“Es una barbaridad”: el Gobierno se revuelve contra la condena a David Sánchez y confía en su revisión

Una ola de indignación recorre todo el Gobierno y el PSOE. La condena del hermano del presidente, David Sánchez, provoca rabia. Y la percepción es compartida: se trata claramente de una operación contra el jefe del Ejecutivo y su entorno para hacer caer a la coalición progresista. Pero, a la vez, hay confianza en que se revoque esa decisión en instancias superiores. 

“Es una barbaridad que se condene a un inocente sin pruebas”. Esta es la principal reflexión que sale del Palacio de la Moncloa en estos momentos tras la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz de condenar al hermano del presidente a nueve años de inhabilitación para empleo público como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

Además, la Audiencia Provincial ha sentenciado al exlíder del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo a 18 años de inhabilitación para empleo público como autor de dos delitos de prevaricación administrativa por la contratación de David Sánchez. Un puesto que se adjudicó cuando el actual presidente del Gobierno no era ni secretario general del partido.

La derecha se agarra a esta condena para tratar de meter presión al Gobierno y a los socios para que pongan fin a la legislatura. Y ve el PP una victoria política en el hecho de que David Sánchez sea el primer condenado dentro del círculo íntimo del presidente, a la espera de que caiga también pronto una sentencia contra la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez. 

Apoyo total a David Sánchez en la izquierda

Pero la sensación dentro del espectro progresista es que se trata de un caso de manual de lawfare, aunque los miembros del Ejecutivo no utilicen concretamente esa palabra. Fuentes del entorno del presidente subrayan: “Hay segunda instancia y, por tanto, esperamos que la Justicia haga justicia”. El apoyo es total respecto al hermano del presidente y al resto de condenados. 

En el Ejecutivo esperaban la absolución de David Sánchez porque, en su opinión, durante el juicio quedó claro que no había pruebas contra él. Y lamentan las fuentes consultadas que la sentencia contra el ex fiscal general del Estado “sentó precedentes” en España: “Una estrategia de organizaciones ultraderechistas, apoyadas por el Partido Popular y por Vox, que acaba en sentencias injustas”.

“Tenemos que seguir creyendo en instancias superiores”, insisten en el núcleo duro del Gobierno. Por eso, ahora toca la pantalla del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Dentro del socialismo, ven que la sentencia hace aguas por muchos lados, empezando por el hecho de que diga que “no ha quedado probado [...] que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados”.  

La sentencia, como señalan algunos dirigentes socialistas, llega a apuntar la posibilidad de que el puesto fuera creado por autoridades de la Diputación de Badajoz para congraciarse con David Sánchez “por su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro secretario general del PSOE”. Esto no se corresponde con la realidad, porque en ese momento Pedro Sánchez acababa de ser defenestrado como líder del partido y nadie preveía que pudiera presentarse a las primarias más tarde y ganar al aparato del partido, que apostó por Susana Díaz.

En Moncloa y en Ferraz insisten: “La sentencia no puede obviar que no hay pruebas”. “Es una condena injusta”, repiten. De manera tajante, fuentes del Gobierno remarcan: “Es una causa política cuyo único motivo es acosar y perseguir a la familia del presidente del Gobierno. Y eso lo ve toda España”.

“No va a hacer caer al Gobierno”

Esa sensación la expresaron a lo largo de todo el día y en voz alta casi todos los miembros del Gobierno. El ministro de Transportes, Óscar Puente, consideró: “Esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un Gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas”.

Pero también existe la sensación en el Gobierno y en el PSOE de que esta ofensiva judicial, alentada por la ultraderecha y el PP, se ha pasado tanto “de frenada” que la sociedad española está viendo esa “obsesión” y “persecución” a Sánchez y su familia. De hecho, muchos dirigentes socialistas creen que se le va a volver en contra a la derecha esta estrategia y que muchos votantes progresistas van a dar su respaldo a la izquierda en las urnas de manera masiva ante el actual panorama.

“Es una sentencia injusta que no va a hacer caer al Gobierno”, zanjan desde el Palacio de la Moncloa.

Dentro de la coalición, la indignación también se apodera de Sumar, el socio menor. La ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó: “Nueve años de inhabilitación a un músico por ser hermano del presidente del Gobierno. Una sentencia que admite que no hubo ninguna presión para adjudicarle la plaza en la Diputación de Badajoz pero que igual se la dieron en previsión de que su hermano fuera presidente algún día. Lo de “el que pueda hacer, que haga” se les ha ido de las manos”. 

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Desde ERC, Gabriel Rufián calificó la sentencia de “sobrada importante”: “Luego vendrá Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima. Si eres realmente patriota, te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara”.

La derecha celebra durante estas horas esta condena y cree que será imposible para Pedro Sánchez darle la vuelta a la situación en las encuestas. El PP no ha hecho ni un amago de reactivar una moción de censura a pesar de sus afirmaciones de que, en cualquier otro país, y con una situación como la que vive el entorno del presidente Sánchez, el Gobierno caería.

Los populares consideran insoportable la situación del Ejecutivo después de esta condena, que se suma a la del anterior fiscal general del Estado y a la de José Luis Ábalos y Koldo García. “Que nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea, habla bien de nuestro Estado de derecho y debería reconfortar a todos los españoles”, remarcó Feijóo tras la decisión de la Audiencia Provincial, que le sirvió para aliviarse de las polémicas que lo rodean, como su plan para recortar las bajas laborales y la crisis abierta con Francia por las declaraciones racistas de Mariano Rajoy sobre la selección gala de fútbol