Pedro Sánchez asume la responsabilidad de la repetición electoral, pero no la culpa. Sobre la culpabilidad mantiene una disputa con Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Los tres aseguran estar convencidos de que el líder del PSOE siempre quiso volver a votar.

Sea o no un acto deliberado, el propio Sánchez definió la convocatoria del 10 de noviembre como “una oportunidad”. En su caso, una ocasión de reforzar el resultado del 28 de abril para ayudarle a torcer el brazo de Unidas Podemos y conseguir que acepte un acuerdo programático en vez de un Gobierno de coalición.

Volver a votar para salir reforzado, sin embargo, no siempre es buena idea. En los últimos años se han multiplicado los ejemplos de convocatorias imprevistas que se han vuelto contra sus patrocinadores. Como advirtió Casado a Sánchez el miércoles en el Congreso, “las elecciones las carga el diablo”.

  El patinazo Artur Mas (2012)

El último presidente de la Generalitat de Convergència i Unió (CiU), Artur Mas, creyó que si adelantaba las elecciones, en noviembre de 2012, sería capaz de capitalizar el descontento soberanista y transformar su amplia mayoría relativa (62 escaños) en mayoría absoluta (68 diputados). Ganó en las cuatro provincias, en la capital y en todas las comarcas —salvo el Baix Llobregat— pero en vez de aumentar su presencia en el Parlament lo perdió: sumó apenas 50 diputados.

Artur Mas.

Igual que Sánchez está haciendo ahora, Mas basó su campaña en pedir a los catalanes una “mayoría excepcional”, lo que hizo aún más profundo el correctivo de las urnas.

CiU venía de hacer historia en las elecciones municipales de 2011 —por vez primera fue el partido más votado en Cataluña en unas locales, se hizo con las cuatro diputaciones provinciales y con el Ayuntamiento de Barcelona— y en las generales de ese mismo año logró ser la primera fuerza política.

Aquel resultado fue el principio del fin de Convergència. En las elecciones siguientes, en 2015, CiU se presentó dentro de la coalición independentista Junts pel Sí y Mas acabó teniendo que ser sacrificado a petición de la CUP en aras de la supervivencia del proyecto soberanista. Su sustituto, Carles Puigdemont, consumó la declaración de independencia y sentó las bases de la práctica desaparición del proyecto convergente.

  La miopía de David Cameron (2016)

El primer ministro británico acababa de ganar las elecciones en su país por mayoría absoluta y el no a la secesión en Escocia se había impuesto en referéndum impecable. Se sentía fuerte. Pero había prometido someter a referéndum la permanencia de su país en la Unión Europea, convencido de que también sería capaz de inclinar la opinión de sus conciudadanos hacia el sí y zanjar definitivamente el contencioso con los euroescépticos del Partido Conservador.

David Cameron.

Pero los partidarios de romper con Europa ganaron el referéndum. Contra pronóstico y por estrecho margen. Cameron, cabeza visible de los que defendía la permanencia, no tuvo más remedio que dimitir.

Sus planes para transformar en cinco años el Reino Unido naufragaron sin remedio. En vez de ese viaje, el país inició otro hacia un debate permanente e imposible de resolver entre los partidarios de consumar la salida de la UE y quienes reclaman un segundo referéndum. Por el camino, la crisis política británica ya ha acabado con otra primera ministra, Theresa May, y ahora navega hacia un Brexit desordenado de la mano de Boris Johnson.

Mientras tanto, el Partido Conservador, uno de los pilares el sistema político en el Reino Unido, vive la peor crisis de su historia, amenazado por dos flancos: los liberal demócratas, partidarios de la permanencia, y los brexiteers, decidido a sacar como sea a su país de la Unión Europea.

  La imprevisión de Juan Manuel Santos (2016)

Cuando el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirmó el acuerdo de paz con las FARC para poner fin a décadas de violencia, no se resignó. Quiso dar un paso más y obtener el refrendo de la población del país para así zanjar, con todos los certificados de validez, un conflicto armado que ha dejado profundas huellas de sufrimiento en la sociedad.

Juan Manuel Santos.

“Nunca antes nuestros ciudadanos habían tenido a su alcance la llave del futuro. ¡Abramos esa puerta! ¡Abramos la puerta del mañana!”, anunció con entusiasmo, sin sospechar que dos meses después los colombianos responderían con un ‘no’.

El 3 de octubre de 2016 los contrarios a los términos del acuerdo se impusieron a los partidarios por un exiguo 50,23%. El shock fue completo: el propio presidente Santos tuvo que admitir que no tenía previsto un plan B y acabó teniendo que renegociar parcialmente el acuerdo de paz que hasta ese momento consideraba imposible de modificar.

Santos obtuvo el Premio Nobel de la Paz por los acuerdos, pero acabó su mandato en 2018 con uno de los niveles más bajos de aprobación popular de la historia de Colombia (22%).

  El órdago de Matteo Renzi (2016)

La joven promesa del Partido Demócrata Italiano (PDI), procedente de la Alcaldía de Florencia, se convirtió en primer ministro de su país en febrero de 2014 con el índice más alto de aprobación popular de Italia.

Matteo Renzi.

El suyo fue el cuarto gobierno más duradero de la historia de Italia —aunque no llegó a los tres años—. En la cresta de la ola y sintiéndose fuerte después de obtener un 40% de los votos en las elecciones europeas, en diciembre de 2016 vinculó su futuro, sin que nadie se lo pidiese, a una ambiciosa reforma constitucional destinada a transformar el Senado de Italia en una Cámara de las Regiones. Votó un 65,47% del censo electoral y el ‘no’ se impuso con una diferencia de 5,9 millones de sufragios, un margen amplísimo.

Tras confirmarse el resultado, Renzi anunció su renuncia como primer ministro, que redondeó el pasado diciembre abandonando el liderazgo del PDI después de dejar el partido fuera de juego tras unas elecciones que dieron paso a una alianza entre el Movimiento 5 Estrellas y La Liga. Ahora trata de regresar a la política con un nuevo partido con el que busca emular el éxito de Emmanuel Macron en Francia.

  La ambición de Theresa May (2017)

En junio de 2015, la primera ministra británica, Theresa May, creyó que era buena idea anticipar las elecciones para reforzar la posición de los conservadores en el Parlamento británico y allanar así el camino del Brexit.

Theresa May.

El laborismo estaba dividido, tras la llegada a su liderazgo de Jeremy Corbyn, May disfrutaba de una notable ventaja de 20 puntos en todas las encuestas y la primera ministra creyó ver una oportunidad.

La diferencia, sin embargo, se fue diluyendo a medida que se acercaba la fecha de la votación. El Partido Conservador ganó, pero no sólo no mejoró posiciones sino que perdió la mayoría absoluta que tenía en un momento clave de las negociaciones con Bruselas para la salida de la Unión Europea. Los británicos negaron a May el “periodo de estabilidad” que ella reclamaba para sacar al Reino Unido con buen pie del lío del Brexit.

Pese a todo, la primera ministra británica logró sobrevivir gracias a un acuerdo con los unionistas de Irlanda de Norte. Al final, su propio partido entró en descomposición y acabó dimitiendo el pasado mes de junio, incapaz de resolver la salida de la Unión Europea.

  La suficiencia de Susana Díaz (2018)

La presidenta andaluza no quiso agotar su mandato para que sus elecciones no se viesen contaminadas por las generales en las que Pedro Sánchez debería validar en las urnas la arriesgada moción de censura que sacó de La Moncloa a Mariano Rajoy en junio de 2018. Lo hizo en nombre de la necesidad de estabilidad para gobernar: Ciudadanos había roto su pacto de gobierno con el PSOE y el trámite de los Presupuestos se presentaba incierto.

Susana Díaz.

El PSOE andaluz, el más poderoso de España, llevaba gobernando la comunidad autónoma desde que se fundó, en los primeros años de la transición. Cuando decidió anticipar las elecciones al mes de diciembre nadie discutió la estrategia de Díaz. Además de distanciarse de Sánchez, en esos momentos todavía su rival dentro del partido, pretendía alejar la convocatoria de la fecha más probable que entonces se preveía para el fallo del caso de los ERE.

Los socialistas andaluces diseñaron una campaña de baja intensidad, en clave andaluza, escondiendo las siglas y alejando a Sánchez y a los miembros de su Gobierno. Y la cosa no pudo salir peor. El PSOE volvió a ser la fuerza más votada pero PP, Ciudadanos y la emergente ultraderecha de Vox sumaron los escaños que necesitaban para poner fin a 40 años de gobiernos socialistas en Andalucía.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha reivindicado este lunes la autoría del atentado en Bogotá, esgrimiendo que es una acción "lícita" porque el Gobierno también ha mantenido su ofensiva militar y, por tanto, ha considerado que no hay ningún obstáculo para continuar con el diálogo de paz, que la Casa de Nariño ha dado por terminado.

Sobre las 9.30 (hora local) una camioneta conducida por un guerrillero del ELN rebasó los controles de seguridad e irrumpió en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, en Bogotá, donde estalló minutos después con el conductor dentro. En total hubo 21 muertos y 68 heridos.

El Ejecutivo de Iván Duque atribuyó el ataque terrorista al ELN y, en consecuencia, dio por finalizado el diálogo de paz que inició la anterior Administración de Juan Manuel Santos en febrero de 2017 y que permanecía suspendido desde el pasado mes de agosto por la negativa de la guerrilla a cesar su actividad criminal y liberar a todos los secuestrados.

El ELN ha confirmado en un comunicado que está detrás de la explosión del coche-bomba en la escuela de cadetes, "una instalación militar" donde "reciben instrucción los oficiales que luego realizan Inteligencia de combate (...), participan activamente en la guerra contrainsurgente y dan trato de guerra a la protesta social".

"Por tanto la operación realizada contra dichas instalaciones y tropas es lícita dentro del derecho de la guerra", ha afirmado el grupo armado, subrayando que "no hubo ninguna víctima no combatiente" porque tanto los muertos como los heridos eran uniformados.

Además, El ELN ha reclamado a "instituciones internacionales autorizadas" que "den su opinión sobre el carácter de dichas instalaciones y el tipo de acción realizada", en un aparente intento de buscar legitimación extranjera al atentado en Bogotá.

La guerrilla ha recordado que ha propuesto en numerosas ocasiones "pactar un cese bilateral para generar un clima favorable a los esfuerzos por la paz, una propuesta ha tenido un importante respaldo nacional e internacional, pero la respuesta gubernamental ha sido negativa".

En concreto, los insurgentes han reprochado al Ejecutivo de Duque que no diera "la dimensión necesaria al gesto de paz" que tuvo el ELN al declarar una tregua unilateral entre el 23 de diciembre y el 3 de enero con motivo de las fiestas navideñas.

"Las Fuerzas Armadas aprovecharon este cese para avanzar las posiciones de sus tropas" y para bombardear un campamento guerrillero afectando con ello a "una familia de campesinos" que vivía en los alrededores, ha recriminado el ELN. También ha denunciado que, al margen de dicha tregua, sus campamentos "son bombardeados ante cualquier descuido".

"Nosotros tenemos claro que estamos en una guerra, debido a que la clase en el poder ha reiterado que los diálogos deben ser desarrollados en medio del conflicto", ha declarado. "Es entonces muy desproporcionado que, mientras el Gobierno nos ataca, plantee que nosotros no podamos responder en legítima defensa", ha estimado.

No obstante, ha reiterado que está dispuesto a "acordar que se respeten determinadas áreas e instalaciones militares estatales y determinadas áreas y campamentos donde opera el ELN. "Esto aportaría al proceso de diálogos", ha apostillado, porque "la paz no avanza y el proceso retrocede si los contendientes en una guerra no se respetan".

El ELN ha propuesto "un debate político frente a estos temas" y ha apelado directamente a Duque para retomar las negociaciones en La Habana: "Presidente, queremos reiterarle que el camino de la guerra no es el futuro de Colombia, es la paz".

Al menos 20 personas han muerto y 68 han resultado heridas este jueves a causa de la explosión de un coche bomba en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, en Bogotá (Colombia), en lo que las autoridades del país sospechan que sería un atentado suicida.

"Lamentablemente, el saldo preliminar es de 21 personas fallecidas, incluyendo al responsable del hecho, y de 68 heridas, quienes fueron trasladadas a distintos centros asistenciales con el apoyo de organismos de socorro y emergencia del Distrito", ha señalado la Policía en un comunicado. Sobre las 9:30 (hora local) una camioneta rebasó los controles de seguridad e irrumpió en las instalaciones policiales. Minutos después, el vehículo estalló con el conductor dentro a la altura del patio donde suelen celebrarse los desfiles. En ese momento, se celebraba una ceremonia de ascensos.

El responsable de la explosión ha sido identificado por la Fiscalía General de la Nación como José Aldemar Rojas Rodríguez, según ha recogido el diario local 'El Espectador'. Rojas habría llegado a las inmediaciones de la Escuela General Santander, en el sur de Bogotá, a bordo de una camioneta Nissan Patrol de color gris. En el coche había unos 80 kilos de pentolita, un potente explosivo que se obtiene de la mezcla de TNT y pentrita y que suele utilizarse en la fabricación de minas antipersona.

De los 68 heridos, 58 han sido dadas de alta. "La Institución se solidariza con las respetadas familias de las personas que perdieron la vida y desea la pronta recuperación de quienes resultaron lesionados. Así mismo, de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades se adelantan las investigaciones tendientes a establecer las causas y los responsables del acto terrorista que enluta a los colombianos", han señalado los agentes. Las autoridades han decretado tres días de luto nacional y han ordenado el fortalecimiento de los controles en las fronteras, así como en las salidas y entradas de las ciudades del país. "No descansaremos hasta capturar y llevar ante la justicia al resto de los terroristas involucrados y les notifico a esos criminales que les espera el repudio social, el rechazo de todos los colombianos y la comunidad internacional, y el castigo ejemplar de la justicia", ha manifestado el presidente colombiano, Iván Duque.

Duque ha inspeccionado la escuela de cadetes y desde allí ha dado órdenes a la Fuerza Pública —policías y militares— para determinar "quiénes son los responsables de este cobarde ataque". El líder conservador ha dejado claro que su Gobierno no dará "ni un paso atrás". "Este demencial acto terrorista no quedará impune (...) Los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo", ha enfatizado. El expresidente colombiano Juan Manuel Santos ha expresado su "rechazo absoluto al cobarde atentado". "Toda mi solidaridad con nuestros héroes de la Policía y sus familias", ha dicho en Twitter. "¡Qué dolor el carro bomba a la Escuela de Policía!", ha dicho por la misma vía el también expresidente Álvaro Uribe. De momento, se desconoce la autoría del ataque. En Colombia actúan numerosos grupos armados, entre los que destaca el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ahora la primera guerrilla del país.

Proceso de paz

Este atentado ha acabado con una etapa relativamente tranquila en Colombia gracias al proceso de paz con la antigua guerrilla de las FARC y el ELN. Pastor Alape, uno de los dirigentes del partido político surgido de las FARC, que firmó la paz con el Gobierno de Santos en 2016, ha condenado lo ocurrido. "Nuestra solidaridad con los familiares de los policías", ha indicado. En su opinión, se trata de "una provocación contra la salida política al conflicto". "Busca cerrar posibilidades de acuerdo con el ELN, deslegitimar las movilizaciones sociales y favorecer a sectores guerreristas", ha sostenido.

Santos también inició un diálogo de paz con el ELN en febrero de 2017 pero con la llegada de Duque a la Casa de Nariño, el pasado mes de agosto, quedó suspendido. La tensión se ha vuelto a disparar este jueves después de que el ELN haya reconocido el secuestro de la tripulación de un helicóptero derribado.

Los colombianos votan este domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Es improbable que alguno de los ocho candidatos que compiten se proclame ganador, por lo que en realidad estos comicios servirán para filtrar a los dos aspirantes que realmente lucharán por la Casa de Nariño el 17 de junio, enfrentando visiones sobre el acuerdo de paz con las FARC, tema central de la campaña.

Más de 36 millones de colombianos están llamados a las urnas este 27 de mayo, a los que se suman otros 819.398 residentes en el extranjero que llevan votando desde el lunes, para elegir al sucesor de Juan Manuel Santos, aunque solo para los próximos cuatro años, ya que la reelección presidencial instaurada en 2010 por el exmandatario Álvaro Uribe fue derogada en 2015.

Ocho candidatos aspiran a recoger el testigo de Santos, entre ellos destacados políticos como el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras o el jefe negociador del Gobierno en el diálogo de paz con las FARC, Humberto de la Calle. En esta exclusiva lista figuraba también el líder de la antigua guerrilla, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, pero en marzo tuvo que renunciar a sus aspiraciones presidenciales por su frágil salud.

Los que verdaderamente tienen opciones de alzarse con la victoria son Iván Duque, candidato de la suma conservadora integrada por Centro Democrático –partido fundado por Uribe– y el conservadurismo del exmandatario Andrés Pastrana, y Gustavo Petro, que abandera la Coalición Colombia Humana, alianza izquierdista formada por cinco partidos, incluido Unión Patriótica.

Petro comenzó ganando la carrera presidencial en un escenario en el que todavía no se habían definido todas las candidaturas. Sin embargo, en estos meses ha ido cediendo terreno ante Duque, que ahora se sitúa en cabeza, con un 40% de las preferencias y diez puntos de ventaja sobre el ex alcalde de Bogotá.

Estos números vaticinan que ninguno conseguirá la llave de Nariño en primera vuelta, para lo cual necesitarían obtener al menos el 50% de los votos más uno, y que el nombre del nuevo presidente se decidirá en el balotaje previsto para el mes que viene en un cara a cara que, previsiblemente, protagonizarán Petro y Duque.

La única sorpresa podría llegar de la mano de Sergio Fajardo, un profesor universitario que hace una década se estrenó en política para transformar Medellín dejando atrás el estigma de Pablo Escobar. El abanderado de la Coalición Colombia, formada por la izquierda clásica de Polo Democrático y el Partido Verde, se situaría alrededor del 10%, si bien podría arañar el voto centrista a uno y otro lado.

Una Colombia en paz

La gran novedad de estos comicios es que por primera vez en más de medio siglo los colombianos elegirán a su presidente en paz, gracias al acuerdo firmado en 2016 por el Gobierno de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, otrora la primera guerrilla del país.

Los textos de La Habana, negociados durante cuatro años, han permitido reconvertir al grupo armado en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y han despejado el camino para que la segunda guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), inmerso en su propio diálogo con el Gobierno, obre la "paz completa" soñada por Santos.

Paradójicamente, la firma de la paz ha traído consigo un nivel "endémico" de violencia, en palabras de Naciones Unidas, por la guerra que se ha desatado entre los grupos armados supervivientes –disidentes de las FARC, el ELN, cárteles o paramilitares– por el control de los antiguos territorios y (lucrativos) negocios de las FARC.

En estos dos años, cerca de 300 líderes sociales y activistas, así como 50 exguerrilleros de las FARC, han sido asesinados, según datos del Defensor del Pueblo y de la Fiscalía. En respuesta, el Gobierno ha puesto en marcha un operativo de seguridad para este domingo dotado de 155.000 efectivos, entre policías y militares. "Se han dado todas las garantías", ha sostenido Santos.

Segundo referéndum

La paz es sin duda el eje central de la campaña. Duque, un prestigioso economista que regresó a Colombia hace solo cuatro años tras una estelar carrera en Estados Unidos, ha hecho de la oposición al acuerdo entre Gobierno y FARC su seña de identidad, ya que los demás aspirantes lo defienden sin ambages.

El acuerdo ha sido aplaudido por la comunidad internacional –Santos fue galardonado con el Nobel de la Paz–, pero no goza de tal popularidad en Colombia. Cincuenta y dos años de guerra y ocho millones de víctimas después, la mayoría personas desaparecidas a las que aún se busca, han marcado la psique nacional.

El referéndum celebrado el 2 de octubre de 2016 sobre el acuerdo de paz fue la primera prueba. El no, impulsado exclusivamente por Uribe y Pastrana, se impuso aunque exiguamente (50,21%) obligando a Gobierno y FARC a idear una nueva forma de ratificación que pasó por el Congreso un par de meses después.

El exitoso resultado de los expresidentes se ha materializado en la coalición conservadora que representa Duque. Ha prometido modificar el actual acuerdo de paz para eliminar la justicia transicional, que contempla sanciones más beneficiosas que la justicia ordinaria para quienes aporten verdad y sitúa al mismo nivel a guerrilleros, agentes estatales y terceros civiles (eufemismo de empresarios) por los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

En las antípodas de Duque, si bien con distinta intensidad, se encuentran los otros siete candidatos. Petro, exguerrillero del M-19 que se define como hijo político de la paz, no solo ha prometido preservar el acuerdo con las FARC, sino que pretende dar continuidad al legado pacificador de Santos persuadiendo al ELN de que abandone las armas.

Desde el Gobierno saliente, por su parte, reprochan al uribismo –que ha logrado escorar a Pastrana– su discurso demagógico. Santos explicaba en una reciente entrevista a Europa Press que el acuerdo de paz está blindado por la Corte Constitucional durante al menos tres mandatos. "Nadie lo va a echar atrás", sentenció.

La gran oportunidad de la izquierda

La casi certeza de que el 17 de junio habrá que sacar las urnas de nuevo dibuja un cuadro político completamente distinto. El duelo entre Duque y Petro podría concitar el voto del sí a la paz en torno al autor de la Lista de la Decencia y conceder a la izquierda colombiana su primer gobierno.

La trágica historia de la izquierda en Colombia arranca con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 desencadenando el baño de sangre de El Bogotazo y el oscuro periodo de La Violencia. A la de Gaitán siguió la muerte de numerosos dirigentes y el exterminio del partido político surgido del M-19.

Petro tiene ahora la oportunidad de conquistar el poder para la izquierda. Uribe ya rompió en su momento la inercia turnista entre liberales y conservadores con su tercera vía por la derecha y el jefe de Colombia Humana tendrá que marcar un nuevo hito para ampliar el espectro político hacia el otro extremo.

Pesa en su contra la asociación que tradicionalmente han hecho los colombianos entre izquierda y guerrillas y la vinculación que Duque ha tratado de establecer entre Petro y el castro-chavismo –"Vota para que Colombia no sea otra Venezuela", reza un cartel electoral de Centro Democrático–.

El reto está servido, pese a que solo será un aperitivo de la verdadera batalla. Serán "las mejores elecciones de nuestra historia", ha afirmado Santos. Queda ver por qué derroteros transita la Colombia post FARC.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha admitido este domingo durante una entrevista a la cadena de televisión CNN que los periodistas ecuatorianos de el diario El Comercio fueron asesinados en territorio colombiano.

El dirigente, que ha señalado que el equipo periodístico fue capturado en Ecuador y posteriormente trasladado a Colombia, ha asegurado que los periodistas fueron secuestrados por disidentes de las extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Santos ha lamentado lo que ha tildado como un "coletazo" de los más de 50 años de conflicto con las FARC en Colombia y ha aseverado que es "normal" que haya un porcentaje de excombatientes que continúe incurriendo en delitos una vez puesto en marcha el proceso de paz.

"Sabíamos que el narcotráfico iba a tirar de los excombatienes", ha indicado el presidente colombiano, que ha insistido en que continúa en permanente comunicación con su homólogo ecuatoriano, Lenín Moreno, para cooperar y dar con los responsables.

"Hay que tener objetivos claros, colaborar para obtener justicia y castigar a los responsables como se merece", ha continuado, según ha recogido el diario local El Espectador.

Este mismo domingo, las autoridades de Ecuador han confirmado la detención de 43 personas vinculadas al grupo armado ilegal colombiano responsable del secuestro y asesinato de dos periodistas y su conductor ecuatorianos en la frontera entre ambos países.

El Gobierno colombiano, por su parte, ha instalado un equipo forense en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, ante la posibilidad de que los cuerpos de los periodistas sean entregados por los disidentes, según ha informado el vicepresidente del país, Óscar Naranjo.

Asimismo, Naranjo ha indicado que "Colombia cuenta con todas las capacidades" para ello y ha señalado que "en la sede de Tumaco se apoyará el proceso" de identificación de los cuerpos del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, que fueron capturados el 26 de marzo en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas cuando realizaban un reportaje sobre la situación en la frontera con Colombia.

Según las investigaciones, las víctimas murieron tras recibir varios disparos cuando se encontraban secuestrados, periodo en el que fueron encadenados. El ministro del Interior, César Navas, ha explicado este domingo que las autoridades aún no han encontrado los cuerpos ni saben dónde se encuentran.

En este sentido, el mandatario ha indicado que se están coordinando todas las acciones para recuperar los cadáveres lo antes posible.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha publicado este lunes las declaraciones de la renta de 2015 y 2016 junto a un mensaje en el que defiende sus explicaciones con respecto a su aparición en documentos de empresas con sede en paraísos fiscales.

"Mi declaración de renta es pública, así como las explicaciones que hace dos semanas ofrecí sobre Paradise Papers", señala Santos en un comunicado que acompaña a las declaraciones.

Santos fue director de la empresa Global Tuition & Education Insurance Corporation hasta 2000, antes de ocupar la cartera de Hacienda. Solo estuvo en un año y medio en esa firma, tiempo durante el cual solo asistió a una junta directiva, según El Tiempo.

Santos no recibió ninguna remuneración durante ese lapso ni tampoco hizo ninguna inversión en esa compañía y recordó hace dos semanas que no ha invertido en la compañía Global Tuition.

"Por ayudar como miembro de la junta me ofrecieron la posibilidad de una opción para adquirir una participación minoritaria a la cual renuncié en el año 2000. Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía", ha asegurado Santos. "Mi única relación con Global desde entonces ha sido la de un cliente más de sus seguros para la educación de mis tres hijos", ha añadido.

"Los temas de educación siempre han sido de gran interés para mí. Fui muchos años miembro del consejo directivo de la Universidad de la Andes y fundador del colegio Los Nogales. Por ese motivo me invitaron a ser parte de la junta de Global y participé como miembro por poco tiempo", ha aseverado.

"Desconozco por qué aparezco como miembro de la junta dos años después. Me imagino que se demoraron en registrar oficialmente los cambios", ha argumentado.

El presidente sostuvo que su relación como miembro de junta terminó antes de que asumiera como Ministro de Hacienda y que "no hubo lugar a remuneración alguna pues no se contemplaba para los miembros de junta, razón por la cual no hubo tampoco lugar a declarar".

"No he tenido ninguna relación con Global Seguros de Vida S.A. ni en Colombia ni en ninguna otra parte del mundo", ha apostillado.

La reina Isabel II invirtió 7 millones de dólares en un fondo del paraíso fiscal de las islas Caimán. Es otra de las grandes revelaciones de los papeles del Paraíso, la nueva filtración de políticos y personalidades auspiciada por el Consorcio de Periodistas de Investigación, con participación de los medios españoles El Confidencial y La Sexta. La monarca tiene una cuenta para gastos personales, cuyos ingresos provienen del ducado de Lancaster: un conjunto de tierras, propiedades y activos que pertenecen a la reina. El ducado de Lancaster invirtió 7,5 millones de dólares en la sociedad Dover Street VI Cayman Fund LP en 2005, como explica La Sexta. 

El fondo invirtió en una empresa de desarrollo de tecnología de huellas dactilares para teléfonos móviles y en compañías farmacéuticas y de alta tecnología. En 2008, el ducado recibió unos 360.000 dólares gracias a la inversión que realizó en 2005. El ducado de Lancaster, según la filtración, invirtió desde 2004 hasta 2010 en otra sociedad, Jubilee Absolute Return Fund, con sede en Bermudas. La reina no está obligada a revelar los detalles de su riqueza personal y paga impuestos voluntariamente. 

Por otro lado, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aparece como director de dos sociedades offshore en Barbados, otro paraíso fiscal: Nova Holding Company, y Global Tuition & Education Insurance Corp. Santos, preguntado por los periodistas del consorcio, ha asegurado que no fue ni inversor ni accionista de las sociedades y que ejerció esas labores por razones humanitarias. 

El círculo cercano y el partido del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también aparecen en los papeles del Paraíso. El recaudador de fondos de campaña en 2015 y amigo íntimo de Trudeau Stephen Broffman tuvo negocios offshore con su padrino, Leo Kolber. los documentos sugieren que la compañía de inversión privada de Broffman, Clarigde, ayudó durante 25 años a mover millones de dólares a entidades de la familia Kolber evitando pagar impuestos en Canadá, Estados Unidos e Israel.

La filtración de los papeles del Paraíso, según los periodistas que han trabajado en ella, es mayor que la de los papeles de Panamá, también destapada por el Consorcio de Periodistas de Investigación. Procede de dos despachos especializados en paraísos fiscales y engloba a 19 jurisdicciones opacas. Por ahora señalan a 127 políticos con intereses offshore.

La filtración fue obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que la compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y se publica en 96 medios de todo el mundo, entre ellos, The New York Times, The Guardian, Le Monde y El Confidencial y La Sexta en exclusiva para España.

El presidente Santos había acusado a miembros de guerrillas implicadas en el proceso de paz como responsables del crimen

En las últimas horas se han publicado varios vídeos que demuestran la responsabilidad de la Policía en la muerte de ocho campesinos cocaleros. El material audiovisual desmiente la acusación de este crimen emitida por el presidente, Juan Manuel Santos, a un grupo guerrillero disidente o a bandas criminales. El incidente ocurrió el pasado jueves en Tumaco, departamento de Nariño.

En los vídeos obtenidos por Citynoticias y grabados por civiles se ve cómo varios policías y campesinos discuten sobre los cultivos de hoja de coca.

Un segundo vídeo muestra el momento exacto en que comienza el tiroteo.

Según varios cultivadores de coca que dijeron estar presentes en el momento de los hechos, un capitán de la Policía sacó su arma en medio del diálogo, y segundos después comenzaron los disparos. Por el momento, la Policía ha dicho que espera a que la Fiscalía concluya la investigación.

Tras el tiroteo, el Ejército se encargó de evacuar a los heridos. "De no haber sido por el Ejército aquí hubiese muerto mucha más gente", ha asegurado un poblador de la zona.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acusó este viernes a "bandas delictivas" de la masacre. El Ejército, a su vez, señaló al disidentes de las FARC alias 'Guacho' y su grupo por el lanzamiento de una granada de mano durante una operación para erradicar un campo de coca.

Los congresistas colombianos se enzarzaron este domingo en un nuevo enfrentamiento dialéctico que acabó con la salida de los representantes del partido político del expresidente Álvaro Uribe, el Centro Democrático, durante la sesión especial celebrada para escuchar a las víctimas del conflicto armado.

La sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado arrancó ya a medio gas debido a la escasa afluencia. Solo 81 legisladores, de los 268 que suman las dos sedes legislativas, acudieron a la cita con las 50 víctimas que tomaron la palabra, de acuerdo con cálculos de Caracol Radio.

Sin embargo, los escaños vacíos no sirvieron para rebajar la tensión política. El detonante fue la intervención de Gloria Gaitán, hija del líder liberal asesinado Jorge Eliécer Gaitán, que acusó a Uribe de sepultarla con un sinfín de procesos legales tras destituirla como directora del Instituto Colombiano de la Participación Jorge Eliécer Gaitán, Colparticipar.

Uribe reclamó al presidente de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Pinto, que le diera la réplica, pero éste se negó hasta escuchar a las 43 víctimas que tenían previsto intervenir. "El presidente Uribe es víctima, las FARC le mataron a su papá", recordó la congresista María Fernanda Cabal. "¡Quiero escuchar a una víctima, que es Uribe! ¿Por qué no lo puedo escuchar?", cuestionó.

En señal de protesta, el grupo parlamentario de Centro Democrático, encabezado por el exmandatario, abandonó el Congreso para instalarse a sus puertas y desde allí lanzar su mensaje. "No puede ser que esto se parezca a Venezuela", lamentó Uribe. "Yo oigo allá adentro a todos los que me critican, me insultan, y el único derecho que pido es el derecho a que me dejen contestar, el derecho a la defensa", exigió.

El jefe del Centro Democrático acusó a su sucesor en el cargo, Juan Manuel Santos, de "ilusionar a todas las víctimas" con compensaciones cuando "no hay con qué pagarles". "En cambio, los de las FARC tienen todo el favorecimiento", criticó. "Es una paradoja que en este país estén más favorecidos los asesinos que las víctimas", denunció.

Uribe es uno de los principales críticos del proceso de paz entre el Gobierno y las FARC. El exdirigente logró que las partes renegociaran el acuerdo alcanzado en La Habana tras cuatro años de conversaciones pero no consiguió los cambios que esperaba en los dos temas principales: justicia transicional y participación política.

La Fiscalía de Colombia ha anunciado este lunes que ya se han concedido las primeras cuatro amnistías a exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que está tramitando otras 72 en virtud de la Ley de Amnistía, sancionada por el presidente, Juan Manuel Santos, el pasado 30 de diciembre, informa Europa Press.

"En cumplimiento con la ley (...) que reglamentó la aplicación de la amnistía de iure de iurecomo resultado del proceso de paz con las FARC, la Fiscalía General de la Nación informa de que a 23 de febrero de este año la entidad ha recibido 98 solicitudes de amnistía", explicó el Ministerio Público en un comunicado.

Tras su verificación, la Fiscalía tramitó las primeras cuatro amnistías, una de ellas en Paz de Ariporo (Casanare) y otras tres en Neiva (Huila).

De las 72 que se están tramitando, todas para recibir una libertad condicionada –permitida a exguerrilleros que llevan más de cinco años en prisión por delitos que no son objeto de la Ley de Amnistía–, han sido presentadas ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tomará una decisión durante los próximos cinco días.

Esta ley tiene dos vertientes: una destinada a dar "las más amplias amnistías" a los guerrilleros implicados en delitos políticos o conexos y un tratamiento penal especial para garantizar un trato equitativo a los agentes del Estado.

En ambos casos se excluyen los "crímenes más graves" y los que recaen en la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI) –crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio–, que, conforme a la normativa internacional, no pueden ser amnistiados.

Se calcula que la Ley de Amnistía beneficiará a 6.000 combatientes de las FARC, 1.200 uniformados detenidos y cientos de líderes sociales que han sido acusados de pertenecer a grupos armados al margen de la ley, según informa El Espectador.

La Fiscalía de Colombia ha informado este martes de que la empresa brasileña Odebrecht, investigada por un importante caso de sobornos, podría haber financiado la campaña de 2014 a la reelección del actual presidente, Juan Manuel Santos, que el año pasado recibió el Premio Nobel de la Paz.

Así lo ha revelado el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, que ha explicado que está investigando si la campaña del mandatario recibió más de un millón de dólares de la compañía.

Odebrecht y su filial petroquímica, Braskem, llegaron el pasado diciembre a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el cual admiten el pago de sobornos a funcionarios de 12 países para conseguir contratos públicos. Ambas compañías se han comprometido a pagar conjuntamente una multa de 3.500 millones de dólares a cambio de que se retiren los cargos en Estados Unidos, Suiza y Brasil, según Europa Press.

El fiscal ha revelado nuevos detalles en el marco de la investigación que incumbe a Colombia, y ha indicado que de este millón de dólares que habría ingresado la campaña de santos, el exsenador colombiano Otto Nicolás Bula habría recibido unos 200 millones de pesos (más de 65.000 euros).

El pasado 15 de enero, Bula fue detenido en Bogotá acusado de recibir presuntamente 4,6 millones de dólares (unos 4,3 millones de euros) para que la empresa brasileña se quedará con el contrato de una autopista en el norte de Colombia, en la denominada ruta del sol.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, considera que acercar al País Vasco a los presos de ETA, como reclama el PNV, es algo que no haría "daño a nadie", aunque dejó claro que no quiere inmiscuirse en "asuntos internos de España" y que la situación con ETA no es comparable al proceso de paz colombiano.

"No quiero inmiscuirme en asuntos internos de España, pero no vería ningún problema en que paguen sus penas en unas cárceles más cerca del sitio donde viven. Es algo que no creo haga daño a nadie, pero los casos de España y Colombia son muy distintos y compararlos en muchos sentidos no parece ser lo correcto", dijo en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Santos respondía así preguntado por las críticas al proceso de paz que han surgido desde la propia Colombia, en particular por parte del expresidente Álvaro Uribe, que opinó que los españoles no consentirían un acuerdo con ETA parecido a lo que Santos ha pactado con las FARC.

"Muchos de los que hoy dicen que se están haciendo cosas que ellos no aceptarían son los mismos que en su época lo hicieron y lo propusieron", respondió el presidente colombiano, añadiendo que en este asunto ha habido "muchas contradicciones".

Santos, que almuerza este miércoles con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reiteró después que, conforme al acuerdo con las FARC, quienes se acojan al proceso de paz y cumplan sus términos no podrán ser extraditados y podrán aspirar a cargos políticos –como ocurrió en el pasado con el M19–. "Que dejen las balas y las cambien por los votos, ese es el fin fundamental de todo proceso de paz", dijo.

El presidente colombiano cree que el proceso no tendrá marcha atrás aunque en 2018 ganen las elecciones presidenciales sus adversarios, porque para entonces las FARC habrán entregado las armas y se habrán incorporado en la vida civil, así que "el proceso será irreversible".

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, recibió este sábado en Oslo el premio Nobel de la Paz con el que fue galardonado el pasado octubre por firmar la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informa Europa Press.

"Hoy en el mundo hay una guerra menos y es la de Colombia", dijo un emocionado Santos en el discurso que pronunció tras recoger el diploma y la medalla que lo acreditan como Nobel de la Paz en una ceremonia celebrada en el Ayuntamiento de Oslo ante más de mil personas.

Santos destacó que Colombia ha "hecho posible lo que parecía imposible" porque "hace tan solo seis años los colombianos no se atrevían ni a imaginar el final de una guerra que han padecido por más de medio siglo". "Muy pocos –casi nadie– recordaban cómo era vivir en un país en paz", enfatizó.

El nuevo Nobel de la Paz destacó que con el fin de la guerra en Colombia acaba también el último conflicto armado del hemisferio occidental. "¿Por qué no pueden algún día los dos hemisferios estar libres de guerra? Tal vez hoy, más que nunca, podemos atrevernos a imaginar un mundo sin guerra", aseveró.

Santos recibió este premio con "orgullo", aunque insistiendo en que "la paz no es de un presidente, ni de un gobierno, sino de todo el pueblo colombiano, pues se tiene que construir entre todos". "Por eso lo recibo en nombre de 50 millones de colombianos, mis compatriotas, que ven por fin terminada una pesadilla de más de medio siglo", subrayó.

Además, hizo una mención especial a los más de ocho millones de víctimas "cuyas vidas han sido devastadas por el conflicto armado". Santos pidió a las siete víctimas que viajaron a Oslo en representación de todas –incluidas la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt y su ex asesora Clara Rojas– que se pusieran en pie para "recibir el homenaje que merecen", a lo que el público contestó con una gran ovación.

El jefe de Estado no desperdició la oportunidad de señalar que "la gran paradoja" de este proceso de paz ha sido que, "mientras muchos que no han sufrido en carne propia el conflicto se resisten a la paz, son las víctimas las más dispuestas a perdonar, a reconciliarse y a enfrentar el futuro con un corazón libre de odio".

Apoyo internacional

Santos confesó que el Nobel de la Paz "llegó como un regalo caído del cielo", pocos días después de que los colombianos rechazaran con un estrecho margen el acuerdo firmado entre el Gobierno y las FARC, lo que obligó a las partes a volver a la mesa de negociaciones para ajustarlo con las propuestas del sector crítico.

"En un momento en que nuestro barco parecía ir a la deriva, el premio Nobel fue el viento de popa que nos impulsó para llegar a nuestro destino: el puerto de la paz". "Gracias, muchas gracias, por este voto de confianza y de fe en el futuro de mi país", declaró.

El mandatario colombiano reiteró que el apoyo de la comunidad internacional ha sido fundamental para el éxito del proceso de paz. A este respecto subrayó la importancia del respaldo regional y reconoció que ha tenido que acercarse a "gobiernos de países vecinos" con los que tiene "profundas diferencias".

Santos se mostró seguro de que el proceso de paz en Colombia puede servir de "modelo" para acabar con otros conflictos armados, entre los que mencionó Siria, Yemen y Sudán del Sur. "El sol de la paz brilla, por fin, en el cielo de Colombia. ¡Qué su luz ilumine al mundo entero!", proclamó.

Entre sus principales innovaciones apuntó a la justicia transicional –"las víctimas quieren justicia pero sobre todo quieren verdad"– y a la inclusión del problema del narcotráfico, aprovechando asimismo para insistir en la necesidad de cambiar la estrategia global de lucha contra las drogas.

Afirmó que "es mucho más difícil hacer la guerra que hacer la paz" e indicó que el primer paso es "dejar de ver a la contraparte como un enemigo". "En un mundo en el que las guerras y los conflictos se alimentan por el odio y los prejuicios, tenemos que encontrar el camino del perdón y la reconciliación", defendió. "Nuestro pueblo se llama mundo y nuestra raza se llama Humanidad", zanjó.

Una vez sellado el texto, el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, se lo ha entregado a los representantes del Congreso junto a una carta personal de Santos en la que insta a diputados y senadores a refrendar e implementar el acuerdo lo antes posible.

"La pronta implementación es fundamental para impedir el desmoronamiento del cese al fuego y la pérdida de más vidas", ha dicho, en alusión a la muerte de dos guerrilleros abatidos por el Ejército el pasado 15 de noviembre, la primera violación de la tregua vigente hasta el 31 de diciembre.

Santos y 'Timochenko' se han fundido en un abrazo ante la ovación de los allí presentes, esta vez, un público más reducido –800 personas en lugar de las 2.500 de Cartagena de Indias– sin presencia de jefes de Estado y de Gobierno.

'Timochenko', el primero en tomar la palabra, ha propuesto crear "un gobierno de transición cuyo propósito fundamental sea el cumplimiento cabal de los acuerdos de La Habana, el cual debería estar formado por todas las fuerzas y los sectores que han trabajado para ello".

El líder insurgente ha defendido que "nadie debe quedar fuera de este acuerdo de paz" porque "está enriquecido teniendo en cuenta las propuestas hechas por los más variados grupos y organizaciones sociales y partidos políticos".

Además, ha vuelto a pedir perdón "a todas las víctimas, sea cual sea el bando al que hayan pertenecido" y ha expresado su respeto a los "opositores". "No habrá más violencia entre colombianos por razones políticas", ha prometido. "Es indispensable que para el bien del país la palabra sea la única arma que nos permitamos usar", ha concluido.

Santos, por su parte, ha defendido que "este acuerdo es mejor" que el firmado el 26 de septiembre en Cartagena de Indias porque "recoge las esperanzas y las observaciones de la inmensa mayoría de los colombianos". "Se logra poner fin al conflicto armado con las FARC y sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera", ha afirmado.

Ha subrayado que es "definitivo", por lo que ha urgido a los sectores políticos a dejar a un lado las diferencias y unirse en la refrendación e implementación del nuevo texto en el Congreso lo antes posible por "la urgencia de la paz.

Santos ha confiado en que sea refrendado esta misma semana. "Ese día será el día 'D", ha explicado. A partir de ese momento comenzará a aplicarse el acuerdo de paz, comenzando por la concentración y el desarme de las FARC en un plazo máximo de 150 días.

"Convocaré a todos los partidos, a todos los sectores de la sociedad, a que participen, contribuyan y logremos así un gran acuerdo nacional para la implementación de la paz (...) Demostremos que podemos poner el país por encima de los intereses políticos", ha pedido.

Sin embargo, los partidarios del "no" encabezados por los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, han anunciado que combatirán el texto corregido en el Congreso porque consideran que no se han incorporado los cambios fundamentales que demandaban.

infoLibre publica un capítulo del libro Colombia feroz,

obra de José Manuel Martín Médem, periodista que trabajó durante treinta años en RTVE y fue corresponsal en México, Colombia y Cuba. Editado por Catarata, el libro sale a la venta el 15 de noviembre.

La presentación del libro será el lunes 21 3 noviembre a las 19 horas en La Morada. Participarán, junto al autor, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el diputado de Unidos Podemos Manuel Monereo, el asesor jurídico de las FARC Manuel Monereo y Leyla Ordóñez, refugiada política colombiana.

La descomposición de Uribe

El desenlace del segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe fue un desastre. Para él y para Colombia. Para él porque las condenas de la Corte Suprema contra quienes cumplían sus órdenes en el ejército, en la policía política, en el gobierno y en los servicios de la presidencia dejan un rastro de acusaciones que deberían llevarlo ante los tribunales. Para Colombia porque su autoritarismo depredador dividía al país entre los seducidos por la violencia del caudillo y los que, sin coincidir en un único camino, prefieren una democratización, aunque indefinida.

Los periodistas aplaudieron cuando en febrero de 2010 la Corte Constitucional no autorizó la segunda reelección de Álvaro Uribe. En el salón de audiencias del Consejo de Estado, donde se realizó la rueda de prensa, el portavoz del tribunal explicó que “una segunda reelección viola principios como la separación de poderes, la igualdad, la alternancia democrática y el sistema de pesos y contrapesos establecido por la Constitución”. Se abría el camino hacia la presidencia para Juan Manuel Santos, que también iba a gobernar durante dos periodos. En el segundo, con los votos de la izquierda que apoyaba su negociación con las FARC en contra de la guerra en la que insistía el candidato uribista.

Uribe contra Santos

Con el apoyo de Uribe, Santos ganó las presidenciales de 2010 (69,5 por ciento) frente a Antanas Mockus, que fue alcalde de Bogotá. En su toma de posesión, Santos comparó a Uribe con Bolívar porque “usted fue un segundo Libertador al devolvernos a los colombianos la esperanza”.

Pero muy pronto empezó a incubarse la desconfianza de Uribe

por la actitud de su sucesor, que reconocía por primera vez la realidad del conflicto armado en Colombia. La tensión aumentó cuando el nuevo presidente suavizó las relaciones con Hugo Chávez y se convirtió en ruptura al anunciar Santos en 2012 que negociaba con las FARC.

Uribe siempre dijo que la victoria (la aniquilación militar de las

FARC) es la paz. Santos invirtió los términos. La paz (la negociación con las FARC) es la victoria. En un país sin guerra aumentarían las inversiones extranjeras para el desarrollo nacional. Era la transición desde la seguridad democrática de Uribe a la prosperidad democrática de Santos.

Pocas veces alcanza su objetivo el que coloca a un sucesor para

dirigirlo y Uribe no lo consiguió. Consideró a Santos un traidor y

organizó un nuevo partido, el Centro Democrático, para sacarlo de la presidencia. Su candidato, Óscar Iván Zuluaga, quedó por delante de Juan Manuel Santos en la primera vuelta de las elecciones de 2014. La segunda y definitiva (Zuluaga contra Santos) se planteó casi como un plebiscito sobre las negociaciones con las FARC y el voto de la izquierda permitió la reelección: Santos, 7.816.986 votos, y Zuluaga, 6.905.001, con una participación de sólo el 47,89 por ciento.

En el discurso con el que anunció que aspiraba a un segundo

periodo presidencial, Santos dijo que quería una reelección para la paz como Uribe la tuvo para la guerra:

Todavía nos quedan grandes desafíos, pero estoy con vencido de que la forma de enfrentarlos no es sólo a sangre y fuego. Loscolombianos dimos la oportunidad a mi antecesor de consolidar unas políticas de seguridad que resultaron exitosas y que hemos seguido fortaleciendo. Hoy yo quiero esa misma opor tunidad para consolidar la paz y la prosperidad para el país. Necesitamos terminar el conflicto. La guerrilla ha aceptado aco gerse a las reglas de la democracia. La paz es la seguridad definitiva.

A partir de entonces, un enfurecido Uribe se dedicó a embestir contra las negociaciones de Santos con las FARC.

En 2015, el Parlamento prohibiría definitivamente la reelección

presidencial que Uribe había impuesto comprando los votos necesarios.

Santos decide negociar

El arrebato esquizofrénico de Uribe le impedía reconocer que él también intentó negociar con las FARC. Lo ha contado Henry Acosta Patiño, facilitador de la comunicación de los gobiernos de Uribe y de Santos con las FARC por su relación personal tanto con los presidentes como con el comandante Pablo Catatumbo. Economista vinculado con cooperativas para el desarrollo agrario y colaborador de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), su intervención como mediador era muy poco conocida en Colombia hasta la publicación de su libro El hombre clave poco después de la firma del Acuerdo de Paz. Demuestra en esa aportación testimonial, con documentación de ambas partes, que Uribe propuso a las FARC en marzo de 2010, cuando concluía su segundo periodo presidencial, “conversaciones directas y secretas en el extranjero con una agenda abierta”. Al mismo tiempo, Uribe mantenía en público que “nunca hablaré con las FARC”.

Cuando Uribe se decidió a negociar, la Corte Constitucional ya

había impedido su segunda reelección. Aquella iniciativa apenas tuvo posibilidades por la desconfianza de las FARC, porque muy pronto habría un nuevo presidente y sobre todo porque, como asegura Acosta, Uribe la canceló.

Según el relato de su libro, Henry Acosta Patiño le sugirió a Juan

Manuel Santos que buscara una negociación con las FARC y el presidente le encargó que hiciera esa gestión con la guerrilla. Incluso le dijo que comprendía las razones de la insurgencia y que eran negociables. Las FARC aceptaron iniciar el acercamiento a pesar de que murió, como consecuencia de un ataque de las Fuerzas Armadas, uno de sus comandantes más destacados: Víctor Julio Suárez Rojas, cuyo nombre de guerra era Jorge Briceño o el Mono Jojoy. La primera reunión se organizó el 3 de marzo de 2011 en la frontera entre Colombia y Venezuela. Los representantes del gobierno y de las FARC acordaron que la negociación que estaban preparando se realizaría en Cuba. La guerrilla prefería que fuera en Venezuela, pero Santos decidió inicialmente que sería en Suecia, aunque al final impuso la opción de Cuba. El representante de las FARC, Andrés París, le explicó al diario El Espectador que la guerrilla mantenía lo que siempre sostuvo el comandante Manuel Marulanda (fallecido por un infarto el 26 de marzo de 2008): “La paz de Colombia la hacemos los colombianos en Colombia y no fuera de aquí”. “Fuimos realistas —decía París—, era en Cuba o no era”.

Entre julio y octubre de 2011, los delegados se reunieron tres

veces en territorio venezolano para seguir preparando el envío de las delegaciones a Cuba. Entonces se produjo lo que pudo provocar el final de las conversaciones. El 4 de noviembre las Fuerzas Armadas consiguieron acorralar y eliminar a Alfonso Cano, comandante general de las FARC. Acosta ha publicado la carta con la que Catatumbo le confirmó que la operación militar tuvo la complicidad de una traición en la guerrilla.

Las FARC, ya con Rodrigo Londoño Echeverri (nombre de guerra

Timoleón Jiménez o Timochenko) en la comandancia general, decidieroncontinuar en el proceso de preparación de las negociaciones.

Entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de 2012 se acordaron

en La Habana los temas a tratar, lo que se anunció como el “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, y en noviembre comenzaron las negociaciones.

La Administración Obama apoyaba el proceso y el Departamento

de Estado le encargaba a su embajador Bernie Aronson que se interesara por su desarrollo.

El 23 de junio de 2016 se estableció el alto el fuego bilateral y definitivo. El 24 de agosto se cerró el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Santos y Timochenko lo firmaron el 26 de setiembre en Cartagena de Indias y el presidente convocó el plebiscito para el 2 de octubre.

La Unión Europea eliminó a las FARC de su lista de organizaciones terroristas, lo que todavía no había hecho Estados Unidos.

En paralelo, las delegaciones del gobierno y del ELN, el segundo

componente de la insurgencia histórica colombiana, habían anunciado el 30 de marzo un acuerdo para iniciar negociaciones aunque todavía sin concretar cuándo comenzarían. Las conversaciones preparatorias se realizaron durante dos años en Ecuador, Brasil y Venezuela.

¿Uribe no lo sabía?

Mientras el Uribe más feroz asediaba la gestión presidencial de

Santos, la justicia le acorralaba. La Corte Constitucional anuló la

decisión de su gobierno que autorizaba a Estados Unidos la utilización de las bases militares en Colombia. Era un acuerdo ilegal porque se había firmado sin la autorización del Parlamento. WikiLeaks difundió información enviada por la embajada de Estados Unidos al Departamento de Estado en la que se confirmaba que el presidente Álvaro Uribe y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, se pusieron de acuerdo con Washington para eludir el control parlamentario.

En Estados Unidos, el general Mauricio Santoyo, jefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe, fue condenado a 13 años de prisión por su complicidad con paramilitares y narcotraficantes.

La Corte Suprema condenó a 14 y 25 años años de cárcel a María

del Pilar Hurtado y Jorge Noguera, que fueron directores del DAS bajo las órdenes del presidente Álvaro Uribe, por convertir a la agencia de seguridad del Estado en una policía política y ponerla al servicio de los paramilitares.

El DAS había desarrollado un sistema de chuzadas (así denominan popularmente en Colombia a las escuchas ilegales) para espiar a magistrados, periodistas, dirigentes de la oposición y defensores de los derechos humanos. También condenó a 8 años, por esa misma utilización ilegal del DAS, a Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia.

El DAS dependía directamente del presidente Uribe. Según el

diario colombiano El Espectador, “decir que no sabía lo que hacía la gente de su entera confianza y sobre los que ejercía un mando directo es un atentado contra la lógica”.

El DAS fue eliminado en 2011, durante el primer periodo presidencial de Juan Manuel Santos, que lo sustituyó por una nueva Agencia Nacional de Inteligencia.

La Corte Suprema condenó a 17 años de encarcelamiento por

corrupción a Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura y al que

llamaban Uribito, por considerarlo el más probable sucesor de Álvaro Uribe en la presidencia.

En febrero de 2016 detenían a su hermano Santiago Uribe, acusado de homicidio agravado y concierto para delinquir por su supuesta actuación con un grupo paramilitar organizado en una finca de la familia.

Parecía la descomposición política de Uribe.

Historias canallas XIII: Uribe como los GAL

Cuando era el bulldog de Washington, Álvaro Uribe publicó sus

memorias en Estados Unidos. El libro llegó a Bogotá como su política de terrorismo de Estado, en traducción del idioma del imperio.

Reconoce Uribe, en ese memorial autoinculpatorio, que le sirvieron como modelo las incursiones criminales de los GAL en

Francia. Es la comparación que establece al contar cómo ordenó

secuestrar en Caracas a Rodrigo Granda, representante internacional de las FARC: “Los funcionarios españoles me explicaron que el golpe letal contra ETA se produjo al permitir Francia la entrada en su territorio para buscar a los terroristas y entonces pensé en provocar acontecimientos

similares contra las FARC. A través de nuestras redes de inteligencia, comunicamos el paradero de Granda a algunos miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas que simpatizaban con nuestra lucha contra los terroristas. Poco después, funcionarios venezolanos contactaron a nuestras autoridades en Bogotá y manifestaron aceptar nuestro programa de recompensas para capturar a Granda”.

Historias canallas XIV: penetración en Venezuela

Los paramilitares y el narcotráfico llegaron a Venezuela desde Colombia y México. Esa penetración se produjo de una manera “avasallante y supremamente rápida”. Es la conclusión de las investigaciones realizadas por la corporación independiente colombiana Arco Iris.

La frontera entre Colombia y Venezuela ha estado dominada

históricamente por el contrabando, sobre todo de gasolina, con las complicidades de la policía colombiana y de la Guardia Nacional venezolana. Este tejido de ilegalidades facilitó la llegada de los paramilitares colombianos y de las mafias mexicanas que controlan el negocio del narcotráfico en América Latina. La instalación de los paras y del narco contó con la complicidad de la oposición venezolana al gobernar en estados fronterizos.

Los narcotraficantes colombianos, que trabajan para las mafias de México, se instalaron en Venezuela desde 1997 para abrir

nuevas rutas hacia Estados Unidos y la Unión Europea. Después les acompañaron los delegados de los cárteles de Sinaloa y de los Zetas, las dos organizaciones más importantes de los narcotraficantes mexicanos.

Los paramilitares colombianos, asociados con los narcotraficantes, penetraron en dos oleadas. Inicialmente llamados por la oposición venezolana y más tarde para organizar su retaguardia cuando aparentaron negociar una desmovilización con el gobierno del presidente Álvaro Uribe.

Lo que se le vino encima al gobierno de Hugo Chávez fue el

Estado mafioso de Colombia, sobre todo durante los dos periodos

presidenciales de Uribe. Arco Iris denomina Estado mafioso al Estado convertido en mafia. No es sólo que la mafia contamine al Estado y que el Estado utilice a la mafia, sino que el Estado se convierte en mafia: “Las Fuerzas Armadas y la policía no han sido depuradas a pesar de los altos niveles de penetración de las organizaciones criminales. La asociación de militares y policías con agentes ilegales viene de hace 30 años. La corrupción y la impunidad caracterizan a la clase política local y regional. En toda la frontera, diputados, senadores, gobernadores y

alcaldes están involucrados con los paramilitares”.

Del lado venezolano, Arco Iris considera que la institucionalidad

es débil y que el presidente Chávez (el libro se publicó antes de su

muerte) “a cambio de su lealtad, entrega la frontera a las Fuerzas

Armadas para que la manejen a su antojo, lo que puede provocar el ascenso de organizaciones locales asociadas en el narcotráfico con sectores de la Guardia Nacional y del Ejército”.

Arco Iris señalaba a Manuel Rosales, que fue gobernador del

estado fronterizo de Zulia (2000-2008) y candidato presidencial

derrotado por Hugo Chávez (2006), como el gran promotor de la

actuación de los paramilitares colombianos en Venezuela. Su investigación considera probado que la federación de grupos paramilitares denominada Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) financió la campaña de Manuel Rosales como candidato a gobernador en Zulia. Además, Carlos Castaño, comandante de las AUC, intentó formar las Autodefensas Unidas de Venezuela como franquicia de los paramilitares colombianos.

Según Arco Iris, “la elite política de Zulia, liderada por Manuel

Rosales, consideró a los paramilitares colombianos como una especie de retaguardia militar e intentaron utilizarlos para atentar contra el presidente Hugo Chávez”. La corporación independiente colombiana confirma la conspiración en Bogotá cuando, en julio de 2005, Manuel Rosales y Pedro Carmona (exiliado después de encabezar la fracasada intentona golpista contra Chávez) se reunieron en la sede del Departamento Administrativo de Seguridad (la policía política de Álvaro Uribe) con el director de esa organización de espionaje, Jorge Noguera, acompañados por militares colombianos y comandantes de las AUC.

El DAS denominaba “operaciones silenciosas” a las incursiones

ilegales contra el gobierno de Chávez en colaboración con los sectores de la extrema derecha venezolana que gobernaban en los estados fronterizos de Zulia y Táchira.

Informaciones diplomáticas filtradas por WikiLeaks confirman

además que durante el primer periodo presidencial de Uribe (2002-2006) el ejército colombiano mantenía infiltrada en Zulia a una unidad de cien especialistas en operaciones especiales.

Notas

1. José Obdulio Gaviria Vélez, asesor del presidente Álvaro Uribe, no es hermano de Gustavo de Jesús Gaviria Rivero, el colaborador más importante de Pablo Escobar.

2. Henry Acosta Patiño: El hombre clave, Madrid, Aguilar, 2016.

3. Julián F. Martínez: Chuzadas: ocho años de espionaje y barbarie, Barcelona, Ediciones B, 2016.

4. Iván Cepeda y Jorge Rojas: A las puertas de El Ubérrimo, Barcelona, Debate, 2008. Olga Behar: El clan de los Doce Apóstoles, Bogotá, Icono, 2010.

5. Álvaro Uribe Vélez: No hay causa perdida, Nueva York, New American Library, 2012.

6. Jaime Bermúdez: La audacia del poder, Bogotá, Planeta, 2010. Según el relato de Bermúdez, el presidente Uribe no informó a los periodistas de confianza sobre sus intenciones de realizar operaciones ilegales en Venezuela, sino que lo confirmó

después del secuestro de Granda.

7. Ariel Fernando Ávila: La frontera caliente entre Colombia y Venezuela, Barcelona, Debate, 2012.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció este sábado la convocatoria de un "cónclave" en La Habana para cerrar con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) un nuevo acuerdo. Los negociadores abordarán 57 ejes temáticos que deberán resolverse "de manera rápida y eficaz".

Según publica Europa Press, Santos realizó el anuncio tras una reunión con el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, y otros miembros del equipo que le presentaron un informe sobre las reuniones de trabajo desarrolladas con los sectores del 'No' para concretar propuestas que permitan la construcción de nuevo acuerdo de paz, informa el diario colombiano El Tiempo.

Tras esta tarea de revisión y trabajo conjunto con los sectores del 'No', el Gobierno logró consolidar más de 500 propuestas que fueron reunidas en 57 ejes temáticos. "Para abordar los 57 temas de manera rápida y eficaz, con atención y cuidado, he dado instrucciones para que el equipo negociador del Gobierno trabaje en modo cónclave, en grupos temáticos simultáneos, sin levantarse de la mesa hasta alcanzar un acuerdo", apuntó Santos.

El Presidente le pidió a De la Calle viajar inmediatamente a La Habana para unirse a los negociadores que se desplazaron desde este viernes a la capital cubana para iniciar una nueva ronda de negociaciones con las FARC.

En La Habana ya se encuentran el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, y el senador Roy Barreras. A ellos se unirá este domingo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Santos destacó que, "durante el tiempo que dure este proceso, mantendremos abiertos los canales de comunicación con los diferentes sectores que participaron en el diálogo nacional".