El nuevo Plan Quinquenal de China va más allá de cinco años. La idea de Xi Jinping es sentar las bases para que en nueve China se convierta en una potencia económica, tecnológica y militar. Puede sonar grandilocuente, pero China, como recuerdan desde el Real Instituto Elcano, suele cumplir con alrededor del 80% de lo que propone en sus planes.

Este XV Plan coloca como meta el año 2035, que marca el plazo para alcanzar un nivel de modernización socialista básico, mientras que el año 2050 se erige como la fecha límite para la consecución de un país desarrollado integral.

Para esto, China se fija como objetivo una nueva etapa en la que quiere dejar atrás los bajos salarios, la mano de obra abundante y ser la fábrica del mundo para convertirse en una potencia de las “nuevas fuerzas productivas de calidad”. Es decir: la inteligencia artificial, la robótica, los nuevos materiales, la biomedicina o la industria aeroespacial. A la vez, en estos cinco o diez años, buscará desarrollar tecnologías emergentes como la computación cuántica, el hidrógeno o el 6G.

Pekín lleva años enseñando al mundo de lo que es capaz. Se hizo con el dominio de los paneles solares, exporta y fabrica coches eléctricos para todo el mundo y, según un informe de McKinsey, para 2030 dominará el mercado. Y, cuando nadie apostaba porque China pudiese fabricar un modelo más potente de inteligencia artificial generativa, apareció DeepSeek, que puso en alerta a los gigantes estadounidenses de Silicon Valley. 

El plan, recogido en un documento de 141 páginas, se habla, y mucho, de Inteligencia Artificial, el eje sobre el que pivota toda la estrategia del país para estos años.

En ese contexto se enmarca la iniciativa IA Plus, que tendrá un alcance sin precedentes: integrar la IA en manufactura, logística, educación y sanidad, y llevar su penetración al 70% de la economía el próximo año y al 90% en 2030.

Para conseguir esto, los centros de datos y toda la estructura que soporte esta tecnología estará respaldada por una electricidad barata y abundante: energía solar y eólica, el pasado año solo estas dos energías ya cubrieron el 97,1% de la nueva demanda eléctrica.

La diferencia de la IA china con el resto es que apostará por el código abierto; esto “marca una distinción clave entre los enfoques chino y estadounidense hacia la IA”, señala Tilly Zhang, analista industrial especializada en el sector tecnológico chino, en declaraciones recogidas por Reuters. 

“Creo que China ha analizado esto meticulosamente y ha elegido posicionar la IA de código abierto como estrategia insignia y ventaja competitiva frente a Estados Unidos”. El impacto de DeepSeek, que demostró que China podía competir en IA, es lo que motiva que todo gire en torno a esta tecnología. Ya se vio con el lanzamiento de Seedance 2.0 y su capacidad de crear vídeos casi indistinguibles de los reales.

Y, aunque suena lejano, el plan quinquenal pasa por seguir desarrollando los agentes de IA autónomos, sistemas capaces de ejecutar tareas complejas de forma encadenada sin supervisión humana constante. Una auténtica revolución que, como explica en su newsletter el fundador de la consultora de IA Naktor, Hektor Jacynycz García, ya ha tenido consecuencias a nivel mundial con OpenClaw. Lo que plantea China para 2030 no es entrenar modelos, es desplegarlos en fábricas, hospitales y redes de transporte, asegura a infoLibre.

La imagen de los robots saltando y bailando que se vio en el Festival de Primavera es el objetivo fijado por el Partido Comunista chino para estos cinco años; de ahí el interés por conseguir la autosuficiencia en semiconductores y no depender de terceros países. “China busca, más que aumentar la capacidad, optimizarla. Para ello, desarrolla sistemas propios de hardware y software que le hagan autosuficiente”, comenta el profesor Juan Vázquez, doctor en Economía y profesor en la Universidad Camilo José Cela a infoLibre.

Pekín sueña con conseguir robots humanoides para sectores con escasa mano de obra, y ya trabajan en fábricas y en entornos controlados por operarios humanos con máquinas capaces de doblar ropa, planchar o limpiar.

No es un farol: en este XV Plan, China se ha comprometido a mantener el gasto en I+D por encima del 7% anual. En 2025 ya lo superó con un crecimiento del 9,1%, alcanzando los 3,92 billones de yuanes. Eso coloca a China por delante de EEUU, India —otra potencia emergente— o Arabia Saudí.

Pero el plan, sobre todo, incide en las tecnologías para la autosuficiencia. Ser una “aldea gala”, en medio del mundo. El documento anuncia “medidas extraordinarias” para lograr avances en semiconductores, software básico y materiales avanzados, exactamente donde las restricciones de exportación y la guerra comercial con EEUU están haciendo más daño al gigante asiático. 

Y la apuesta autosuficiente de China pasa por la energía verde. El nuevo documento fija reducir las emisiones por unidad de PIB en un 17% y elevar la cuota de energías no fósiles al 25% del consumo total.

Como explica Vázquez en su último artículo para The Conversation, “el núcleo de esta transformación es una electrificación masiva que abarca transporte, industria y consumo doméstico. Esto genera un ciclo de retroalimentación: la transición energética impulsa la demanda de equipos donde China ya tiene ventajas: baterías, paneles solares o vehículos eléctricos, que en 2024 ya representaban el 10% del PIB”. Pero China va a mantener su industria del carbón porque "porque es fiable, barato y, sobre todo, doméstico. China lo controla y puede usarlo cuando lo necesita", recuerda Vázquez. El Gobierno lo define como un “lastre” necesario para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y evitar fallos en el suministro.

"Las renovables lideran, pero el carbón actúa como red de seguridad. Con el tiempo, el carbón irá pesando menos, pero seguirá ahí como apoyo para garantizar que el sistema funcione sin interrupciones y sin depender tanto del exterior", todo para no poner en riesgo el suministro, incide Vázquez.

En 2027, con el centenario del Ejército Popular de Liberación, China prevé mostrar avances en sensores cuánticos, IA militar y tecnologías contra armas hipersónicas. “La modernización militar moderna es inseparable del progreso rápido en ciencia y tecnología”, señala el informe de Forecast International.

Y en el ámbito militar no se descarta la toma de Taiwán bajo el principio de “una sola China”. El documento asegura que deben “implementar plenamente la política general” del “Partido para la nueva era sobre la solución de la cuestión de Taiwán, luchar resueltamente contra las fuerzas separatistas que aspiran a la ‘independencia de Taiwán’”, oponerse “a la interferencia externa, salvaguardar la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y mantener firmemente la iniciativa y la capacidad de dirección en las relaciones entre ambos lados del Estrecho”,

Chen Binhua, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, moderó algo el tono del documento e invitó a los residentes de Taiwán a viajar, trabajar y vivir en la parte continental eso sí, siempre mencionando y valorando la reunificación.

En cambio, el documento reafirma la política de “un país, dos sistemas”, subrayando que debe aplicarse de manera “resuelta”, garantizando un alto grado de autonomía en Hong Kong y Macao. El Gobierno insiste en reforzar el papel internacional del primero como centro financiero, comercial e innovador, y en diversificar la economía del segundo más allá del turismo y el juego.

Sin embargo, Camille Boullenois, analista de Rhodium, baja algo las expectativas de lo que promete China en The Economist: “Pekín ganó en renovables y en coches eléctricos. Pero sigue por detrás en semiconductores avanzados, la columna vertebral del desarrollo tecnológico actual”, además, Washington seguirá presionando y poniendo aranceles a productos clave como son los chips, lo que podría generar enormes pérdidas este año y el próximo hasta que se pueda asentar una producción propia autosuficiente.

El profesor Vázquez recuerda que “el cambio que plantea es estructural: dejar de competir por costes y hacerlo por control tecnológico” con una única finalidad: “Ocupar posiciones centrales en las cadenas de valor, definir estándares industriales y aumentar su influencia en la economía global”, haciendo fuerte hincapié en que la Nueva Ruta de la Seda adopte tecnología, financiación y sistemas de gestión chinos para crear relaciones de dependencia de esos países con China, algo que, a priori, parece complicado.

Donde ya tiene ventaja (como minerales críticos o tecnologías verdes) China busca consolidarla y ampliarla. "No solo produciendo dentro del país, sino controlando las cadenas globales de valor: invierte en recursos en el exterior (litio en Chile, níquel en Indonesia) para asegurar suministro y liderar el proceso, aunque parte de la producción se realice fuera de China", asegura Vázquez.

El automóvil es un reflejo de los retos que el país asiático tiene por delante. El profesor Vázquez explica a infoLibre cómo la autosuficiencia energética que busca China no es una autarquía, "empresas como BYD están abriendo fábricas en distintas regiones (por ejemplo, en Europa o América Latina) para evitar aranceles y acercarse a los mercados finales. Pero mantienen en China las partes de mayor valor (como el diseño, la tecnología de baterías o el desarrollo del software). Por ejemplo, un coche puede ensamblarse en Europa, pero su batería, su tecnología clave y gran parte del valor añadido siguen siendo chinos".

La transición demográfica también se convertirá en un reto en este XV Plan Quinquenal, y es que el envejecimiento poblacional y la “contracción de la fuerza laboral en edades centrales plantean desafíos para la seguridad social, los mercados laborales o la innovación”, alerta Eduardo Regalado, autor de El despertar del Dragón en una conversación telefónica con infoLibre tras analizar el documento chino. Según lo expuesto por la Academia China de Ciencias Sociales (2024), se proyecta una disminución aproximada de 30 millones en la población en edad laboral (15-59 años) durante el período 2025-2030. ¿Podrán los robots hacer frente a esa caída de mano de obra?

Las autoridades de Hong Kong informaron este sábado de que 144 personas inicialmente dadas por desaparecidas tras el incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court han sido localizadas ilesas, mientras que alrededor de 150 continúan sin poder ser contactadas.

El balance oficial de víctimas mortales continúa en 128 y las labores de identificación siguen en curso. El recuento provisional sitúa en 84 los fallecidos y en 37 los heridos entre las personas que en un principio se daban por desaparecidas.

La jefa de la unidad policial de investigación de víctimas, Karen Tsang Shuk‑yin, señaló que 44 cuerpos permanecen sin identificar y que la Policía ha comenzado a avisar a familiares y personas que han denunciado la desaparición para que participen en el proceso.

Aunque las autoridades no han ofrecido un desglose, las cifras difundidas desde el miércoles muestran que la lista inicial de desaparecidos, que rondaba los 200 casos, se amplió hasta acercarse ahora a los 300, en parte debido a denuncias con información incompleta o difícil de verificar.

“Dentro de esos 150 casos, en cien solo hemos recibido detalles muy escasos, a veces un apodo o incluso dudas sobre si la persona vivía realmente en Wang Fuk Court”, explicó Tsang en declaraciones recogidas por el South China Morning Post, y añadió que la Policía está contactando “uno por uno” a quienes llamaron a la línea habilitada para avanzar en la identificación.

La actualización se produce en pleno luto oficial de tres días en la ciudad y mientras los equipos de rescate continúan revisando los siete bloques afectados en busca de restos y pruebas.

Las pesquisas preliminares apuntan a que materiales altamente inflamables empleados en la renovación facilitaron una propagación vertical del fuego, mientras que la investigación penal avanza con once detenciones, entre directivos, consultores y subcontratistas, en uno de los siniestros más mortíferos de la historia reciente de Hong Kong.

El número de fallecidos en el incendio que tuvo lugar este miércoles en el complejo residencial Wang Fuk Court de Hong Kong se eleva ya a 128 mientras se desconoce el paradero de unas 200 personas, informaron este viernes fuentes oficiales.

El secretario de Seguridad de la región semiautónoma, Chris Tang Ping-keung, anunció ante los medios que 108 de los cuerpos fueron hallados en la zona del incendio y no descartó que los equipos que trabajan en los edificios afectados hallen más cadáveres.

Sobre el número de desaparecidos, Tang indicó que hay 200 personas cuya "situación" no está clara, entre ellas 80 cuerpos que no han podido ser identificados.

El número de heridos entre los residentes también se ha incrementado hasta los 79, dijo.

El responsable gubernamental confirmó que la causa de la rápida expansión de las llamas fue el uso de planchas de poliestireno altamente inflamables en las ventanas, lo que además provocó que los cristales estallaran y el fuego se propagara por el interior de los edificios.

Los inmuebles se hallaban cubiertos por andamios de bambú revestidos con mallas de seguridad debido a trabajos integrales de renovación de todo el complejo.

"Hubo incendios masivos tanto en el interior como en el exterior, lo que causó este desastre", sostuvo Tang.

Mientras, el director del departamento de Bomberos, Andy Yeung, reveló en la misma comparecencia que las alarmas anti-incendios no funcionaron correctamente y avanzó que lo ocurrido acarreará también consecuencias penales.

El anuncio de Yeung confirma los testimonios de numerosos vecinos que aseguraron que no escucharon las alarmas cuando comenzó el incendio, que tuvo focos activos hasta el jueves.

El fuego se inició el pasado miércoles en la torre 8 del conjunto residencial, formado por ocho bloques de 31 plantas construidos en 1984 y habitados por unas 4.600 personas, muchas de ellas de edad avanzada.

Hasta el momento las autoridades han detenido por su presunta responsabilidad en la tragedia a cinco personas -dos de ellas este viernes- pertenecientes a la constructora a cargo de la rehabilitación del complejo y a un estudio de arquitectura que prestó asesoría en el proyecto.

El incendio declarado en siete edificios de un complejo residencial de Hong Kong deja ya 55 fallecidos, 68 heridos hospitalizados -16 en estado crítico y 25 graves- y al menos 279 desaparecidos, según las últimas cifras difundidas este jueves por los servicios de emergencia.

El siniestro, registrado el miércoles por la tarde, ha devastado siete de los ocho bloques de 31 plantas que componen el complejo Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, y se ha convertido en el peor incendio urbano de Hong Kong en tres décadas.

El fuego comenzó en uno de los edificios y se propagó con extrema rapidez, alimentado por los andamios de bambú recubiertos con mallas de seguridad, lonas impermeables y planchas de poliestireno expansivo utilizados en las obras de renovación exterior iniciadas en julio de 2024.

Las autoridades consideran “inusual” la velocidad de propagación y han confirmado la presencia de materiales de poliestireno expandido altamente inflamables dentro de los bloques.

Hasta primera hora de la mañana, los incendios en los siete edificios estaban ya bajo control, y solo quedaban llamas en tres de ellos, después de casi 10 horas de operaciones continuadas.

El Departamento de Bomberos ha desplegado 1.250 efectivos, 304 vehículos de emergencia, 26 equipos especializados y cuatro drones para vigilancia aérea, y continúa avanzando planta por planta en tareas de rescate y enfriamiento.

Los mandos alertaron del riesgo de colapso parcial del andamiaje, del que ya han caído fragmentos, lo que obliga al personal a extremar la precaución.

La policía ha detenido a dos directores y un consultor de ingeniería de la contratista responsable de las obras, acusados de homicidio imprudente por el uso de materiales que habrían facilitado la rápida extensión del fuego.

Además, agentes registraron este jueves las oficinas de la empresa administradora del complejo y la vivienda de uno de los sospechosos, mientras continúa la investigación sobre el origen del siniestro.

El jefe del Ejecutivo, John Lee, calificó la tragedia de “catástrofe masiva” y anunció la suspensión de todos los actos de campaña de cara a las elecciones al Consejo Legislativo del 7 de diciembre, además de abrir la puerta a una posible revisión de la fecha de los comicios.

En una reunión interdepartamental celebrada por la mañana, Lee ordenó inspecciones inmediatas en todas las urbanizaciones de Hong Kong actualmente en obras para verificar la seguridad del andamiaje y de los materiales empleados.

La oleada de solidaridad se multiplicó, con anuncios de ayuda por parte del sector privado.

La Fundación Jack Ma, Alibaba y Ant Group comprometieron 60 millones de dólares hongkoneses (7,7 millones de dólares estadounidenses) para apoyar a las familias afectadas y a los servicios de rescate.

Además, compañías como BYD, NetEase, Trip.com, ByteDance y Didi han donado 10 millones de dólares hongkoneses cada una para los esfuerzos de asistencia.

La catástrofe supera ampliamente el saldo del incendio del edificio comercial Garley, ocurrido en 1996 en Kowloon, que dejó 41 fallecidos y que hasta ahora era el peor siniestro de este tipo en tiempos de paz en Hong Kong.

Los fallecidos por el incendio de varios bloques de viviendas en el distrito de Tai Po en Hong Kong se elevan ya a 13, mientras otras 28 personas se encuentran heridas y un número indeterminado permanecen atrapadas, según fuentes citadas por el diario hongkonés South China Morning Post.

Un primer parte policial cifraba en cuatro los fallecidos y en ocho los heridos. Entre las trece personas fallecidas se cuentan ocho mujeres, tres hombres y un bombero, de acuerdo con el rotativo.

Los bomberos continúan luchando contra el fuego, que supera ya las ocho horas de duración y afecta a cuatro bloques del vecindario. Las autoridades han indicado que las altas temperaturas dentro de los edificios y la caída de andamios y escombros dificultan el avance de los equipos de rescate.

Vecinos del complejo han expresado indignación por la aparente lentitud en la extinción del incendio.

Una residente de la zona, de apellido Cheung, declaró al diario que "los edificios arden en cadena y nadie parece apagarlos" y recordó que en las obras cercanas se habían detectado obreros fumando, motivo por el que se habían impuesto multas.

Un alto mando policial de Tai Po ha confirmado a la prensa que, al no estar controlado el fuego en ninguno de los bloques, resulta imposible realizar registros piso por piso para confirmar que todas las viviendas han sido evacuadas, por lo que se desconoce cuántas personas permanecen atrapadas.

En paralelo, una organización de rescate animal calculó que más de un centenar de mascotas han quedado atrapadas en los edificios.

La organización Hong Kong Pet Club ha desplazado dos ambulancias veterinarias al lugar para atender a los animales rescatados.

Asimismo, el partido Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong (DAB) ha anunciado la suspensión de todos sus actos de campaña electoral para las próximas elecciones legislativas en el territorio como muestra de respeto a las víctimas.

Otros partidos, incluido New People’s Party, también han paralizado sus actividades y el Gobierno ha suspendido los foros electorales previstos para esta semana.

El incendio, que comenzó en el andamiaje exterior de varios pisos, fue inicialmente clasificado como alarma de nivel 1, pero escaló rápidamente a nivel 4 a las 15:34 hora local (07:34 GMT).

Wang Fuk Court, el complejo donde ocurrió el siniestro, se halla inmerso en un proceso de renovación por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares, 36,6 millones de euros), una propuesta que generó descontento entre numerosos residentes el año pasado.

El complejo cuenta con 1.984 viviendas, que albergan a unos 4.000 residentes. Más de 700 personas han sido trasladadas a centros comunitarios habilitados como refugios temporales, según el Gobierno de Hong Kong.

Incidentes como este subrayan preocupaciones recurrentes sobre la seguridad en los andamios de bambú, comunes en Hong Kong por su ligereza y bajo costo, a menudo vinculados a actividades de renovación, materiales inflamables o fuentes de ignición externa, en un contexto de alta densidad urbana y condiciones climáticas propicias a la sequía.

El Tribunal Superior de Hong Kong ha ordenado este lunes la liquidación del gigante inmobiliario chino Evergrande tras no lograr presentar una propuesta para reestructurar su deuda, que asciende hasta los 328.000 millones de dólares (unos 302.000 millones de euros).

"La vista ha durado un año y medio y la empresa aún no ha sido capaz de presentar una propuesta de reestructuración concreta. Creo que ha llegado el momento de que el tribunal diga basta", ha declarado la jueza Linda Chan durante la audiencia, según ha publicado el diario chino South China Morning Post.

Esta decisión, que se ha convertido en la primera orden de liquidación dictada por tribunal de la ciudad, aún puede ser recurrida, si bien esta misma jornada se asignará al liquidador provisional para que comience a gestionar la reestructuración de la deuda con los acreedores y tomar el control de sus activos, libros y registros.

LaLiga ha respondido a la información publicada este viernes por el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre, sobre los pagos que recibió de una empresa iraní asegurando que su relación con MTN Irancell era “real, lícita y se encuentra perfectamente documentada”. La investigación Dominica: Pasaportes del Caribe, que ha destapado el lucrativo negocio que mantiene esa isla del Caribe vendiendo visas oro a cambio de inversiones, desveló también que LaLiga cobró el acuerdo de patrocinio firmado con la empresa MTN Irancell utilizando al menos dos métodos poco ortodoxos: una sociedad fantasma de Hong Kong creada por dos iraníes que habían comprado pasaportes oro de Dominica y múltiples ingresos en efectivo desde un mismo cajero automático de Dubái, lo que se conoce como “pitufeo”.

Según la investigación de OCCRP, cuando la institución que preside Javier Tebas firmó ese acuerdo de patrocinio con MTN Irancell, en 2017, la empresa iraní era en su mayor parte propiedad de otra sociedad de ese país que, a su vez, se hallaba en manos de entidades vinculadas al Ministerio de Defensa de los ayatolás y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (CGRI), los pasdarán, un brazo del ejército iraní que ha sido objeto de sanciones internacionales. 

En concreto, MTN Irancell es en un 49% propiedad de MTN Group, una compañía sudafricana de telecomunicaciones, mientras que el 51% restante pertenece a Iran Electronic Development Company. Esta última empresa es una joint-venture de Iran Electronic Industries, controlada por el Ministerio de Defensa iraní, y la Fundación Mostazafan, que preside un exoficial de la Guardia Revolucionaria iraní. En abril de 2019 Estados Unidos incluyó a la Guardia Revolucionaria en su lista de grupos terroristas. El acuerdo con LaLiga de 2017 se renovó en dos ocasiones más, la última en agosto de 2019, pocos meses después de la calificación de los pasdarán como terroristas.

En su nota, LaLiga se ocupa de subrayar que ninguna de las entidades “directamente” relacionadas con el contrato de patrocinio eran ni han sido “directamente” objeto de sanciones, ni sobre ellas “se han identificado alertas de cualquier actividad ilícita”. Elude, por tanto, el hecho de que sí lo ha sido la sociedad propietaria de MTN Irancell, aunque no lo haya sido esta última. Es básicamente la misma explicación que dio un portavoz de la institución española cuando OCCRP le preguntó sobre este asunto y que fue publicada este viernes con el resto de la información.

En su nota, la patronal del fútbol español tampoco hace mención alguna a los peculiares mecanismos de pago utilizados para cobrar ese acuerdo “real y lícito”, excepto que son “elementos que nada tienen que ver con el contrato de patrocinio”, además de “totalmente ajenos a esta institución”. LaLiga niega tener “conocimiento alguno” sobre ellos.

Sin embargo, OCCRP e infoLibre han publicado el comprobante de la transferencia entre una cuenta en el banco chino Hua Xia, perteneciente a la empresa de Hong Kong Lonking Industrial, y una cuenta de LaLiga en el Banco Santander, realizada el 18 de marzo de 2019 y por importe de 65.000 euros. Lonking Industrial fue creada por un iraní, Hossein Mohamedrezael, utilizando un pasaporte comprado en Dominica en 2017. El sello del resguardo está escrito en farsi, la principal lengua de Irán, no en chino.

El consorcio de medios que ha investigado este asunto también ha conseguido cinco recibos de los envíos de efectivo realizados desde un cajero automático de Dubái en dos días diferentes de noviembre de 2019. Se transfirió un total de 76.000 dólares en dírhams emiratíes en operaciones realizadas con apenas minutos de diferencia. A juicio de LaLiga, esta información está “manifiestamente tergiversada” y es fruto de una “perversa interpretación forzada de los acontecimientos”.

La patronal del fútbol reitera en su nota que el acuerdo de patrocinio con MTN Irancell –un 10% de los beneficios obtenidos de los suscriptores de su canal online más 900.000 dólares en tres años– finalizó “hace años” y que el contrato “surgió de la colaboración” con su matriz, la sudafricana MTN Group, también patrocinador de LaLiga.

Diciembre de 2017. Fernando Morientes, exdelantero del Real Madrid, lanza un balón autografiado al público que le aplaude en un salón de actos abarrotado de Teherán (Irán). Al fondo, un retrato del ayatolá Jameni, líder supremo del país. LaLiga acababa de asociarse públicamente con MTN Irancell, el gigante estatal iraní de las telecomunicaciones. Y Morientes, embajador de la LaLiga, está encantado de aportar su toque de estrella al acto.

Morientes no ha querido hablar con OCCRP, red de la que forma parte infoLibre, sobre su visita a Teherán, que se produjo cuando ya se había publicado abundante información que exponía que MTN Irancell era en su mayor parte propiedad de una empresa iraní que, a su vez, se hallaba en manos de entidades vinculadas al Ministerio de Defensa y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (CGRI), los pasdarán, un brazo del ejército iraní que han sido objeto de sanciones internacionales. Entre los dignatarios que asistieron a la ceremonia de Teherán se encontraba Mustafá Ajorlu, comandante de la Guardia Revolucionaria que ha tomado represalias contra jugadores iraníes que apoyaron las recientes protestas contra el Gobierno.

La alianza con MTN Irancell ofreció a LaLiga acceso al lucrativo mercado iraní. Los contratos a los que ha tenido acceso OCCRP muestran que MTN Irancell se comprometió a pagar a LaLiga el 10% de los beneficios que obtuviera de los abonados que vieran el fútbol español en su canal online, además de unos 900.000 dólares en unos tres años.

El problema es que debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos a la banca iraní, sacar dinero del país podía ser problemático: el grupo sudafricano MTN, accionista minoritario de MTN Irancell, señaló en su informe anual de 2021 que tenía problemas para “repatriar efectivo” de sus socios iraníes.

Así que LaLiga encontró al menos dos maneras de eludir esas dificultades. La primera, utilizar en al menos una de las transferencias de MTN Irancell una empresa fantasma de Hong Kong creada por un ciudadano iraní con pasaporte de la isla caribeña de Dominica. La segunda, enviar dinero, en pequeñas cantidades, desde cajeros automáticos de Dubái.

Según muestran los documentos filtrados a los que ha tenido acceso OCCRP, LaLiga recibió al menos un pago de MTN Irancell de una empresa fantasma propiedad de un intermediario iraní. Este intermediario había comprado un pasaporte oro de Dominica, un pequeño país caribeño con un floreciente programa que concede la ciudadanía a cambio de realizar una inversión. El pasaporte se utilizó para crear la empresa tapadera con sede en Hong Kong que dirigió el pago iraní a LaLiga, una asociación privada que aúna a los clubes de primera y segunda división para rentabilizar un espectáculo que, según la propia entidad, llega a 2.800 millones de personas en el mundo.

El Gobierno de EEUU sancionó más tarde a una empresa similar propiedad del intermediario –y también creada con un pasaporte de Dominica– por vender decenas de millones de dólares de productos petroquímicos iraníes en nombre de entidades vinculadas a la Guardia Revolucionaria.

Estos métodos para transferir dinero ilustran bien cómo los pasaportes adquiridos en lugares como Dominica pueden utilizarse para burlar las sanciones y realizar pagos secretos. Y no se trata sólo de iraníes. Como parte del proyecto Dominica: Pasaportes del Caribe, OCCRP también ha descubierto que oligarcas rusos sancionados, taiwaneses prófugos dedicados a esquemas ponzi, un yemení presuntamente implicado en piratería e incluso el científico jefe de armas nucleares de Sadam Husein obtuvieron pasaportes de Dominica.

En su respuesta a las preguntas que al respecto le ha formulado OCCRP, un abogado que representa a LaLiga asegura que el organismo presidido desde 2013 por Javier Tebas es “ajeno a cualquier vínculo entre la relación contractual que mantuvo en el pasado con MTN Irancell y la creación de cualquier empresa por titulares de pasaportes de Dominica”.

El portavoz de LaLiga describe su relación con MTN Irancell como un “contrato de patrocinio” que permitió “realizar numerosas promociones del fútbol español en Irán, donde existe una gran afición por el fútbol entre su población joven”. También indica que el acuerdo se enmarcaba en una relación preexistente con MTN Group en África, la empresa matriz de MTN Irancell, que terminó hace años, y que “actualmente, no hay ninguna relación con MTN o MTN Irancell”. Añade que la Liga española “cumplió con la normativa sobre sanciones de la UE en relación con el contrato” iraní, tras resaltar que MTN Irancell “no era, ni ha sido nunca, una entidad sancionada” por la comunidad internacional.

Según explica, en el momento en que comenzó la relación, en 2017, “el acuerdo nuclear iraní firmado en 2015 estaba en pleno vigor, lo que provocó el levantamiento de las sanciones económicas internacionales. Además, no existían sanciones sobre el deporte profesional, sobre los contratos de patrocinio vinculados a la promoción del deporte profesional”.

El presidente de La Liga, Javier Tebas, tachó de “fake news” las informaciones que en su día publicó Okdiario sobre el acuerdo con los iraníes.

MTN Irancell es una empresa conjunta del grupo sudafricano MTN, una importante compañía de telecomunicaciones con un 49% del capital, y una firma iraní propiedad de entidades vinculadas al Ministerio de Defensa y a la Guardia Revolucionaria iraní. Los iraníes tienen una participación mayoritaria del 51%. Aunque no se dispone de registros de propiedad de las empresas iraníes para verificar estos acuerdos societarios, están acreditados en informaciones publicadas por medios de comunicación occidentales e iraníes, informes de expertos, notificaciones de las sanciones del Tesoro de Estados Unidos y registros legales que se extienden a lo largo de los últimos años.

Según el Tesoro de Estados Unidos y tal y como consta en varias demandas judiciales presentadas por ciudadanos estadounidenses, el accionista iraní de MTN Irancell es Iran Electronic Development Company. Las mismas fuentes describen esta compañía como una empresa conjunta entre Iran Electronic Industries –también conocida como Sairan–, una sociedad controlada por el Ministerio de Defensa iraní, y la Fundación Mostazafan –también conocida como Bonyad Mostazafan–. Estas participaciones están confirmadas por un informe de 2015 del departamento de investigación del Banco Central de Irán, que menciona a la Fundación Mostazafan como propietaria del 23,25% de MTN Irancell y al Ministerio de Defensa como dueño del 27,75%, lo que suma una participación iraní total del 51%.

En una notificación de sanciones a la Fundación Mostazafan en 2020, el Tesoro estadounidense la describe como “un inmenso conglomerado de cerca de 160 holdings en sectores clave de la economía iraní, como las finanzas, la energía, la construcción y la minería”, presidido por “el exoficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Parviz Fattah”.

“Mientras que Bonyad Mostazafan es aparentemente una organización benéfica encargada de proporcionar ayuda a los pobres y oprimidos”, añade la nota, “sus activos son arrebatados al pueblo iraní y utilizados por el líder supremo Ali Jamenei para enriquecer a su gabinete, recompensar a sus aliados políticos y perseguir a los enemigos del régimen”.

En abril de 2019, aproximadamente un año y medio después de ese primer acto en Teherán de MTN Irancell, Estados Unidos calificó a la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista, poniéndolo en compañía del ISIS y Boko Haram. Lo que no fue óbice para que el acuerdo entre la Liga española y los iraníes se renovara varios meses después, en agosto de ese mismo año.

OCCRP ha preguntado a la Liga española por qué renovó el acuerdo incluso después de que la Guardia Revolucionaria fuera considerada un grupo terrorista por Estados Unidos. LaLiga contesta que lo hizo “teniendo en cuenta que en ese momento la Unión Europea, donde se encuentra LaLiga, junto con el resto de los países firmantes del acuerdo nuclear de 2015 (excepto la nueva administración Trump en Estados Unidos), defendió la validez del mencionado acuerdo nuclear, afirmando que Irán estaba cumpliendo plenamente con sus compromisos”.

Según advierten los expertos, las sanciones estadounidenses dificultan a las instituciones iraníes el movimiento de dinero a través de gran parte del sistema financiero internacional. “Sencillamente, no se puede realizar ninguna transacción internacional normal si la contraparte es iraní”, subraya Mahdi Ghodsi, economista especializado en Irán y en sanciones internacionales del Instituto de Estudios Económicos Internacionales de Viena. “Todo lo que es ilegal en Estados Unidos es ilegal de facto para el resto del sistema bancario internacional, porque Estados Unidos es el principal gobernador de ese sistema”.

Así que, en lugar de recurrir a las rutas financieras controladas por Estados Unidos, MTN Irancell utilizó intermediarios con pasaportes oro comprados en Dominica para transferir al menos un pago desde Irán hasta España, tal y como muestran los documentos a los que ha tenido acceso OCCRP.

Dos iraníes, Hossein Mohamedrezaei y Pedram Pirouzan, dirigían un negocio de cambio de dinero llamado Pedram Pirouzan and Partners en Damavand, una pequeña ciudad cerca de Teherán. Ambos se habían acogido al programa de ciudadanía a cambio de inversiones de Dominica, lo que permitió al primero obtener un pasaporte de la isla caribeña en 2017 y al segundo, otro en una fecha desconocida. Utilizando estos documentos, crearon luego empresas fantasma en todo el mundo.

Una de ellas facilitó la transferencia ilegal de decenas de millones de dólares procedentes de las ventas de productos petroquímicos iraníes a China y fue sancionada por Estados Unidos en 2022. Otra se utilizó para realizar un pago de 65.000 euros de MTN Irancell a LaLiga.

Un recibo emitido por MTN Irancell y obtenido por OCCRP muestra que Pedram Pirouzan and Partners transfirió los fondos en la primavera de 2019, casi al mismo tiempo que la Guardia Revolucionaria fue etiquetada como grupo terrorista. Pero, aunque el pago fue organizado por la casa de cambio iraní, un comprobante de transferencia bancaria obtenido por OCCRP revela que fue enviado desde otro rincón del planeta.

El 18 de marzo, LaLiga recibió un pago por el mismo importe de 65.000 euros de una empresa de Hong Kong, Lonking Industrial, que había sido creada por Mohamedrezaei utilizando su pasaporte de Dominica. La empresa –que, como muchas compañías de Hong Kong asociadas con Irán, tenía una dirección en la ciudad de Yiwu, en la China continental– envió el dinero a la cuenta de LaLiga en el Banco Santander desde otra cuenta en el banco Hua Xia de China. En la parte inferior del resguardo de la transferencia figura un sello informativo escrito, no en chino, sino en farsi, la principal lengua hablada en Irán.

LaLiga asegura a OCCRP que no ha oído hablar nunca de Mohamedrezaei y Pirouzan, ni de su empresa de transferencias de dinero. Por su parte, el Banco Santander se ha negado a hacer comentario alguno al respecto. Mohamedrezaei y Pirouzan no han respondido a las preguntas de OCCRP, que no ha podido contactar con Hua Xia bank para que hiciera sus comentarios sobre este asunto.

En realidad, la operativa con la Liga desde Yiwu no es excepcional. Informaciones anteriores publicadas por OCCRP revelaron cómo empresas fantasma de Hong Kong, controladas por individuos que operan desde la ciudad oriental china de Yiwu, han movido cientos de millones para una amplia gama de intereses criminales; por ejemplo, para un blanqueador de dinero iraní llamado Reza Zarrab. Yiwu está geográficamente unida a Irán: alberga el inicio del ferrocarril que conecta Irán y China, y es un importante centro de comercio iraní.

Así, sociedades fantasma y otras operativas movieron 130 millones de dólares para HMEA Co Ltd, una empresa con sede en Hong Kong dedicada a neutralizar las sanciones iraníes y que tenía múltiples cuentas en algunos de los mayores bancos del mundo. Aunque HMEA Co Ltd estaba controlada por un sueco buscado por fraude, el verdadero propietario de la empresa era Ehsan Azarnekou, un iraní con pasaporte dominiqués cuyo nombre aparece en la investigación de OCCRP Dominica: Pasaportes del Caribe.

Según las informaciones de OCCRP, Azrnekou tenía importantes conexiones con intereses petroleros iraníes y también dirigía varios negocios de cambio de divisas en Irán. OCCRP intentó, sin éxito, contactar con Azarnekou.

El segundo sistema utilizado por LaLiga y MTN Irancell para sortear las sanciones internacionales fue, según desvela la investigación de OCCRP, el envío de dinero desde Dubái. Aunque no puede establecerse el origen de los fondos, tres exempleados de LaLiga conocedores del acuerdo con MTN Irancell explican que estas transacciones formaban parte del acuerdo de patrocinio firmado por LaLiga.

Una de las formas de pago consistió en ingresar dinero en efectivo en una cuenta de LaLiga desde un cajero automático de Dubái. Cinco recibos obtenidos por OCCRP revelan que un mismo cajero se utilizó en dos días diferentes de noviembre de 2019 para depositar un total de alrededor de 76.000 dólares en dírhams emiratíes, en múltiples transacciones con apenas minutos de diferencia.

Los expertos en lavado de dinero consultados por OCCRP indican que los depósitos se asemejan a una práctica común de lavado llamada “pitufeo”, empleada para evitar llamar la atención de los reguladores bancarios. “Pitufar significa dividir un gran volumen de dinero en cantidades pequeñas para mantenerse por debajo de los límites que obligan a las instituciones financieras, como bancos o fideicomisos, a informar [a las autoridades]”, explica Brendan Newitt, abogado defensor criminalista de la firma Roos & Pen.

LaLiga replica que no ha hecho nunca transferencias en cajeros automáticos “ni directa ni indirectamente” relacionadas con ese acuerdo.

Pero no se trata de los únicos pagos a LaLiga que encienden las alarmas.

Durante los años anteriores, según muestran los documentos obtenidos por OCCRP, la institución presidida por Javier Tebas recibió el equivalente a cientos de miles de dólares de empresas fantasma con sede en los Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Varias de estas empresas fueron liquidadas poco después de efectuar los pagos. Algunas no tenían conexión aparente con el fútbol, sino que parecían ser empresas de joyería y electrónica.

El abogado Brendan Newitt destaca que este tipo de actividad es muy poco habitual en una gran liga de fútbol. “Se podría pensar que cuando una parte utiliza una entidad offshore, el préstamo o el pago se realiza en una sola transacción o en unas pocas. ¿Por qué utilizar sociedades offshore, dinero en efectivo y cheques para hacer depósitos más pequeños?”, se pregunta Newitt. “Podría tener razones económicas completamente legales, pero sigue siendo muy poco habitual”, concluye.

Preguntado por estas transacciones, el representante de LaLiga no explicó el uso de las empresas citadas, pero aseguró que la institución había llevado a cabo “la debida diligencia comercial, incluida una exploración de posibles sanciones utilizando bases de datos especializadas, que no arrojó ninguna alerta de sanciones en relación con MTN Irancell o cualquier otro tercero relacionado”.

Una carta obtenida por OCCRP revela que, en octubre de 2019, aproximadamente medio año después de que la Guardia Revolucionaria hubiera sido calificada de grupo terrorista por EEUU, los directivos de LaLiga informaron a MTN Irancell de que habían “transferido en su totalidad todos sus derechos y obligaciones en virtud del acuerdo de patrocinio” a una filial con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Todos los pagos posteriores, decía la carta, deberían hacerse allí. El representante de LaLiga precisa que la operación se hizo “por razones comerciales”.

Jens Sejer Andersen es director internacional de Play the Game, una iniciativa que promueve la democracia, la transparencia y la libertad de expresión en el mundo del deporte y ha revisado los hechos revelados por OCCRP. “Creo que todo este asunto demuestra lo desesperadamente que el fútbol europeo necesita supervisión y regulación financiera. Parece que LaLiga no puede haber sido del todo inconsciente de lo problemático que es trabajar con dictaduras lejos de Europa, pero ha dejado de lado todas las consideraciones en su insaciable apetito de dinero”.

“Esta historia debería ser una de las muchas que convenzan a los políticos europeos para que den un paso al frente y empiecen a regular una industria que, bajo el escudo de la autonomía deportiva permite que florezcan todo tipo de malas prácticas financieras y políticas”, concluye.

Los patrocinios siguen siendo una fuente de ingresos primordial para los clubes y las ligas de fútbol profesional europeas, pese a la preeminencia de los derechos televisivos. Según el Informe anual de las finanzas del fútbol, elaborado por la consultora Deloitte, los acuerdos de patrocinio representan el 37% de los ingresos comerciales generados por los clubes en las cinco mayores ligas europeas. Han crecido un 6,5% desde 2012. En la temporada 2021/2022 los ingresos por patrocinio de la Liga española sumaron 950 millones de euros, un poco por encima de la alemana, pero muy por debajo de los 2.053 millones de la británica.

Según las cifras de LaLiga, sus ingresos por patrocinios crecieron un 17% en la última temporada, la 2022/23, hasta alcanzar los 177,6 millones de euros. Y el 60% de esa cantidad procedía de acuerdos con entidades extranjeras. Su objetivo es llegar a los 200 millones en 2024/25. No le queda otra, tras la firma del acuerdo con el fondo de inversión CVC, por el que le cede el 11% del negocio del fútbol español durante 50 años a cambio de una inyección de 2.667,5 millones de euros.

La operación, una cuenta en participación similar a la que firmó antes el Real Madrid con el fondo Providence, obliga a ambas entidades a aumentar de forma considerable su volumen de ingresos para pagar a los fondos de inversión cada año. “Estos acuerdos suponen debilitar la economía de los clubes a medio plazo”, advierte Marc Ciria, presidente de la gestora financiera Diagonal Asset Management, “tienen un coste financiero muy alto y no aportan valor a los clubes”. A su juicio, son “pan para hoy y hambre para mañana”: ayudan a pagar las facturas pero, si los ingresos no aumentan en la magnitud esperada, dañan su competitividad en el futuro.

“Si quieres seguir siendo competitivo, o cambias los criterios para elegir patrocinadores o cambias la filosofía del club o te ves abocado a tener como interlocutores a Arabia Saudí, Irán o Catar”, critica Ciria, que formó parte de la candidatura de Joan Laporta en las elecciones del FC Barcelona de 2015. Es más, cree que el mundo del fútbol está “subastando el sponsoring”: “Les da igual el quién, sólo les importa el qué. Son incapaces de tener estrategias que les permitan ir más allá de los ingresos de siempre: los patrocinios, los derechos de televisión y el matchday [los ingresos por la venta de entradas]. Si no sales de esos tres, vendiendo en todo el mundo y profesionalizando los ingresos, recurres al que más te da en lo de siempre”.

Pero más que a la desesperación por los ingresos, Marc Ciria atribuye los acuerdos con socios internacionales cuestionables a la falta de visión estratégica y de profesionalización en el fútbol español. “Los patrocinios son un tema de compliance, de respeto a unos valores a la hora de escoger compañeros de viaje y de qué alternativas hay: quién vale y quién no. Porque también podemos hablar de cómo fabrica Apple o Nike sus productos en Asia”, apunta. Aunque tampoco duda en afirmar que “el Barça perdió el alma cuando cambió Unicef por Catar, por tener un ingreso inmediato”.

Con alma o sin ella, LaLiga anunció el pasado agosto la firma de un acuerdo de patrocinio con Arabia Saudí: promocionará el turismo en esa autocracia nada respetuosa con los derechos humanos –“su interés cultural y sus sorprendentes paisajes”, precisó el embajador de LaLiga Iker Casillas– a cambio de expandir la presencia del fútbol español en el mundo árabe.

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Este reportaje forma parte de Dominica: Pasaportes del Caribe, una investigación internacional sobre el programa de ciudadanía a cambio de inversiones de Dominica. El proyecto es un esfuerzo conjunto de OCCRP, la organización sin ánimo de lucro Government Accountability Project, con sede en Washington DC, y más de una docena de medios de comunicación asociados, entre ellos infoLibre.

La jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, ha descartado este martes que el cierre dos medios de comunicación en la última semana se deba a una falta de libertad de prensa en la región y niega que esté relacionado con la Ley de Seguridad Nacional, al contrario de lo que aseguran activistas y disidentes, según informa Europa Press.

En una rueda de prensa, Lam ha asegurado que los medios en cuestión "han tomado sus propias decisiones, en este caso suspender su actividad, y no hay relación directa entre estos eventos y la libertad de prensa".

En relación con el portal de noticias Citizen News, que ha dicho cerrar para "garantizar la seguridad de sus trabajadores", Lam ha asegurado que las autoridades "no han hecho nada" para que esto suceda. "Ni siquiera se han puesto en contacto con ellos", ha declarado, según informaciones de la emisora RTHK.

La decisión del medio, sin embargo, llega después de que el portal Stand News anunciara la suspensión de todas sus operaciones después de que siete empleados —entre ellos varios exdirectores y miembros de la junta directiva— fueran detenidos por presunta sedición.

"Si tienen una perspectiva concreta, preocupaciones determinadas y deciden cerrar, eso es algo que pasa mucho en el mercado hongkonés", ha aseverado la jefa de Gobierno, que ha sostenido que las autoridades "no suprimen la libertad de prensa" sino "actúan acorde a las leyes".

En este sentido, ha aclarado que "si la Ley de Seguridad Nacional socavase la libertad de prensa, entonces no habría este tipo de libertad en todo Occidente". "Nombra un país occidental que no tenga una ley de seguridad nacional. Tienen legislaciones más draconianas que la nuestra, que es bastante concisa", ha insistido.

"Los periodistas y los medios de comunicación, como todos nosotros, deben respetar y adherirse a la ley. Si tienen miedo de no poder hacerlo, entonces tienen que tomar decisiones", ha zanjado.

A partir de este jueves, los lectores del diario Apple Daily se han quedado huérfanos. Su periódico, el único gran medio crítico publicado en chino e inglés, se cierra después de sufrir una cascada de ataques de las autoridades chinas desde la aprobación el 1 de julio de 2020 de la ley de seguridad nacional, destinada a silenciar a quienes denuncian el imparable control de Pekín sobre la región autónoma de Hong Kong.

Detenciones y reiterados registros... no ha faltado de nada en los últimos doce meses. Pero el periódico resistió gracias al apoyo de los hongkoneses, que abarrotaban los quioscos al día siguiente de cada operación policial en las instalaciones del periódico. 

La última intervención fue la semana pasada y estuvo marcada por el arresto de cinco trabajadores, incluido el director gerente del grupo de prensa Next Digital, propietario del Apple Daily, Cheung Kim-hung, y su editor, Ryan Law, por "conspiración en colaboración con potencias extranjeras”, además del congelamiento de sus cuentas, que ha precipitado el cierre.

Ya no se podía pagar a los empleados y a los periodistas. De ahí la decisión tomada el miércoles de cerrar. El mismo día, uno de sus columnistas, Yeung Ching-kee, que escribe bajo el seudónimo de Li Ping, fue arrestado.

En su página web, el periódico, que fue lanzado el 20 de junio de 1995, informó de que en su 20 cumpleaños se preguntó si habría un número especial de 30 años: "El viento se ha levantado. Lo único que hay que hacer es intentar sobrevivir ”, subrayó entonces. El periódico finalmente ha durado seis años, mientras Pekín fortalecía su control sobre la ex colonia británica al poner fin de manera gradual y decidida a la semiautonomía que se supone que continuará hasta 2047.

Reporteros sin Fronteras denunció el miércoles un "asesinato por asfixia"; Amnistía Internacional habla de "un ataque inaceptable a la libertad de prensa".

El secretario de Seguridad, John Lee, acusó la semana pasada al periódico de poner en peligro la seguridad nacional bajo la apariencia de periodismo. Sus directivos son criticados por pedir a Estados Unidos que imponga sanciones a los funcionarios en Hong Kong y China. La policía dice que hay decenas de artículos diarios que vulneran la ley.

El editor y fundador del Apple Daily , el millonario Jimmy Lai, se encuentra actualmente en prisión por su participación en las protestas democráticas de 2019, que las autoridades consideran ilegales. Originario del sur de China, hizo su fortuna en el sector textil tras llegar sin un centavo a Hong Kong, entonces una colonia británica, a la edad de 12 años. Decididamente anticomunista, hasta el punto de ponerse del lado de Donald Trump, siempre ha apoyado las movilizaciones ciudadanas y ha pagado su precio.

El mismo día que nos enteramos del final del Apple Daily, se conoció la existencia del primer ciudadano procesado bajo la Ley de Seguridad Nacional, en este caso por "incitar a la secesión y al terrorismo ", informó el sitio web RTHK.

Tong Ying-kit, de 24 años, es acusado de conducir su motocicleta el 1 de julio de 2020 con una bandera en la que aparecía escrito: Hong Kong libre, la revolución de nuestro tiempo. Es una de las consignas de las revueltas de 2019 y ahora está considerada por la policía como una llamada a la independencia de las autoridades chinas. Su juicio se celebrará en quince días.

Leer el texto en francés:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció en agosto de 2019 “la mayor bajada de impuestos de la historia”, un estriptis fiscal que primero prometió llevar a cabo en los “próximos meses y años” y después “cuando sea posible”. Finalmente, su medida estrella se ha quedado en el tintero tras la convocatoria adelantada de elecciones y/o moción de censura, que cierran un mandato de sólo dos años sin presupuestos. Ese tiempo, no obstante, le ha servido a la política conservadora para convertirse en abanderada de la baja fiscalidad como incentivo económico, frente a quienes consideran Madrid una suerte de paraíso tributario y ella tacha de “ingenieros de la pobreza”. “Si quieren tener los mismos niveles de prosperidad y de empleo, lo que tienen que hacer es probar ellos mismos a bajar impuestos”, instó a los defensores de la armonización fiscal en una entrevista en Antena 3. “Impuestos, democracia y libertad acaban siendo una misma cosa”, resumió en un artículo publicado en el periódico Abc poco antes de que estallara la pandemia.

Ni la pandemia ni la ola de frío, que han desnudado las consecuencias de los recortes en el gasto público madrileño, han apeado a Díaz Ayuso de su discurso fiscal. En el Spain Investors Day, el pasado enero, atribuyó a su “política de bajos impuestos” el hecho de que Madrid reciba “el 80% de la inversión extranjera”. Ante altos directivos de 46 grandes empresas y 248 grandes inversores, la presidenta madrileña presumió de tener “la fiscalidad más baja de España”. “Aquí tienen el firme compromiso de la Comunidad de Madrid con un modelo de bajos impuestos, dialogo social y estabilidad institucional, con una férrea defensa de la colaboración público-privada. Estos son los ejes de la recuperación”, proclamó.

Naturalmente no es Ayuso la única que defiende con fervor la receta que iguala bajos impuestos y prosperidad. En las antípodas de Madrid, en Australia, llevan gobernando los liberales desde 2013 y sus proclamas fiscales no tienen nada que envidiar a las de la presidenta madrileña. “Una economía fuerte necesita bajos impuestos”, repite el ministro de Hacienda, Josh Frydenberg. Para el primer ministro, Scott Morrison, los impuestos son el “aguafiestas de la economía, retrasan el crecimiento, frenan la economía”.

El Australia Institute, el centro de estudios progresista más importante del país, ha intentado desmontar las tesis de Morrison y Frydenberg en un estudio que compara los niveles de bienestar y presión fiscal en 188 países. Para ello sus investigadores utilizan tres indicadores: la ratio entre la presión fiscal –a su vez, el cociente entre PIB y recaudación tributaria– y el PIB per cápita, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de Desarrollo Humano Ajustado a la Desigualdad (IDHD). Estos dos últimos son registros elaborados por Naciones Unidas. El primero relaciona la media de ingresos con la esperanza de vida –que se considera un reflejo del desarrollo de la sanidad– y los años de escolarización –que da idea del nivel educativo–. El segundo ajusta ese resultado con el nivel de desigualdad para conseguir, apuntan los autores del informe, una imagen más precisa de la prosperidad de cada país.

Pues bien, el estudio establece que las únicas naciones del mundo que combinan unos impuestos mínimos y una prosperidad máxima son, por un lado, las petromonarquías del Golfo Pérsico –Omán, Baréin, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes y Catar– y, por otro, las ciudades estado de Singapur y Hong Kong. En el resto de los países estudiados, la correlación es clara entre alto nivel de bienestar y mayores impuestos. Los autores también dejan claro que existe una correlación, pero no una causalidad. Los países con un PIB per cápita elevado tienden a aplicar impuestos más altos. Por el contrario, los países en desarrollo tienen una fiscalidad muy baja, pero también unas economías más pobres.

Este grupo de naciones pobres aplican una presión fiscal media del 17,9% y un PIB per cápita de 7.974 dólares –6.576 euros–. Los países desarrollados, una presión fiscal media del 34,2%, pero también un PIB per cápita muy superior, 39.248 dólares –32.367 euros–. En los países nórdicos la relación entre PIB e impuestos se eleva hasta el 41,8%, aunque también se multiplican los ingresos per cápita: 60.829 dólares –50.165 euros–. Cuanto más desarrollado es el país, mayor presión fiscal tiene. Y al revés. En la cúspide de la clasificación, los países nórdicos.

Por situar a España en el ránking, la presión fiscal es del 35,4%, por debajo de la media de la UE, que es del 41,1%, y de la zona euro –41,6%–. Es el séptimo país con menor presión fiscal de la eurozona, según las últimas cifras publicadas por Eurostat. La renta per cápita nacional asciende a 25.200 euros, también por debajo de la media comunitaria –27.980 euros– y del euro –31.210 euros–.

Financión pública atípica

Los únicos países que escapan a esa correlación son las monarquías del Golfo Pérsico, con una presión fiscal que es sólo del 1% en Baréin, el 1,4% en Kuwait, el 3,4% en Arabia Saudí y Omán, el 4,9% en Catar y un máximo del 11,9% en los Emiratos Árabes Unidos. La renta per cápita llega a los 64.782 dólares en Catar, 43.103 dólares en los Emiratos Árabes Unidos, 32.032 en Kuwait. En Arabia Saudí y Baréin casi alcanzan a la española – 23.504 y 23.140 dólares, respectivamente–.

¿Cómo pueden permitirse estos países una disparidad semejante? “Sus presupuestos públicos se financian con los beneficios procedentes de las empresas estatales de petróleo y gas”, explica el estudio. Gracias a esos enormes remanentes, los ingresos públicos son equivalentes a los que obtienen los países desarrollados. Por ejemplo, en el caso de Kuwait, aunque los impuestos representan sólo el 1,4% de su PIB, si se suman los recursos que obtiene del petróleo, los ingresos del presupuesto estatal equivalen al 35% de su PIB, un porcentaje similar a la presión fiscal media de los países ricos.

El mismo patrón atípico siguen Hong Kong –48,756 dólares de renta per cápita, 14,1% de presión fiscal– y Singapur –65.233 dólares de renta, una presión fiscal del 13,2%–, dos ciudades estado que disfrutan de condiciones que las asemejan a paraísos fiscales y con una posición geoestratégica y comercial irrepetible. Otro tanto puede decirse de San Marino –con una renta per cápita de 48.481 dólares y una presión fiscal del 18,1%–.

Desarrollo humano y desigualdad

Cuando se relaciona la presión fiscal con el Índice de Desarrollo Humano, el resultado es similar: a mayor índice –es decir, a más renta per cápita, mayor esperanza de vida y más años de escolarización de los ciudadanos–, mayores impuestos. Y al revés. Excepto en los países ya citados: Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudí, Baréin, Omán y Kuwait. Aunque en este caso también se añade el sultanato de Brunei, que igualmente vive del petróleo. Y de nuevo Singapur y Hong Kong. El primer grupo utiliza los recursos petrolíferos nacionalizados para sufragar sus altos niveles de bienestar. El segundo, sus ventajas comerciales y geoestratégicas.

Noruega es el país con el mayor IDH, 0,953. El de Hong Kong es 0,933, lo que le convierte en el séptimo país de la clasificación mundial de desarrollo humano. Singapur es el noveno. España, el número 26, con un IDH de 0,891. Las monarquías del Golfo se reparten entre los puestos 34 –Emiratos Árabes– y 56 –Kuwait–. Todos estos países tienen esperanzas de vida por debajo de la española –83,3 años–, que es la tercera mayor del mundo tras Japón y Hong Kong. Pero la superan en años de escolarización –9,8– no sólo Singapur y Hong Kong –12 años–, sino también los Emiratos Árabes –10,8–. De hecho, España es el país de la UE con mayor tasa de abandono escolar, un 17,3%.

De nuevo, son los países nórdicos los mejor situados en la clasificación mundial de desarrollo humano, puesto que disfrutan de los más altos niveles de esperanza de vida y de tiempo de escolarización. Dinamarca, la que menos puntúa en este grupo, es la undécima nación con mayor IDH, 15 puestos por delante de España.

Al ajustar el IDH con la desigualdad, en un intento por evitar las distorsiones producidas por el uso de promedios, la correlación entre presión fiscal y bienestar se repite, con los países nórdicos a la cabeza: Noruega sigue siendo el primer país del mundo, con un IDH ajustado de 0,876. Sin embargo, al introducir la desigualdad en la observación, las petromonarquías del Golfo Pérsico desaparecen. Sólo Singapur y Hong Kong mantienen una baja presión fiscal y un IDH ajustado alto, aunque descienden 10 y 14 puestos, respecto de su IDH sin ajustar. España también baja, 12 puestos, al considerar su nivel de desigualdad. Todos los nórdicos, en cambio, escalan en su índice de desarrollo por sus elevada tasa de igualdad.

¿Y Australia? Es el tercer país en desarrollo humano, sólo superada por Noruega y Suiza. Tiene una de las esperanzas de vida más altas, 83,1 años, y una media de años de escolarización de 12,9, muy por encima de la española –la mayor es la alemana, 14,1 años–. Ajustado el índice con la desigualdad, baja cuatro puestos en la clasificación. Con una presión fiscal del 23,4%, su PIB per cápita alcanza los 54.907 dólares, de acuerdo con los datos del Banco Mundial. “Hay muy pocos países que tengan fiscalidades más bajas [que Australia] y mayores niveles de bienestar”, concluyen los investigadores. Y los países que la superan en prosperidad también aplican mayores impuestos. Una correlación, destacan, que crece cuanto más se amplía la medida del bienestar, desde la renta per cápita hasta los índices de desarrollo humano y de desigualdad.

En resumen, a diferencia de lo que proclama Isabel Díaz Ayuso, bajos impuestos, democracia y libertad están lejos de ser sinónimos en países como las monarquías del Golfo, que poseen sistemas escasamente democráticos, donde las libertades ciudadanas tienen mucho que envidiar de los estándares internacionales y la desigualdad es muy marcada. O en las ciudades estado de Singapur y Hong Kong, que cuentan con sistemas políticos únicos en el mundo y unos grandes niveles de desigualdad.

Semer le trouble [Sembrar el caos]. Este es el bonito título de un número especial de Techniques et culture, la revista de antropología de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales (EHESS, por sus siglas en francés), cuya portada muestra los famosos paraguas desplegados por los manifestantes de Hong Kong para protegerse durante los enfrentamientos con la Policía.

En un contexto de movilización de universidades y laboratorios contra la Ley de Programación Plurianual de Investigación (LPPR), que da prioridad a la actuación individual sobre la investigación colectiva, los antropólogos de la EHESS decidieron dedicar a un número especial, pidiendo a varios de ellos que observaran, en sus respectivos campos, los “fragmentos de lucha” y las técnicas de resistencia que podían observar.

El resultado es un panorama de objetos y técnicas de lucha utilizados en todo el planeta, cuya conexión tiene todavía más sentido dado que las circulaciones históricas y geográficas son numerosas. Estos préstamos y reapropiaciones son tan antiguos como las movilizaciones políticas. La asociación Droit au Logement [Derecho a la vivienda] hizo suyos los métodos de inversión en edificios desarrollados por Georges Cochon a principios del siglo XX. La asociación pacifista árabe-israelí Ta'ayush se puso en contacto con el ANC para averiguar cómo difundir su causa en una sociedad dividida.

Pero estos intercambios se han intensificado con la globalización, incluso para resistir a ella. Así, uno de los artículos de la revista toma el llamativo ejemplo del neumático, símbolo de la aceleración del comercio y la contaminación correspondiente, del que se producen 12.000 millones de unidades cada año en el mundo. Pero, desde Fos-sur-Mer hasta Argentina, el neumático, esta vez incendiado, se ha convertido también en la encarnación del bloqueo y la voluntad de detener la carrera mercantil. En el artículo que dedica al uso militante del incendio de los neumáticos, el antropólogo Yann-Philippe Tastevin, sin embargo, identifica otro uso más reciente, que consiste en “hacer pantalla”. Esto es lo que hicieron los revolucionarios de Alepo en 2016 para desviar los aviones del régimen que los bombardeó o de Hamas, que organizó en Gaza en 2018 un “día de los neumáticos viejos” para cegar a los drones israelíes y poder acercarse al muro de seguridad.

Al centrarse en los neumáticos y las barricadas, en el black fax y en las cartografías autóctonas, los autores pretenden “rematerializar la política” en un contexto caracterizado por grandes trastornos ecológicos y “violencias natural-culturales sin precedentes”, lo que lleva a la filósofa Donna Haraway a decir que es necesario “habitar el caos”, pero también aprender a sembrarlo.

La revista señala también dos escollos de este tipo de acercamiento a la política a través de técnicas de control. El primero es un enfoque fascinado por las tecnologías y, por lo tanto, frágil frente a los “riesgos éticos vinculados a un examen de las formas de hacer las cosas de forma aislada de la causa que se defiende”. Esta dimensión se analiza, en particular, desde una contribución que cuestiona las formas de introducir en el museo objetos de los movimientos sociales, como vemos cada vez más a menudo.

El segundo es juzgar las técnicas de lucha única o principalmente sobre la base de un criterio de “violencia”. Los autores se refieren a la famosa frase de Brecht –“al río que todo lo arranca lo llaman violento, pero nadie llama violento al lecho que lo oprime”–, que subraya la dimensión relacional, incluso sistémica de la violencia, para no dejarse cegar por lo que es más visible: destrucciones, enfrentamientos, saqueos…

Una originalidad del proyecto es desmarcarse, en el análisis de las técnicas de lucha, de la noción hegemónica de “repertorio de acción”, forjada por el sociólogo Charles Tilly, para aprehender las movilizaciones políticas no electorales.

Esta concepción tiene varios defectos a los ojos de los autores de la revista. En primer lugar, “asociar acciones y actuaciones de protesta dentro de un repertorio que tiende a socavar su potencial de cambio social”. Sobre todo, la tesis del repertorio de acción tiende, para ellos, a “distinguir sólo modos de protesta visibles, heterogéneos y destacados”.

¿Qué pasa entonces con la “resistencia de las sombras, las formas de protesta establecidas como estilos de vida (como las ocupaciones artísticas o militantes)” o las posturas de luchas individuales y silenciosas, al menos en apariencia, como las exploró el antropólogo James C. Scott?

Al estudiar los actos de resistencia difusos calificados de infrapolíticos, estos últimos distinguían entre un “texto público”, a veces imposible de expresar, y un “texto oculto” que daba a los subordinados cierta agencia, incluso cuando no se expresaba en el espacio público. James C. Scott definió así las “artes de resistencia” y técnicas de lucha más variadas, que se reflejan en el número de la revista, por ejemplo con un análisis de las “estrategias de lucha taoístas”, de la Gamarada, el dispositivo de resistencia e incubadora de resistencia de los aborígenes australianos, o de las técnicas de atención en la calle desarrolladas por los médicos callejeros.

“Allí donde la historiografía del repertorio de acción alienta a limitar el stock de medios de lucha y a cerrar el repertorio, la tecnología cultural se interesa en cambio por el juego y la apertura que caracterizan el registro material de las movilizaciones”, juzgan los autores de Techniques & Culture.

“Resistencias eléctricas”

Este número 74 de la revista de antropología de la EHESS alterna artículos relativamente cortos sobre objetos o técnicas de lucha, y avances diacrónicos y más largos. Así, desde el estudio del sabotaje, que abre el número y se extiende desde los conflictos llamados Plug Plot en 1842, mientras que Gran Bretaña atravesaba una crisis económica y los trabajadores saboteaban las máquinas de vapor mediante la eliminación de una pieza esencial que impedía su uso, para presionar a los “amos del vapor”, hasta la difusión de esta práctica a finales del siglo XIX, especialmente bajo el impulso del sindicalista anarco-revolucionario Émile Pouget.

Para este último, esta práctica de lucha fue pensada como un arma complementaria a la huelga y atacó el proceso de producción, más que a las máquinas mismas, lo que implica no tomarla como una simple recreación de las prácticas ludistas de principios del siglo XIX. El sabotaje pierde su aura durante el siglo XX con la institucionalización del sindicalismo, antes de recuperar, en los últimos tiempos, una relevancia “entre quienes desean hacer descarrilar el sistema productivo contemporáneo, acusado de conducir al colapso social y ambiental”, en un contexto de decadencia del sindicalismo organizado.

Este número también examina la noción de bloque en la política. Esta técnica de lucha contemporánea, que inicialmente recibió el nombre de una categoría policial, el schwarzer block, que dio su nombre al black bloc, y que se articuló muchas veces desde entonces, en particular con el book bloc, que apareció a finales del decenio de 2000, durante las huelgas de estudiantes en Italia; el book bloc consiste en dotarse de escudos reforzados decorados como tapas de libros y “alegorizados como ataques al conocimiento en general”.

La noción extrae su filosofía de principios del siglo XX, tanto de los análisis del médico como del sociólogo Gustave Le Bon, un teórico de la “psicología de las multitudes” que subrayó la necesidad de decapitar a las multitudes sublevadas apuntando a sus supuestos líderes, y del filósofo y figura del sindicalismo revolucionario de la Belle Époque Georges Sorel, que resumió por contra la ecuación de la autonomía de los trabajadores valorando el bloque en el sentido de que, para él, “el sindicalismo no tiene cabeza para hacer una diplomacia útil” y acabar con los levantamientos. Como el “bloque amarillo, durante la insurrección de los chalecos de ese color mostraba de nuevo.

Si ciertas técnicas de lucha analizadas por la revista son muy, incluso demasiado, conocidas para aportar en unas pocas páginas elementos realmente nuevos, como la barricada o el die in, otras destacan por el contrario por su originalidad. Es el caso de los frascos de “perfumes solidarios”, vendidos por los trabajadores de la fábrica de plásticos de Bourgogne Application en Côte-d'Or para apoyar su huelga contra el cierre del sitio en 1996.

Así, de nuevo de la “ofensiva de la basura” dirigida por los Young Lords, un grupo revolucionario puertorriqueño nacido en Chicago presente sobre todo en Nueva York, activo de 1969 a 1976. Inspirados en las Panteras Negras y en su lema servir al pueblo, hicieron la observación de que la gente de El Barrio, un gueto del Spanish Harlem, reivindica sobre todo el derecho a calles limpias, cuando los servicios municipales iban por allí poco o nada.

Equipados con boinas guevaristas, los Young Lords comienzan a limpiar las calles: una acción que deriva hasta el antagonismo frontal cuando los servicios municipales se niegan a proporcionarles escobas. Los Young Lords y los residentes en el barrio terminan por bloquea el tráfico con los contenedores, que cuando les prenden fuego, se convierten en barricadas.

“Al transformar la basura [en español en el original], símbolo de la discriminación que sufren los habitantes del Barrio [en español en el original], en palanca de movilización y luego en un arma, los Young Lords demostraron ser una fuerza local creíble”, señala el autor del artículo, que ya dedicó una obra a este grupo de activistas latinos.

Una de las experiencias estudiadas en la revista, que combina la desobediencia civil, la transmisión de conocimientos y la lucha política en general, es la de las “resistencias eléctricas” del movimiento Luz y Fuerza del Pueblo, en Chiapas. Este grupo, con un componente esencialmente campesino e indígena, que incluye a los pueblos tojolabal, ch'ol, mam, tzotzil, q'anjob'al y chuj, descendientes de los antiguos mayas, fue creado en 2004 y lucha por el acceso a la electricidad.

A través de las conexiones incontroladas y del control capilar del territorio, ahora gestiona la infraestructura eléctrica en 15 regiones de Chiapas, evitando que la empresa nacional, CFE y las concesionarias privadas corten la electricidad mediante la formación sistemática de los electricistas, de los cuales un millar han adquirido conocimientos técnicos altamente especializados, “lo que les permite trabajar en el lugar de CFE, en los cables y en los transformadores de media y baja tensión “.

Estos conocimientos se adquirieron mediante la transmisión “subversiva”, que emana originalmente de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y de la creación de arneses de seguridad hechos con cuerdas de cuero trenzadas y forradas con palos de madera, para subir a los pilones, y postes aislantes construidos con palos de madera, en cuyos extremos se ancla un soporte de PVC.

Uno de los aspectos más interesantes de esta práctica es combinar una fuerte lógica anticapitalista y antiglobalización, que se puede encontrar en otras latitudes, con las cosmovisiones mayas que creen que la naturaleza y la Madre Tierra están habitadas y no poseídas, y que por lo tanto sus frutos, de los que la luz forma parte, deben poder beneficiar a todos y no pueden ser sometidos a la tiranía de la propiedad y el beneficio.

Al postular que las técnicas de lucha no pueden reducirse ni a las fichas de bricolaje variadas producidas por los movimientos, ni tampoco pueden dejarse captar por or las grandes nociones de “repertorio de acción” o “capital militante”, los autores de Sembrar el caos esbozan los elementos de una “tecnología de la contestación” que permite convertir una idea en un arsenal, pasando por una antropología del cuerpo y de las técnicas.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

“En el arte, como en el régimen comunista chino, todo es cuestión de interpretación”, resume el artista de Hong Kong Kacey Wong. El 1 de julio, la tinta de la ley de seguridad nacional aún no se había secado cuando el artista caminaba con ostentosidad frente a los antidisturbios durante una manifestación no autorizada, con los brazos llenos de bolsas con lemas secuestrados.

“Copié en cada bolsa palabras de la ley, ‘terrorismo’, ‘seguridad’, ‘nación’, ‘libertades’, y según el orden en que las ponga, estas palabras tienen diferentes significados. Esto es todo el poder del arte, es desafortunadamente también el poder del Partido Comunista Chino, que ahora puede culpar a cualquiera invocando esta ley demoníaca, que puede interpretar como le parezca”.

La muy rígida sociedad de Hong Kong se sumió de un día a otro en lo desconocido con esta ley deliberadamente imprecisa. La ley decidida por Pekín a finales de mayo tiene por objeto “restaurar la estabilidad” en la antigua colonia británica, donde desde junio de 2019 se vive una contestación antirégimen inédita.

Frente a la magnitud de los alegatos a favor del sufragio universal y, sobre todo, la difusión de las ideas independentistas y el riesgo de contagio al resto del país, el régimen central redactó una ley para tener vía libre. El texto incluye cuatro cargos (subversión, secesión, terrorismo y colusión con un estado extranjero o fuerzas externas).

Se promulgó pasando por alto a las autoridades locales y sin consultar a los 7,5 millones de habitantes, que por lo tanto no pudieron familiarizarse con los principios del texto antes de su entrada en vigor. Publicado en chino sólo en los primeros tiempos, no era accesible a los extranjeros a los que también se aplicaba, incluso para actividades que tenían lugar fuera de Hong Kong.

Incluso una semana después de su entrada en vigor es, según el diputado de la oposición Dennis Kwok, “muy difícil dar asesoramiento jurídico sobre esta ley a los ciudadanos o activistas, porque el texto no se basa en el derecho consuetudinario británico", fundamento del sistema jurídico de Hong Kong heredado de la época colonial y que sigue vigente gracias al principio de “un país, dos sistemas” que se supone que durará hasta 2047.

“Esto no es lo que conocemos como principios legales normales que se aplican en una situación normal”, resume. “Pero el único consejo que puedo dar es no dejarse vencer por el miedo, porque eso es exactamente lo que están tratando de hacer, infundir miedo en los corazones de la gente de Hong Kong que quiere libertad y democracia”. Muchos ciudadanos han hecho limpieza del contenido de sus publicaciones en las redes sociales o están usando la aplicación Signal por temor a que lo que digan sea castigado por la ley.

El artículo 4 establece que “el pueblo de Hong Kong debe poder seguir disfrutando de la libertad de expresión, de prensa, de publicación, de manifestación, etc.”, garantizadas en la Ley fundamental de Hong Kong, según explicó la jefa ejecutiva Carrie Lam. En su opinión, “criticar no será un delito” a menos que “por supuesto que la persona que lo haga tenga 'motivos ocultos' y esté involucrada en una organización o colusión”. También es difícil definir si la conducta supone una violación de la ley porque lo que cuenta es la “intención”, preciso a modo de aclaración.

Los primeros actos de censura no tienen como objetivo tranquilizar. El eslogan Hong Kong libre, la revolución de nuestro tiempo ha sido declarado ilegal por el Ejecutivo, y la canción "Gloria a Hong Kong", una especie de himno adoptado por los opositores, ha sido prohibida en las escuelas. Y, en lo que el secretario de Estado de EEUU Mike Pompeo llamó un “acto orwelliano”, los libros de los opositores fueron retirados de las bibliotecas públicas, incluidos dos de Joshua Wong, una figura del movimiento paraguas de 2014.

La extraterritorialidad del texto también es motivo de preocupación. La ley establece que en situaciones “graves” o de “amenaza importante e inminente” para la seguridad del Estado, se puede impartir Justicia en China.

“Los responsables han subrayado que sólo un pequeño número de casos excepcionales se tratarán en el continente y no en Hong Kong, pero se necesita más claridad”, escribió Cliff Buddle, editorialista del diario de Hong Kong South China Morning Post, propiedad del grupo chino Alibaba. “¿Cómo se considerará un caso complejo que involucre a un país extranjero o una "situación grave" fuera del control de Hong Kong? Los tribunales de la ciudad no tienen ningún papel que desempeñar a la hora de decidir qué casos se tratarán en el continente", añadió.

El Colegio de Abogados también ha manifestado su preocupación por un texto que se define en “términos vagos” y que “corre el riesgo de ser aplicado arbitrariamente”. “Socava la independencia del sistema judicial”, en particular porque los jueces específicos para los casos de seguridad nacional serán nombrados por el Ejecutivo.

En cuanto a las acusaciones contempladas en la ley, la secesión se puede cometer “con o sin violencia”, lo que hace temer que “se pueda utilizar para prohibir cualquier discurso o alegato pacífico”. Así pues, los medios de comunicación podrían ser acusados de “incitación al odio” y enjuiciados por “subversión” o “colusión con fuerzas extranjeras”, al igual que las ONG.

“El objetivo del Partido Comunista Chino es silenciar a los críticos” en todos los sectores, gracias en particular a los “poderes extremadamente amplios" otorgados a la policía, que ahora puede registrar sin orden judicial y vigilar las comunicaciones, según el abogado de Hong Kong Craig Choy.

Las miles de empresas que realizan operaciones cotidianas con entidades extranjeras también están expuestas a la ley y los datos financieros que algunas de ellas manejan pueden ser considerados “secretos nacionales” por Pekín y pueden, de hecho, estar sujetos a la ley, recuerda el abogado. “Este poder existe ahora, está consagrado en la ley y puede aplicársele a cualquiera”, subraya Craig Choy.

Google, Twitter y el resto de gigantes de internet han suspendido la cooperación con las autoridades en materia de transmisión de datos personales de los usuarios hasta analizar el alcance las repercusiones de la ley sobre la libertad de expresión. Pero los hongkoneses parecen decididos a seguir expresándose. El eslogan prohibido se reproduce en código. Los llamados “Lennon Wall”, esos mensajes políticos escritos en notas Post-it que solían cubrir las paredes de los restaurantes comprometidos o de la región, han sido reemplazados por Post-it en blanco.

Traducción: Mariola Moreno

Texto en francés:

La Policía de Hong Kong ha realizado este miércoles el primer arresto de una persona en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, informa Europa Press. Una detención que llega cuando la norma lleva unas pocas horas en vigor y ya ha suscitado las primeras protestas en las calles, según ha informado la fuerza de seguridad hongkonesa. La nueva norma implica que el Gobierno de Pekín ejercerá su jurisdicción sobre casos "complicados" de Hong Kong, como los relacionados con interferencia extranjera, cuando las autoridades locales no puedan hacer cumplir la ley o cuando la seguridad nacional del territorio esté bajo amenazas "graves o realistas", según consta en el texto legal difundido en las últimas horas.

El Gobierno hongkonés ha publicado el proyecto completo de la nueva legislación, cuyo contenido no se conocía en su totalidad, después de que el presidente de China, Xi Jinping, promulgara la ley, aprobada por unanimidad por el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo chino. En concreto, enumera cuatro categorías de delitos: secesión, subversión, terrorismo y colusión con un país extranjero o elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional. La pena máxima para cada delito es la cadena perpetua, tal y como había avanzado la prensa hongkonesa, aunque la sentencia sugerida para algunos delitos menores es de tres años de prisión. Otro punto importante de la norma es que no es retroactiva.

Así, bajo la nueva ley, que consta de seis capítulos con 66 artículos, Pekín ha otorgado a las autoridades chinas amplios poderes para atender este tipo de casos "complicados", cuyos sospechosos pueden también ser extraditados a la China continental, según el texto al que ha accedido el diario local 'South China Morning Post'.

En este sentido, habrá una unidad de Policía dedicada a investigar este tipo de casos, al tiempo que se establecerá en Hong Kong un organismo continental para hacer cumplir la seguridad nacional, que podrá llevar a cabo investigaciones. La Fiscalía Popular Suprema será la encargada de asignar las autoridades para llevar los casos, mientras que el Tribunal Popular Supremo asignará tribunales para que los conozcan. La oficina, que operará junto a la Oficina del Comisionado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Hong Kong y el Gobierno local, deberá adoptar medidas para "fortalecer la gestión" de las organizaciones no gubernamentales y las agencias de noticias extranjeras, según el artículo 54 de la norma.

Por otra parte, la información sobre el funcionamiento de la oficina de seguridad nacional no se divulgará y sus decisiones no están sujetas a ninguna revisión judicial. Todos los departamentos de la Administración hongkonesa deben cooperar con el nuevo organismo y rendir cuentas. Asimismo, los agentes chinos podrán operar libremente en el territorio, sin supervisión de la Policía hongkonesa.

Hong Kong "brillará otra vez"

La líder de Hong Kong, Carrie Lam, se ha pronunciado este miércoles sobre la nueva ley de seguridad y ha valorado que la legislación ayudará al territorio a emerger tras el caos generado por las protestas antigubernamentales, registradas de forma intermitente desde hace un año, por lo que podrá "brillar otra vez". "Veremos el arcoíris tras la tormenta y la paz volverá a Hong Kong después de un año sin descanso", ha indicado Lam, alineada con Pekín, durante una recepción celebrada con motivo del 23º aniversario de la devolución de Hong Kong a China por parte de Reino Unido.

"En los próximos años, el Gobierno de Hong Kong liderará la ciudad para salir de las dificultades, impulsar la economía, revivir nuestra reputación internacional y reconstruir nuestra relación con los jóvenes", ha agregado Lam, según ha informado el 'South China Morning Post'. La ley, que entra en vigor este miércoles, coincidiendo con el aniversario de la devolución de Hong Kong, ha recibido críticas de la comunidad internacional, que teme que acabe con el estatus especial de la excolonia británica.

Luo Huining, el director de la Oficina de Enlace del Gobierno central chino en Hong Kong, ha destacado que la nueva norma supone un hito porque defenderá a la antigua colonia británica de la "pequeña minoría" que pone en riesgo de la seguridad y ha recalcado que respetará el principio 'un país, dos sistemas'. "Para la pequeña minoría de personas que ponen en riesgo la seguridad nacional, esta ley será una espalda sobre sus cabezas. Para la vasta mayoría de los residentes de Hong Kong, incluidos los extranjeros que viven aquí, la ley será un guardián que protegerá sus derechos, libertades y sus pacíficas vidas", ha resaltado, en un acto en conmemoración del vigésimo tercer aniversario de la vuelta de la antigua colonia británica al dominio de China, según informa Xinhua.

"Con la entrada en vigor de nuestra ley de seguridad, nuestro país será más seguro, la sociedad será más estable y las vidas de los residentes de Hong Kong serán más pacíficas", ha indicado. "Hong Kong, nuestro hogar, superará seguramente las dificultades y comenzará un nuevo y brillante futuro", ha afirmado. La nueva Ley de Seguridad Nacional ha sido incorporada a la Ley Básica de Hong Kong, considerada el texto constitucional del territorio, por lo que se trata de un cambio de gran calado que podría afectar al principio 'un país, dos sistemas' que resume el encaje de la región en el gigante asiático.

Este principio se acuñó con la vuelta de Hong Kong a la soberanía china e implica la garantía de que las autoridades de Pekín respetarán el régimen de derechos y libertades del que gozaron los hongkoneses durante el dominio británico. En 2019, el Gobierno hongkonés ya intentó aprobar una ley de extradición a la China continental a la que finalmente tuvo que renunciar por las fuertes protestas.

Los manifestantes que protestan contra el Gobierno de Hong Kong han hecho un llamamiento al retorno a las movilizaciones en las calles para conmemorar el primer aniversario del movimiento que surgió a raíz de la pretensión de las autoridades de la antigua colonia británica de aprobar una polémica ley que permitiría la entrega de sospechosos de delitos al Gobierno de Pekín. Las redes sociales y los canales privados se han llenado este martes por la mañana de llamamientos para un nuevo "florecimiento en todas partes" de las protestas al tiempo que los manifestantes piden extremar las precauciones para evitar los arrestos en la conmemoración del "despertar nacional".

El 9 de junio de 2019, cerca de un millón de personas se manifestaron por las calles de Hong Kong para mostrar su rechazo a la ley de extradición que impulsaba entonces el Gobierno regional y que habría permitido la entrega de sospechosos a las autoridades de la China continental. La líder del Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, suspendió semanas después de la polémica ley pero las autoridades regionales se han negado a aceptar las otras cuatro demandas del movimiento de protesta, incluida la puesta en marcha de una investigación sobre la violencia policial contra los manifestantes.

Las manifestaciones de 2019, autorizadas por la Policía, permitieron a cientos de miles de personas protestar de manera pacífica contra las autoridades y en 2020 todavía no han llegado a repetirse, con la excepción de una movilización celebrada el 1 de enero y que fue dispersada prematuramente por la Policía después de que algunos agentes acusaran a los participantes de vandalismo.

Algunos manifestantes han vuelto a las calles en las últimas semanas en respuesta a la decisión del Gobierno de Pekín de imponer una ley de Seguridad Nacional en Hong Kong, una norma que ha sido ampliamente interpretada como una amenaza a la autonomía de la antigua colonia británica, que se rige por el principio 'Un país, dos sistemas' desde que Reino Unido cedió su soberanía a Pekín en 1997. El paquete de medidas de la Ley de Seguridad, redactado exclusivamente en la China continental, será aprobado por la líder del Ejecutivo de Hong Kong como pronto en julio. Este martes, una coalición de más de 20 sindicatos y un grupo de estudiantes han anunciado que planean celebrar un referéndum el domingo para decidir si convocan una huelga.

Lam ha denunciado este martes los planes para convocar una jornada de huelga en protesta por la Ley de Seguridad Nacional aprobada por China. La líder del Gobierno de Hong Kong ha prometido que apoyará la norma impulsada por Pekín y ha afirmado que todos los hongkoneses, incluido su Gobierno, tienen que "aprender la lección" de lo sucedido en 2019. "Hong Kong no puede permitirse ser un caos una vez más", ha señalado. La nueva normativa de Seguridad Nacional está provocando el resurgimiento de las protestas, con el Frente Civil de Derechos Humanos, la organización que convocó la manifestación del 9 de junio de 2019, solicitando ya permiso para convocar una marcha el 1 de julio, la fecha que conmemora el vigésimo tercer aniversario del retorno de Hong Kong al dominio de China.

Las normas de distanciamiento físico, que han contribuido a amortiguar el impacto del movimiento de protesta, dejarán de estar en vigor el 18 de junio. En un comunicado difundido este martes, el Frente Civil de Derechos Humanos ha hecho un llamamiento a "todos los hongkoneses" para preservar la "memoria", "resistir ante las leyes malignas y luchar por Hong Kong y su futuro".

El analista político asentado en Hong Kong Jean-Pierre Cabestan ha explicado a DPA que no cree que la Policía vaya a autorizar manifestaciones políticas antes de la ratificación de la Ley de Seguridad nacional, incluso aunque se retiren las reglas de distanciamiento por la pandemia del coronavirus. "El riesgo desde luego es que la marcha se celebre en cualquier sitio y termine siendo violenta y las cosas se descontrolen", ha señalado. Las autoridades de Hong Kong han realizado cerca de 9.000 arrestos entre junio de 2019 y mayo, según la organización no gubernamental Hong Kong Watch.

La tensión acumulada durante los últimos días en Hong Kong sobre la nueva ley de seguridad impuesta desde China se ha traducido este domingo en una multitudinaria protesta y una carga policial en la zona de Causeway Bay, informa Europa Press. Al menos 180 personas han resultado detenidas a lo largo de la jornada. La ley de seguridad es una normativa presentada por las autoridades de Pekín y destinada a perseguir cualquier actividad vinculada a la sedición, la secesión o el terrorismo, que veta también cualquier intento de "injerencia extranjera" en la antigua colonia británica, de acuerdo con el texto inicial.

La Policía ha informado de numerosos daños materiales y de al menos dos heridos, ambos transeúntes, que fueron atacados cuando intentaban despejar los bloqueos efectuados por los manifestantes. También se tiene constancia de cuatro agentes heridos después de que los manifestantes les arrojaran ladrillos y otros objetos, informa el South China Morning Post. Todavía se desconoce el balance de heridos que los activistas de oposición suelen dar tras estos enfrentamientos. Los manifestantes se extendieron hasta el distrito de Wan Chai y bloquearon varias calles hasta que la Policía enarboló sus tradicionales banderas azules para avisar de una carga inminente, que finalmente ocurrió en torno a las 13.20 de la tarde (hora local, las 07.20 en España).

A pesar de que la máxima responsable local del territorio, la jefa del Ejecutivo Carrie Lam, ha prometido que esta ley no atentará contra la independencia parcial de la que disfruta Hong Kong, los opositores la han entendido como un nuevo acto de sumisión a las autoridades centrales tras la frustrada ley de extradición que el año pasado generó las marchas más multitudinarias vistas en la historia reciente del territorio.

Por su parte, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, ha prometido a la población de Hong Kong que la polémica ley de seguridad no afectará a sus derechos e irá destinada, en su lugar, a restringir lo que describió como la "excesiva injerencia extranjera". "Esto ha venido provocado por una intromisión extranjera excesiva e ilegal en los asuntos de Hong Kong", ha declarado el ministro de Exteriores.

Esta "turbulencia" pública, como la describió el ministro, junto con la interferencia extranjera en los asuntos de Hong Kong, han puesto la seguridad nacional de China "en grave peligro", ha asegurado este domingo en rueda de prensa. "En tales circunstancias, el establecimiento de un sistema legal con sus mecanismos de aplicación para salvaguardar la seguridad nacional en (Hong Kong) se ha convertido en una prioridad", ha declarado Wang. "Debemos hacerlo sin la menor demora", remachó.

"Una revolución de nuestro tiempo"

Tras el paréntesis abierto por la epidemia del coronavirus, la tensión se ha desbordado finalmente a las calles de esta zona comercial de Hong Kong, donde la Policía ha lanzado gases lacrimógenos y empleado cañones de agua para dispersar a los manifestantes. Los manifestantes se extendieron hasta el distrito de Wan Chai y bloquearon varias calles hasta que la Policía enarboló sus tradicionales banderas azules para avisar de una carga inminente, que finalmente ocurrió en torno a las 13.20 de la tarde (hora local, las 07.20 en España).

La carga dispersó a varios grupos de manifestantes, todos vestidos de negro, que momentos antes gritaban "Hong Kong libre" y "Una revolución de nuestro tiempo". Otros maldecían a la Policía antidisturbios, y algunos gritaban "La independencia de Hong Kong es la única manera".

El activista estudiantil Joshua Wong Chi-fung, ha declarado que tanto él como sus compañeros pretenden repetir la iniciativa e, incluso, solicitar la ayuda de países extranjeros, a sabiendas de que estarían violando la futura ley. "Es hora de defenderse", ha declarado al South China Morning Post.

En este sentido, la Unión Europea abogó este sábado por la preservación del "alto grado de autonomía" del que disfruta Hong Kong tras la declaración de la ley. "La Unión Europea tiene mucho interés en la continua estabilidad y prosperidad de Hong Kong bajo el principio de "Un país dos sistemas" y otorga gran importancia a la preservación del alto grado de autonomía de Hong Kong, en línea con la Ley Fundamental y con los compromisos internacionales, así como al respeto de este principio", según la declaración emitida por el Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Asimismo, "la UE considera que el debate democrático, la consulta a las partes interesadas clave y el respeto de los derechos y libertades protegidos en Hong Kong representarían la mejor manera de proceder con la adopción de la legislación de seguridad nacional".

Acaban de tomarle muestras de la nariz y la garganta. Se cierran las dobles puertas automáticas que dejan a Claire (nombre ficticio) sola con su fiebre en la habitación de la unidad de casos de alto riesgo del hospital Christian United, en Hong Kong. Suena el teléfono. "Una enfermera me ha hecho preguntas sobre lo que he estado haciendo", nos cuenta Claire. "Regresaba de Francia y la he informado del número de vuelo y el asiento, la hora exacta en que tomé un taxi y su número de matrícula". Estos detalles son cruciales si el resultado del test, disponible en menos de cuatro horas, da positivo. Gracias en parte a esta estrategia de detección rápida y precoz de "casos sospechosos" aplicada en 4.500 pruebas diarias, han conseguido contener el número de contagios locales en Hong Kong, Singapur, Taiwan y Corea del Sur.

Ante la alerta de un caso, los equipos de marcadores del departamento de Sanidad de Hong Kong salen en búsqueda de los contactos para aislarles lo más rápidamente posible. Esos contactos son clasificados por categorías, según el grado de cercanía con el portador del virus y la duración de la interacción. "A los miembros de la familia los encontramos en un día, pero localizar a los que estuvieron de fiesta puede llevarnos más tiempo", explicaba este martes ante la prensa el doctor Wong Ka-hing, del Centro de Protección de la Salud. En un mismo caso pueden ser interrogadas varios centenares de personas. "Por prudencia, hospitalizamos a los contactos que presenten o hayan presentado síntomas. Los demás van directamente a cuarentena y multiplicamos los tests para encontrar casos lo antes posible", añade el sanitario.

En ese caso, mantenemos vigiladas a las personas. Algunas deben permanecer geolocalizadas permanentemente por WhatsApp. "Tengo que vigilar mi temperatura y escanear varias veces al día un código QR del brazalete electrónico", nos cuenta Keceelyn, confinada en el hotel desde que llegó de Francia. "Cuando llegué tuve que recorrer la habitación y el baño para que la aplicación delimite el espacio de confinamiento", nos explica. Ni siquiera podrá salir al rellano, donde están el frigorífico y el microondas, porque su brazalete se pone a vibrar.

En algunos casos, "no podemos identificar la cadena de contagio local, y eso es lo que nos preocupa, así que rastreamos las pistas entre los contactos cercanos durante el periodo de incubación hasta llegar a la fuente del contagio". Todo eso se hace público, explica en una rueda de prensa el doctor Chuang Shuk-Kwan, también del Centro de Protección de la Salud. Las pesquisas se hacen por teléfono y en algunas ocasiones las personas se presentan ellas solas.

Puede que sean necesarias tomas de muestras sobre el terreno. Así se hizo en el hospital Pok Oi, donde se declaró un caso, donde una habitación fue examinada al detalle para verificar si el portarrollos del papel higiénico o el tensiómetro hubieran podido ser la fuente del contagio. La identificación de clusters -agrupamiento de casos en un mismo lugar-clusters permite a las autoridades ajustar las medidas contra la pandemia. De esta forma, basándose en las investigaciones epidemiológicas, han venido cerrando uno tras otro los cines, las salas de mah-jong (juego de mesa), los karaokes y, luego, los bares.

Singapur sigue las mismas prácticas. Desde el 28 de enero, el ejército está apoyando a los equipos de rastreadores del ministerio de Sanidad. Más de mil militares estudian los mapas establecidos por los hospitales y hacen hasta dos mil llamadas diarias a los contactos de los casos confirmados. La policía puede ser llamada también para examinar minuciosamente los vídeos de vigilancia.

El gobierno explica en su web que ha ampliado los tipos de detección con el fin de identificar los eslabones perdidos del contagio. Al no comprender cómo había sido infectado el caso 66, se tomó la decisión de hacer un test serológico a los casos 83 y 91 que habían estado en la misma reunión que el caso 66, aunque no estaban enfermos cuando los rastreadores se pusieron en contacto con ellos. Un test para buscar las secuencias genéticas del covid-19 habría dado negativo ya que esas dos personas ya no estaban enfermas, pero prefirieron hacerles un test serológico que les permitió detectar la presencia de anticuerpos y por consiguiente la exposición anterior al covid-19.

Estas técnicas han dado sus frutos tanto en la ciudad-estado de Singapur como en la región administrativa especial de Honk Kong, dos pequeños territorios con población limitada y altamente conectados. En el primero se declararon 1.400 casos y en el segundo 938.

Sin embargo, algunos investigadores lamentan la lentitud del procedimiento. "La transmisión del Covid-19 se produce rápidamente y los síntomas tardan en aparecer, lo que lleva a pensar que es muy poco probable que la epidemia se contenga simplemente aislando los casos sintomáticos individualmente", escribe Luca Ferretti, del Big Data Institute de Oxford, en un artículo compartido aparecido en Science. Ahora bien, el rastreo manual es demasiado lento y no puede hacerse a gran escala una vez propagada la epidemia", porque, según estos investigadores, el personal a cargo es limitado, y recomiendan un "control digital" a través de una aplicación. "Su finalidad no es imponer una tecnología como cambio permanente de la sociedad", sino que "vistas las circunstancias de la pandemia, es necesario y está justificado proteger la salud pública", escriben estos científicos.

En Taiwan, una de las decisiones tomadas es la compartición de los datos digitales. La isla ha declarado hasta 376 casos. Sin embargo estaba muy expuesta ya que estaba conectada por vuelos directos con Wuhan y situada a solo unos cientos de kilómetros de China, donde viven y trabajan más de un millón de taiwaneses. La isla está protegida desde mediados de enero contra la "neumonía atípica".

Desde el 24 de enero, tres días después de la detección del primer caso en su territorio, las autoridades obligan a los pasajeros procedentes de China, Hong Kong y Macao a rellenar un formulario con el histórico de sus desplazamientos y la obligación de vigilar su estado de salud. Luego, Taiwan ha compartido esa información con varios ministerios y administraciones. Por ejemplo, los datos de los seguros de enfermedad fueron compartidos en tiempo real con los de los servicios de aduanas e inmigración, lo que generó alertas durante los reconocimientos médicos en función del histórico de viajes y síntomas.

Esta mutualización de datos ha permitido también racionar y distribuir metódicamente las máscarillas entre la población. Además, ha conducido a detecciones retroactivas del covid-19 en un centenar de enfermos afectados por una forma severa de gripe o de neumonía.

Por su parte, Corea del Sur optó por compartir informaciones muy detalladas sobre los movimientos de personas contagiadas, cruciales según las autoridades para el seguimiento y control de la epidemia. En Corea del Sur tienen más de 10.000 contagios. En febrero, a medida que el número de casos aumentaba, las autoridades lanzaron un vasto programa de rastreo accesible al público a través de aplicaciones telefónicas que permiten localizar los lugares más infectados. Dichas aplicaciones envían una alarma a las personas que viven cerca de una persona diagnosticada. Una alarma típica puede incluir la edad y sexo de la persona contagiada, las consultas médicas a las que ha ido y todo con el máximo detalle, y la hora y el nombre de las empresas donde ha estado, en algunos casos gracias a los datos de la tarjeta de crédito. La alarma puede incluso precisar en qué partes de un edificio se encontraba, cuándo fue al baño y si llevaba o no máscara.

Estos procedimientos pueden generar un riesgo de estigmatización y discriminación. El Corea del Sur, por ejemplo, los adeptos a la iglesia Shincheonji de Jesús, en la que las personas que estuvieron allí representaban a mediados de marzo el 63% de los casos, fueron objeto de una "caza de brujas" y tuvieron que enfrentarse a "despidos y acoso laboral, persecuciones familiares y calumnias", según fuentes de la iglesia. La publicación de datos puede además disuadir a la gente de ir a una consulta médica por temor a ser estigmatizada. "Los gobiernos deberían tomar rápidamente medidas para proteger de estos ataques a los individuos o comunidades que puedan ser señaladas como responsables del covid-19", dicen con preocupación en la ONG de defensa de los derechos humanos, Human Rithgs Watch.

Traducción: Miguel López

Leer en francés:

“No le tengo miedo a las noches frías, pero tengo miedo de que nuestro entusiasmo se desvanezca a la fría luz del día”, dice una pancarta tras la que se parapeta un manifestante vestido de negro, que esconde su cara tras una máscara de gas. Está solo, silencioso y de pie en una acera con una bandera en la que se puede leer “Hong Kong, revolución de nuestro tiempo”. Esta silueta aislada, lejos de las multitudes que se han echado a las calles durante meses en la región semiautónoma del sur de China, resume las preguntas que han surgido en el movimiento: ¿Resistirá a las semanas de pausa impuestas por el coronavirus?

Las acciones de protesta han experimentado una desescalada espectacular en Hong Kong desde que se hicieron oficiales los misteriosos casos de neumonía en la China continental. Después de que este 2020 comenzara con gases lacrimógenos y varios cientos de miles de manifestantes, las calles del centro financiero han encontrado la calma. Las concentraciones masivas cesaron para evitar cualquier aglomeración y la propagación del virus. Pero básicamente, nada ha cambiado, la frustración de una parte de los 7,5 millones de habitantes permanece intacta y la situación política está en el mismo punto muerto: los gobiernos locales y central de China no han logrado reprimir a los manifestantes a pesar de recurrir a la represión policial, cada vez más severa. El viernes por la mañana, tres figuras de la oposición democrática eran detenidas por la policía, entre ellas Jimmy Lai, propietario de un grupo de medios de comunicación y fundador del diario Apple Daily, en el marco de una operación dirigida contra los organizadores de una manifestación no autorizada que fue considerada ilegal el 31 de agosto. Lai quedó en libertad bajo fianza después de varias horas en la comisaría.

Porque, si bien los manifestantes lograron en otoño que se retirara el controvertido proyecto de ley de extradición que había desencadenado la crisis política, siguen pidiendo progresos reales en el sufragio universal.

“Visto desde el exterior, puede parecer que el movimiento se está desintegrando y que no es duradero. Es menos visible pero el enfado sigue ahí y también nuestras cinco demandas [incluidas las reformas electorales]”, precisa Eric Lai, vicepresidente del Frente Civil para los Derechos Humanos. La plataforma organizó varias protestas entre junio de 2019 y el 1 de enero, cuatro de las cuales, según dijo, congregaron a más de un millón de participantes. “Ahora se denuncia el fracaso del Gobierno en la gestión de la crisis sanitaria”, subraya Lai. “Pero tanto si se trata de críticas como de protestas, lo que tienen en común es la defensa de nuestros derechos humanos y la autonomía” de la región administrativa especial de Hong Kong, que teóricamente está garantizada hasta 2047. “La protesta no está muriendo. Ha entrado en un proceso de transformación y expansión. Nuestra plataforma no organiza mítines porque es demasiado arriesgado con el virus, pero la gente está organizando sus propias protestas, como continuación de este movimiento sin líderes”, explica Lai. Las manifestaciones siguen siendo semanales, aunque sólo reúnan a unos pocos cientos de personas como máximo y ahora se centren en temas cotidianos.

Muchos hongkoneses se encuentran casi en situación de autoconfinamiento desde hace semanas, aterrorizados por el Covid-2019, que despierta la pesadilla de semanas de ansiedad y las 299 muertes causadas por el SRAS en 2003. Así que sólo los disidentes más radicales siguen actuando en las calles. El 26 de enero, por ejemplo, se lanzaron cócteles molotov contra una torre de viviendas públicas en Fo Tan, en los Nuevos Territorios, que se va a convertir en un centro de cuarentena. El 23 de febrero, varios centenares de activistas y residentes locales salieron a la calle para criticar la falta de acuerdo por parte de las autoridades y su decisión de transformar la policlínica de Yan Oi en un centro dedicado a los pacientes de Covid-2019. Las mismas escenas tuvieron lugar en el barrio de Fan Lin, donde nuevos apartamentos subvencionados por el gobierno han sido convertidos en un centro de cuarentena, dejando sin vivienda a los inquilinos que debían mudarse. El gobierno sostiene que es difícil encontrar lugares adecuados para las personas en cuarentena rápidamente y en número suficiente. “La gente responde que no quiere estos centros a menos de 500 metros de escuelas y centros comerciales y en medio de zonas residenciales a menudo densamente pobladas”, señalaba una manifestante anónima. “La gente está decepcionada y enfadada por la falta de receptividad del Gobierno a las necesidades de la población. No hay confianza en absoluto. Esto se remonta a una problemática de fondo: la gente quiere que el gobierno rinda cuentas de sus actos y que responda ante los ciudadanos. Con el sistema actual, esto es imposible”, se lamenta la joven. El jefe del Ejecutivo es nombrado por un colegio de 1.200 votantes de Pekín y sólo la mitad de los diputados resultan elegidos por sufragio universal directo.

Los opositores ya no se manifiestan de forma agrupada y coordinada. Pero como señala Brian Fong, politólogo de la Universidad de Educación de Hong Kong, las manifestaciones callejeras son sólo una forma de expresión del movimiento contra la ley de extradición, que a su vez es sólo una expresión del “movimiento autonomista” de Hong Kong destinado a establecer un verdadero sufragio universal. En su opinión, “la dinámica de la protesta sigue siendo fuerte y se refleja en la organización de una sociedad civil transversal y multisectorial” a través de nuevos sindicatos dirigidos por los trabajadores –no federaciones sindicales desconectadas de las bases– y a través de un “círculo económico amarillo” –el color de los opositores– formado por jefes, restaurantes o tiendas abiertamente prodemócratas. A principios de febrero, varios miles de empleados de hospitales secundaron varios días de huelga exigiendo el cierre de las fronteras con China y más equipos de protección contra el Covid-2019. “Semejantes movilizaciones no están basadas en intereses de clase” y se construyen sobre una “identidad global de Hong Kong”, dice el politólogo.

Según él, las conmemoraciones permitirán en los próximos meses observar si estas nuevas formas de organización de la sociedad civil contribuirán a nuevas oleadas de manifestaciones para exigir el sufragio universal. Junio, que marcará un año de protestas, será por lo tanto un mes de prueba.

Mientras tanto, sin embargo, el impacto económico del virus y el número de personas despedidas podrían tener un papel definitivo a la hora de frenar el ardor. “Hong Kong se enfrenta ahora a una desaceleración económica agravada por la epidemia. Los trabajadores con salarios bajos en los restaurantes, por ejemplo, están sufriendo enormemente”, precisa Chan. Según Jenny Chan, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Politécnica de Hong Kong, “los debates sociales sobre cuestiones básicas de la vida cotidiana de estos trabajadores, así como las responsabilidades tanto del gobierno como de los empleadores, serán extremadamente importantes”.

Pero Pekín ya ha marcado el tono. Su nuevo representante en la región administrativa especial, Luo Huining, en el cargo desde enero, atribuyó la huelga del personal sanitario de febrero a “una forma política de virus”, que castigaba a los alborotadores que se aprovechan de la crisis sanitaria para “propagar el descontento” y socavar las relaciones entre Hong Kong y el continente. En una misiva a los miembros locales del Congreso Nacional del Pueblo (el órgano legislativo de la China comunista) advirtió: “Debemos aislar el virus, no los corazones de la gente".

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Los policías antidisturbios de Hong Kong tienen el gatillo fácil… bueno, en realidad, todos los antidisturbios del mundo lo tienen ahora. Se saben impunes: nada de lo que hagan contra los manifestantes, por desproporcionado y feroz que sea, les va a costar ni tan siquiera una suspensión temporal de empleo y sueldo, ya no digamos un despido o un encarcelamiento. Al contrario, todas y cada una de sus actuaciones van a ser aplaudidas de oficio por el gobierno de turno, los grandes medios de comunicación y el amplio sector conformista de la opinión pública. Décadas de sacralización de aquellos funcionarios que detentan el monopolio de la violencia han conseguido que los meros conceptos de abuso o brutalidad policial desaparezcan del debate público, como si fueran tan mitológicos como el Can Cerbero.

El caso es que, en el último tercio del año 2019, mientras los carabineros chilenos se especializaban en dejar tuertos a cientos de manifestantes por el procedimiento de soltarles granizadas de perdigones, los antidisturbios de Hong Kong creaban un serio problema de salud en la antigua colonia británica con sus intensivos lanzamientos de granadas lacrimógenas contra los disidentes. A los bebés y niños de Hong Kong les salían ronchas, los pájaros de la ciudad morían asfixiados y miles de adultos que jamás los habían tenido sufrían ahora problemas respiratorios, según informaba la revista médica The Lancet. Tras varios meses de intentar reprimir las protestas callejeras con, entre otras cosas, el lanzamiento de unas 10.000 granadas de gases lacrimógenos, la Policía de Hong Kong había conseguido contaminar amplias zonas de la sobrepoblada ciudad. Sus gases, fabricados en China, terminaban produciendo dioxina, un compuesto altamente tóxico según la Organización Mundial de la Salud.

La revuelta de Hong Kong luchaba por el mantenimiento de un mínimo de libertades en la antigua colonia británica y se enfrentaba al deseo de la República Popular China de ir terminando con las peculiaridades democráticas de ese territorio. La protesta había arrancado en junio y continuaba en diciembre, convirtiéndose así en la más larga e intensa de 2019, un año en el que en muchos otros lugares del planeta —como Francia, Líbano, Irak, Egipto, Chile, Bolivia, Colombia…— cientos de miles de jóvenes salieron a las calles para expresar su hastío por el rampante autoritarismo político y la creciente desigualdad socioeconómica. Jamás tanta gente se había manifestado con tanto vigor en zonas tan diversas del mundo desde 2011, cuando la revista Time declaró persona del año en su portada al manifestante (The Protester). 2011, recuérdese, fue el año de la Primavera Árabe —los alzamientos a favor de la dignidad y la libertad que derrocaron a los tiranos de Túnez, Egipto, Libia y Yemen— y también el del movimiento Occupy Wall Street en Estados Unidos, los indignados del 15M español y las protestas en Atenas, tres grandes movilizaciones occidentales que tuvieron en común el malestar por el injusto reparto de los costes de la Gran Recesión.

Ocho años después del 15M, ese malestar se había agravado en muchos lugares del planeta. El capitalismo salvaje no había sido domado lo más mínimo a lo largo de la segunda década del siglo XXI; al contrario, se había asilvestrado aún más, se había hecho más cruel y obsceno. Lo evidenciaba en 2019 la masiva revuelta de la juventud de Chile, un país que llevaba lustros siendo citado por los propagandistas neoliberales como ejemplo de “éxito económico” en América Latina.

Algo había cambiado, sin embargo, a lo largo de la segunda década del siglo XXI. En 2011 Time presentó al manifestante arquetípico como un joven con un gorro de lana y la boca tapada con un pañuelo, más o menos la imagen del personaje tan crítico con el sistema como pacífico que la derecha española llama perroflauta. Pero si la revista hubiera repetido aquella portada a finales de 2019, el manifestante no habría sido el mismo, no. El de 2019 habría llevado algún tipo de casco, unas gafas de soldador, una máscara antigás y un puntero láser, una imagen de estética urbana apocalíptica a lo Blade Runner habitual en las protestas de Hong Kong.

La conversión del manifestante hippie de 2011 en el guerrillero urbano y cibernético de 2019 es el fruto de la falta de respuestas positivas del poder a las reivindicaciones expresadas pacíficamente a lo largo de la segunda década del siglo. Seguros de su fuerza persuasiva y represiva, sin tener que competir con ningún sistema alternativo desde el colapso del soviético, los regímenes del capitalismo salvaje, sean autoritarios como el chino o democráticos como el francés, han hecho oídos sordos a las demandas de un poco más de equidad. A diferencia de lo que ocurría antes de la caída del muro de Berlín (la Francia de De Gaulle, por ejemplo, respondió a Mayo del 68 con concesiones salariales y laborales a los trabajadores), los gobernantes de ahora no dan su brazo a torcer. Consideran una muestra de debilidad todo lo que no sea contestar a garrotazos. En el mejor de los casos, las manifestaciones son disueltas por los antidisturbios con balas de goma y gases lacrimógenos. En el peor, como hizo Al Asad en Siria, a tiros y cañonazos.

Pero donde las dan las toman: el guerrillero urbano y cibernético de Hong Kong replica al policía antidisturbios de nuestro tiempo, y este se inspira a su vez en Robocop, el personaje de una película de ciencia ficción de 1987. Los antidisturbios de ahora son iguales en todas partes: gigantes forzudos y completamente acorazados desde las botas hasta los cascos. Su apariencia mecánica parece corresponderse con un alma también mecánica cuando ejercen su oficio. Cuando bajan de sus autobuses, pisan el asfalto y otean a los manifestantes, un reflejo pavloviano les impulsa a golpear sin piedad a cualquiera que cometa el error de cruzarse en su camino. A esto último se le llama “resistencia a la autoridad” y “agresión a la fuerza pública”.

Y así, con los gobiernos negándose a ceder un ápice y ofreciendo la actuación de los antidisturbios como una única respuesta, ha terminado por reabrirse un debate que parecía cerrado: el que se interroga sobre la eficacia y la legitimidad del uso de la violencia por parte de manifestantes que aspiran a mayor libertad y mayor justicia. Rompió el fuego —nunca mejor dicho— el movimiento francés de los Chalecos Amarillos en el otoño de 2018. Espontáneo, sin organizadores, líderes o portavoces, este movimiento nació a partir de las redes sociales como protesta por una subida del impuesto a los carburantes y pronto asumió otras quejas relacionadas con el deterioro galopante de las condiciones de vida de las clases populares europeas. Pero si algo les distinguió desde el principio fue su falta de complejos a la hora de alterar la ley y el orden. Dejaron claro que les importaba un comino que los políticos y las televisiones les pusieran a caldo por sus formas de protesta: el bloqueo de carreteras y el enfrentamiento con la Policía.

El regreso del cóctel Molotov

La revuelta de Hong Kong, también horizontal, sin ideólogos ni líderes, adoptó una combatividad semejante: resucitó el uso del cóctel Molotov, habitual en los años 1960 y 1970, y le añadió la novedad del lanzamiento de flechas. Allí donde los movimientos de 2011 como el 15M habían tenido un cuidado especial en evitar cualquier cosa que pudiera ser presentada como violencia por parte del poder y sus medios de comunicación, los franceses y los chinos de 2019 no dudaban en enfrentarse con los antidisturbios y destruir contenedores de basura, mobiliario urbano y vehículos aparcados. En el otoño de 2019 su ejemplo ya era seguido en las protestas en Cataluña por la sentencia del procés y en las que se desataban en Chile a raíz de una subida en el precio de los transportes públicos.

En un artículo de Enric Bonet publicado en Público, Romain Huet, profesor en la Universidad de Rennes y autor de Le vertige de l’émeute (El vértigo del motín), declaraba que el uso de la violencia por parte de los Chalecos Amarillos respondía “al sentimiento de que no se puede influir políticamente expresando la indignación tan solo de forma pacífica”. A tenor de la experiencia de lo que llevamos de siglo XXI, los Chalecos Amarillos, señalaba Huet, habían interiorizado que las protestas apacibles, por masivas que fueran, no daban resultados. Enric Bonet recordaba en su artículo cuáles habían sido los argumentos contra la violencia que habían suscitado amplios consensos desde finales de los años 1970: “La acción violenta ahuyenta a las personas más pacíficas e impide manifestaciones masivas. Los disturbios favorecen la represión policial. Los incidentes distraen la atención de los medios que dejan de hablar de las reivindicaciones de la calle. La violencia solo genera más violencia”. Esos argumentos, sin embargo, ya no parecían ahora tan indiscutibles.

Con obras como El fracaso de la no violencia, del anarquista norteamericano Peter Gelderloos, se reabría un debate habitual en los movimientos democráticos y obreros del siglo XIX y las primeras dos terceras partes del siglo XX: ¿no es absurdo renunciar de antemano al uso de la fuerza para defenderse? Como es habitual en este tipo de fenómenos políticos y sociales, la ferocidad de la represión policial servía de gasolina a los disturbios. El lanzamiento masivo de gases lacrimógenos en Hong Kong acrecentaba la rabia de los luchadores por la democracia. Los disparos con munición real de policías y militares provocaban decenas de muertos en Chile, Irak y Bolivia y aumentaban la indignación de los manifestantes. Incluso en Francia la dureza policial provocaba en 12 meses un balance desconocido allí desde Mayo del 68: dos muertos y 2.500 heridos, de los cuales 24 habían perdido un ojo y otros cinco una mano. Y todo ello para que en diciembre de 2019 las protestas sociales volvieran a paralizar el país, esta vez contra la reforma del sistema público de pensiones que planea Macron.

Tampoco disuadía a los manifestantes la legislación represiva en caliente. La ley contra el uso de máscaras por los manifestantes, aprobada a toda velocidad en Hong Kong, provocó que, el 4 de octubre de 2019, decenas de miles de personas salieran a las calles cubriéndose los rostros con paraguas o mascarillas. Entonaban el himno de la revuelta, Gloria a Hong Kong, llevaban carteles que decían “Los pacíficos y los bravos (los que usan la violencia) siempre lucharán unidos” y añadían una nueva demanda, la sexta, a sus protestas: el desmantelamiento de la Policía. Aquellas marchas terminaron con violentos asaltos a bancos y comercios vinculados con el régimen de Pekín.

Puede que en la megalópolis asiática se escribiera en 2019 año el manual de las protestas del siglo XXI. Una de las novedades ensayadas en Hong Kong es la alianza entre los manifestantes pacifistas y los que no descartan la violencia, aceptando todos cualquier táctica empleada en aras del objetivo democrático común. Los bravos van equipados con cascos, máscaras antigás, punteros láser que pueden cegar a los antidisturbios, escudos caseros fabricados con señales de tráfico y sierras radiales para romper cadenas y otras barreras. Una página web (HKMap.live) les informa de los movimientos de los antidisturbios.

El papel de las nuevas tecnologías, que ya fue importante en la Primavera Árabe, es central en Hong Kong. Las acciones se deciden democráticamente a partir de las propuestas hechas en el foro de la web LIHKG y la gente se organiza para ejecutarlas en grupos de Telegram —mensajería usada por su mejor sistema de encriptación—. A través de teléfonos móviles conectados a Internet, las protestas son retransmitidas en directo en redes sociales y medios de comunicación digitales e independientes. Todos los gastos se recaudan con campañas de mecenazgo (crowdfunding) y grupos de abogados ofrecen gratuitamente en Internet sus servicios a los detenidos.

Esta revuelta ha creado asimismo su propio terreno simbólico. Ha hecho viral la etiqueta #Chinazi para referirse al régimen de Pekín y ha retocado su bandera (las estrellas amarillas sobre fondo rojo) para asemejarla a la esvástica hitleriana. Ha inventado un himno propio, Gloria a Hong Kong, que dice: “A través de las nieblas se oye una solitaria trompeta. ¡Ahora a las armas! Por la libertad lucharemos, con todo el poder atacaremos. Con el valor y la sabiduría avanzamos. Ahora amanece, liberen a Hong Kong”. Incluso ha inventado un videojuego sobre la liberación de Hong Kong.

Los hongkoneses están luchando contra la más poblada dictadura del planeta. Su combate, el de David contra Goliat, tiene pocas posibilidades de victoria, y, no obstante, está inspirando a movimientos que luchan por la libertad, la justicia y la dignidad en otros continentes. Quizá sea porque los hongkoneses tienen claro que Pekín podrá encarcelarles a todos ellos, pero no podrá hacer lo mismo con sus ideas. Al final, nada hay más poderoso que una idea.

*Este artículo está publicado en el número de enero de tintaLibre. Puedes consultar todos los contenidos de la revista haciendo clic aquí.aquí

Los manifestantes de Hong Kong pertenecen a una nueva era pero los motivos de su protesta son antiguos: falta de libertad, represión policial, miedo a ser engullidos por el gigante chino. Tienen un himno, llevan paraguas y empiezan a sospechar muy seriamente que la protesta pacífica no conduce a ninguna parte.

tintaLibre dedica su número de enero a las protestas que, como las que llenan las calles hongkonesas, recorren el planeta y marcan especialmente la actualidad política latinoamericana. La revista está disponible a partir del viernes día 3 en quioscos y librerías, a través de su App para su descarga en teléfonos iOS y Android y, si eres socio de infoLibre, ya puedes leer tintaLibre enero y todos los números anteriores haciendo clic aquí.

En La Paz, como en Novecento, de Bertolucci, bajan las masas con sus banderas indigenistas desde El Alto, tomando la calle porque Evo fue invitado al exilio por el estamento militar en connivencia con un nuevo poder político que habla en nombre de la Biblia. La palabra del dios evangelista, la misma de Bolsonaro, sustituye a la Pachamama en el imaginario simbólico. Hay un trasfondo racista: la clase oligárquica, blanca y criolla, no quiere ser gobernada por los indios, por mucho que estos mejoren la renta per cápita del país y erradiquen el analfabetismo.

Chile despierta de su sueño neoliberal y desempolva las canciones de Victor Jara y Quilapayún como en un flashback amargo delante de la pantalla del televisor. La chispa fue el aumento del precio del billete del metro, pero el descontento estaba ahí agazapado entre los estudiantes, los obreros, los sectores más vulnerables de una sociedad que no comulgó con el cuento neoliberal de las grandes cifras macroeconómicas. Chile pisa las calles nuevamente y hasta Patti Smith canta en un estadio de Santiago El Pueblo unido.

En una calle de Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua, hay una cruz con demasiados clavos en recuerdo de cada una de las mujeres asesinadas impunemente. Al otro lado está El Paso, la frontera, Donald Trump, el sueño y la pesadilla. Muchas mujeres, mucha opresión, mucha violencia.

Eduardo Halfon, escritor guatemalteco, narra la visita a su casa de Ciudad de Guatemala de un hombre que le resultaba conocido y que se sentó en el salón, colocando una pistola encima de la mesa. Halfon, acababa de escribir su primer libro y aquella máscara conocida le avisaba: “No conviene andar hablando demasiado”.

En España salen los grandes notarios del reino diciendo que esto marcha, que la economía toma impulso, que la inflación está controlada y el desempleo cae, pero esa llovizna de datos llega a muy pocos hogares y no salimos del círculo vicioso de la temporalidad y de la precariedad, dos anomalías contumaces del mundo feliz que nos describen los contables. Le siguen los padres de la iglesia de Bruselas reprendiendo al alumno díscolo por las pensiones, el IVA y el salario mínimo y parece que aquí nadamos en la misma placenta que Alemania, que a su vez declara públicamente que necesita millón y medio de trabajadores especializados.

Todo es un tumulto, arden las barricadas, pero la protesta conoce un único lenguaje universal; quizás no vivamos para contarlo, quizás nuestras diferencias sean más grandes que nuestras simpatías, pero sin movimiento todavía puede ser mucho peor. A veces David puede vencer a Goliat.