Operación Tándem

El Sepblac, la unidad de inteligencia financiera de España, envió al banco el 27 de julio de 2017 un requerimiento sobre las cuentas del comisario, sus principales sociedades y sobre los datos que la entidad poseía sobre todo ello. 

Los documentos remitidos al juez desvelan que la segunda entidad financiera del país envió el 23 de enero de 2019 al BCE un informe donde ya entonces afirmaba que los contratos con Cenyt SL no habían sido aprobados por ningún organismo directivo.

Un audio intervenido al comisario destapa cómo Julio Corrochano pidió justo tras el encargo de espiar a Miguel Sebastián que se emitiesen tres facturas con el concepto de jornadas de directivos: "Hacedlo como si fuese realmente real".

El análisis de los pendrives intervenidos al comisario y que acumulaban información del teléfono sustraído a una asesora, detonante de la nueva solicitud de Iglesias para que el juez impute a Eduardo Inda.

El banco rehúsa explicar por qué pagó 1,17 millones por dos facturas de 2010 emitidas por una simple marca comercial que, para colmo, era propiedad de otra sociedad del comisario ajena a los contratos firmados con el BBVA.

El jefe del equipo de la consultora PwC, responsable de la investigación interna sobre los contratos con Villarejo, declara que solo se ha ido abordando aquello que pedía Garrigues, el bufete que defiende al banco. Garrigues sostiene en cambio que hubo "peticiones de información a PwC" sobre lo sucedido con Sacyr o el llamado "Grupo Hostil"

Antonio Asenjo, que comparecía en calidad de investigado, ha respondido finalmente a las preguntas de los fiscales en el marco de la causa que investiga la relación de la eléctrica con el comisario

La mitad de los 10,28 millones que el banco ingresó a la empresa del comisario fue fruto de la localización de patrimonio oculto o dinero en efectivo de tres empresarios.

Asenjo romperá así con la tónica de colaboración que había mantenido en las dos anteriores citaciones del juzgado, cuando sí respondió a las preguntas que se le formularon.

Fueron presentadas en 2010 por una marca registrada del grupo del policía, V&V Development, y en ellas no constaba ni el nombre de la firma de detectives que realmente debía emitirlas y cobrarlas, Cenyt SL, ni su NIF, pese a que ambos requisitos son ineludibles.

El informe de gobierno corporativo evita toda mención a la ausencia de controles, que, según el juez y la Fiscalía, es la que permitió contratar a la empresa de un policía que usó medios ilegales y espió a políticos y empresarios. 

Las grabaciones demuestran que Francisco González recibía información puntual del dispositivo de espionaje destinado a abortar el desembarco de Sacyr en el BBVA.

BBVA apunta que Ángel Cano verificó la prestación de servicios de la empresa de Villarejo para que se autorizase su pago.

Así lo declaró el representante legal del banco, Adolfo Fraguas, en un interrogatorio sobre un contrato de 2014.

Antonio Béjar, exdirectivo y expresidente de Distrito Castellana Norte, declara que no se sintió extrañado por que fuera el jefe de seguridad quien firmara el contrato con Cenyt: "Existiendo esa línea jerárquica, poco teníamos que hacer".

El excomisario confiesa que el encargo de Corrochano le "venía muy grande" y que "a partir de que tengo ese apoyo del CNI, acepto el encargo"

Un documento interno detalla que la denuncia anónima contra el fundador de Ausbanc se decidió tras una comida de FG con la cúpula policial en el cuartel de Canillas.

Los pagos habrían sido realizados por una de las sociedades del comisario jubilado a Selhogar Confort, "cuyo beneficiario parece ser Julio Corrochano", según señala un informe de la Policía Nacional.

Pricewaterhouse, contratada para que se sumara a la investigación interna oficial comandada por Garrigues, que a su vez es el bufete que defiende al banco, denegó la información requerida el 19 de diciembre.

Esta partida, incluida en los Presupuestos Generales, debe destinarse por ley a "sufragar" aquellos desembolsos "que se estimen necesarios para la defensa y la seguridad del Estado".

El juez argumenta que la actividad del excomisario vulneró sus derechos "mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos personales o el acceso a su documentación bancaria".