La Audiencia Nacional ha confirmado la absolución del excomisario de Policía José Manuel Villarejo respecto a un supuesto encargo de espionaje que le hizo un empresario, dentro de la pieza número 29 del Proyecto Grass la macrocausa Tándem, informa EFE.

La Sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió en enero al excomisario de los delitos de cohecho pasivo, revelación de secretos y falsedad en documento mercantil por el encargo que le hizo un empresario para obtener información del administrador concursal de su compañía. La Fiscalía pedía para él 12 años de cárcel.

También fueron absueltos su socio, Rafael Redondo, y el empresario Antonio Erico Chávarri, que fue quien hizo el encargo a través de la empresa Cenyt, tras determinar los jueces que no se cometió cohecho, porque se trató de una actividad privada ejecutada al margen de la actividad como policía de Villarejo.

Ahora la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional desestima el recurso de la Fiscalía contra esa sentencia, en una resolución en la que los magistrados reiteran su doctrina en relación con el cohecho y destacan que se comete este delito cuando la función pública se transforma en "mercancía de venta", mientras que no lo hay cuando solo se acredita "una actividad privada, aun económicamente muy lucrativa".

Para los jueces la sentencia originaria está bien motivada y no cae en contradicciones, y deja claro "el carácter estrictamente privado del encargo y de los servicios prestados, que se correspondían con técnicas de investigación propias del ámbito empresarial o de detectives privados y no con investigaciones policiales oficiales".

Respecto a la absolución por el delito de cohecho, la Sala identifica varios elementos probatorios que descartan ese ilícito, como la ausencia de conexión funcional entre los pagos y la labor pública del acusado, o la falta de prueba sobre el uso de medios policiales, bases de datos oficiales o intervención de otros funcionarios.

También consideran significativo que los pagos a Villarejo se identificaron como contraprestación por servicios privados, sin retorno funcional ilícito hacia la Administración.

La Sala de Apelación hace un resumen de las distintas sentencias que ha dictado en las diferentes piezas del caso Tándem con la finalidad de constatar la línea jurisprudencial que ha fijado en relación con el delito de cohecho y, en especial, la relación entre la dádiva y el cargo.

"En definitiva, la jurisprudencia analizada no refleja oscilación arbitraria, sino una pauta precisa: hay cohecho cuando la función pública se transforma en 'mercancía de venta'; no lo hay cuando lo acreditado es, únicamente, una actividad privada, aun económicamente muy lucrativa, si no se prueba con el debido rigor su conexión típica con el ejercicio del cargo", concluye.

Buena parte de la culpa de que José Manuel Villarejo lleve siete años entrando y saliendo de los juzgados, y haya pasado la mitad de ese tiempo en prisión, puede echársela a Cándido Nsué Okomo, cuñado del dictador de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang Nguema y ex director general de la petrolera estatal Gepetrol. Según la Fiscalía Anticorrupción, Okomo fue quien contrató a Villarejo para reunir información que perjudicara a Gabriel Mbega Obiang, uno de los hijos del dictador, además de ministro de Minas e Hidrocarburos, en beneficio de su hermanastro y competidor en la sucesión presidencial, Teodoro Nguema Obiang, Teodorín.

El que se bautizó como Proyecto King le costó a Cándido Nsué nada menos que 5,3 millones de euros. Fue el intermediario en esta transacción, Francisco Menéndez, abogado y empresario, quien denunció en 2017 ante la Fiscalía los negocios ilícitos en España de un puñado de altos cargos guineanos. Hace menos de un mes, la Audiencia Nacional ha condenado a Menéndez a tres meses de prisión por cohecho activo, tras pactar con el fiscal y atenuar así la pena.

Este es sólo uno de los múltiples casos judiciales que rodean al excomisario Villarejo, ya condenado a 19 años de cárcel el pasado julio por revelación de secretos y falsedad documental. El caso Tándem incluye decenas de líneas de investigación que van a tener ocupados a los tribunales durante mucho tiempo. Pero la chispa que prendió el incendio Villarejo saltó cuando los guineanos inundaron de regalos –desde Porsches hasta relojes y palcos en el Bernabéu– al comisario de Barajas para que los dejara entrar en España cargados con maletas llenas de dinero, sin ningún tipo de control.

Ellos también están siendo investigados por los jueces españoles. La fiscalía les acusa de invertir en España fondos procedentes de negocios ilícitos, “prevaliéndose de puestos de alta dirección y gestión en la empresa pública guineana Gepetrol”. Uno de ellos es Cándido Nsué Okomo. Otro, Crispín Edu Tomo Maye, sobrino de la esposa de Teodoro Obiang. Según el ministerio público, desviaban esos fondos dudosos a empresas radicadas en paraísos fiscales para hacerlos llegar luego a países de la UE, utilizando empresas pantalla y testaferros. Entonces los invertían, sobre todo, en inmuebles.

Pero no sólo en España y otros países europeos. También en Dubái, donde el control sobre la procedencia del dinero es mínimo. Cándido Nsué Okomo posee en el emirato cinco propiedades, de gran lujo: tres pisos, que tiene alquilados, un estudio y una villa.

Estos son algunos de los inmuebles localizados por Dubai Unlocked, un proyecto de investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y el periódico financiero noruego E24, basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. En la investigación han participado 74 medios de todo el mundo. Los datos filtrados ofrecen una visión detallada de cientos de miles de inmuebles en Dubái e información sobre su propiedad y uso desde 2020 y 2022.

OCCRP ha intentado ponerse en contacto con Cándido Nsué Okomo para preguntarle por estas propiedades y el origen de los fondos con los que las compró, así como por sus litigios judiciales en España. Pero no ha conseguido respuesta alguna por su parte.

Además, según los datos sobre propiedades y transacciones inmobiliarias obtenidos por OCCRP, el cuñado de Obiang ha alquilado uno de sus apartamentos a Dženis Kadrić, lugarteniente del capo bosnio de la droga Edin Gačanin, uno de los seis narcos de un supercártel internacional detenidos en noviembre de 2022 en Dubái en la Operación Desert Light. Se trata de un piso de 187 metros cuadrados y dos habitaciones situado en Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo, de 828 metros de altura y 162 plantas. Lo adquirió el guineano en 2016 por 1,7 millones de euros. En ese edificio, el metro cuadrado cuesta 29.551,75 dírhams emiratíes, unos 7.456 euros, según los cálculos que ha hecho OCCRP. El metro cuadrado en La Moraleja, la urbanización más exclusiva de Madrid, sale a 5.466 euros, según Idealista.

Desde entonces Cándido Nsué Okomo ha ingresado en concepto de alquiler por el apartamento unos 426.000 euros, de acuerdo con los datos a los que ha tenido acceso OCCRP. Dženis Kadrić es su inquilino desde 2021. Le ha pagado 133.800 euros en alquiler en estos tres años. En Dubái, los contratos deben renovarse cada año. El bosnio tiene contrato hasta el próximo mes de julio.

Como Villarejo, Dženis Kadrić también fue policía. Nacido en Sarajevo en 1989, era agente de la Policía Federal de Bosnia hasta que conoció a Gačanin y empezó a trabajar para él. Se encargaba de su seguridad personal. Y con él se trasladó a Dubái.

Cuando en febrero de este año regresó a Bosnia, fue detenido en la Operación Consigliere. La fiscalía le acusa de pertenencia a organización criminal y blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. De momento, sigue en la cárcel en su país a la espera de juicio.

En total, Cándido Nsué Okomo posee en Dubái inmuebles por valor de casi 59 millones de dírhams emiratíes, unos 15 millones de euros. Además, por los tres apartamentos que tiene alquilados, ha cobrado 1,42 millones de euros desde 2014. Las cinco propiedades se encuentran en las zonas más caras del emirato: dos en la torre Burj Khalifa, uno en una torre próxima, en el Bulevar 29, y dos en Palm Jumeirah, la isla artificial en forma de palmera donde se ha construido un área residencial de superlujo. Allí se encuentra la villa de 650 metros cuadrados, y seis dormitorios que no ha puesto en alquiler y que está valorada en 7,6 millones de euros. Tampoco alquila un estudio de 52 metros cuadrados en el mismo Palm Jumeirah, valorado en casi un cuarto de millón de euros.

En la torre más alta del mundo, el cuñado de Obiang posee un segundo apartamento, de 426,98 metros cuadrados y cuatro habitaciones, que le ha proporcionado en alquileres casi un millón de euros desde 2014, según los datos inmobiliarios obtenidos por OCCRP.

La corrupción es uno de los principales problemas de Guinea Ecuatorial. Desde que en 1995 se descubrió petróleo, el oro negro ha multiplicado por 86 el PIB del país –con cifras de 2022–, pero los ingresos del crudo han enriquecido sólo a la familia del dictador y su jerarquía, que han hecho de la cleptocracia una enseña nacional, protegida por un régimen de brutal represión política y violaciones de los derechos humanos.

A través de empresas que operan en todos los sectores económicos del país, el régimen ecuatoguineano desvía gran parte de los fondos públicos procedentes de los recursos naturales a cuentas bancarias en el extranjero, que luego sirven para comprar inmuebles, tal y como está investigando la Audiencia Nacional. También es habitual el cobro de comisiones a las empresas petrolíferas a cambio de la adjudicación de contratos.

Cándido Nsué Okomo está bajo investigación por blanqueo de capitales en la pieza 20 del caso Tándem, a cargo del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Según los documentos a los que ha tenido acceso Diario Rombe –miembro de OCCRP–, tanto el ex director de Gepetrol como Crispín Edu Tomo Maye pagaron una fianza de tres millones de euros cada uno en abril de 2023. Declararon ante el juez en junio y se encuentran en libertad provisional. García Castellón incluso había dictado una orden internacional de busca y captura contra ambos, en cumplimiento de la cual Cándido Nsué fue detenido en los Emiratos Árabes Unidos en enero de 2021 y luego puesto en libertad.

Palma de Mallorca, 8 de febrero de 2014. Cristina de Borbón se sienta por primera vez ante el juez José Castro como imputada por fraude fiscal y blanqueo de capitales en el marco del caso Nóos. Durante horas, la infanta responde a las preguntas que le plantean tanto el instructor como las partes personadas en el procedimiento. Pero la memoria de la investigada, que como tal tiene derecho a mentir, es frágil. Y falla. En el interrogatorio son constantes las evasivas ante las delicadas preguntas que se ponen sobre la mesa. Algunos medios, incluso, llegan a contabilizarlas. En más de cuatro centenares de ocasiones recurre al "no lo sé". Y en más de un centenar a otras expresiones como "no lo recuerdo", "lo desconozco", "no me consta", "no lo sabía" o "no tenía conocimiento".

Ese efecto infanta, como lo calificaron algunos, ha vuelto a resurgir este martes en la crónica judicial española. En este caso, en la Audiencia Nacional. Y, en concreto, durante la testifical de María Dolores de Cospedal en la llamada Kitchen jurídica, una pieza separada del caso Tándem –la número 36– en la que se investiga una supuesta operación para presionar a uno de los primeros abogados de Luis Bárcenas, el letrado Javier Gómez de Liaño, a fin de evitar que vieran la luz informaciones comprometedoras para el PP relacionadas con la Gürtel. Poco más de veinte minutos de declaración, a los que ha tenido acceso infoLibre, que estuvieron marcados por los "no sé", "no lo recuerdo con exactitud", "han pasado muchos años", "no se lo puedo asegurar" o "no le conozco".

La exministra de Defensa llegó poco antes de las 10.00 horas a la sede de la Audiencia Nacional, ubicada a escasos cien metros de Génova 13, la que un día fue su casa. Y lo hizo para comparecer como testigo, con obligación de decir la verdad, en una pieza que el titular del Juzgado Central de Instrucción nº6, el magistrado Manuel García-Castellón, había cerrado y que la Sala de lo Penal ordenó reabrir por considerar "prematura" la decisión del instructor. Y que tiene su origen en varios audios intervenidos durante el registro, en el marco de otra causa en Marbella, del domicilio de Halit Sahijtaj, conectado con el capo de la mafia rusa Zahari Kalashov, a quien Gómez de Liaño había defendido en su día como abogado.

En las grabaciones participaban, según la investigación, tres personas: José Luis Moreno Cela, Mónica Gil Manzano y Juan Ramón Díaz Moro. En ellas se hace mención a un "lobby que está detrás del Partido Popular" y a la intención de "tirar a matar a Bárcenas y a Liaño". Y también a un abogado del Estado. "Quien está manejando este temilla, pues la mano derecha, un abogado del Estado que es amigo de Cospedal, que es el abogado que puso ella para llevar, digamos, todo el lobby, toda la historieta", dice Moreno. La idea, según se desprende de los audios, era obtener beneficios penitenciarios para Kalashov, entonces en una cárcel española, a cambio de dinero y trapos sucios de su exabogado Gómez de Liaño. Es 2014. Y la Gürtel y los papeles de Bárcenas están en boca de todos.

Pero todo esto se lo tuvieron que resumir a Cospedal al comenzar su comparecencia. "¿Sabe usted por qué está aquí?", se arrancó Gómez de Liaño. "Pues no muy bien, la verdad", respondió la testigo, lo que llevó al letrado a hacerle una breve introducción para situarla antes de la batería de preguntas. Pero la explicación no debió de ser precisa, porque la exsecretaria general del PP tuvo que pedir permiso en un momento dado en medio del interrogatorio al juez para aclarar alguna cuestión relativa al supuesto lobby judicial. "¿Es en el que yo he participado, según usted?", pregunta a Gómez de Liaño. El abogado le repite lo que contienen los audios y le indica que en los mismos hay una mención a Cospedal. Aclarado eso, ella niega de forma "absoluta y completa" su participación en ese supuesto lobby.

El exjuez y exabogado de Bárcenas fue quien monopolizó la mayor parte de una declaración en la que García-Castellón no formuló ninguna pregunta y en la que la exsecretaria general del PP se desvinculó de todas aquellas personas a las que salpica esta causa. "En absoluto, no sé quiénes son", dijo con rotundidad cuando se le preguntó si conocía a Moreno, Gil y Díaz, los tres participantes en los audios que dieron origen a esta pieza separada de Tándem. "No lo conozco, nunca he oído hablar de él", afirmó también sobre Alejandro Lorenzo Auset, un abogado del Estado en excedencia. E insistió ante las repreguntas del letrado sobre este personaje: "Hay más de 500 abogados del Estado, yo tampoco les conozco a todos".

A quien sí conoció, y por el que también se le preguntó, fue por el excomisario José Manuel Villarejo. Dijo que lo había visto en varias ocasiones: "No sé si en 7, en 8 o en 9, no lo sé exactamente". Que se reunió con él en Génova 13, sede del PP, porque era donde ella tenía su despacho como secretaria general del partido. Y que lo hizo porque supuestamente el excomisario policial "tenía conocimiento de actos que se estaban realizando en contra" de su formación política. "Pero no creo que yo tratara con el señor Villarejo ningún asunto que tuviera que ver con el señor Bárcenas. Pero te digo, tampoco lo puedo recordar con exactitud", dijo después de dejar caer que han transcurrido "muchos años" desde aquellos encuentros.

Un día antes de que Cospedal volviera a sentarse ante García-Castellón, lo hizo José Manuel Villarejo. Durante su comparecencia, situó a la ex número dos de la formación conservadora como uno de sus "superiores". Y aseguró que la visitó "14 o 15 veces" en Génova. La conexión entre ambos personajes siempre ha sobrevolado Kitchen, la pieza centrada en la supuesta operación parapolicial para hacerse con información delicada sobre el PP. De hecho, Cospedal llegó a declarar como investigada. Pero, finalmente, quedó libre de polvo y paja. Y todo ello a pesar de las conversaciones con el excomisario en las que hablaba de parar lo de la "libretita" del extesorero pocos días antes de que saliesen a la luz los papeles de Bárcenas.

Las respuestas abiertas fueron una constante a lo largo de la testifical de la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa. Así, por ejemplo, cuando se la preguntó por si alguna vez había tenido conocimiento de que a Gómez de Liaño se le había intentando atribuir un cobro de Kalashov fuera de España por varios millones de euros, ella dijo: "De esas personas y de ese asunto del que usted me habla a mí no me es nada familiar". Pero, a renglón seguido, también añadió Cospedal: "Que lo pueda haber oído o que alguien lo haya contado en mi presencia tampoco le puedo decir con certeza que no pueda haber pasado".

Además de Gómez de Liaño, también preguntaron el Ministerio Fiscal y otra de las partes personadas. Pero las respuestas fueron, salvo alguna excepción, en la misma línea: "no sé quién es", "estoy conociendo estos hechos en este momento", "no tengo conocimiento de nada por el estilo" o "no lo recuerdo". Por no recordar, no recordaba si el cambio de defensa que llevó a cabo Bárcenas en aquellos momentos tan delicados "afectaba" al partido. Igual que tampoco quién había pagado la defensa del extesorero. "Imagino...", se lanzó. "No imagine", intervino García-Castellón. "No se lo puedo decir ahora mismo, no lo recuerdo", zanjó Cospedal, olvidándose de que fue ella misma quien en 2010 dijo que el partido estaba costeando la defensa de Bárcenas en Gürtel.

Una nueva laguna en la memoria que puso punto y final a algo menos de media hora de interrogatorio. Pasadas las once de la mañana, Cospedal salía con paso ligero de la Audiencia Nacional. Y en cuestión de segundos ya estaba enfilando la calle Génova y dejando atrás, a su espalda, una sede azul que durante tanto tiempo fue su casa. Y un procedimiento en el que, por el momento, sólo es una testigo más.

Podemos ha interpuesto una querella contra el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y contra el magistrado de refuerzo del juzgado central de instrucción número 6 Joaquín Gadea por presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos y omisión de perseguir conductas delictivas, según recoge Europa Press.

Así lo ha trasladado el coportavoz estatal del partido, Pablo Fernández, en rueda de prensa para anunciar su denuncia, formalizada en la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, contra ambos jueces que instruyen la denominada pieza Dina del caso Tándem, en la que se ha indagado en el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la exasesora del partido desde que le robaron el móvil en 2015 hasta que parte de la información que contenía apareció publicada en medios.

Fernández ha asegurado que la actuación de ambos jueces es un caso "paradigmático" y "palmario" de lawfare, al operar al margen de las normas que regulan la actuación judicial con una investigación "prospectiva" cuyo "único objeto" ha sido "perjudicar reputacinalmente" a Podemos.

En la querella, según el coportavoz morado, se alude a la filtración de cada uno de los hitos de esa investigación con vistas a perjudicar a su organización política, hasta que a instancias de la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional se decretó el archivo de las actuaciones.

"Hay que señalar el papel fundamental y absolutamente decisivo que han tenido muchos medios de comunicación después de que se hayan dedicado horas y horas de televisiones y de radios, portadas y páginas de periódicos a esparcir y a difundir los bulos de imanados de esa investigación realizada por ambos jueces (...) Esto pone de manifiesto de forma palmaria esa connivencia, esa simbiosis entre determinados jueces y determinados medios de comunicación entre el Poder Judicial y el poder mediático que se alían y que trabajan conjuntamente para atacar y para perjudicar a Podemos", ha espetado.

Finalmente, Fernández ha acusado a ambos magistrados de perpetrar una "auténtica infamia" y "una absoluta vergüenza" en su actuación judicial.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha señalado este lunes ante el juez que investiga las presuntas presiones ejercidas sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas y sobre el que fuera su abogado Javier Gómez de Liaño que él probablemente informó a la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal sobre la investigación que realizó por unos presuntos pagos del líder de la mafia rusa Zakhar Kalashov a Gómez de Liaño, según informa Europa Press.

Así lo ha explicado él mismo en declaraciones a los medios al término de su comparecencia como testigo por esta pieza 36 del caso Tándem en la que el instructor Manuel García Castellón indaga en esas presiones que habrían tenido por finalidad que no se publicaran informaciones comprometedoras para el PP vinculadas a la trama Gürtel.

El comisario, al que la Audiencia Nacional ya ha condenado tras ser juzgado por tres de los muchos trabajos investigados en la macrocausa, ha explicado que le han preguntado expresamente por los posibles pagos comprometedores que habría recibido el abogado y las "gestiones" que llevó a cabo en 2014 al respecto. Según ha indicado, su trabajo se vio boicoteado porque no pudo visitar a Kalashov en prisión.

Esta pieza se abrió a raíz de la inhibición del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella acordada tras unas diligencias en las que se había ordenado la entrada y registro en el domicilio de Halit Sahitaj y Jana Kleiner. Sahitaj, según fuentes jurídicas consultadas, era una suerte de mediador o intermediario que tenía conexión con Kalashov.

A raíz de dicha entrada y registro se tuvo acceso por los investigadores a una dirección de correo electrónico en las que constaban cuatro archivos de audio que, en fecha 20 de octubre de 2014, fueron remitidos, desde la dirección de correo electrónico correspondiente al despacho profesional del abogado Javier Gómez de Liaño.

Dichos archivos de audio "pondrían de manifiesto de manera indiciaria, un encargo realizado por terceras personas vinculadas al Partido Popular a fin de conseguir, mediante presiones a Luis Bárcenas y a su letrado entonces en el sumario conocido con Gürtel, Javier Gómez de Liaño, que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el Partido Popular vinculadas con dicho sumario", según rezaba el auto del juzgado de Málaga que instruyó el asunto antes de inhibirse.

A raíz de dichos audios, el juzgado de Marbella ofició a la Policía para que emitiera un informe e identificara a los tres interlocutores en los cuatro archivos de audio remitidos a la dirección de mail de Gómez de Liaño, tratándose de José Luis Moreno Cela, Mónica Gil Manzano y Juan Ramón Días Moro.

En ese informe policial se ponía de manifiesto información relativa a Halit Sahitaj, en cuya vivienda se encontraron los audios, "concretada en anotaciones realizadas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo relativas a supuestos pagos recibidos por Gómez de Liaño que podrían resultar comprometedores --a los cuales, además se hace referencia en los cuatro archivos de audio a fin de utilizarlos como elementos de presión--".

"Asimismo, se pusieron de manifiesto gestiones realizadas en 2014 por el propio José Manuel Villarejo con Halit Sahitaj para obtener información sobre dichos supuestos pagos", recogía la Sala, que apuntaba que esas gestiones habrían sido referidas también por el comisario al ex secretario de Estado de Interior Francisco Martínez --imputado en Kitchen--.

Este lunes el comisario ha señalado, al ser preguntado sobre si informó de ese encuentro con Sahitaj al entonces 'número dos' de Interior, que él "siempre daba cuentas a las altas autoridades del Ministerio del Interior y del CNI". "Era mi función, era un torpe que creía en el Estado de Derecho", ha comentado para luego explicar que su función era la de "aportar información de inteligencia que luego podía acabar siendo judicializada.

Si bien en un principio ha acotado esa transmisión de información con Interior, tras recordarle que en anotaciones de sus agendas aparecía el nombre de Kalashov junto recordatorios de citas con Cospedal, ha explicado que con ella también mantenía intercambio de información en encuentros "sociales y entrañables" y que "probablemente en algún momento ella preguntó por ello porque tenía muy buena relación con Francisco Martínez y con el ministro --Jorge Fernández Díaz--".

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han señalado que otro de los interrogados este lunes, el abogado José Aliste, que comparecía como investigado, se ha negado a declarar en un principio sobre el asunto, si bien posteriormente sí ha respondido al fiscal. No obstante, las fuentes consultadas han explicado que esa declaración ni la del abogado Óscar Jiménez de la Rubia han sido de utilidad.

Sobre la declaración de Villarejo, han subrayado que les ha llamado la atención que haya sostenido que entró a investigar esos pagos a Gómez de Liaño porque Bárcenas tenía o podía tener información delicada de la Casa Real y de Estado.

Cabe recordar que Gómez de Liaño declaró a finales del pasado mes de mayo que supuestos agentes del CNI trataron de sobornar a una de las secretarias de su despacho para que les filtrara documentación e información de la defensa de Bárcenas.

La Audiencia Nacional ha propuesto juzgar al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles por el caso Dina, la pieza separada de Tándem donde se indagaba en el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la ex asesora de Podemos Dina Bousselham desde que le robaron el móvil en 2015 hasta que parte de la información que contenía apareció publicada.

En el auto de pase a procedimiento abreviado, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, deja a un paso del banquillo a los tres acusados por un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos, dando un plazo de 10 días a la Fiscalía y las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral o, si lo estiman, el archivo.

El juez ya dictó en octubre de 2020 un auto por el que daba por finalizada la instrucción de esta pieza y proponía juzgar tanto a Villarejo como a los dos periodistas por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. Además, el magistrado remitió al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que pedía investigar al exlíder de Podemos Pablo Iglesias.

Fue entonces cuando el alto tribunal acordó devolver la causa a la Audiencia Nacional instando al magistrado a agotar las diligencias. Entre las mismas, el Supremo consideraba imprescindible tomar declaración a Bousselham para determinar si el contenido de la tarjeta era accesible cuando se la entregó Iglesias.

Más adelante, en enero de 2022, el magistrado decidió nuevamente dar por finalizada la instrucción de la causa, una decisión que fue recurrida por la propia exasesora y el exlíder de Podemos Pablo Iglesias. Así, y estimando parcialmente el recurso de este último, la propia Sala de lo Penal le ordenó reabrir nuevamente la investigación para esclarecer si la cúpula policial estuvo implicada en alguna medida en el robo del teléfono móvil.

Tras agotar las últimas pesquisas el magistrado ha puesto fin a la investigación proponiendo juzgar al comisario jubilado Villarejo y a los dos periodistas.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez instructor Manuel García-Castellón de archivar la investigación contra Repsol y Caixabank, y contra el presidente de la primera, Antonio Brufau, y al expresidente de la segunda, Isidro Fainé, por los trabajos del comisario jubilado José Manuel Villarejo para ambas empresas.

En el auto de la Sección Tercera, recogido por Europa Press, los magistrados rechazan el recurso que presentó la Fiscalía Anticorrupción contra el sobreseimiento que acordó el instructor en junio de 2022 en el marco de la pieza 21 de Tándem. Y acuerda que las diligencias continúen contra los ex responsables de Seguridad de Repsol --Rafael Araujo-- y de Caixabank --Miguel Ángel Fernández Rancaño--, así como contra Villarejo, su socio Rafael Redondo, el policía jubilado Enrique García Castaño y el subdirector de Servicios de Apoyo de la dirección de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Girona.

En 29 páginas, la Sala recuerda que Fiscalía impugnó la resolución alegando que existían "indicios racionales" de que la contratación de CENYT --el grupo empresarial de Villarejo-- por parte de los directivos de Repsol, con intención de defender el interés de la compañía y a fin de que llevara a cabo una investigación sobre el acuerdo alcanzado por Sacyr y Pemex en agosto de 2011 para sindicar sus acciones en la petrolera, "fue a sabiendas de que el acusado Villarejo dirigía dicha entidad al tiempo que se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía y aprovechando esa circunstancia".

Los fiscales entendían que la petrolera no contaba tampoco en ese momento con un modelo de prevención de delitos que cumpliera con requisitos legales. Además, consideraba el equipo fiscal que se dio un incumplimiento de la normativa interna para la contratación de proveedores.

Pero la Sala parafrasea al instructor diciendo que, cuando se contrata a CENYT, Repsol contaba con un modelo de prevención de delitos "que cumplía con los requisitos previstos". Y añade que "ningún modelo es infalible, y si un delito se comete (...) no implica necesariamente que el modelo de prevención de delitos adoptado por la persona jurídica sea inadecuado, incumpla la normativa vigente o falle".

"El modelo de prevención de delito de Repsol era adecuado a la legalidad vigente, aunque el riesgo de que el delito se produjera pudiera no haber sido evitado en este caso", apostilla.

Sobre la contratación del proveedor Villarejo, el tribunal recoge las diferentes explicaciones dadas por testificales en instrucción, que apuntaban a que la compañía daba por hecho que el comisario ya no ejercía como policía, para aseverar que esos razonamientos "son coherentes" con el análisis de la documentación encontrada en los domicilios de Redondo y Villarejo.

A esto suma que la operación de contratación "no se centralizó" sólo en la persona de Araujo ni en la Dirección de Seguridad Corporativa de Repsol, "sino que antes del pago de las facturas éstas pasaron por el área económico-administrativa sin que detectara ninguna irregularidad".

"Ninguno de los departamentos por los que las facturas pasaron hasta su pago apreció irregularidad alguna", dice para luego añadir que es poco probable que hubiera connivencia entre todos y, además, "no se ha evidenciado en modo alguno".

Al igual que en el caso de Repsol, sobre Caixabank la Sala apunta que "en el momento de la contratación con CENYT contaba con un modelo de prevención de delitos que cumplía con los requisitos previstos" en la ley.

El tribunal se hace eco de lo declarado por el representante legal de la entidad, quien aseveró que la contratación de CENYT "no fue una idea que tuviera Caixabank" sino que partió de Fernández Rancaño tras conocer que Repsol "había contratado a una entidad externa para que investigara el pacto de sindicación", y le pareció conveniente unirse a la iniciativa de la petrolera dado que también se veía afectado por el movimiento de Sacyr al tener una participación significativa del accionariado de la petrolera.

Recuerda además que Fernández Rancaño tenía capacidad para hacer esa contratación "porque la materia era de sus competencia, tenía presupuesto para ello y contaban en Caixabank con información suficiente del proveedor para comprobar que existía".

"La conclusión que extraemos de estas afirmaciones es que nada hubiera cambiado si hubieran intervenido la mesa de contratación y Asesoría Jurídica, pues dadas las concretas características del contrato y de las circunstancias se hubiera autorizado igualmente y sus controles no hubieran servido para detectar que CENYT estaba manejado por José Manuel Villarejo", incide el tribunal.

Sobre las facturas de CENYT contra Caixabank, la Sala recuerda que pasaron por los departamentos correspondientes de la entidad, fueron contabilizas y pagadas. Y añade que el carácter confidencial y reservado del encargo "justificaba que no se hiciera constar de modo expreso".

Sobre la petición de Fiscalía de que se revisara el archivo de la causa para Brufau, por entender que conoció el encargo realizado a CENYT a través del investigado Luis Suárez de Lezo, y que apreció la conveniencia de que Caixabank y Repsol aunaran sus esfuerzos en el ámbito de la inteligencia corporativa en orden a conseguir que quedara sin efecto el pacto Sacyr-Pemex, la Sala indica que del acta de una reunión requisada en casa de Redondo y en la que se mencionaba el interés de Brufau por la investigación "no se desprenden indicios de criminalidad".

"Nada de ilícito hay en que Repsol y Caixabank aúnen esfuerzos para frustrar un plan que consideran perjudicial para sus intereses societarios, siempre y cuando actúen dentro de la legalidad. Y cuando Rafael Araújo habla de la llamada de Cannes, según el mencionado documento, podría referirse a Luis Suárez de Lezo y no a Antonio Brufau Niubó", determina el tribunal.

Añade que "en definitiva, no hay constancia de que Luis Suárez de Lezo y Antonio Brufau conocieran que en el encargo realizado por Rafael Araújo a una empresa externa para llevar a cabo una investigación sobre Luis del Rivero" y que en la misma participara Villarejo estando en activo. Por eso, confirma el archivo para ambos directivos.

Por otro lado, sobre la petición de Fiscalía de no archivar el caso para Fainé y para el directivo Antonio Massanell, al entender que la investigación encargada contra Luis del Rivero "fue una reacción conjunta promovida por los dos presidentes de las compañías, Isidro Fainé y Antonio Brufau", la Sala dice que debe desestimarlo también.

"No acogemos estos motivos de recurso. Ni Isidro Fainé ni Antonio Massanell tuvieron ningún contacto con CENYT y toda la información que sobre el encargo hecho a ésta entidad les llegaba era a través de Miguel Fernández Rancaño", expone la Sala, para luego añadir que éste ha negado "conocer la condición de funcionario público en activo" de Villarejo y que la información que recibió de CENYT tuviera contenidos sobre tráfico de llamadas de Luis del Rivero --entonces presidente de Sacyr-- y personas de su entorno. "Por lo tanto, no habría podido transmitirles una información que decía desconocer", asevera.

Sobre el recurso contra su procesamiento de Araujo, la Sala, en auto aparte, manifiesta que las diferentes resoluciones del instructor describen los hechos que se le imputan, los califican jurídicamente y explican los indicios en que se sustenta su imputación. Por tanto, desestima su petición de archivo.

La Fiscalía Anticorrupción se ha posicionado a favor de investigar los últimos audios conocidos sobre las conversaciones entre el comisario jubilado José Manuel Villarejo y la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en relación con la conocida como Operación Kitchen, sobre el presunto espionaje al ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, así lo plantea Anticorrupción en un escrito donde responde al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, después de que el magistrado diera traslado al Ministerio Fiscal de un escrito presentado por el PSOE en ese sentido "para que con su conocimiento manifieste lo que a su derecho convenga".

Las fuentes explican que estas conversaciones grabadas no podrán investigarse en la pieza separada destinada a Kitchen, dado que quedó definitivamente cerrada cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) rechazó los numerosos recursos -incluidos los de Anticorrupción y el PSOE- que reclamaban reabrir esta línea de investigación para profundizar en la llamada trama política.

En este marco procesal, aún no está claro cómo podrían investigarse estos audios, si bien las fuentes indican que una opción sería sumar una nueva pieza separada a la macrocausa sobre el comisario jubilado, Tándem, formada ya por más de una treintena.

La acusación socialista alegó en su escrito que "resulta no ya aconsejable sino absolutamente preciso" reabrir una instrucción que acabó el pasado 29 de julio, dados "los nuevos datos hechos públicos y desconocidos hasta la fecha".

El PSOE se refería a los audios publicados por El País, en los que Cospedal pedía a Villarejo, en una conversación de enero de 2013, "parar" el asunto de "la libretita" de Bárcenas, expresando su preocupación por que los papeles del ex tesorero estuvieran en poder de periodistas.

Para la acusación popular del PSOE, las grabaciones publicadas ponen de manifiesto la participación de la ex dirigente en Kitchen, por lo que entiende que, "si los indicios no eran suficientes", ahora "se abre la posibilidad (...) de investigar los audios, comprobar su veracidad y, en función de lo que se descubra, procesar o limpiar el nombre de la señora Cospedal".

Cospedal estuvo imputada unos dos meses porque entonces el instructor sospechaba que ella y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, podrían haber tenido una intervención directa en la captación de Sergio Ríos, antiguo chófer de los Bárcenas, como espía de la Kitchen, pero al finalizar las pesquisas dejó a ambos fuera de la causa al considerar que no había indicios suficientes en su contra.

En la misma línea, Podemos pidió a García Castellón que incorporara a Kitchen los audios de las conversaciones entre Villarejo y Cospedal al estimar que ésta podría no solo haber conocido sino participado en las presuntas maniobras para "fabricar" pruebas contra el partido y sus líderes.

En su caso, la formación morada se refería a un audio difundido el pasado 7 de julio por El País que refleja una charla que Villarejo y Cospedal habrían tenido el 5 de mayo de 2017 en relación al denominado Informe PISA, donde el comisario ofrece "un tema de la hostia contra Podemos" a la entonces ministra de Defensa y ésta responde que lo quiere porque "es una bomba".

Fue el pasado 20 de abril cuando la Sala de lo Penal respaldó la decisión de García Castellón de dar por finalizada la investigación de Kitchen denegando las peticiones de reapertura encaminadas a determinar si la orden de espiar a Bárcenas partió del entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, o llegó desde más arriba.

Los magistrados confirmaron de esta forma el auto donde el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 concluyó que el supuesto espionaje a Bárcenas y su entorno, que se habría puesto en marcha entre 2013 y 2015 desde el Ministerio de Interior para robarle la información sensible que pudiera tener sobre el PP y sus dirigentes, existió y tuvo éxito.

Procesó por ello a once personas, situando a Fernández Díaz como el máximo responsable de 'Kitchen'. También están procesados el ex secretario de Estado Francisco Martínez; el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino; Villarejo y los también ex mandos policiales Enrique García Castaño, Marcelino Martín Blas, Andrés Gómez Gordo, José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano; y Ríos.

La Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional que investiga la macrocausa Tándem, Manuel García Castellón, que ha localizado otros 17 nuevos encargos que habría realizado al comisario jubilado José Manuel Villarejo con su grupo empresarial, CENYT, para diferentes clientes privados entre 2013 y 2016, entre ellos el ya fallecido exdirector general de la Policía y expolítico de la Comunidad Valenciana, Juan Cotino; la farmacéutica Merck; la aseguradora Arag, o los despachos Clifford Chance y Broseta.

En un oficio policial del pasado 24 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la Policía responde a un requerimiento previo de García Castellón, que había pedido a Asuntos Internos que le informara sobre encargos de clientes particulares a CENYT. Unos encargos que figuraban entre el material incautado a Villarejo y su socio, Rafael Redondo, en los registros efectuados desde 2017 en sus casas y oficinas, documentación que todavía se está analizando.

Como en oficios anteriores, Asuntos Internos da cuenta de los encargos de "investigación/inteligencia" recibidos por Villarejo de parte de "clientes privados a cambio de elevadas sumas de dinero". En mayo, la Policía dio traslado al juez de 33 nuevos proyectos y, ahora, explica que los nuevos siguen un "esquema similar".

Entre los 17 nuevos se incluye "COj", un presunto encargo de Juan Cotino, que habría contratado a CENYT en 2015, y con un presupuesto base de 25.000 euros, para recuperar inversiones en Banco Madrid.

Y por el doble de dinero, 50.000 euros, le habría encargado la farmacéutica Merck España en 2014 llevar el proceso "administrativo, judicial y negociación con la inspección tributaria".

Asuntos Internos también refleja en el oficio remitido al juez García Castellón un encargo en 2013 de la aseguradora Arag por entre 100.000 y 150.000 euros para la "adquisición del Grupo Legálitas".

Respecto a los bufetes, Clifford Chance y Broseta Abogados habrían llamado en 2015 a la puerta del grupo de Villarejo para que investigara, respectivamente, a una empresa y a dos personas. Asuntos Internos refleja asimismo encargos de unos socios minoritarios del grupo hotelero Hesperia y de la compañía Eurofinsa.

Otro de los encargos recibe el nombre de Attack, de 2016, no tiene nombre asignado en el apartado de clientes y cuenta con tres opciones de presupuesto, desde los 700.000 a los 2 millones de euros: la primera, "investigación exhaustiva y presión disuasoria"; la segunda, "presión total y acción policial-judicial", y la tercera, "presión total y acción policial-judicial integral".

La Policía menciona además el proyecto Fish&Chips, en el que la empresa Inneo Torres le habría pedido, en 2014 y por 100.000 euros más prima de éxito, investigar a Acciona y al Grupo Pescarmona (IMPSA). Con todo, Villarejo habría rechazado en 2015 un proyecto solicitado al grupo CENYT de parte de la compañía Ezentis para "servicios profesionales de inteligencia" por 5.000 euros al mes.

Por hacer estos 17 encargos, Villarejo habría pedido en total entre 2,5 y 5,7 millones de euros, según la suma de los datos policiales. Se trata, no obstante, de cifras aproximadas, pues el comisario ofertaba varios precios en algunos de esos proyectos y también calculaba sus tarifas en base al éxito que tuviera.

Tándem, cuya investigación arrancó en 2017, cuenta ya con un total de 33 piezas separadas, cada una de las cuales recoge los proyectos que Villarejo habría ejecutado para un cliente determinado valiéndose, presuntamente, de los medios policiales a su alcance. La última línea de investigación se abrió hace pocas semanas por el supuesto espionaje al que fuera cónsul de Letonia en Barcelona y presidente de la Plataforma Pro Seleccions Catalanes Xavier Vinyals, que ha declarado este mismo miércoles ante el juez de la AN.

El Juzgado Central de Instrucción Número 6 analiza ya los nuevos proyectos de Villarejo localizados por la Policía para determinar si podrían dar lugar a nuevas piezas separada en Tándem. Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indicaban que, de los 33 primeros, podrían surgir otra quincena de líneas de investigación.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha indicado a la Audiencia Nacional (AN) que no está en las "condiciones físicas y psíquicas que le permitan prestar la atención necesaria para que pueda participar en su propia defensa" y, mucho menos, capacitado para "seguir visualmente de forma continuada" y por videoconferencia el juicio por tres piezas separadas de Tándem por las que se enfrenta a 83 años de cárcel.

En un escrito de este mismo lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Villarejo ha aportado un certificado médico actualizado este domingo en el que se "aprecia alteración del equilibrio y marcha y de coordinación del lenguaje". Además, añade el documento, el comisario jubilado tiene secuelas que le provocan "falta de concentración, atención y memoria".

Su abogado, Antonio José García Cabrera, ha presentado este nuevo escrito ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional después de que el tribunal que le juzga emitiese una providencia en la que instaba al médico forense de la Audiencia a valorar si Villarejo estaba "en condiciones de captar sin mayor problema los escasos tramites venideros, incluso por videoconferencia desde su propio domicilio."

Villarejo fue ingresado el pasado 26 de junio después de haber sufrido un accidente cerebro-vascular que le provocó la parálisis de un ojo, razón por la cual su defensa solicitó al tribunal de Tándem que suspendiera las sesiones señaladas para julio y las aplazase a septiembre, cuando estaba previsto que concluyera el primer juicio que se celebra por las investigaciones ilegales que habría hecho para clientes privados con su grupo empresarial, CENYT.

"Ni puede físicamente seguir visualmente de forma continuada una videoconferencia por la visión doble que presenta ni está en condiciones físicas y psíquicas que le permitan prestar la atención necesaria para que pueda participar en su propia defensa en las sesiones señaladas además porque evidentemente ello indudablemente constituye una nueva situación de estrés completamente contraindicada tras un accidente cerebro vascular tan reciente", sostiene su letrado.

La defensa del comisario jubilado considera "esencial" que el médico forense de la Audiencia Nancional valore las condiciones en las que se encuentra Villarejo "porque hasta el próximo día 6 el acusado no va a poder ser evaluado neurológicamente, practicándose una resonancia magnética craneal prescrita para el día 8 de julio".

Desde su punto de vista, antes de decidir si se reanuda o no el juicio el próximo 11 de julio su abogado considera "necesario poder completar con el reconocimiento médico forense los informes médicos iniciales que por ese motivo son aún incompletos".

Por eso, el abogado de Villarejo critica que la Sala parezca "desconocer el derecho del enjuiciado, con especial intensidad y protección en el proceso penal, a estar personalmente presente en estrados y no a través de videoconferencia, en plenitud de aptitudes psicofísicas para dirigir su propia defensa".

Máxime, añade, "en unos momentos tan importantes para la defensa como son la elevación a definitivas de sus conclusiones defensivas y en el conocimiento exacto de la justificación, vía informe" de las pruebas en las que las acusaciones sustentan su acusación.

La petición del abogado de Villarejo, que solicita un reconocimiento personal del comisario, choca con lo solicitado por los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Fermín Echarri, que únicamente ordenaron dar traslado de los informes médicos presentados por Villarejo al forense de la Audiencia Nancional para que manifestase "si el estado que presenta actualmente el procesado le impide seguir el desarrollo del juicio oral".

A su juicio, el "tono reduccionista que la Sala parece atribuir a "los escasos trámites venideros" y a la participación principal, y no vicaria, que el acusado tiene en la dirección de su propia defensa -y como mayor razón cuando es codefensor como abogado en ejercicio- vulnera el derecho fundamental a la defensa".

Así las cosas, su representación recuerda que actualmente el comisario "presenta visión doble, párpado del ojo derecho caído, fuertes dolores de cabeza que se irradian a la cuenca del ojo derecho, fotofobia que le impide estar en zonas iluminadas y aturdimiento generalizado".

El letrado de Villarejo considera que "la distancia insalvable" respecto de su cliente "puede afectar también a las condiciones que deben garantizar la mayor eficacia del derecho de defensa, cuyo contenido esencial en el acto del juicio no debe limitarse a la heteroasistencia defensiva".

Y es que, sostiene, el acusado "no debe convertirse en un convidado de piedra en el plenario cuyo desenlace puede suponerle, nada más ni nada menos, que la pérdida de su libertad". "No ha de ser tratada como un espectador impasible recluido en una zona rigurosamente acotada de intervención, limitada a la última palabra", aduce.

La defensa de Villarejo incide en que, además, en el caso del comisario jubilado coincide "que es su propio codefensor". Así, de no acceder a su petición de aplazamiento "se le podría en un inaceptable riesgo adicional para su salud y porque, en este momento, no presenta las condiciones psicofísicas adecuadas para poder ejercer en plenitud su derecho a la defensa".

La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado más de 20 años la pena de cárcel que pedía inicialmente para el comisario jubilado José Manuel Villarejo en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional desde el pasado mes de octubre por las piezas Iron, Land y Pintor, que era de más de 109 años, con lo que la ha dejado en poco más de 80 años, ha informado Europa Press.

En la sesión de este martes, el fiscal anticorrupción César de Rivas ha modificado las conclusiones provisionales del Ministerio Público suprimiendo de la acusación contra Villarejo los delitos de cohecho activo, tráfico de influencias y algunos de descubrimiento y revelación de secretos cometidos contra particulares en relación con su vida sexual en grado de tentativa.

Además, ha influido el perdón otorgado este mismo martes por el ex juez Francisco Javier Urquía a todos los acusados de la pieza Pintor, en la que consta como perjudicado.

Anticorrupción se ha alineado con esta acusación particular para retirar del pliego de cargos el delito de descubrimiento y revelación de secretos que afectan a la salud y la vida sexual respecto a Urquía, si bien la Fiscalía ha mantenido su acusación por el delito de extorsión en grado de tentativa cometido contra Urquía, por ser un tipo penal que no se ve afectado por la disculpa de la víctima.

Inicialmente, la Fiscalía Anticorrupción reclamaba que Villarejo fuera condenado a 109 años y 10 meses de cárcel con multas que superarían los 950.000 euros —a las que cabría que sumar las indemnizaciones de las que respondería solidariamente junto a las otras personas que resultaran condenadas—, así como inhabilitaciones para ejercer cargo y empleo público y para el sufragio pasivo.

En Iron, donde se juzga el presunto encargo a Villarejo del despacho de propiedad intelectual Herrero&Asociados para que investigara a Balder, ante la sospecha por parte del primer bufete de que el segundo había robado su base de datos, se enfrentaba en un principio a 57 años de cárcel.

En Land, Anticorrupción pedía 38 años de cárcel para el comisario por la investigación que habría dirigido contra Yolanda García Cereceda, su entonces pareja Jaime Ostos hijo y el arquitecto Joaquín Torres, entre otros, por mandato de Susana García Cereceda en el marco del conflicto familiar y empresarial desatado tras la muerte de Luis García Cereceda, el otrora dueño de la empresa promotora de la urbanización de lujo La Finca (Madrid).

Por último, en Pintor, el Ministerio Público solicitaba 14 años de prisión para Villarejo por el trabajo que le habrían encomendado los hermanos Juan y Fernando Muñoz Támara para investigar al empresario Mateo Martín Navarro y a su abogado, Urquía, para resolver la disputa judicial que tenían por una deuda fiscal.

Con la presentación de las conclusiones, este primer juicio por Tándem entra ya en su recta final, después de ocho meses que se alargarán al menos hasta septiembre para que acusaciones y defensas expongan sus informes y que los acusados hagan uso, si así lo desean, de su derecho a la última palabra.

Iron, Land y Pintor son las primeras piezas de Tándem que llegan a juicio de las más de treinta que componen una macrocausa vertebrada por el presunto uso que Villarejo habría hecho de los medios policiales que tenía a su alcance para usarlos en las investigaciones privadas que hacía para sus clientes, desde grandes empresas del IBEX 35 a particulares.

La línea de defensa de Villarejo ha sido afirmar que era un agente de Inteligencia al servicio de CNI y Policía Nacional que usó su grupo empresarial ,CENYT, para beneficio del Estado. Serrano ha venido advirtiendo a lo largo del juicio de que, aunque el comisario fuera efectivamente un espía, lo "intolerable" es que se llenara los bolsillos con ello.

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión del juez instructor del caso Villarejo de concluir la investigación sobre la contratación por parte de Repsol y CaixaBank del comisario jubilado y ha solicitado que se procese a sendas empresas, al presidente de la primera, Antonio Brufau, y al expresidente de la segunda, Isidro Fainé.

En un recurso de apelación del pasado viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público justifica su oposición al auto en el que el magistrado exoneró a los máximos responsables y a las compañías poniendo el foco en los "indicios de la comisión" delitos por parte de todos ellos y que, a su juicio, persisten.

Fue el pasado 2 de junio cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 dictó el auto de pase a procedimiento abreviado procesando como máximos responsables del presunto encargo ilegal a Villarejo a los exjefes de Seguridad de sendas empresas en el momento de la contratación: Rafael Araujo (Repsol) y Miguel Ángel Fernández Rancaño (CaixaBank). Y lo hizo, explicaba, por hechos que pueden ser descritos como un delito de cohecho activo.

En ese momento el juez Manuel García Castellón decretó el sobreseimiento para sendas empresas, para Brufau, Fainé y también para los ejecutivos de Repsol Luis Suárez de Lezo, Juan de Amunátegui y Joaquín Uris, y para el ex director general de Medios de CaixaBank, Antonio Masanell.

Sin embargo, Anticorrupción solicita ahora que se deje sin efecto ese auto del juez instructor y que se procese a las personas jurídicas de Repsol y CaixaBank y a Antonio Brufau, Luis Suárez de Lezo, Isidro Fainé y Antonio Masanell respectivamente.

Todo ello en el marco de la pieza 21 de la macrocausa Tándem, en la que el magistrado investigaba si Repsol y CaixaBank habrían pedido en 2011 a CENYT, el grupo empresarial de Villarejo, que espiara al entonces presidente de Sacyr Luis Del Rivero y su entorno para evitar que la empresa y su aliado mexicano Pemex se hicieran con el control de Repsol.

En lo relativo a la petrolera, el Ministerio Público sostiene que existen indicios de que los "controles requeridos por el plan de prevención de delitos de la compañía fueron incumplidos en la contratación" de Villarejo, buscando "defender el interés social de la compañía frente al acuerdo de sindicación alcanzado por Sacyr".

Pero además, sostiene la Fiscalía, "como se ha verificado de manera indiciaria en el presente caso, la adjudicación en favor de CENYT fue aprobada por quien, atendiendo al importe, no tenía el nivel adecuado para hacerla". "Además, se hizo la adjudicación sin la intervención de la unidad de compras y sin que el proveedor se encontrara previamente calificado. Asimismo, se centralizó toda la contratación en una única persona, incumpliendo la segregación de funciones recogida en los planes de prevención", explica.

En cuanto a CaixaBank, Anticorrupción señala que "no consta" que se cumpliera "adecuadamente" la "necesaria constancia de la verificación de los servicios prestados por CENYT, como presupuesto indispensable para que el área de gestión financiera autorizase su pago".

En esta línea, también llama la atención sobre una norma interna del banco relacionada con el modelo de gestión presupuestaria —que tiene una "importancia capital en el modelo de prevención de delitos"— y que habría sido "flagrantemente vulnerada en el proceso de verificación y pago de los servicios contratados con CENYT".

Su violación supone, advierte la Fiscalía, "la infracción de los controles internos establecidos en la compañía para evitar la comisión del delito de cohecho". "Y tales incumplimientos no fueron detectados por los controles de la compañía, poniendo de relieve, que, o bien no resultaban adecuados y eficaces, o bien, pese a ser detectados tales incumplimientos, se hizo caso omiso a su detección", añade.

Respecto a Brufau, los fiscales Miguel Serrano y Cesar de Rivas apuntan que tanto él como Suárez de Lezo "no quedaron al margen, sino que tuvieron una activa participación del encargo realizado" a Villarejo "cuando se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía para llevar a cabo la investigación sobre Luis del Rivero". En el curso de ese presunto espionaje al entonces presidente de Sacyr se llegó, incluso, "a acceder a tráficos de llamadas".

La Fiscalía apunta que tanto Brufau como el exdirectivo de Repsol "fueron los destinatarios principales de la documentación y de toda la información recabada en cumplimiento de ese encargo, referida a un asunto de una importancia capital para la compañía". "Y, por tanto, quienes habrían de valorarla a la hora de tomar las decisiones que considerase para defenderse del pacto que consideraban perjudicial para los accionistas", señala.

En este contexto, el Ministerio Público asegura que la investigación sobre Del Rivero "fue una reacción conjunta promovida" tanto por Brufau como por Fainé. "Que en la génesis de la contratación conjunta de CENYT se encontraba el acuerdo de los presidentes de ambas compañías contratantes se evidenció en el curso de las declaraciones judiciales" de ambos, sostiene.

Al hilo, la Fiscalía incide en que Fainé no solo tenía conocimiento de la contratación, sino que el "posterior seguimiento personal" del expresidente de CaixaBank ha sido ratificado en la declaración judicial del que fuera jefe de Seguridad de la entidad bancaria.

En la misma, Miguel Ángel Fernández Rancaño señaló que tras recibir de Villarejo los informes elaborados despachó esos temas con el propio Fainé "como un punto más de las reuniones que mantenían y dado que su inmediato superior, el director general de medios, Antonio Masanell Lavilla, así se lo había indicado previamente".

Así las cosas, la Fiscalía asegura que esta versión de los hechos fue "corroborada" por Masanell que, "a pesar de manifestar que no recordaba nada de la contratación de CENYT, que era una más de las gestionadas por el área de Seguridad", no desmintió la versión de Rancaño.

Y, en lo relativo al propio Masanell, Anticorrupción considera que "las actuaciones practicadas han permitido obtener un acervo de datos incriminatorios lo suficientemente sólido para estimar injustificado el sobreseimiento acordado respecto de este investigado".

"Su propia declaración judicial, la declaración judicial del investigado Fernández Rancaño, y las manifiestas deficiencias de la investigación realizada por la Auditoría Interna de CaixaBank para verificar el alcance de su conocimiento y participación en la contratación y pago de los servicios de CENYT, constituye un suficiente cuadro indiciario de su participación en los hechos", concluyen.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga los presuntos encargos ilícitos de BBVA al grupo empresarial del comisario José Manuel Villarejo ha rechazado citar como testigo al presidente de BBVA, Carlos Torres, pero sí ha acordado interrogar como tal al ex consejero delegado de la entidad bancaria y actual presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, según informa Europa Press.

En un auto de este mismo jueves, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Joaquín Gadea, descarta la testifical de Torres, planteada entre otros por la acusación particular que ejerce el empresario Luis del Rivero, si bien admite la petición de la Fiscalía Anticorrupción de interrogar a Goirigolzarri y la de la acusación de escuchar también a Ayuso.

Gadea recuerda en su auto que se interesaba la testifical de Torres en relación con la información que le suministró el director de Comunicación de BBVA, Pablo García Tobin y, en concreto, para saber si conocía la existencia de la carpeta de Google Drive en la que se guardaron algunos documentos.

El instructor entiende, tal y como expone el fiscal, que para aclarar si Torres tuvo conocimiento de la documentación subida a Google Drive se puede acudir a quienes tuvieron acceso a la misma, sin necesidad de recurrir a él. "No existiendo indicio alguno que permita sostener que el Torres hubiese tenido acceso a la carpeta Google Drive, la petición carece de utilidad y pertinencia alguna", aclara.

En el mismo sentido, Gadea señala que, del análisis de las actuaciones practicadas hasta la fecha y del estudio del material que obra en las actuaciones, no se ha hallado indicio alguno que permita sostener que Torres "impartió directriz, instrucción u orden alguna para ocultar documentos que afectasen al procedimiento, por lo que no se detecta vinculación alguna, más allá de su posición jerárquica o en la entidad, que justifique el llamamiento".

En cambio, el juez sí considera útil y necesario citar a Goirigolzarri como testigo, puesto que, del análisis efectuado de la documentación interna de CENYT —el grupo empresarial de Villarejo— sobre el proyecto "Trampa/Trapa", resulta necesario escuchar al que fuera consejero delegado de BBVA en 2004 y 2005 "al existir indicios de que tuvo acceso al informe "Trampa II", así como posteriormente al "Trampa I", y que, aunque le pareció que podía ser delictivo no se atrevió a comentarlo con Francisco González", el entonces presidente de la entidad bancaria.

Además, Gadea acepta la declaración como testigo del ex director de Comunicación, a la vista de los nuevos datos recabados desde su anterior declaración en noviembre de 2019.

Iberdrola ha pedido al juez instructor de la macrocausa Tándem, Manuel García-Castellón, que expulse al presidente de ACS, Florentino Pérez, de la pieza separada sobre los presuntos encargos de la energética al comisario jubilado José Manuel Villarejo al considerar que el también dirigente del Real Madrid solo trata de "denigrar a un competidor", informa Europa Press.

En un escrito del pasado viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, Iberdrola reitera al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 que "el avance de las investigaciones ha permitido comprobar" que no se "contrató" a nadie para investigar a Pérez, a quien acusa de hacer un "uso abusivo y fraudulento de su posición procesal".

A través de varios puntos, la compañía que dirige Ignacio Sánchez-Galán responde a algunas de las peticiones de Pérez al juez. La principal, entre las mismas, que se acordase la condición de investigada a Iberdrola.

"El escrito de 15 de diciembre de 2021 no es más que un nuevo intento de cercenar nuestros derechos y perjudicar nuestros legítimos intereses", critica la compañía, que asegura que su presentación coincidió con el auto de la Sala de lo Penal que "venía a restaurar" los derechos de Iberdrola, reconociéndola como parte querellante y revocando el sobreseimiento contra su exdirectivo José Antonio del Olmo.

"Ello sería una muestra inequívoca del fraudulento actuar procesal de esa representación cuyas auténticas pretensiones, implementando una estrategia dirigida a denigrar a un competidor, son las de privar a esta parte de su derecho a ejercitar la acusación y, a mayor abundamiento, que se acuerde su declaración en calidad de investigada con la finalidad de perjudicar a mi mandante", critican.

En esta línea, el escrito recuerda que ACS es "un competidor directo de Iberdrola" y que, con su estrategia, busca la "obtención de una ventaja competitiva frente al competidor, lo que podría ser, además de para infringir la legislación sobre competencia desleal, para intentar resarcirse de viejas batallas".

Para defenderse de la petición de Pérez, Iberdrola aduce que no es posible considerarle como investigada dado que "la actuación" del exjefe de Seguridad de la eléctrica Antonio Asenjo con la compañía de Villarejo se realizó "exclusivamente en nombre y por cuenta de Iberdrola Renovables y para cancelar unos gastos suplidos que afectaban únicamente a dicha mercantil".

"Es decir, absolutamente fuera del ámbito de Iberdrola y sin que le reportase ningún beneficio o utilidad a mi mandante", insisten, recordando además que "Iberdrola cumplía sobradamente con las exigencias de medidas preventivas requeridas por la legislación en el año 2012".

Pero, además, la respuesta de Iberdrola llega tan solo un día después de que el presidente de ACS solicitase al juez que aplicase la directiva whistleblowing, diseñada para proteger a quienes informan sobre infracciones del derecho de la UE, al ex directivo de Iberdrola José Antonio del Olmo.

Y todo ello, según explicaba Pérez, al considerar que el exdirectivo "está siendo represaliado" por su antigua compañía mediante acciones legales por el informe que elaboró en 2004 sobre presuntas irregularidades en la eléctrica en relación con la contratación del comisario José Manuel Villarejo.

En este punto, desde Iberdrola hacen constar que Pérez "viene actuando en el presente procedimiento como si de una acusación pública o popular se tratase". "Las pretensiones de esa representación, al menos en todo lo relacionado, aunque sea tangencialmente con mi mandante, van más allá de las pretensiones impulsadas por otras acusaciones, incluida la ostentada por los representantes del Ministerio Fiscal", critican.

"La estrategia procesal seguida" por el presidente de ACS, continúan, "se hace patente en formas de actuar que obstaculizan constantemente el avance normal del proceso". "Así, se produce una reiteración de peticiones dirigidas a atribuir la condición de investigada a mi representada o a privarla de la legítima condición de acusación particular que le corresponde, así como también se actúa en defensa de uno de los investigados, el señor Del Olmo", lamentan.

Y se hace, sostienen, "con independencia" de que se traten de "cuestiones ya resueltas, ajenas a la defensa de sus intereses o, incluso, en abierta contradicción con las informaciones obrantes en la causa".

En definitiva, Iberdrola considera a Pérez como una figura que "actúa amparada por una teórica posición de acusación particular, en la que se extralimita de forma constante". "En realidad, es una acusación que actúa a favor de uno de los acusados, es un acusador que actúa en contra de otra acusación y, por último, ejerce la acusación particular en relación con hechos que le son totalmente ajenos", apostillan.

Así las cosas, Iberdrola insiste en que "llama la atención" que Pérez "haya centrado su interés" en la eléctrica, "obviando solicitar diligencias de investigación dirigidas a acreditar indiciariamente la supuesta afectación a la intimidad o al secreto de las comunicaciones de su representado como consecuencia del denominado Proyecto Posy", el supuesto encargo a Villarejo por el que habría sido víctima de espionaje.

La compañía que preside Sánchez-Galán no expresa dudas con esta cuestión: "Estas omisiones, ausencias o silencios son una muestra inequívoca de la auténtica finalidad que se persigue con el ejercicio de la acusación particular que ostenta: perjudicar directamente a mi representada".

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha corregido al juez instructor y ha vuelto a imputar a Repsol y CaixaBank, así como al presidente de la primera, Antonio Brufau, y el expresidente de la segunda, Isidro Fainé, por la contratación por parte de ambas empresas del comisario José Manuel Villarejo para, presuntamente, espiar al entonces jefe de Sacyr, Luis del Rivero.

Así se recoge en un auto de este mismo lunes, recogido por Europa Press, en el que la Sección Tercera asegura que la investigación practicada hasta la fecha revela la existencia de indicios de conductas delictivas calificables como cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. En concreto, el encargo elaborado por Cenyt, el grupo de Villarejo, se habría llevado a cabo "a cambio de un precio que fue abonado por las empresas comitentes" y "que incluyeron el acceso a datos sobre el tráfico de llamadas telefónicas y otras comunicaciones".

La Sala estima de esta forma los recursos que presentaron la Fiscalía Anticorrupción, el empresario Luis del Rivero y Podemos contra el auto del juez instructor, Manuel García-Castellón, del pasado 29 de julio, en el que acordó el sobreseimiento provisional para los mencionados.

Todo ello en el marco de la pieza separada 21 de la macrocausa Tándem, en la que el magistrado investiga la contratación en 2011 por parte de ambas mercantiles a Cenyt con el presunto objetivo de que espiara a Del Rivero para impedir que se hiciera con el control de Repsol —de la que CaixaBank es uno de los principales accionistas— a través de su alianza con la empresa mexicana Pemex.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán, ha solicitado al juez instructor de la macrocausa Tándem que le excluya de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por los supuestos encargos de la compañía al comisario jubilado José Manuel Villarejo ante la "inexistencia de conductas penalmente reprochables".

Así se desprende de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que la defensa de Sánchez-Galán presentó el pasado viernes, diez días después de su declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón. Entonces, el presidente de Iberdrola se desvinculó de los encargos y afirmó que fue él la persona espiada.

Ahora, y después de que haya trascendido su comparecencia de forma íntegra, Sánchez-Galán asegura que el auto que llevó a su imputación no ofrece descripción fáctica que con claridad, precisión y coherencia permite colegir que haya hecho o dejado de hacer algo". Y asegura, a su vez, que "no corresponde al Juez suplir las deficiencias del relato, añadiendo imaginativamente los datos fácticos necesarios para cumplir el tipo o la participación penal".

"El alguien me ha dicho que le han dicho —resumen de la versión del señor Del Olmo— no supera los estándares mínimos para considerarse principio de prueba apto en orden a investigar penalmente a alguien", critican, en alusión al que fuera director de Control de Funciones Corporativas de Iberdrola.

Contrataron a José Manuel Villarejo y lo reconocen. Se lo dijeron a la Fiscalía Anticorrupción, con la que alcanzaron hace ya meses un acuerdo para acorralar al comisario jubilado, y así lo confirmaron ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga las actividades supuestamente ilegales del expolicía. Pero además, coincidieron en subrayar algo que quizá no tenga mucho impacto en la futura sentencia, pero que resulta llamativo vista la cantidad de clientes que recurrieron a sus servicios y las cantidades que llegó a cobrar: la información que les suministraba tenía escaso o nulo interés e incluso alguno llegó a calificar su trabajo como una "estafa".

Después de unas largas sesiones de cuestiones previas, el juicio como tal empezó la semana pasada con las primeras declaraciones de acusados. Como suele ocurrir en otros procedimientos, el Ministerio Público es el que propone el orden de comparecientes y si ha habido confesiones, son éstas las primeras en producirse. Así ha pasado en esta vista oral, la primera de la macrocausa Tándem que tiene como principal imputado al comisario jubilado, en la que empezaron declarando antiguos clientes de Villarejo.

En este juicio se examinan tres encargos a Cenyt, el grupo de empresas del expolicía al que empresarios, políticos o grandes compañías recurrían para trabajos de espionaje. Muchos de ellos cuando Villarejo aún era funcionario de la Policía. En otros ya se había jubilado, pero pudo haber seguido utilizando medios oficiales para sus encomiendas. La clave para la acusación de la Fiscalía está en saber si los clientes sabían de esa condición y de los medios de los que podía disponer para así poder probar el delito de cohecho.

Aunque Tándem se divide, de momento, en casi una treintena de piezas separadas, una por cada encargo realizado por las empresas de Villarejo o por el propio expolicía a título particular, esta primera vista juzga tres de ellas, las denominadas Iron, Land y Pintor. En la primera se investiga la contratación de Cenyt por el despacho de abogados Herrero&Asociados para que espiara a un bufete de la competencia, Balder IP Law. En la segunda, Susana García-Cereceda le habría encargado buscar información comprometedora sobre otros herederos en la guerra familiar por el legado del promotor de La Finca. En la tercera, se juzga el encargo que habrían hecho los empresarios Fernando y Juan Muñoz –este último marido de la periodista Ana Rosa Quintana– a Villarejo en 2017, cuando ya se había jubilado como comisario, para supuestamente extorsionar a otro empresario, Mateo Martín Navarro, y a su abogado, el ex juez Francisco Javier de Urquía.

Por estas tres piezas, el expolicía se enfrenta a una petición de cárcel de 109 años por delitos que van desde cohecho hasta tráfico de influencias, extorsión, falsedad documental y descubrimiento y revelación de secretos.

Más allá de las explicaciones que fueron dando distintos clientes del comisario acerca de cuál era el encargo que se le solicitó, qué medios utilizó o los pormenores de la relación profesional que mantuvieron, imputados que fueron pasando por la sala de vistas de la Audiencia Nacional confirmaron que recurrieron a los servicios de Villarejo, pero que los resultados fueron bastante decepcionantes.

María Ángeles Moreno, directora y socia de Herrero&Asociados, explicó que la información sobre el otro bufete que les facilitaba Cenyt ya era conocida por el propio despacho. "Creo que nos tomaron el pelo, (...) que se inventaban historias", dijo sin ningún tapujo, tal y como informó Europa Press el día de la declaración. Según ella, fueron víctimas de "una auténtica estafa" porque "no se hizo absolutamente nada". "Me siendo estafada", confesó finalmente.

Moreno habló del modelo 347 de la Agencia Tributaria, que sirve para poner en relación a empresas y clientes. Cenyt se lo ofreció pero, Herrero&Asociados no lo necesitaba porque debido a la legislación sobre patentes y marcas, a lo que se dedicaban, Balder estaba obligado a notificarles cuando asumía un cliente suyo. "Sabíamos los clientes que se iban, los de 500.000 euros y los de 5", ilustró la abogada como ejemplo del servicio poco útil que proponía la empresa de Villarejo.

“Estaba ofreciendo como nueva información que se le había dado desde dentro de la empresa”, resumió la abogada, que en un punto llegó a hablar de "bravuconadas" y "fanfarronerías" para definir

La "estafa", según Moreno, les habría llegado a costar unos 300.000 euros. Eso sí, todos los investigados de Herrero&Asociados que han declarado esta semana afirmaron que Villarejo no les dijo que fuera policía en activo. "A su condición de policía siempre se refería en términos pasados (...), hablaba siempre de su antiguo gremio", rememoró.

La empresaria Susana García-Cereceda, acusada de contratar al comisario para espiar a su hermana, a la viuda de su padre, Susana Gómez Cuétara, y al arquitecto de la urbanización de lujo La Finca, Joaquín Torres, también admitió los encargos y la elaboración de dossieres, pero habló de cierta información sobre la que no obtuvo "prácticamente nada". "Que se iba al cine con algunos amigos, nada, realmente nada", relató sobre el expediente relativo a Torres.

De Villarejo también le llegaron informes verbales, que era el modus operandi, pero de Cenyt, a la que contrató porque había oído hablar de su "profesionalidad", sólo informes escritos que "no eran nada exhaustivos, eran dos o tres folios". Por ejemplo, números de teléfono a los que llamaba Gómez Cuétara, pero nada de contenido sobre esas conversaciones.

La conclusión de Cereceda y el socio de ésta, Francisco Peñalver, es que el encargo y los servicios de Cenyt, por los que supuestamente pagaron más de 300.000 euros, según la investigación de la Fiscalía, no les fueron de mucha utilidad: "Realmente no nos dieron nada"; "no nos sirvió para nada", dijeron, tajantes.

El macrojuicio se retomará el próximo 10 de enero con la previsible declaración del comisario Villarejo, que tendrá que defenderse de todas las acusaciones vertidas por los que fueron sus clientes. Ya intentó hacerlo esta misma semana utilizando su rol como abogado de sí mismo –es licenciado en Derecho y en la vista se sienta junto a su letrado y no en el banquillo de los acusados–, hablando de él en tercera persona cuando se refería a los trabajos que realizó y tratando de introducir buenas valoraciones cuando preguntaba sobre los servicios prestados. Para exasperación de la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, en más de una ocasión.

La actual vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, ha negado este lunes tajantemente que conozca o haya conocido personalmente "en ningún espacio, lugar o tiempo" al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Sale así al paso de las declaraciones del comisario, quien esta mañana antes de entrar como acusado en el juicio por tres piezas de Tándem señaló que "en otro tiempo trabajó" con Elizo y que utilizó su despacho de abogados como un "buzón" además de pagarle "unos honorarios".

En declaraciones a Europa Press, Elizo ha negado conocerle y ha recordado además que cuando Podemos ejercía una acusación activa en la causa Tándem, en la que la Audiencia Nacional investiga los negocios oscuros del comisario, Villarejo no solo trató de que fueran expulsados de las distintas piezas separadas aduciendo que la finalidad de su personación era política, sino que incluso se querelló contra ella, querella que fue archivada por el Tribunal Supremo.

A su juicio, las declaraciones del comisario de este lunes responden a una estrategia procesal y denuncia que el objetivo es "embarrar" el proceso. Por otro lado, en un tuit que ha lanzado Elizo este mismo lunes ha señalado con ironía que sí que trabaja con él, pero para que sea devuelto donde ya sabe -en clara alusión a la prisión-.

"Querido amigo Villarejo. Me alegra que estés disfrutando con nuestra serie en Contexto. Una lástima que todos sepan ya qué significa que digas que alguien trabajó contigo. Pero sí. Yo trabajo contigo... para que te devuelvan donde ya sabes. Con tus verdaderos amigos...", ha señalado en ese mensaje en su cuenta de Twitter.

Tras ese primer tuit un tanto críptico ha lanzado un segundo más claro: "Si no se entiende en broma lo digo en serio: NO tengo el dudoso gusto de haber conocido al señor Villarejo en mi vida, JAMÁS he trabajado con él y NO sé muy bien lo que significa usar tu despacho como 'un buzón' pero supongo que se trata de un mensaje dedicado. Pues un honor".

La respuesta de la vicepresidenta tercera del Congreso llega desde Montevideo (Uruguay), donde participa en unas jornadas, y es la reacción a las declaraciones del comisario, quien señaló tras ser preguntado si solicitará la expulsión de la causa de Podemos, que ejerce como acusación popular, que no tiene interés en que sea expulsado, tal y como sí piden otras defensas.

"Lo único que puedo decir es que gente muy importante como en otro tiempo mi buena amiga Gloria trabajó conmigo y ahora es responsable de temas jurídicos", ha asegurado para luego añadir que le "apetece" que la formación morada siga "inquiriendo y preguntando cosas que deben de salir a la luz" en el juicio por las piezas Iron, Land y Pintor.

La querella de Villarejo en el Supremo

Fue en octubre de 2020 cuando la defensa de Villarejo se querelló contra el entonces líder de Podemos Pablo Iglesias, Gloria Elizo, la exasesora de Podemos Dina Bousselham y a la abogada del partido morado Marta Flor por un presunto delito de acusación y denuncia falsa.

El Tribunal Supremo (TS), que en diciembre de ese año dio por recibida la querella y designó como magistrado ponente para conocer de la causa a Andrés Martínez Arrieta no tardó en inadmitirla a trámite al considerar que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito.

En su querella, el comisario señalaba que los querellados imputaron a su patrocinado "hechos inciertos con conocimiento de su falsedad y con temerario desprecio hacia la verdad", y vinculaba esta maniobra del entorno de Podemos con las elecciones generales de abril de 2019.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del magistrado instructor de Tándem, Manuel García-Castellón, de imputar a la persona jurídica de Iberdrola Renovables por un presunto delito de cohecho por los encargos que habría realizado al comisario jubilado José Manuel Villarejo cuando estaba en activo en el llamado proyecto Wind.

En un auto fechado el 12 de noviembre y recogido por Europa Press, la Sala desestima el recurso presentado por la compañía al considerar que los hechos contenidos en el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, en el que se le atribuye la condición de investigada, contiene la motivación o fundamentación suficiente.

Además, los magistrados de la Sección Tercera rechazan también en otro auto el escrito presentado por el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en el que solicitaba que se estableciera que él no formaba parte del órgano de gobierno de la filial de Renovables cuando ésta habría encargado el proyecto Wind a Villarejo.

Además, Sánchez Galán pidió en un escrito del pasado 11 de julio al magistrado instructor que corrigiera dos "errores materiales" que la defensa había observado en el auto del día 9, por el que imputó a Iberdrola Renovables (IRE) y archivó la querella presentada por Iberdrola contra su ex director de Control de Funciones Corporativas José Antonio del Olmo.

Pronunciamientos "prematuros" del juez

Por su parte, el magistrado instructor se negó a esta corrección al entender que en realidad la petición de Sánchez Galán no buscaba enmendar un "error material", sino "impugnar el relato fáctico de los hechos". García-Castellón le emplazó entonces a que acudiese a la Sala para conseguirlo.

La Sala rechaza ahora el recurso y explica que el escrito presentado por Galán en el juzgado solicitando la rectificación material, al tratarse de dos declaraciones de la fundamentación jurídica "sin trasunto en la parte dispositiva, como se reconoce en el recurso, a criterio del tribunal debe decaer, dada la provisionalidad de la resolución combatida y la finalidad perseguida por el instructor con su dictado".

En un tercer auto, los magistrados acuerdan revocar el sobreseimiento acordado en el mismo auto de 9 de julio respecto del propio del Olmo, al que vuelve a imputar por un presunto delito de falsedad documental. Además, la Sala también ha decidido devolver la condición de acusación particular a Iberdrola, en contra de lo acordado por el juez.

La Sala, que considera que esos pronunciamientos de García-Castellón "resultan prematuros", conmina al magistrado a determinar si el documento cuya manipulación se atribuye a Del Olmo le resulta necesario para la investigación de los hechos objeto de esta pieza separada o para corroborar las declaraciones que, como testigo, pudiera efectuar el exdirectivo sobre los hechos objeto de investigación.

Vuelven a imputar a Del Olmo

En caso afirmativo, la Sala cree que el pronunciamiento sobre la posible falsedad de ese documento o inveracidad de los manifestado por el testigo, deberá posponerse hasta la conclusión de la investigación y, en caso de producirse, del enjuiciamiento de los hechos supuestamente delictivos por los que se sigue esta pieza separada.

Iberdrola se querelló contra Del Olmo por un presunto delito de falsedad en documento privado, alegando que el informe elaborado por el exdirectivo sobre contabilización de facturas anómalas por la Dirección de Seguridad Corporativa de 1 de diciembre de 2004 era un dossier manipulado que se había creado para perjudicar a la compañía.

Sin embargo, García-Castellón acordó el sobreseimiento para Del Olmo sin ni siquiera entra a estudiar el fondo del asunto al concluir que el presunto delito estaría prescrito. Conforme a su explicación, se trataba de un ilícito de consumación instantánea que solo es perseguible durante cinco años, de modo que, siendo los hechos de 2004, la eventual responsabilidad criminal habría caducado.

Para la Sala, si el instructor concluyera que el documento tachado de falso o manipulado fuera ajeno a la investigación de esta pieza, deberá entonces dictar una resolución motivada que sería susceptible de ser atacada mediante los recursos establecidos en la ley, apartando de esta pieza la querella interpuesta por Iberdrola contra Del Olmo para que el órgano judicial competente inicie la correspondiente investigación o establezca la posible prescripción de los hechos.

La investigación a Eólica Dobrogea

Fue el pasado mes de julio cuando García-Castellón imputó a la persona jurídica de Iberdrola Renovables por un presunto delito de cohecho. El magistrado señaló entonces que la filial habría contratado a Villarejo a finales de 2011 a través del entonces director de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, para investigar a la empresa suiza Eólica Dobrogea, a su accionista mayoritario Chrisopher Kaap y a su apoderado Corneliu Dica.

Iberdrola Renovables se había aliado con la compañía eólica para desarrollar una serie de proyectos en Rumanía, pero con el tiempo surgieron conflictos que se acabaron resolviendo de forma favorable a la eléctrica española en un procedimiento arbitral.

Estos hechos serían imputables a empleados y directivos de Iberdrola Renovables, decía el juez, recordando que en el momento en el que se habría contratado y ejecutado Wind el presidente del Grupo Iberdrola, y en concreto de Iberdrola Renovables, era Ignacio Sánchez Galán, mientras que el director general de Negocios era José Luis San Pedro, ambos investigados.

Sin embargo, García-Castellón entendía que también habría responsabilidad penal para la entidad al considerar indiciariamente acreditado que el supuesto encargo a Villarejo no se realizó a título individual por parte de los directivos y empleados de la compañía, "sino que se hizo en nombre o por cuenta de la mercantil Iberdrola Renovables Energía SA y en beneficio de la propia compañía".

El instructor destacaba en este sentido que la factura emitida el 14 de febrero de 2012 por Cenyt —buque insignia del grupo empresarial de Villarejo— por importe de 29.500 euros en concepto de servicio des de apoyo y logística de seguridad a personal en Rumanía fue pagada por Iberdrola Renovables, "evidenciando con ello que la actuación de los investigados, como personas físicas, se llevó a cabo en todo momento en nombre y por cuenta de la propia compañía".

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado revocar el auto de pase a procedimiento abreviado del caso Dina, la pieza de la macrocausa Tándem en la que se investiga el robo de la tarjeta a la exasesora de Podemos Dina Bousselham, ordenando al juez nuevas diligencias.

En concreto, la Sección Tercera ha accedido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha encomendado al juez instructor Manuel García-Castellón que escuche a Bousselham, a su pareja y al que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, ha informado Europa Press.

La Sala entiende que las diligencias pedidas por la Fiscalía son "procedentes a los fines de la instrucción", explicando que a lo largo de la investigación Bousselham ha prestado declaración varias veces sobre las capturas de pantalla de su teléfono publicadas por un medio digital que, en algunos casos, también habían sido divulgadas por ella.

Pero para agotar la instrucción, añade el tribunal, se hace preciso conocer, en la medida de lo posible, el origen de la divulgación por los medios de comunicación desde enero de 2016 de otra información contenida en el teléfono de Bousselham "que no está en estas circunstancias y a lo que" su declaración "podría contribuir".