Operación Tándem

La Fiscalía quiere que responda en sede judicial sobre su posible participación en el contrato de los servicios del excomisario José Manuel Villarejo por parte de la compañía eléctrica.

El extesorero del PP relató al juez que había dado indicaciones a un compañero de la cárcel para que en un permiso penitenciario borrara la supuesta grabación del expresidente y Javier Arenas hablando de la contabilidad opaca.

Fainé atribuye a Repsol la contratación de la empresa del comisario, y ambos presidentes coinciden en que no acordaron pagar a medias.

De este modo se ha confirmado la decisión del juez, Manuel García-Castellón, de no abrir una investigación sobre el contenido de los chats de los abogados de Podemos.

Los presidentes de La Caixa y de Repsol han sido imputados por supuestamente haber encargado a Villarejo espiar al que era presidente de Sacyr en 2011, Luis del Rivero.

Según adelanta El Mundo el informe de los fiscales se ha enviado al magistrado Manuel García-Castellón y existen indicios de que pudieron cometer un delito de cohecho activo. 

La Fiscalía de Madrid ya archivó en febrero las diligencias de investigación que comenzó en julio a raíz de una denuncia presentada por Vox.

Recoge desde facturas emitidas por Cenyt, hasta reuniones en Torre Picasso, informes y contratos hasta la detención del comisario.

El magistrado también ha dirigido una comisión rogatoria a las autoridades de Uruguay para embargar y decomisar los bienes de las sociedades mercantiles que usaba blanquear dinero.

"Hoy empieza para mí el punto cero, voy a poder defenderme, que hasta ahora no he podido (...), y quiero colaborar con la Justicia, como he hecho toda la vida", ha destacado el comisario.

El Ministerio Público pidió su excarcelación este miércoles por la mañana ante la imposibilidad de juzgarle antes del límite de la prisión preventiva, a pesar de que sigue pensando que persiste riesgo de fuga y de reiteración delictiva. El expolicía llevaba desde principios de noviembre de 2017 en prisión preventiva en la cárcel madrileña de Estremera.

La Sala argumenta que en ninguna de las tres piezas que se van a enjuiciar se formula acusación por los delitos más graves por los que está siendo investigado, como es organización criminal o blanqueo de capitales.

La Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía ha investigado hasta 24 empresas, de las que ninguna estaba habilitada para ofrecer dichos servicios.

Según reitera en este escrito, él era una de las diversas personas que fueron objetivo de escuchas telefónicas e intervenciones por parte del comisario José Manuel Villarejo "sin que existiera la preceptiva autorización judicial".

El Ministerio Fiscal ha archivado las pesquisas que comenzó en julio a raíz de una denuncia presentada por Vox contra el fiscal, Pablo Iglesias, Dina Bousselham y Marta Flor.

Rafael Redondo se desvincula ante el juez de las actividades del comisario alegando que sólo realizaba tareas administrativas.

Villarejo prestará declaración sobre el presunto encargo de Repsol y Caixabank para evitar que Sacyr Vallehermoso se hiciese con el control del consejo de administración de la energética.

La Fiscalía también pide seis años para otras cinco personas por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del Campus de la Justicia de Madrid.

En una conversación telefónica se escucha cómo el chófer informa a Villarejo de que ha hablado con los hijos del extesorero y que estos le habían comentado la situación en la que se encontraba su padre en el centro penitenciario.

El 'Proyecto Wine' fue un encargo de 2011 de Repsol y La Caixa para evitar que Pemex y Sacyr se hicieran con el control de la petrolera.

Sergio Ríos ejerció como conductor del extesorero y fue captado por comisarios para sustraer información sensible para el PP. También trabajó para Francisco Granados, quien habría pedido datos sobre él porque Villarejo quería interceptar una documentación. Así lo declaró el constructor David Marjaliza, por lo que el PSOE ha solicitado su comparecencia en la Audiencia Nacional.

Rafael Araujo y Miguel Ángel Fernández Rancaño contrataron sus servicios para investigar al expresidente de Sacyr, Luis Del Rivero, y a su entorno.