El rey, el fin de la 'doctrina Mota' y el derecho de la ciudadanía a saber

La decisión del rey de proponer a Alberto Núñez Feijóo como candidato es impecable y, consecuentemente, ha sido refrendada por la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Sin embargo, el razonamiento de la Casa Real que pretende fundamentar la propuesta no lo es. Por eso ha dado tanto que hablar, aunque no poco de lo escrito solo sirve para aumentar la confusión sobre el procedimiento de la investidura reglado en el artículo 99 de la Constitución.

Nada se puede entender sin tener en cuenta lo que pasó en 2016. De hecho, los equívocos que provoca ese reciente comunicado de la Casa del Rey proceden de los que hizo esa misma Casa –que no dieron tanto que hablar– con ocasión del distorsionado procedimiento de investidura de 2016. Entonces, el cuco Rajoy se salió con la suya desvirtuando la esencia democrática del procedimiento, mediante la aplicación de la doctrina Mota. En estas mismas páginas, en julio de aquel año, expuse las anomalías constitucionales provocadas por quien se favoreció de ellas y cómo evitó su derrota, manipulando los tiempos de su comparecencia.

Lector, lectora: no les aburriré en un intento de exponer y desmenuzar esos equívocos; lo principal es que este artículo apela a su derecho a saber –como el de la entera ciudadanía española– cuál es el programa político del Gobierno que dice pretender formar Feijóo y cuál es el de Sánchez, los dos políticos que aspiran a la investidura presidencial.

Vaya por delante que es difícil entender lo que está pasando, y lo que puede pasar, sin contemplar el pasado. La cara del pensar mira desde el pasado, desde ese inmediato pasado en el que comenzó el tiempo político presente: el resultado de las elecciones de diciembre de 2015. 

Por primera vez desde las primeras elecciones de 1977, el resultado no dejaba claro quién conseguiría la investidura presidencial. Rajoy había “ganado” las elecciones (123 diputados para el PP) pero tres líderes políticos nuevos –Sánchez, Iglesias y Rivera, declarada y radicalmente opuestos a otorgar la confianza a Rajoy– sumaban para sus partidos más de 200 diputados. En la misma noche electoral, Sánchez (90 diputados) declaró que votaría “No“ a la investidura de Rajoy y que si este fracasaba él lo intentaría. Aquella posición política marcó su destino y dio curso a la reciente historia política de España. Eran tiempos de bipartidismo declinante y de independentismo catalán creciente.

Recordemos los hechos que vienen al caso. 

Uno.  Rajoy se arrogó el derecho a ser candidato a la investidura porque había “ganado” las elecciones. Pero NO QUISO SERLO NI ANTES NI DESPUÉS del fracaso del intento de Sánchez en abril de 2016. Reclamaba continuamente su derecho a ser candidato a presidente pero negándose a ejercerlo para no verse obligado a comparecer ante el Congreso para obtener su confianza para sí y para el programa político del Gobierno que pretendía formar, tal y como exige la Constitución (99.2).

Dos. Se generó el mal precedente de acudir a una repetición electoral, sin cumplir este precepto constitucional: "se tramitarán sucesivas propuestas” (99.4) si falla la primera. Patxi López, entonces presidente del Congreso, no advirtió al Congreso ni de la gravedad de la “renuncia" de Rajoy, ni advirtió al rey –que se sepa– del incumplimiento que se iba a producir del 99.4 si no proponía a otro candidato, tras fallar el intento de Sánchez en marzo de 2016.

Tres. En las elecciones de 26 de junio el PP subió a 137 diputados ; Rajoy fue  propuesto por el rey como candidato a la investidura el 28 de julio, pero la sesión de investidura se celebraría –convocada por la presidenta del Congreso, ahora ya Ana Pastor– solo tres meses más tarde; es decir, hasta después de que estallara la crisis en el infausto 1 de octubre del Comité Federal del PSOE que conllevó la dimisión de Sánchez como Secretario General y la abstención del Grupo Parlamentario Socialista, salvo 8 honrosas excepciones, necesaria para investir a Rajoy, entonces símbolo inequívoco de la protección de la corrupción del PP desde el Gobierno. 

Lo que la experiencia enseña, entre otras cosas, es:

Primero: Que el orden y el tiempo en el que se tramiten las posibles sucesivas propuestas importan y puede afectar al resultado. En 2016 se benefició de ello paradójicamente quien provocó las anomalías constitucionales.

Segundo: Que todos los partidos –no solo los que aspiren a la presidencia– pueden tener un interés legítimo en influir en ese orden y en los tiempos, cuando el resultado electoral no ha despejado con claridad quién pueda ser investido, con qué apoyos y con qué programa político de gobierno. Hacer valer ese interés con legitimidad pasa por respetar las reglas de la investidura y poner interés y reglas en correspondencia con la esencia democrática del procedimiento.

Y ahora vengamos a la actualidad.

El rey ha cumplido su función correctamente y a tiempo.

Correctamente porque ha propuesto como candidato –de entre los dos postulantes a la nominación, Feijóo y Sánchez– al primero; por la inobjetable razón de que en este trámite inicial (las consultas) disponía de 172 apoyos, muy por encima de los que llevaba Sánchez. Este ni siquiera contaba con los 5 del PNV y tampoco con los 7 de ERC ni los 7 de Junts, que públicamente habían declarado que una cosa era la negociación para la elección de la Mesa del Congreso y otra la de la elección del Presidente del Gobierno. La primera puede dar “pistas” pero no determina el resultado. ¿Prueba? La tienen en el año 2016: tras las elecciones de 2016, Patxi López fue elegido presidente del Congreso y el acuerdo no sustentó ninguna investidura.

A tiempo porque ni puede ni debe hacer cálculos políticos para cumplirla. Carece de toda responsabilidad tanto si la investidura prospera como si falla.  No se le puede exigir que dé a los eventuales candidatos un plazo para que negocien apoyos que aseguren que su investidura no será fallida. ¿Por qué dar un plazo en beneficio de un postulante para eliminar la opción de otro?  ¿Y si da un plazo y luego falla? En suma, el rey tiene que cumplir diligentemente su función, clave para que el procedimiento pueda entrar en su fase decisiva: la elección por el Congreso del Presidente del Gobierno.

Me cuestiono por qué Sánchez se ha postulado como candidato en esta primera ronda de consultas, a sabiendas de que no podía ser nominado por el rey. Sinceramente no lo sé

Me cuestiono por qué Sánchez se ha postulado como candidato en esta primera ronda de consultas, a sabiendas de que no podía ser nominado por el rey. Sinceramente no lo sé. Se pueden hacer muchos juicios de intenciones, como se hacen sobre las que pueda tener Feijóo; pero son altamente especulativas y solo dan noticia segura de la parcialidad de quien presume y juzga intenciones. Prefiero hacer una deducción: su postulación ha servido para que el comunicado explicitara que el rey “tramitará sucesivas propuestas", como prescribe el 99.4. En consecuencia, que Sánchez podrá tener su oportunidad si fracasa Feijóo. En consecuencia, que esta vez no se incumplirá ese precepto constitucional, como se incumplió en 2016, generando el pésimo precedente, que permitió su nuevo incumplimiento en 2019. Apuntemos que algunos medios de derecha apostaban por la posibilidad de que fracasado el intento de Feijóo se pasara a la disolución del Congreso y convocatoria de elecciones. Apuntemos, aunque ahora es prematuro considerarlas, que la ronda de consultas para una “sucesiva propuesta” presentará una complejidad mayor que esta primera; la que lleva a Feijóo a dar la cara en el Congreso: nada que alabar, nada que criticar, es su derecho, es su obligación. 

Y así llegamos al punto positivo de la situación actual: el fin de la doctrina Mota. El humorista manchego la expresó así: "Si hay que ir se va, pero ir pa ná es tontería “.

En política la siguió con éxito Rajoy (y no pocos juristas y políticos le alabaron la "genialidad") : no hay que ir a una investidura presidencial si no se tiene asegurado previamente el éxito. Esta “genialidad” es radicalmente contraria al derecho a saber de la ciudadanía, de los electores que han votado. Una investidura fallida no es una pérdida de tiempo. La elección del presidente por el Congreso es un momento estelar de la democracia representativa, de la democracia deliberativa. El pueblo ha elegido a sus representantes. Estos tienen que elegir al Presidente. Si no lo hacen fracasan. En previsión de que sea difícil, la Constitución permite y obliga a darse más de una oportunidad. En todo caso los aspirantes a la presidencia están obligados a pasar de las arengas y promesas electorales a los pactos necesarios para conseguir la mayoría necesaria. En campaña electoral se puede eludir más fácilmente tomar posición clara sobre los temas y los socios complicados. Pero en la investidura llega el momento de la verdad. Lo que se diga en el Congreso marca el programa del Gobierno si triunfa, influye en el segundo intento si fracasa, e influye en la campaña electoral si hay que repetir elecciones. Lamentarse por la complicación que conlleva el resultado electoral es de pusilánimes. Es la hora de hablar claro a la opinión pública, a la entera ciudadanía, a los propios electores. Es la hora de la audacia, no de la temeridad ni del temor.

Sánchez ha triunfado tanto más que por su “resistencia", por su audacia. Suárez, el primer presidente de la democracia española, consiguió serlo porque fue audaz, aunque luego no fue resistente. Rajoy fue resistente pero nunca audaz. De Feijóo no sabemos si es resistente ni sabemos si es audaz. Ahora es el momento en que se somete a prueba: en la investidura cuya esencia democrática obliga a la deliberación sobre los temas clave y los pactos necesarios.

Nadie da un euro por su triunfo. Aunque solo necesita, por ejemplo, la abstención de los siete de Junts para ser presidente, en cambio Sánchez necesita votos afirmativos del mismo grupo, a no ser que el voto de Coalición Canaria que hoy apoya a Feijóo, mañana apoyae a Sánchez. Cierto que Sánchez no tiene que dar un giro tan brusco como el que tendría que dar Feijóo para negociar una amnistía por el procés, asunto ya planteado como negociable. Cierto que hay otros asuntos clave: la política en la Unión Europea, el terrorismo machista que fluye naturalmente desde las enraizadas costumbres machistas.

En fin, momentos esplendorosos para el debate y el aprendizaje políticos, momentos apasionantes para que los líderes y los representantes del pueblo ejerzan la “funesta” manía de pensar y la de explicar. Las negociaciones necesitan discreción, pero esto no suspende la deliberación pública, aunque haya ciudadanos que no quieran calentarse la cabeza o no tengan tiempo de seguir los pormenores del debate. 

 En todo caso, me pregunto cuántos de los 350 diputados que elegirán al presidente están conversando con sus electores.

 Sea como sea, permanecer atentos puede ser influyente.

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José Sanroma Aldea es abogado.