La acusación popular pide que el expresidente regional declare de nuevo como imputado por los negocios que Tecnoconcret, empresa ligada a su hermano y su cuñado, hizo como proveedora de césped artificial para campos de fútbol financiados con el Plan Prisma.
La compra de la brasileña Emissao con sobreprecio reportó 1,8 millones de dólares al expresidente madrileño, a quien el juez y el Canal atribuyen la "supervisión y vigilancia" de la operación ilegal.
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