Si no fuera por su insistencia en dejar claro que América “pertenece” a Estados Unidos, hasta podría sonar rancio un titular como el que figura más arriba. Pero es el propio Donald Trump, tanto con su reciente Estrategia Nacional de Seguridad (ENS, diciembre de 2025) como en su actuación en Venezuela y sus frecuentes declaraciones sobre Canadá, Groenlandia, Nicaragua, México y Cuba, el que más hace por actualizar el término imperialista, sin olvidar que Vladmir Putin hace lo propio en relación con Ucrania y Xi Jinping con Taiwán.

Cuba parece ahora el próximo objetivo trumpista en línea con lo que determina la citada ENS: reservarse el control de todo el continente americano, eliminando la presencia de actores externos que puedan cuestionar el dominio estadounidense (es decir, China y Rusia) y echar abajo a aquellos actores locales que puedan servir como instrumentos de actores externos. Un plan que en algunos casos echa mano de la ayuda económica (sirva como ejemplo la oferta de 40.000 millones de dólares a Argentina si los votantes respaldaban a Javier Milei en las elecciones legislativas del pasado octubre), mientras que en otros emplea la imposición de aranceles (como hizo con Brasil para castigar a Lula da Silva por la persecución judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro), llegando al empleo de la fuerza cuando lo considera necesario (como ocurrió en Venezuela con el secuestro de su presidente a principios de enero).

En el caso de Cuba la estrategia de ahogo ya ha logrado que el propio régimen cubano reconozca que ha agotado sus reservas energéticas de combustible, sin las cuales, obviamente, el país está abocado a una parálisis completa. A ese punto se ha llegado tanto por las propias deficiencias de un sistema que hace tiempo está inmerso en una profunda crisis sistémica, incapaz de cubrir sus propias necesidades, como por la decisión estadounidense de cerrar la vía del suministro procedente de Venezuela y de México. La presión de Trump también ha dejado al descubierto la falta de voluntad de Moscú por responder adecuadamente a las desesperadas llamadas de La Habana, buscando alguna ayuda para resistir el acoso y derribo desarrollado por Washington.

A partir de ahí, con un régimen sin alternativas realistas a mano, ante una población harta de sufrir tantas carencias durante un periodo tan prolongado, se abre un proceso que apunta en varias direcciones. Por una parte, resulta muy improbable que EEUU opte por hacer valer su fuerza militar para provocar la caída del régimen. A pesar de la abrumadora superioridad en ese terreno, la experiencia acumulada por Washington en sus recientes aventuras militaristas hace poco recomendable implicarse en un nuevo conflicto en el que se puede ver nuevamente empantanado. Es evidente que Cuba no tiene capacidad para resistir una embestida en toda regla, pero también lo es que cualquier invasión que implique el uso de tropas terrestres puede llevar a escenarios en los que el prurito nacionalista contra el invasor puede acabar arruinando lo que aparentemente parece un “paseo militar”.

De ahí que lo más probable es que Trump busque algún tipo de acuerdo negociado. Una vez que ha colocado al régimen en una situación insostenible, en la que no puede contentar mínimamente a su población y no puede esperar que nadie se la vaya a jugar por Cuba, tan solo le queda pactar algún arreglo, tratando de aparentar que no se trata de una capitulación en toda regla. En esa dirección apunta tanto la sucesión de noticias que señalan a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, nieto del expresidente cubano Raúl Castro, como el interlocutor principal con Washington, como el publicitado encuentro en la capital cubana del director de la CIA, John Ratcliffe, con el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas, y el jefe de los servicios de inteligencia.

La sensación dominante es que Washington busca entenderse con los principales representantes de la familia Castro, más que con el presidente Miguel Díaz-Canel, y con los pesos pesados del conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas (GAESA), que es quien controla los principales activos nacionales. Parecería que, a semejanza de lo ocurrido en Venezuela, no se busca tanto un cambio de régimen como un simple cambio de caras, con nuevos interlocutores que acepten la subordinación a Washington, al tiempo que logran mantener los privilegios de los que han gozado hasta ahora en un país tan castigado tanto por el embargo estadounidense, como por sus propios errores. Y si el precio a pagar es el abandono de la retórica revolucionaria e incluso la entrega de personajes como el propio Raúl Castro, todo da a entender que quienes ahora se muestran dispuestos a entenderse con Trump y los suyos están preparados para dar el paso.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Reina Isabel Tejada toma el expediente y lee: "Diagnóstico de síndrome de hombro doloroso derecho secundario a ruptura parcial del supraespinoso e infraespinoso y tendinitis glenohumeral".

Levanta la mirada y traduce: “Esta obrera tiene una discapacidad parcial permanente del 32%”. 

Éste es tan solo uno de los 900 expedientes médicos con 900 historias de trabajadoras de empresas internacionales en Honduras que fabrican ropa para exportar. Lo que en ese país llaman maquilas. Reina está en una pequeña oficina en un barrio de Choloma, una ciudad de unos 300.000 habitantes, donde la industria textil es la principal actividad económica: todos tienen algún familiar trabajando ahí. 

Es la oficina de la Colectiva de Mujeres Hondureñas, la CODEMUH, liderada por María Luisa Regalado desde 1989, una mujer que aprendió a leer y escribir a los 22 años, y unas décadas después recibió el premio Lideresa de Derechos Humanos otorgado por la embajada de Canadá en Costa Rica, Nicaragua y Honduras. La CODEMUH no es la primera organización que lidera María Luisa. Incluso siendo analfabeta, creó una de mujeres campesinas. Con los años, ayudó a que obreras con discapacidad adquirida por el trabajo ganaran juicios laborales y percibieran una idemnización o incluso una pensión. 

Pero el mayor de los logros de la organización y de María Luisa es que las mujeres sepan cuáles son sus derechos, que reclamarlos no es de “haragana” (vaga), ni de loca, que las pueden reubicar en otros puestos para que las enfermedades que les genera ese tipo de trabajo no empeoren. “Fue muy duro escuchar a mujeres que trabajaban en maquilas. Cómo podían trabajar 12 o hasta 24 horas. Eran mujeres del campo, eso me conectaba mucho a mí”, dice hoy la dirigente, que a pesar de no haber trabajado nunca en la maquila, sintió que ahí estaba su lucha.

La ropa que se produce en Honduras se exporta al mundo, sobre todo a Estados Unidos, y las empresas que contratan a estas mujeres son gigantes de la industria de otros países, como Canadá y también Estados Unidos. Se instalan en Choloma, en San Pedro Sula, en Villanueva, con beneficios por parte del Estado, no pagan impuestos, y emplean a jóvenes durante años hasta que dejan de ser productivas.

Según el informe del Instituto Nacional de Estadística de Honduras sobre comercio exterior, casi la mitad de lo que Honduras exporta va a Estados Unidos. Europa, por su parte, representa en promedio el 15,5% (449,1 millones de dólares) del total de las exportaciones hondureñas. Los principales productos son el café, el banano y los textiles. 

En el caso particular de España, según datos del Observatorio de Complejidad Económica (OEC), entre 2018 y 2024 cerca del 6% de lo que exportó Honduras a este país fue ropa.

Esta industria tiene un impacto masivo en la economía nacional: representa el 25% del PIB si se suma el consumo intermedio de bienes y servicios locales.

Choloma concentra casi el 80% de la actividad maquiladora del país. La empresa más nombrada por trabajadoras y especialistas en esa ciudad, y que tiene gran parte de la producción textil, es Gildan Activewear, de Canadá, que produce 18 marcas como Gildan, American Apparel, Comfort Colors, GOLDTOE y Peds, y emplea a unas 50.000 personas en 12 países. 

Las marcas que se producen van desde American Apparel, Fruit of the Loom o Calvin Klein a Nike y Adidas, que incluso lo comunican en sus propias páginas web de transparencia. 

Nike, por ejemplo, publica un mapa interactivo donde se puede ver por país cuáles son las empresas proveedoras. En Honduras son cuatro, de las cuales dos están en Choloma: Gildan Hosiery Rio Nance S. de R. L, y Gildan Textiles de Sula S de R L.

Adidas tiene una lista de sus proveedores principales y subcontratistas, donde aparecen muchos países, entre ellos Honduras, con la maquila Pinehurst Manufacturing GMBH. 

En el mismo documento figuran los proveedores de procesos húmedos que, según explican, son aquellos que requieren un uso intensivo de agua, como el teñido y el acabado de materiales. En ese listado aparece, de nuevo, Gildan Textiles de Sula, S. de R.L., ubicada en Choloma.

La organización Maquila Solidarity Network publica listados de las marcas y sus proveedores, donde se puede buscar por marca qué empresas son las que producen sus prendas. 

“Nosotras siempre dejamos claro, no estamos en contra de la fuente de empleo, no estamos en contra de la maquila, sino de la forma en que se implantan estas transnacionales en nuestro país. Pensando más en fortalecer sus capitales, sus ganancias a costa de la destrucción del cuerpo y la vida de las mujeres y también de los hombres que trabajan en esta industria maquiladora”, dice Reina Tejada, que luego de conocer a la CODEMUH estudió abogacía para defender los derechos de sus compañeras. 

¿Cuál es esa forma que menciona la abogada? En la maquila se trabaja en "celdas de producción", un término que remite más a lo carcelario que a una empresa textil. Así, unas deben presionar a las otras, hay rivalidad. “A esta haragana quítemela, no quiere producir”; “Haragana, muévase como se movía anoche”; “No ves que por vos vamos a perder la meta”. 

La producción se organiza en módulos: grupos de trabajadoras y trabajadores que comparten una meta colectiva y donde cada una realiza una operación muy específica dentro de la cadena de ensamblaje de una prenda. “La meta que nosotras teníamos que hacer era 479 docenas de prendas por día. En total son más de 1900 docenas a la semana. Trabajamos de lunes a jueves”, dice Fanny Mejía.

En la entrevista en la oficina de la CODEMUH, Fanny, de tan sólo 33 años, se para y muestra las secuelas, los daños de este modo de trabajo, y cuando habla siente que es como una terapia, que se desahoga. Lleva 15 trabajando, y ya cuenta con un largo historial de enfermedades laborales: “Padezco de tendinitis crónica con inflamación en el acromio en el hombro derecho y tengo una leve tendinitis en el hombro izquierdo. Y también tengo una rectificación cervical y una lumbalgia crónica”. Dice, ahora, que si Dios le diera la oportunidad de volver a nacer, la maquila sería lo último que buscaría. Pero también piensa que, con su padre que sólo hizo primer grado, y su madre cuarto grado, con bajos recursos económicos, quizá no le quedaría otra opción.

Fanny explica que en los últimos meses, su módulo –su grupo de trabajo– pasó de ser de 19 a 16 personas, pero la meta de producción sigue siendo la misma. Para compensar, le asignaron a las trabajadoras que quedaron dos operaciones en lugar de una. Por ejemplo, dice, una compañera que antes solo cerraba manga ahora también cierra cuellito: en 40 minutos tiene que completar 48 docenas de una operación y en 20 minutos, 10 docenas de la otra. Esto ocurre incluso con trabajadoras que ya tienen problemas musculoesqueléticos. 

Para el doctor mexicano Luis Manuel Pérez H. Pantoja, especialista en salud laboral de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, México, la explicación es estructural. El modelo maquilador, dice, surge a nivel mundial como una forma de aumentar la tasa de ganancia, y lo logra con bajos salarios y jornadas prolongadas. La jornada 4x4 –cuatro días de trabajo, cuatro de descanso– que se presentó como un beneficio, en la práctica significó mantener la misma meta de producción en menos días. “Ahora los equipos tienen que producir lo mismo con un día menos de trabajo”, explica. Y lo que enferma no es el movimiento en sí: “Es la cantidad de movimiento y la intensidad con la que se hace”. 

Según el informe Negociando colectivamente por el trabajo decente y digno de mayo de 2022, realizado por el Dr. Mark Anner, publicado por el Centro de los Derechos Laborales Globales de Penn State y el Center for Global Workers’ Rights (CGWR), el 56% de los trabajadores de la maquila hondureña están empleados en una jornada de trabajo 4x4 o 4x3. Bajo tal horario, trabajan de 11 a 12 horas por día. “Durante los días que no están trabajando, otro turno de trabajadores ingresa a la fábrica. Esto permite a los propietarios de las fábricas mantenerlas funcionando las 24 horas del día sin tener que pagar horas extras”, explica el informe.

Ese documento a su vez menciona las enfermedades: “La intensidad del trabajo impulsada por este sistema de metas de producción, junto con los turnos largos, son las principales causas de los problemas relacionados con la salud ocupacional”. 

Pero no siempre existió el reconocimiento de lo que generaba esta forma de trabajo en el cuerpo de las mujeres. El primer hito fue en 2012, cuando la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, de México, llevó adelante un estudio sobre la salud de las trabajadoras de la maquila hondureña. El informe final vino a validar desde el ámbito científico lo que las obreras y la CODEMUH venían diciendo hace tiempo: que más del 60% tienen trastornos musculoesqueléticos ocupacionales. Estos se definían como “enfermedades o lesiones que afectan al aparato locomotor: músculos, tendones, esqueleto, bursas, cartílago, sistema vascular, ligamentos y nervios que son causadas o agravadas por la exposición laboral a factores de riesgo”.

También recogía el informe que casi el 50% tiene ansiedad, depresión, y distrés –un estado de estrés prolongado tanto en su duración diaria como a través del tiempo–. Y que a más años en la maquila, más daño: quienes llevan más de 13 años tienen una tasa de trastornos musculoesqueléticos de 70%.

Además, el informe habla de que el 87% realiza movimientos repetitivos de manos o abre excesivamente los dedos, y la espalda y los hombros son las zonas más afectadas, y que el 76% está encorvada o con el cuello flexionado. Que más de 8 de cada 10 repiten el mismo movimiento cada 30 segundos o menos, lo que se considera alta repetitividad. Y que solo el 8% trabaja jornadas de 8 horas.

El estudio se hizo en conjunto con la CODEMUH, se capacitó a las trabajadoras para hacer las encuestas a sus compañeras afuera de los parques industriales de Choloma, San Pedro Sula, Villanueva y La Lima. Lo llevaron a cabo mediante un estándar utilizado a nivel internacional para salud laboral: el cuestionario nórdico escandinavo de molestias musculoesqueléticas Kuorinka. ¿Ha tenido molestias en el cuello, en los hombros, en la dorsal o lumbar, en el codo? ¿Cuánto tiempo estas molestias le han impedido hacer su trabajo en los últimos 12 meses? ¿A qué atribuye estas molestias? Con estas y otras preguntas, las propias trabajadoras relevaron a más de 520 compañeras de 49 empresas en cinco parques industriales, indagando sobre calidad de vida y trabajo doméstico, condiciones de trabajo, riesgos y exigencias laborales y niveles de depresión ansiedad y estrés.

Las respuestas confirmaron que el 78% no se levanta de su lugar de trabajo durante toda la jornada, que el 72% llega antes del horario para adelantar producción, que el 58% no habla con sus compañeras, que el 45% acorta el tiempo del almuerzo, y que el 40% no toma agua para no ir al baño. “Las condiciones de trabajo no han mejorado. Al contrario, han empeorado”, dice hoy el doctor Luis Manuel Pérez H. Pantoja, uno de los autores del estudio de la universidad mexicana.

Antes de 2012, sin el documento en sus manos como respaldo, María Luisa Regalado debía convencer personalmente a los médicos de que estos problemas no eran mentales, y que las trabajadoras estaban sufriendo. "Las máquinas viejas se dañan y se enferman" –le dijo un médico de un hospital de Choloma, hablando de los padecimientos de las trabajadoras. "No estamos hablando ni de máquinas ni de viejas. Estamos hablando de mujeres y jóvenes" –respondió ella.

Fanny Mejía lo sabe: es joven y ya tiene el cuerpo dañado: “Ellos ahora lo mandan a uno con el psicólogo y lo mandan con el psiquiatra, ya que ellos dicen de que nuestros padecimientos son mentales, que es algo que nosotras como que nos imaginamos porque nos estresamos demasiado, nos preguntan que si tenemos problemas personales”.

Pero no, no son problemas personales. En 2024, en su informe de sostenibilidad, Gildan Activewear reconoce que hubo un aumento en las lesiones laborales en Honduras. La compañía reporta un aumento de “lesiones de manos en nuestras instalaciones textiles en Rio Nance, Honduras, relacionadas con el manejo de equipos y herramientas”.

Sobre los problemas de salud de las trabajadoras, Guillermo Matamoros, gerente de la Asociación Hondureña de la Maquila, en una llamada desde Ginebra, Suiza, en la OIT (Organización Internacional del Trabajo), participando de una reunión técnica sobre inteligencia artificial en la manufactura, dice: "Bueno, es un trabajo que sí tiene algunos factores de repetitivo, pero no es algo que sea crucial, no, no creo que ése sea el tema, algunas organizaciones dicen que sí hay, pero la industria aborda eso de manera muy seria y responsable".

Las maquilas emplean a trabajadoras cuando tienen de 18 a 25 años, máximo: “Y estas personas le dieron toda una vida, 20, 25 años de laborar, a empresas que después los dejan con discapacidades –dice Reina Tejada–, porque no nacieron con esas discapacidades, sino que las adquirieron producto del trabajo que realizan en la maquila por la forma en que se organiza el trabajo”.

Tener 30 años para una obrera de la maquila es ser vieja. “Por tener ya arriba de 30 años, arriba de 25 años hoy en día ya uno no lo contratan. O sea, si yo me salgo de la maquila, yo ya no puedo trabajar”, dice Fanny, y es el único momento de la entrevista en que llora.

Hace tiempo quería escribir esto.

Para empezar, quiero dejar claro que me considero una persona de izquierda y que respaldo y reconozco la lucha por la democracia en Venezuela de María Corina Machado, aunque estemos en las antípodas ideológicamente hablando. Más allá de lo que cada uno piense sobre la estrategia política de Machado, lo que me inquieta es el rechazo a todo el colectivo venezolano, en América Latina y España.

La mayoría de los venezolanos que viven en España y Estados Unidos son simpatizantes de la derecha, al igual que miles de nicaragüenses y cubanos que han huido de regímenes de pseudoizquierda.

La reciente visita de la señora Machado a España, un despropósito al desdeñar reunirse con el Gobierno, ha generado una serie de comentarios contra los venezolanos que, desafortunadamente, me ha tocado escuchar.

“Qué pesados los venezolanos” es una de las expresiones que más recuerdo ahora. Esto no es nuevo.

Hace algunos meses, un periodista de izquierda publicó un artículo de opinión en el que, sin ahorrar calificativos, tildó a los venezolanos como “gusanera fascista” y “escoria desagradecida”. La propia Federación de Asociaciones de Periodistas de España dictaminó que ese texto “no respeta la normativa deontológica”, al “insultar y menospreciar” a los inmigrantes solo porque no piensan igual.

Se puede discrepar. De hecho, eso es lo que más valoro de la democracia. Lo que no se puede es ampararnos en la libertad de expresión para criticar desde las bilis y usar expresiones que rayan en lo xenófobo. Y menos cuando no se conocen las experiencias vitales de ese colectivo. Experiencias que también han vivido los cubanos y nicaragüenses y a los que muchas veces se les cuestiona por situarse ideológicamente en el espectro de la derecha.

Tenía ganas de escribir esto porque mis compatriotas nicaragüenses son igual de derecha que los venezolanos. La mayoría no simpatiza con esta izquierda española y se niega a entender que no es la misma que nos gobierna en Nicaragua.

Y yo me siento un poco incómodo cuando en mi entorno se empieza a despotricar contra los venezolanos. Estamos atravesados por la misma desgracia del autoritarismo, guardando las distancias.

Hay que asumir y comprender que los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela han cometido graves violaciones a los derechos humanos y han cercenado las frágiles democracias para convertir esas naciones en dictaduras, como las de derecha del siglo pasado en América Latina, promovidas por Estados Unidos.

La izquierda española ha sido incapaz de reconocer que un sector de la “izquierda” latinoamericana tiene un perfil autoritario. No es cuestión de ideología, es una cuestión de democracia y dictadura. Las dictaduras se condenan, sean de izquierda o de derecha.

Así que los venezolanos simpatizan con los partidos que condenan el régimen del que huyen. Claramente, la derecha usa el tema de las dictaduras latinoamericanas de izquierda para sus propios intereses, y poco les importa su situación.

Lo mismo pasa con mis compatriotas nicaragüenses. Si lo que conocen de la izquierda es el autoritarismo, es comprensible que quieran otra opción ideológica. Esto puede que sea un argumento simplista, dependiendo del prisma desde donde se quiera ver.

Sin embargo, esa derecha a la que apoyan es la primera que los expulsaría. Ya lo ha hecho Donald Trump en Estados Unidos, y en España, el Partido Popular y Vox, derechas, se oponen a la regularización masiva que ha impulsado el Gobierno y que sacará de la irregularidad a miles de inmigrantes.

Vox y el Partido Popular enarbolan la consigna de “dar prioridad a los ciudadanos españoles frente a los extranjeros”.

Estamos llegando al momento en que los latinoamericanos también están resultando incómodos. Por tanto, los venezolanos y nicaragüenses debemos reconocer qué partidos políticos han impulsado iniciativas que nos benefician en términos de derechos.

Por ejemplo, el gobierno español de Pedro Sánchez otorgó la residencia por razones humanitarias a miles de venezolanos desde 2018. La derecha jamás habría aprobado cosa semejante.

Sánchez también ha otorgado la nacionalidad española a nicaragüenses a los que el dictador Daniel Ortega ha dejado apátridas.

Lo que le ha faltado a la izquierda es el valor para condenar a las dictaduras latinoamericanas. La derecha, en cambio, utiliza nuestras tragedias para infundir miedo. Hay hipocresía de ambos lados.

En el caso de la izquierda española, aún romantiza las revoluciones cubanas y sandinistas, que fueron un halo de cambio en el siglo pasado, pero que tristemente derivaron en autoritarismo. Además, suele exigir una pureza ideológica al migrante venezolano que ella misma no se aplica.

A los venezolanos se les ataca de una forma peligrosa y cada vez más normalizada. Suelo callar cuando escucho comentarios negativos hacia ellos porque hay días en que no tengo energía para entrar en debates que requieren comprender otros contextos. Los españoles que los critican, no hablo de todos en general, no empatizan con su drama.

Critican desde la comodidad de la democracia. Que andan con banderas, que votan a la derecha. Reducen un tema complejo a lo más simple.

Omiten que detrás de esa persona que va a la Puerta del Sol en Madrid con su pabellón nacional está la historia de un inmigrante que vivió represión por el solo hecho de defender la democracia, por ejemplificar. Y seguramente hay historias más dramáticas: gente que vio a los suyos morir por fuerzas militares o paramilitares chavistas, periodistas que dejaron sus redacciones y que valientemente siguen denunciando desde su exilio.

Muchas veces se cree que todos los venezolanos viven en el barrio rico Salamanca, en Madrid. Y no. Seguramente vivirán muchos, pero esa es una élite reducida. No representan al exilio venezolano en su totalidad.

Un chico venezolano con el que estuve saliendo el año pasado me contó que antes de viajar a España estuvo viviendo en Colombia. Llegó a ese país por la frontera de Cúcuta, caminando por varios días por veredas y carreteras. Sus pies tenían llagas al terminar esa odisea. Desde hace cuatro años vive en el barrio obrero de Usera.

Me contó su periplo, un día de verano mientras viajábamos en un bus por Madrid, tras cuestionarle que simpatizara con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Al escuchar su historia, pensé en todas las veces que he escuchado comentarios despectivos sobre los venezolanos en España. Pensé en quienes los llaman pesados, exagerados. Pensé en quienes reducen su dolor a una consigna política o a un estereotipo ideológico.

Los venezolanos no son caricaturas políticas. Son personas que tuvieron que reinventar su vida lejos de su país. Tal vez por eso me repudia tanto escuchar el desprecio con el que algunos se refieren a ellos. Cuando alguien dice “qué pesados los venezolanos”, lo que en realidad está diciendo —aunque no lo sepa— es que no quiere escuchar las razones por las que esa gente tuvo que huir y por qué votaría a la derecha. Es un juicio rápido.

Y ahí está el fondo de todo esto: no se trata de estar de acuerdo con sus ideas políticas, ni de votar lo mismo que ellos, ni siquiera de simpatizar con la señora Machado. Se trata de algo mucho más básico: reconocer su historia y su derecho a ser escuchados sin ser insultados.

Nadie camina durante días con los pies llenos de llagas por capricho. Nadie abandona su país, su familia y su vida por gusto. Se van por necesidad, por miedo. Se van, muchas veces, para sobrevivir.

Ese chico venezolano que conocí al final de su testimonio me dijo, y tengo sus palabras haciéndome eco:

—Ya te di mis razones. ¿Ahora decime por qué debo votar lo contrario?

Se las di.

A los migrantes y exiliados de Venezuela, Cuba y Nicaragua les digo que deben reflexionar sobre a qué partido apoyar desde su condición de extranjeros, migrantes o refugiados.

A los españoles: cuando se escucha la experiencia vital del exilio, esa herida de pérdida, la ideología no deja de ser más que un capricho.

Y si esto que escribo a los dogmáticos les parece ingenuo o una contradicción, me da igual. Hay cosas que necesito escribir.

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José Denis Cruz es periodista nicaragüense exiliado en España. Es miembro de la Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo y coordinador de Casa Centroamérica en España.

Las disposiciones comerciales del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur empezarán a aplicarse de forma provisional a partir del próximo 1 de mayo, anunció la Comisión Europea este lunes en un comunicado, informa EFE. 

"La Unión Europea ha notificado hoy a los países del Mercosur el instrumento de aplicación provisional del Acuerdo Comercial Provisional UE-Mercosur", indicó el Ejecutivo comunitario.

Explicó que, con el envío de su "nota verbal" a Paraguay, país depositario de los tratados del Mercosur, la Comisión Europea ha dado el último paso procedimental necesario para la aplicación provisional, de conformidad con la decisión del Consejo de la UE del pasado 9 de enero.

Así, el acuerdo comercial se aplicará de forma provisional a partir del 1 de mayo entre la UE y todos los países del Mercosur que hayan completado sus procedimientos de ratificación y lo hayan notificado a la UE antes de finales de marzo; Argentina, Brasil y Uruguay ya lo han hecho, mientras que Paraguay ha ratificado recientemente el acuerdo y la CE espera que envíe su notificación en breve.

La aplicación provisional garantiza la eliminación de los aranceles sobre determinados productos "desde el primer día, lo que crea normas predecibles para el comercio y la inversión", recordó la Comisión, que agregó los sectores sensibles de la economía de la UE "están plenamente protegidos por sólidas salvaguardias".

El militar retirado Luis Arroyo, hasta ahora ministro de Defensa de Perú, fue nombrado este martes nuevo primer ministro por el presidente interino, José María Balcázar, tras el cese de Denisse Miralles en el cargo, a solo un día de acudir al Congreso a pedir el voto de confianza.

Arroyo era desde el pasado 24 de febrero ministro de defensa dentro del gabinete encabezado por Miralles, tras la elección por parte del Parlamento del congresista izquierdista Balcázar como nuevo presidente interino de Perú, en reemplazo del destituido José Jerí.

A menos de un mes de las elecciones generales, Balcázar se vio obligado a cambiar a su mano derecha en el Ejecutivo al ver que Miralles no iba a lograr el voto de confianza por parte del Legislativo, donde varios partidos, que buscan ser parte del Gobierno o tener influencia en él, habían anticipado que votarían en contra.

En ese escenario, Arroyo fue el escogido por Balcázar para encabezar el gabinete ministerial con el objetivo de dar al Consejo de Ministros un enfoque mayor en seguridad, la principal preocupación de los peruanos ante el auge del crimen organizado en distintas partes del país.

En su trayectoria como militar, Arroyo comandó divisiones del Ejército en distintas partes del país y ocupó también cargos de mando en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca cocalera de Perú, donde opera el último remanente del grupo armado Sendero Luminoso, en connivencia con las mafias del narcotráfico.

Tras pasar al retiro, el nuevo primer ministro fue designado como jefe del Instituto de Defensa Civil (Indeci) en noviembre de 2025, bajo el mandato del presidente interino José Jerí, y tras la destitución de este pasó a ser ministro de Defensa con Balcázar.

Durante su periodo como ministro tuvo que enfrentar la atención a las emergencias producidas por las inundaciones registradas en diversas partes del país, un contexto en el que se estrelló un helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú donde murieron 15 personas, entre ellos 4 militares y 11 civiles, familiares de la tripulación.

El cambio en la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú se produjo pese a los pedidos al Congreso de los principales gremios empresariales del país para que se le diese el voto de confianza a Miralles y no se elevase la inestabilidad política en el país, que acumula ocho presidentes en menos de diez años.

El Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) anunció este viernes que representantes del Gobierno de la isla "han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos", según informa EFE. Hasta ahora, el Gobierno cubano había mantenido el silencio a pesar de la insistencia de la Administración Trump en que estaban deseosos de negociar.

"Dirigidos por el General de Ejército Raúl Castro Ruz como líder de la Revolución y por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez -y en acción colegiada con las máximas estructuras del Partido, del Estado, y del Gobierno-, funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos", señala el comunicado, difundido en redes sociales.

En un mensaje grabado, Díaz-Canel explicó por su parte que "Cuba ha sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos". El objetivo era, "en primera instancia, identificar los problemas que necesitan solución y las posibles soluciones que puedan tener", agregó el presidente, quien matizó que los acuerdos aún están "alejados".

Se pretende "determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países" e "identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la paz y seguridad de ambas naciones" y también "de la región de América Latina y el Caribe". Díaz-Canel agregó que en estos "intercambios", la parte cubana ha expresado "la voluntad" de que se realicen "sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos estados, a la soberanía y la autodeterminación de nuestros gobiernos".

Este acercamiento llega tras meses de amenazas por parte de la Casa Blanca hacia Cuba. Después del secuestro de Maduro, Trump empezó a dirigirse hacia la isla, que depende en gran parte del petróleo venezolano, como su próximo objetivo.

Washington ha elevado la presión bloqueando la entrada de importaciones de petróleo a la isla, que tan sólo produce un tercio del crudo para satisfacer sus necesidades energéticas. El gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, ha reconocido los estragos que el control del petróleo por parte de Estados Unidos en Latinoamérica ha dejado en su país. “Hace más de tres meses que no entra un barco de combustible en el país. Estamos trabajando en unas condiciones muy adversas, con un impacto inconmensurable en la vida de todo nuestro pueblo”, ha asegurado.

Precisamente la semana pasada Trump expresó que el Gobierno de Cuba caería "muy pronto" y reiteró que La Habana tenía "muchísimas ganas" de negociar con Washington. En una conversación telefónica con la cadena CNN sobre la operación militar lanzada por EEUU e Israel contra Irán, Trump insistió en que el régimen comunista de la isla sería el próximo blanco tras una "exitosa" campaña en Oriente Medio.

Este jueves el Gobierno cubano anunció la excarcelación de 51 presos después de mantener contactos con El Vaticano. El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre esta decisión no hacía ninguna mención a Estados Unidos.

El ultraderechista José Antonio Kast asumió este miércoles la Presidencia de Chile en una solemne ceremonia en la ciudad costera de Valparaíso a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España y el argentino Javier Milei. "Sí, juro", dijo el exdiputado ultracatólico, que con 60 años se convierte en el primer presidente de extrema derecha en llegar al poder desde el retorno a la democracia.

En el Salón de Honor del Senado, la nueva presidenta de la cámara alta, la conservadora Paulina Nuñez, le impuso la banda presidencial y la medalla de O'Higgins a Kast, que sucede al progresista Gabriel Boric. El abogado es también el primer mandatario en democracia en respaldar la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), ya que el único conservador que había gobernado hasta ahora era Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que votó en contra de la continuidad del régimen en el plebiscito de 1989.

Además de Milei y el monarca español, acuden a la ceremonia los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; Bolivia, Rodrigo Paz; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Yamandú Orsi.

La sorpresa la dio el mandatario brasilero, Luiz Inácio Lula da Silva, quien suspendió su participación a última hora por problemas de agenda, aunque según la prensa brasileña la cancelación obedeció a la presencia de Flávio Bolsonaro en la ceremonia, considerado su principal rival en las elecciones de octubre e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

También asisten la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Horas antes, en la residencia oficial de Cerro Castillo, en la vecina Viña del Mar, Kast se hizo una foto oficial con su gabinete, integrado por 24 ministros, en su mayoría sin experiencia política, vinculados al sector privado y a la academia. Los titulares de las carteras más importantes serán el economista ultraliberal Jorge Quiroz (Hacienda), la exfiscal Trinidad Steinert (Seguridad Pública) y el exparlamentario Claudio Alvarado (Interior).

Tras la ceremonia, Kast ofrece un almuerzo a las autoridades extranjeras que acudieron al relevo presidencial y posteriormente se desplaza a Santiago para realizar su primer acto oficial en una escuela capitalina. Sobre las 21:00 hora local (00:00 GMT) de este miércoles, Kast tiene previsto pronunciar su primer discurso como mandatario desde La Moneda, donde detallará las prioridades del "Gobierno de emergencia" que ha prometido instalar.

Padre de 9 hijos y antiabortista declarado, el gobernante prometió en campaña que no dará la "batalla cultural" en materia de libertades individuales y derechos sexuales y reproductivos y que se centrará en las principales preocupaciones de los chilenos: seguridad, migración irregular y economía. Kast, que gobernará con el apoyo de su formación —el Partido Republicano— y la derecha tradicional, tendrá que lidiar con un Parlamento dividido y sin mayorías claras.

Chile se prepara para la llegada, por primera vez en democracia, de la extrema derecha al poder, con la expectación de si el "Gobierno de emergencia" prometido por el ultraderechista José Antonio Kast dará solución a las principales preocupaciones ciudadanas (seguridad, migración irregular y economía) o si se queda en el eslogan.

Kast, de 60 años, sucederá al progresista Gabriel Boric en una ceremonia el miércoles en el Parlamento chileno, en la ciudad costera de Valparaíso, a la que acuden varios jefes de Estado y Gobierno de Europa y América, como el rey Felipe VI de España, el argentino Javier Milei, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el ecuatoriano Daniel Noboa, entre otros. También confirmaron el boliviano Rodrigo Paz, el paraguayo Santiago Peña, el panameño José Raúl Mulino, el uruguayo Yamandú Orsi, el dominicano Luis Abinader, el costarricense Rodrigo Chaves y el hondureño Nasry Asfura.

Se esperaba que la cita congregase a los principales líderes de la ultraderecha mundial, a los que Kast visitó en varios viajes entre diciembre y febrero, pero finalmente no estarán el húngaro Viktor Orbán, el salvadoreño Nayib Bukele y la italiana Giorgia Meloni. Se había especulado además con la participación del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pero al final viajará el subsecretario Christopher Landau.

Más tarde, ya en Santiago, Kast ofrecerá un discurso desde La Moneda (sede del Gobierno), convertido ya en el noveno presidente de la democracia y en el primero en defender el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).

El exdiputado ultracatólico liderará un gabinete de 24 ministros (13 hombres y 11 mujeres), vinculados en su mayoría al sector privado y al académico y entre los que hay dos antiguos abogados de Pinochet.

Kast reservó pocos ministerios para miembros de su partido, el Republicano, y para las formaciones políticas de la derecha tradicional que le apoyaron en la segunda vuelta de diciembre (UDI, Renovación Nacional y Evópoli), cuando arrasó con el 58% de los votos.

Padre de 9 hijos, antiabortista y miembro del movimiento católico Schoenstatt, el futuro presidente ha prometido mano dura contra la migración irregular y la delincuencia, en uno de los países más seguros de la región, y ha asegurado que no dará la "batalla cultural".

Su objetivo es "recuperar la grandeza de Chile" y entre sus promesas estrella se encuentran la construcción de un muro en la frontera norte, la expulsión masiva de migrantes, rebajas de impuestos, un crecimiento del 4% y un megarrecorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses "sin tocar el gasto social", algo cuestionado de manera transversal por economistas.

"Uno de sus principales retos es gestionar las enormes expectativas que creó, a la vez que ordenar a sus adherentes", dijo a EFE Rodrigo Pérez de Arce, de la Universidad del Desarrollo, quien considera que "es muy probable que el Gobierno tenga presión por la derecha".

Esa presión vendría fundamentalmente del Partido Nacional Libertario, una ultraderecha más radical que Kast, que tiene una importante presencia parlamentaria y que, pese a darle su apoyo en el balotaje, decidió no formar parte del Ejecutivo. Claudio Fuentes, de la Universidad Diego Portales, coincide en el diagnóstico: "Creo que hay bastante incertidumbre del rumbo que va a tener este Gobierno", reconoció a EFE.

Kast sucederá en el cargo al progresista Gabriel Boric, el mismo que hace cuatro años le ganó en las urnas y que mañana dejará La Moneda con 40 años recién cumplidos y tras haber llevado al poder a una nueva izquierda.

Pese a la distancia ideológica que les separa, el traspaso de mando transcurría con normalidad hasta que la cordialidad saltó por los aires cuando Kast acusó a Boric de esconderle información sobre un proyecto en etapa preliminar para construir un cable digital submarino entre Hong Kong y Chile, algo que el exlíder estudiantil negó. El proyecto desató el enfado de la Administración de Donald Trump, que sancionó a tres funcionarios por "socavar la seguridad regional". 

En una decisión inédita en democracia, Kast suspendió la semana pasada las reuniones con la Administración saliente y, en plena tensión diplomática con Estados Unidos, viajó a Miami para participar el sábado en la cumbre ultra organizada por Trump contra el crimen organizado y la influencia de China en la región. "La decisión de golpear la mesa y suspender el traspaso de mando es reflejo precisamente de la presión que ejerce en Kast ese grupo más radical y confrontacional", apuntó Fuentes.

Tendrá que lidiar con un Parlamento dividido, donde el bloque de derecha y ultraderecha está a dos diputados de la mayoría en el Congreso (78) y donde serán fundamentales los votos del populista Partido de la Gente (PDG).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado ante una docena de mandatarios latinoamericanos que no tiene tiempo de aprender español: "No voy a aprender su maldito idioma", afirmó entre risas.

Según recoge EFE, el mandatario republicano hizo estas declaraciones durante una cumbre en Miami con presidentes de derecha de la región, entre ellos el de Argentina, Javier Milei, y el de El Salvador, Nayib Bukele.

Durante su discurso, Trump subrayó que su secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, tiene una "ventaja lingüística" sobre él, dado que habla español.

"No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo. No tengo problema con los idiomas, pero no voy a dedicar tanto tiempo a aprender el suyo", declaró provocando las risas de algunos asistentes.

El republicano dijo que prefiere tener "un buen intérprete" y, acto seguido, contó una anécdota sobre una conversación con un mandatario extranjero, cuya identidad no reveló, en la que una intérprete no le tradujo bien. Según relató, se dio cuenta del error a pesar de no entender el idioma.

También afirmó que de poco sirve tener un buen desempeño en negociaciones con su homólogo chino, Xi Jinping, o ruso, Vladímir Putin, si el intérprete no es bueno.

Posteriormente, Marco Rubio ofreció unas palabras en español, tras lo cual Donald Trump bromeó con que su secretario de Estado "es mejor en español" que en inglés.

A continuación tomó la palabra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien declaró entre risas que él solo habla "americano".

Trump convocó a los líderes de la derecha latinoamericana en una cumbre en un club de golf en Florida a la que no fueron invitados los mandatarios progresistas de México, Brasil o Colombia.

Los asistentes a la cumbre son los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chavez; República Dominicana, Luis Abinader; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry 'Tito'Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña, y Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

También asiste el presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, quien el próximo miércoles tomará posesión.

La era de los narcosubmarinos afecta no solo a España, país elegido por cárteles de todo el mundo para recibir grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica por este medio de transporte, sino también a Centroamérica y, cada vez con más fuerza, a Australia. Ese es el más que probable destino del mayor semisumergible jamás intervenido hasta la fecha en cualquier lugar del planeta: 35 metros de eslora, con capacidad para cuatro tripulantes y más de 5.000 kilos de cocaína.

El hallazgo tuvo lugar en las inmediaciones de isla Santa Rosa, en la costa del Pacífico, en terreno de Ecuador pero a muy pocos kilómetros de distancia de la frontera sur de Colombia. El lugar de la incautación esta próximo al punto en el que se había apresado el aparato que lucía el anterior récord en cuanto a tamaño, 30 metros, si bien en aquel caso se trataba de un aparato diferente, con motores fueraborda y, por lo tanto, un destino distinto: acercar la sustancia a Centroamérica para su envío a México.

En el caso que acaba de trascender, todo apunta a un objetivo muy distinto: Australia. Ello es así no solo por el lugar en el que fue localizado, en la costa del Pacífico, sino por sus características: es un aparato de bajo perfil muy similar a los que han sido hallados en España o en el Atlántico en dirección a Europa: motorización intraborda, propulsión diésel y gran capacidad para el combustible. De hecho, tenía en su interior 24.000 litros, cantidad más que suficiente como para alcanzar Nueva Zelanda o Australia sin repostar, dada la eficiencia de los citados motores.

En cuanto a la propiedad del aparato, no ha podido ser esclarecida, aunque las investigaciones propias de Narcodiario apuntan a una alianza entre organizaciones locales y el cártel Jalisco Nueva Generación, dominador de buena parte de las nuevas rutas que acaban en el mercado mundial donde la cocaína ofrece mayores beneficios: el australiano.

La operación se desarrolló en una zona marítimo-fluvial y a cargo de efectivos de la Armada de Ecuador, e incluyó la localización de todo un campamento en el que se preparaban embarcaciones como esta para su partida. Se trata de una especie de astillero clandestino ubicado en el corazón de la reserva natural del Cayapas-Mataje. La estructura es, sin embargo, diferente a la que se encontró recientemente en La Guajira colombiana.

Cuando los agentes llegaron al lugar, fueron recibidos a tiros por las personas que custodiaban el enclave, si bien en el marco de la refriega, consiguieron hacerles huir. El primer hallazgo fue el semisumergible, amarrado en uno de los brazos fluviales del enclave y preparado para afrontar una gran travesía marítima, como se ha dicho, ya con el combustible en sus depósitos.

En el astillero también había seis pequeñas lanchas construidas, igual que el semisumergible, en fibra de vidrio, además de numerosas garrafas de combustible, todas ellas de diésel, motores fueraborda, equipos de navegación y una escopeta, entre otros efectos. También se localizaron colchones de un tamaño específico para introducir en los narcosubmarinos, similares a los que se han visto ya en anteriores ocasiones.

El aparato y el resto de evidencias fueron remolcados a muelle para proseguir con las pesquisas que, en todo caso, han servido para evitar al menos un gran viaje oceánico con cocaína.

Vladimir Putin sigue mandando cada día cientos de drones cargados con bombas sobre las poblaciones ucranianas. Son  muestras de que la paz no es ni nominal. Las agresiones sobre pueblos pacíficos siguen sumando ¿decenas, centenares? de miles de muertos inocentes, en Palestina un alto porcentaje compuesto por esos niños que “ostentan” el “compromiso” de destruir al enemigo. Es decir, terroristas, como los inmigrantes de Minnesota. ¡Si es que siempre son los mismos, los desgraciados que no tienen “donde caerse muertos”!

Pero como el mundo es de los poderosos (los que tienen no solamente el dinero sino también el poder) pues los matones siguen matando a los paupérrimos, los pacíficos, los inmigrantes que llegan para intentar lograr que sus hijos coman, trabajen, vivan…

¿Y el mundo? Ahora parece que se preocupa por otras cosas. Como ya no se “cuentan” por decenas de miles los asesinados en Gaza, como los ucranianos continúan intentando vivir en su tierra siguiendo ser ucranianos, como los inmigrantes en Estados Unidos ya trabajan sin papeles para que los estadounidenses vivan bien, como los inmigrantes que llegan a España siguen haciendo las labores que no quieren muchos españoles, pues la información se enfoca en otros temas. Se cumple  el poema del pastor luterano alemán Martin Niemöller, que Bertol Brecht plasmó en su literatura. Mientras no me toquen a mí…, dice gran parte del mundo, la “gente de bien”.

Y la operación “plomo fundido” que inició Israel hace más de tres lustros sigue con sus “pacíficos” bombardeos. Y ya es el cuarto presidente norteamericano que ¿lo fomenta?, que lo permite. Mientras en Estados Unidos se tambalea la democracia, en Ucrania siguen volando drones mortíferos desde hace ya cuatro años. El Servicio de Control de la Inmigración y Aduanas, conocido como ICE, continúa reprimiendo a todo el que no sea rubio y tenga cara de norteamericano en Minneapolis, matando a tiros a quien defienda a los precarios de color que les hacen el trabajo duro, como cuentan en la leyenda del western, así como hizo la Gestapo en Alemania y tierras conquistadas. Ese ICE que mediante las más avanzadas tecnologías busca a los precarios inmigrantes hispanos, somalíes, senegaleses… con aparatos electrónicos con reconocimiento facial, rastreo de teléfonos móviles y bases de datos. Sistemas de reconocimiento facial capaces de cruzar datos gubernamentales -se supone que secretos y personales- con datos privados para ubicar en tiempo real a personas, una capacidad sin precedentes en un sistema de democracia libre. Y podemos hablar de Sudán, de los islamistas del centro de África, de las persecuciones religiosas en gran parte del mundo…, en definitiva, de las guerras de religión que perduran en el tiempo, en los siglos.

Mientras la mancha ignominiosa se extiende y en España mienten sobre un futuro registro “laboral” de los que llegan en patera, la presidenta de la Comunidad de Madrid distingue a Estados Unidos como Faro de la libertad, nuestro Parlamento se llena de comisiones para desenfocar la realidad. Porque siguen los bombardeos. Las distracciones informativas llevan a un segundo plano los crímenes contra las poblaciones de muchas zonas del Planeta. Aunque ahora tocan los inmigrantes y las desclasificaciones de secretos sobre el 23F. Los que llegan y estorban a los países que antes eran emigrantes. Hay asturianos, andaluces, extremeños, gallegos… por toda Hispanoamérica pero también en Bélgica, en Alemania, en Suiza… donde han hecho trabajos que no hacían los nativos, los autóctonos. Todo en un mundo tan global donde son universales tanto la paella como la fabada. 

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Fernando Granda es socio de infoLibre.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este viernes la entrada en vigor provisional de la parte comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, tras completar su ratificación Argentina y Uruguay, según informa EFE.

"Ya lo he dicho antes, cuando ellos estén listos, nosotros estaremos listos. Por lo tanto, durante las últimas semanas, he debatido este tema intensamente con los Estados miembros y con los miembros del Parlamento Europeo. Sobre esta base, la Comisión procederá ahora a la aplicación provisional", afirmó Von der Leyen en una declaración sin preguntas en la sede de la Comisión Europea.

La política alemana recordó que, en enero, el Consejo Europeo facultó a la Comisión para aplicar provisionalmente el acuerdo a partir de la primera ratificación por parte de un país del Mercosur.

"La aplicación provisional es, por naturaleza, provisional", apuntó Von der Leyen, y se refirió a que, "de conformidad con los tratados de la UE, el acuerdo solo podrá considerarse plenamente concluido una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento".

Así, aseguró que la Comisión "seguirá colaborando estrechamente con todas las instituciones de la UE, los Estados miembros y las partes interesadas para garantizar un proceso fluido y transparente" en la aplicación de este acuerdo, que se ha negociado durante más de 25 años y creará un mercado de 720 millones de personas.

El Ejecutivo comunitario puede proceder con la aplicación provisional sin la ratificación de la Eurocámara, cuyo voto final tendrá que esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la compatibilidad del acuerdo con los tratados comunitarios.

La UE sí ha puesto en marcha, por otro lado, salvaguardias para proteger a los agricultores europeos ante posibles caídas de precios locales o incrementos en las importaciones de productos sénsibles, un añadido que fue clave para convencer a países y eurodiputados reticentes al pacto por la presión del campo. Tras la ratificación de Uruguay y Argentina, Von der Leyen confió en que Brasil y Paraguay "sigan pronto su ejemplo".

"Y es una muy buena noticia. Porque demuestra la confianza y el entusiasmo de nuestros socios por impulsar nuestra relación y poner en marcha este acuerdo histórico", declaró, un pacto que aseguró que "abre innumerables oportunidades, reduce miles de millones en aranceles, y permite a nuestras pequeñas y medianas empresas acceder a mercados y escalas con las que antes solo podían soñar". Además, recalcó que también proporciona a Europa "una ventaja estratégica por ser la primera en actuar en un mundo de fuerte competencia y horizontes cortos".

Von der Leyen enfatizó que el acuerdo es "uno de los pactos comerciales más importantes de la primera mitad de este siglo", entre "socios que entienden que el comercio abierto y basado en normas ofrece resultados positivos para todos". "Europa se está volviendo más fuerte y más independiente", avisó, y aventuró que las empresas, trabajadores y ciudadanos comunitarios "cosecharán los beneficios".

¿Qué les parecería un candidato o candidata que, cada vez que tuviera que votar algo en el Congreso, se lo consultara? ¿Que usted pudiera decidir, votar, si quiere que apruebe esa medida o que se oponga? Suena a un proceso más que transparente, que los políticos no tengan carta blanca para hacer lo que quieran con nuestros votos. Es lo que muchas veces se reprocha a la clase política: nos piden el voto cada cuatro años y, luego, con ese apoyo, con esos votos, deciden hacer lo contrario a lo que prometieron o se olvidan de su programa electoral.

Bueno, pues esto es exactamente lo que proponen en Colombia con Gaitana, la candidata a las elecciones que ha sido creada…con Inteligencia Artificial. Una candidata inexistente que, cada vez que tenga que votar algo lo pondrá en común con sus electores. Resumirá cada proyecto de ley o propuesta, lo dejará en el servidor y serán los electores los que voten a favor o en contra. Gaitana no existirá físicamente, es obvio, pero, quizás, será la candidata más fiel a su electorado. Depende de los escaños que consiga, serán sus creadores los que ocupen esos escaños. Y ellos, aseguran, acatarán lo que decida esa “comunidad”.

La campaña electoral ha generado una revolución en el país y en el mundo. Gaitana se dirige sobre todo a la población indígena de una circunscripción del caribe colombiano. La han “recreado” con piel azul, con una estética parecida a la de Avatar y se han inspirado en lo que ya se hacía en esa comunidad zenú hace muchos años: ir de puerta en puerta buscando el consenso sobre lo que se quería hacer. Lo que han hecho sus creadores, dicen, es digitalizar todo ese proceso y ponerle nombre, Gaitana.

Repensar la política de una forma mucho más participativa. Alejarla del ruido y ceñirla únicamente a lo que debería ser la política, estar al servicio de los intereses de su comunidad, de quienes le han votado. Se acabaron los egos de partido, los líderes omnipresentes y autoritarios, se acabó la estructura rígida de una formación política. Un avatar, una inteligencia artificial que represente de la forma más real posible a los ciudadanos. Eso exige mayor implicación de los votantes, estar al tanto de lo que se decide en sus instituciones, participar de la vida pública de forma activa, no solo cada cuatro años con un voto.

La idea es revolucionaria. Y habrá que ver cómo funciona, dónde están los fallos, porque los habrá. Y genera también reparo, miedo: poner en manos de una inteligencia artificial nuestras vidas, cómo queremos gobernarnos, cómo queremos ser como sociedad suena, ahora mismo, demasiado futurista. Especialmente cuando hay fallos, cuando hay inteligencias generativas que empiezan a ir por libre. Pero sí que puede ser un punto de partida para debatir cómo devolver a la política su verdadero sentido, cómo acercar la política a los ciudadanos, cómo implicarnos, de forma activa, en la toma de decisiones y desactivar todas esas tentaciones que muchas veces acaban intoxicando a los políticos. Por cierto, un detalle: Gaitana no cobrará ningún sueldo, ahí lo dejo. Gaitana suena bien. Habrá que seguirle la pista.

El Gobierno enviará ayuda humanitaria por un importe de un millón de euros en alimentos y productos sanitarios de primera necesidad, para paliar las necesidades del "pueblo hermano cubano", ante el endurecimiento del embargo de Estados Unidos a Cuba, según informa EFE.

Así lo asegura el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en un audio grabado y difundido a los medios de comunicación, un día después de la reunión que mantuvo en Madrid con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez. "Ante el endurecimiento del embargo a Cuba y para paliar las necesidades del pueblo hermano cubano, España da una respuesta de emergencia", que se canalizará a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), ha explicado el ministro.

En concreto, anuncia que van a destinar un millón de euros en alimentos y productos sanitarios de primera necesidad, a través del programa mundial de alimentos y de la Organización Panamericana de la salud. 

Albares subraya que España "está siempre junto a todos los pueblos hermanos de América Latina" y, en este caso, con las necesidades de Cuba, y "mucho más este año" en el que, recuerda, se va a celebrar en noviembre la Cumbre Iberoamericana en Madrid. En este punto, el jefe de la diplomacia española añade que el Gobierno español quiere impulsar ese acompañamiento "a todos los pueblos hermanos de América Latina".

La presión de Washington sobre La Habana no se limita al petróleo: una decena de países, caribeños y centroamericanos principalmente, han cerrado o reducido en el último año sus contratos con Cuba para recibir médicos por la insistencia de EEUU en que no colaboren en prácticas que tacha de “trabajo forzado”, según informa EFE.

La maniobra estadounidense tiene consecuencias económicas drásticas, porque la exportación de servicios profesionales ha sido durante años una de las tres principales fuentes de ingresos en divisas de la isla, con el turismo y las remesas, todas ellas afectadas por la presión de Washington.

Las brigadas médicas -que arrancaron hace más de seis décadas y han llevado a 600.000 profesionales a 165 países, según datos oficiales- son un controvertido mecanismo que combina ventajas para las partes implicadas, pero con métodos cuestionados.

De un lado, los países anfitriones acceden a personal sanitario cualificado y pueden mejorar de forma rápida y eficiente los sistemas de salud de sus países. Además, los médicos desplazados obtienen un salario en dólares mejor que el que perciben en su país y el Gobierno cubano genera divisas (que asegura emplear en su propio sistema sanitario).

Por otro, de acuerdo con ONG como Prisoners Defenders, La Habana se queda con un promedio del 85% del pago de los países anfitriones, retiene los pasaportes de los médicos en el exterior y penaliza a aquellos que dejan la misión antes del tiempo pactado.

Por eso, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, de origen cubano, calificó este sistema de "esquemas de trabajo forzado", con "prácticas laborales abusivas y coercitivas"; algo que el Gobierno cubano rechaza.

En consecuencia, Rubio -partidario de la mano dura con el Gobierno cubano desde el inicio de su carrera- anunció que revocaría las visas de los funcionarios cubanos y extranjeros involucrados en la contratación de personal cubano.

El informe de 2024 sobre la trata de personas del Departamento de Estado sitúa los ingresos de Cuba por la exportación de servicios profesionales entre los 6.000 y los 8.000 millones de dólares (5.150 y 6.975 millones de euros).

Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, las exportaciones de servicios profesionales representaron entre 2018 y 2020 más del 40% del total de las ventas de la isla al exterior.

Las nuevas sanciones de EEUU contra las brigadas médicas han sido recibidas con preocupación y rechazo en América Latina y, especialmente, el Caribe.

Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Guyana y Trinidad y Tobago, defendieron al inicio estos programas, vitales para sus sistemas de salud, pero tuvieron luego que reajustar sus lazos con La Habana y realizar cambios en los términos de las contrataciones.

Una fuente de la Organización de Estados Caribeños Orientales (OECS, en inglés) explicó a EFE que algunas de las islas han decidido suspender el programa, mientras que otras todavía están presentando quejas ante Estados Unidos.

Bahamas anunció en junio pasado la suspensión de la contratación de personal médico cubano y la cancelación de sus convenios vigentes con La Habana, con la idea de empezar a contratar directamente al personal sanitario, algo que por el momento no se ha materializado.

Granada informó en septiembre pasado que equipararía las condiciones de los médicos cubanos a las de sus nacionales, y Antigua y Barbuda anunció en enero que había reclutado a 120 enfermeros de Ghana, aunque sin finalizar expresamente su acuerdo con Cuba.

Guyana ha puesto fin en silencio este febrero al sistema, según medios locales.

Trinidad y Tobago, por su parte, ha avanzado que su prioridad ahora es reclutar profesionales locales. Desde 2003 un total de 770 médicos cubanos han trabajado en el país.

Venezuela era un país fundamental en este sistema y su continuidad está ahora en duda con la tutela de Washington a Caracas luego de la intervención militar que condujo a la captura de su presidente, Nicolás Maduro.

Según cifras oficiales, en junio de 2025 había cerca de 13.000 profesionales cubanos en el país suramericano, en su mayoría médicos. Caracas pagaba estos servicios con petroleo, algo ahora vedado.

Ninguno de los dos países ha dado por cancelado el convenio de 2000 que regía el sistema de cooperación y su futuro es una incógnita.

Guatemala, una de las misiones más estables y antiguas, anunció este febrero que cerraría este año de manera “progresiva” el acuerdo. Actualmente trabajan en el país centroamericano 412 profesionales cubanos.

Honduras, con 120 médicos, mantiene por el momento la colaboración, pero además de la presión externa hay denuncias de ONG locales y el acuerdo caduca este año, con lo que está en juego su renovación

En Nicaragua también hay personal médico de la isla, aunque se desconoce la cantidad. Managua, que recientemente obligó a los cubanos a solicitar visa para entrar en su territorio, no ha anunciado por el momento cambios en su acuerdo sanitario con Cuba.

Desde su primera elección como presidente de la República de El Salvador en junio de 2019, y su segunda elección anticonstitucional Nayib Bukele viene dando muestras de autoritarismo y autocracia, hasta convertir El Salvador en un régimen con rasgos dictatoriales evidentes. Uno de los momentos más significativos de dicho autoritarismo fue el autogolpe de Estado del 9 de febrero de 2020. Veamos el contexto en el que se produjo, su desarrollo y las funestas consecuencias para el pueblo salvadoreño. 

El presidente había pedido a la Asamblea Nacional la aprobación de un crédito de 109 millones de dólares para su plan de seguridad pública, denominado Control Territorial. El objetivo declarado de esta iniciativa era controlar los altos índices de criminalidad del país. GANA, la formación política aliada que le permitió a Bukele competir por la presidencia, se encontraba entonces en minoría en la Asamblea frente a ARENA y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). El partido que apoyaba a Bukele no podía, por tanto, aprobar la ley que reclamaba el presidente. 

El 9 de febrero de 2020, Bukele convocó por vía de urgencia a la Asamblea Legislativa para aprobar el crédito mencionado que había sido impugnado por fallas de tipo constitucional. Esta situación llevó a la parte opositora de la Asamblea Legislativa a rechazar la convocatoria. Ante la negativa, Bukele hizo un llamamiento a la insurrección popular pidiendo a la gente que acudiera al exterior de la Asamblea para presionarla con el objetivo de aprobar el crédito extraordinario. El Ejército le prestó públicamente lealtad y le mostró su disposición a cumplir sus órdenes. Las Fuerzas Armadas ocuparon las calles adyacentes a la Asamblea y finalmente el recinto legislativo.

Ese mismo día, con la sola asistencia de 28 de los 84 diputados, Bukele tomó la Asamblea rodeado de militares y policías, violando el dispositivo de seguridad legislativa. Se sentó en la silla del presidente del Poder Legislativo, hizo sonar el gong para abrir la sesión. Se quedó en silencio, se cubrió el rostro con las manos, se puso a orar y, haciendo apelación a una legitimidad divina, dijo que Dios le había hablado y le había dicho que “tuviera paciencia”. 

La toma militar de la Asamblea y la usurpación de la función del presidente del Legislativo por parte de Bukele fueron un atentado contra la independencia y la separación de poderes, así como contra la democracia y, en definitiva, un autogolpe que pretendió legitimar religiosamente a través de la oración. El gesto, así como su política autoritaria y represiva, contó con el apoyo incondicional del fundamentalismo evangélico y de sus pastores. Incluso es posible que estuviera sugerido por estos como muchas de sus propuestas de implicar la religión en la vida pública.  

Los apoyos políticos con los que contó en aquella efeméride de infausta memoria fueron su partido aliado, el ejército y la policía. Con la toma militar del Parlamento demostraba su negativa al diálogo y su incapacidad para llegar a acuerdos con las diferentes fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa. Hoy sigue cerrado al diálogo.

Numerosos colectivos sociales condenaron la militarización, la confesionalización y la usurpación del espacio legislativo nacional. La oposición reclamó la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) para frenar lo que calificó de “autogolpe de Estado”. Sin embargo, el organismo interamericano no se pronunció de manera concluyente al respecto y días después respaldó a Bukele.

“Desde un significado histórico-político y viendo en perspectiva los hechos posteriores –afirma Leonel Herrera, periodista y activista ambientalista salvadoreño–, el 9 de febrero de 2020 fue la advertencia de lo que vendría después [en El Salvador]. Ahí el autócrata se quitó la máscara democrática, mostró sus garras autoritarias y expresó claramente el régimen que buscaba instalar”. 

No podemos olvidar el 9 de febrero de 2020. Lo que ha sucedido durante estos seis años después de aquella efeméride ha venido a confirmar sus desmedidas y antidemocráticas aspiraciones a conquistar el poder total que ha logrado pisoteando los derechos humanos, encarcelando a ciudadanos y ciudadanas arbitrariamente y restringiendo la libertad de expresión que ha obligado a no pocos periodistas a exiliarse. 

Y todo ello poniendo en práctica el manual de instrucciones déspotas de Donald Trump y siguiendo la misma senda transitada por él, que legitima su modo de gobernar. El sátrapa Trump es el maestro del pequeño sátrapa Bukele, que es su referente autoritario a quien imita en cada una de sus políticas económicas, sociales y culturales. Ambos cuentan con el apoyo del fundamentalismo evangélico. 

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Juan José Tamayo es teólogo de la liberación. Su último libro es 'Cristianismo radical' (Trotta, 2026, 4ª edición).

Álex Saab, antiguo colaborador cercano del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y empresario ha sido capturado en Caracas en una operación conjunta con Estados Unidos, según informa EFE. Caracol Radio ha podido confirmar con fuentes de inteligencia de Estados Unidos que el supuesto “testaferro” de Nicolás Maduro ha sido capturado en Venezuela. La agencia de noticias Reuters también ha podido contrastar la actuación con un funcionario policial estadounidense.

Saab era ministro del Gobierno de Maduro y, posteriormente del de Delcy Rodríguez, hasta que el 16 de enero la nueva presidenta fusionó su ministerio, el de Industrias y Producción Nacional, con el de Comercio Nacional para conseguir una “nueva instancia” que delegó en Luis Antonio Villegas.

Según Caracol Radio, Saab estaría en poder del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a la espera de ser extraditado otra vez a Estados Unidos. Este segundo envío se produciría después del que Cabo Verde llevó a cabo en octubre de 2021, cuando se produjo la primera detención de Saab. Por su parte, el periódico colombiano El Tiempo señaló que agentes federales de EEUU al parecer informaron a Saab de que el Gobierno de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, tenía "planes para arrestarlo".

Preguntado por EFE sobre la operación contra el colombiano que más poder tuvo dentro del Gobierno venezolano, el FBI no desmintió la información y se limitó a responder "sin comentarios". Por su parte, la Fiscalía venezolana dijo a EFE que "no hay confirmación de esa información", igual que fuentes diplomáticas de Colombia en Caracas dijeron que "la embajada no está en capacidad de confirmar eso".

Horas después, el presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, dijo no tener información al respecto, tras ser consultado por la prensa durante una declaración al término de una reunión de diálogo con sectores opositores. "Soy diputado [...] no forma parte del ámbito de mi atención y no tengo información sobre eso", indicó. 

Entre tanto, la esposa de Saab, Camilla Fabri, que encabeza el programa gubernamental Misión Vuelta a la Patria, recibió este miércoles en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, un vuelo con migrantes venezolanos procedente de Estados Unidos, según imágenes difundidas por el canal privado Globovisión. 

Saab ya había sido detenido en 2020 en Cabo Verde por lavado de dinero y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde la Justicia lo acusó de conspiración para lavado de dinero y de ser testaferro del Gobierno de Venezuela. Por este caso, estuvo preso en Estados Unidos desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023, tras un perdón presidencial firmado por el entonces mandatario de EEUU, Joe Biden. En marzo de 2024, la Justicia estadounidense desestimó los cargos contra Saab.

“Parece plastilina y huele a alquitrán”. Luis Díaz, líder de los pescadores de la playa de Aucayama, a 77 kilómetros al norte de Lima, amasa entre sus manos una plasta de arena oscura y compacta. 

El pasado 6 de enero, este pescador iza sus redes y, nuevamente, aparecen vacías. “Antes del derrame la biomasa era muy buena, sostenible, siempre había peces”, recuerda. La marea alta trae frecuentemente restos de crudo a las 28 playas golpeadas por el derrame de Repsol de enero de 2022. 

Cuatro años después del mayor desastre ambiental sufrido por Perú, los pescadores artesanales siguen sufriendo las consecuencias de la falta de rehabilitación de las playas. 

El 15 de enero de 2022, un ducto submarino de la refinería La Pampilla, de Repsol, en Lima, se rompió durante la descarga de un buque y vertió 12 mil barriles de petróleo al mar. El vertido se extendió a lo largo de 64 kilómetros de costa, afectando una extensión equivalente a 3.400 campos de fútbol. 

Tras el derrame, las autoridades peruanas impusieron a la petrolera multas y sanciones administrativas por 60 millones de dólares por brindar información “inexacta”, no delimitar correctamente las zonas afectadas y no realizar de forma adecuada la contención, recuperación y limpieza. 

Tres meses después del vertido, Repsol declaró las playas “limpias y listas para el monitoreo”. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental de Perú (OEFA) revisó la limpieza, concluyendo que 71 de 97 sitios analizados seguían contaminados y exigiendo a Repsol planes para rehabilitar los ecosistemas dañados.

En octubre de 2023, Repsol presentó 18 planes de rehabilitación a la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas de Perú. Pero 2 años y 3 meses después, según ha corroborado esta investigación, el Estado peruano no ha aprobado ninguno de ellos al considerarlos insuficientes.

Para dar luz verde a estos planes, la ley obliga al ministerio a solicitar la opinión técnica de seis entidades públicas: el Ministerio de la Producción, el Servicio Nacional Forestal, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, la Dirección General de Salud Ambiental y la Autoridad Nacional del Agua. Todas, sin excepción, han hecho observaciones. En total, hasta 606 alegaciones que Repsol no termina de subsanar. 

“Si tú haces un mal plan, usas información incompleta y elaboras un mal diagnóstico, vas a tener que subsanar observaciones y esto hace que todo el procedimiento demore”, explica Ana Leyva, abogada de la ONG CooperAcción, que ha analizado los planes de rehabilitación presentados Repsol y todas las observaciones de las autoridades peruanas. “En resumen, lo que planteaban hacer es seguir recogiendo bolitas de alquitrán y hacer un monitoreo”, explica Leyva como conclusión.

Diana Papoulias, bióloga marina y experta en toxicología acuática, ha analizado 12 de estos planes. En declaraciones para esta investigación, considera que presentan deficiencias técnicas. El informe de esta bióloga para la ONG CooperAcción cuestiona que Repsol proponga la “atenuación natural” como técnica de recuperación, es decir, “que el mar se limpie solo”. 

También afirma que la evaluación del daño ambiental está incompleta y tiene vacíos de información que excluyen zonas que Repsol consideró “inaccesibles”, pero a las que sí lograron ingresar para tomar muestras los técnicos de la autoridad fiscalizadora peruana. 

Según la información obtenida por esta investigación, cuatro de los seis organismos que evalúan los planes de rehabilitación aún mantienen observaciones vigentes. Dos –la Autoridad Nacional del Agua y la Dirección General de Salud Ambiental– ya tendrían opiniones favorables. Cuando ya no haya observaciones, Repsol iniciará el proceso de recuperación de los ecosistemas afectados. 

Desde esta investigación para infoLibre y Epicentro TV se solicitó a Repsol Perú y Repsol España una entrevista sobre las consecuencias del derrame y, al no obtener respuesta, se enviaron preguntas por escrito. Solo la Refinería La Pampilla, de Repsol Perú, remitió sus respuestas. 

Asegura que han proporcionado a las autoridades peruanas toda la información solicitada y que están a la espera del resultado final de la evaluación de los planes de rehabilitación por parte del Ministerio de Energía y Minas peruano, “confiando en la transparencia y rigor del proceso”. 

Repsol Perú afirma que la zona afectada se encuentra apta para actividades recreativas y económicas sin riesgo para la salud ni el medio ambiente, ya que cumple con estándares ambientales nacionales e internacionales. También informa que ha destinado 1.300 millones de soles (casi 382 millones de euros) a tareas de limpieza, recuperación y compensaciones a los afectados. 

En España, Repsol se ciñe a la información presentada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En ella, la compañía reitera que el vertido se produjo “por el movimiento incontrolado durante la descarga del buque”. La compañía y la aseguradora han demandado por 265 millones de dólares a Fratelli D’Amico Armattori, la armadora italiana del buque Mare Doricum, que efectuó la descarga de crudo. 

El Estado peruano ha emprendido un proceso administrativo contra Repsol y demanda 4.500 millones de dólares por daños materiales y morales. 

Para evitar un juicio penal, la petrolera llegó a un acuerdo con la Fiscalía peruana para pagar, junto con la compañía italiana, 1.156 millones de soles (294 millones de euros). Esta cantidad incluye lo gastado por Repsol en limpieza, contención del derrame y pago de indemnizaciones a los afectados. 

El reportaje audiovisual Derrame Negro, fondos verdes, que forma parte de esta investigación transfronteriza, aborda la paradoja que rodea el caso Repsol: mientras el derrame de petróleo en Perú sigue sin una rehabilitación aprobada, la petrolera española ha recibido hasta diciembre de 2024 más de 4.778 millones de euros del Plan de Recuperación de la Unión Europea, centrado en la transición ecológica y digital. 

El Gobierno hizo pública esta cifra en respuesta a una pregunta registrada por Ione Belarra, secretaria general de Podemos. 

En España, estas ayudas las gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Solicitamos, sin resultado, una entrevista a este organismo para abordarlos compromisos ambientales adquiridos por Repsol en terceros países al beneficiarse de estos fondos verdes, tanto dentro como fuera de la Unión Europea.

También tocamos las puertas de las direcciones generales de Justicia, Medioambiente y Energía de la Comisión Europea. Pero ni el Gobierno español ni la Comisión Europea respondieron a las preguntas planteadas para este reportaje. 

El caso Repsol es un ejemplo de un problema mayor: una empresa europea puede beneficiarse de fondos verdes, ser protagonista de un daño ambiental grave fuera de la Unión Europea y no rendir cuentas bajo estándares europeos. 

“A día de hoy, salvo que haya un impacto flagrante en el proyecto que se presente, no hay condicionalidad con la diligencia debida en terceros países para la obtención de fondos europeos”, explica Luis Rodríguez de Castro, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. 

Debido a este vacío legal, la Unión Europea empezó a diseñar hace más de una década una norma inédita: la directiva de diligencia debida. En abril de 2023, la comisión de Justicia del Parlamento Europeo aprobó una directiva que obliga a las empresas europeas a identificar y prevenir daños ambientales y de derechos humanos en toda su cadena de valor, dentro y fuera de Europa.

Desde esta investigación para infoLibre y Epicentro TV se solicitó a la dirección general de Justicia de la Comisión Europea una entrevista sobre esta directiva, pero este organismo se amparó en que estaba en manos del Parlamento y el Consejo Europeo para no pronunciarse. 

Con la aprobación en diciembre de 2025 del Paquete Omnibus 1 en el Parlamento Europeo, la directiva fue debilitada.

“Con la nueva situación geopolítica, ha habido una presión de empresas europeas, que combinada con la presión de Estados Unidos, ha llevado a las instituciones comunitarias a replantearse la normativa de diligencia debida”, explica Fernando Carbajo, catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Salamanca. 

La directiva de diligencia debida sólo se exigirá a empresas con más de 5.000 empleados y 1.500 millones de euros en facturación, y no empezará a aplicarse hasta 2029. Aun así, abre la puerta a que, en el futuro, empresas como Repsol puedan afrontar procesos de responsabilidad civil en España si no cumplen con la diligencia debida en materia de medioambiente. 

Mientras la Unión Europea debate durante años una norma para exigir responsabilidades a las empresas por los daños que causan fuera de sus fronteras, en Perú las consecuencias del derrame siguen sin resolverse.

Sin planes de rehabilitación aprobados, los pescadores encuentran pedazos de alquitrán en las playas que son cubiertos una y otra vez por la arena, formando capas de restos de crudo bajo la superficie. Para ellos, la remediación del mar es lenta. 

“Nosotros queremos saber cuánto tiempo van a estar nuestras playas contaminadas”, exige Luis Díaz, dirigente de los pescadores artesanales de Chancay. “Ni siquiera la limpieza se ha terminado al cien por cien y no sabemos cuándo se van a aprobar los planes de rehabilitación. Vivimos en la incertidumbre”.

Cuatro años después del derrame, Repsol parece querer dar el episodio por cerrado.

* Daniel Yovera (para Epicentro TV, Lima) y Beatriz Jiménez (para infoLibre) han llevado a cabo esta investigación con el apoyo de Journalismfund Europe

A finales del siglo XX, España podía reconocer en el mundo con claridad “su” música, desde el pop luminoso de Mecano o la fuerza de Héroes del Silencio a la sensibilidad con toques aflamencados de Alejandro Sanz o el indie que marcó a una generación.

Sin embargo, en 2025 la pregunta ya no es qué define la identidad de la música española, sino si ese concepto sigue teniendo sentido dentro de un ecosistema en el que el español se ha vuelto global, híbrido y profundamente interconectado.

Esta es una de las reflexiones del nuevo informe del Observatorio Nebrija del Español, donde se detecta cómo España ha pasado de exportar voces a formar parte de una red transnacional en la que los acentos se cruzan y los ritmos se comparten.

España ha actuado como uno de los grandes emisores de música en español. Durante los años 80 y 90 se produjo la profesionalización de la industria española, marcada por la concentración del mercado en manos de compañías multinacionales. A diferencia de lo que sucedía en otras naciones europeas, la transformación fue vertiginosa.

Así, si en 1980 siete sellos globales controlaban un 52% del mercado, ya en 1985 solo cinco discográficas aglutinaban el 87%. Este crecimiento se sumó a la confluencia de una explosión creativa y al apoyo de la radio, algunos programas de televisión y las revistas musicales. También las nuevas tecnologías de consumo físico musical –como el CD– interpretaron su papel en la expansión internacional de los grandes referentes del pop español.

Pero a partir de los años 2000, esa fórmula de éxito comenzó a cambiar, primero de una manera tímida y luego de forma estructural. Así, pasamos de lo físico a lo digital impulsados por el auge de una piratería que sumió a la industria en una crisis de ventas que acabó afectando a todo el sistema.

En ese punto de inflexión, en 2005, una colaboración entre la colombiana Shakira y el español Alejandro Sanz reveló que el idioma era un vector más poderoso que cualquier identidad nacional. La canción La Tortura anticipó la explosión de un pop latino-global cuya arquitectura ya no dependía del país de origen del artista sino de su conexión con una comunidad lingüística transcontinental.

Desde entonces, España comenzó a importar sonidos, estilos, productores y narrativas que provenían de América Latina. Los datos son reveladores: cuando analizamos el consumo musical en España de las últimas dos décadas, siete de cada diez canciones se cantan en español. De hecho, el 94% de la música que consume esta audiencia en YouTube se canta en español, al igual que el 87% de lo que escuchan en Spotify. Pero solo una cuarta parte de esas canciones son de intérpretes originarios de España. Es decir, el español que está dominando las listas de éxitos posee muchos acentos.

No obstante, esto no indica una pérdida de relevancia cultural de los artistas españoles, sino un desplazamiento del eje. Podría decirse que la identidad musical está dejando de ser local para convertirse en lingüística y relacional. Así el Spanish sound ya no se entiende como una estética propia y diferenciada de un país sino como parte de un espacio común compartido, el “orgullo latino” que puede surgir desde Medellín, San Juan o Buenos Aires a Ciudad de México, Miami, Cuenca, Terrassa o las islas Canarias.

El auge de la música en español en el escenario global no surge de la nada, ni es simplemente algo que el viento del mercado haya traído consigo. Es más bien el punto de encuentro de corrientes históricas y tecnologías que, en los últimos 20 años, han ido reconfigurando las rutas por las que viaja la cultura en un planeta interconectado.

En los años 90 la música en español funcionaba como un mercado fragmentado, jerarquizado, con flujos unidireccionales (en España ligado al pop y en Estados Unidos, al Spanglish). Hoy, sin embargo, actúa como una comunidad digital, fluida, global y dopada por los algoritmos. Las plataformas que han borrado fronteras también han revelado un dato fundamental: el español es uno de los idiomas más escuchados del mundo en las listas de éxitos.

En este contexto, los artistas españoles navegan entre la idea de preservar ciertas raíces culturales mientras adoptan sonidos y estéticas que conectan con audiencias globales. Se observa un cambio generacional de artistas superventas del pop español como Estopa, Pablo Alborán o Dani Martín para pasar a Juan Magán, Rosalía, Quevedo y RVFV, referentes de propuestas que se integran en un lenguaje musical más amplio.

Otro vector clave que impulsa la música en español es el femenino.

La presencia de Karol G y Rosalía en las listas de éxitos globales, junto a una figura transgeneracional como Shakira –quien constituye un caso singular de reinvención sostenida dentro de la industria latina–, permite observar un cambio de ciclo en la música popular contemporánea.

A ellas se suman intérpretes españolas con fuerte impronta internacional. Así, y según Chartmetric, para Aitana, Bad Gyal y Ana Mena México es su mercado secundario, mientras que Argentina lo es para Lola Índigo. Por tanto, la relevancia de estas artistas no puede entenderse ya como regional o local, sino como parte de un ecosistema cultural crecientemente interconectado que les permite disputar espacios simbólicos históricamente masculinizados.

Su visibilidad y su forma de reinterpretar el género, lejos de ser un fenómeno aislado marca un hito en la historia de la representación femenina. Este empoderamiento femenino y latino que encarnan abre puertas para nuevas generaciones y legitima una diversidad de expresiones que amplían los márgenes en la cultura popular contemporánea desde el español.

Al final, la música en este idioma no es un tema de banderas, sino voces que conquistan. Lo que importa no es el origen del sonido, sino la amplitud de su eco.

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Lourdes Moreno Cazalla es doctora en Comunicación y autora del estudio para el Observatorio Nebrija del Español "El boom de la música urbana latina y la expansión del español a nivel global". Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leerlo aquí.

La detención de inmigrantes latinos sin historal criminal se sextuplicó en Estados Unidos desde el comienzo de la segunda presidencia de Donald Trump, mientras la de venezolanos se multiplicó por catorce y la de mexicanos por ocho, reveló un informe de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).

El documento, divulgado este viernes, documentó un promedio mensual de 6.000 inmigrantes latinos sin antecedentes penales que entraron a centros de detención de febrero a septiembre de 2025, en comparación con cerca de 900 al mes en el mismo período de 2024, durante la Administración de Joe Biden (2021-2025).

Subió la proporción de migrantes detenidos sin historial criminal, que ahora representan más de uno de cada tres del total, frente a menos de un octavo en 2024, detalló la investigación, con base en datos oficiales obtenidos por la Ley de Libertad de Información (FOIA, en inglés).

El estudio encontró que, bajo la gestión de Trump, cinco nacionalidades concentran tres cuartas partes de todos los latinos aprehendidos sin historial criminal: México, Guatemala, Honduras, Venezuela y Ecuador.

Los investigadores resaltaron que la detención de mexicanos se incrementó casi ocho veces, al pasar de 1.500 a 13.300, con lo que representa más de una cuarta parte de los detenidos, mientras que la de venezolanos se multiplicó por 14 hasta 5.600.

También documentaron 8.600 guatemaltecos arrestados, casi ocho veces más que el periodo anterior, y 6.000 hondureños, una cifra que se elevó casi diez veces, mientras que la de ecuatorianos se incrementó a 2.800, más del doble.

La Administración de Trump deportó a casi nueve de cada diez latinos detenidos sin antecedentes penales y "solo soltó a una pequeña fracción de vuelta a sus comunidades", según el informe.

"Nos enfocamos en este grupo porque, inequívocamente, no son 'lo peor de lo peor', sino miembros de la sociedad que se apegan a la ley y contribuyen", escribieron los autores Paul Ong, Jonathan Ong y Sonja Díaz.

La investigación también encontró que la mayoría de latinos no criminales que están detenidos tienen de 18 a 54 años, en edad de trabajar.

Además, casi siete de cada diez estuvieron detenidos 15 días o más y al 60 % de ellos los transfirieron fuera del estado en el que vivían.

El documento recordó que la meta de la Administración de Trump es tener un promedio diario de 100.000 inmigrantes en centros de detención, casi el doble del récord de 50.200 personas de gobiernos anteriores.

"Los resultados indican una trayectoria problemática para lo que resta de la actual Administración de Trump. Las detenciones, junto a las aprehensiones y deportaciones, probablemente incrementarán, con mucho del crecimiento proveniente de no criminales", concluyeron.