Operación Tándem
El juez del 'caso Villarejo' apoya la negativa del BBVA a dar a otro imputado sus propios emails porque podría perjudicar al banco
El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha denegado a uno de los imputados en la pieza sobre los contratos con el BBVA el acceso a todos los emails recibidos y enviados desde sus antiguas cuentas de correo corporativo. Quien lo solicitó fue Antonio Béjar, exjefe de riesgos inmobiliarios y la persona que tras anunciar que colaboraría con la investigación judicial implicó al expresidente del BBVA, Francisco González, en la contratación de la empresa usada por el comisario para labores de espionaje, Cenyt SL.
Su solicitud de acceso a sus propios correos electrónicos, a la que se opuso el banco, obtuvo el respaldo de Anticorrupción: el derecho de defensa de Béjar –escribieron los fiscales– "en modo alguno puede hacerse depender de la voluntad de los letrados del BBVA", que se encuentra igualmente imputado, este en su condición de persona jurídica. Pero en un auto dictado este martes el magistrado desestima la petición aduciendo que el banco "tiene el derecho a no facilitar nada que pudiera resultarle incriminatorio".
El juez sí accede a demandar al banco que identifique de forma clara y detallada el organigrama completo del departamento de Seguridad Corporativa desde 2004 y hasta ahora. Y, aunque sin fijar fecha, anuncia que Antonio Béjar declarará de nuevo como investigado.
El nuevo auto fue recibido con satisfacción por el BBVA, que a media tarde emitió un comunicado de elogio. La resolución, sostiene la nota, "destaca la colaboración del banco y subraya que “BBVA ha aportado todos los resultados relevantes para la Instrucción entre los miles de archivos y correos electrónicos facilitados por la entidad”. Igualmente –prosigue el texto– el auto sostiene que “la representación de la entidad BBVA ha puesto a disposición de este Juzgado Central de Instrucción todos los hits (2,3 millones) obtenidos por PwC [la consultora encargada del forensic o investigación interna] al aplicar las palabras clave, para despejar cualquier duda de que lo aportado por BBVA al procedimiento sea el resultado realmente obtenido de la investigación". "Precisamente –añade García Castellón– eso permitió que sobre todas ellas fuera extensamente interrogado el representante especialmente designado de BBVA”.
En el mismo auto, el juez acuerda asimismo poner en manos de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional los documentos recabados por PwC para el informe forensic que preparó para la entidad en relación a los contratos que reportaron a Villarejo 10,28 millones de euros entre 2004 y 2017.
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El juez también ha denegado otra diligencia requerida en este caso por uno de los espiados por Villarejo, Luis Pineda, fundador de la asociación de banca Ausbanc. Pineda sostiene que en las Navidades de 2012 y mientras se encontraba con su familia en un hotel del Pirineo oscense, Francisco González le ofreció 12 millones "por abandonar el asunto de las cláusulas suelo", origen de una denuncia que Ausbanc acabó ganando en el Tribunal de Luxemburgo. Lo que ahora reclamaba a García Castellón es que solicitara al hotel y al BBVA datos que permitiesen verificar que el entonces presidente del BBVA se alojó allí en aquellas fechas.
La Fiscalía no se opuso a la práctica de esa prueba "ya que dicho supuesto encuentro es objeto de investigación en la presente causa". El magistrado entiende lo contrario: el requerimiento al hotel es "innecesario e inútil, pues nada aporta, tratándose de un dato periférico, circunstancial e irrelevante". En paralelo a su papel como acusación particular en esta pieza de la también denominada Operación Tándem, Pineda se sienta en el banquillo en otro proceso acusado de extorsión.
En el mismo auto, el juez acuerda asimismo poner en manos de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional los documentos recabados por la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) para el informe forensic que preparó para la entidad en relación a los contratos que reportaron a Villarejo 10,28 millones de euros entre 2004 y 2017.
