Bombardear Irán sin autorización de la ONU permite a España vetar el uso de Rota y Morón a EEUU

El "no a la guerra" resucitado por Pedro Sánchez en su declaración institucional de este miércoles se invocó por el presidente del Gobierno con una finalidad: impedir "la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos". Más allá del compromiso con esa legalidad transfronteriza en otros asuntos –como por ejemplo el del Sáhara Occidental– expertos en derecho internacional consultados por infoLibre sostienen que el presidente actúa correctamente desde un punto de vista jurídico en el conflicto de Irán. "La posición de España es clara y consistente", sostuvo Sánchez. "Es la misma que hemos mantenido en Ucrania", donde España sí apoya económicamente a uno de los contendientes, el Ejecutivo de Kiev, y "también en Gaza", añadió. El uso de las bases de Rota y Morón para los bombardeos –que el Ejecutivo no ha permitido provocando la indignación del presidente de EEUU– está sujeto al cumplimiento de los principios de la Carta de Naciones Unidas.

Que la nueva guerra del Golfo iniciada por Donald Trump y Benjamin Netanyahu es ilegal constituye un consenso entre los académicos consultados. "Se trata de una agresión, un ataque armado al margen de la legalidad internacional y de la Carta de Naciones Unidas", explica la catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III Ana Manero. La profesora e investigadora recuerda que el uso de la guerra está expresamente prohibido por el artículo 2.4 de esa carta, que establece que "los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas", es decir, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Esa prohibición de recurrir a la violencia tiene, sin embargo, dos excepciones, como recuerda Manero. La primera, la legítima defensa individual o colectiva, que actúa como "un derecho inmanente" de los Estados recogido en el artículo 51 de la carta. Las represalias adoptadas en virtud de ese derecho a responder a una agresión deben ser puestas de manera inmediata en conocimiento del Consejo de Seguridad. La segunda excepción a la prohibición general del uso de la fuerza es, precisamente, la autorización de ese órgano integrado por 15 miembros, de los cuales China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos son permanentes con capacidad de veto. El ataque ordenado por Washington y Tel Aviv no cumple ninguna de esas dos condiciones.

Cambio de paradigma

"Estamos asistiendo a un cambio de paradigma en el uso de la fuerza que no solo afecta a Irán, sino también a los ataques de Israel en Líbano", explica la catedrática madrileña. "En la anterior guerra del Golfo", la de 2003, en la que el objetivo era Irak, "Estados Unidos no logró el apoyo del Consejo de Seguridad, pero intentó conseguirlo con la comparecencia de Colin Powell sobre las supuestas armas de destrucción masiva con las que contaba el régimen de Sadam Husein", recuerda. En aquella ocasión, Naciones Unidas llegó a mandar a una delegación de inspectores a Bagdad para tratar de comprobar la veracidad de esas acusaciones. Al final, EEUU y sus aliados, entre ellos el Gobierno de José María Aznar, decidieron actuar unilateralmente.

En una comparecencia pública el pasado lunes, el secretario de Guerra del Gobierno de Trump, Peter Hegseth, enmarcó los bombardeos en Irán en la política del presidente de poner "los Estados Unidos y los estadounidenses primero". "Les estamos golpeando quirúrgicamente, abrumadoramente y sin pedir disculpas", añadió Hegseth. Para el catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Jaume I de Castellón Mariano Aznar, esas palabras demuestran que Estados Unidos "se sitúa fuera de la norma". El profesor de la universidad castellonense cree que con sus operaciones militares contra Teherán, Washington e Israel demuestran que "les da igual la legalidad". Es algo que, sostiene, también se ha visto en la guerra de Gaza y en la invasión rusa de Ucrania. Nada impide que China pueda recurrir a los mismos argumentos para hacerse con Taiwán.

Sánchez ha sostenido en su declaración institucional de este miércoles que la posición española frente al nuevo conflicto es coherente. "La misma que hemos mantenido en Ucrania y también en Gaza". En el caso de la invasión de ese país por las tropas de Putin, de la que el 24 de febrero se cumplieron cuatro años, España sí defiende económica y militarmente a uno de los contendientes, el Gobierno de Kiev. Ese apoyo, según Ana Manero, sí está justificado desde el derecho internacional. "Ucrania es un país agredido también de manera ilegal por Rusia. Al sufrir esa agresión, pidió ayuda justificadamente a sus aliados porque actuaba en legítima defensa", explica.

El Gobierno español tampoco se movió un centímetro del marco de Naciones Unidas frente a las decenas de miles de civiles muertos provocados por los bombardeos sistemáticos de Israel en Gaza. España, como la organización internacional, condenó los atentados de Hamás que dieron origen al conflicto, pero también la violencia indiscriminada contra la población civil desatada desde entonces por el Ejecutivo de Netanyahu. El Ejecutivo, además, ha reconocido el Estado palestino y defiende, además, la misma solución que la ONU para acabar con un conflicto de décadas: la de los dos Estados. Por último, España se ha personado junto a Sudáfrica en la causa por genocidio que se sigue contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, el tribunal de Naciones Unidas que resuelve los enfrentamientos y reclamaciones entre sus miembros.

OTAN, ONU y las bases

Los "propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas" y el "deseo de vivir en paz con todos los pueblos y todos los gobiernos", así como el respeto al "imperio de la ley", son también los objetivos mutuos que recoge el preámbulo del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados de Unidos de América, firmado el 1 de diciembre de 1988 y publicado en el BOE en mayo del año siguiente. Ese tratado internacional es el que regula el uso conjunto de las bases militares españolas concediendo a Washington en su artículo 2 "el uso de instalaciones de apoyo" así como "autorizaciones de uso en el territorio, mar territorial y espacio aéreo" pero solo para "objetivos dentro del ámbito bilateral y multilateral de este Convenio", es decir el marco de Naciones Unidas –que no ha autorizado la operación– o el de la OTAN, que no participa como tal en los ataques.

Si España considera que las operaciones militares estadounidenses que se pretendan llevar a cabo valiéndose de su territorio o sus instalaciones militares (y las bases de Rota y Morón lo son a todos los efectos) son contrarias a la Carta de la ONU, el Convenio entre ambos países da derecho de veto a España, ya que deben ser previamente autorizadas por el Gobierno. "Cualquier uso que vaya más allá de estos objetivos [los contenidos en el preámbulo del tratado] exigirá la autorización previa del Gobierno español", establece el inciso final del artículo. "En realidad, todos los tratados están sometidos jerárquicamente a la Carta de Naciones Unidas, así que cualquier previsión contraria a esta sería nula de pleno derecho", explica Mariano Aznar.

"Podríamos utilizar sus bases si quisiéramos. Podemos volar hasta allí y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no las utilicemos. No tenemos por qué hacerlo. Pero se mostraron hostiles, así que les dije que no queríamos hacerlo", dijo este martes Donald Trump tras amenazar con cortar el comercio estadounidense con España –incluso habló de un embargo– por la negativa del Gobierno a permitir el uso de las bases de Rota y Morón para la campaña contra Irán. Las afirmaciones del presidente de EE UU son falsas, según los expertos consultados. "Dice que pueden hacer lo que quieran, pero no es así", sostiene Aznar. "Y no solo en las bases españolas sino en las de cualquier otro país". "Otra cosa es que algunos Gobiernos miren para otro lado", prosigue Aznar.

Pese a sostener, al igual que Manero, que la agresión contra Irán es del todo ilegal, el profesor e investigador castellonense duda que permitir el uso de las bases para abastecer de combustible a los aviones militares de EEUU –una posibilidad no autorizada por el Gobierno– pudiera tener algún tipo de consecuencia jurídica para España o alguna respuesta diplomática en el conflicto con Irán, aunque en caso de haberse permitido, sí hubiera supuesto "mostrar algún tipo de complicidad" con los bombardeos iniciados el sábado. Una respuesta de Teherán en represalia a España "parecería excesivamente exagerada" ya que, según Mariano Aznar, "no se habría tratado de un comportamiento activo" en la campaña militar.