Aguirre vuelve al centro de la escena de la mano de la Guardia Civil

Una viñeta publicada por el dibujante Manel Fontdevila tras el estallido del caso Gürtel en 2009, retrata a Esperanza Aguirre con una impoluta túnica blanca en medio de la ciénaga. Chorreando barro o algo peor, la rodean varios personajes irreconocibles. Aguirre sonríe de oreja a oreja y mantiene las manos decorosamente recogidas bajo el pecho. Uno de los embarrados le pregunta: "¿Cómo lo haces?" Y ella responde: "¿Lo qué?".

Diez años después, Aguirre ya no luce una túnica inmaculada a efectos políticos pero, al menos todavía, sí desde luego penales. A lo largo de la década, y mientras en sucesivas investigaciones iban cayendo dirigentes del PP como fichas de dominó hasta llegar a quien fue su factótum en el Gobierno –Ignacio González– y en el partido –Francisco Granados–, la histórica lideresa se ha mantenido incólume. Indemne, sí, pero siempre en el ojo del huracán. Y en medio de lo que juristas conocedores de los distintos casos judiciales que afectan al PP de Madrid consideran un círculo que se ha ido achicando a medida que avanzaban las pesquisas.

Ahora, el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la presunta aunque progresivamente más acreditada financiación ilegal del PP sitúa de nuevo a Aguirre en el centro del escenario. Porque el informe, conocido hace diez días, arroja conclusiones demoledoras sobre el uso de dinero negro y de facturas falsas para financiar su campaña de 2011, las autonómicas que le depararon su tercera mayoría absoluta.

El adelanto electoral, ¿un elemento disuasorio?

Aunque los expertos consultados por infoLibre creen que el informe estrecha el cerco a Aguirre, algunos juristas observan con escepticismo la opción de que sea imputada en un plazo breve. Y para ese escepticismo esgrimen dos causas: una ya vieja y relacionada con esa capacidad que ha demostrado hasta ahora para salir ilesa y sin barro procesal en la túnica; la segunda causa se sustenta en el adelanto de las elecciones generales al 28 de abril y la cercanía de las autonómicas y municipales del 26 de mayo.

No obstante, fuentes de la investigación consultadas por este periódico remachan que lo judicial y lo electoral no interfieren entre sí dado que Aguirre, salvo sorpresa, no será candidata. Lo anterior en absoluto significa que Anticorrupción haya decidido pedir que la expresidenta declare como investigada. Ni que lo haya descartado. Significa estrictamente lo dicho.

La Fiscalía debe comunicar de manera inminente al instructor de Púnica cuál es la delimitación que propone para las diferentes piezas de la causa. Y en principio, esa delimitación –de índole fáctica– debe incorporar una relación de los investigados en cada pieza: los que ya lo son y los nuevos. Pero ni el informe que presente el ministerio público servirá para echar el cerrojo al cupo de imputados ni la Fiscalía que dirige Alejandro Luzón confirma o desmiente una sola sílaba en relación al futuro cercano de Esperanza Aguirre.

Sea como sea, el informe y las escandalosas cifras que su contenido destapa la devuelven al primer plano. Cuánto influyó en su victoria de 2011 el dopaje electoral resulta imposible de discernir. Pero, siempre según el informe policial, lo cierto es que el PP madrileño gastó el doble –6.200.000 euros– de lo que le permitía la legislación: 3.229.342 euros. 

La UCO desemboca en esa cifra basándose en el análisis de decenas de documentos incautados a quien entonces era gerente regional del PP, Beltrán Gutiérrez, así como a los empresarios que se prestaron al juego sucio de camuflar actos electorales como si fueran actividades ordinarias del partido o de la fundación pantalla Fundescam, que compartía no solo sede sino gerente con el PP. 

Nueve mítines en el punto de mira

Entre los actos de campaña cuya fecha fue modificada –es decir, falseada– en la factura para pagarlos con cargo a las cuentas de que disponía el PP para sufragar sus actividades extraelectorales, la UCO desmenuza nueve mítines protagonizados por Aguirre.

Con todo, y casi cuatro años y medio después de que la Operación Púnica saliera a la luz en octubre de 2014, la gran pregunta irresuelta sigue siendo esta: ¿cabe atribuir a Esperanza Aguirre responsabilidad penal por la financiación opaca del PP, un auténtico vórtice que año tras año y siempre de acuerdo a la investigación se fue tragando millones en contratos públicos amañados por el Gobierno que ella misma presidía?

Esa financiación irregular implicó también de forma sostenida "desvío" –lo dice la Guardia Civil– de las subvenciones que el propio Gobierno de Madrid otorgaba a Fundescam, fundación cuyas cuentas presentan a Aguirre como su presidenta hasta al menos 2007 y que ya sufragó parte de sus campañas en 2003, 2004 y 2007.

Esa financiación, por último, fue posible igualmente gracias a una caja B propia cuyos fondos manejaba –presuntamente– Beltrán Gutiérrez. Según la UCO, de la caja B regional, distinta a aquella de ámbito estatal cuyos movimientos quedaron plasmados en los papeles de Bárcenas, salieron 1,25 millones para la campaña de 2011 del PP madrileño.

La larga lista de contratos y facturas bajo sospecha incluye importes millonarios para campañas de "publicidad institucional", algunos adjudicados a empresarios que ya han confesado su participación en los enjuagues. Incluye también los suscritos con el gigante semipúblico Indra para el recuento de datos electorales. Y algunas concesiones públicas, como las de los hospitales privatizados cuya construcción impulsó Aguirre casi como un proyecto personal. La más relevante de todas, por la proyección pública de sus protagonistas, es no obstante la del tren que debía unir Móstoles y Navalcarnero, adjudicada a OHL. Tanto el fundador de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir, como su yerno, Javier López Madrid, permanecen imputados.

La austeridad y el milagro de la multiplicación

¿Resulta verosímil que todo eso fuera ajeno al conocimiento y la autorización de Aguirre, que no solo dirigía con mano de hierro el PP y el Gobierno de Madrid sino que en 2011 ya había convertido la austeridad en uno de sus grandes reclamos electorales? "No nos hemos gastado –proclamó aquella campaña– más de lo que teníamos, hemos sido austeros y hemos administrado bien el dinero que los ciudadanos han puesto en nuestras manos". ¿Le sorprendió en algún momento la exuberancia de recursos electorales que manejaba el PP o pensó que el partido conocía los secretos del milagro de la multiplicación? Nada de eso se sabe por cuanto en los casi cinco años de investigación de Púnica Aguirre no ha declarado: ni como imputada ni como testigo.

Si la creencia popular acierta, a Aguirre han debido de pitarle los oídos cientos de veces en estos casi cinco años. Para involucrarla, la nombró, por ejemplo, Francisco Granados, cuando hace un año, febrero de 2018, dijo que en las campañas había una financiación "paralela". Dos meses antes, la había colocado en una posición difícil el empresario de publicidad Daniel Mercado al admitir que el PP le pagó trabajos con facturas falsas que abonaban constructoras cuya identidad le iba señalando... Beltrán Gutiérrez. Es decir, el hombre que, bajo el mandato de Esperanza Aguirre, gobernaba las cuentas del PP. Y las de Fundescam.

Aún más atrás que lo dicho por Granados y por Mercado, un informe de la Fiscalía fechado en marzo de 2017 ya ponía en uno de sus párrafos el acento sobre Aguirre aunque de una forma escrupulosamente elíptica: su nombre no figuraba. Pero la lectura del párrafo conduce a ella de manera irremisible.

Al abordar el papel de Fundescam en la financiación espuria del PP madrileño y bajo el epígrafe "Una red de decisión y ejecución cohesionada", las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez escribieron esto: "La coincidencia de personas y de roles entre los propios patronos de la fundación Fundescam, directores y miembros de los comités de campañas electorales, presidente, secretario general y vicepresidente del Gobierno de la CCAA de Madrid, gerente y cargos orgánicos del Partido Popular y autorizados en cuentas, y en las mesas de contratación de la CAM [Comunidad Autónoma de Madrid] consolidó una estructura de decisión cohesionada en el tiempo".

El texto dice "presidente" en masculino. Pero tanto en 2007 como en 2011, años a los que se refiere el informe, el Gobierno regional y su partido, el PP, estaban al mando de una presidenta: Esperanza Aguirre.

La semana pasada, el abogado de IU Juan Moreno, que bajo la dirección jurídica de la asociación Adade, ejerce una de las acusaciones populares en Púnica, se preguntaba cómo es posible que en cinco años Aguirre no haya comparecido ante el juez que investiga el caso, Manuel García Castellón. Aunque solo sea para dar explicaciones de qué sabía y qué no sabía –es su argumento–, la mujer que hasta septiembre de 2012 lideró el Ejecutivo autonómico y el PP madrileño hasta febrero de 2016 debe acudir en calidad de investigada. Moreno entiende que llamarla como testigo, sin la asistencia de un abogado y con obligación de decir por tanto la verdad resultaría poco menos que absurdo: casi cualquier pregunta relevante la situaría en la brumosa frontera que en ocasiones separa a los testigos de los imputados. 

IU pedirá formalmente en estos días la imputación de Aguirre. Ya lo pidió en el otoño de 2018 pero Anticorrupción se opuso. Lo hizo con un argumento que activó las alertas de los iniciados en el caso: que antes de decidir sobre la cuestión debía "estarse a la espera de que finalicen las líneas de investigación que están actualmente abiertas en la pieza de financiación". ¿Se cierran esas líneas con el informe de la UCO conocido a comienzos de mes? Algunas fuentes que saben de los entresijos de la instrucción opinan que sí. Y que poco más queda por rascar en esa área. Pero nadie se atreve a aventurar nada.

El campo de golf y el pelotazo de Ignacio González

Y mucho menos se atreve ninguna fuente a deslizar un pronóstico sobre Aguirre en el otro gran caso de corrupción que, además de Púnica, golpea al PP madrileño, la Operación Lezo. En ambos confluyen indicios de que los principales investigados se lucraron personalmente –Francisco Granados en Púnica; Ignacio González, en Lezo– al tiempo que el partido hacía caja. ¿Estaba el PP, como institución, al tanto de ese –supuesto pero cada vez menos susceptible de ser rebatido– enriquecimiento personal y lo toleraba como una especie de peaje, un quid pro quo con el que ambas partes salían ganando?

Y aun suponiendo que el PP estuviera al tanto, ¿implica eso que Esperanza Aguirre tuvo alguna responsabilidad en lo sucedido? Esa pregunta remite en Lezo al episodio que más riesgo entrañaría para la expresidenta de Madrid de no ser porque fuentes conocedoras del caso mantienen que la duda sobre la prescripción de los hipotéticos delitos planea sobre el asunto casi desde el estallido del caso, en abril de 2017: la responsabilidad directa que asumió Aguirre cuando, en enero de 2007, declaró de "excepcional interés general" el campo de golf promovido en el céntrico distrito madrileño de Chamberí por el Canal de Isabel II y cuya concesión deparó un pelotazo millonario a la familia de Ignacio González. Esto es, a la familia de quien en ese momento era su número dos en el Gobierno regional además de presidente de la empresa pública de aguas. Hoy, González es el principal investigado en Lezo.

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El primer fiscal de Lezo entendía que Aguirre debía ser imputada como presunta autora de un delito de prevaricación urbanística en concurso medial con malversación. Eso significa que la prevaricación –delito que consiste en adoptar una resolución injusta a sabiendas de que lo es y que no conlleva cárcel– habría sido perpetrada como trampolín para propiciar el desvío de fondos públicos. Es decir, la malversación. 

El asunto provocó tensiones entre el fiscal, Carlos Iáñez, que acabó por regresar a su ciudad de origen, Granada, y el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Pero fuentes conocedoras del caso aseguran que la vía para imputar a Aguirre por el campo de golf del Canal no está cegada. Hay un precedente: Anticorrupción tardó un año en materializar la solicitud de imputación del exministro Alberto Ruiz-Gallardón. Y cuando muy pocos creían que esa petición llegaría a la mesa del juez, la Fiscalía dio el paso. En abril de 2018, Gallardón fue llamado a declarar en calidad de imputado por la compra de Inassa, la filial colombiana por la que el Canal de Isabel II pagó, según los investigadores, un claro sobreprecio a finales de 2002. A día de hoy, su imputación sigue vigente.