráfico entre 2012 y 2014, periodo en el que también tuvo encuentros con guardias civiles. Respecto a estas entrevistas, que forman parte de la documentación secreta, el compareciente ha explicado que se enmarcaban en la lucha contra la radicalización y el proxelitismo que se sospechaba se podía estar realizando en mezquitas y prisiones, pero que eso no significa que fueran citas con un confidente.

De hecho, ha negado rotundamente que el imán, fallecido en la explosión en el chalet de Alcanar el 16 de agosto de 2017, un día antes del atentado de Las Ramblas, fuera confidente del CNI, aunque no ha desvelado -se ha acogido a su deber de secreto- si una vez salió de prisión agentes del CNI siguieron reuniéndose con él. "Sin romper en absoluto el secreto, El Satti no fue ni colaborador ni informador del CNI, punto, nunca", ha respondido antes de subrayar que la institución no tuvo ninguna información previa sobre este atentado.

Preguntado por varios grupos sobre los fallos que se pudieron haber cometido, Sanz Roldán ha explicado que el CNI analizó con detalle lo sucedido y dispone de un documento "de lecciones aprendidas" cuyo contenido no ha revelado pero que permitió, tras el 17A, iniciar otra fase en la lucha contra el terrorismo.

Dirigiéndose a los grupos catalanes, se ha mostrado convencido de que se evitaron muchas muertes en Cataluña porque tanto en días previos, como posteriores, como en momentos inmediatos se salvaron vidas.

Durante su comparecencia, PSOE, Vox y PP se han referido a las declaraciones que el excomisario José Villarejo realizó en la Audiencia Nacional en las que deslizaba que detrás de los atentados de Cataluña estaba el CNI y el propio Sanz Roldán, que calculó "mal" el "susto" que pretendía dar a los independentistas.

"No hay mejor método para dignificar una mentira que decir que esa mentira tiene origen en el CNI", ha replicado el citado, que ha cuestionado que se quiera poner "al mismo nivel" a una persona, él mismo, que ha servido "con dignidad" 57 años al Estado, con otra que está encausada en varios procedimientos. Con todo, ha concluido: "Me preocuparía que hablara bien de mí, así que mientras las cosas sigan así no van mal".

Por su parte, el presidente de JxCat, Carles Puigdemont, ha asegurado después de la comparecencia de Sanz Roldán que "la conexión entre el Estado y los autores de los atentados es una evidencia de la que hay que tirar del hilo".

Tras la comparecencia, el expresident ha asegurado en X: "Lo sabía quien lo tuviera que saber. De esta frase tan tenebrosa se pueden extraer muchas conclusiones, pero todas apuntan en la misma dirección. La conexión entre el Estado y los autores de los atentados de Barcelona y Cambrils es una evidencia de la que hay que tirar del hilo, como bien hace Pilar Calvo", ha apuntado el expresidente de la Generalitat.

Barcelona ha conmemorado este sábado el séptimo aniversario de los atentados terroristas del 17 agosto de 2017 en La Rambla y Cambrils (Tarragona) con un acto de recuerdo y homenaje a las víctimas en el Pla de l'Os del paseo barcelonés y que ha contado con un minuto de silencio y una ofrenda floral, según recoge Europa Press.

En el acto, que ha empezado a las 10.00 horas, han participado víctimas, familiares y representantes institucionales como el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el presidente del Parlament, Josep Rull, la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto. Entre otros asistentes, también han estado la presidenta de Junts, Laura Borràs, el teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, diputados del Parlament y concejales del consistorio barcelonés.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que no ha asistido al acto oficial, ha recordado a las víctimas de los a través de su cuenta de X y ha dicho que "Cataluña siempre será un lugar de paz". "Siete años después de los atentados de Barcelona y Cambrils, nos mantenemos firmes y unidos contra el odio y la barbarie. Cataluña siempre será un lugar de paz. La democracia y la convivencia también se defienden con memoria", ha expresado en un mensaje recogido por Europa Press.

El acto se ha hecho en el Pla de l'Os de La Rambla, donde hace siete años se detuvo la furgoneta de los terroristas tras el atropello masivo en el paseo. La primera línea del acto ha estado reservada para víctimas y sus familiares, mientras que los representantes políticos se han colocado en las filas de detrás.

Tras el minuto de silencio, los asistentes han hecho una ofrenda floral, depositando claveles y rosas blancas, así como una figura de Iron Man, mientras sonaba el Cant dels Ocells a cargo del violonchelista Marçat Ayats. Después de los cargos políticos, han participado en la ofrenda representantes de cuerpos de fuerzas de seguridad (Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil y Guardia Urbana) y de emergencias, entre otros.

En paralelo al acto de memoria, desde fuera del perímetro reservado para el homenaje, una veintena de personas han protestado en silencio con carteles con lemas como "Estado asesino", "Exigimos responsabilidades", "17A crimen de Estado" o "Terrorismo de Estado", en referencia a las exigencias para investigar más los atentados.

Minutos después del homenaje, el exasesor de la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (UAVAT), Robert Manrique, ha criticado la falta de atención a víctimas de terrorismo, y ha pedido reabrir una oficina para atender a víctimas, un protocolo de asistencia, y una ley catalana propia para ese cometido.

Manrique ha expresado que Cataluña es una de las comunidades autónomas con mayor número de víctimas de terrorismo, y ha añadido que, más allá de actos de homenaje, el recuerdo debe hacerse, a su juicio, asistiendo a las víctimas durante el resto del año.

El doble atentado de Barcelona y Cambrils de 17 de agosto y 18 de agosto de 2017 dejó un total de 16 muertos y más de un centenar de heridos.

Barcelona ha conmemorado este jueves el sexto aniversario de los atentados del 17 de agosto de 2017 en La Rambla y Cambrils (Tarragona) con un acto de recuerdo y homenaje a las víctimas en el memorial que se instaló en el Pla de l'Os de La Rambla y que ha contado con seis minutos de silencio para protestar por los seis años "de abandono", ha recogido Europa Press.

En el acto, que ha empezado a las 10 horas, han participado víctimas, familiares y representantes institucionales, como el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; la presidenta del Parlament y alcaldesa de Ripoll (Barcelona), Anna Erra; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Ha sido un homenaje de unos 15 minutos y sin discursos, ha consistido en un minuto de silencio acompañado de la música del Cant dels Ocells y una ofrenda floral, y ha dado protagonismo a las víctimas y familiares, que han sido los primeros en depositar claveles blancos sobre el Pla de l'Os, donde en 2017 se detuvo la furgoneta tras el atropello masivo.

Después de los familiares, han llevado sus flores los diferentes representantes políticos y los cuerpos de seguridad (Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guardia Civil y Guardia Urbana) y emergencias.

Tras finalizar la ofrenda floral, las víctimas se han vuelto a situar en el memorial (después lo han hecho también los representantes políticos) y han guardado seis minutos de silencio "para demostrar un minuto por año de abandono".

En declaraciones a los periodistas después del acto, el exasesor de la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (UAVAT), Robert Manrique, ha criticado la falta de atención del Ministerio de Interior: "Ya ha dicho por activa y por pasiva que hasta que la sentencia no sea firme no tienen por qué contactar ni asistir a las víctimas. Esto es un disparate, un desastre".

Al ser preguntado por un preacuerdo entre Junts y PSOE para la creación de una comisión de investigación de los atentados del 17A, Manrique ha manifestado que "es una de las reclamaciones que desde la Uavat y desde las víctimas se ha pedido siempre".

"España es el único país de Europa donde ha habido atentados yihadistas y no se ha hecho una comisión de investigación. No se trata de echarse las culpas, se trata de estudiar qué falló para que no vuelva a suceder", ha añadido.

Al acto también han asistido la consellera de Justicia, Gema Usabart; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, y el de Seguridad, Albert Batlle.

Han acudido concejales de los distintos grupos municipales del Ayuntamiento, también de los partidos del Parlament y representantes de Mossos, Guardia Urbana, Bombers de Barcelona, Protecció Civil y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), entre otros.

Barcelona conmemoró este miércoles el quinto aniversario del atentado del 17 de agosto en La Rambla y Cambrils (Tarragona) con un acto de recuerdo y de homenaje a las víctimas en el memorial que se instaló en el Pla de l'Ós de La Rambla, informa Europa Press.

En el acto, que arrancó a las 10.00 horas, participaron víctimas, familiares y representantes institucionales, como el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés; la alcaldesa, Ada Colau; el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Fue un homenaje de unos 15 minutos, sin parlamentos y conducido por la escritora Fàtima Sabeh, que comenzó con la pieza musical Agafant l'horitzó, de Txarango, a cargo de la coral sinfónica de jóvenes Vozes.

Posteriormente, Saheb leyó el poema Memoria de Salvador Espriu y recordó la frase que luce en el memorial con una placa incrustada en el suelo: "Que la paz te cubra, oh ciudad de paz" –reproducida en castellano, catalán, inglés y árabe–.

El acto finalizó con un minuto de silencio acompañado de la música del Cant dels Ocells y una ofrenda floral, que dio protagonismo a las víctimas y familiares, quienes fueron los primeros en depositar claveles blancos sobre el Pla de l'Os, donde el 17 de agosto se detuvo la furgoneta tras el atropello masivo.

Después de los familiares, llevaron sus flores los diferentes representantes políticos y los cuerpos de seguridad (Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guardia Civil y Guardia Urbana) y emergencias.

Durante el acto, unas 40 personas se concentraron en las inmediaciones de La Rambla con carteles de "Reclamamos responsabilidades" y "Queremos saber la verdad" y abuchearon a las autoridades en distintos momentos.

En el minuto de silencio, uno de los manifestantes gritó: "Vamos a dar un pequeño susto a Cataluña". Una frase que guarda relación a unas declaraciones que hizo el excomisario José Manuel Villarejo en las que insinuaba la participación de los servicios de inteligencia en el ataque terrorista.

Al terminar el acto, la presidenta de Junts, Laura Borràs, se acercó a los manifestantes, que la recibieron con gritos de "Presidenta" y corearon Els Segadors.

En un comunidado, esta formación política elogió la actuación de los Mossos d'Esquadra durante los atentados, al tiempo que criticó "la pasividad por parte de algunos estamentos políticos y policiales del Estado español" y censuró que "nunca" se haya querido "investigar con la transparencia y el rigor que se requiere" la relación entre el CNI y el imán de Ripoll (Girona) Abdelbaki Es Satty.

En una línea similar se pronunció en redes sociales el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, quien afirmó que el mejor homenaje que se puede hacer a las víctimas es "saber toda la verdad". "No es justo ni es humano negar a las víctimas el derecho a saber. Y es la mejor manera de aclarar dudas y responsabilidades", afirmó en varios apuntes en Twitter.

"Siempre he dicho que un acto de homenaje a las víctimas tiene que estar limpio de mensajes políticos. Qué lástima que haya gente que utilice hoy el acto para hacer política", señaló en declaraciones a los medios el asesor de la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (Uavat), Robert Manrique, quien hizo un llamamiento para que "se respeten de principio a fin" futuros actos.

El comisario de la Jefatura de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, defendió este miércoles en una entrevista en Catalunya Ràdio que en la actualidad el eventual riesgo de la amenaza yihadista es "un atentado poco planificado de una persona radicalizada", lo que hace más difícil la prevención y la detección. Además, explicó que una de las incógnitas que quedan por resolver del 17A es si los miembros pertenecían directamente al Daesh.

En la entrevista, el mando policial explicó que recientemente se han producido tres detenciones vinculadas al terrorismo yihadista en Cataluña: dos en Tarragona y una en Mataró (Barcelona). Y puso en valor la importancia de la colaboración e intercambio de información de los servicios de inteligencias de las fuerzas policiales. Una comunicación que, dijo, ha mejorado tras el atentado.

Al acto también asistieron la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet; la vicepresidenta segunda del Parlament, Assumpta Escarp; el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró; los consellers de Salud e Interior, Josep Maria Argimon y Joan Ignasi Elena, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Maria Eugènia Gay.

Ademas, acudieron la presidenta de Junts, Laura Borràs, o el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Maria Estela. Y, por parte del ayuntamiento de la Ciudad Condal, los tenientes de alcalde Jaume Collboni, Albert Batlle y Jordi Martí, así como concejales de los distintos grupos políticos del consistorio, además del alcalde de Cambrils (Tarragona), Oliver Klein.

El excomisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha considerado que "la sociedad no ha sido generosa" con las víctimas del atentado en la Rambla de Barcelona el 17 de agosto de 2017, del que este verano se cumplen cinco años.

En una entrevista en La Vanguardia recogida por Europa Press, Trapero ha afirmado este domingo que la respuesta de la sociedad catalana y española "no estuvo al nivel de otros países". "La sociedad no ha hecho grandes reconocimientos. No ha sido generosa, y no lo ha sido porque no se la ha animado a hacerlo", ha aseverado, señalando al proceso independentista en Cataluña de haberlo tapado todo de forma total, en sus palabras.

Preguntado por si él y el cuerpo de Mossos se sintieron utilizados por algunos políticos en ese momento, ha respondido: "Cada uno jugó sus cartas. Algunos, dando un valor especial a nuestro trabajo de forma exagerada, y otros, al revés, colocando errores donde no los había".

Sobre la divulgación de una supuesta nota de la CIA que advertía del riesgo de atentado, Trapero ha asegurado que fue "doloroso en lo personal y hacía mucho daño" que la sociedad pudiera pensar que el atentado se podía haber evitado, y que la nota no tenía ningún sentido ni vinculación con los hechos que sucedieron.

"No me reconozco en algunas de mis intervenciones en aquel momento y lo digo claro, no me gusto, pero de la misma manera que digo esto, creo que los medios deben tener una gran prudencia cuando acaba de suceder un atentado como aquel, lanzar la noticia de este tipo hace mucho daño", ha sostenido.

Preguntado por la relación entre el imán de Ripoll y el CNI, ha dicho que la investigación por parte del CNI fue "la respuesta más efectiva, con más conocimiento de datos, más profunda, y más leal", y no cree que hubiera ningún indicio de teoría conspirativa.

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha estimado parcialmente los recursos presentados por dos de los tres condenados por los atentados cometidos el 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, rebajando diez años, hasta los 43 y los 36, la pena de cárcel impuesta en un principio a Houli Chemlal y Driss Oukabir, respectivamente, al considerar que no tenían una verdadera intención de atentar con la segunda explosión en la casa de Alcanar.

El 27 de mayo de 2021, la Audiencia Nacional condenó a Chemlal y Oukabir a 53 años y 6 meses de cárcel y 46 años de prisión, respectivamente, por pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos de carácter terrorista; y estragos en tentativa de carácter terrorista en concurso con 29 delitos de lesiones por imprudencia grave. El tercer acusado, Said Ben Iazza, fue condenado a 8 años de cárcel por colaboración con organización terrorista, ha recordado Europa Press.

Ahora, la Sala ha ratificado los aspectos fundamentales de dicha sentencia pero ha estimado parcialmente los recursos presentados por Chemlal y Oukabir por una cuestión técnica, con lo que fija sus penas en 43 y 36 años, mientras que la del tercer condenado se mantiene en 8 años. Cabe recordar que los magistrados ya establecieron el límite de cumplimiento máximo en 20 años de cárcel.

Los jueces dan por buenos los hechos probados en el primer fallo, esto es, descartan condenar a los tres acusados por los 16 asesinatos cometidos por el resto de miembros de la célula yihadista en Las Ramblas de Barcelona y en el paseo marítimo de Cambrils, como pedían las acusaciones, porque insisten en que Chemlal, Oukabir y Ben Iazza no tuvieron conocimiento ni participaron en dichas acciones terroristas.

Así, centran el análisis en lo ocurrido en la casa de Alcanar, donde se guardaron los explosivos que la célula yihadista tenía previsto usar y donde días antes se produjeron dos explosiones, una en la que murió el imán de la mezquita de Ripoll, Abdelbaki es Satty, y otra mientras se llevaban a cabo las tareas policiales y de desescombro que hirió de diversa gravedad a varios bomberos y agentes que estaban en el lugar, así como a un operario.

La Sala cree que debe aplicarse un concurso ideal entre el delito de estragos imprudentes y las lesiones efectivamente producidas porque estima que los recurrentes no tenían intención de atentar contra la integridad física de los vecinos, policías, bomberos y operarios que trabajaban en las labores de desescombro y búsqueda de indicios en Alcanar, por lo que debe imponerse la pena por el delito más grave en su mitad superior.

"Esa ausencia de dolo, ni siquiera eventual, provoca que no puedan ser sancionados por las lesiones producidas a los 29 afectados, encontrándonos ante un concurso ideal y la pena a imponer es la correspondiente al delito más grave, los estragos imprudentes, en su mitad superior", que se concreta en 4 años de cárcel, el grado máximo, "dada la suma gravedad de la imprudencia cometida", detalla. Para los demás delitos mantiene las mismas penas.

En la misma línea, la Sala coincide con el tribunal sentenciador en que, de la prueba practicada y los hechos establecidos por el juez instructor, no puede deducirse que los tres condenados tuvieran conocimiento de la intención de sus compañeros —todos fallecidos— de atentar en Las Ramblas y en Cambrils una vez que se produjeron las explosiones en la casa de Alcanar.

Los magistrados explican que, si bien las acusaciones esgrimen que podrían ser condenados por los delitos de asesinatos y lesiones perpetrados en Barcelona y Cambrils, se basan solamente en su integración en la célula yihadista, su adoctrinamiento de años y diversos hechos que son constitutivos de los delitos por los que han resultado condenados, "pero no son indicios ni prueba suficiente" para sentenciarlos por los otros ilícitos.

"Quedaron fuera de su dominio, y ello con independencia de que prepararan un gran atentado, probablemente de gravísimas consecuencias, contra un objetivo no suficientemente determinado, en fechas inmediatas, según puede deducirse del escrito, probablemente de reivindicación del atentado, de fecha 20 de agosto de 2017 y del alquiler de las furgonetas", indican.

A este respecto, razonan que "no puede confundirse la responsabilidad penal que supone la pertenencia a la organización criminal con la exigible por la comisión de los distintos delitos que puedan llegar a ejecutarse en su seno, ya que (...) no es posible establecer presunciones de responsabilidad por los delitos concretos ejecutados derivadas del mero hecho de ser integrante de la organización".

La Sala también rechaza la pretensión de algunas acusaciones de declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, por lo que consideran una inexplicable negligencia al no haber adoptado las cautelas necesarias para prevenir la venta de explosivos que dio lugar a los sucesos de Alcanar, los cuales a su vez acabaron desencadenando los atropellos masivos.

Los magistrados ven "humanamente comprensible" la solicitud de la familia del menor fallecido en Las Ramblas acerca de la responsabilidad civil del Estado, que sería subsidiaria de Chemlal y Oukabir, pero argumentan que no puede ser atendida porque no pueden ser imputados por los hechos ocurridos en Barcelona, sin perjuicio —añaden— de los derechos que les reconoce la Ley de Víctimas del Terrorismo.

Asimismo, descartan aplicar una rebaja en las penas por la atenuante de dilaciones indebidas, como exigían los condenados, recordando en este sentido que el tribunal dictó sentencia 3 meses y 10 días después de que acabara el juicio, un tiempo que creen que no puede calificarse de extraordinario e indebido o que haya producido algún tipo de indefensión, teniendo en cuenta la complejidad de la causa, con 64.310 folios, 30 partes personadas y 32 días de vista oral.

Por otro lado, la Sala estima igualmente de forma parcial los recursos de cuatro víctimas de Las Ramblas para incluir como probadas las conclusiones de los informes médicos sobre las lesiones y secuelas que sufrieron por los atentados.

Del mismo modo, admite parcialmente el recurso de cinco Mossos d'Escuadra que resultaron heridos en la explosión de Alcanar, apreciando la situación especialmente traumática sufrida por los agentes y las consecuencias que para cada uno de ellos tuvo el atentado, por lo que acuerda aumentar sus indemnizaciones, siempre dentro del límite del total solicitado.

La Generalitat catalana ha instado este miércoles al Gobierno a abrir una comisión de investigación en el Congreso sobre los atentados del 17 y 18 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) tras las declaraciones del excomisario José Manuel Villarejo, en que apuntaba a una presunta vinculación entre CNI, el imán de Ripoll (Girona) y los atentados, ha informado Europa Press.

Así lo ha anunciado la portavoz del Govern, Patricia Plaja, en rueda de prensa posterior al Consell Executiu, donde también ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que informe al de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre las actuaciones de investigación que se inicien al respecto en las reuniones bilaterales que mantengan.

También exigen al Gobierno la modificación de la Ley de secretos oficiales para reducir los plazos de duración de una materia como secreta o reservada y que reconozca la facultad del Congreso, del Senado y de los tribunales de tener acceso a la información que consideren necesaria reclamar.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, han guardado este martes un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los atentados del 17 de agosto de 2017 en su cuarto aniversario, ha informado Europa Press.

El acto ha tenido lugar en el Pla de l'Os de La Rambla —a la altura del Memorial— y ha consistido en un minuto de silencio acompañado de la música del Cant dels Ocells y una ofrenda floral, en la línea de lo que se hizo el año pasado, siguiendo las medidas sanitarias por la pandemia.

Ha sido un homenaje de unos 10 minutos, sin discursos, y ha dado protagonismo a las víctimas y familiares, que han sido los primeros depositar claveles blancos sobre el Pla de l'Os, el mosaico de Joan Miró en La Rambla.

Después de los familiares, han llevado sus flores los diferentes representantes políticos y los cuerpos de seguridad (Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guardia Civil y Guardia Urbana) y emergencias.

Representantes políticos

Al homenaje también han asistido la presidenta del Parlament, Laura Borràs; los consellers de Salud, Interior y de Feminismos de la Generalitat, Josep Maria Argimon, Joan Ignasi Elena y Tània Verge, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera.

Por parte de los partidos, han acudido la diputada de Podemos en el Congreso Aina Vidal; el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa; la diputada de Junts en el Parlament Aurora Madaula; el portavoz de Cs en el Parlament, Nacho Martín Blanco; el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga; la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, Y el diputado del PSC-Units Ramon Espadaler.

Del Ayuntamiento de Barcelona, además de Colau, ha asistido el primer teniente de alcalde y líder del PSC en el consistorio, Jaume Collboni; el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle; y los concejales Elsa Artadi (Junts), Jordi Coronas (ERC), Luz Guilarte (Cs), Josep Bou (PP) y Eva Parera (BCNCanvi).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no ha estado presente en el acto, ha recordado este martes a las víctimas a través de Twitter. "Hace cuatro años, Barcelona y Cambrils sufrían el terror en sus calles. Hoy, recordamos a las víctimas de estos terribles atentados con la mirada puesta en un presente y futuro de paz y convivencia", ha escrito. "Por una sociedad libre de odio y barbarie, que avanza y progresa con unidad", ha añadido en la misma publicación.

Las víctimas esperan que la Audiencia Nacional resuelva los recursos

El homenaje se ha producido mientras las víctimas esperan que la Audiencia Nacional resuelva sus recursos contra la sentencia, por la que se condenó a los responsables de los ataques por delitos de pertenencia a organización terrorista y no como autores de los asesinatos de 16 personas. El fallo de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal -que acordó penas de 53, 46 y 9 años a tres miembros de la célula yihadista- se dio a conocer el pasado 27 de mayo en una sentencia de 1.018 páginas. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación 11-M, que ejercían las acusaciones populares en la causa, anunciaron poco después su intención de recurrir la resolución.

La AVT interpuso recurso con la intención de que la sentencia sea anulada y se repita el juicio al considerar que el tribunal no se ha pronunciado sobre los cargos de asesinato terrorista que formularon ésta y otras acusaciones.

"Entendemos que debemos presentar recurso ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva", precisó la asociación en un comunicado.

Desde la AVT recriminaron la decisión de los magistrados de considerar que el delito de asesinato terrorista "no formaba parte del objeto de procedimiento al no haber sido procesados previamente por dichos hechos por parte del juzgado instructor". Pidieron que se condene a dos de los acusados como autores de los asesinatos, además de pertenencia a organización terrorista y otros delitos.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press aseguran que al menos ocho de las acusaciones particulares y tres de las defensas también han presentado recurso contra el fallo. La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo se sumó al recurso presentado por las víctimas.

Aunque las acusaciones populares se mostraron en contra del fallo, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, mostró su satisfacción por la sentencia porque -a su juicio- no solo acoge todo lo mantenido por el Ministerio Público durante el procedimiento sino porque es "un reconocimiento a las víctimas del atentado".

"Queremos que se reconozca la memoria, la verdad, la justicia, y entendemos que con la sentencia se ha conseguido", llegó a decir el respresentante del ministerio público en rueda de prensa al día siguiente de que se diera a conocer la resolución de los jueces.

Dado que las penas impuestas por el tribunal a dos de los terroristas (53 y 46 años) fueron mayores a las que solicitaba la Fiscalía, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo aseguró que estaban satisfechos y que ni siquiera ese matiz merecía crítica porque no tenían reproche alguno en contra de los magistrados.

La Fiscalía no acusó a ninguno de los tres investigados de asesinato terrorista al considerar que no tuvieron participación directa en los atentados. Discreparon en este punto con varias de las acusaciones particulares, así como con las acusaciones populares, que solicitaban para dos de los procesados la pena de prisión permanente revisable.

El juicio arrancó en noviembre de 2020 -cuando los acusados llevaban ya tres años en prisión preventiva- y se extendió durante 32 sesiones hasta febrero de 2021. La sentencia llegó justo tres meses después de que finalizara la vista oral con el turno de última palabra de los acusados, quienes insistieron en que no tenían nada que ver con la célula yihadista que atentó en Barcelona y Cambrils aquel 17 de agosto de 2017.

El fallo de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal -que acordó penas de 53, 46 y 9 años a tres miembros de la célula yihadista- se dio a conocer el pasado 27 de mayo en una sentencia de 1.018 páginas. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación 11-M, que ejercían las acusaciones populares en la causa, anunciaron poco después su intención de recurrir la resolución.

La AVT interpuso recurso con la intención de que la sentencia sea anulada y se repita el juicio al considerar que el tribunal no se ha pronunciado sobre los cargos de asesinato terrorista que formularon ésta y otras acusaciones.

"Entendemos que debemos presentar recurso ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva", precisó la asociación en un comunicado.

Desde la AVT recriminaron la decisión de los magistrados de considerar que el delito de asesinato terrorista "no formaba parte del objeto de procedimiento al no haber sido procesados previamente por dichos hechos por parte del juzgado instructor". Pidieron que se condene a dos de los acusados como autores de los asesinatos, además de pertenencia a organización terrorista y otros delitos.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press aseguran que al menos ocho de las acusaciones particulares y tres de las defensas también han presentado recurso contra el fallo. La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo se sumó al recurso presentado por las víctimas.

La fiscalía, satisfecha

Aunque las acusaciones populares se mostraron en contra del fallo, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, mostró su satisfacción por la sentencia porque -a su juicio- no solo acoge todo lo mantenido por el Ministerio Público durante el procedimiento sino porque es "un reconocimiento a las víctimas del atentado".

"Queremos que se reconozca la memoria, la verdad, la justicia, y entendemos que con la sentencia se ha conseguido", llegó a decir el respresentante del ministerio público en rueda de prensa al día siguiente de que se diera a conocer la resolución de los jueces.

Dado que las penas impuestas por el tribunal a dos de los terroristas (53 y 46 años) fueron mayores a las que solicitaba la Fiscalía, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo aseguró que estaban satisfechos y que ni siquiera ese matiz merecía crítica porque no tenían reproche alguno en contra de los magistrados.

Tres años de investigación

La Fiscalía no acusó a ninguno de los tres investigados de asesinato terrorista al considerar que no tuvieron participación directa en los atentados. Discreparon en este punto con varias de las acusaciones particulares, así como con las acusaciones populares, que solicitaban para dos de los procesados la pena de prisión permanente revisable.

El juicio arrancó en noviembre de 2020 -cuando los acusados llevaban ya tres años en prisión preventiva- y se extendió durante 32 sesiones hasta febrero de 2021. La sentencia llegó justo tres meses después de que finalizara la vista oral con el turno de última palabra de los acusados, quienes insistieron en que no tenían nada que ver con la célula yihadista que atentó en Barcelona y Cambrils aquel 17 de agosto de 2017.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas de 53, 46 y 8 años de cárcel a los tres miembros de la célula yihadista que cometió los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils en agosto de 2017, en los que murieron dieciséis personas, según informa Europa Press.

En su sentencia, los magistrados imponen una pena de 53 años y seis meses de cárcel a Mohamed Houli Chemlal y de 46 a Driss Oukabir por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito así como fabricación de sustancia o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista, y estragos en tentativa de carácter terrorista en concurso con 29 delitos de lesiones por imprudencia grave. La Audiencia condena al tercero de los acusados, Said Ben Iazza, a 8 años de cárcel por el delito de colaboración con organización terrorista y le impone, además, la inhabilitación absoluta y especial, así como y la prohibición de acercarse a Alcanar durante cinco años desde que cumpla la pena de prisión.

En la vista oral por los atentados en Cataluña el 17 y 18 de agosto de 2017, que dejó 16 víctimas mortales y más de un centenar de heridos, se juzgaba a Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said Ben Iazza para determinar el grado de implicación de los tres acusados en los atropellos masivos en al Rambla de Barcelona y el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona). El tribunal, de este modo, ha descartado condenar a los tres acusados por los asesinatos ya que no les considera autores materiales de los ataques. 

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dejado este miércoles visto para sentencia el juicio por los atentados en Cataluña el 17 y 18 de agosto de 2017, que dejó 16 víctimas mortales y más de un centenar de heridos, como recoge Europa Press.

La vista oral contra Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said Ben Iazza comenzó el pasado 10 de noviembre y tras 32 sesiones ha concluido a la espera de que el tribunal determine el grado de implicación de los tres acusados en los atropellos masivos en La Rambla de Barcelona y el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona).

Antes de dar por finalizado el juicio, los tres acusados han hecho uso de su última palabra insistiendo en que no tenían nada que ver con la célula yihadista que atentó en Barcelona y Cambrils. Houli Chemlal ha insistido en que actuó bajo amenazas de los miembros del grupo; Driss Oukabir ha asegurado que no tenía ningún interés en lo que ocurrió y que habría intentado evitarlo de conocer el plan de atentar; y Ben Iazza confía en que "las pruebas hablen por sí mismas".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide penas que van entre ocho y 41 años de prisión al entender que, aunque contribuyeron a los objetivos de la célula yihadista, ninguno de los acusados tuvieron una participación directa en los atentados.

Por ello, rechaza acusar por el delito de asesinato terrorista, discrepando así con muchas de las acusaciones particulares y, en particular, con las acusaciones populares —ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación 11-M—, que solicitan para Houli Chemlal y Oukabir la pena de prisión permanente revisable.

Uno mostró arrepentimiento y los otros dos negaron los hechos

En la primera sesión los acusados ya dejaron ver cuál sería su estrategia de defensa durante el juicio. Mohamed Houli Chemlal, único superviviente en la explosión de la vivienda de Alcanar (Tarragona), donde se prepararon los explosivos para atentar, se acogió a su derecho a no declarar, aunque mostró arrepentimiento por lo sucedido e insistió en su colaboración con la justicia.

No obstante, los otros dos acusados se limitaron a responder a sus abogados, desmarcándose de la tesis acusatoria de la Fiscalía. Así, Driss Oukabir aseguró que "jamás" había estado en Alcanar, que no es religioso y que se dedicaba a "salir de fiesta", "consumir drogas" e "ir con chicas de compañía".

Asimismo, trató de desmontar la principal línea de acusación señalando que alquiló una furgoneta días antes del atentado porque su hermano Moussa y los amigos de éste Mohamed Hichamy y Younes Abouyaaqoub —abatidos tras los atentados— le dijeron que querían hacer una mudanza.

Por su parte, Said Ben Iazza también negó los hechos de acusación y dijo que no había tenido contactos ni con el imán de Ripoll (Girona) Abdelbaki Es Satty, a quien se considera líder de la célula yihadista, ni con Alcanar.

La acusación contra él se centra en la supuesta ayuda que prestó a la célula al dejar la furgoneta con la que Younes Abouyaaqoub realizó el atropello masivo en La Rambla, así como su documentación personal para, según la Fiscalía, ocultar la verdadera identidad del comprador de los productos químicos. El acusado explicó que prestó la furgoneta porque le comentaron que querían "transportar productos de limpieza".

Declaraciones de las víctimas

A lo largo de los tres meses de juicio han pasado ante el tribunal varias víctimas de los atentados que revivieron lo ocurrido. "Mi vida cambió ese día y hasta el día de hoy no he pisado La Rambla", afirmó con voz temblorosa una de las testigos. "Todos los sentimientos que tiene uno en la vida para luchar quedaron rotos en el suelo de La Rambla", dijo Francisco Javier Martínez, padre del niño de tres años que falleció tras ser atropellado por Younes Abouyaaqoub.

Martínez, representado por los abogados Agustí Carles y Jaume Alonso-Cuevillas —diputado y abogado del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont—, ejerce una de las acusaciones particulares, que ha cuestionado parte de la investigación: duda de que el imán Es Satty muriera en la explosión de Alcanar. Una cuestión que también han puesto encima de la mesa las defensas de Houli Chemlal y Oukabir.

Todas las víctimas relataron las secuelas psicológicas que padecen desde entonces, como estrés postraumático, ansiedad, dificultad para conciliar el sueño. También lo hicieron los agentes de Mossos d'Esquadra que abatieron a Younes Abouyaaqoub en Subirats (Barcelona) y a los cinco miembros de la célula que atentaron en Cambrils.

Cambio de planes

Estas testificales completaron los testimonios de los mossos que desarrollaron la investigación abierta sobre la célula yihadista. El jefe de la unidad antiterrorista de la policía autonómica en el momento de los hechos y el instructor de los atestados policiales destacaron que de las pesquisas practicadas se concluyó que la intención era atentar el 20 de agosto en el estadio de fútbol Camp Nou, la Sagrada Familia de Barcelona y la Torre Eiffel de París.

La noticia de que la vivienda de Alcanar había saltado por los aires fue lo que provocó un cambio de planes en la célula yihadista: Younes Abouyaaqoub modificó la ruta que había iniciado y se dirigió hacia Barcelona, donde murieron 14 personas, explicó el instructor de los atestados policiales y recogió en su informe el Ministerio Público. En su huida, robó el coche de Pau Pérez, quien también falleció tras recibir una puñalada.

Horas después de lo ocurrido en La Rambla, añadió este agente, Mohamed Hichamy, su hermano Omar, Said Aalla, Moussa Oukabir y El Houssaine Abouyaaqoub fueron a Cambrils, en cuyo paseo marítimo quisieron "emular a Younes Abouyaaqoub", dejando otra víctima mortal antes de ser abatidos.

Sin embargo, para la mayoría de las acusaciones particulares y las populares, la única intención que tenía la célula era "matar y dañar", por lo que creen que la explosión de Alcanar no alteró su objetivo. Por ello creen que los acusados deben ser considerados responsables de los atentados porque participaron en los preparativos de atacar.

El tribunal también ha visionado imágenes en las que aparecen miembros de la célula yihadista preparando explosivos o duros vídeos inéditos de las cámaras de seguridad posicionadas en La Rambla de Barcelona que recogieron la trayectoria de la furgoneta. "Hace un recorrido en forma de 's' yendo a buscar donde hay más concentración de gente en La Rambla en aquel momento", describió uno de los mossos que analizó las cintas.

Las broncas del juez Guevara

El presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, ha sido uno de los protagonistas del juicio por el trato dispensado hacia los letrados. Su comportamiento llevó al Consejo General de la Abogacía Española a presentar una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que la remitió a la Audiencia Nacional y finalmente archivó.

Una de las broncas más sonadas fue la que mantuvo con el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, quien tras preguntar varias veces sobre qué no podía preguntar porque "no oía" las indicaciones del presidente, el letrado formuló protesta y agradeció la "amabilidad", algo que llevó al juez a regañarle. "La ironía a otro lado, se lo advierto. Creo que no he faltado el respeto a ninguno, si me ha pedido que hable alto es por lo que estoy hablando alto, pero a mí no se me contesta de esa forma. A mí personalmente sí, a lo que estoy representando, no. Si ahora es moda no respetar las instituciones, aquí se respetan", dijo entonces Guevara.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha confirmado su petición de penas que oscilan entre 8 y 41 años de prisión para los tres presuntos miembros de la célula yihadista que atentó en Cataluña el 17 y 18 de agosto de 2017 por delitos entre los que no se incluyen los de asesinato.

La fiscal de la Audiencia Nacional Ana Noé ha anunciado este jueves al tribunal que eleva a definitivas su petición de 41 años de prisión para Mohamed Houli Chemlal; 36 años de cárcel para Driss Oukabir y 8 años de prisión para Said Ben Iazza como colaboradores de la célula terrorista que atacó en Barcelona y Cambrils (Tarragona), informa Europa Press. 

El Ministerio Público rechaza acusar por delitos de asesinato al entender que los tres acusados no participaron directamente en los atentados aunque pertenecieran a la célula yihadista responsable de los mismos.

Se cumplen tres años del doble atentado de Barcelona y Cambrils que el 17 de agosto de 2017 acabó con la vida de 16 personas e hirió a otros cientos. La Rambla, el escenario del ataque en la capital catalana, acogió este lunes un homenaje al que acudieron el presidente de la Generalitat, Quim Torra; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que guardaron un minuto de silencio. También protagonizaron una ofrenda floral, en línea con el de hace un año, pero este año respetando las medidas de seguridad impuestas por la emergencia sanitaria del coronavirus, con todos los asistentes protegidos con mascarillas. También asistieron al homenaje el presidente del Parlament, Roger Torrent; el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; los consellers Meritxell Budó, Miquel Buch y Esther Capella, y la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera.

Por otro lado, los líderes de PSOE, PP y Ciudadanos mandaron un mensaje de recuerdo a las víctimas, con llamadas a la unidad frente al terrorismo y apelaciones a la convivencia pacífica. El líder de los socialistas transmitió a los familiares de las víctimas su "apoyo y solidaridad", enfatizando también que su recuerdo "permanecerá en la memoria". "Frente a la barbarie terrorista, unidad. Seguiremos luchando juntos por la convivencia y la paz", escribió Sánchez en un comentario en Twitter.

El presidente del PP, Pablo Casado, también tuvo un recuerdo para las víctimas y ha asegurado que se tiene que combatir el terrorismo "manteniendo la prisión permanente revisable y la Ley de Seguridad Ciudadana, sin beneficios penitenciarios y persiguiendo el enaltecimiento".

Por su parte, la líder de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, aprovechó su palabras de homenaje a las víctimas para hacer un llamamiento a la unidad "contra la barbarie". "Jamás olvidaremos a las 16 personas asesinadas y a las más de 100 heridas ese día negro. El miedo nunca vencerá", remachó.

Cerca del juicio

El juicio en la Audiencia Nacional contra los tres acusados de formar parte de la célula yihadista que atentó en Cataluña está cada vez más cerca. Pocas semanas antes del tercer aniversario de los atentados, ya se formularon los escritos de acusación tanto de la Fiscalía como de las acusaciones contra Driss Oukabir, Mohamed Houli Chemlal y Said Ben Iazza, los detenidos que, si bien no participaron directamente, sí habrían pertenecido al grupo que ideó y llevó a cabo los ataques.

Los seis supuestos autores tanto del atropello masivo en la Rambla de Barcelona como en el paseo marítimo de la localidad tarraconense de Cambrils murieron abatidos por agentes de los Mossos d'Esquadra la misma noche o en días posteriores.

Oukabir, Houli e Iazza van a cumplir tres años en prisión preventiva. Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el tribunal encargado de juzgar los hechos quiere acelerar los plazos para que la vista oral se celebre en los próximos meses, ya que si los acusados cumplen cuatro años en esta situación sin una condena –aunque no sea firme–, los tres tendrían que ser puestos en libertad provisional.

Las acusaciones coinciden en que los tres formaban parte de la célula que lideraba el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, y conocían los planes para llevar a cabo un atentado terrorista en Barcelona. Pero disienten en la calificación jurídica que se les debe atribuir en relación con los ataques, según los escritos de conclusiones provisionales consultados por Europa Press.

Mientras que la fiscal del caso, Ana Noé, está de acuerdo con el juez de instrucción en que ninguno de los tres puede ser acusado por los asesinatos cometidos el 17 de agosto de 2017, las acusaciones populares sí creen que se les pueden achacar todas las muertes causadas en Barcelona y Cambrils, aunque ellos no estuvieran en el lugar de los hechos ese día.

De este modo, el Ministerio Público pide penas que van de los 8 a los 41 años de cárcel por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos, conspiración para cometer estragos terroristas y colaboración con la célula yihadista; pero no por asesinatos terroristas.

Por su parte, las dos acusaciones populares que representan la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación 11M Afectados del Terrorismo sí incluyen los asesinatos en sus respectivos escritos de conclusiones provisionales, de los que consideran autores a Driss Oukabir y Mohamed Houli Chemlal.

Prisión permanente revisable

De ahí que la AVT reclame para los dos acusados la máxima pena prevista, prisión permanente revisable. Es la primera vez que una acusación solicita esta condena en la Audiencia Nacional, ya que desde que se reformó el Código Penal en 2015 no se han producido, salvo el de los atentados de Barcelona y Cambrils, casos en los que se contemplen peticiones de este tipo.

La asociación les reclama además más de 2.800 años a cada uno por delitos de integración en organización terrorista, 150 delitos de asesinato terrorista intentados, depósito de explosivos, estragos terroristas y lesiones. También pide que tengan prohibido acudir a Barcelona y Cambrils en un período de 10 años a iniciar desde su excarcelación.

Para el tercer procesado, Said Ben Iazza –quien fue detenido meses más tarde de los atentados en Castellón–, la AVT solicita en su escrito de conclusiones provisionales una condena de 25 años de cárcel por colaboración con organización terrorista y depósito de explosivos.

También les acusa de asesinatos terroristas la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, colectivo que aparte de ejercer acusación popular también representa a 73 víctimas de los atentados. Como acusación particular, estos afectados piden igualmente para los procesados prisión permanente revisable por los asesinatos cometidos en Barcelona y Cambrils.

Salvo la diferencia en los tipos penales atribuibles a los acusados, el relato de hechos de Fiscalía y acusaciones no difiere en lo fundamental: en 2015 se constituyó una célula yihadista con la finalidad última de perpetrar un atentado terrorista en España y que estaba formada por jóvenes de origen marroquí residentes en la localidad gerundense de Ripoll.

El cabecilla y líder espiritual era Abdelbaki Es Satty, el imán que falleció en la explosión de la vivienda de Alcanar un día antes de los ataques donde la célula hacía acopio de decenas de bombonas de butano para atentar. Esta deflagración, en la que resultó herido Houli, fue el detonante que hizo que los jóvenes cambiaran sus planes y decidieran llevar a cabo el atropello en la Rambla.

Fiscalía y acusaciones sitúan a Oukabir y Houli en la casa de Alcanar y en el traslado hasta allí de sustancias explosivas. Al primero se le relaciona con el alquiler de la furgoneta que luego se utilizó para el atropello en Barcelona.

Mientras, a Said Ben Iazza se le acusa de prestar a Younes Abouyaaqoub una furgoneta que era propiedad de su tío, que utilizaba en su negocio de alimentación, "a sabiendas de que iba a ser usada para la adquisición y transporte de productos químicos".

Reorganización de víctimas y acusaciones

La instrucción de la causa finalizó un año y dos meses después de los atentados, si bien los escritos de conclusiones provisionales de las partes se han hecho esperar debido al recuento real de víctimas –más allá de los 16 fallecidos– y después por la organización de las acusaciones particulares.

En el primer caso, el instructor solicitó informes médicos de personas que se decían víctimas directas de los atentados de la célula yihadista y rechazó la personación de algunas de ellas argumentando que los forenses no habían podido establecer la relación causa-efecto entre el ataque y las presuntas lesiones de naturaleza psíquica referidas por los recurrentes.

En el segundo caso, fue la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, la que se encargará de juzgar los hechos, la que tuvo que poner orden en las acusaciones particulares y reorganizar para, por ejemplo, acumular a varios afectados en una misma personación, incluir a otros que habían quedado fuera o descartar aquellos que el tribunal no considera como afectados directos porque así lo determinó el juez instructor.

A finales de abril de 2020, tres meses antes de que la Sala emitiera su auto en el que envía a juicio a los tres acusados, la causa acumulaba 14 acusaciones particulares y dos populares. Queda pendiente conocer la fecha en que comenzará este esperado juicio.

El juicio en la Audiencia Nacional contra los tres acusados de formar parte de la célula yihadista que atentó en Cataluña el 17 de agosto de 2017 está cada vez más cerca, justo cuando se cumplen tres años de la matanza que dejó 16 fallecidos y cientos de heridos en las calles de Barcelona y Cambrils.

Pocas semanas antes del tercer aniversario de los atentados, ya se formularon los escritos de acusación tanto de la Fiscalía como de las acusaciones contra Driss Oukabir, Mohamed Houli Chemlal y Said Ben Iazza, los detenidos que, si bien no participaron directamente, sí habrían pertenecido al grupo que ideó y llevó a cabo los ataques.

Los seis supuestos autores tanto del atropello masivo en la Rambla de Barcelona como en el paseo marítimo de la localidad tarraconense de Cambrils murieron abatidos por agentes de los Mossos d'Esquadra la misma noche o en días posteriores.

Oukabir, Houli e Iazza van a cumplir tres años en prisión preventiva. Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el tribunal encargado de juzgar los hechos quiere acelerar los plazos para que la vista oral se celebre en los próximos meses, ya que si los acusados cumplen cuatro años en esta situación sin una condena –aunque no sea firme–, los tres tendrían que ser puestos en libertad provisional.

Diferencias en la calificación jurídica

Las acusaciones coinciden en que los tres formaban parte de la célula que lideraba el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, y conocían los planes para llevar a cabo un atentado terrorista en Barcelona. Pero disienten en la calificación jurídica que se les debe atribuir en relación con los ataques, según los escritos de conclusiones provisionales consultados por Europa Press.

Mientras que la fiscal del caso, Ana Noé, está de acuerdo con el juez de instrucción en que ninguno de los tres puede ser acusado por los asesinatos cometidos el 17 de agosto de 2017, las acusaciones populares sí creen que se les pueden achacar todas las muertes causadas en Barcelona y Cambrils, aunque ellos no estuvieran en el lugar de los hechos ese día.

De este modo, el Ministerio Público pide penas que van de los 8 a los 41 años de cárcel por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos, conspiración para cometer estragos terroristas y colaboración con la célula yihadista; pero no por asesinatos terroristas.

Por su parte, las dos acusaciones populares que representan la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación 11M Afectados del Terrorismo sí incluyen los asesinatos en sus respectivos escritos de conclusiones provisionales, de los que consideran autores a Driss Oukabir y Mohamed Houli Chemlal.

Prisión permanente revisable

De ahí que la AVT reclame para los dos acusados la máxima pena prevista, prisión permanente revisable. Es la primera vez que una acusación solicita esta condena en la Audiencia Nacional, ya que desde que se reformó el Código Penal en 2015 no se han producido, salvo el de los atentados de Barcelona y Cambrils, casos en los que se contemplen peticiones de este tipo.

La asociación les reclama además más de 2.800 años a cada uno por delitos de integración en organización terrorista, 150 delitos de asesinato terrorista intentados, depósito de explosivos, estragos terroristas y lesiones. También pide que tengan prohibido acudir a Barcelona y Cambrils en un período de 10 años a iniciar desde su excarcelación.

Para el tercer procesado, Said Ben Iazza –quien fue detenido meses más tarde de los atentados en Castellón–, la AVT solicita en su escrito de conclusiones provisionales una condena de 25 años de cárcel por colaboración con organización terrorista y depósito de explosivos.

También les acusa de asesinatos terroristas la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, colectivo que aparte de ejercer acusación popular también representa a 73 víctimas de los atentados. Como acusación particular, estos afectados piden igualmente para los procesados prisión permanente revisable por los asesinatos cometidos en Barcelona y Cambrils.

Salvo la diferencia en los tipos penales atribuibles a los acusados, el relato de hechos de Fiscalía y acusaciones no difiere en lo fundamental: en 2015 se constituyó una célula yihadista con la finalidad última de perpetrar un atentado terrorista en España y que estaba formada por jóvenes de origen marroquí residentes en la localidad gerundense de Ripoll.

El cabecilla y líder espiritual era Abdelbaki Es Satty, el imán que falleció en la explosión de la vivienda de Alcanar un día antes de los ataques donde la célula hacía acopio de decenas de bombonas de butano para atentar. Esta deflagración, en la que resultó herido Houli, fue el detonante que hizo que los jóvenes cambiaran sus planes y decidieran llevar a cabo el atropello en la Rambla.

Fiscalía y acusaciones sitúan a Oukabir y Houli en la casa de Alcanar y en el traslado hasta allí de sustancias explosivas. Al primero se le relaciona con el alquiler de la furgoneta que luego se utilizó para el atropello en Barcelona.

Mientras, a Said Ben Iazza se le acusa de prestar a Younes Abouyaaqoub una furgoneta que era propiedad de su tío, que utilizaba en su negocio de alimentación, "a sabiendas de que iba a ser usada para la adquisición y transporte de productos químicos".

Reorganización de víctimas y acusaciones

La instrucción de la causa finalizó un año y dos meses después de los atentados, si bien los escritos de conclusiones provisionales de las partes se han hecho esperar debido al recuento real de víctimas –más allá de los 16 fallecidos– y después por la organización de las acusaciones particulares.

En el primer caso, el instructor solicitó informes médicos de personas que se decían víctimas directas de los atentados de la célula yihadista y rechazó la personación de algunas de ellas argumentando que los forenses no habían podido establecer la relación causa-efecto entre el ataque y las presuntas lesiones de naturaleza psíquica referidas por los recurrentes.

En el segundo caso, fue la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, la que se encargará de juzgar los hechos, la que tuvo que poner orden en las acusaciones particulares y reorganizar para, por ejemplo, acumular a varios afectados en una misma personación, incluir a otros que habían quedado fuera o descartar aquellos que el tribunal no considera como afectados directos porque así lo determinó el juez instructor.

A finales de abril de 2020, tres meses antes de que la Sala emitiera su auto en el que envía a juicio a los tres acusados, la causa acumulaba 14 acusaciones particulares y dos populares. Queda pendiente conocer la fecha en que comenzará este esperado juicio.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado este jueves la apertura de juicio oral contra Mohamed Houli Chemal, Driss Oukabir y Said Ben Iazza, los tres presuntos miembros de la célula terrorista que cometió los atentados de Cataluña en agosto de 2017.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Tercera confirma la conclusión del sumario por los delitos que incluyó el juez instructor en su auto de procesamiento, que son integración en organización terrorista, fabricación, tenencia y depósito de explosivos y delito de estragos en grado de tentativa.

De este modo, el tribunal que preside el magistrado Alfonso Guevara rechaza la pretensión de algunas acusaciones particulares y de las dos populares –la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo– de devolver el sumario al juez para que procesara también a los imputados por los 16 asesinatos que cometió la célula en la Rambla de Barcelona y en la localidad de Cambrils (Tarragona).

No hay indicios de que conociesen nuevos planes

El instructor reconocía en su auto de procesamiento que el objetivo de la célula terrorista a la que supuestamente pertenecían los tres imputados era el de cometer varios atentados mediante el uso del explosivo que estaban fabricando en la vivienda de Alcanar (Tarragona), pero la explosión que se produjo el 16 de agosto en ese lugar "frustró e imposibilitó la posibilidad de seguir adelante con los planes terroristas trazados".

Así, el magistrado concluía que no hay indicios de que Houli, Oukabir e Iazza hubieran conocido o participado en los nuevos planes delictivos adoptados por el resto de los integrantes de la célula, todos ellos abatidos tras la comisión de los atentados.

La Sala rechaza la pretensión de las acusaciones de incluir los asesinatos explicando que cuando finaliza la investigación impera el principio acusatorio y se debe garantizar la "necesaria imparcialidad" de la sala sentenciadora, de ahí que "salvo clamorosas omisiones" de hechos imputables, "no deba hacerse uso de la facultad de ordenar el procesamiento o la ampliación del mismo mediante la atribución a los procesados de hechos que no les fueron imputados en el auto del juzgado".

Perderían su imparcialidad

Los magistrados recuerdan que en el auto de procesamiento el instructor excluyó expresamente la participación de los tres procesados en los hechos acontecidos en Barcelona o Cambrils y que si el tribunal ordenara ampliar a esas imputaciones estarían valorando aún provisionalmente los indicios racionales de criminalidad, lo que les haría perder la necesaria imparcialidad.

"En definitiva, la Sala no va a ordenar el procesamiento de Mohamed Houli Chemlal y de Driss Oukabir por los hechos de Barcelona en la tarde del 17 de agosto de 2017, ni por los acaecidos en Cambrils a primera hora del 18 de agosto de 2017, lo que no excluye que, tanto en la búsqueda de la verdad material como en orden a la reparación de las víctimas y, además, para establecer la participación que en los otros hechos comprendidos en el factum del auto de procesamiento hayan podido tener los procesados las conclusiones de las partes acusadoras los comprendan", indica el auto.

No obstante, la Sala abre la posibilidad en su resolución a que los escritos de conclusiones de las acusaciones sí puedan incluir otros delitos estragos terroristas consumados y asesinatos en tentativa o lesiones de carácter terrorista por los hechos ocurridos un día antes en la explosión de la casa de Alcanar, donde la célula almacenaba bombonas de butano como parte de su plan para atentar.

El tribunal argumenta que la prohibición de incluir en el escrito de conclusiones hechos que no han sido objeto de imputación a los procesados no conduce a la exigencia de una exactitud fáctica entre la resolución inculpatoria y la acusación.

Por ello, siempre que las calificaciones no sean sobre hechos no imputados pueden variar y comprender posibles concursos, por lo que el tribunal recoge las distintas alternativas de las acusaciones, entre ellas las posibles consecuencias lesivas, personales y materiales de la explosión del material almacenado en la casa de Alcanar que podría suponer la existencia de un concurso de delitos como entienden varias de las acusaciones personadas.

En el mismo sentido, el auto de la Sección Tercera explica también la posibilidad de que las acusaciones imputen a Said Ben Iazza delitos por integración o simple colaboración en su escrito de conclusiones.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado por concluida la investigación de los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017, que causaron 16 muertos y 300 heridos, por lo que ha enviado el sumario a la Sala de lo Penal para que los tres procesados, Driss Oukabir, Mohamed Houli Chemlal y Said Ben Iazza, sean juzgados.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 procesa a Oukabir y Houli por los delitos de integración en organización terrorista, fabricación, tenencia y depósito de explosivos y estragos en grado de tentativa. A Iazza, quien fue detenido meses después de los ataques en Castellón, le atribuye el delito de colaboración en organización terrorista.

Sin embargo, a ninguno de los tres los procesa por los 16 asesinatos ocurridos durante los atentados, ya que no ve suficientes indicios para afirmar que tuviesen una participación directa.

El juez de la Audiencia Nacional Audiencia NacionalJosé Luis Calama no investigará los supuestos vínculos entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el cerebro de los atentados de Cataluña de agosto de 2017, el que fuera imán de Ripoll, que fueron publicados este verano, ya que considera que no resulta "ni relevante ni necesario" para la investigación de los hechos, informa Europa Press.

Fue el padre de un menor asesinado en el atentado el que presentó un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número 4 solicitando que el magistrado investigara la información del diario Público.es sobre la posibilidad de que Abdelbaki es Satty hubiese sido confidente de los servicios secretos hasta el día del ataque.

Calama pidió entonces informe a la Fiscalía, que analizó una por una las diligencias de investigación que solicitaba el padre del menor en su escrito, rechazando todas y cada una de ellas con argumentos que el juez hace "íntegramente" suyos, según expone en el auto adelantado por El País.

Así, en primer lugar, ve "innecesaria" la declaración del subdirector general de Instituciones Penitenciarias, pues esta institución ya remitió información sobre las cuatro "entrevistas policiales" realizadas a Es Satty en 2012 y 2014 cuando estuvo en prisión, junto lo cual aportó los números profesionales de los agentes encargados de las mismas.

En cuanto a la testifical de esos agentes, considera que "dichos encuentros entran dentro de la labor de investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el cometido que le es encomendado en la prevención de delitos graves que afectan a la seguridad pública, enmarcándose en un período temporal en el que ni siquiera existe constancia de la formación del grupo terrorista" responsable de los atentados de Cataluña de 2017. Sobre otras declaraciones solicitadas en el escrito, recuerda que ya se tomaron.

El padre del menor fallecido también pedía que se requiriera al CNI los informes que "pudieran estar en su poder", pero el magistrado responde que "excede del ámbito de investigación del presente procedimiento, sin que en la causa se haya puesto de manifiesto indicio alguno relativo a ello ni relación" con las tres personas que ya han sido procesadas como miembros de la célula terrorista que atentó en Barcelona y Cambrils -Driss Oukabir, Mohamed Houli Chemlal y Said Ben Iazza-.

Además, Calama rechaza el planteamiento sobre los movimientos de la célula y sus comunicaciones internas porque estos datos ya se han podido ir "recomponiendo con la información obtenida de la cooperación internacional y la que se ha revelado con el análisis pericial de los numerosos dispositivos electrónicos intervenidos".

En cuanto a la cuenta de correo electrónico adamperez27177, el juez insiste en que "se encontró en una nota hallada en la casa de Alcanar" y ya fue investigada. Aunque reconoce que hubo una conexión a esa cuenta el 18 de agosto de 2017, es decir, un día después de los atentados, también indica que la empresa Google ya "comunicó que no disponían de los datos solicitados, puesto que los guardaban 180 días".

Para el magistrado, "todo ello pone de manifiesto el rigor y esfuerzo llevado a cabo en la investigación de los hechos objeto de las actuaciones y en la averiguación de la responsabilidad criminal de las personas procesadas y de terceras personas que hubieran podido colaborar en la comisión de los graves atentados terroristas que motivaron la incoación de la presente causa".

Por todo ello, Calama comparte con el Ministerio Público que "no se consideran necesarias las diligencias solicitadas, algunas por haber sido ya practicadas y otras por carecer de fundamento". En todo caso, esta resolución del juez puede ser recurrida.

Unas víctimas enfrentadas, una tragedia inundada por la política y un juicio pendiente. Eso es lo que queda cuando se cumplen dos años del doble atentado yihadista en Cataluña que acabó con la vida de 16 personas y dejó heridas a otras 137 en Barcelona y en Cambrils. Al igual que hace 12 meses, este sábado las víctimas tendrán su homenaje, pero con un matiz. Habrá dos actos. Uno a las 10:00 horas organizado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Unitat d'Atenció y Valoració a Afectats per Terrorisme (UAVAT); y otro una hora y media más tarde promovido por la Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT).

Pero esta división no es casual, sino política. UAVAT entiende que el Ministerio del Interior ha dejado "abandonadas" a las víctimas. En cambio, José Vargas, presidente de ACVOT, acusa al Consistorio barcelonés y a UAVAT de estar relacionados con el independentismo y critica la institución dirigida por Ada Colau exigiera al Congreso de los Diputados abrir una comisión de investigación para esclarecer las supuestas relaciones entre los ataques y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre las que informó el diario Público.

Tras publicarse estas noticias, los partidos independentistas comenzaron a pedir explicaciones. ERC y JxCAT acusaron al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez de falta de transparencia. "No podemos entender por qué hay gente que tiene miedo a saber estas y otras muchas preguntas. No podemos dar por bueno el silencio", dijo la portavoz de JxCAT, Elsa Artadi, el mismo día que se aprobó la proposición para solicitar la comisión, el pasado 5 de agosto. Desde el Ejecutivo central, no obstante, rechazaron las acusaciones. La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celáa, manifestó que la investigación de los atentados se encuentra en el ámbito judicial y que, por tanto, el Gobierno "se atiene y respeta" sus decisiones. "Estamos obviamente cumpliendo todas nuestras obligaciones en cuanto a colaboración, pero estamos a lo que digan los tribunales", dijo. 

El clima político que impera en Cataluña, por tanto, estará presente en los homenajes de este sábado. Pero no será la primera vez. El año pasado, durante los actos del primer aniversario de los atentados, hubo momentos de tensión entre miembros de los CDR y de la Unión Monárquica Española. Los enfrentamientos alcanzaron tanta crudeza que, de hecho, los Mossos d'Esquadra tuvieron que desplegarse para separar a los dos grupos. Eso es algo que, previsiblemente, no ocurrirá esta vez. No obstante, aunque el enfrentamiento no sea visible, continuará estando.

Según explica Vargas en conversación con infoLibre, el Ayuntamiento y la Generalitat no quieren hacer un acto con las víctimas porque no se sienten cómodos. Además, afirma que las víctimas que acudirán al homenaje organizado a las 10.00 horas están "manipuladas". Porque los datos referentes a ellas manejados por UAVAT, dice Vargas, son falsos. Y son, en su opinión, una "manipulación" dirigida a mantener encendida "la llama del enfrentamiento y la confrontación con el Estado español".

El pasado 31 de julio, UAVAT ofrecía una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Barcelona para denunciar que el Ministerio del Interior había denegado el 82% de las solicitudes presentadas por los afectados de los atentados del 17A. Por ese motivo, la presidenta de la entidad, Sara Bosch, aseguró que hace falta una reflexión. Muchas de las denegaciones, denunció, se habían producido porque las víctimas no constan "en el listado de heridos aportado por la Generalitat" o porque no había "quedado acreditada su presencia en el lugar de los hechos". 

Vargas, por su parte, tiene un discurso bien distinto. "La gran mayoría de víctimas de ese atentado ya están reconocidas e incluso han cobrado las indemnizaciones correspondientes", asegura. "Lo único que falta", continúa, "es reconocer a otras víctimas pendientes de valoraciones". "Pero no están abandonadas ni nada por el estilo", añade. Eso es sólo un argumento "que está diciendo de forma interesada el Ayuntamiento de Barcelona". 

Fuentes del Consistorio informan a infoLibre que su acto de homenaje no contará con ningún tipo de discurso político. Será, confirman, "un acto muy escueto". No obstante, habrá presencia política. Aunque se limitará a eso, a una presencia. Entre otras personalidades, el Ayuntamiento informa de que acudirá la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau; la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; el presidente del Senado, Manuel Cruz; regidores de la institución, consellers y diputados del Parlament. Desde UAVAT hacen hincapié en que este sábado es el día de las víctimas, y eso no puede quedar empañado por ningún discurso ni comportamiento "tóxico". "Es su día y vamos a estar con ellos", insisten. Rechazan, de este modo, que los actos de homenaje tengan cualquier matiz político. 

Al organizado por ACVOT, por su parte, está previsto que acudan el exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo (PP), y mandos de la Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana de Barcelona. 

El enfrentamiento político

El pasado 15 de julio, Público difundió la primera información relativa al supuesto vínculo entre el CNI y los atentados. Al día siguiente comenzaron las reacciones. El president de la Generalitat, Quim Torra, y los grupos de ERC y JxCAT reclamaron explicaciones urgentes y una comisión de investigación para esclarecer lo publicado. "Es un escándalo gravísimo. Exigimos explicaciones al Gobierno español y que se asuman las más altas responsabilidades", escribió el líder del Ejecutivo autonómico en su cuenta personal de Twitter. Su antecesor en el cargo, Carles Puigdemont, hizo lo propio. Y las demandas en este sentido se produjeron hasta este mismo viernes, cuando el exconseller de Interior Joaquim Forn, en prisión preventiva por el procès, aseguró en una entrevista concedida al diario Ara que lo desvelado por Público "son datos importantes que no se pueden quedar en el cajón". "Están bien fundamentados y requieren una respuesta urgente de los servicios de inteligencia españoles", añadió. Pero la más dura fue la exdiputada de la CUP Mireia Boya: "¿Qué queréis negociar con un Estado que elige un atentado para parar un referéndum? ¿Qué? Explicádmelo", escribió en Twitter. 

Las exigencias de explicaciones llegaron hasta tal punto que el pasado 5 de agosto el pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó instar al Congreso de los Diputados a impulsar una comisión de investigación. Una proposición que salió adelante con los votos a favor de ERC, JxCAT y de los comuns. Votaron en contra, por su parte, los diputados del PSC, de BCN pel Canvi —la plataforma de Manuel Valls inicialmente ligada a Ciudadanos—, Ciudadanos y PP. Todas ellas formaciones que rechazaron lo que bautizaron como "teorías de la conspiración". 

Así lo dijo la concejala de los socialistas catalanes, Laia Bonet, que instó a actuar con responsabilidad y pidió alejarse de las teorías de la conspiración y acercarse a las víctimas, las "grandes olvidadas". Valls, por su parte, tachó el pleno de espectáculo y de intento de manipulación de una institución pública. A su juicio, los partidos convocantes de la petición no tenían "ningún interés en clarificar la situación". El portavoz del PP, Josep Bou, fue un poco más allá y pidió la unidad "de todas las fuerzas del Estado y de la sociedad civil" frente al terrorismo. Y Luz Guilarte, portavoz de la formación naranja, calificó el pleno de "espectáculo bochornoso para vincular al Estado con la matanza". 

El Gobierno en funciones, por su parte, rechazó las acusaciones procedentes del sector independentista. Prefieren esperar, aseguró Celáa, a que se resuelva el procedimiento judicial que está en marcha.

Una instrucción casi finalizada

El juicio todavía no ha llegado, pero la instrucción está casi finalizada, según informó Europa Press. Hay tres procesados en prisión: Driss Oukabir, Mohamed Houli Chemlal y Said Ben Iazza. Todos ellos serán juzgados por varios delitos, pero ninguno por asesinato. El juez de la Audiencia Nacional, que comenzó investigando el caso, procesó el pasado mes de octubre a Oukabir, que presuntamente alquiló la furgoneta utilizada en el atropello masivo en Barcelona; a Houli Chemlal, que resultó herido cuando la casa de Alcanar saltó por los aires la noche anterior a los atentados, por los delitos de integración en organización terrorista, fabricación, tenencia y depósito de explosivos y estragos en grado de tentativa; y a Said Ben Iazza –detenido en septiembre de 2017 en Vinarós (Castellón)– por un delito de colaboración con organización terrorista por su posible relación con la compra y el traslado del material con el que se fabricó el explosivo conocido como madre de Satán y que se pretendía emplear para atentar en Barcelona.

El magistrado asegura que los tres formaban parte de la célula yihadista, pero considera que no puede atribuir a ninguno de ellos los 16 asesinatos ocurridos en los atentados de Barcelona y Cambrils, como piden las acusaciones populares, ya que no ve indicios suficientes para afirmar que tuvieron una participación directa en los hechos. Quien sí la tuvo fue el conductor de la furgoneta que arrolló a las personas que se encontraban en Las Ramblas de Barcelona ese 17 de agosto. Se trata de Youness Abouyaaquob, quien consiguió escapar a pie del centro de Barcelona, pese a la operación Jaula que la policía había activado para encontrar a los autores del atentado. No obstante, Abouyaaquob robó un coche para continuar con su huida, apuñalando y asesinando antes a Pau Pérez, dueño del vehículo. Este terrorista estuvo en busca y captura durante cuatro días hasta que finalmente los Mossos le encontraron escondido entre unos viñedos cercanos a Subirats (Barcelona). Fue abatido después de que mostrase un cinturón de explosivos, que resultó ser simulado.

Otros cuatro terroristas murieron en Cambrils. La madrugada del 18 de julio, horas después del ataque de Barcelona, un coche con cinco personas en su interior, también con cinturones de explosivos falsos y armados con cuchillos y hachas, esquivaron un control policial y consiguieron entrar en el paseo marítimo de Cambrils. Tras abrir fuego contra ellos, el vehículo volcó y sus ocupantes salieron de él tratando de apuñalar a los transeúntes. Mataron a una mujer. Un agente logró abatir a cuatro de los terroristas y el quinto murió tras resultar herido. Eran Moussa Oukabir, Omar y Mohamed Hychamy, Said Aalla y Houssaine Abouyaaquob, quienes llevaban consigo un pañuelo rojo –como también hicieron los yihadistas de los atentados de París– en honor al conocido como el "guerrero del pañuelo rojo", Abu Dujana, coetáneo del profeta Mahoma, que se cubría la cabeza con esta prenda antes de entrar en combate.

El doble atentado y sus consecuencias en la seguridad

Además de dejar consecuencias políticas y judiciales, el doble atentado de Cataluña influyó en la manera de entender la seguridad en las ciudades. Chema Gil, director del departamento de estudios sobre terrorismo del Instituto de Seguridad Global, explica en conversación con infoLibre que, aunque antes de ese fatídico 17 de agosto las ciudades ya invertían en medidas de seguridad en aquellas ocasiones donde se preveía una gran afluencia de ciudadanos, estos ataques redoblaron la prevención. Y no sólo en las ciudades, sino también en algunos municipios más pequeños. La explicación radica en que el de Cataluña estuvo precidido por otros atentados fuera de las grandes capitales, como en Niza. "Ahora sabemos que cualquier espacio donde se desenvuelva la vida de los ciudadanos puede ser objeto de ataque", explica. 

"A partir del ataque se Barcelona se toma una mayor conciencia. La seguridad se ha sistematizado más", dice Gil. Y la fórmula más utilizada ha sido la de la colocación de los conocidos bolardos. "Ya no sólo son maceteros, ahora también se usan medios móviles, que permiten agrandar la zona urbana a proteger", continúa. 

Pero lo que no ha funcionado, denuncia, es la prevención de la radicalización. "El Estado dispone de un plan estratégico nacional de prevención de la radicalización violenta de cualquier tipo. Pero sólo el Ayuntamiento de Málaga lo ha desplegado, y entre 12 y 18 consistorios están llevando a cabo algunos avances", explica. Y sin ahondar en las soluciones a largo plazo, es complicada la lucha contra el terrorismo, concluye. 

El Centro Nacional de Inteligencia tenía bajo vigilancia a los discípulos del imán de Ripoll, al menos una semana antes de que cometieran los atentados de Las Ramblas y Cambrils, según ha revelado el diario Público. Así se desliza de uno de los informes que el propio CNI facilitó a los distintos cuerpos policiales y a la Fiscalía, en el que se revela que los espías españoles estuvieron escuchando en vísperas del atentado las conversaciones que mantenían por teléfono móvil los terroristas. 

Ese informe, al que ha tenido acceso Público, describe el viaje que realizaron a París Omar Hichamy y el autor material de la masacre por atropello en Las Ramblas, Younes Abouyaaqoub. Ese viaje tuvo lugar cuatro días antes del atentado, lo que da prueba de que los servicios secretos españoles estaban vigilando de cerca todos los movimientos de los terroristas. 

Como se revela, el espionaje que sometieron a los terroristas no se limitaba a hacer "tarificaciones telefónicas" --esto es, geolocalización de los móviles, registro del tráfico de llamadas e identificación de los accesos a Internet--, sino que se dedicaron a transcribir e intervenir todas sus conversaciones telefónicas, algo para lo que se necesitan más recursos, teniendo en cuenta también que se contara con Abdelbaki es Satty, cabecilla de la célula, como confidente. Hasta el día siguiente de la matanza en Las Ramblas, el 18 de agosto, no se borró la ficha de Es Satty como informador del registro del CNI.