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Audiencia Nacional

Espionajes, luchas de poder y acceso a información privilegiada: el 'caso Villarejo' saca a la luz las vergüenzas de grandes empresas del Ibex 35

El ex presidente del BBVA, Francisco González, a su llegada a la Audiencia Nacional.
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Más allá de las presuntas corruptelas del rey emérito o de las revelaciones sobre la llamada policía patriótica que podrían implicar al PP, el conocido como caso Villarejo, la macrocausa que investiga las posibles actividades ilícitas del comisario jubilado y ahora en prisión provisional, está evidenciando un modo de actuar del que se han servido grandes empresas españolas que se habrían servido de los servicios ilegales que ofrecía el expolicía para, a cambio de ingentes cantidades de dinero, llevar a cabo labores de espionaje que incluían acceso a información privilegiada de bases de datos policiales para utilizarla en las luchas de poder abiertas dentro de las compañías y también entre ellas.

El BBVA, Iberdrola, Repsol y La Caixa son las principales compañías que habrían contratado los servicios del Grupo Cenyt, propiedad de Villarejo, y que se investigan en diferentes piezas de la macrocausa, que ya tiene una treintena de líneas indagatorias diferentes. Pero no son las únicas ni mucho menos: el caso está plagado de empresas de mayor o menor tamaño que habrían recurrido al comisario jubilado cuando este aún formaba parte de la Policía Nacional y podía ofrecer una labor detectivesca de una calidad superior a las compañías de la competencia al utilizar fraudulentamente para ello datos sólo accesibles para miembros del Cuerpo. 

En las últimas semanas han desfilado por la Audiencia Nacional ex altos cargos de las cuatro grandes empresas para declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y lo que se va concretando es que la contratación de Cenyt se habría gestado desde las más altas esferas de las compañías. No en vano, directivos de estas empresas han sido ya imputados, entre ellos exjefes de Seguridad, muchos de ellos antiguos policías que conocían a Villarejo de su etapa en el Cuerpo y que son los que habrían contactado con él o recomendado sus servicios de espionaje. 

Diez millones del BBVA

La primera gran compañía señalada por haber contratado a Villarejo fue el BBVA. Para los investigadores, la pieza número 9 es una macrocausa en sí misma por la cantidad de años a estudiar y los beneficios que se estima que la colaboración reportó al comisario: trece años de encargos con una facturación de más de diez millones de euros. De la instrucción han resultado imputados tanto la compañía como persona jurídica como su expresidente Francisco González. Julio Corrochano, exjefe de Seguridad del banco y también investigado, era el contacto con el comisario. 

Los contratos objeto de las pesquisas van desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructoraSacyr Vallehermoso, hasta frenar la presunta extorsión de Ausbanc, pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa. En el auto en el que acordaba el levantamiento del secreto de sumario, el instructor destacaba que la contratación del comisario "por parte de altos directivos de la entidad" perseguía "el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de carácter patrimonial" e "ilícito", dada la "incompatibilidad de los encargos" asumidos por su entramado empresarial con su condición de funcionario policial en activo. Los trabajos, explicaba el juez, supusieron una "reiterada injerencia" en los derechos de las personas "mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos personales o el acceso a su documentación bancaria", lo que podrían constituir "múltiples delitos de encubrimiento y revelación de secretos".

El exjefe de Riesgos del banco Antonio Béjar está tirando, en parte, de la manta en esta pieza y ya ha declarado en varias ocasiones ante el juez y los fiscales anticorrupción. La última vez, a petición propia, fue el pasado 27 de noviembre, cuando volvió a desvincularse de los acuerdos con Cenyt y reiteró que Francisco González fue el que ordenó contratar con quien dijese Corrochano, según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. Eso sí, señaló que el entonces presidente no mencionó en ningún momento el nombre de la empresa de Villarejo y que él no sabía que la compañía de detectives estaba dirigida por un policía entonces en activo: ahí reside la imputación por el delito de cohecho.

Un contrato sin control inte

En este sentido, según informó Europa Press, el exjefe de Riesgos negó que se produjera ninguna ilegalidad en el contrato con Cenyt para investigar a determinados promotores. Y explicó que dado que la orden de investigar a esas empresas venía del propio González, esto derivó en que el contrato con el proveedor no siguiera cauces ordinarios de control. Es decir, que dado que la orden era del presidente, no se siguieron los protocolos internos habituales de contratación. Esto, según fuentes jurídicas, se enmarca en un tipo de pago extraordinario que se usa cuando el que da la orden tiene poder suficiente para ello, y ese era el caso del expresidente.

La investigación sobre la contratación de Cenyt por parte de Iberdrola es la pieza 17 del caso Villarejo. Los encargos iban presuntamente desde acceder a documentación restringida hasta realizar seguimientos a personas o intervenciones de comunicaciones sin autorización judicial, además de intentos de desacreditar tanto a grupos ecologistas como a otras empresas como ACS, cuyo presidente, Florentino Pérez, se ha personado como perjudicado.

Otro exdirectivo de esta compañía, José Antonio del Olmo, también ha acudido ya varias veces a declarar, pero mientras que al principio lo hizo en calidad de testigo, el pasado 2 de diciembre fue citado como imputado. Como Béjar, también apuntó hacia arriba sobre la contratación de Cenyt al asegurar que el presidente de la energética –José Ignacio Sánchez Galán– la conocía y el motivo por el que se requerían sus servicios. Del Olmo fue el autor de un supuesto informe interno en el que acusaba a la dirección de Iberdrola de ordenar espionajes y de usar facturas falsas. En diciembre de 2019, la compañía emprendió acciones penales contra él y señaló que no tenía "constancia alguna" en sus archivos de dicho informe.

El Proyecto WineProyecto Wine

Los últimos en declarar en la Audiencia Nacional por la presunta relación entre grandes empresas y Villarejo fueron los exjefes de Seguridad de La Caixa y Repsol, Miguel Ángel Fernández Rancaño y Rafael Araujo, respectivamente. Los dos también fueron comisarios de la Policía. En la pieza 21 de la macrocausa, el juez investiga si ambas compañías contrataron a Cenyt para evitar que Sacyr Vallehermoso, mediante un acuerdo con la petrolera mexicana Pemex, se hiciese con el control del consejo de administración presidido por Antonio Brufau, en lo que se llamó Proyecto Wine, de acuerdo con la documentación intervenida al expolicía.

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Según fuentes jurídicas, Fernández Rancaño dijo a juez y fiscales que en 2011 despachó con el entonces presidente de La Caixa, Isidre Fainé, sobre el encargo, mientras que Araujo explicó que decidieron recurrir a los servicios de esa empresa propiedad del comisario jubilado y en prisión provisional porque tenía una buena reputación en el sector y porque temían que pudiera ser contratado por la otra parte en conflicto. El fichaje fue verbal y no se firmó ningún documento. Los objetivos del trabajo, relató, eran conocer la estrategia de Pemex y Sacyr, si había algún banco que respaldara sus intenciones, si se trataba de una suerte de caballo de troya que llevaba aparejada la participación como tapado de alguna petrolera rusa o china y si había una fuga de información dentro de Repsol.

El pago de los servicios, dijo Fernández Rancaño, siempre fue al 50% entre ambas compañías, pero detectaron que la información que Cenyt les remitía era obsoleta y poco relevante. Ambos jefes de Seguridad apuntaron que cuando se contrató a Villarejo, no pensaban que el comisario siguiera en activo, sino que entendían que estaba en excedencia, y que el objetivo era tener acceso a información empresarial y no espiar a nadie, conocer llamadas telefónicas o acceder a bases policiales.

Como en la pieza de BBVA, la número 21 también tiene al entonces presidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero como perjudicado por el espionaje de Villarejo. En el caso del Proyecto Wine, vigiló los contactos que mantuvo en noviembre de 2011 con el entonces ministro de Industria socialista Miguel Sebastián, aunque en el informe elaborado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, al que tuvo acceso Europa Press, se reflejan también otros contactos y llamadas telefónicas con exministros del PP como Josep Piqué o Francisco Álvarez Cascos y otras personas como Miguel Blesa, quien fuera presidente de Caja Madrid, o David Taguas, exdirector de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero.

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