La justicia condena por prevaricación al hermano de Pedro Sánchez y le inhabilita durante nueve años
La Audiencia de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación para empleo público como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa.
El mismo tribunal ha condenado al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo a 18 años de inhabilitación para empleo público como autor de dos delitos de prevaricación administrativa por la contratación de David Sánchez.
La sentencia, emitida este martes por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, recoge que David Sánchez es cooperador necesario del delito de prevaricación administrativa relacionado con el cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo.
Su plaza de "coordinador de los conservatorios" de Badajoz, a la que accedió en julio de 2017, pasó a denominarse "jefe de la Oficina de Artes Escénicas" en 2022, lo que supuso "una transformación sustancial del puesto adjudicado como personal de alta dirección" y eliminó "la incompatibilidad del mismo" con "el propósito de adaptarla a las apetencias personales de David Sánchez", según recoge la sentencia.
Por lo que respecta a Miguel Ángel Gallardo, el tribunal lo declara autor de dos delitos de similar tipología relacionados tanto con el cambio de nomenclatura del puesto de David Sánchez como con la creación de la plaza de "coordinador de los conservatorios" y su posterior adjudicación a David Sánchez.
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"Tal creación no se estima ni necesaria ni urgente, estando vacía de contenido dicha plaza, cuya génesis obedeció al interés particular de su adjudicatario y no al interés general", refleja la sentencia.
Sobre el resto de los once procesados, todos ellos cargos y excargos de la Diputación de Badajoz, la Audiencia de Badajoz los condena a nueve años de inhabilitación especial para cargo o empleo público como cooperadores de un delito de prevaricación administrativa, bien por la plaza de David Sánchez o por la de Luis Carrero, amigo de este y también procesado, quien accedió a la Diputación como «jefe de Programas de Actividades Transfronterizas».
Los once acusados han sido absueltos del delito de tráfico de influencias.
