Linda Habbash creía haber encontrado refugio en la playa pública de Ramlet Al-Baida, en el corazón de la capital libanesa, Beirut, donde lleva más de diez días acampada junto a cientos de personas desplazadas. Con su sobrino Emir en brazos, de tres meses, envuelto en una manta de terciopelo, cuenta que huyó de las bombas israelíes que caen sobre los suburbios del sur de Beirut desde que se reanudó la guerra entre Hezbolá e Israel, el 2 de marzo.

En los centros de acogida, desbordados por la afluencia de cientos de miles de personas que huían de los mortíferos bombardeos, ya no había sitio. Linda Habbash y su familia no tuvieron más remedio que montar una tienda de campaña y colocar sus escasas pertenencias a orillas del mar.

Pero en la noche del miércoles 11 al jueves 12 de marzo, mientras las familias celebraban el suhur, la comida que se toma justo antes del amanecer durante el Ramadán, el paseo marítimo se convirtió en un escenario de guerra. Israel atacó por primera vez una moto que circulaba por la carretera que bordea la cornisa y, segundos después, volvió a atacar, causando ocho muertos y treinta y un heridos. Entre ellos, personas desplazadas que se encontraban cerca de la explosión o que habían acudido a socorrer a las víctimas del primer ataque.

Esa misma noche, la aviación israelí también llevó a cabo una decena de ataques en los suburbios del sur de Beirut y otro en el centro de la capital, sumiéndola en un caos ensordecedor en el que se mezclaban el rugido de los aviones de combate, las explosiones y el zumbido de los drones. Para la familia Habbash, el mensaje es claro: “Ninguna calle es segura en el Líbano”.

El último ataque en el centro de Beirut se inscribe en la escalada israelí en el Líbano, incluso en zonas civiles situadas fuera de las regiones de mayoría chií, donde tiene tradicionalmente influencia el Hezbolá.

El jueves por la tarde, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que había ordenado al ejército ampliar los ataques en el Líbano. Pocos minutos después, el portavoz araboparlante del ejército israelí anunciaba la ampliación de la zona de evacuación del sur del país hasta el río Zahrani, a cerca de 40 kilómetros de la frontera.

Mientras el país se ve arrastrado a una espiral peligrosa, las autoridades libanesas parecen impotentes. El presidente de la República, Joseph Aoun, ha hecho todo lo posible por poner fin al conflicto, proponiendo negociaciones directas con Israel, que hace oídos sordos.

Los esfuerzos de su homólogo francés por negociar un alto el fuego han dado pocos frutos. A pesar del llamamiento de Emmanuel Macron al ejército israelí, el jueves, para que “renuncie a una ofensiva terrestre” en el Líbano, Israel no parece dispuesto a dar marcha atrás y continúa sus incursiones en territorio libanés. El mismo jueves, Israel Katz afirmó haber advertido al presidente libanés de que, si su Gobierno no lograba controlar a Hezbolá, Israel “tomaría” territorios y lo haría por su cuenta.

Es una forma de presión sobre el Gobierno libanés, que no logra contener al partido chií, aún muy influyente, y que quiere evitar una confrontación directa que podría reavivar los disturbios civiles. Paralelamente, Hezbolá sigue lanzando ataques diarios contra Israel, el último de los cuales, una gran ofensiva de doscientos cohetes, se lanzó en la noche del miércoles al jueves, en cooperación con Irán.

Según el diario libanés L’Orient-Le Jour, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría solicitado el 11 de marzo la destitución del comandante en jefe del ejército libanés, Rodolphe Haykal. Desde que asumió el cargo en marzo de 2025, el general Haykal solo tenía un objetivo: desarmar a Hezbolá en territorio libanés. Pero desde la escalada entre Israel y el partido chií, le resulta imposible continuar con este plan bajo los bombardeos israelíes.

La solicitud fue rechazada por el Gobierno libanés, que se encuentra, sin embargo, atrapado en un cerco: el de Israel y su aliado estadounidense, que justifican las operaciones militares israelíes por la ineficacia del desarme, y el de un ejército libanés débil que trata por todos los medios de recuperar las armas del movimiento chií, reacio a entregarlas.

No es por falta de intentos. Desde los lanzamientos de cohetes del movimiento chiíta contra Israel en la noche del 2 de marzo, los primeros tras la firma del alto el fuego, el Gobierno libanés ha prohibido toda actividad militar del movimiento chiíta en todo el Líbano. También dice que ha expulsado del territorio nacional a un centenar de sus aliados, los Guardianes de la Revolución iraníes.

“Para los americanos, esto no es suficiente: el Estado aún no ha tomado ninguna medida visible”, opina un diplomático occidental. La semana pasada, la decisión de un juez militar de liberar a combatientes de Hezbolá a cambio de una multa de 21 dólares fue recibida de forma muy crítica en Washington, añade.

Anteriormente, en enero, Rodolphe Haykal, comandante en jefe del ejército libanés, se felicitaba por haber liberado el sur del río Litani de todas las infraestructuras militares de Hezbolá y por haber desplegado allí a miles de soldados libaneses. Esfuerzos insatisfactorios para Washington, según el diplomático occidental, aunque “la comunidad internacional sigue siendo consciente de las limitaciones a las que se enfrenta el Estado libanés”.

Desde el punto de vista del ejército libanés, fue la incursión terrestre israelí la que echó por tierra sus esfuerzos. El 3 de marzo, Israel anunció la creación de una “zona tampón” bajo su control en territorio libanés, lo que obligó al ejército regular a abandonar el perímetro. Ahora las fuerzas israelíes se enfrentan allí a combatientes de Hezbolá que han regresado a varias posiciones cercanas a la Línea Azul, que marca la frontera entre ambos países.

Francia, por su parte, se limita a enviar ayuda humanitaria. A lo largo del día 12 de marzo debían llegar al Líbano por avión sesenta toneladas de productos de primera necesidad. Pero ni hablar de ayudar al ejército libanés suministrándole armas. “Ni siquiera era ese el objetivo de la conferencia del 5 de marzo”, confiesa una segunda fuente diplomática a Mediapart, precisando que esta conferencia “de apoyo al ejército libanés”, que debía celebrarse en París, tenía como objetivo principal respaldar al ejército en el plan de desarme de Hezbolá.

Pero esta conferencia se ha aplazado hasta abril debido a la escalada militar en curso, sin fecha concreta. En 2025, el ejército libanés contaba con un presupuesto de 700 millones de euros, es decir, menos del 3 % del presupuesto del ejército israelí, apenas lo suficiente para cubrir sus gastos de funcionamiento.

Israel y la comunidad internacional sitúan al Líbano en un callejón sin salida al dejarle pocas alternativas. El Gobierno podría intentar lo imposible y continuar con su plan de desarme bajo los bombardeos de su vecino, o bien esperar a que el ejército israelí doblegue a Hezbolá por la fuerza, matando de paso a cientos de civiles.

Desde el 2 de marzo, los bombardeos del ejército israelí han matado a 641 libaneses, entre ellos 91 niños, han herido a otros 1.586 y han provocado el desplazamiento de más de 800.000 personas.

Hoy, el presidente Aoun parece aislado en sus esfuerzos diplomáticos. Las conversaciones del “Mecanismo”, un canal inédito entre el Líbano e Israel creado por el acuerdo de 2024 bajo la supervisión de Francia y Estados Unidos, se encuentran prácticamente paralizadas. Washington y Tel Aviv amenazan con abandonar la mesa de negociaciones, según L’Orient-Le Jour.

Hezbolá, aunque muy debilitado por la guerra del otoño de 2024 y la actual contra Irán, su mayor apoyo, se niega ya a dialogar con el Gobierno libanés, lo que nos lleva directamente a una escalada. “Ni Israel ni Estados Unidos están actualmente dispuestos a un alto el fuego. Y, por desgracia, tampoco Hezbolá”, explica la fuente diplomática occidental.

Resulta difícil por tanto imaginar la cooperación del movimiento chií en estas condiciones, las mismas “que llevaron a su formación en los años 80”, explica la académica libanesa Elena Aoun, en referencia a la creación de Hezbolá en 1982 tras la invasión israelí del sur del Líbano. “Hezbolá ya no tiene nada que perder. El alto el fuego que Israel nunca ha respetado [12.000 infracciones en un año según L’Orient-Le Jour – ndr], era una hemorragia a pequeñas dosis”, añade. “Hoy en día, simplemente hemos vuelto a una hemorragia total. Y Hezbolá no aceptará nada mientras una parte de los territorios del sur siga estando delimitada por Israel”.

Pero ahí siguen los cientos de miles de libaneses chiitas, agotados por los desplazamientos forzados y los bombardeos incesantes sobre sus lugares de vida, y cuya opinión respecto a Hezbolá es difícil de conocer. Muchos oscilan entre la lealtad a unos milicianos que parecen ser los únicos que quieren defender los territorios del sur, y el resentimiento hacia los dirigentes del partido, que sabían perfectamente que al lanzar cohetes contra Israel en apoyo a Irán, la represalia sumiría a todo el país en el caos.

Traducción de Miguel López

Una cosa es iniciar una guerra contraria al derecho internacional y otra muy distinta es, una vez iniciada dicha guerra, cometer violaciones del propio “derecho de la guerra”. El ataque contra el régimen iraní lanzado el 28 de febrero por los dirigentes de Israel y Estados Unidos podría muy bien constituir una doble violación del derecho.

Este ataque es, en primer lugar, “ilegal según el derecho internacional”, ya que contraviene la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe en su artículo 2.4 el uso de la fuerza “contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”, explica Johann Soufi, abogado e investigador especializado en derecho internacional. Las dos excepciones que establece la Carta, la legítima defensa o la autorización del Consejo de Seguridad, no se aplican en este caso, señala, al igual que otros juristas.

Con independencia de que una guerra sea legal o no, sus actores deben respetar una serie de normas: el derecho de los conflictos armados, también conocido como derecho de la guerra o derecho internacional humanitario. Pero, una vez más, Estados Unidos e Israel, lo mismo que Irán, parecen haber obviado esas normas.

Se necesitará tiempo para determinar con precisión quién es culpable de qué actos y en qué circunstancias, pero los juristas ya señalan varios ataques problemáticos en relación con los convenios de Ginebra, pilares del derecho internacional humanitario. “Algunos actos cometidos en el marco de esta guerra ilegal constituyen claramente violaciones de los convenios de Ginebra. No obstante, aún llevará tiempo establecer con precisión los hechos y determinar la calificación jurídica exacta y el alcance de las violaciones que se han cometido”, estima Johann Soufi. Sin elaborar una lista exhaustiva, ya es posible citar cuatro.

Se trata del episodio más mortífero en términos de víctimas civiles desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero. El primer día de estos ataques murieron al menos 168 personas, en su mayoría “escolares de entre 7 y 12 años” según Unicef, en el bombardeo de la escuela primaria para niñas Shajareh-Tayyebeh, en Minab, al sur de Irán. “No puedo acostumbrarme a llamar a estos acontecimientos daños colaterales”, lamentó Benoit Van Keirsbilck, del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

El centro de enseñanza, que estaba repleto ese día (en Irán hay colegio los sábados), está situado dentro de un complejo de las fuerzas navales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), en el corazón de la provincia de Hormozgan, cerca del estratégico estrecho de Ormuz, y tiene su propia entrada, según precisa la ONG Human Rights Watch, que exige que se lleve a cabo una investigación independiente por crímenes de guerra.

“El patrón de los ataques, que afectaron directamente a diferentes infraestructuras en todo el complejo, incluida la escuela, así como los puntos de impacto de las municiones que son visibles en varios edificios, indican que ese ataque se llevó a cabo con munición guiada de alta precisión”, denuncia la ONG. “No parece tratarse de ataques erróneos llevados a cabo con armas cuyos sistemas de guía o propulsión fallaron o se vieron perturbados de tal manera que impactaron en esta zona de forma aleatoria.”

Donald Trump rechazó el sábado 7 de marzo toda responsabilidad de su país, al igual que el secretario de Estado Marco Rubio, afirmando que Estados Unidos nunca apuntó “deliberadamente” a una escuela. “En mi opinión, y por lo que he visto, fue Irán quien lo hizo. […] Como saben, sus municiones son muy imprecisas”, declaró el presidente. “Solo Irán ataca a civiles”, añadió el secretario de Guerra, Pete Hegseth, asegurando que el Pentágono estaba llevando a cabo una investigación. Pero las pruebas que se acumulan contradicen sus declaraciones.

El domingo 8 de marzo, un nuevo vídeo, autenticado por el New York Times, muestra un misil de crucero Tomahawk apuntando a la base naval cerca de la escuela, un arma que solo tiene Estados Unidos. Ni el ejército israelí ni el iraní la poseen. Desde el 28 de febrero, los buques de guerra de la armada de los Estados Unidos han lanzado decenas de misiles Tomahawk sobre Irán.

El 5 de marzo, el diario neoyorquino publicó una investigación que mostraba la simultaneidad de los ataques contra la escuela y la base naval, basándose en imágenes satelitales, publicaciones en redes sociales y vídeos verificados.

Cerca de 700.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares del sur del Líbano y de los suburbios del sur de Beirut, desde que Israel lanzó una nueva guerra contra Hezbolá, que lanzó cohetes en apoyo de la República Islámica de Irán. Desplazamientos forzados, sin fecha de regreso, que podrían violar las leyes de la guerra. Estas prohíben el desplazamiento forzado de civiles, “salvo en los casos en que la seguridad de los civiles o las necesidades militares lo exijan”.

El método recuerda al que ha aplicado el ejército israelí en Gaza, que desde octubre de 2023 no ha dejado de emitir órdenes de evacuación masiva inmediata, acentuando el terror y el caos en el enclave palestino. El ejército israelí ordenó primero, a partir del 2 de marzo, la evacuación de más de cien pueblos y ciudades del sur del Líbano y de la llanura de la Bekaa. Luego, el 6 de marzo, ordenó a 700.000 habitantes de los suburbios del sur de Beirut, feudo de Hezbolá, que se dirigieran al norte. Una orden de evacuación sin precedentes.

La población libanesa, ya agotada y traumatizada por el ciclo de crisis, incluida la última guerra del otoño de 2024, que desplazó a más de 1,2 millones de personas dentro del país, se enfrenta, impotente, a una nueva catástrofe humanitaria. “Las advertencias generales que cubren amplias zonas del Líbano no constituyen garantías eficaces de protección”, denuncia Amnistía Internacional.

Desde octubre de 2023, la ONG reclama investigaciones por crímenes de guerra por los ataques ilegales de Israel contra civiles, el uso de fósforo blanco, las destrucciones masivas en las aldeas fronterizas del Líbano, así como los repetidos lanzamientos de cohetes no guiados por Hezbolá sobre zonas civiles en Israel. El bombardeo mortal de la aldea de Nabi Chit, en la frontera entre el Líbano y Siria, el 6 de marzo, por parte del ejército israelí, para recuperar los restos de un soldado desaparecido en 1986, podría constituir uno de esos crímenes.

Una fragata iraní, la Iris Dena, acababa de participar en maniobras navales en la India y regresaba a su base cuando fue torpedeada, el 4 de marzo, en aguas internacionales frente a las costas de Sri Lanka por un submarino estadounidense. El espectacular ataque causó un gran revuelo: la armada estadounidense no había llevado a cabo un ataque de ese tipo desde la Segunda Guerra Mundial.

De las 180 personas a bordo de la fragata, solo 32 pudieron ser rescatadas. El Pentágono se apresuró a difundir el vídeo de la explosión del barco, una “muerte dulce”, según comentó el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Este ataque contra un barco militar que navegaba lejos de Irán y no había participado en la guerra suscitó inmediatamente dudas sobre su legalidad. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, estos dos elementos no constituyen delitos en sí mismos. Incluso sin participar en los combates, la fragata era un “objetivo militar claro” y, por lo tanto, su ataque “no constituye un crimen de guerra”, señala Marko Milanovic, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Reading (Reino Unido). El hecho de encontrarse lejos del teatro de operaciones tampoco hace que el ataque sea ilegal según el derecho internacional, señalan varios juristas.

Lo que sí exigen los convenios de Ginebra es que los beligerantes, después de cada combate, tomen “todas las medidas posibles para buscar y recoger a los náufragos, heridos y enfermos”. Pero Estados Unidos no prestó auxilio a los marinos del Iris Dena. Fuentes de la administración Trump aseguran que la armada de Estados Unidos avisó a las autoridades de Sri Lanka para que enviaran ayuda. Sri Lanka no lo ha confirmado por el momento.

El sábado 7 de marzo, las fuerzas armadas israelíes bombardearon varias instalaciones petroleras situadas en Teherán y sus alrededores. Por su parte, Irán ha atacado infraestructuras petroleras y gasísticas de varios países del Golfo desde el inicio de la guerra. Pero los ataques del 7 de marzo, que incendiaron cuatro depósitos de petróleo de la capital iraní y sus alrededores, superaron un nuevo umbral en términos de magnitud y repercusiones. Tuvieron como efecto sumir a Teherán y a sus diez millones de habitantes en una espesa nube de humo negro, que no tardó en convertirse en polvo y lluvias tóxicas, también de color negro, y los habitantes denuncian que sufren dolores de garganta y de ojos.

El artículo 8 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional (TPI) define como “violación grave” del derecho internacional el hecho de “dirigir intencionalmente un ataque a sabiendas de que causará […] daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente”, daños que serían “manifiestamente excesivos en relación con el conjunto de la ventaja militar concreta y directa esperada”.

Entre las infraestructuras civiles (aeropuertos, hoteles, fábricas) atacadas por Irán en sus represalias se encuentran ahora las plantas desalinizadoras de agua. El Ministerio del Interior de Baréin denunció el domingo 8 de marzo un ataque con drones que “causó daños materiales” a una de esas plantas.

Quizás más aún que las refinerías de petróleo, las plantas desalinizadoras son cruciales para los países del Golfo. Proporcionan el 42% del agua potable de los Emiratos Árabes Unidos, el 70% de Arabia Saudí, el 86% del Sultanato de Omán y hasta el 90% de Kuwait, según señalaba en septiembre de 2022 una nota del Instituto Francés de Relaciones Internacionales.

Irán aseguró, a través de la voz de su ministro de Asuntos Exteriores, que fue en respuesta a un ataque de Estados Unidos contra una de sus propias plantas desalinizadoras, situada en la isla de Qeshm. No precisó si había causado daños. Aproximadamente el 3% del agua potable de Irán proviene de plantas desalinizadoras.

Traducción de Miguel López

El llanto intenso de un presentador de la televisión estatal iraní tras el anuncio de la muerte de Ali Jamenei se mezcla con las fuertes y entusiastas carcajadas de un espectador; esta situación, que se puede ver en un vídeo publicado en redes sociales, ilustra perfectamente las dos reacciones totalmente divergentes que ha provocado la muerte del líder supremo de la República Islámica en la sociedad iraní.

Un día después de la muerte de Jamenei, tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra su cuartel general en el centro de Teherán, los iraníes siguen conmocionados por este acontecimiento histórico. Pero Habib Hosseinifard, analista político iraní residente en Alemania, confirma a Mediapart la existencia de “dos polos completamente opuestos, tal y como los observamos ahora en las calles de Irán”.

El sábado por la tarde, cuando las autoridades americanas e israelíes anunciaron la muerte de Jamenei (confirmada oficialmente durante la noche por las autoridades iraníes), las redes sociales se llenaron de vídeos que mostraban gritos de alegría y bailes para celebrar la noticia. En uno de ellos se oyen los silbidos entusiastas de los habitantes de un barrio, y una mujer, que graba con su teléfono móvil, grita desde la ventana de su casa: “Gracias, Trump.”

En otro vídeo se escuchan los gritos de los habitantes de la ciudad de Shiraz, que también organizaron fuegos artificiales para celebrar la muerte de Jamenei. En Mashhad, la ciudad natal del líder de la República Islámica, los conductores tocan el claxon en las calles para expresar su alegría.

Esas imágenes reflejan la ira y el alivio de los diferentes estratos de la población iraní tras varias décadas de dirección autoritaria y dictatorial de Ali Jamenei, un período marcado por represiones mortales, incluida la sangrienta represión de las recientes manifestaciones de enero.

En la red social X, Hamed Esmaeilion, médico y escritor que perdió a su esposa y a su único hijo en el accidente del avión ucraniano derribado cerca de Teherán por misiles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria en 2020, dijo lo siguiente sobre estas manifestaciones de alegría: “Mi odio hacia él [Jamenei] es el mismo que anima a los manifestantes en las calles. Está arraigado en lo más profundo de mi ser y se regocija por su muerte”. Y añadió: “¡Jamenei! Muere en las profundidades de la historia y ten por seguro que nuestro Irán jamás volverá a tu legado.”

Fuera de las fronteras de Irán, los iraníes expatriados en varios países, desde Australia y Europa hasta Canadá y Estados Unidos, salieron a las calles de sus ciudades para celebrar la muerte de Jamenei.

En Melbourne, Australia, un iraní sostiene una caricatura que muestra a Jamenei atrapado en una ratonera: esa imagen del ratón se ha convertido en motivo de consignas y dibujos contra el líder supremo desde que se refugió en un búnker subterráneo durante la “guerra de los doce días” en junio de 2025.

La gran mayoría de la población iraní expatriada en todo el mundo está compuesta por opositores y descontentos que abandonaron Irán, en varias oleadas, tras la revolución de 1979 debido a las restricciones y represiones políticas, económicas y sociales.

Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, exiliado y convertido en líder de las recientes manifestaciones para derrocar al régimen, declaró en un mensaje dirigido al pueblo iraní que, con la muerte de Ali Jamenei, la República Islámica “está prácticamente acabada” y que “pronto pasará al vertedero de la historia”.

Para Reza Alijani, activista político iraní en París, los opositores y críticos de la República Islámica consideran a Jamenei como el principal obstáculo para la caída e incluso para las reformas dentro del sistema político. Destaca que Jamenei tiene opositores incluso entre los más conservadores del Gobierno iraní: “Ese grupo de conservadores, aunque preocupado por el destino de la República Islámica, no está necesariamente muy contrariado por su eliminación.”

Pero dentro de Irán, tras el anuncio oficial de la muerte de Jamenei por los medios de comunicación estatales iraníes en la noche del domingo, que lo calificaron de “mártir”, se organizaron concentraciones de partidarios del Gobierno en Teherán y en varias otras ciudades. A pesar de las amplias restricciones de acceso a Internet, los medios de comunicación difundieron imágenes de esas concentraciones, presentándolas como prueba del “duelo de toda la nación iraní”.

Hassan Jomeini, nieto de Ruhollah Jomeini, escribió en un mensaje: “Nuestro querido Jamenei era grande y siguió siendo grande, y con su muerte como mártir, seguirá siendo para siempre el héroe del pueblo iraní y de los musulmanes del mundo”.

En los centros religiosos de las dos ciudades chiitas, Qom en Irán y Nayaf en Irak, algunos grandes líderes religiosos presentaron sus condolencias por la muerte de Jamenei, siendo el más importante el ayatolá Ali al-Sistani. Pero mientras que Nasser Makarem Shirazi, un clérigo cercano al régimen en Qom, pidió venganza, Sistani solo se centró en el “papel único” de Jamenei en el sistema de la República Islámica.

En algunos países vecinos con población mayoritariamente chiíta, también hubo reacciones a la muerte de Jamenei. Irak, gobernado por un primer ministro chiíta, decretó tres días de luto nacional. Al menos nueve manifestantes también murieron en la ciudad de Karachi, en Pakistán, cuando los manifestantes lograron atravesar el muro exterior del consulado de Estados Unidos para mostrar su oposición al ataque de Irán.

Reza Alijani, en Mediapart, divide a los partidarios de Jamenei en dos categorías, una “ideológica” y otra “económica”. El primer grupo, aunque actualmente se enfrenta a “cierta confusión” y está “enojado”, podría, en caso de manifestaciones en las calles, “reprimir al pueblo con más motivación y energía”. El segundo estaría más orientado al “cálculo y el compromiso”.

Pero también habla de la existencia de otro grupo entre los iraníes que, según él, permanece actualmente “en silencio” ante la muerte de Jamenei: “Este grupo no está principalmente descontento con la desparición de Jamenei y el fin de sus abusos, sino que le preocupa su legado pernicioso, es decir, el de una sociedad cuya cohesión se ha visto dañada y en la que aparecen polaridades peligrosas”.

“Jamenei desaparece en un momento en que la sociedad iraní sufre daños y debilidades debidos en gran parte a sus treinta y seis años de reinado”, precisa el analista iraní Habib Hosseinifard. “La cuestión principal ahora es saber cómo esta sociedad va a superar esas debilidades y esa falta de visión común para el futuro.”

Porque, a pesar de la eliminación de Jamenei de la escena política iraní, el futuro del país sigue siendo incierto. De acuerdo con la Constitución, las autoridades de la República Islámica han anunciado la creación de un “consejo directivo interino” para gestionar los asuntos hasta el nombramiento del próximo Guía.

Los medios de comunicación anunciaron inmediatamente el nombramiento de Alireza Arafi, un clérigo conservador que no se considera una figura influyente ni carismática, como miembro del Consejo de Guardianes de la Constitución. La transición también estará a cargo del presidente iraní, Massoud Pezeshkian, del jefe del poder judicial en Irán, Gholamhossein Mohseni Ejei, y de Ali Larijani, jefe de seguridad nacional.

Panah Farhadbahman, periodista iraní en el exilio, analiza la situación así en su cuenta de X: “Si Trump ha podido eliminar a Jamenei con tanta precisión y rapidez, es poco probable que la supervivencia de figuras relativamente moderadas y pragmáticas como Rohani [Hassan Rohani, expresidente de la República de Irán, considerado bastante moderado, ndr] y Larijani sea una casualidad. Son piezas que podrían resultar útiles en un futuro no muy lejano.”

Traducción de Miguel López

Me parece tan terrible, tan descarnado, que me cuesta imaginar cómo todas esas personas que pagaron por irse de cacería humana a los Balcanes han podido seguir con sus vidas sin un ápice de remordimiento. Cómo han podido meterse en la cama después, han organizado comidas familiares, han celebrado cumpleaños y bodas sin que esas imágenes les atormenten, sin que su conciencia les martillee.

Safaris humanos. Es a lo que iban. Ricos muy ricos que, en el aburrimiento de sus vidas, decidieron entretenerse yendo a una zona de guerra a matar con sus rifles objetivos humanos. Las tarifas rondaban los 90 mil dólares: se organizaban para irse en grupos de 5 ó 6 personas en cada viaje. Los colocaban en edificios altos para que tuvieran mejores vistas de sus objetivos, civiles, personas como usted y como yo que vivían atemorizados ya por una guerra en su país y por unos francotiradores que los veían como ganado humano. Pero su crueldad era aún más inhumana: aceptaban pagar tarifas extras de esos 90 mil dólares si mataban a niños. Como lo están leyendo.

Iban allí por diversión y por una satisfacción personal. Es lo que cuentan quienes fueron testigos de aquella atrocidad. ¿Satisfacción personal? ¿Dónde está la satisfacción de alguien con un poco de conciencia y de alma tras matar a sangre fría a alguien por pura diversión, de forma aleatoria, porque sí? ¿Cómo puedes seguir viviendo con eso? ¿Cómo vuelves al día siguiente a tu existencia de rico sin que esa imagen te atormente de por vida?

Escuchaba el testimonio de unos padres que vieron cómo su hija caía abatida por la bala de uno de esos desalmados. El desgarro de unos padres que el mismo francotirador tuvo que ver desde la mirilla de su rifle. Y que no hizo nada.

Los testigos cuentan que esto pasó durante meses, en un periodo de casi un año. Y que a esos safaris humanos se apuntaron ricos de todas partes, no sólo italianos. Había ingleses, alemanes, franceses… Gente que volvió a sus vidas a seguir haciendo dinero y a seguir divirtiéndose vete tú a saber con qué. Gente con la que nos hemos podido cruzar por la calle o no, porque no serán los de pisar la acera, ni nada. Si la pisaran, si vivieran en la misma realidad que usted y que yo, se darían cuenta de que son unos monstruos.

Pero hay más desalmados en todo esto. Quienes recibían ese dinero por parte de esos cazadores: los soldados serbobosnios. Tenían cercada la ciudad de Sarajevo y mientras ese cerco se iba alargando en el tiempo, encontraron una forma de hacer caja: cobrar por matar al azar a esos civiles ya de por sí atemorizados.

Esas mismas personas han seguido haciendo lo que les divierte, matar. Seguramente matar animales, en safaris caros que se organizan en África. Han seguido con sus vidas como si aquello no hubiese pasado. En estos tiempos deshumanizados, el futuro de la humanidad dependerá de nuestra capacidad de recordar lo que nos hace humanos.

La Agrupación Europeísta presenta el Ciclo Guerra y Paz. Hegemonías quebradas, hegemonías ascendentes, en el que pretenden poner luz sobre el orden geopolítico actual.  Después de una primera jornada, dedicada al arte de la guerra y la lucha por la paz, está convocado un nuevo encuentro, que se dividirá en dos sesiones, las del 3 y el 24 de noviembre, en las que se analizará el escenario geopolítico mundial, para definir las relaciones internacionales que se están dando a día de hoy, marcadas por la guerra o los desacuerdos comerciales entre las grandes potencias. Lo que marca estas jornadas, en palabras de José Sanroma Aldea, también miembro de la Sociedad de Amigos de infoLibre e histórico dirigente de la ORT, es “el derecho a saber de la ciudadanía”.

Este nuevo ciclo se da con el apoyo de las Secciones del Ateneo y el RIE, cuyo presidente intervendrá en el Ciclo. Entre ambas sesiones se preguntarán si habrá una transición pacífica a un orden normativo multilateral pluripolar que se acate y que se cumpla. Ante esta incógnita, Sanroma asegura que lo que pretenden es descifrar cómo se están relacionando estos dos factores, la guerra y la paz, y cómo parece que esta relación avanza en nuestros días. 

En el ciclo intervendrán Georgina Higueras, periodista y escritora experta en Relaciones Internacionales y Asia; Julio Rodríguez, ex Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y Jesús Nuñez, experto en geopolítica, economista  y columnista en infoLibre, con Isadora Barrado como moderadora. El primer encuentro tendrá lugar en la Sala Pérez Galdos a las 18:30 de este lunes.

Sanroma fundó junto a varias personas más este grupo para contribuir a mejorar la calidad del debate público, con información de calidad y plural. Lo hicieron en el Ateneo de Madrid, como símbolo de “la necesidad que tiene la cultura política de los españoles de darse arraigo y continuidad”. Lo que ven ahora es que su fundación tiene incluso más sentido. “Tanto la información pública como el debate político han seguido degradándose y al mismo tiempo las cuestiones claves de nuestro presente son más trascendentales”, asegura Sanroma. 

Con estas jornadas quieren poner el foco en cómo la ciudadanía se relaciona con estos dos fenómenos. Si se informara correctamente y verazmente de ellos, la sociedad española no estaría tan dividida como se encuentra ahora, explica Sanroma. También asegura que “probablemente una enorme mayoría apoyaría las dinámicas de paz si pudiera aprender cómo hacerlo”. Sanroma relaciona esto con el derecho a saber, que presenta como “antídoto de la ignorancia ante el peligro” o a las mentiras que acompañan a las guerras.

“Derecho a saber es el derecho a que cada episodio hecho noticia se interprete por los medios de comunicación, en su contexto, en sus antecedentes, en sus previsibles consecuencias”, asegura Sanroma.

El ciclo presentará “docenas de interrogantes”. Se hablará de la neutralidad que para Sanroma está representada entre dos potencias, EEUU y China y “la parte del mundo que no son estos dos colosos modernos es más grande”, por ello es importante “reflexionar hoy sobre las posibilidades de la neutralidad”, que no puede ser contestada “con la simple amenaza del aniquilamiento”.

Durante el ciclo también estará presente la Unión Europea, “Europa es un actor importante en el mundo y debe serlo aún más. La Unión Europea está abocada a ser un actor global”, estas eran las palabras de Javier Solana como Alto Representante de la UE, recuerda Sanroma, que asegura que la pregunta que hay que hacerle hoy a la Unión Europea es “si es una potencia políticamente autónoma de Estados Unidos o si es una potencia políticamente subordinada a Estados Unidos”. 

Otra de las sesiones, fuera de esa dicotomía entre Guerra y Paz, será la del 15 de diciembre y versará sobre la memoria e historia de la guerra y del derecho internacional humanitario. “No iremos muy atrás en el tiempo ni muy lejos en el espacio”, avisa Sanroma, porque con “las guerras balcánicas, las caucásicas y las libradas en Oriente Medio”, ya hay materia suficiente.

El 16 de abril se celebró una concentración demasiado escasa y tardía, en la plaza de la Bastilla de París, en solidaridad con los periodistas palestinos de Gaza. Sin embargo, toda nuestra profesión venía siendo testigo durante meses de la carnicería de compañeros y compañeras asesinados deliberadamente por el ejército israelí.

Desde febrero de 2024, Mediapart se esfuerza por mostrar los rostros de esta matanza, que ya supera los doscientos periodistas asesinados. Una cifra sin precedentes en la historia: nunca, ni juntando las dos guerras mundiales del siglo XX ni en todos los conflictos modernos del pasado, habían desaparecido tantos profesionales de la información en un mismo periodo cronológico y misma zona geográfica. Nunca tantos testigos, encargados de un derecho humano fundamental —el de saber lo que le sucede a nuestra humanidad común—, habían sido eliminado conscientemente, voluntariamente, cínicamente, por uno de los beligerantes de un conflicto armado.

Durante la reunión celebrada en París en abril de 2025, el director general de Reporteros sin Fronteras (RSF), Thibaut Bruttin, expresó su preocupación por la indiferencia de los medios de comunicación franceses y, en general, occidentales ante este desafío mortal a la razón de ser del periodismo: la información, su libertad y su necesidad. Y no se anduvo con rodeos (minuto 33:40 de este vídeo): “El veneno insidioso de las fuerzas armadas israelíes se ha infiltrado a veces incluso en nuestra propia profesión. En los diez años que llevo trabajando en RSF, es la primera vez que me preguntan si un periodista es realmente periodista cuando muere. Nunca antes había sucedido.”

Y esto sigue ocurriendo, una y otra vez. Israel reivindicó el asesinato, el domingo 10 de agosto, de Anas al-Sharif, famoso reportero palestino de Al Jazeera, en un bombardeo selectivo que mató a otros cinco periodistas y a su conductor. Un crimen colectivo asumido por el ejército israelí, sin ninguna prueba, que afirma que Anas al-Sharif era un líder de una célula de Hamás.

En la barbarie generalizada que desata la supuesta guerra de civilizaciones que libra Israel en Gaza, hay también una novedad: el periodismo ya no sirve de protección, y mucho menos de santuario. Cualquier Estado, incluso el que se proclama democrático, tiene derecho a decretar que un periodista es un terrorista y, como tal, a eliminarlo y, de paso, a sus compañeros que lo acompañan. En el escenario de experimentación salvaje de Gaza, Israel convierte en hechos definitivos el sueño de todos los enemigos de la información como contrapoder y contra-narrativa.

Según el balance de 2024 publicado por RSF, “Gaza se ha convertido en la región más peligrosa del mundo para los periodistas, un lugar donde el propio periodismo está amenazado de extinción”. RSF Francia ya ha presentado cuatro denuncias ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de guerra cometidos en Gaza por el ejército israelí.

El mismo TPI sigue mostrando en su página web la orden de detención del 21 de noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, en la que se le declara “actualmente fugitivo”. Una amarga y ridícula ilustración de la impotencia del derecho frente a la fuerza, mientras la comunidad internacional se limite a palabras sin hechos, es decir, sin sanciones concretas contra el Estado de Israel.

La cuestión del periodismo puede por tanto parecer secundaria. Ante la magnitud del desastre, más que nunca de actualidad, cuyas calificaciones jurídicas —crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, crimen de genocidio— apenas logran expresar la terrible realidad, se podría pensar que se trata solo de un aspecto más de la catástrofe. Es legítimo pensar a así teniendo en cuenta que, aunque los periodistas están formalmente protegidos por el derecho internacional humanitario (ver aquí, aquí y aquí), lo están al mismo nivel que los civiles, que son quienes pagan en Gaza el precio más alto de una guerra explícita de destrucción de Palestina.

Pero hay una dimensión adicional. La matanza de periodistas no es solo una enésima ilustración del desprecio total por los derechos humanos fundamentales por parte del ejército israelí. La masacre de periodistas en Gaza es la confesión por parte de Israel de los crímenes cometidos en el enclave. “En esta guerra, hemos aprendido que lo que no se ve, no se sabe”, resumía ya en septiembre de 2024 Yossi Klein, editorialista del diario israelí Haaretz. Lo que no se ve, no se muestra ni se documenta, no existe...

De hecho, ningún medio de comunicación internacional tiene acceso a la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra de represalia israelí el 7 de octubre.

En cuanto a los periodistas palestinos, cuya diversidad de medios de comunicación refleja necesariamente los debates y las corrientes de su sociedad (véase esta esclarecedora nota de Arrêt sur images), son objetivos explícitos, es decir, miradas, relatos y pruebas que hay que eliminar.

La impunidad del crimen exige la ausencia de testigos. La guerra absoluta contra la información y el periodismo que libran los dirigentes israelíes está a la altura de su lucidez sobre la gravedad de sus actos. Va de la mano de su obstinada voluntad de desacreditar, prohibir y castigar a las organizaciones no gubernamentales, a las agencias de la ONU —la UNRWA en primer lugar— e incluso a la Cruz Roja y la Media Luna Roja, cuyo personal médico ha sido asesinado en el ejercicio de sus funciones.

Afortunadamente, en nuestro mundo interconectado, en el que la propia sociedad civil puede alertar y documentar en tiempo real, este bloqueo total de la información no ha impedido que ya haya quedado establecido el crimen inconmensurable cometido en Gaza. A finales de 2024 lo hizo Amnistía Internacional (el 5 de diciembre), Médicos Sin Fronteras (el 18 de diciembre) y Human Rights Watch (el 19 de diciembre). El 21 de enero de 2025, Forensic Architecture bajo el título A Cartography of Genocide (Cartografía del genocidio). Y, muy recientemente, en julio, en el propio Israel, por la ONG B'Tselem, bajo el título Our Genocide (Nuestro genocidio).

El informe de B'Tselem, al igual que el excepcional trabajo de recopilación realizado por el historiador israelí Lee Mordechai, subrayan la importancia de la información en la guerra israelí en Gaza. “Injerencia en la cobertura mediática”, dice uno; “limitación de la circulación de la información”, dice otro: tras la prudencia de las palabras se esconde la constatación de un crimen que sus autores hubieran querido que no tuviera testigos, para poder borrarlo mejor. De este modo, ya no existe una verdad factual, rigurosa e independiente, sino solo verdades alternativas, lanzadas al ruedo de las opiniones y las manipulaciones.

A partir de ahí, toda indiferencia, en particular por parte de la propia profesión, ante la suerte de los periodistas en Gaza es indiferencia hacia la esencia misma del oficio del periodismo: servir a la verdad de los hechos. En este sentido, el periodismo no puede ser neutral, salvo que sirva a la mentira y a la propaganda. Pero la verdad es que se ha producido, y sigue produciéndose, un genocidio en Gaza en el que las  víctimas son los palestinos, en un proceso criminal impulsado por el colonialismo cuyo resultado es la deshumanización de los oprimidos y el salvajismo de los opresores.

Basta con leer el artículo Our Genocide, de B'Tselem:

“El genocidio va más allá del sufrimiento atroz infligido a sus víctimas directas. Es un ataque contra la humanidad misma, contra la convicción fundamental de que cada vida es valiosa y contra el principio fundamental de que cada ser humano tiene derechos fundamentales que le garantizan protección contra la violencia arbitraria. La historia demuestra que intentar erradicar a un grupo de seres humanos es un crimen con consecuencias catastróficas, un crimen que toda persona tiene el deber de combatir y detener de inmediato. Es un imperativo moral, jurídico y humano: reconocer los hechos, nombrarlos, ponerse del lado de las víctimas y exigir el fin de la destrucción y el exterminio mientras se producen. […]

“En este momento, el reconocimiento de que el régimen israelí está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza y la profunda preocupación por su extensión a otras zonas donde los palestinos viven bajo el dominio israelí exigen una acción urgente e inequívoca por parte de la sociedad israelí y de la comunidad internacional. Es el momento de actuar. Es el momento de salvar a quienes aún no están perdidos para siempre y de utilizar todos los medios disponibles en virtud del derecho internacional para poner fin al genocidio de los palestinos por parte de Israel”.

Traducción de Miguel López

Yazan Wadi es el menor de cinco hermanos, nacido en los últimos días de 2017. “Le quiero mucho”, repite su padre, Mohamed Wadi, con quien hablamos por teléfono desde el norte de Gaza, ya que Israel lleva más de veintidós meses prohibiendo el acceso de periodistas extranjeros a este territorio palestino. El pequeño padece una enfermedad congénita desconocida y ha sido sometido a múltiples operaciones.

Una enfermedad que afecta a su desarrollo cerebral y su motricidad. Antes del 7 de octubre, gracias a su tenacidad y tras largas sesiones de fisioterapia, Yazan había logrado enormes progresos: ya andaba. Desde entonces, “está retrocediendo. Es aún más evidente en los últimos meses”, dice su padre, un enfermero de 40 años que trabaja con la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF). “Su estado físico se deteriora rápidamente. Su estado psicológico también se ve afectado”.

El niño ha perdido peso: ahora solo pesa 16,5 kilos, frente a los 21 de antes de la guerra. Es incontinente. Conseguir pañales en la Gaza sitiada es extremadamente complicado. Casi no come más que pan, “cuando lo encontramos”, precisa su padre. El 2 de marzo, Israel bloqueó todo acceso a la ayuda humanitaria en Gaza. El asedio se levantó parcialmente a mediados de mayo, pero las cantidades que entran siguen siendo muy insuficientes. Los precios están por las nubes y el hambre asola el enclave: según el Ministerio de Salud local han muerto por esa causa más de 200 palestinos, de los cuales casi la mitad eran niños. Los más vulnerables son los que, como Yazan, están enfermos.

A esto se suma la humillación de los desplazamientos forzosos. Hoy en día, la familia vive con parientes, hacinados con 70 personas en uno de los pocos edificios que aún siguen en pie. No hay intimidad, los padres tienen dificultades para prestar a su hijo la misma atención que antes. “Yazan necesita especialistas, un centro especializado”, afirma Mohamed Wadi. Los médicos más cualificados y gran parte del personal sanitario se marcharon con sus familias cuando aún se podía pasar a Egipto, pagando una fortuna por salir.

La voz de Mohamed Wadi se quiebra y hace una pausa. El enfermero pensaba que conseguiría evacuar rápidamente a su hijo de 7 años por motivos médicos. Presentó la solicitud en mayo de 2024 y desde entonces está a la espera. En el circuito habitual, la familia envía el informe médico al Ministerio de Salud local, que selecciona los casos más urgentes para remitirlos a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este organismo también realiza una selección y elabora una lista que entrega a los países extranjeros, que a su vez seleccionan a los que quieren acoger. “Francia lleva a cabo operaciones de evacuación sanitaria de niños heridos o enfermos de Gaza en el marco de un sistema cuyos criterios y funcionamiento han sido establecidos y son gestionados por la OMS y que también utilizan otros países, sobre todo europeos”, se limita a explicar a Mediapart una fuente diplomática. El ministerio de Asuntos Exteriores francés no hace comentarios sobre casos individuales.

El COGAT, el órgano del ejército israelí que gestiona los asuntos civiles de los palestinos de los territorios ocupados, aprueba o deniega las evacuaciones a partir de la lista de la OMS. En una respuesta a Mediapart, indicó que se había producido un “aumento significativo” del número de pacientes que habían salido de Gaza desde principios de año, sin facilitar cifras exactas. “El paso está autorizado previa presentación de una solicitud por parte de un tercer país de acogida, así como un control de seguridad”, precisa el órgano militar israelí.

“El año pasado, desde abril hasta finales de año, fue una pesadilla”, recuerda Hani Isleem, coordinador de proyectos de MSF, que se encarga de las evacuaciones médicas desde Gaza. El índice de denegaciones por parte de los israelíes era del 90%. Cuando aprobaban a los niños, rechazaban a los acompañantes. Esas denegaciones eran arbitrarias. Pero desde el alto el fuego [que entró en vigor el 19 de enero y fue roto por Israel el 18 de marzo, ndr], se aprueba el 90% de las solicitudes”.

En las oficinas de MSF en París a principios de julio, el médico muestra las tablas que lleva a partir de los datos de las evacuaciones médicas. Hoy en día, el problema radica sobre todo en el hecho de que pocos Estados extranjeros acogen a pacientes de Gaza. Las cifras han vuelto a descender desde el cierre del paso fronterizo de Rafah hacia Egipto en mayo de 2024.

MSF tardó casi un año en evacuar a dos habitantes de Gaza a Francia: registrados en abril de 2024, llegaron a destino en marzo de 2025.

En ese mismo mes de marzo de 2025, la ONG presentó el expediente de Yazan y el de otra niña, Mira Hamdan, que corre el riesgo de sufrir insuficiencia renal, para su evacuación a Francia. Tras mostrar inicialmente cierto interés, el ministerio de Asuntos Exteriores francés no ha respondido a las solicitudes del coordinador de MSF, Hani Isleem, desde mayo.

“Los hospitales franceses tienen capacidad para acogerlos, ese no es el problema”, comenta el médico de MSF. El pasado 20 de marzo, París anunció que había acogido a 25 pacientes de Gaza desde principios de 2024, mientras que Emmanuel Macron había prometido, en noviembre de 2023, que Francia acogería hasta 50 si fuera necesario. Italia y Rumanía están bastante por delante, con 165 y 42 pacientes trasladados a su territorio, respectivamente. Los Emiratos Árabes Unidos han aceptado a 1.387, según las estadísticas recopiladas por Hani Isleem. A pesar de todo, se trata de cifras irrisorias: la OMS estima que están a la espera de ser evacuados de Gaza al menos 12.000 enfermos y heridos.

Según él, “la mayoría de los países europeos se centran ahora en evacuaciones no médicas, en particular Francia”. En los últimos meses, Francia ha organizado la salida de estudiantes, artistas e investigadores de Gaza, algunos con sus familias. Desde principios de 2025, Francia ha evacuado a 292 palestinos, según el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El viernes 1 de agosto, el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, anunció la suspensión de las evacuaciones desde Gaza hacia Francia. Sus servicios se enfrentaron a una fuerte polémica después de que algunas publicaciones antisemitas fueran desempolvadas por una estudiante palestina que había salido del territorio palestino gracias a las autoridades francesas.

Rami Hamdan responde a los mensajes casi al instante, incluso cuando está de guardia como enfermero jefe en un hospital de campaña de MSF en el centro de Gaza. Envía un vídeo de su hija, Mira, sentada en la tienda que les sirve de alojamiento, dentro de la casa de un familiar, completamente quemada.

Sentada en medio de la habitación, con su larga melena recogida en un moño, la niña de 10 años enumera en un árabe cuidado sus deseos más preciados, girando los brazos a su alrededor y sus grandes ojos negros brillantes. Tras una decena de desplazamientos forzados, Mira sueña con una taza de té en la naturaleza, rodeada del canto de los pájaros, “sin el ruido de los bombardeos y los disparos”.

A principios de año, la niña comenzó a sufrir dolores de estómago. Empezó a tener infecciones urinarias y su cuerpecito tuvo que luchar contra fuertes fiebres. Encontrar material para hacer una analítica es casi un milagro, ya que en Gaza falta de todo. Finalmente, le diagnosticaron un reflujo urinario grave, que le ha provocado daños importantes en los riñones. Si no se opera rápidamente, corre el riesgo de sufrir insuficiencia renal. “Entonces su futuro se verá arruinado”, explica su padre. “El tiempo apremia”.

El enfermero, que atiende a grandes quemados y heridos víctimas de los bombardeos israelíes, asegura que la intervención quirúrgica que necesita su hija es “fácil”, pero imposible de realizar en Gaza.

Entonces preparó rápidamente un expediente para una evacuación médica de urgencia. En cuanto tenían un poco de conexión a Internet, Mira veía vídeos en YouTube para ver cómo es Francia. El sanitario palestino escribió al consulado francés en Jerusalén y a la embajada francesa en Ammán (Jordania), pero en vano. “Estoy explotando por dentro”, dice este padre de cuatro hijos, el menor de los cuales tiene 3 años. Ni él ni Mohamed Wadi se explican el silencio de las autoridades francesas.

Hani Isleem, de MSF, denuncia por su parte evacuaciones “ad hoc o políticas”, destinadas a la comunicación o a “calmar la ira del pueblo”. Pone como ejemplo a la pediatra Alaa al-Najjar, que perdió a nueve de sus diez hijos y a su marido en un bombardeo israelí el pasado 25 de mayo, una tragedia ampliamente cubierta por la prensa internacional. En dos semanas, fue evacuada a Italia con su hijo Adam, herido en la explosión.

En Francia, una fuerte movilización permitió la evacuación de Bashar al-Belbeisi, un bailarín herido durante el bombardeo del café al-Baqa, el pasado 30 de junio, y que corría el riesgo de sufrir una amputación. Salió del territorio palestino el 30 de julio. “Que yo sepa, es el primer herido adulto evacuado de Gaza a Francia desde el 7 de octubre de 2023”, indicó la doctora generalista de Rennes Catherine Le Scolan, que trabajó mucho para sacarlo de allí.

El Ministerio de Salud palestino lleva registrados más de 140.000 heridos en los últimos veintidós meses en Gaza. A estas terribles estadísticas hay que añadir los pacientes con cáncer, enfermedades crónicas o patologías congénitas. Las necesidades son inmensas y la apatía de la comunidad internacional condena a miles de palestinos a una muerte lenta.

Traducción de Miguel López

Escribo esto desde París, con la lluvia de julio acariciando suavemente mis mejillas. Como si se disculpara por el dolor que siento. Como si pudiera sentir lo frágil que me siento después de haber dejado todo mi mundo para perseguir mi sueño.

Los días previos a la evacuación fueron los más sangrientos que jamás hayamos visto. El cielo ardía con más fuerza. La tierra se agrietaba más profundamente. El número de bombardeos, órdenes de evacuación y masacres superó todo lo que se puede contar.

El consulado francés dijo que era hora de evacuar, no porque fuera seguro, sino porque Israel finalmente había dado la autorización, y nos trasladaron a Deir al-Balah para esperar la salida.

No dormí. Observaba a mi familia respirar, memorizando las voces de los míos como si fueran a desaparecer. Porque iban a desaparecer.

Salí de Gaza solo con lo puesto, mi documento de identidad y el dolor insoportable de saber que mi madre y mi hermana pequeña, todo mi mundo, se quedarían atrás, en una guerra diseñada para borrar nuestra existencia.

Las conversaciones sobre un alto el fuego inminente y las grandes esperanzas de poner fin a esta guerra me tranquilizaron un poco, pero hoy esas mentiras se han congelado. Es un espectáculo recurrente, y cada vez caemos en la trampa. No porque seamos idiotas, sino porque estamos desesperados.

El consulado francés nos dijo unos días antes: “Prepárense, si todavía quieren irse”. Para continuar mis estudios, me admitieron en la EHESS (Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales) de París para estudiar ciencias políticas.

¿Cómo se pueden meter los recuerdos en una mochila que no puedes llevar?

La noche antes de partir intenté memorizar las pestañas de mi hermana. Dormí entre ella y mi madre, las tres abrazadas como si fuera la última vez. Una gran parte de mí y de ellas quería negarlo con todas sus fuerzas. Mi hermana estaba en silencio. Demasiado silencio. Ese tipo de silencio aterrador de los niños cuando saben más de lo que tú quieres que sepan. Solo me miró y me abrazó aún más fuerte. Y esa mirada me acompañará más tiempo que esta guerra.

En cuanto a mi madre, no tengo fuerzas para escribirlo: no puedo olvidar su mirada y cómo lloraba con todo su corazón mientras me empujaba fuera de la habitación para que me fuera.

Me fui como una ladrona, no robando, sino dejando atrás todo lo que amaba.

Esperamos en Deir al-Balah, donde nos obligaron a evacuar el lugar; nos dijeron que el sur era más seguro. En el punto de encuentro acordado por el consulado, nos reunimos con otras personas elegidas por compasión. Éramos treinta, quizá más.

Cada uno de nosotros lleva consigo historias que nunca terminaremos de escribir. Subimos a los autobuses como fantasmas con cuerpos, todos con los ojos llorosos, hinchados por la falta de sueño, unos más tristes y confusos que otros.

Me senté junto a la ventanilla y me obligué a mirar, a presenciar la muerte de lo que era mi hogar, Rafah. O lo que era Rafah. Todo había desaparecido. Aplastado en una arquitectura de silencio. Huesos de hormigón. Ropa quemada. Incluso los pájaros volaban más bajo, como si estuvieran de luto.

No tengo palabras para describir la magnitud de la destrucción —y mi desconocimiento de la misma— en la carretera que conduce a la frontera de Kerem Shalom-Abu Salem. No podía creer lo que veían mis ojos, parecía una película sobre el fin del mundo, pero no era así.

Luego pasamos junto a los camiones, los camiones de ayuda humanitaria. Alineados como accesorios en la escena de un crimen. Había decenas, llenos de comida, de harina, de agua. Aparcados a pocos metros del cadáver de Gaza, nunca se les permitió entrar. El pan se pudre mientras los niños en las tiendas hierven hierba para la cena.

¿Cómo se llama esto, si no es un crimen de guerra? No es un asedio. Es el hambre como política exterior. Es el asesinato por burocracia, firmado en Washington, aplicado en Tel Aviv y presenciado por Europa.

Llegamos al puesto de control. Después de comprobar nuestras identidades, los soldados israelíes nos esperaron con los fusiles en la mano, como si fuéramos nosotros la amenaza y no las víctimas. Nos dijeron: “No se lleven nada”. Ni ordenadores portátiles. Ni libros.

Ni siquiera me permitieron llevar el cuaderno de poemas que había escrito durante la guerra, el que mi hermana me había regalado por mi cumpleaños. Al parecer, las palabras son demasiado peligrosas para el ocupante.

Nos registraron como si lleváramos bombas; sin pena. Nos tocaron la espalda, nos revisaron los calcetines, nos miraron a los ojos. Un soldado, si es que se puede llamar así a un criminal, miró a un estudiante que viajaba con nosotros y empezó a interrogarlo sobre dónde vivía y a quién conocía.

El personal del consulado volvió a comprobar nuestros nombres y fue muy amable y cordial. Nos dieron comida y nos informaron de que el equipo de la embajada francesa nos esperaría a nuestra llegada a Jordania.

En el autobús hacia Jordania, nadie hablaba. Pero la tristeza tiene su propio lenguaje. Nuestro silencio era un himno. Un canto fúnebre por las familias que habíamos dejado atrás. Por los niños a los que quizá nunca volveríamos a ver. Por la verdad que se nos prohibía llevar.

Dos asientos detrás de mí, una chica me susurraba. No me preguntó mi nombre. Yo nunca le pregunté el suyo, pero ella dijo: “Mi padre se ha quedado. Dijo que prefería morir en su casa que en una tienda de campaña. Mi hermano pequeño tiene 5 años, le dije que le traería chocolate de Francia, y él sonrió. No sabe que quizá sea un adiós para siempre”.

Se bajó las mangas, miró al suelo y murmuró: “Siento como si hubiera dejado mi alma bajo los escombros. Y ahora tengo miedo de que alguien la pise”. Pero hay una frase que aún hoy me persigue. Me dijo: “Estoy convencida de que volveré y le explicaré el viaje a mi madre, y ella me dirá: ¡Hola, hija mía, qué tarde has llegado! “

Sin llantos. Sin sollozos. Solo silencio, un silencio tan denso que nos oprimía los pulmones. Al igual que yo, esa chica está ahora en algún lugar de Francia. Comiendo pan. Estudiando francés, derecho u otra ciencia. Pero una parte de ella, una parte de todos nosotros, sigue en Gaza, gritando detrás de un muro derruido que nadie consigue derribar.

Atravesamos los territorios palestinos ocupados. Cuatro horas por una tierra que nunca había visto. Porque somos de Gaza. Nunca hemos visto nuestra propia tierra. El resto de Palestina siempre nos ha estado prohibido.

Y, sin embargo, allí estaba: montañas, viñedos, colinas cubiertas de olivos. El mar Muerto y, por fin, los balnearios. Hoteles de cinco estrellas, europeos tomando el sol en bikini mientras a treinta kilómetros de allí hay niños cobijados en una tienda de campaña.

Es el cruel escenario de la ocupación: genocidio en el Mediterráneo, cócteles en el mar Muerto.

Nos alojaron en un hotel de Amán, el InterContinental Jordan, un hotel magnífico, cuyos gastos corrieron a cargo Francia. Había todo lo que se podía necesitar, pero nunca lo que se quería.

Pasamos allí dos noches, desde el miércoles 9 hasta la madrugada del viernes 11 de julio. Fueron dos días enteros de silencio y soledad en habitación de hotel muy lujosa. Nos llevaron del hotel al aeropuerto, con mucha espera y controles, para finalmente embarcarnos en un vuelo a París.

Era la primera vez que subía a un avión. Estuve muy mareada, pero al mismo tiempo maravillada por la inmensidad del mundo. Y por cómo un pedazo minúsculo de tierra había permitido que el mundo entero despertara y comprendiera lo equivocado que estaba.

Aterrizamos en el aeropuerto Charles-de-Gaulle. Nos controlaron de nuevo y nos dieron un visado de estudiante. Mis grandes amigos me esperaban con las flores más bonitas y un cálido abrazo.

Ahora estoy en París. A salvo. Duermo en una cama cálida y muy cómoda. Y cada noche, miro al techo y me pregunto: ¿Les he traicionado? ¿He abandonado a mi madre, a mi hermana, a mi pueblo?

La culpabilidad me quema el estómago y me impide retener nada en el interior, ni comida ni lágrimas. Pero sé una cosa: no he dejado Gaza para olvidarla. La he dejado para vengarme con la lengua, con la política, con una memoria más viva que las balas.

Me he ido para aprender el idioma de los tribunales que nunca nos salvaron. Para utilizar sus propias herramientas con el fin de grabar, una vez más, nuestro nombre en la historia.

Ustedes, en sus embajadas, en sus redacciones y en sus estudios de televisión, oirán hablar de mí. No seré su historia de éxito, seré su espejo. Y no les gustará lo que vean en él.

Me he ido de Gaza sin nada. Sin maletas. Sin libros. Sin regalos de despedida. Solo con rabia.

Este texto ha sido traducido del inglés por Rachida El Azzouzi.

Nour Elassy es periodista, escritora y poeta.

La escritura, dice, la salva. Poco después del 7 de octubre, comenzó a escribir poemas que ha publicado, sobre todo en la red social Instagram.

Ha estudiado literatura inglesa y francesa. Tiene 22 años, nació y creció en la Franja de Gaza, en el barrio de Al-Tofah, al noreste del territorio.

Durante más de quince meses, Nour Elassy fue desplazada con su familia a Deir al-Balah, en la parte central de la Franja de Gaza. Regresó en febrero de 2025 al norte de Gaza, pero a principios de abril fue desplazada de nuevo con su familia.

Se encontraba en la ciudad de Gaza cuando se enteró de que era una de las treinta y siete personas, entre las que se encontraba nuestro otro columnista, el periodista y traductor Ibrahim Badra, que las autoridades francesas iban a evacuar el 9 de julio del enclave palestino. Llegó a París el 11 de julio.

Desde hacía meses se había puesto en marcha en Francia una campaña, impulsada en particular por el escritor palestino Karim Kattan y el redactor jefe de la revista The Funambulist, para que Nour Elassy fuera puesta a salvo de las bombas israelíes e ingresara en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París para cursar un máster en Ciencias Políticas.

Traducción de Miguel López

Representantes de la Flotilla de la Libertad en España han presentado este jueves una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y varios altos mandos militares por el abordaje del barco Madleen, ocurrido el pasado 8 de junio cuando se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, según ha informado EFE.

La acción legal, interpuesta por el activista español Sergio Toribio -quien viajaba a bordo del navío- y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, acusa a Netanyahu, al ministro de Defensa israelí, Israel Katz, al vicealmirante David Saar Salama y a otros mandos de crímenes de guerra, lesa humanidad, detención ilegal y trato degradante, amparándose en el principio de jurisdicción universal recogido en la legislación española.

“El barco fue interceptado a 100 millas náuticas, en aguas internacionales. Nos secuestró literalmente una unidad de combate especial (…) Nos llevaron a la fuerza a Tel Aviv y nos pusieron en manos de las autoridades sin que hubiéramos cometido ningún delito”, ha afirmado Toribio en declaraciones a los medios.

Según el documento judicial, durante el abordaje “se utilizaron drones, gases lacrimógenos, armas no letales y se procedió a la detención arbitraria de los doce tripulantes, todos civiles desarmados, sin advertencia previa ni orden judicial, en ausencia de cualquier amenaza militar”. “Esos hechos, conforme al ordenamiento jurídico español, son crímenes de guerra que se enmarcan en un contexto de ataques sistemáticos contra la población palestina en Gaza y contra quienes intentan ayudarlos”, ha explicado a EFE Jaume Asens, abogado de la organización.

La querella solicita que se abra una investigación judicial, se tomen declaraciones a los activistas y se recaben pruebas sobre el operativo militar israelí. También reclama que se coopere con la Corte Penal Internacional, que mantiene una investigación abierta sobre la situación en Palestina.

El texto denuncia que los detenidos -entre ellos activistas como Greta Thunberg (Suecia), Rima Hassan (Francia) y Thiago Ávila (Brasil)- fueron trasladados por la fuerza a Israel, incomunicados, despojados de sus pertenencias y sometidos a intentos de adoctrinamiento forzoso, con amenazas de obligarlos a ver material propagandístico.

El barco Madleen transportaba alimentos, medicinas y material médico destinados a la población civil palestina, en el contexto de un bloqueo calificado como ilegal por Naciones Unidas

La querella sostiene que el asalto al Madleen reproduce el mismo patrón de uso desproporcionado de fuerza militar que el ataque contra el Mavi Marmara en 2010, y que estas acciones forman parte de una “estrategia sistemática de represión contra la solidaridad internacional con la población palestina”.

Sandra Barrillo, portavoz de la Flotilla en España, ha denunciado también la situación humanitaria en Gaza, y recordado que desde 2010 la Flotilla de la Libertad ha intentado llegar a Gaza con al menos cuatro barcos. “La Flotilla de la Libertad siempre ha sido asaltada de forma violenta en aguas internacionales, lo que constituye un acto de piratería”, ha asegurado.

Desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques de Hamás en Israel, las fuerzas israelíes han lanzado una ofensiva militar sobre Gaza que ha dejado más de 57.000 muertos, en su mayoría mujeres y menores, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. La UNRWA estima que el 90 % de la población gazatí -más de dos millones de personas- se ha visto desplazada por la guerra.

Desde octubre de 2023 han muerto en la Franja de Gaza alrededor de 12.000 mujeres en los bombardeos o por los disparos israelíes, víctimas de aviones, barcos, drones, tanques y soldados de infantería. Eso ha tenido como consecuencia la “destrucción total del tejido social de Gaza”, afirma el informe Violaciones israelíes e inacción internacional: las mujeres de Gaza destrozadas por la violencia múltiple, publicado en febrero por el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR).

“Mujeres trabajadoras, periodistas, médicas, sostenes de familias y esposas han sido blanco de ataques, dejando a miles de niños sin sus madres. Han perdido a sus madres más de 6.000 familias, lo que ha dejado un vacío irreparable en sus vidas”, escribe la organización en el preámbulo.

Entre las víctimas se encuentran dos abogadas de esta ONG, Nour Abou al-Nour y Dana Yaghi, encargadas precisamente de recabar los testimonios de las mujeres y de prestarles asistencia jurídica. Murieron, junto con varios de sus familiares, en los bombardeos de sus casas familiares, donde habían encontrado refugio tras su desplazamiento forzoso. La primera, el 20 de febrero de 2024; la segunda, cuatro días después. Su destino ilustra el de las mujeres de Gaza.

En ocho capítulos, el informe del PCHR describe todos los aspectos de estas vidas destrozadas. Cada uno de esos capítulos va acompañado de testimonios recogidos sobre el terreno por los empleados de la organización, que también arriesgan sus vidas. Para este estudio se ha entrevistado exhaustivamente a al menos ochocientas mujeres de todas las edades y condiciones sociales en todo el territorio. Han sido seleccionadas de una muestra más amplia de 2.602 mujeres. Solteras, viudas, divorciadas, madres de familia... todos los estados civiles están representados.

Se abordan todos los aspectos de la destrucción de la vida de las mujeres: lesiones físicas, muerte o desaparición de familiares, pérdida de fuentes de ingresos, hambre impuesta por Israel, desplazamientos forzosos, epidemias, separaciones familiares y detenciones arbitrarias. Y todo ello con detalles y precisiones que dibujan un panorama escalofriante y hacen palpables el sufrimiento físico y mental de estas víctimas y su desesperación.

Las heridas físicas de las mujeres de Gaza suelen conducir, en la gran miseria sanitaria del territorio palestino, a la amputación de una extremidad inferior o superior. Esto conlleva una pérdida de autonomía y dificultades para realizar sus tareas habituales, como cuidar de los niños, por ejemplo. A falta de cirugía reconstructiva, los cuerpos heridos solo se “remiendan”, y la sensación de pérdida de feminidad afecta a la mayoría de las testigos. Un sufrimiento que suele tratarse poco, y el hecho de darlo a conocer constituye uno de los méritos del informe.

“Las heridas y desfiguraciones no solo han marcado mi cuerpo, sino que también han dejado una profunda cicatriz en mi alma que permanecerá conmigo durante mucho tiempo. Ahora vivo con un dolor constante, no solo por la salud que he perdido, sino también por la sensación de impotencia y debilidad que me persigue cada día, como si yo misma me hubiera perdido”, dice Ferial Ibrahim Souleiman al-Jamal, una viuda de 33 años que resultó gravemente herida en todo el cuerpo por la metralla de un bombardeo aéreo.

Incluso con el cuerpo intacto, las mujeres de Gaza están heridas económica, social y mentalmente. La sociedad de la Franja de Gaza es conservadora y los roles están muy marcados por el género. En una familia, el papel de sostén económico y protector suele recaer en los hombres. Perder ese sostén —por muerte, desaparición o detención— provoca ansiedad y depresión. Las mujeres se hunden así en un sentimiento de aislamiento, reforzado por los múltiples desplazamientos forzosos que separan a las familias y por la desastrosa situación económica.

Las que trabajaban han perdido su empleo, ya sea en una oficina, en la Administración, en una tienda, en un mercado o en el campo, y no pueden hacer frente a las necesidades de sus familias y de sus hijos, si tienen. Son totalmente dependientes de la ayuda humanitaria y viven en la angustia.

Israa Atef Khamis Abou al-Ata, de 27 años, es madre de dos niñas. Su marido, que era pescador, fue asesinado por misiles israelíes junto con uno de sus compañeros el 25 de octubre de 2024 mientras guardaba su pequeña embarcación en la playa. Ella nos ha hablado de sus dos hijas: “Ahora soy su madre y su padre, asumiendo todas las responsabilidades que mi marido solía llevar. Ya no tenemos ninguna fuente de ingresos y no puedo cubrir nuestras necesidades básicas”.

Y añade: “Recojo leña y hago cola durante horas para conseguir agua potable. La comida es escasa y limitada, principalmente conservas. Dependo de la ayuda y la comida que proporcionan los comedores benéficos, que consisten principalmente en pasta y lentejas. No es suficiente para cubrir mis necesidades ni las de mis hijos. Mi salud mental se ha deteriorado considerablemente desde la pérdida de mi marido”.

Las mujeres que trabajaban se sienten igualmente desamparadas. Wafa Abdullah Hassan al-Majdalawi, de 46 años, que vive en el campo de refugiados de Chati y ha sido desplazada a una escuela de la UNRWA que sirve de refugio, explica que ha perdido la pastelería que había montado con esfuerzo y voluntad: “En el momento álgido de mi actividad, daba trabajo a trece mujeres”, dice. “Por desgracia, la guerra destruyó por completo mi proyecto y perdí la fuente de ingresos que había construido durante más de once años. Ese proyecto era la seguridad económica de mi familia y ahora ya no me queda nada”.

“He intentado poner en marcha un pequeño proyecto con recursos modestos en el refugio, pero las difíciles condiciones lo han hecho casi imposible”, añade Wafa Abdullah Hassan al-Majdalawi. “La falta de materias primas debido al severo bloqueo y los repetidos desplazamientos causados por las órdenes de evacuación israelíes impiden cualquier tipo de estabilidad. Nada puede compensar lo que he perdido. La guerra no solo ha destruido mi casa y mi proyecto, sino que me ha robado la estabilidad y me ha arrancado de una vida que antes creía segura, dejándome unas heridas profundas y una carga insoportable”.

Los desplazamientos forzosos y múltiples obligan a muchas mujeres a vivir en refugios precarios o lugares superpoblados donde es imposible la intimidad. Su dignidad se ve quebrantada por las largas horas de cola ante los escasos servicios sanitarios, durante las cuales están expuestas a la mirada de todos, lo que supone una humillación en esta sociedad. También por las interminables colas para obtener ayuda alimentaria y agua potable.

El alto el fuego que entró en vigor el 19 de enero, acompañado de una reanudación significativa de la ayuda humanitaria, había dado esperanzas de una mejora para la población, en particular para las mujeres. Pero la ruptura de la tregua por parte del ejército israelí en la noche del 17 al 18 de marzo, la reanudación de las matanzas y las órdenes de desplazamiento, permiten afirmar que el próximo informe sobre la situación de las mujeres en Gaza será aún más alarmante.

Traducción de Miguel López

Tres mujeres con velo negro lloran sosteniendo un cuerpecito envuelto en un sudario blanco. Israel prohíbe el acceso de la prensa extranjera a Gaza desde el 7 de octubre de 2023. La niña a la que las tres mujeres se despiden se llamaba Salma y tenía 2 años. Fue asesinada junto con sus padres, Mahmoud y Noura Abu Aker, su hermano, Salama, sus dos tíos, Hussein y Ahmed, y su abuela, Oum Ahmed, en el bombardeo de su casa, unas horas antes, en plena noche, en el barrio de Shujaïa, al este de la ciudad de Gaza.

“También había desplazados viviendo con ellos”, cuenta un primo, Hani Abu Aker, al que localizamos por teléfono en la zona de Al-Mawasi, en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. “Murieron unas quince personas. El abuelo, Salama, resultó gravemente herido, pero sobrevivió”.

El patriarca es un funcionario de la Autoridad Palestina, así que es poco probable que tenga tratos con Hamás. Sus hijos tenían una tienda de telefonía. “Eran civiles”, insiste su primo. Desde el 18 de marzo, han sido asesinados en Gaza más de 1.300 palestinos. El 23 de marzo, el ministerio de Sanidad local anunció que se había superado el umbral de 50.000 muertos desde el 7 de octubre, ante la indiferencia internacional.

“Siguiendo la táctica que han estado aplicando desde octubre de 2023, las autoridades israelíes han optado una vez más por castigar colectivamente a la población de Gaza, con la aprobación explícita de su aliado más cercano, Estados Unidos”, denunció Claire Magone, directora general de Médicos Sin Fronteras Francia, en un comunicado publicado justo después de que Israel rompiera la tregua, el 18 de marzo.

Se van acumulando los duelos, pero los palestinos de la zona no tienen tiempo para vivirlos. Hani Abu Aker lo justifica rápidamente: “La situación es funesta. Al menos los mártires están en paz. Nosotros vivimos atenazados por el miedo y el hambre, preguntándonos cómo proteger a nuestros hijos. Ni siquiera tenemos la oportunidad de recordar los recuerdos con los que han muerto, estamos ocupados tratando de que sobrevivan los que quedan”.

Este ingeniero de 49 años vive en una tienda de campaña con su mujer y sus seis hijos, el más pequeño de los cuales tiene 13 años. Desde el 2 de marzo no ha entrado en Gaza ninguna ayuda humanitaria. Durante el Ramadán, Hani solo comía una vez al día. La fiesta del Aíd llegó a finales de marzo, bajo las bombas. El miedo acecha por todas partes.

El 31 de marzo, dos misiles pulverizaron una tienda de campaña cercana a la suya. La familia que vivía allí acababa de llegar una o dos horas antes. “Encontraron cinco metros libres, se instalaron allí para descansar, acababan de salir de Rafah, que estaba siendo bombardeada al azar”, relata Hani Abu Aker. Según él murieron una mujer de 67 años y dos niños de 7 y 13 años, y unas diez personas más resultaron heridas.

Rafah, la ciudad del extremo sur de la que procedían, fue luego arrasada. En la Franja de Gaza la sociabilidad se construye en torno a lazos de sangre y a la solidaridad vinculada al clan y a los barrios. Las masacres que han aniquilado linajes enteros y los múltiples desplazamientos forzosos han alterado profundamente el tejido social del enclave, aislando a las personas.

“Mis colegas me dicen que solo quieren morir con su familia. Su mayor temor es ser los únicos supervivientes”, informaba el 2 de abril Jonathan Whittall, director de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH) en los Territorios Palestinos Ocupados.

El 1º de noviembre de 2024, el ministerio de Sanidad palestino anunció que, desde el 7 de octubre, habían sido dadas de baja de los registros civiles en Gaza más de 1.400 familias. En un mensaje dirigido a los miembros del Congreso de los Estados Unidos, publicado en la red social X, el poeta de Gaza Mosab Abu Toha hizo esta terrible constatación: Su esposa y él “han perdido a más de 200 seres queridos. […] Muchos de los cuales siguen bajo los escombros desde hace meses”.

Con voz monótona, Hani Abu Aker también enumera las masacres que se han llevado a sus familiares. Desde el 7 de octubre, los Abu Aker, una de las grandes familias de Gaza, han perdido a treinta y cinco de los suyos, dice. El 18 de diciembre de 2023, su hermano fue asesinado en el bombardeo de su casa; tenía 32 años. En enero de 2024 fueron asesinados varios de sus tíos y sus familias y otros tres murieron en tres bombardeos diferentes posteriores. En Rafah, unas horas después de que terminara el alto el fuego, el 18 de marzo, la ginecóloga Majda Abu Aker, de familia extensa, fue asesinada junto con una decena de sus familiares. La víctima más joven tenía 3 días.

Ghassan al-Khald aún no puede entender la desgracia que le ha caído. Es un niño de 14 meses y “llora todo el tiempo”. “Reclama a su madre”, suspira su abuela paterna, Jadiya al-Sheikh, cuya voz desaparece intermitentemente al otro lado de la línea telefónica que chisporrotea. La tienda donde vivía la madre del niño, Amal, y su familia en la ciudad de Gaza fue bombardeada el 29 de marzo, el último día del Ramadán. “Cuatro personas murieron con ella”, cree saber la abuela de 52 años que, por suerte, tenía a Ghassan en su casa ese día.

Su hijo, Hassan, padre del niño, fue asesinado en septiembre de 2024 en Jabalia, en el norte de Gaza, “cuando iba a buscar pan”, precisa. “¿Qué puedo hacer? Eran las personas más queridas para mí. Esto tan duro”, dice con sobriedad.

“Esta vez es peor”, alertaba Sam Rose, director adjunto de la UNWRA, la agencia de la ONU para los palestinos, el 21 de marzo, porque la gente ya está agotada, su sistema inmunológico y su salud mental ya están debilitados”. El 3 de abril, la Oficina Central Palestina de Estadística indicó que 38.384 niños de Gaza han perdido a uno o ambos padres desde el 7 de octubre.

Ya al comienzo de la guerra, el cirujano plástico palestino-británico Ghassan Abu Sittah advirtió del gran número de niños heridos a los que operaba y que ya no tenían familia. Para designarlos, apareció una sigla, WCNSF, por wounded child no surviving family (niño herido sin familia superviviente).

Las estadísticas, vertiginosas, dicen poco del horror que azota a Gaza: los palestinos muertos son deshumanizados, están lejanos. El 18 de marzo fueron asesinados en pocas horas más de cuatrocientos palestinos. Entre ellos se encontraban Nesreen al-Jamasi, su esposo Mohammed, sus tres hijos, Ubaida, Omar y Layan, su nuera, Malak, la esposa de Ubaida y sus hijos, Siwar y Mohammed. En una serie de mensajes publicados en la red social X, el hermano de Nesreen, Ramy Abdu, fundador de la ONG de defensa de los derechos humanos Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, les rindió homenaje con fotos y vídeos.

En ellos se puede ver a Layan, filmada durante la guerra anterior, en mayo de 2021, apoyada en la pared, hablando relajadamente antes de quedarse paralizada con un grito, los ojos desorbitados, en el momento en que una bomba cae no lejos de su casa. “Lolo”, como la llamaba su tío Ramy Abdu, se había convertido a los 14 años en “miss Layan”, haciéndose maestra para los niños desplazados que vivían en las tiendas de campaña alrededor de la suya.

La pequeña Siwar, por su parte, aparece en una foto en un sillón color burdeos, como un trono en medio de las ruinas de su casa, en enero, justo después del alto el fuego. “La separación es dolorosa, pero es la voluntad de Dios”, escribe Ramy Abdu. “Israel puede matarnos todo lo que quiera, quemarnos vivos y destruirnos, pero nunca logrará arrancarnos de nuestra tierra. La justicia y la rendición de cuentas llegarán, tarde lo que tarde.” Debajo del mensaje, el tío añadió una foto de sus sobrinos, Omar y Layan, cuando aún eran niños pequeños, sonrientes.

Traducción de Miguel López

Hay que escuchar a Israel Katz, el ministro de Defensa israelí, porque lo que dice lo hace. El miércoles 2 de abril por la mañana, anunció que las tropas israelíes iban a ampliar sus operaciones terrestres en la Franja de Gaza para “limpiar” más zonas “de terroristas y su infraestructura, y apoderarse de vastos territorios que se sumarán a las zonas de seguridad del Estado de Israel”.

Para la población del enclave palestino eso significa más desplazamientos forzosos, más muertes, más heridos, más sufrimiento y más desesperación.

Según el periódico The Times of Israel, la 36ª división del Ejército israelí ha entrado en el sur de la Franja de Gaza. El canal Al Jazeera en inglés ha informado de los testimonios de habitantes de Rafah atrapados y que intentan desesperadamente conseguir ayuda para huir. Otros, cargados con sus pocas pertenencias, han vuelto a emprender el camino hacia un nuevo exilio forzado, menos de un año después de haber sido obligados a hacerlo en mayo de 2024, ya entonces bajo la amenaza de los tanques y los francotiradores israelíes. Según la ONU, más de 140.000 personas han tenido que pasar por esa situación.

Esas mismas escenas también tienen lugar en el norte de la Franja de Gaza, mujeres, niños, hombres, ancianos, a pie, encaramados a carretas, hacinados en coches, con unas cuantas bolsas de plástico abarrotadas, colchones, mantas, utensilios de cocina, leña y, para los más afortunados, las tiendas de campaña que les sirven de hogar desde hace dieciocho meses.

Avichay Adraee, portavoz en árabe del ejército israelí, cuyo rostro y voz son conocidos por todos los habitantes de Gaza, vuelve a publicar órdenes de desplazamiento en su cuenta de X.  Han vuelto a entrar en servicio las famosas tarjetas cuadriculadas, con las zonas en rojo que deben abandonar y las flechas amarillas que indican la dirección a tomar (por ejemplo aquí y aquí).

Algunas familias que regresaron a sus hogares después del 19 de enero gracias a la tregua, instaladas en los pocos edificios que se salvaron o en las ruinas de sus hogares, ahora se niegan a moverse tras haber sido desplazadas en múltiples ocasiones.

Esas personas tienen aseguradas las bombas y los disparos de artillería.

En la mañana del miércoles, en Jabalia, en el norte del territorio, el ejército israelí bombardeó una clínica de la UNRWA, la agencia de la ONU encargada de ayudar a los refugiados palestinos, en la que vivían familias. A media tarde, el balance provisional divulgado por el ministerio de Salud de Gaza ascendía a diecinueve muertos, nueve de ellos niños. Otras doce personas murieron en el bombardeo de una casa en Jan Yunis, en el sur, ocho en el barrio de Al-Salam, tres en un ataque contra una zona agrícola al norte de Rafah.

En cada ocasión, el ejército israelí asegura que sus ataques van dirigidos contra militantes de Hamás o células de la Yihad Islámica.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, lanzó un mensaje por vídeo a los habitantes del Gaza el 19 de marzo y luego el 26 de marzo, en hebreo subtitulado en árabe. Las dos veces transmitió prácticamente lo mismo. En el segundo, anima a todos los habitantes de Gaza a salir a la calle contra Hamás, como hicieron los habitantes de Beit Lahia el 25 de marzo.

Pero lo esencial ya estaba en el mensaje del 19 de marzo: “Habitantes de Gaza, esta es su última advertencia. El ataque de la fuerza aérea contra los terroristas de Hamás fue solo el primer paso. El siguiente será mucho más duro y pagaréis un alto precio. Pronto se reanudará la evacuación de la población de las zonas de combate”.

Y continuó: “Si no se liberan todos los rehenes israelíes y no se expulsa a Hamás de Gaza, Israel actuará con una fuerza que no habéis conocido antes”, y añadió: “Sigan el consejo del presidente americano, devuelvan a los rehenes y expulsen a Hamás, y se les presentarán otras opciones, incluida la posibilidad de partir hacia otros países para aquellos que lo deseen. La alternativa es la destrucción y la devastación total”.

Los gazatíes ya están experimentando la destrucción y la devastación, a un nivel nunca visto hasta ahora. En la noche del 17 al 18 de marzo, fecha en la que Israel rompió el alto el fuego, los ataques aéreos mataron a más de 300 personas: miembros de los grupos terroristas Hamás y Yihad Islámica, según afirmaron los funcionarios israelíes. Los testimonios recopilados por el diario Haaretz han desmentido esa propaganda y han demostrado que los muertos, durante “esa noche, una de las más horribles de la guerra”, fueron masacrados sobre todo mujeres y niños, mientras dormían o durante el suhour, la comida antes del ayuno diurno del Ramadán.

Luego, muertos y más muertos, una matanza aterradora sin fin. El 2 de abril, el ministerio de Salud de la Franja de Gaza anunció 1.066 muertos y 2.597 heridos desde el 18 de marzo. Según esta misma fuente, el balance de muertos desde el comienzo de la guerra asciende a 50.423 personas. La cifra es en realidad más alta, ya que solo tiene en cuenta a las personas fallecidas y debidamente registradas, y no a las que se encuentran bajo los escombros.

Por su parte, Unicef ha anunciado en un informe con fecha del 1º de abril que habían muerto 322 niños y habían resultado heridos 609 en los diez días posteriores a la ruptura del alto el fuego por parte de Israel, lo que supone “una media diaria de unos 100 niños muertos o mutilados en los últimos diez días”. La agencia precisa que “la mayoría de esos niños eran desplazados y se refugiaban en tiendas de campaña improvisadas o en casas dañadas”.

“La guerra es mucho más dura que antes a varios niveles”, cuenta Amjad Shawa, defensor de los derechos humanos y responsable de la red de ONG palestinas en Gaza, con quien Mediapart se puso en contacto en la ciudad de Gaza el 1º de abril por la tarde. “En primer lugar, los ataques a gran escala de Israel que, como confirma UNICEF, matan a más de treinta niños al día. El segundo motivo son las órdenes de desplazamiento forzoso en todo el territorio de Gaza, al norte y al este de Jan Yunis y Rafah  y en la propia ciudad de Gaza. Y esta vez es realmente muy difícil, complicado y peligroso, porque incluso a los que huyen les disparan. En tercer lugar, vemos los ataques israelíes contra trabajadores humanitarios y equipos médicos, como ha ocurrido en Rafah. Incluso el personal de la ONU está en el punto de mira”.

Los disparos y asaltos contra ambulancias y personal médico por parte del ejército israelí no son infrecuentes y están bastante documentados. Pero el episodio que tuvo lugar en el barrio de Tal Al-Sultan en Rafah el 23 de marzo y los días siguientes es notable por su magnitud.

Ese domingo, según detalla en una serie de mensajes Jonathan Whittall, director de operaciones de la agencia de la ONU para la ayuda humanitaria (OCHA) en la Franja de Gaza, diez miembros de la Media Luna Roja palestina y seis socorristas de la defensa civil, a bordo de cinco ambulancias y un camión de bomberos, fueron enviados a Tal Al-Sultan para ayudar a los heridos. Los soldados israelíes ya están presentes en la zona, pero no en este lugar concreto, que está tranquilo y para el que no se requiere ninguna coordinación con el ejército, según explica también la Media Luna Roja.

Los vehículos de emergencia, más un coche de la ONU claramente identificado como tal y que llegó más tarde al lugar, fueron blanco de disparos y se perdió el contacto con los equipos. Hicieron falta varios días y muchas presiones para que las Naciones Unidas recibieran autorización del ejército israelí para acudir al lugar.

En el primer intento, el personal de la ONU presenció desde uno de los coches una escena aterradora que quedó grabada en vídeo: dos siluetas, un hombre seguido por una mujer, cruzan la carretera corriendo, se oyen disparos, la mujer se tambalea y cae al suelo, alcanzada por disparos en la parte posterior de la cabeza. “Cuando un joven intentó ayudarla, también le dispararon. Pudimos recuperar su cuerpo con la ayuda de nuestro vehículo de la ONU", escribe Jonathan Whittall.

Al día siguiente, los equipos de rescate pudieron finalmente llegar al lugar donde los equipos habían sido atacados el 23 de marzo y comenzaron a recuperar los cuerpos. Los restos de los vehículos, deformados, fueron remolcados. Los cuerpos de las víctimas fueron enterrados en la arena. “Hoy, primer día de Aíd, hemos regresado y recuperado los cuerpos enterrados de ocho miembros de la Media Luna Roja palestina, seis miembros de la Defensa Civil y un miembro del personal de las Naciones Unidas. Fueron asesinados con sus uniformes, al volante de sus vehículos claramente identificados, llevaban sus guantes, an camino para salvar vidas. Esto nunca debería haber ocurrido”, afirma el director de operaciones de la OCHA para Gaza.

Esta violencia extrema se acompaña de una amenaza de muerte a fuego lento. Desde el 2 de marzo, el Estado hebreo ha decretado un bloqueo hermético del territorio palestino. No entra ningún producto, por muy indispensable que sea para la vida. Según Benjamín Netanyahu, se trata de organizar una “presión máxima” sobre Hamás para obligarles a devolver a los rehenes que aún están retenidos en la Franja, pero sin las condiciones previstas en la fase dos del alto el fuego, es decir, el cese de la guerra.

Esta medida de bloqueo, fuertemente condenada hace un mes, pasa hoy desapercibida, suplantada por los bombardeos y la ofensiva terrestre. Pero es la más peligrosa, afirma Amjad Shawa: “Los últimos dos días, ayer y hoy, han estado cerradas las panaderías. Han cerrado las veinticinco panaderías apoyadas por el PMA [Programa Mundial de Alimentos, ndr], donde miles de personas recibían su pan. Y es que el pan es uno de los principales alimentos para las familias, dado el déficit de verduras, carne y otros productos nutricionales básicos. Sin pan, corremos el riesgo de sufrir hambruna.”

Y el responsable de la red de ONG palestinas, en primera línea para abastecer las cocinas comunitarias y ayudar a la población, detalla: “Los 25 kilos de harina cuestan ahora 500 shekels, unos 125 euros. La semana pasada, el precio era de 30 o 40 shekels (7,50 a 10 euros)”.

Hay que escuchar al primer ministro Netanyahu. El miércoles 2 de abril, al final de la tarde, congratulándose de que Israel “cambie de marcha” en la conducción de su guerra, anunció que el ejército israelí tomaba posesión del eje “Morag”, que separa Rafah y Jan Yunis del norte del enclave. Se encuentra precisamente donde se erigían algunas de las colonias israelíes evacuadas en 2005.

Es difícil considerar esto como una casualidad, cuando los pilares de su coalición gubernamental han abogado durante mucho tiempo por la recolonización de la Franja de Gaza y la expulsión de los habitantes palestinos.

Mientras, el primer ministro afirmó una vez más el domingo 30 de marzo, durante la reunión semanal del gobierno, su voluntad de llevar a cabo el plan Trump, es decir, de empujar a los habitantes de Gaza a la salida “voluntaria”. “Ese es el plan. No lo ocultamos y estamos dispuestos a discutirlo en cualquier momento”, afirmó, según informa la web Drop Site. Y se jactó de tener “una alianza con la mayor superpotencia del mundo”.

“Los israelíes buscan agravar la crisis humanitaria, hacer de Gaza un lugar inhabitable durante siglos. Así que destruyen la infraestructura y asfixian a la población”, afirma Amjad Shawa. “Su objetivo es obligarnos a irnos.”

El 30 de marzo, el ministro de Defensa, Israel Katz, nombró al subdirector de su ministerio, el coronel de reserva Yaakov Blitstein, al frente de un nuevo organismo gubernamental cuyo nombre es de lo mejor del neolenguaje orwelliano: la oficina de “emigración voluntaria” de los habitantes de Gaza, cuya primera tarea será encontrar países que acojan a los gazatíes que abandonen “voluntariamente” su tierra.

El primer ministro israelí ha viajado a Hungría el miércoles al final del día, invitado por Viktor Orbán a pesar de la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) de la que es objeto por sospechas de crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza. El primer ministro húngaro condenó firmemente la decisión del tribunal, calificándola de “vergonzosa”. Netanyahu tiene previsto regresar a Israel el 6 de abril.

Hungría firmó el Estatuto de Roma, el tratado internacional que creó el TPI, en 1999, y lo ratificó dos años después, durante el primer mandato de Viktor Orbán. Pero este país nunca llegó a promulgar la convención asociada al Estatuto de Roma, por razones de conformidad con su Constitución, y afirma por tanto que no está obligado a cumplir las decisiones de ese alto Tribunal.

Traducción de Miguel López

La organización Human Rights Watch (HRW) acusó este jueves a las fuerzas militares israelíes de causar muertes y sufrimientos "innecesarios" a pacientes palestinos mientras ocupaban hospitales en Gaza, algo que "equivale a crímenes de guerra". Según el último informe de la ONG recogido por EFE, varios testigos de tres hospitales de la Franja dijeron que los militares de Israel negaron electricidad, agua, alimentos y medicinas a los pacientes, así como dispararon a civiles, maltrataron a trabajadores sanitarios y destruyeron "deliberadamente" instalaciones y equipos médicos.

La organización entrevistó a nueve pacientes y dos miembros del personal sanitario que estaban presentes cuando el ejército israelí asaltó y ocupó entre 2023 y 2024 los hospitales Al-Shifa (en la ciudad de Gaza); Kamal Adwan (en Beit Lahia) y Nasser (en Khan Younis).

En estos complejos médicos, donde al menos 84 pacientes fallecieron por falta de atención sanitaria -sin contar los muertos por bombardeos o disparos-, las fuerzas militares de Israel interfirieron "gravemente" en el tratamiento de heridos y enfermos, apuntó la organización.

Así, los sanitarios entrevistados afirmaron que el ejército se negó a llevar medicinas y otros suministros a los pacientes y bloqueó el acceso a los hospitales y las ambulancias, lo que causó la muerte de heridos y enfermos crónicos, entre ellos niños en tratamiento de diálisis. Según HRW, esta privación de alimentos, agua y otros insumos por parte de las autoridades israelíes constituye "un crimen de lesa humanidad de exterminio y actos de genocidio".

Una de las fuentes citadas por la organización, Ansam al-Sharif, que fue hospitalizada tras perder una pierna en un ataque aéreo del Estado hebreo y necesitaba muletas para caminar, contó que ella y el resto de pacientes del hospital Nasser pasaron cuatro días sin comida, agua, ni medicinas. "La ocupación militar israelí de los hospitales de Gaza ha transformado lugares de curación y recuperación en centros de muerte y maltrato. Los responsables de estos horribles abusos, incluidos los altos mandos, deben rendir cuentas", anotó el director adjunto de Derechos del Niño de HRW, Bill Van Esveld.

HRW también cuestiona las evacuaciones forzosas de los hospitales ordenadas por las fuerzas israelíes, que pusieron en "grave peligro" tanto a los enfermos como al personal sanitario, ya que se vieron obligados a trasladarse sin asistencia incluso si iban en camilla o en silla de ruedas. Y denuncia que los militares quemaron o destruyeron ilegalmente algunos edificios de estos complejos médicos tras las evacuaciones.

Según los administradores del hospital Al Shifa citados por HRW, solo entre el 11 y el 17 de noviembre murieron en él 40 pacientes, en gran parte debido a los cortes de electricidad.

Todo ello sin que las autoridades israelíes hayan anunciado una investigación sobre presuntas violaciones graves del derecho internacional humanitario en los hospitales de Gaza -entre las que se incluyen "aparentes crímenes de guerra"- cometidas por militares de Israel.

HRW recuerda que el derecho internacional humanitario establece que las partes implicadas en un conflicto deben respetar y proteger los hospitales, así como tomar todas las precauciones posibles para minimizar los daños a los pacientes, el personal y las instalaciones.

El informe de HRW tiene lugar apenas unos días después de que Israel rompiera el martes el alto el fuego con Hamás con unos bombardeos que han provocado la muerte de más de 400 palestinos.

¿Cuántos palestinos han muerto o resultado heridos por las bombas, cohetes, proyectiles y balas israelíes desde el inicio de la guerra de Gaza, lanzada en represalia por el atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023?

Aunque la tregua que entró en vigor el 19 de enero ha permitido la liberación de 290 prisioneros palestinos detenidos en Israel a cambio de la liberación de 7 rehenes israelíes retenidos desde hace más de quince meses en la Franja de Gaza, el relativo y momentáneo silencio de las armas nos lleva a hacer un balance humano de este episodio excepcionalmente destructivo del interminable conflicto israelo-palestino.

Por desgracia, este balance es provisional, dada la fragilidad del alto el fuego. Y también porque la violencia devastadora de los ataques israelíes ha transformado todo el enclave palestino en un inmenso campo de ruinas que podría ocultar un verdadero cementerio.

Actualmente es imposible evaluar el número de gazatíes sepultados bajo los escombros de sus casas, el 92% de las cuales han quedado destruidas o gravemente dañadas.

Además, según un informe de Médicos Sin Fronteras (MSF) publicado el pasado diciembre, “decenas de miles de supervivientes quedarán marcados de por vida, tanto física como mentalmente. Las heridas de guerra suelen requerir múltiples operaciones y años de rehabilitación y cuidados. Estos servicios, que hoy faltan cruelmente en Gaza debido a la destrucción de la infraestructura sanitaria y a la grave escasez de equipos médicos, seguirán sin estar disponibles durante mucho tiempo, dados los plazos necesarios para restablecerlos”.

Los autores del informe añaden: “Por regla general, hasta un 4% de los heridos de guerra necesitan cirugía reconstructiva. En Gaza, se calcula que más de 4.000 personas necesitarán cirugía compleja y rehabilitación completa.”

Por su parte, la OMS afirma que “más de 22.500 personas, alrededor de una cuarta parte de los heridos en Gaza, han sufrido lesiones de por vida que requieren rehabilitación inmediata y a largo plazo. Los supervivientes de la guerra sufren quemaduras graves, fracturas complejas y, en muchos casos, han sido amputados. En Gaza se han practicado entre 3.105 y 4.050 amputaciones”.

Según cifras del gobierno israelí, el 7 de octubre de 2023 murieron casi 1.200 personas, entre ellas 33 niños y varios ciudadanos extranjeros, y más de 250 fueron tomadas como rehenes por combatientes de Hamás. De ellos, han sido liberados 161 y se cree que han muerto 35. Fuentes militares israelíes informan de que, desde que comenzaron las operaciones terrestres en Gaza, han muerto 405 militares israelíes y 2.500 han resultado heridos.

Del lado palestino, el Ministerio de Sanidad, controlado en Gaza por Hamás y cuyas cifras son validadas y publicadas por Naciones Unidas, cifra el número de muertos en algo más de 46.600, de los cuales 16.200 son hombres, 7.216 mujeres, 13.300 niños, 3.440 mayores de 65 años –es decir, demasiado viejos para combatir– y 110.000 heridos.

Según Naciones Unidas, en vísperas de la tregua, el 91% de la población sufría “inseguridad alimentaria aguda” debido a la destrucción de los recursos agrícolas (pozos, huertos, invernaderos y barcos pesqueros destruidos, ganado sacrificado) y a la prohibición israelí de los convoyes de ayuda humanitaria. Esta prohibición se ha levantado en principio gracias a la tregua. ¿Pero por cuánto tiempo?

Mientras que la inmensa mayoría de la población –1,9 millones de 2,22 millones en octubre de 2023– se ha visto desplazada por la guerra, obligada a refugiarse en albergues precarios, la mitad de los 36 hospitales del territorio sólo funcionan parcialmente y la mayoría de los dispensarios han sido destruidos o dañados. Todo el sistema sanitario local, que ha perdido un millar de empleados y 130 ambulancias, carece de medicamentos básicos y de material médico y quirúrgico.

Con el añadido de la falta de electricidad y agua potable, la promiscuidad de las viviendas improvisadas y la falta de higiene básica a la que están condenados los desplazados, esas durísimas condiciones de vida hacen que la supervivencia de los numerosos heridos y amputados sea más que incierta, y llevan a los especialistas a ver con reservas las cifras oficiales de víctimas civiles.

“La violencia perpetrada por las fuerzas israelíes ha causado daños físicos y psicológicos a una escala que desbordaría cualquier sistema sanitario funcional, por no hablar de un sistema sanitario destruido por una ofensiva devastadora y un bloqueo que dura ya diecisiete años”, precisa el informe de MSF.

Intentar hacer un balance humano del conflicto en estas condiciones no es fácil. Sin embargo, al presidente de Médicos del Mundo, que cuenta con un equipo de cincuenta personas sobre el terreno, le parece “coherente con la situación sanitaria, militar y geopolítica” la estimación de 186.000 muertos presentada el pasado mes de julio por tres investigadores de salud pública en la sección “correspondencia” de la web de la revista médica británica The Lancet.

Partiendo del principio de que “los conflictos armados tienen repercusiones indirectas en la salud, más allá de los daños directos causados por la violencia”, han aplicado, basándose en los precedentes de Burundi y Timor Oriental, una “estimación conservadora” de cuatro muertes indirectas por una directa a la cifra de 37.396 muertos registrada el 19 de junio en la web del ministerio de Sanidad de Hamás. Esto arroja la cifra de 186.000 muertes.

Pero unos meses después, The Lancet publicó otra estimación, considerada la más seria y aceptada por la mayoría de los especialistas. A diferencia de la cifra publicada en julio, no se trataba de una simple estimación enviada al apartado de correspondencia de los lectores en la web de la revista, sino del resultado de una investigación seria y de un cruce de fuentes. Los cinco autores son especialistas en salud pública, profesores o investigadores de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres o de las universidades de Cambridge, Nagasaki o Yale.

Su artículo de 9 páginas fue sometido a la validación y aprobación de sus pares antes de su publicación, como es habitual en The Lancet. Su investigación, que abarca el periodo comprendido entre el 7 de octubre de 2023 y el 30 de junio de 2024, se basa en el uso de tres fuentes: la lista de defunciones elaborada por el ministerio de Sanidad, la recopilación en Internet de las declaraciones de defunción de las familias y los obituarios publicados en redes sociales. Tras comprobar, cruzar y eliminar duplicados, los investigadores estimaron en 64.260 el número de fallecidos durante el periodo elegido.

Esta cifra es un 41% superior a la de 37.877 víctimas declaradas en la misma fecha por el Ministerio. Según los autores del artículo, esto corresponde al 2,9% de la población del enclave, es decir, 1 muerto por cada 35 habitantes. En comparación con la población actual de Francia, esto equivale a una sangría de 1.940.000 personas.

“Si aplicamos la misma tasa de infravaloración de las pérdidas a los cuatro meses siguientes al periodo estudiado”, escriben los cinco universitarios, “podemos considerar plausible que el número real de víctimas humanas en Gaza supere los 70.000 muertos”.

“Nuestros resultados”, añaden, “también subestiman el impacto real de las operaciones militares en Gaza, ya que no tienen en cuenta las muertes no relacionadas directamente con el traumatismo, como las derivadas de la interrupción de los servicios sanitarios, la inseguridad alimentaria, la falta de agua y las deficiencias del sistema de saneamiento. Nuestras proyecciones indican que la población de Gaza podría haber sufrido otras 2.680 muertes por enfermedades no transmisibles, 2.720 por enfermedades infecciosas endémicas, 11.460 por posibles epidemias y 330 por complicaciones neonatales durante el periodo comprendido entre febrero y agosto de 2024”.

Los investigadores de The Lancet señalan también que una encuesta sobre el terreno, imposible dadas las condiciones de seguridad y las dificultades de acceso a Gaza, habría permitido realizar estimaciones serias sobre este punto.

“Nuestros trabajos", concluyen, “subrayan la necesidad urgente de un mayor acceso de la ayuda humanitaria a toda la Franja de Gaza y de proteger al personal sanitario, las ambulancias y los centros de salud para que los heridos puedan recibir a tiempo los cuidados necesarios”. En general, creen que es indispensable que haya iniciativas diplomáticas en favor de un cese inmediato y permanente de las hostilidades. Como en otros lugares, parece importante la rápida apertura de investigaciones sobre posibles crímenes de guerra para garantizar la aplicación de la justicia e identificar a los responsables”.

Sobre este último punto, hay lugar para la duda.

Netanyahu, sintiéndose reforzado, incluso en sus peores proyectos, por el regreso al poder en Washington de su amigo y protector Donald Trump –el primer ministro israelí es el primer mandatario extranjero invitado a la Casa Blanca–, tiene menos intención que nunca de poner fin a una guerra que le permita escapar de los juicios por corrupción que le esperan. Y de la probable comisión de investigación sobre su responsabilidad en los “errores” que condujeron al atentado terrorista del 7 de octubre de 2023.

Esta comisión de investigación se crearía sin duda al día siguiente del cese efectivo de la intervención militar en Gaza. Netanyahu se enfrenta a enormes y contundentes responsabilidades por haber iniciado la guerra y por la estrategia devastadora aplicada bajo su autoridad, por no decir a petición suya.

Esos actos le han valido una orden de detención del Tribunal Penal Internacional y que su país tenga que responder ante el Tribunal Internacional de Justicia por sospechas de genocidio. Estos dos órganos judiciales de la ONU no están reconocidos por Israel ni por Estados Unidos, pero sus fallos no son menos incómodos, cuando no infames, para aquellos, ciudadanos o Estados, a los que se dirigen. Al menos a los ojos de los ciudadanos o pueblos comprometidos con el Estado de Derecho.

Fue con la aprobación de Netanyahu, si no por iniciativa suya, como se aplicó desde el comienzo de la guerra la devastadora “doctrina Dahiya”, que debe su nombre a un barrio chií de Beirut arrasado por la aviación israelí en 2006. Una doctrina que no distingue entre objetivos civiles y militares e ignora deliberadamente el principio de proporcionalidad de la fuerza, que es la base del derecho de la guerra.

Como reveló The New York Times el 26 de diciembre de 2024, Netanyahu autorizó que el Estado Mayor, alegando una “amenaza existencial” inexistente, introdujera un cambio fundamental en sus reglas de enfrentamiento, permitiendo a un oficial de rango medio ordenar un ataque sin la aprobación de un superior.

Esa decisión iba acompañada de un aumento del umbral de daños colaterales aceptables, que pasó de 10 a 20 víctimas civiles por ataque. Dada la excepcional densidad de población de la Franja de Gaza (6.000 habitantes por km2), se entiende que las 30.000 bombas de precisión lanzadas durante las siete primeras semanas de la guerra causaran 15.000 víctimas. Y que el balance de catorce meses de guerra sea el que conocemos hoy: más de 70.000 muertos y un horizonte de escombros.

En este contexto, las “visiones” de Trump sobre el futuro de la región, que comenzarían con la “limpieza” de Gaza y la expulsión de los palestinos a Jordania y Egipto, no sólo revelan la abrumadora y peligrosa indigencia geopolítica del multimillonario presidente de Estados Unidos, que ve Oriente con un simplismo ciego y aterrador.

También ponen de relieve la complicidad entre Trump y Netanyahu, que siempre ha soñado con expulsar a los palestinos de su patria para reconstituir el bíblico “Gran Israel”. Y que parece decidido a continuar en Cisjordania la limpieza étnica iniciada en Gaza, indiferente a la condena moral que provoca ese proyecto y al crimen contra la humanidad que constituye según el derecho internacional.

Traducción de Miguel López

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyaju, confirmó este miércoles que va a apelar la orden de arresto que emitió la Corte Penal Internacional (CPI) contra él y el exministro de Defensa Yoav Gallant.

“Israel presentó hoy a la Corte Penal Internacional (CPI) un aviso de su intención de apelar ante el tribunal con una demanda para retrasar la ejecución de las órdenes de arresto”, informó en un comunicado la oficina del Primer Ministro. La notificación, destacó la nota, “revela en detalle lo inverosímil y carente de fundamento fáctico o legal que fue la decisión de emitir las órdenes de arresto”.

Además, el Gobierno israelí afirmó que no reconoce la autoridad de la CPI ni las órdenes de detención correspondientes.

Medios israelíes revelaron que la participación de Francia en las negociaciones para el cese al fuego en el Líbano, entre Israel y la milicia chií Hezbolá, estuvo condicionada al compromiso de que París anunciara que no cumpliría con la orden de arresto contra Netanyahu emitida por la CPI.

El anuncio de la apelación se produjo tras una reunión entre Netanyahu y el senador estadounidense Lindsey Graham en Jerusalén en un encuentro en el que discutieron las iniciativas impulsadas en el Congreso estadounidense para sancionar a los países que cooperen con la CPI.

La CPI emitió el 21 de noviembre órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant acusados de crímenes de guerra por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

La noticia tardó en confirmarse, porque la eliminación de Yahya Sinwar en Rafah, al sur de la ciudad de Gaza, no fue consecuencia de un ataque aéreo contra el artífice del 7 de octubre, sino del ataque de soldados israelíes a miembros de Hamás sin saber que el enemigo jurado de Israel se encontraba entre ellos.

Yahya Sinwar, que en agosto de este año fue nombrado jefe del buró político de Hamás, su órgano supremo de gobierno, en sustitución de Ismaël Haniyeh, asesinado en Teherán el 31 de julio por un misil lanzado supuestamente por Israel, se suma así a la tumba abierta que es Gaza con más de 42.000 palestinos muertos por el ejército israelí en el último año.

El 7 de octubre de 2023, Sinwar se convirtió en la pesadilla del gobierno israelí cuando instigó una operación militar que eludió el radar de unos sistemas de inteligencia y protección que se suponían los mejores del mundo. En el espacio de unas horas, infligió un apocalíptico saldo humano de más de 1.200 muertos, sin precedentes en la historia del Estado hebreo.

En la sociedad israelí, como en gran parte de la palestina, hasta el 7 de octubre prevalecía la idea de que ya no era posible una acción palestina a gran escala, por la desproporción de fuerzas tanto en términos militares como diplomáticos.

El cambio de estrategia de Hamás en octubre de 2023 fue inesperado sobre todo porque Sinwar fue presentado tanto por los responsables de seguridad israelíes como por los de Hamás como un “pragmático” cuando asumió la dirección del movimiento islamista en Gaza en 2017.

Desde que tomó las riendas de Hamás, Sinwar parecía estar desempeñando el papel que los israelíes esperaban extraoficialmente de él: negociar con el inevitable vecino egipcio; subcontratar a la Yihad Islámica –organización más pequeña y con menos recursos militares que Hamás– la mayor parte de los enfrentamientos directos con Israel lanzando regularmente cohetes que son fácilmente interceptados por las defensas israelíes; también controlar un territorio que es calificado ritual y apropiadamente de “prisión al aire libre” y de “olla a presión”, porque la super densa población que allí habita carece de todo: agua potable, alimentos, acceso a la sanidad, por no hablar de perspectivas de salir de allí o de encontrar un futuro.

Teóricamente, este hombre debería seguir en una prisión israelí, dado que había sido condenado por un tribunal israelí a cadena perpetua en 1988. Pero Sinwar fue liberado en 2011 en el marco de un intercambio de “rehenes por prisioneros” organizado por su hermano, Mohammed Sinwar, que sigue siendo el último alto dirigente de Hamás en Gaza cuya muerte no ha sido anunciada oficialmente tras las sucesivas eliminaciones de Marwan Issa, Mohammed Deif y ahora Yahya Sinwar. En aquel momento, Israel aceptó liberar al menos mil prisioneros palestinos para recuperar con vida al soldado franco-israelí Gilad Shalit, capturado por un comando en 2006.

Pero en un largo artículo publicado en el verano de 2021, el diario Haaretz citaba a varias fuentes militares anónimas que señalaban cambios en su carácter, algunos relacionados con el hecho de que le había costado mucho ser nombrado de nuevo jefe de Hamás en Gaza durante las elecciones internas del partido islamista en marzo de 2021.

Frente a la candidatura de Nizar Awadallah, considerado un defensor radical de la guerra total contra Israel, Sinwar habría radicalizado sus planteamientos y asumido las críticas que, a pesar de sus proclamas, le acusaban de haber abandonado la opción militar y contentarse con gestionar Gaza con el dinero de Qatar y de la ayuda internacional.

Según una de las fuentes de los servicios de seguridad citadas en el artículo de Haaretz, Sinwar ya no se consideraba un simple dirigente de un partido palestino, sino que “se comportaba como si tuviera la misión, encomendada por Dios, de proteger Jerusalén y Al-Aqsa”. Una misión que ha infligido a Israel una de las peores tragedias de su historia y ha sumido a Gaza en una inconmensurable carnicería.

En abril de 2022, durante una de sus escasas apariciones públicas y tras una oleada de atentados que dejó varios israelíes muertos, Sinwar declaró: “Tendréis que prepararos para una gran batalla si Israel no deja de atacar la mezquita de Al-Aqsa”. Para Hamás, la operación del 7 de octubre se denominó “Diluvio de Al-Aqsa”.

En mayo de 2021 apareció en todas las redes sociales palestinas una imagen en la que se veía a Yahya Sinwar sonriente, con la camisa planchada, los pantalones negros y la barba blanca pulcramente recortada, sentado en un sillón entre los escombros de su casa destruida por el ejército israelí durante la anterior guerra de Gaza.

Ahora, la foto que circula por redes sociales muestra a un hombre con uniforme militar, el brazo cruzado sobre el pecho, un reloj en la muñeca, una kuffiya en la cabeza y un gran agujero en la frente.

La cuestión ahora es si la eliminación del arquitecto del 7 de octubre, unida a la de la gran mayoría de los dirigentes de Hamás en Gaza, habiendo cumplido uno de los objetivos de guerra anunciados por Netanyahu al comienzo de la guerra en Gaza, puede cambiar el curso de la guerra, en particular reavivando la posibilidad de un alto el fuego a cambio de los últimos rehenes israelíes en Gaza.

Traducción de Miguel López

Durante las anteriores guerras en la Franja de Gaza, la ONG palestina de derechos humanos Al Mezan llevaba un recuento de los palestinos muertos, publicaba análisis jurídicos cada poco y elaboraba informes detallados sobre los bombardeos, basándose en la información recogida sobre el terreno por sus equipos. Desde el 7 de octubre de 2023, esta tarea resulta imposible. 

"Creo que ni siquiera las actualizaciones diarias del Ministerio de Sanidad [de Hamás] reflejan la realidad de la situación, porque me parece difícil hoy, en Gaza, contar con precisión todas las personas muertas", afirma Samir Zaqout en una serie de mensajes de voz enviados desde el centro de la Franja de Gaza. Con su voz ronca y su palabra fácil, el subdirector de Al Mezan es una figura destacada de los derechos humanos en el enclave: desde 1999, documenta allí las violaciones de los derechos humanos, desde ataques del ejército israelí hasta la aplicación por Hamás de la pena de muerte a presos palestinos. 

Desde hace casi seis meses, "todos hemos perdido nuestra capacidad de trabajar con normalidad. Cada movimiento en Gaza pone tu vida en peligro. Lo que estamos viviendo no tiene precedentes, somos víctimas de un auténtico genocidio", continúa. Más de la mitad de los edificios de la Franja han quedado dañados o destruidos, y el Ministerio de Sanidad gazatí calcula que han muerto más de 33.000 palestinos y han resultado heridos más de 75.000. Según la ONU, la hambruna es inminente en el norte del enclave. 

Los investigadores de Al Mezan no pueden acceder a amplias zonas que han sido escenario de violentos combates o han sido acordonadas por el ejército israelí, que ha llevado a cabo miles de detenciones en la Franja de Gaza en los últimos meses. Los militares han establecido puestos de control, bloqueando el paso desde el sur hasta el norte del enclave. 

Todo el personal de Al Mezan y el de las dos ONG palestinas asociadas, Al-Haq y el Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR), tienen estrictamente restringidos sus movimientos, si es que no han abandonado el enclave para intentar salvar a sus seres queridos. 

De paso en París, Raji Sourani, fundador y director ejecutivo del PCHR, dio cuenta de la situación en una entrevista a Mediapart: "Once colaboradores se han marchado a El Cairo, siete están en Cisjordania. Han sido asesinadas dos colaboradoras. Una de ellas junto a treinta y siete miembros de su familia. Otra con siete". Tras sobrevivir a dos bombardeos, Raji Sourani ha salido por fin de Gaza. Sabía que iban a por él, pues se dedica a documentar crímenes de guerra israelíes, que luego expone ante los tribunales. 

Samir Zaqout huyó de su casa en la ciudad de Gaza al comienzo de la guerra. Sólo una de sus colegas sigue en el norte del enclave. Durante meses, los investigadores gazatíes han estado organizando su supervivencia y la de sus familias además de su trabajo: buscar comida, agua, dónde cargar un teléfono móvil y llamar a sus familiares para asegurarse de que siguen vivos, etc.  

"¡He hecho lo imposible para tener algo de conexión a Internet! La señal es débil, se corta todo el tiempo, pero ya es estupendo tener Internet", dice Samir Zaqout con cierta risa. La última vez que intentó comprar gasolina para su coche, costaba 127 shekels el litro, unos 32 euros. 

Esos investigadores, acostumbrados a moverse por el denso tejido social de Gaza, han tenido que adaptar su trabajo. Uno de los investigadores, por ejemplo, se apostó en un puente de Wadi Gaza, en el límite de la parte norte del enclave, explica Samir Zaqout: "Allí hay un punto de acogida para los desplazados que huyen del hambre. Va allí, acoge a la gente y anota lo que cuentan: cuál es su situación, dónde viven, cuántas veces han sido desplazados... Se recoge así mucha información.

Las tres organizaciones palestinas investigan principalmente las desapariciones y detenciones de gazatíes. Han documentado el calvario de los trabajadores palestinos de Gaza que el 7 de octubre de 2023 se encontraban legalmente en suelo israelí y fueron detenidos. O la violencia y las torturas sufridas por los detenidos que fueron arrestados en masa en Gaza algunos de los cuales fueron llevados a campos militares en Israel, fuera de todo marco legal. "Una de las mujeres entrevistadas nos contó que otras tres y ella habían sido acosadas sexualmente por militares. Pero eso es complicado de publicar porque no quieren que se conozcan sus nombres", informa Samir Zaqout. 

Las ONG también trabajan con imágenes de Internet u obtenidas por testigos sobre el terreno, así como con datos de satélite. "Recopilamos miles de vídeos, los comprobamos y los geolocalizamos. Esto nos ayuda a cartografiar los incidentes", explica Zaid Shuaibi, de la ONG Al-Haq. En determinados proyectos, la organización trabaja en colaboración con el laboratorio multidisciplinar Forensic Architecture, produciendo modelos o vídeos que reconstruyen la secuencia precisa de un ataque o un disparo. 

En Gaza, los equipos llevaron a cabo una recopilación detallada de los asaltos israelíes a hospitales de toda la Franja en los últimos meses. Revelaron un patrón que se repite cada vez: primero el ejército amenaza a los hospitales, luego "lleva a cabo ataques en los alrededores, les apunta directamente, lo asedian y lo ocupan". Su investigación revela que han quedado 28 hospitales fuera de servicio en Gaza, incluidos todos los situados en el norte del enclave. 

Los investigadores extranjeros no pueden viajar al enclave palestino. No es nada nuevo, señala Donatella Rovera, investigadora principal de Amnesty International: "Solía ir bastante a Gaza, pero Israel nos niega el acceso desde 2012. No solo a nosotros, Amnesty International, sino a cualquier organización de derechos humanos". Está acostumbrada a trabajar a distancia; muchas otras zonas de conflicto del mundo son también inaccesibles, como Sudán o la región etíope de Tigray. 

Al principio, los investigadores locales llevan a cabo un trabajo de investigación inicial: "Por ejemplo, si ha habido un bombardeo, van al lugar para hacer fotos, vídeos y buscar fragmentos", explica. Se ponen en contacto con familias y testigos y establecen una relación de confianza. A continuación, Donatella Rovera y sus colegas realizan entrevistas a distancia.  

En Gaza, sin embargo, esta experimentada investigadora se enfrenta a un nivel de devastación sin precedentes. “Esto está fuera de toda norma. No hay ningún otro lugar en el mundo, en los tiempos modernos, donde haya muerto un porcentaje tan elevado de la población en general y un porcentaje tan elevado de determinados sectores de la población: mujeres, niños, periodistas, trabajadores humanitarios, médicos, profesores universitarios, etc.", dice, alarmada. “La gente está demasiado aterrorizada para hablar". Percibe una creciente desesperación entre las personas con las que habla, cansadas de contar sus casos que el mundo toma con una cruel indiferencia.

La población de Gaza está ahogada por el dolor, traumatizada, abrumada por la urgencia de sobrevivir. Las investigaciónes se eternizan forzosamente. Se centran en un caso concreto, en un momento determinado de la guerra, que reconstruye con precisión. Por ejemplo, Amnesty International documentó cuatro ataques israelíes en diciembre de 2023 y enero de 2024, en los que murieron 95 personas, entre ellas 42 niños y una mujer embarazada de ocho meses en Rafá, al sur de la Franja, una zona designada como refugio por el ejército israelí. En uno de los bombardeos, el 14 de diciembre, a Arwa, una niña de 5 años, la encontraron "decapitada por la explosión". 

Amnesty International no encontró indicios de que hubiera objetivos militares cercanos durante los bombardeos. "Esto hace temer que esos ataques constituyen ataques directos contra civiles o bienes de carácter civiles. De ser así, deberían investigarse como crímenes de guerra", dice el informe. Pero sigue siendo muy difícil probar la intencionalidad de los actos de guerra. Así ocurre en todos los conflictos, señala Donatella Rovera, pero "al final, tanto si el ataque es desproporcionado o indiscriminado, como si se trata de un ataque deliberado contra civiles, todos constituyen crímenes de guerra". 

Del mismo modo, es imposible verificar caso por caso que no había absolutamente ningún objetivo militar en las proximidades de un bombardeo, señala Eric Goldstein, director adjunto de la división de Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch (HRW). Sin embargo, en Gaza, "el uso de la fuerza es muy excesivo y es difícil imaginar en cada caso un objetivo militar que justifique la proporción de civiles que han sido víctimas de estos bombardeos", argumenta. 

Desde el 7 de octubre de 2023 se ha espesado la "niebla de guerra": los rumores y la propaganda se han apoderado de la situación y algunas informaciones son difíciles de verificar. "Los gazatíes hablan más abiertamente de las violaciones cometidas por los israelíes, y tenemos que seguir indagando para obtener información sobre Hamás y los demás grupos armados. Porque en el pasado teníamos medios para ganarnos la confianza", explica Eric Goldstein. “Además, hay cosas que están claras: cuando hay hambruna, no hay niebla de guerra. Está claro que Israel está obstruyendo la entrega de la ayuda humanitaria necesaria, mientras las tierras agrícolas están inutilizadas. Existe una amenaza real de hambruna. 

"El mundo tiende generalmente a creer la versión israelí antes que cualquier otra cosa", señala también Donatella Rovera, poniendo como ejemplo la suspensión casi inmediata de los fondos transferidos por parte de varios países a la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, después de que Israel acusara a una ínfima parte de sus empleados gazatíes de haber participado en el 7 de octubre de 2023, sin aportar ninguna prueba. 

Israel trata además de desacreditar a las ONG de derechos humanos. El ministerio de Asuntos Exteriores ha calificado en varias ocasiones a Amnesty International de organización "antisemita", acusándola el 26 de octubre pasado de ser una "organización de propaganda que trabaja para los terroristas de Hamás". En 2019, las autoridades expulsaron al director de Human Rights Watch de Israel y los Territorios Palestinos, Omar Shakir, acusándolo de apoyar la campaña de boicot contra Israel. 

En octubre de 2021, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, emitió una orden que declaraba como "organizaciones terroristas" a seis ONG palestinas, entre ellas Al-Haq. Esta última acababa de dar un fuerte apoyo a la Corte Penal Internacional (CPI), presentando pruebas contra Israel por crímenes de guerra en Gaza durante la guerra de 2014, dirigida por Benny Gantz, entonces jefe del Estado Mayor. En agosto de 2022, el ejército israelí registró y cerró las oficinas de las seis ONG.  

A pesar de todo, las organizaciones de derechos humanos continúan con su labor de alerta y cooperación con la justicia internacional. HRW, por ejemplo, "mantiene contactos frecuentes con la fiscalía [de la CPI], proporcionándole información y animándole a que considere lo ocurrido desde el 7 de octubre", explica Eric Goldstein. Su informe sobre el uso de la hambruna como arma de guerra por parte de Israel fue tenido en cuenta en el alegato de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), acusando al Estado israelí de "genocidio" en la Franja de Gaza. 

Sin embargo, Zaid Shuaibi, de la ONG Al-Haq, lamenta que "la comunidad internacional no esté haciendo lo que debería para detener este genocidio". Su organización, una de las primeras en defender los derechos humanos en el mundo árabe, se creó en 1978 con el objetivo de defender a los palestinos de los crímenes israelíes y promover su causa mediante acciones legales. 

"Nuestro trabajo es importante, no sólo para ver a los criminales israelíes en la cárcel. Puede que no estemos aquí para verlo", explica el investigador palestino. “Lo hacemos por el pueblo palestino, por nuestra historia. Décadas después, volveremos la vista atrás y veremos que Al-Haq documentó este genocidio y que sabemos lo que ocurrió.” 

Este trabajo de memoria será útil para las generaciones futuras, quiere creer. Zaid Shuaibi establece un paralelismo con la historia de la Nakba, la expulsión de 900.000 palestinos cuando se creó Israel en 1948, que él heredó, al igual que todos sus compatriotas. Este trauma fundacional de la identidad palestina vuelve a vivirse dolorosamente hoy, con imágenes de campamentos improvisados para desplazados gazatíes en el sur del enclave, en Rafá. Muchos de los que han huido son descendientes de los refugiados de 1948.

Traducción de Miguel López

La guerra de Gaza nos afecta a todos. Como mundo, como país, como comunidad, como individuo. Del mismo modo que el 11-S afectó "al inconsciente geopolítico de todos los seres vivos", por utilizar la expresión del filósofo Jacques Derrida, la masacre del 7 de octubre de 2023, perpetrada a sangre fría por Hamás, ha desgarrado el espacio-tiempo en el que vivimos, engendrando un monstruoso ciclo de represalias israelíes. El riesgo de genocidio, formulado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sitúa el miedo provocado por la guerra en el peldaño más alto de nuestra inhumanidad. 

En seis meses han muerto en Gaza más de 33.000 palestinos. Los bombardeos y las balas de francotiradores israelíes se cobran vidas indiscriminadamente. Rafá, donde se han refugiado cientos de miles de familias, vive bajo la amenaza de una ofensiva y se extiende la hambruna, junto con el caos. El enclave se ha transformado en un territorio arrasado. Ante nuestros ojos están desapareciendo una historia, una cultura y una memoria. Lo que se anunció como una guerra contra Hamás se está convirtiendo en una guerra contra un pueblo. 

Niños, refugiados, trabajadores de ayuda humanitaria, enfermos: a falta de objetivos bélicos realistas, la espiral del horror israelí parece no tener límites. "En tiempos de tinieblas, ¿seguiremos cantando? Sí, cantaremos la canción de las tinieblas", escribió Bertold Brecht en sus Poemas de Svendborg en 1939. 

En la década de 1970, el poeta palestino Mahmoud Darwich ya vaticinaba un futuro sombrío para Gaza, al tiempo que insistía en su espíritu de lucha: "Muerta de hambre, se niega; dispersa, se niega; envuelta, se niega; condenada a muerte, se niega", escribió en "Silencio para Gaza", un extracto de su Crónica de la tristeza ordinaria. 

Seis meses después del comienzo del conflicto, es hora de plantearnos algunas preguntas difíciles: ¿estamos haciendo algo para evitar una catástrofe? Si esta guerra termina algún día, ¿seremos capaces de hacer frente a nuestra conciencia?

Como periódico, Mediapart responde a estas profundas preguntas con las únicas armas de que dispone: la palabra, los hechos y el sentido. Desde el 7 de octubre, trabajamos colectivamente para separar la verdad de la falsedad, más allá de la propaganda militar. Con nuestros informes, investigaciones y análisis, hemos contado la historia del trauma sufrido por los israelíes y la deriva mortífera de sus gobernantes; la duplicidad asesina de Hamás, los crímenes de guerra del Tsahal y el decaimiento de los palestinos; la complicidad de las potencias occidentales, la hipocresía de los países árabes y la impotencia del derecho internacional. 

Hemos documentado el contexto histórico de la opresión colonial y las repercusiones geopolíticas de un desgarramiento que está remodelando las fallas del mundo. Hemos destacado las voces de la gente en primera línea y las de quienes, ante el abismo, persisten en idear puertas de salida políticas. 

Como periodistas, denunciamos el apagón informativo impuesto por Israel, que prohíbe a los reporteros extranjeros entrar en Gaza, en detrimento de la libertad de información. Hemos prestado nuestro apoyo a nuestros colegas palestinos y nos negamos a que mueran cámaras al hombro. 

Desde las primeras horas del conflicto, nuestros suscriptores han expresado su asombro, su consternación, su cólera y su rabia en las columnas del Journal Club, intentando ver las cosas con claridad y aferrarse a sus pensamientos. Nuestro espacio participativo, lugar único de intercambio y diálogo, se ha convertido en una caja de resonancia de las conversaciones del mundo. Para recoger su vitalidad, hemos elaborado un ebook, recién publicado, con las contribuciones más incisivas y sensibles (puede leerse aquí en formato PDF). 

Al igual que nuestros redactores, nuestros blogueros se han abierto camino evitando las trampas tendidas por las fuerzas armadas implicadas, manteniendo una distancia crítica respecto a sus relatos. Porque ese era el principal escollo. ¿Cómo no escuchar el terror de un pueblo (el israelí) afligido por la pérdida de civiles y convencido de que se enfrentaba a un riesgo existencial? ¿Cómo no comprender a un pueblo (el palestino) a punto de ser borrado del mapa, sublevado por décadas de sometimiento y confinamiento? ¿Cómo no ver que las responsabilidades son compartidas, incluso por la comunidad internacional, pero que la dimisión de Benyamin Netanyahu es condición sine qua non para evitar que se cometa lo irreparable? 

Mientras nosotros hemos intentado comprender la complejidad del asunto, el debate público francés se ha visto perdido en una alternativa tóxica. Por un lado, negarse a calificar de "terroristas" las masacres de Hamás y recordar el contexto colonial en el que se perpetraron le identifica como un esbirro del Mal; por otro, negarse a ver bien la "resistencia" palestina y el "heroísmo" de Hamás le convierte en "aliado objetivo" del ocupante. 

Entre la batalla campal y la crispación, las posiciones se han vuelto rígidas y exaltadas. La polarización esencialista que siguió acabó por abolir el pensamiento hasta tal punto que el mundo "ilustrado" de los investigadores y universitarios se ha visto frenado en su expresión, incluso reducido al silencio. 

Emmanuel Macron ha contribuido a crear esta artificial y peligrosa división. En lugar de unir y tranquilizar, como debería haber hecho, el presidente de la República ha sembrado la semilla de la división al apoyar a Israel durante demasiado tiempo, en nombre del alineamiento occidental con la guerra contra el terrorismo. Se reabrieron de inmediato las viejas heridas francesas, nunca realmente cicatrizadas, dando rienda suelta a discursos y actos antisemitas e islamófobos. 

La triste ironía es que Rassemblement National (RN, Agrupación Nacional) se ha aprovechado de este terreno contaminado para erigirse en baluarte contra el odio a los judíos.  

Cinco meses después del inicio de las hostilidades –que en realidad duran ya décadas–, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Stéphane Séjourné, ha seguido manchando la imagen de Francia, apareciendo todo sonriente y sin ninguna vergüenza, junto al primer ministro israelí, a pesar de que ya entonces la CIJ había ordenado a Tel Aviv que tomara "todas las medidas a su alcance" para evitar el genocidio. Mientras algunos países, entre ellos Canadá, han decidido imponer un embargo a la venta de armas a Israel, Francia sigue con evasivas. 

Es por tanto urgente que en los intersticios de este podrido debate público emerja la política para detener la espiral de venganza, contrarrestar la lógica del terror y construir relaciones de fuerza para idear estrategias, alternativas y soluciones. 

Eso implica en primer lugar ponerse de acuerdo sobre algunos principios: a pesar de la asimetría estructural entre un ocupante y un dominado, el fin no justifica los medios y una causa no puede considerarse emancipadora cuando apoya a una organización que recurre al crimen, a fortiori al crimen masivo. Al mismo tiempo, no hay nada que prevalezca sobre el derecho de los pueblos a la autodeterminación dentro de las fronteras reconocidas por el derecho internacional. 

Porque eso está inequívocamente del lado de Palestina. Y sistemáticamente pisoteado por Israel. Desde 1967, numerosas resoluciones de la ONU han condenado firmemente la colonización de los territorios ocupados. Casi sesenta años después, sólo podemos deplorar que estas resoluciones nunca hayan frenado los objetivos beligerantes de un Estado dirigido hoy por fanáticos de extrema derecha y, sobre todo, que nunca hayan recibido la más mínima respuesta en términos de sanciones por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, como han demostrado las acciones emprendidas contra Rusia, podrían haberse previsto medidas vinculantes de deslegitimación. 

En este sentido, la responsabilidad de las potencias occidentales, empezando por Estados Unidos pero también de sus supuestos aliados árabes, es enorme. La tardía y apática "exigencia" de alto el fuego, por la que tanto luchó el Consejo de Seguridad de la ONU el 25 de marzo, no cambiará nada: la resolución del órgano más importante de la gobernanza mundial seguirá siendo papel mojado mientras Washington siga apoyando militarmente a Israel. Pero la administración Biden no está dispuesta a dar marcha atrás, como demuestra la aprobación, el mismo día de la votación en Nueva York, de la entrega de bombas y aviones de combate por valor de varios miles de millones de dólares. 

Es cierto que el presidente norteamericano acaba de dar un puñetazo sobre la mesa, forzando la apertura de accesos humanitarios, pero sería más que prematuro ver en ello un punto de inflexión. En cuanto a las negociaciones diplomáticas en Doha y El Cairo, están empantanadas y parecen, mientras no se demuestre lo contrario, son incapaces de silenciar las armas, dando más bien la impresión de una pasividad incalificable. 

¿Qué se puede hacer entonces? Contar con la sociedad civil para que exija con todas sus fuerzas un alto el fuego inmediato y la liberación de los rehenes. Siguiendo los pasos de España, sería un gran paso adelante el reconocimiento del Estado palestino por los países occidentales, como señala el escritor Elias Sanbar en su libro La Dernière Guerre? (¿La última guerra?), que se publicará en la colección Tracts de Gallimard. 

Son necesarias más que nunca fuertes movilizaciones en todo el mundo para hacer reaccionar a los dirigentes que, aunque hayan perdido la brújula del derecho internacional, sigan siendo sensibles a las configuraciones electorales resultantes de sus posiciones. Al no oponernos al desastre que se está produciendo, nos convertimos en cómplices involuntarios. 

Nada va a permitir sin embargo evitar el caos sin los más afectados:  esos dos pueblos y el destino político que les pertenece en primer lugar. A pesar de la intensidad del schock del 7 de octubre de 2023 y de la toma de rehenes, es indispensable que los israelíes se den cuenta de la magnitud de la política suicida que lleva a cabo en su nombre Benyamin Netanyahu, que sigue con la guerra sólo para salvarse a sí mismo. 

El gobierno actual está poniendo en peligro sus vidas, a corto, medio y largo plazo, al alimentar, en lugar de destruir, el potencial de Hamás, que sólo puede prosperar bajo las bombas. Al comprender que están en juego su seguridad y su humanidad, sólo ellos pueden presionar lo suficiente a sus gobiernos para obligarles a respetar el derecho internacional y abandonar sus políticas de bloqueo y asentamientos ilegales. Las manifestaciones de los últimos días pidiendo la liberación de los rehenes y la dimisión del primer ministro, así como la convocatoria de elecciones parlamentarias anticipadas, son una señal, aunque frágil, de que es posible un despertar. 

Es necesario un arrebato israelí para que un día los palestinos, una vez que ya no tengan que preocuparse por su supervivencia, admitan a su vez que Hamás les ha llevado a lo peor. Ya se oyen voces críticas, incluso dentro del enclave. La igualdad no puede decretarse, especialmente en un territorio donde está profundamente arraigada la mecánica del apartheid, pero el ejemplo sudafricano es un recordatorio de que, con voluntad política, puede solucionarse lo que parecía irresoluble. Poner fin al ciclo de la violencia presupone el reconocimiento mutuo de su existencia legítima, condición indispensable para la construcción de una arquitectura propicia a la paz, ya adopte la forma de un Estado binacional, de dos Estados o de un Estado federal. 

A nosotros, ciudadanos europeos, nos corresponde estar hombro con hombro con los palestinos e israelíes que, luchando contra el extremismo de sus dirigentes, tratan de salir de esta "última noche", según el título de una película de Jean Genet que nunca verá la luz, mencionada en una reciente exposición en el Instituto del Mundo Árabe, "Lo que Palestina aporta al mundo". En las páginas de Mediapart, como en el Club, seguiremos incansablemente haciendo oír estas voces que inventan posibilidades de construir su futuro, inevitablemente creado con las historias pasadas y presentes de unos y otros.

Traducción de Miguel López

Israel está usando el hambre como arma de guerra en la Franja de Gaza, donde un millón de personas se encuentran a las puertas de la catástrofe alimentaria, según los análisis de la ONU. Más de tres cuartas partes de su población, de 2,2 millones de habitantes, han sido forzados a abandonar sus casas desde que el territorio palestino fue invadido por las tropas israelíes en octubre de 2023. Gaza acapara el interés informativo y político mundial, pero no es el único lugar del planeta donde la población civil se ha convertido en objetivo militar y es atacada con armas muy distintas a los tanques y las bombas. De hecho, cuando la guerra llegó a la Franja, Sudán llevaba ya seis meses de cruento conflicto interno, que la ONU llega a calificar como “una de las peores pesadillas humanitarias de la historia reciente”.

En Sudán los desplazados se elevan a seis millones de personas, mientras que la hambruna amenaza a 18 millones, el 40% de la población. Las ciudades están siendo saqueadas, los hospitales y las escuelas destruidos, no hay corredores humanitarios, se suceden las masacres, las ejecuciones callejeras y las violaciones de mujeres.

Una de las armas empleadas para sembrar el terror y expulsar a los civiles de sus poblados es el fuego. Ambos bandos incendian pueblos enteros, algunos incluso más de una vez, en lo que constituye una nueva campaña de limpieza étnica y tiene también la consideración de crimen contra la humanidad. En algunos casos se ha utilizado la quema de poblados igualmente en las luchas que mantienen tribus árabes rivales. Entre el 15 de abril de 2023 y el 29 de febrero de este año, al menos 180 incendios han destruido 108 poblados en Sudán, sobre todo en la región de Darfur, según el análisis llevado a cabo por el proyecto Sudan Witness, del Centro para la Resiliencia de la Información (CIR).

Gracias al uso de imágenes de satélite, el sistema de información sobre incendios de la NASA y la geolocalización, los investigadores de Sudan Witness han podido verificar la información obtenida a partir de vídeos e imágenes difundidas en internet.

“Mediante análisis de fuentes abiertas, hemos documentado las pautas de numerosos incendios en Sudán y la devastación generalizada que causan. Desde que estalló el conflicto el pasado mes de abril, el fuego parece haberse convertido en un arma de guerra que ha provocado desplazamientos masivos”, explica Anouk Theunissen, jefa del equipo Sudan Witness.

Los incendios son obra, sobre todo, de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR, Rapid Support Forces en inglés) y sus milicias aliadas, pero también el ejército contribuye a la destrucción con sus bombardeos aéreos. Ambos bandos no sólo combaten entre sí, sino que, además, en el caso de las FAR, llevan a cabo una campaña de violencia étnica contra los masalit, que están huyendo hacia el oeste, al vecino Chad. Fuego, falta de alimentos y saqueos fuerzan a los miembros de esta etnia africana a huir de las milicias árabes y hacinarse en penosas condiciones en los cada vez mayores campos de refugiados de Chad, donde Médicos Sin Fronteras cifra en 550.000 el número de sudaneses. Según The New York Times, llegan a 2.000 por día.

La limpieza étnica reproduce la violencia contra los grupos no árabes perpetrada por la milicia Yanyauid hace 21 años en Darfur, cuando quemaron pueblos enteros y más de 300.000 personas fueron asesinadas, según las cifras de un informe del Parlamento británico y de la ONU. Fue bautizado como el “primer genocidio del siglo XXI”.

No sólo las milicias cometen crímenes de guerra. El ejército sudanés usa aviones en contra de su propia población. Hace apenas un mes, bombardearon el principal mercado de la ciudad de El Daein, la capital de Darfur oriental, matando a 10 personas. Los heridos se contaron por decenas y cientos de viviendas quedaron destruidas, según informó The Guardian. Sudan Witness ha verificado imágenes correspondientes a tres incendios diferentes, tanto en zonas residenciales como comerciales de El Daien, así como impactos de metralla en construcciones de ladrillo.

En la mayoría de los casos, no obstante, son las Fuerzas de Apoyo Rápido las responsables de los incendios. Es el caso del ocurrido en El Geneina en junio del año pasado, cuando los milicianos de las FAR saquearon la residencia del sultán de los masalit en esa localidad. Al mismo tiempo, ardieron edificios próximos y se encontraron cadáveres en las calles colindantes a la residencia. Los milicianos colgaron en las redes sociales vídeos delante de la casa, mientras proclamaban que allí ya no vivía ningún masalit, “sólo árabes”, y se veía detrás de ellos el humo de las casas próximas quemadas. Sólo cinco días después, más de un millar de personas fueron asesinadas en El Geneina por miembros de las FAR, que perseguían y disparaban a los no árabes por las calles.

Misterei, cuya población es en su mayoría masalit, sufrió incendios en mayo y en octubre del año pasado. Pese a que sus habitantes huyeron a Chad tras el primer ataque, en el segundo quedó arrasada más del 60% de su superficie, unos 3.750 metros cuadrados.

Lo mismo ocurrió en Kordofán del Sur, donde se repitieron los incendios en diciembre y luego el pasado febrero. También se quemaron los poblados vecinos de Al Takma, Habila y Jabal ad Dayr.

En Kubum y Mukjar, en Darfur del sur, los enfrentamientos entre dos tribus árabes rivales, Bani Halba y Al Salamat, terminaron en la quema de varias aldeas. Los incendiarios son milicianos con uniformes de las FAR, que hacen alarde de sus ataques en múltiples vídeos. Pero que compartan uniforme no significa que no se maten en ellos. Para distinguirse utilizan cintas de colores que añaden a sus ropas: el blanco identifica a los milicianos de Bani Halba y el azul a los de Al Salamat. El 8 de agosto murieron 30 personas en Kubum en combates entre ambas tribus. Una semana más tarde, los incedios los sufrieron miembros de Al Salamat en los poblados de Buro y Awstani. El 7 de septiembre, Markundi fue atacada a sangre y fuego por los Al Salamat. Diez días más tarde, los Al Salamat volvieron a incendiar Kubum, el mercado y los tukuls, las casas de planta redonda que se construyen con barro, paja o madera en la mayor parte de África.

El dictador Omar Al Bashir, que llegó al poder tras dar un golpe de Estado en 1989, fue el adalid de la islamización de Sudán y se apoyó en las milicias Yanyauid en su lucha contra el Ejército de Liberación Sudanés, levantado en armas contra el Gobierno en 2003. Las masacres y violaciones de derechos humanos cometidas entonces llevaron a la Corte Penal Internacional a ordenar su captura por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad.

Cuando cayó Al Bashir en 2019, tras una ola de protestas populares, el gobierno de transición, que prometía democracia y fue reconocido internacionalmente, duró poco al ser derrocado por una junta militar en la que compartían poder el general Abdel Fatah Al Burhan y el líder de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti. La alianza se rompió porque los dos cabecillas discrepaban en el plazo de tiempo necesario para dejar el gobierno en manos civiles y en cómo deberían integrarse las FAR en el Ejército regular. El pasado abril estalló de nuevo la guerra civil. Hemedti cuenta con el apoyo de los mercenarios de Wagner y el respaldo financiero y logístico de Emiratos Árabes Unidos, según publicó The New York Times el pasado septiembre. Tanto los rusos como los jeques ansían el oro de los yacimientos sudaneses.

El país lleva casi un año de guerra y de catástrofe humana que no tiene visos de acabar ante la indiferencia internacional. Los esfuerzos diplomáticos se multiplican en Ucrania e Israel, entre denuncias por los ataques a la población civil. El pasado 17 de enero, los aviones del ejército sudanés atacaron Zurug, la principal base de las FAR en Darfur del norte. Los destrozos en la zona eran evidentes: cráteres, edificios convertidos en escombros y viviendas incendiadas, según pudo constatar Sudan Witness. Munición pesada había impactado en la zona residencial de Zurug. El ejército sudanés, como el israelí en Gaza, justifica sus ataques con el argumento de que los milicianos de la FAR se esconden entre la población civil. “En un momento en que los periodistas tienen acceso limitado a Sudán”, destaca Anouk Theunissen, “las fuentes abiertas desempeñan un papel fundamental para mostrar al mundo lo que está sucediendo- y para garantizar la existencia de un archivo de datos verificados que sirva de apoyo a los esfuerzos de justicia y rendición de cuentas en el futuro”.

Atacar de forma deliberada a la población o a instalaciones civiles es un crimen de guerra. Así lo dicta la Corte Penal Internacional y está consagrado en la Convención de Ginebra y sus protocolos adicionales. Es la ley de la guerra. Sin embargo, esa protección especial está siendo sistemáticamente vulnerada en la Franja de Gaza, como también en la guerra de Ucrania, de la que se cumplen dos años este sábado. Que Rusia ha convertido en objetivo militar a escuelas y hospitales lo atestigua el proyecto Eyes on Russia, del Centro para la Resiliencia de la Información (CIR), una investigación basada en fuentes abiertas –fotos y vídeos en internet y redes sociales– que han sido luego contrastadas y verificadas mediante geolocalización e informaciones periodísticas. infoLibre publica este trabajo de investigación en exclusiva en España.

Los investigadores del CIR han documentado un total de 2.642 ataques contra instalaciones civiles en Ucrania desde el comienzo de la invasión. De ellos, el mayor número lo han sufrido escuelas, universidades, guarderías y otros equipamientos educativos, un total de 775, que equivalen al 30% de la ofensiva contra infraestructuras civiles. Es más, el ejército de Vladimir Putin ha convertido colegios y facultades en objetivo de especial enseñamiento: el número de los ataques sufridos casi triplica el de los hospitales, 293 en dos años. Y, si se suman ambos tipos de instalaciones, los ataques lanzados contra escuelas y centros sanitarios doblan los sufridos por infraestructuras críticas como carreteras, puentes, estaciones de ferrocarril, telecomunicaciones y plantas de energía: 546 incidentes.

“Vemos un patrón de ataques contra instalaciones e instituciones que carecen de fines militares, desde plantas de energía hasta escuelas, hospitales e iglesias”, explica Belén Carrasco Rodríguez, directora del proyecto Eyes on Russia, “y hemos encontrado pruebas de que en estos dos años de guerra se ha convertido a hospitales y escuelas en objetivos deliberados”. Como ejemplo cita Carrasco Rodríguez los “repetidos bombardeos” de hospitales en Jersón y la concentración de daños en los edificios colindantes. Jersón, la mayor ciudad ocupada por las tropas rusas, fue liberada por el ejército ucraniano en noviembre de 2022. Hasta ese momento había permanecido casi intacta. Pero tras volver a control ucraniano, en 2023, los hospitales y maternidades de la ciudad sufrieron 69 ataques, por sólo cuatro en todo el año anterior.

El CIR compara las ofensivas rusas sobre Jersón con las tácticas empleadas por el ejército de Putin en Siria, donde llevaron a cabo operaciones de castigo diarias en Idlib y Alepo que no tenían relación alguna con acciones sobre el terreno. La aviación rusa bombardeaba “deliberada y repetidamente” instalaciones médicas, plantas de tratamiento de agua, silos de grano y escuelas. Igual que ahora en Ucrania.

Además, la misma estrategia se está desplegando en ciudades y pueblos lejos de la línea del frente, destaca la directora de la investigación. “Es un claro intento de hacer la vida insoportable a los civiles que quedan”, resume.

Donde más concentra Rusia sus ataques es en Donetsk, que ha sufrido el 35,3% –993– de los bombardeos sobre infraestructuras civiles en los dos años de guerra. Fronteriza con Rusia, esta región del este de Ucrania fue la zona en la que Putin centró sus ataques nada más comenzar la invasión. En 2014, una oleada de protestas prorrusas acabó con una declaración unilateral de independencia por parte de dos provincias, que crearon la República Popular de Donetsk y la de Lugansk. En febrero de 2022, poco antes de invadir Ucrania, Rusia reconoció esos territorios.

En total, las víctimas civiles de la guerra de Ucrania ascienden a 30.010, de las cuales 10.378 son muertos, de acuerdo con las cifras de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, publicadas el pasado enero. Según sus cálculos, el ejército de Putin ha arrasado 236 instalaciones educativas y 59 hospitales desde el 24 de febrero de 2022. Los datos del CIR apuntan a que sólo el pasado enero hubo 56 víctimas civiles en Járkov y Kiev. Ocho hospitales, nueve colegios, dos hoteles, un mercado y hasta un campamento de verano resultaron dañados por los misiles sólo en la primera ciudad citada. En total, el CIR ha documentado 131 ataques a instalaciones civiles en Ucrania en el primer mes del año.

Pero 2023 ya había concluido con una gran ofensiva, la mayor desde el inicio de la invasión, cuando misiles y drones atacaron el 29 de diciembre seis ciudades ucranianas: además de Kiev, la capital, Járkov, Dnipro, Zaporiyia, Odesa y Lviv. Según el Gobierno ucraniano, las víctimas civiles se elevaron a 198, de ellos 39 fallecidos. Según el CIR, los ataques a instalaciones civiles se elevaron a 40.

De hecho, en 2023 Putin había redoblado los bombardeos a infraestructuras civiles. Fueron, de acuerdo con la investigación del CIR, 1.496 ataques, un 47,5% más que en 2022, el primer año de guerra.

Pero los misiles no se dirigen sólo contra escuelas y hospitales. También han caído bajo las bombas museos, centros culturales, iglesias y mezquitas, que han sufrido 374 ataques en dos años. Y 325 han sido los bombardeos documentados sobre silos de grano, plantas de alimentación o incluso plantaciones agrícolas.

En cualquier caso, la destrucción se está cebando con la enseñanza. El Gobierno de Kiev asegura que 331 instituciones educativas han sido destruidas y cifra en un 15% las de ciclo superior que han sido dañadas. Sólo en los primeros meses de la guerra, hasta 22.600 profesores habían huido del país. También hay que tener en cuenta que unas 3.500 escuelas se están usando como refugios.

Las bombas rusas no respetan nada: lo mismo destruyen una escuela para niños con dificultades visuales que la valiosa biblioteca científica de la Universidad de Karazinsky, refugio de ediciones raras y antiguos manuscritos con 218 años de antigüedad a sus espaldas, y que había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial.