La brecha de género entre los altos cargos de la Administración General del Estado se ha recortado 20 puntos en los últimos seis años, al pasar el peso de hombres y mujeres del 70% y 30% en 2019 a 60% y 40% en 2025, respectivamente, informa EFE.

Así lo ha explicado este viernes la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, en la clausura del acto '8m: mujeres y responsabilidad pública', donde ha destacado que así se cumple lo establecido en la Ley Orgánica 2/2024 de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.

En un comunicado, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública explica que los datos provienen de la Oficina de Conflicto de Intereses, que incluye en la estadística los niveles de ministra, secretarias de Estado, subsecretarias; secretarias generales, secretarias generales técnicas y directoras generales.

"Teniendo solo en cuenta la paridad en los cargos de ministros/as y secretarios/as de Estado, el avance es más notable, puesto que ya en 2019 las mujeres superaron a los hombres y desde entonces la paridad se ha mantenido muy estable", añade la nota.

Sánchez Naranjo ha asegurado que el progreso de las mujeres en la responsabilidad pública "no es una concesión" y ha añadido que "la promoción de la igualdad en la Administración es una garantía para fortalecer nuestra democracia".

Expertos, representantes institucionales y líderes del ámbito académico y tecnológico se han dado cita este miércoles en Madrid en el segundo hackathon ‘Soluciones GenAI para la Biodiversidad’.

La jornada, organizada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, se enmarca en el Programa Nacional de Algoritmos Verdes (PNAV), una iniciativa que impulsa el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial alineadas con los retos medioambientales.

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha inaugurado el acto destacando la importancia de este tipo de encuentros para consolidar la posición de España en la revolución digital: “Somos un país que por primera vez tiene un Ministerio para la Transformación Digital y eso es muchísimo más importante de lo que os podéis imaginar para que este tipo de actividades tengan toda la fuerza y el apoyo. Hoy estamos promoviendo el talento y colaborando en iniciativas que demuestran que lo estamos haciendo bien, porque lo estamos haciendo juntos”. En este sentido, ha defendido que “la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que nació en 2021, ha sido pionera y ha apostado por una fuerte inversión en digitalización, pero, sobre todo, por anticiparnos para posicionar a España y, por ende, a Europa, a la vanguardia de esta revolución digital.”

La secretaria de Estado ha subrayado que el 26% de la economía española ya es digital y ha reivindicado el papel de la inteligencia artificial como parte de la solución frente a la crisis climática: “La lucha contra la emergencia climática es una prioridad para el Gobierno desde antes incluso que la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Lo vemos como una oportunidad para trabajar por un desarrollo sostenible para todos y todas”.

Ante los retos medioambientales de la IA ha añadido que “tenemos que hacer pedagogía sobre su consumo de recursos, tanto hídricos como energéticos, pues también creemos firmemente que la IA tiene que ser parte de la solución”.

El Programa Nacional de Algoritmos Verdes, enmarcado en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, se articula en dos grandes líneas: por un lado, fomentar una IA verde, eficiente y sostenible; y por otro, utilizar su capacidad para optimizar recursos y desarrollar soluciones al servicio de la acción climática. En este sentido, González Veracruz ha especificado que “estamos desarrollando una especificación de la UE para medir el consumo energético, la huella de carbono, el uso del agua y el rendimiento de los sistemas de IA. En este desarrollo han participado más de 20 universidades y empresas bajo el liderazgo de la Secretaría de Estado.

Tras la apertura, la primera mesa ha arrancado con un debate centrado en el papel estratégico de las cátedras universitarias como motor de innovación sostenible.

En este sentido, José Carlos Baquero, director de la División de Inteligencia Artificial y Big Data de Secure e-Solutions en GMV, ha subrayado que la tecnología se trata del segundo paso: “Es fundamental centrarse primero en el problema o reto que se quiere resolver para poder generar una idea de impacto”.

También han participado representantes de dos de las Cátedras ENIA que han recibido ayudas de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Por un lado, Brais Cancela Barizo, investigador en la Cátedra UDC-Inditex, ha animado a los participantes a “desterrar el síndrome del impostor y no estancarse”, recordando que es “un campo tan apasionante como aterrador, donde cualquier modelo de hace dos años ya es obsoleto”, por lo que ha insistido en la necesidad de mantenerse en constante actualización. Y, por otro lado, Jesús Sánchez-Oro, en representación de la Cátedra URJC-OGA, ha señalado la importancia de lanzarse a experimentar: “Hay que perder el miedo y rodearse de gente que sepa. Esta es un área 100% experiencial, y a veces esas ideas que parecen perdidas generan grandes resultados o inspiran a otros para continuar”.

Con este segundo hackathon, el Programa Nacional de Algoritmos Verdes avanza en su objetivo de consolidar a España como referente internacional en innovación tecnológica sostenible, en un ciclo que continuará en otoño con una tercera edición centrada en nuevos desafíos medioambientales.

Aina Calvo, hasta ahora secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, será la número dos del Ministerio del Interior. Según ha adelantado Diario de Mallorca y han confirmado a EFE fuentes de Interior, será la nueva secretaria de Estado de Seguridad tras la dimisión por motivos personales de Rafael Pérez, que el pasado martes dejó el cargo que ocupaba desde enero de 2020.

Calvo (Palma de Mallorca, 1969) es licenciada en Filosofía y Letras y doctora en Ciencias de la Educación. Hasta ahora desempeñaba el cargo de secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en el Ministerio que dirige Ana Redondo.

Ha sido también delegada del Gobierno en Baleares y alcaldesa socialista de Palma de Mallorca entre 2007 y 2011. También ha ocupado el cargo de directora de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, institución de la que fue subdirectora en una etapa anterior.

Ahora será la número dos del Ministerio del Interior, con el cargo de secretaria de Estado de Seguridad, en sustitución de Rafael Pérez, que este pasado martes comunicó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, su deseo de dejar el cargo por motivos personales, algo que se producirá en el Consejo de Ministros del martes 3 de junio.

Rafael Pérez formaba parte del equipo de Marlaska desde su llegada a Interior, en julio de 2018, cuando asumió las funciones de jefe de Gabinete. Posteriormente, el 17 de enero de 2020, el ministro le nombró secretario de Estado de Seguridad, responsabilidad que ha ocupado hasta la actualidad. El ministro ha destacado la "dedicación", "lealtad" y el trabajo "extraordinario" de Pérez.

"Me hubiera encantado que siguiera pero a veces en la vida, aunque sea duro, hay que dejar que las personas decidan", señaló este miércoles en el Congreso, donde negó que la dimisión de su número dos estuviera ligada a la rescisión del contrato de munición con una empresa israelí que el secretario había firmado ni tampoco a la supuesta trama para desprestigiar a la UCO presuntamente urdida por personas vinculadas al PSOE.

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha comunicado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, su deseo de dejar el cargo por motivos personales, algo que se producirá en el Consejo de Ministros del martes 3 de junio, según informa EFE.

Rafael Pérez, según recuerda el Ministerio en un comunicado, forma parte del equipo de Marlaska desde su llegada a Interior, en julio de 2018, cuando asumió las funciones de jefe de Gabinete. 

Posteriormente, el 17 de enero de 2020, el ministro le nombró secretario de Estado de Seguridad, responsabilidad que ha ocupado hasta la actualidad.  

Ha sido la mano derecha del ministro durante este tiempo. Compañeros en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Marlaska se lo llevó al palacete del Paseo de la Castellana para afrontar una etapa en la que el principal objetivo fue acabar con lo que se llegó a denominar las "cloacas" del Estado y la "policía patriótica" durante la etapa del PP.

Como un hombre "educado, eficaz, competente y sereno" le califican algunas de las personas que han trabajado con él en estos años, en los que ha evitado la primera línea mediática para desarrollar un trabajo al mando de las fuerzas de seguridad del Estado.

Su cese llega en un momento en el que se han conocido audios sobre una presunta operación contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil supuestamente impulsada por personas ligadas al PSOE, lo que este partido niega.

Entre esas personas figura Leire Díez, la persona que en ese audio solicita a un empresario con causas judiciales pendientes información comprometedora sobre Antonio Balas, teniente coronel de la UCO que investiga el caso Koldo y a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.

Rafael Pérez, cordobés de 44 años, sustituyó a Ana Botella en la Secretaría de Estado y es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Córdoba.

Como miembro de la carrera judicial ejerció en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Almadén (Ciudad Real) y Montoro (Córdoba), así como en el de lo Penal número 1 de Córdoba. Llegó a ser letrado del CGPJ.

Interior ha destacado su labor en estos años, en los que se ha producido un crecimiento de las plantillas de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil hasta alcanzar un máximo histórico y se ha ejecutad un Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado, con 1.000 millones de euros.

El Plan para el Campo de Gibraltar, la implantación del Sistema VioGén 2, el Plan contra la Cibercriminal, el Plan Estratégico de Personas Desaparecidas, los tres planes de acción de lucha contra los delitos de odio y la creación de la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales (Onvios) son algunas de las actuaciones desarrolladas durante su cargo.

La fusión de Presidencia y Justicia sorprendió, y mucho, en el mundo judicial. Primero, por lo novedoso a nivel nacional de aglutinar ambas cuestiones, además de Relaciones con las Cortes, bajo una misma cartera. Y segundo, por el alto perfil político de la persona que estará al frente de lo que tradicionalmente ha sido un ministerio único: Félix Bolaños. El hecho de que el nuevo ministro no pertenezca a la judicatura ni tampoco a la carrera fiscal no se ve como un inconveniente. Siempre y cuando sepa rodearse de un buen equipo técnico que conozca en profundidad el funcionamiento de los tribunales. Y así ha sido. El nuevo secretario de Estado de Justicia, su escudero a partir de ahora, será Manuel Olmedo. Un magistrado dialogante y conciliador para una judicatura en llamas.

Nacido en Ávila en 1976, Olmedo conoce muy bien los vericuetos del mundo judicial. Al fin y al cabo, forma parte de La Casa desde comienzos de siglo. Ingresó en la judicatura en 2003. Y desde entonces ha desempeñado diversos puestos en Asturias, Cataluña y Madrid, donde ha estado destinado en los Juzgados de lo Penal de Móstoles y en diversas Secciones Penales de la Audiencia Provincial. Su paso por los distintos órganos judiciales ha sido discreto. Nunca ha tenido nada parecido a esa proyección pública de la que gozan algunos jueces estrella. Sus últimas sentencias como ponente fueron en el caso de una banda dedicada al robo de coches y de una pelea en las fiestas de la localidad madrileña de Loeches.

Con un amplio conocimiento en lo que a cooperación judicial penal se refiere –tanto en el ámbito de la Unión Europea como con terceros países–, Olmedo conoce también a fondo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya renovación tras cinco años en funciones será uno de los grandes retos del nuevo Ejecutivo de coalición. En el órgano de gobierno de los jueces ha ejercido como letrado. Y dentro de la Escuela Judicial, como responsable de la selección y especialización de jueces, fiscales y magistrados. Además, ha sido miembro y coordinador de los grupos de trabajo para la reforma de acceso a las carreras judicial y fiscal, para la implementación del plan de transparencia y acceso a la información y para la elaboración de los principios de ética judicial.

La elección de este magistrado como nuevo secretario de Estado de Justicia ha tenido un buen recibimiento en la judicatura. "Creo que es una decisión muy acertada. Es una de las personas más rigurosas y competentes con las que he trabajado, con un perfil técnico pero muy versátil", señala una jueza que ha coincidido con él. Quienes le conocen destacan su "talante dialogante", "constructivo" y "negociador". "Una persona con la que se puede hablar, discutir y llegar a acuerdos por el bien de la judicatura y de la ciudadanía", señala una de las fuentes consultadas. "Escucha y tiene capacidad de entendimiento", apunta otra. Y eso puede ser clave para una legislatura que se espera muy intensa en el ámbito judicial. "Puede ayudar a la hora de arreglar conflictos o apaciguar los ánimos dentro de la judicatura", completan algunas voces pulsadas por infoLibre.

Durante este último año, Olmedo ha tenido que hacer frente como secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia –un puesto que ahora asumirá la fiscal vallisoletana Sofía Puente– con un largo parón de letrados judiciales y una amenaza de huelga general por parte de los jueces y los fiscales. Dos conflictos que el ministerio logró desactivar tras un intenso tira y afloja con la firma de acuerdos que incluían mejoras salariales y el compromiso de un aumento de efectivos en las carreras. Olmedo fue, según fuentes conocedoras de las mismas, una pieza clave en aquellas negociaciones. "Llevó el peso de la negociación y no faltó a una sola de las reuniones que se mantuvieron", recuerdan desde una de las asociaciones.

Con la elección del magistrado como número dos de Justicia se lanza, por tanto, un mensaje de cierta continuidad. "Sabe qué es lo que se acordó y qué es lo que se tiene que cumplir", sostienen desde uno de los colectivos judiciales. La mayoría de asociaciones de la judicatura reconocen una buena sintonía con el nuevo secretario de Estado. Y esperan que su vinculación a la carrera pueda ser de ayuda a la hora de resolver los graves problemas que desde hace décadas arrastra la justicia. "Conoce perfectamente dónde están y cómo se tienen que afrontar", apuntan. Hace catorce años, de hecho, Olmedo se quejaba con amargura de la falta de medios en la judicatura. Entonces, lo hacía desde su juzgado en el municipio asturiano de Pravia.

Parece que el único fuego que no se logró sofocar la pasada legislatura será el primero al que el magistrado tendrá que enfrentarse como secretario de Estado. Se trata, en concreto, de la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia. Un paro que quedó en suspenso con el adelanto electoral del 23J y que ahora, tras la conformación del nuevo Gobierno, amenaza con reactivarse. Este martes, CCOO ha anunciado su intención de retomar las movilizaciones en un par de semanas si el nuevo secretario de Estado de Justicia no presenta "de forma inmediata" una "oferta" a los sindicatos que dé comienzo a una negociación. "Este equipo es pleno conocedor de la problemática que originó el conflicto", han señalado en un comunicado.

Olmedo sustituye en el cargo a Antonio Tontxu Rodríguez, cuya dimisión pidieron un su día algunos colectivos del ámbito judicial, en un momento especialmente delicado. El acuerdo político suscrito entre el PSOE y Junts de cara a la investidura de Pedro Sánchez ha levantado ampollas en buena parte de la judicatura, que no ha escondido su profundo malestar –incluso recurriendo a concentraciones a las puertas de los tribunales– por la inclusión del término lawfare, un cruce entre law (ley) y warfare (guerra), en el pacto con la formación independentista. "El Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes", llegó a señalar la Sala de Gobierno del Supremo en un comunicado.

Y luego está la Ley de Amnistía, un borrón y cuenta nueva tras el procés que ya se tramita en el Congreso de los Diputados y que no gusta a parte de la judicatura. Su entrada en vigor y aplicación marcará la próxima legislatura. Así como la impugnación que algunos tribunales harán de la misma, tanto ante el Constitucional como ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una norma que también ha puesto en pie de guerra al bloque conservador del caduco Consejo General del Poder Judicial, que a comienzos de noviembre, antes de conocerse la literalidad de la norma, forzó un pronunciamiento del órgano de gobierno de los jueces en el que se señalaba que la "proyectada" ley suponía una "degradación, cuando no abolición, del Estado de derecho".

El mandato, en el que también se espera que se implementen y se culminen las leyes de eficiencia que quedaron paradas por el adelanto electoral, será intenso. Y más si se tiene en cuenta que el Gobierno necesitará tejer alianzas de forma continua con un buen número de grupos parlamentarios para sacar adelante sus proyectos. Algo que, dice un juez, "puede complicar la adopción de mejoras en la Administración". Una búsqueda de consensos en la que, con total seguridad, Olmedo será "pieza importante". Como lo fue para extinguir la mayoría de incendios laborales que asolaron al ministerio en estos últimos meses. O como lo puede ser para tratar de calmar las aguas que hoy bajan revueltas en el mundo judicial. Un bombero para una judicatura, y una legislatura, en llamas.

El Gobierno ha lanzado este jueves la primera versión definitiva de la aplicación Mi Carpeta Ciudadana, que agrupa decenas de trámites administrativos en una aplicación también utilizable en móvil para facilitar el acceso a la Administración digital a lo ciudadanos, según informa Europa Press.

El lanzamiento llega después de un proceso de Beta en el que se han recibido 850 contribuciones y en el que se han registrado 500.000 usuarios, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

La aplicación se ha puesto a disposición del público en el marco del Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE, que se está celebrando esta semana en Gran Canaria, e incluye la posibilidad de consultar el estado de trámites en curso con la Administración.

Entre los servicios que incluye la aplicación, también se encuentra un calendario para consultar citas con la Administración y el vencimiento de documentos como el DNI o la ITV, así como un servicio de consulta de datos en distintos ámbitos como el educativo, la vivienda o la salud y asuntos sociales.

Asimismo, también se pueden consultar otros aspectos relacionados con el trabajo y la jubilación, como las prestaciones sociales, la paternidad o maternidad, el ingreso mínimo vital o la situación de demanda de empleo y prestaciones de desempleo.

Mi carpeta ciudadana incluye como canales de comunicación una aplicación móvil, una aplicación web y un asistente conversacional y para acceder el usuario debe identificarse con su Clave PIN, Clave Permanente, Certificado Electrónico o DNI.

El objetivo del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, es publicar una versión de la aplicación cada pocos meses y que esta incluya gradualmente nuevos servicios.

El Ejecutivo espera que la mayoría de los servicios públicos digitales del Estado estén accesibles a través del móvil a finales de 2025.

Para ello, ha publicado, junto a la aplicación, una hoja de ruta con las próximas adiciones que plantea, así como un documento de reflexión global sobre el proceso de consulta ciudadana.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y que, en el caso de Justicia, supone designar al doctor en Derecho Internacional Pablo Zapatero como secretario de Estado e introducir cambios en la organización del Departamento. Paula Novo será secretaria general técnica en lugar de José Amérigo, mientras que para directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública se ha designado a la fiscal Sofía Puente.

Zapatero es profesor doctor en Derecho Internacional por la Universidad Carlos III de Madrid. Desde 2016 y hasta su nombramiento como secretario de Estado de Justicia, ha desempeñado el puesto de secretario general técnico del Consejo General de la Abogacía Española. Previamente, entre 2009 y 2011, ejerció como director de gabinete de la Secretaría de Estado de Justicia y responsable de la elaboración y ejecución del Plan Estratégico del Ministerio de Justicia.

También ha ejercido como director técnico de los informes de las Comisiones de Demarcación y Planta y Modernización del Lenguaje Jurídico, encargados por el Consejo de Ministros; además de como responsable de estudios jurídicos del Laboratorio de Ideas de la Fundación Alternativas y observador de largo plazo en Nepal con el Centro Carter.

En su currículum también se destaca como autor de numerosos artículos en materia de políticas públicas, derecho e innovación regulatoria en diversas revistas científicas y, en el ámbito académico, ha sido investigador en la Universidad de Columbia, el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, la Organización Mundial del Comercio y las Universidades de Lancaster o Arizona, entre otras. En 2003 recibió el Premio Extraordinario de Doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III y el Premio a la Excelencia para investigadores menores de 45 años de su Consejo Económico y Social.

La nueva Secretaria General Técnica, Paula Novo, es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y abogada del Estado. Hasta su nombramiento como secretaria general técnica, desempeñaba el puesto de abogada del Estado adjunta en la Secretaría de Estado de Hacienda.

Ha ejercido en el Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en distintas unidades de la Abogacía General del Estado-Servicio Jurídico del Estado, así como en el Departamento de Penal y en el Ministerio del Interior. También ha sido secretaria general y del Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Red.es y secretaria del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Ciberseguridad entre los años 2017-2019. En el ámbito docente, Novo, ha impartido clases de Derecho Civil y Derecho de la empresa en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Finalmente, la nueva directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid. Ingresó en la carrera fiscal en 1996 ejerciendo en las fiscalías de Cádiz, Plasencia, Zamora, Palencia y Valladolid. Puente ha ejercido también como fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer y vocal del Consejo Fiscal entre los años 2014-2018. Entre los años 2010 y 2012 fue directora del Centro de Estudios Jurídicos.

De acuerdo con el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, Justicia se estructura en tres órganos: la Secretaría de Estado de Justicia; la Subsecretaría de Justicia, de la que depende la Secretaría General Técnica, y la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, con rango de subsecretaría.

De la Secretaría de Estado dependerán los siguientes órganos directivos: la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de la Justicia, con rango de subsecretaría, y la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos.

Por su parte, de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público dependen la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Finalmente, quedan suprimidas la Secretaría General de la Administración de Justicia, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, la Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, la Dirección General de los Registros y del Notariado, la Dirección General para la Memoria Histórica y la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acreditó en sus seguimientos por el caso Lezo que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González se reunió en mayo y junio de 2016 con Miguel Temboury y Fernando Benzo, por entonces ambos subsecretarios de Estado de los ministerios de Economía y de Educación, Cultura y Deporte, respectivamente.

La reunión se celebró meses antes de que, el pasado 19 de abril, estallara el caso Lezo con la detención de Ignacio González (que fue presidente del Gobierno madrileño desde 2012 hasta junio de 2015), según figura en un informe de la UCO con fecha de 7 de julio de 2016 al que ha tenido acceso Europa Press.

Temboury era entonces subsecretario del Ministerio de Economía y Competitividad, puesto del que dimitió en septiembre de 2016, y Benzo ocupaba la subsecretaría de Estado de Cultura. Los dos altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy tienen una dilatada trayectoria en la Administración, habiendo pasado también por el Ministerio del Interior.

El informe de la UCO incluye un epígrafe Vigilancias realizadas a los investigados a dos de los principales implicados en el caso Lezo, Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino, el que fuera su mano derecha en los negocios en América Latina vinculados al Canal de Isabel II.

En el documento aparecen fotografiados cuando se reunieron con Ignacio González, constando la matrícula y marca del coche oficial (de ahí que figuren en el listado de la Secretaría de Estado de Seguridad) que utilizaron para sus desplazamientos.

Temboury se citó con González a las 14.30 horas del 31 de mayo en el Restaurante No, donde comieron en un encuentro que se prolongó durante hora y media y en el que también participó una mujer que los agentes no identifican en su informe.

En el caso de Benzo, actualmente secretario de Estado de Cultura, la reunión (de una hora) se produjo el 7 de junio de 2016 a las 9.45 horas en la cafetería El Velázquez. Aunque son fotografiados, ninguno de los dos altos cargos aparecen identificados por su nombre en el documento de la policía judicial.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Cultura han explicado a Europa Press que se trató de un encuentro a petición de Ignacio González para tratar sobre el reingreso al Ministerio de Educación de funcionarios del Estado que habían sido transferidos a la Comunidad de Madrid en la etapa del segundo como presidente. Como subsecretario, Benzo era entonces el competente en materia de personal. Las mismas fuentes precisan que no se trató nada fuera de esta consulta.

A las 20.30 horas de ese mismo día, el 7 de junio, Ignacio González mantuvo otra cita de una hora y media con Enrique Cerezo Torres, empresario y presidente del Atlético de Madrid, en el Restaurante Guito's.

Seguimientos en el despacho de Alcalá 89

La UCO descubrió que González utilizaba su despacho profesional como abogado en la madrileña calle de Alcalá como lugar para celebrar frecuentes encuentros. "Las vigilancias discretas llevadas a cabo sobre el investigado", sostiene el informe del mes de julio de 2016, "han permitido determinar que frecuenta a diario una oficina situada en calle Alcalá 89, Entresuelo derecha, de Madrid, donde parece que ejerce algún tipo de actividad".

El 19 de mayo fotografían a varios empresarios, entre ellos a empresarios de la empresa de arquitectura Urquijo, recordando brevemente la UCO los vínculos de esta firma con las obras de la sede del Partido Popular en Génova.

"Nótese", prosigue la UCO, "que tan sólo cuatro días después de llevarse a cabo esta reunión, el 25-05-2016 se hizo pública la información relacionada con la resolución judicial por la que el Partido

Popular, como responsable civil subsidiario, tenía que abonar la cantidad de 1,2 MM € en concepto de fianza".

"Posteriormente, ese mismo día, tras haber finalizado la cita anterior sobre las 13.00 el equipo operativo observó salir del portal del n° 89 de la calle Alcalá a Enrique Cerezo y Alberto Ruiz-Gallardón", recoge el informe, que no hace ninguna valoración de este hecho.

Una plataforma de militantes del PSOE de la provincia de Sevilla, que será presentada en los próximos días, ha reclamado que se convoque ya el congreso federal del partido.

La portavoz de la plataforma, Nieves Hernández, que fue portavoz del gobierno municipal en el Ayuntamiento de Sevilla durante el mandato del PSOE y exsecretaria de Administración del PSOE provincial, ha explicado a Europa Press que esta plataforma, en la que también hay presencia de cargos orgánicos e institucionales, fue puesta en marcha hace unos días y ya cuenta con más de 200 apoyos.

Ha querido dejar claro que es una plataforma muy heterogénea que no apoyará a un candidato concreto a la Secretaría General del PSOE, sino que cada uno de sus integrantes votará en su momento a quien quiera. Hernández ha señalado que es hora de que los militantes se pronuncien ya y que no tiene sentido seguir demorando la convocatoria de un congreso, porque eso supone que la actual gestora del partido se extralimite en sus funciones.

En el documento de constitución de la plataforma se señala que el mandato de cualquier gestora es exclusivamente el de convocar un congreso, "pero desde el principio hemos constatado que, muy al contrario, está dilatando la decisión, atribuyéndose competencias de que carece".

"Por eso, cada día es más importante y urgente que en el PSOE se den los pasos oportunos para volver a la normalidad organizativa y a la legitimidad interna, sin más demoras ni disculpas, impropias de una organización que sea verdaderamente seria, democrática y autónoma", según se indica.

Según ha agregado Hernández, la situación de interinidad que estamos viviendo es "mala para el PSOE y mala para nuestro país" y es "necesario y perentorio debatir y votar".

"No hay nada más democrático que el hecho de que la militancia decida el futuro de este partido", según el documento de la plataforma, que recuerda que el primer principio en que descansa la organización es "la democracia interna y no se está respetando".

Por ello, militantes del PSOE de Sevilla han decidido constituir esta plataforma que "sirva de canal de expresión, de discusión y crítica de muchos militantes" y para canalizar la recogida de firmas para la convocatoria urgente de congreso extraordinario y de primarias.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha subrayado este miércoles que no se plantea dejar este puesto, y menos en un año electoral, y ha añadido que solo dijo "una obviedad" al señalar que abandonar ese puesto era "una opción".

Cospedal se ha expresado así, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, después de haber dicho el martes que si es reelegida presidenta de Castilla-La Mancha es "una opción" dejar la Secretaría General del PP.

"Dije que mi puesto, como siempre, está a disposición de mi partido, y por lo tanto que era una opción, dicho lo cual, yo ni me he planteado ni me planteo dejar mi responsabilidad como secretaria general, y más en un año tan importante para mi partido y sobre todo para España", ha zanjado. Eso sí, ha admitido que esas palabras han causado "revuelo" y lo ha atribuido a que "los medios necesitan temas".

Además, ha dejado claro que en ejercer como presidenta regional y 'número dos' del PP no hay un problema de compatibilidad, sino sólo de "poder hacerlo compatible". A su juicio, ella ha podido compaginar ambos cargos de manera que "no le ha ido mal al PP".

"Lo he hecho lo mejor que he podido y tengo la suerte de ser secretaria general de un partido fantástico", ha afirmado, recordando que otras muchas personas en otros partidos compatibilizan cargos en partidos y gobiernos. En su opinión, el único problema es el de su "condición personal", puesto que sus cargos la llevan a "trabajar muchas horas" al día y apenas tiene tiempo libre. "Pero esa es una condición que yo asumo", ha remachado Cospedal.