El Gobierno ya está preparado para activar el procedimiento de eliminación de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). Dos años y medio después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Democrática, el Ministerio de Cultura, de quien depende el Protectorado de Fundaciones, ha emitido finalmente una resolución orientada a la extinción de la entidad. Firmada por el ministro Ernest Urtasun, concluye que el fin principal de la misma, por más que modifique sus estatutos, "se centra en la apología del franquismo". Pero el extenso escrito del ministerio no implica, directamente, su final. Ahora comienza una batalla judicial que se espera larga, tanto que tendrá que ser afrontada por el próximo Ejecutivo, y que amenaza, incluso, con llegar al Tribunal Supremo.

La Fundación Franco nació cuando ni siquiera se había cumplido un año del fallecimiento del dictador. Se constituyó formalmente el 8 de octubre de 1976. Y se apoyó sobre 226 fundadores, según la información que consta en el Ministerio de Justicia. Entre ellos se encontraba, por supuesto, la hija del caudillo, Carmen Franco Polo, que ejerció como presidenta de honor de la entidad hasta su fallecimiento. O Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de Falange. Y también un nutrido grupo de empresarios, religiosos, militares, diplomáticos, políticos o ministros del régimen: desde José Utrera Molina o Licinio de la Fuente hasta Antonio María de Oriol y Urquijo o Jaime Miláns del Bosch. Lo más granado de la dictadura.

Entre sus fines estaba entonces el contribuir a la "proyección del ideario" del dictador sobre el futuro de la vida española, la "exaltación" de su vida como "modelo de virtudes" o el enaltecimiento de su "figura" y la preservación de su "legado". Mes y medio después de su constitución ante notario, el rey Juan Carlos I recibió en audiencia a la Fundación Franco, que le entregó al monarca su primera medalla de oro. Una reunión en la que, según las crónicas de la época, los representantes de la entidad solicitaron al rey su intervención para que se pusiera fin "a la campaña de descrédito, insultos y falsedades" contra el fallecido dictador que se estaban "propagando" en "determinados medios de comunicación social".

Durante el último casi medio siglo, esta entidad ha sido la última trinchera de la dictadura. Una anomalía en democracia a la que se ha querido poner fin a través de la nueva ley de memoria. Esta norma estableció como causa de extinción de fundaciones la "apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes" con "menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas". El Ministerio de Cultura comenzó en junio de 2024 a recopilar información y argumentos para motivar la eliminación de la Fundación Franco. Un proceso que, dos años después, ha culminado con lo que consideran un "expediente sólido" para continuar con la extinción.

La resolución recoge, a lo largo de setenta páginas, tanto el contenido de los distintos informes solicitados como las alegaciones de la propia entidad. Y la conclusión es clara: "Queda acreditado que su fin principal se centra en la apología del franquismo, ensalzando el golpe de Estado y la dictadura y enalteciendo a su dirigente y responsable principal, actuando para ello con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas". Durante estos meses, se ha volcado y estudiado todo el contenido de la página web de la fundación. "Los fines de fomento y desarrollo de la educación, investigación y otras actividades culturales son instrumentales del fin principal, que supone proporcionar una visión inequívocamente positiva del franquismo", recoge el informe de la Secretaría de Memoria.

Durante el procedimiento, la fundación presentó una alegación por un cambio en los estatutos realizado con posterioridad a la entrada en vigor de la norma memorialista. En concreto, del artículo 6, en el que se incluía el compromiso de "velar" por el "máximo respeto a las víctimas de cualquier significación" del periodo comprendido entre 1931 y 1977, evitando "siempre" el "menosprecio, descrédito o humillación a ellas o a sus familiares". Sin embargo, Cultura contraatacó diciendo que dicha reforma estatutaria no se presentó "siguiendo el procedimiento" previsto a nivel reglamentario. Hubo una solicitud de modificación estatutaria, sí, pero nunca se llegó a completar.

La resolución del Ministerio de Cultura no deriva, de manera inmediata, en la eliminación de la fundación. Ahora, con el expediente sobre la mesa, la Abogacía del Estado tendrá que activar la palanca judicial. Serán los jueces, por tanto, quienes tengan la última palabra. "Comienza la verdadera batalla, que se dirimirá en los tribunales", dicen desde la entidad. Una guerra que se prevé intensa. Lo que decida el tribunal de instancia podrá ser recurrido ante la Audiencia y, posteriormente, en casación ante el Tribunal Supremo. De hecho, desde la fundación dejan claro en conversación con infoLibre que, si es necesario, piensan llegar hasta esa instancia, a la que ya acudieron en su día –aunque sin éxito– para tratar de impedir la exhumación del dictador del Valle de los Caídos.

La batalla puede demorarse bastante tiempo. Casi cuatro años pasaron, por ejemplo, desde que la Generalitat Valenciana pidió en el juzgado la eliminación de la Fundación Arnedo Medina hasta que el Alto Tribunal, tras varios recursos, le dio definitivamente la razón. Todo apunta, por tanto, a que la carpeta judicial de la extinción será heredada por el Gobierno que salga de las urnas en las próximas elecciones generales, que podrá tomar decisiones relevantes respecto a la misma a través de la Abogacía –por ejemplo, en relación a la interposición de recursos–. Por el momento, todas las encuestas apuntan hacia una clara mayoría absoluta del PP con Vox, una ultraderecha que se ha posicionado en contra de la ilegalización de la fundación.

De entre todos los bienes de los que dispone, el principal activo de la entidad es el archivo del dictador. Según un informe del Ministerio de Cultura, son cerca de 30.000 documentos que incluyen correspondencia con otros jefes de Estado, ministros y personalidades tanto de España como del extranjero; documentación producida por instituciones de la administración colonial, miembros de la monarquía o el clero; o documentos sobre numerosos acontecimientos históricos y sobre visitas de jefes de Estado extranjeros –desde Eisenhower a Eva Perón–. Papeles que "son de carácter público" y que el Ministerio de Cultura ha pedido a la Abogacía del Estado que reclame.

El Gobierno va a solicitar de forma "inminente" la extinción judicial de la Fundación Francisco Franco, al amparo de la Ley de Memoria Democrática y de la normativa sobre fundaciones y tras poner fin al proceso administrativo, según ha anunciado este martes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

"Vamos a enviar al juez un expediente sólido que demuestra que la Fundación Nacional Francisco Franco debe ser cerrada por ir contra el interés general y por humillar a las víctimas. Y porque en una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura", ha dicho Urtasun en una rueda de prensa.

Los trámites para solicitar la extinción de la Fundación Francisco Franco comenzaron en junio de 2024, cuando empezó a recopilar información el Ministerio de Cultura, de quien depende el Protectorado Estatal de Fundaciones.

Tras finalizar el proceso administrativo, en el que la Fundación ha presentado alegaciones que han sido rechazadas por el Ministerio de Cultura, el Gobierno da un paso más al reclamar la extinción judicial y deja el asunto ahora en manos de la Justicia.

Habrá ampliación.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado suspender de urgencia, de forma cautelarísima, el procedimiento abierto por el Ministerio de Cultura para instar a la extinción judicial de la Fundación Francisco Franco, al amparo de la Ley de Memoria Democrática y de la normativa sobre fundaciones.

En un auto adoptado este miércoles, 11 de marzo, al que ha tenido acceso EFE, la sección sexta del TSJ ha rechazo la medida cautelarísima reclamada por la Fundación Francisco Franco al entender que "no concurren razones de urgencia que permitan la adopción de la medida cautelar inaudita parte", es decir sin escuchar a la otra parte.

La fundación pide suspender el procedimiento de Cultura para instar judicialmente a su extinción, argumentando que implicaría "la desaparición de su personalidad jurídica, la liquidación de su patrimonio y la frustración definitiva de sus fines fundacionales", así como un "daño reputacional".

El Ministerio de Cultura ha dado un paso más en el proceso para pedir la extinción de la Fundación Francisco Franco tras estudiar las alegaciones presentadas por esta entidad y concluir que debe instar su extinción judicial, al amparo de la Ley de Memoria Democrática y de la normativa sobre fundaciones, informa EFE.

Todavía la fundación dispondrá de un plazo de diez días para presentar nuevas alegaciones, y después habrá que esperar un informe de la Abogacía General del Estado antes de que Cultura solicite a la justicia definitivamente la disolución de la entidad, que preside el general Juan Chicharro.

La propia fundación ha emitido un comunicado este miércoles en el cual revela que el pasado 16 de febrero recibió notificación de la inadmisión de un recurso de alzada contra la negativa a una práctica de prueba testifical y que solo 24 horas después ha recibido la resolución firmada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que propone su extinción, una rapidez que le resulta sorprendente.

En este documento, de 58 folios, se recoge el análisis que en su día hizo la Secretaría de Estado de Memoria Democrática de la página web de la FNFF, con "componentes de exaltación del franquismo, resaltando los logros del régimen", y se constata que el acceso a los fondos de su archivo histórico está limitado y sujeto a autorización previa, y organizado con un enfoque "unilateral".

También incluye la resolución los elementos de su actividad que según Cultura prueban las prácticas de apología del franquismo, ensalzando el golpe de Estado de 1936 y la dictadura y sus dirigentes, así como el "menosprecio" a las víctimas -otro motivo para la extinción- a través de textos bajo un "prisma negacionista" de la represión franquista.

Tampoco admite que sus actividades únicamente persigan el interés general, como sostenía en las alegaciones, porque su propósito de difusión de la "vida, pensamiento, legado y obra" de Francisco Franco "no puede considerarse de interés general" según la normativa de fundaciones y además de un modo "incompatible" con la legalidad.

En suma, Cultura entiende que le corresponde proponer la extinción y le concede diez días hábiles para presentar nuevas alegaciones, mientras la fundación asegura que está estudiando el contenido de la propuesta y los pasos a dar para defender sus "derechos".

Los trámites para reclamar la extinción de la FNFF se iniciaron en junio de 2024 cuando Cultura comenzó a recopilar información sobre sus actividades mediante informes al registro de fundaciones y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

La apología del franquismo, la humillación a las víctimas y la no persecución de fines de interés general son los argumentos contra la fundación que lleva repitiendo el Gobierno en todo este largo procedimiento.

La candidata de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática por la celebración de un acto de exaltación del franquismo en las instalaciones del Colegio San Vicente de Paúl, un centro educativo concertado de Zaragoza. 

Goikoetxea ha explicado a los medios, tras presentar la denuncia en Zaragoza, que el acto tuvo lugar el pasado 29 de noviembre de 2025 organizado por la Fundación Nacional Francisco Franco y que podría ser constitutivo de una infracción de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Es una "anomalía democrática", según Goikoetxea, que un colegio que recibe fondos públicos pueda acoger estos actos de exaltación de la Dictadura. 

Según el escrito presentado, la cesión de las instalaciones no respondió a ninguna actividad académica o educativa neutral, sino a "un favor personal de la dirección del centro", algo que para Podemos es "incompatible con los valores democráticos que deben regir el sistema educativo". El centro se justificó después de que el medio digital Arainfo pidiera explicaciones. Después de insistir, el centro negó rotundamente que el acto se hubiera celebrado en sus instalaciones. Cuando el medio les mostró las pruebas que habían recabado, finalmente admitieron lo que había sucedido y argumentaron que se trataba de un "favor entre dos personas particulares, dada la premura que manifestó una de ellas". Además argumentaron que su celebración no figuraba en el registro oficial debido a que se trataba de un "día festivo".

"La exaltación del franquismo no es libertad de expresión, es una vulneración de la ley y de los derechos humanos. La democracia no puede financiar ni mirar hacia otro lado cuando esto ocurre", insisten desde la formación morada. Goikoetxea ha señalado la "responsabilidad política" del Gobierno central sobre la situación acontecida y ha considerado que estos actos son posibles "por la cobardía del Gobierno PSOE-Sumar, que lleva tres años sin aplicar la ley de memoria democrática estatal, la cual permite extinguir fundaciones que exalten el franquismo." 

Podemos argumenta que si la ley de memoria democrática se hubiera aplicado con la firmeza necesaria, esta fundación "hoy sería solo un mal recuerdo".  Desde el partido lamentan que la Fiscalía no haya actuado de oficio y en su escrito piden la apertura de diligencias de investigación para depurar las responsabilidades penales o administrativas de las personas físicas o jurídicas implicadas. "Los derechos humanos no se interpretan: se garantizan. Si una ley no está sirviendo para hacerlo, el Gobierno tiene la obligación de actuar", ha explicado Pilar Gimeno, responsable de Memoria Democrática de Podemos Aragón. 

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, por su parte, ha considerado que la cesión de las instalaciones de colegio para este "acto infame de exaltación de la figura del genocida dictador Franco y de su régimen asesino es algo que a día de hoy constituye delito y que no puede quedar impune". Y tampoco, ha insistido, puede volver a repetirse en ningún otro centro financiado con dinero público en España. 

"Esperamos que los responsables se sientan en el banquillo y sean juzgados y en su caso, condenados por ello", ha recalcado. Fernández ha aludido también a la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón, que "tiene que saber en todo momento para qué se utilizan los centros concertados a los que se les da dinero público".

Se han cumplido 50 años desde que los españoles encendieron la televisión para descubrir la imagen de un Carlos Arias Navarro solo, visiblemente afectado y sentado frente a un micrófono. El entonces presidente del Gobierno fue el encargado de dar la noticia: "Españoles, Franco ha muerto". Ha pasado medio siglo de aquello y, sin embargo, todavía hay muchos que siguen ensalzando al dictador. Los que más, la Fundación Francisco Franco que, por el aniversario, decidió celebrar un acto en el colegio privado concertado San Vicente de Paúl de Zaragoza.

El lugar no fue el elegido en un primer momento. Tuvieron que cambiar de un hotel, primera opción, al colegio después de que la Coordinadora Antifascista de Zaragoza denunciara mediante sus redes sociales que el sábado 29 de noviembre estaba previsto un acto de exaltación al fascismo en el Hotel Centro Coso, S.L. La presión social dio sus frutos y el hotel acabó por desprogramar el evento, aunque esto no impidió que se celebrara.

El medio digital Arainfo pudo comprobar, a través de distintas fuentes, que el acto fascista sucedió en el colegio San Vicente de Paúl. Además, medios como Crónica Global publicaron varias fotografías. En las propias redes sociales de la Fundación Francisco Franco se puede apreciar el interior de la escuela.

En diciembre, Arainfo contactó con el centro concertado para conocer su versión de los hechos. En un primer momento, no obtuvieron respuesta. Después de insistir, el centro negó rotundamente que el acto se hubiera celebrado en sus instalaciones. Cuando el medio les mostró las pruebas que habían recabado, finalmente admitieron lo que había sucedido y argumentaron que se trataba de un "favor entre dos personas particulares, dada la premura que manifestó una de ellas". Además argumentaron que su celebración no figuraba en el registro oficial debido a que se trataba de un "día festivo".

Ahora mismo, la Fundación Francisco Franco está sumida en un proceso judicial que podría acabar con la disolución del grupo, como pide el Gobierno alegando que hace apología del franquismo, humilla a las víctimas de Franco y que no busca un "interés general". El colegio concertado ha insistido en que “no consentiría la comisión de delitos en el seno de sus instalaciones”.

Este episodio se enmarca, además, en un contexto de creciente desvío de recursos públicos desde la educación pública hacia la privada concertada en Aragón. Recientemente, el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha destinado más de 20 millones de euros procedentes de la educación pública a empresas educativas privadas. Siete de los millones se destinaron a la concertación del bachillerato y 13,2 a subvencionar en empresas privadas la enseñanza de 2 a 3 años.

La Audiencia Nacional ha avalado el cambio de denominación de la bandera del Tercio 'Gran Capitán' 1º de La Legión de Melilla, que en enero de 2023 dejó de llamarse 'Bandera Comandante Franco' y pasó a denominarse 'Bandera España' en aplicación de la ley de Memoria Democrática.

En una sentencia dictada el pasado 17 de diciembre, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por la Fundación Nacional Francisco Franco contra la resolución adoptada por el Ministerio de Defensa que retiró de esta enseña el nombre del dictador.

A juicio de estos magistrados, el cambio de denominación de esta bandera está amparado por el artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática, que enumera "las medidas que tienen por finalidad eliminar los elementos de división entre la ciudadanía y supongan exaltación del alzamiento militar o el régimen dictatorial".

La Audiencia Nacional rechaza los argumentos de la Fundación Francisco Franco, que consideraba que esta bandera tiene el nombre de uno de los fundadores de la unidad militar "en memoria un hecho histórico que garantizó la españolidad de Melilla y la vida de los melillenses en 1921" y que la ley, que abarca el período de 1936 a 1978, no busca borrar todo lo que guarde relación con Franco, sino suprimir elementos de división entre los ciudadanos.

También argumentaba esta organización que el cambio de nombre de unidades militares no forma parte del artículo 35 y que no se había seguido el trámite previsto en el artículo 36.

La Audiencia Nacional desestima su recurso citando la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en 2023, en una sentencia sobre el cambio de nombre de la calle General Asensio Cabanillas en Madrid, en la que se sostenía que la figura del general era "inseparable de la sublevación militar y del curso de la Guerra Civil en las que tuvo una participación destacada".

La exaltación "proscrita" entonces por la ley de Memoria Histórica, de 2007, "es la que producen actos de las Administraciones Públicas que objetivamente realzan, ensalzan, dignifican o suponen un reconocimiento elogioso de cualquiera de los hechos que identifica su inciso final o todos ellos: la sublevación militar de 1936, la Guerra Civil o la represión de la Dictadura".

Así, los magistrados dan la razón a la Administración Central, que argumentaba que "el mero enaltecimiento del máximo dirigente del régimen anterior es contrario a los principios y fines" de la ley de Memoria Democrática y que por ello se le debe poner fin.

También apuntó la Administración que "la persona que lideró el alzamiento en 1936 y el posterior régimen político supone un símbolo de esas fases de la historia de España en la totalidad de su persona y personalidad" y por ello no cabe excluir sus vicisitudes militares previas a 1936.

Además, la Sala rechaza presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática, como también le pedía la Fundación Franco, pues no estima que haya dudas razonables sobre la constitucionalidad de esta norma, al tiempo que señala el cambio de denominación siguió el procedimiento adecuado.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, está convencido de que la justicia acabará extinguiendo la Fundación Nacional Francisco Franco y terminará "dando la razón" al Gobierno, informa EFE.

En una entrevista en elDiario.es publicada este sábado, Torres explica que el Ejecutivo ha elaborado un documento "riguroso" para describir, a través de la Ley de Memoria Democrática, la humillación que sufrieron las víctimas del franquismo y que es una exigencia legal para la extinción de la Fundación Francisco Franco.

"Hemos hecho un buen trabajo desde Memoria Democrática con el informe preceptivo en el que se describen todas estas humillaciones, con testimonios de las víctimas. Por eso, ha exigido más tiempo del que, quizá, hubiéramos querido, porque es un documento riguroso. Estamos convencidos de que la Justicia terminará dándonos la razón", asegura.

El Ministerio de Cultura comunicó recientemente a la Fundación Francisco Franco el inicio del procedimiento para reclamar su extinción ante la justicia al concluir que hace apología del franquismo, humilla a las víctimas y no persigue fines de interés general.

Sin embargo, el pasado jueves la Fundación franquista envió las alegaciones al Ministerio de Cultura defendiendo que no hay ninguna causa legal que justifique este proceso y subrayando que su actividad está amparada por la libertad de expresión que protege la Constitución.

Torres reitera en la entrevista que el Ejecutivo intenta implementar la Ley de Memoria "al mayor ritmo posible" y recalca que la voluntad del Gobierno también es que la obra para resignificar el Valle de Cuelgamuros (Valle de los Caídos) empiece en esta legislatura.

Un proyecto que, con el lema 'La base y la cruz', eliminará la escalinata de acceso a la basílica y creará un centro de interpretación, lo que ha recibido duras críticas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (APRMH) al considerar que es un gasto millonario "innecesario" cuando bastaría con explicar el Valle a través de paneles informativos.

"El proyecto de resignificación puede admitir sugerencias y aportaciones, no está absolutamente cerrado. Hay características intocables de la propuesta, pero sí caben mejoras desde el punto de vista memorialista", precisa Torres.

Un hombre ha agredido a dos activistas de Femen tocándoles el pecho en la puerta de la parroquia de los Doce Apóstoles en Madrid, mientras que tenía lugar una misa con motivo del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco.

Al grito de "Fascismo legal, vergüenza nacional" y "Al fascismo, ni honor ni gloria", las activistas han irrumpido en la puerta de la parroquia. Han sido recriminadas por los asistentes que llegaban en ese momento, entre ellos un hombre que ha tratado de interceptarlas mientras portaba una bandera preconstitucional.

"Señor, que no toque, que no toque", le han espetado las activistas, a quienes una mujer ha logrado arrebatar una de las pancartas y quienes además han recibido algún empujón y algún insulto. Finalmente, las dos jóvenes se han marchado por su propio pie de la zona tras la protesta, que apenas ha durado unos minutos.

La misa ha sido organizada por la familia del dictador y la fundación que lleva su nombre. En la entrada de la parroquia se ha instalado una pequeña mesa con una bandera preconstitucional para la venta de objetos relativos a Francisco Franco.

Al término del oficio religioso, varias decenas de asistentes han permanecido a las puertas de la parroquia, donde han proferido gritos de "Viva Franco, viva cristo rey", "Patria, justicia, revolución", insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras cantaban el himno de la Falange y el Cara al Sol.

El Ministerio de Cultura ha concedido a la Fundación Francisco Franco más tiempo para presentar alegaciones ante el inicio del proceso para su extinción judicial, informa EFE. Finalmente, serán cinco días hábiles más -hasta el próximo 24 de noviembre- y no diez, como había reclamado la entidad.

El pasado 31 de octubre el Ministerio de Cultura comunicó a la Fundación Francisco Franco el inicio del procedimiento para reclamar su extinción ante la justicia, al concluir que con su actividad hace apología del franquismo, humilla a las víctimas y no persigue fines de interés general.

Cultura dio a la Fundación diez días hábiles para presentar alegaciones, hasta el 17 de noviembre, pero la entidad pidió ampliar el plazo a otros diez días hábiles más, dada la "especial complejidad del expediente" y la "trascendencia constitucional de los derecho y libertades afectados".

Fuentes de Cultura han informado a EFE este viernes de que finalmente han aceptado ampliar el plazo cinco días hábiles, que es lo que permite la ley, por lo que la Fundación Francisco Franco deberá presentar sus alegaciones como tarde el 24 de noviembre.

Por su parte, el presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro, señaló a EFE poco después de la apertura del proceso que la permanencia de la entidad está amparada por la Constitución y su reconocimiento a la libertad de opinión, expresión y reunión.

La extinción de entidades de este tipo viene estipulada en la Ley de Memoria Democrática, que contempla como causa de disolución "la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes".

En junio de 2024, Cultura solicitó un informe a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y otro al registro de fundaciones, al considerar que la Fundación Francisco Franco no cumple con la Ley de Memoria Democrática y la Ley de Fundaciones.

El pasado 31 de octubre, Cultura anunció el inicio del procedimiento para la extinción judicial de la Fundación, tras haber recibido ambos informes.

En una resolución de 37 páginas, la cartera dirigida por Ernest Urtasun razonó su decisión en que la fundación no persigue fines de interés general. Concretamente, sostiene que sus actividades "son incompatibles con lo que inspira la legislación vigente" y proporcionan una visión "inequívocamente positiva del franquismo", según el documento, al que ha tenido acceso EFE.

Como ejemplo, citan una serie de artículos publicados por la Fundación que "niegan o aminoran el alcance de la represión", como uno titulado 'La mentira de los niños robados del franquismo'.

La Fundación Francisco Franco fue constituida formalmente el 8 de octubre de 1976, contando con 226 fundadores. Entre ellos se encontraba la hija del dictador, Carmen Franco Polo, y Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de Falange y delegada nacional de la Sección Femenina.

Entre sus fines se encuentra el difundir información "sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política". También tiene por objetivo promover el "estudio y conocimiento del Estado que rigió los destinos de España entre los años 1936 y 1977".

Se estima que tiene en su poder alrededor de 30.000 documentos que pertenecieron al caudillo. Cartas con otros jefes de Estado, informes confidenciales del Estado Mayor o borradores de leyes con anotaciones son algunos de los documentos que conforman el archivo.

En 1988, tras la muerte de Carmen Polo y Martínez-Valdés, la viuda del dictador Francisco Franco, Mariano Sánchez Soler, por entonces, un redactor de la revista Tiempo con una peligrosa atracción por la novela negra, recibió el encargo de investigar las propiedades de la familia que había regido España durante cuarenta años. 

Pocos se habían atrevido a penetrar en los pasillos de un laberinto accionarial protegido durante décadas por la propaganda y el oscurantismo. Esta investigación dio lugar a la publicación de Villaverde. Fortuna y caída de la casa Franco (Planeta) y de Los Franco, S.A. (Oberon). Coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador, se reedita La familia Franco S.A. Negocios y privilegios de la saga del último dictador de Occidente (Roca Editorial). Una actualización revisada del trabajo de toda una vida que llega en un momento en el que la nostalgia ignorante y orgullosa se esgrime como una dudosa medalla.  

Algunos mitos franquistas han demostrado ser resistentes en el imaginario popular. ¿Era Franco tan austero como se contaba y como todavía muchos creen?

Este mito forma parte de la propaganda del Ministerio de Información, que durante décadas y dos generaciones de españoles se refirió a Franco como al padre de la patria y de todos los españoles. Que no le gustara beber ni se le conociera ningún devaneo sexual forma parte del perfil de un militar africanista con una personalidad misteriosa y reservada, de la que en realidad no se sabe nada. Pero él se enteraba de todo lo que ocurría a su alrededor y, además, salió en auxilio, por ejemplo, de su hermano Nicolás con el escándalo de Manufacturas Metálicas Madrileñas, o de su yerno, Cristóbal Martínez-Bordiú, el marqués de Villaverde, con el caso de las importaciones de las Vespas.  

Como documenta el libro, él manejaba mucho dinero para la época y vivía en palacios. Una anécdota refleja esta pretensión: él quería al principio instalarse en el Palacio Real, y fue su cuñado, Ramón Serrano Súñer, que por entonces formaba todavía parte de su núcleo duro, el que le dijo que debía ser más discreto.  

Y, además, sus nietos disfrutaron de cabalgatas privadas en su propia vivienda…  

Los nietos del Generalísimo vivían como si fueran reyes de una monarquía absolutista. En palacio, con la guardia mora, con la servidumbre, con la gente que formaba parte del núcleo del régimen… Los mayores vivieron ese momento mágico en el que se les hacían todo tipo de halagos y regalos. 

¿Qué era ‘el clan de El Pardo’?

El Palacio de El Pardo se convirtió en un centro de tráfico de influencias para que los miembros de la familia Franco entraran en negocios. El delito no existía siquiera en el Código Penal. Lo que pasó fue muy sencillo: José María Sanchiz Sancho, secretario de El Pardo, y tío del marqués de Villaverde, hizo grandes negocios para la familia, logrando que tuvieran múltiples propiedades a través de Sociedades Anónimas. De ahí tenemos que descontar los regalos directos a Franco: el palacio de Cornide, el Canto del Pico y el Pazo de Meirás. Cuando yo comencé a investigar todo esto comprobé que la residencia habitual de los Franco en la calle Hermanos Bécquer, en Madrid, pertenecía en realidad a una empresa llamada Ursaria, que, además, era propietaria del edificio entero, y que estaba en manos de testaferros de la familia. La finca favorita del dictador, Valdefuentes, en Arroyomolinos, no estaba a nombre de Franco, sino de otra S.A., y así todo lo demás. A la fecha de la muerte del dictador, pude constatar la existencia de 52 empresas ligadas a la familia. 

A dicho clan pertenecían también banqueros relevantes: Coca, Fierro, Barrié de la Maza… ¿Cómo de interrelacionadas estaban las finanzas con la política?

Los banqueros eran procuradores en Cortes, vocales en los planes de desarrollo, o incluso directores generales. Saltaban de las entidades financieras públicas a las privadas y a las mixtas. El padre del marqués de Villaverde montó el Banco de Madrid. Los que iban mucho al Pardo por amistad eran Ignacio Coca, el banquero del régimen, o los Fierro –que tenían negocios con Nicolás Franco–, o los hijos de Juan March. Aguirre Gonzalo, de Banesto, no quiso ser ministro porque tenía mejores cosas que hacer. Barrié de la Maza, del Banco Pastor, fue uno de los grandes beneficiarios de la dictadura… 

Lo público y lo privado se unían, y los ministros pasaban del consejo de ministros al consejo de administración. Todo el capitalismo español se desarrolló bajo la dictadura, con un oligopolio de pocas personas que lo controlaban todo.  

Ese control político tan extremo llevaba a determinados empresarios a colocar a personalidades del régimen en sus consejos de administración como forma de prosperar. Pasó, por ejemplo, con Nicolás Franco en FASA Renault…

Para montar una empresa de automoción, el general Gambara, que capitaneó las últimas fuerzas italianas que tomaron Alicante, fue a El Pardo para ofrecer a un miembro de la Casa Militar o la Casa Civil de Franco un puesto en el consejo de administración. El pasado les beneficiaba. Les regalaban acciones de Galerías Preciados, como pasó con Carmen Polo, o terrenos urbanizados en Benidorm. Sus apellidos pesaban mucho: ¿quién iba a negarse a concederles un crédito?  

En la segunda parte del libro se narra la decadencia de la familia Franco: muere el dictador, se producen incendios en sus propiedades y la clase política empieza a darles la espalda.  

Nunca se sabrá la causa del incendio del Hotel Corona de Aragón (donde murieron 83 personas), que estaba lleno de militares que habían jurado el cargo y que se quiso vender como un atentado sin pruebas de ningún tipo, como tampoco las hubo de los que ocurrieron en el Pazo de Meirás o en el Canto del Pico, posiblemente debidos al puro abandono.  

En cuanto al cambio político que se produjo después, recordemos que fue el último ministro secretario general del Movimiento, Adolfo Suárez, quien organizó la Transición. La cosa cambió en cuestión de meses, y si tú estudias la composición de las primeras Cortes, verás la cantidad de procuradores y ministros procedentes de la dictadura. Como durante todas estas décadas no se ha querido molestar a nadie, ahora tenemos que explicar algo que estaba claro desde el minuto cero. 

Ahora se habla mucho de memoria histórica, pero hay ciertas señales de que la sociedad española parece querer seguir olvidando.  

Creo que durante mucho tiempo no se ha querido tocar el tema porque parte de los socios de la Transición y la democracia venían del aparato del poder político franquista. En las escuelas e institutos apenas se habla de la dictadura. Y eso trae consigo que haya gente que siga manteniendo hoy día las mentiras del Ministerio de Información de Manuel Fraga, que fue ministro en el Gobierno franquista mientras se firmaban órdenes de fusilamiento, y que, después, fue uno de los padres de la Constitución. Este país es increíble… 

Pero lo del olvido no lo veo tan claro: la generación de mis padres tenía metido el miedo de la guerra y la miseria en el cuerpo, algo que les paralizaba. Tenían terror a que se volviera a una época violenta, sin derechos. También les daba miedo la política. Y, más que ese deseo de olvidar, lo que pasa es que no se les ha dejado recordar.  

¿Ve preocupantes los gestos o síntomas franquistas que se observan hoy día?  

Estamos muy atentos a los síntomas, pero estos son, por ahora, muy pequeños. Los prebostes franquistas se han muerto casi todos. Y lo que hay es mucho miedo a lo diferente, al feminismo, a la diversidad sexual… Todos estos miedos a lo nuevo hacen que algunos se aferren a un mito, a una leyenda que en realidad desconocen. Y hay que tener en cuenta, por supuesto, la aparición de la extrema derecha en las instituciones democráticas, con un discurso de miedo al diferente, contra la inmigración… Pero, para muchos, es solamente una pose amplificada por las redes sociales, que muchas veces hacen de una mera conversación de bar un foro.  

El Tribunal Supremo ha condenado a la familia Franco a devolver al Ayuntamiento de Santiago de Compostela las esculturas de Abraham e Isaac, procedentes del Pórtico de la Gloria de la catedral compostelana. La Sala Civil del alto tribunal ha estimado los recursos de casación e infracción penal interpuestos por el consistorio de la capital gallega, cinco años después de que recurrieran al alto tribunal.

Las dos estatuas, inspiradas en los personajes de Abraham e Isaac del Antiguo Testamento, fueron esculpidas por el Maestre Mateo en el siglo XII para el Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela, pero acabaron en el Pazo de Meirás, un palacete del que Franco se apropió, según una sentencia que obligó a los familiares del dictador a devolver ese inmueble al Estado.

Los Franco sostienen que son los legítimos propietarios de las piezas porque fueron compradas a un particular a través de un anticuario, sin que, a su juicio, el Ayuntamiento haya probado que sigue siendo el dueño. El Consistorio se remite a un escrito ante notario del 4 de junio de 1948 por el que el Ayuntamiento compró al conde de Ximonde tres estatuas -dos de ellas, las que son objeto de este enfrentamiento- por 60.000 pesetas, con una cláusula que establecía que las piezas debían estar siempre en el patrimonio artístico municipal por imposición del conde.

Sin embargo, el Ayuntamiento explica que en 1954 las estatuas fueron llevadas al pazo de Meirás de la familia Franco, en el municipio de Sada (A Coruña), como un regalo del entonces alcalde, sin acuerdo municipal alguno y de una forma "oculta, clandestina y delictiva".

Hasta la fecha, la Justicia había respaldado a los Franco en esta cuestión con dos sentencias a su favor, una primera dictada por el Juzgado de primera instancia número 41 de Madrid que fue confirmada en segunda instancia por la Audiencia Provincial de Madrid, al considerar que las estatuas no estaban adecuadamente identificados.

Pero ahora, el Supremo da la razón al Ayuntamiento al considerar que se ha producido "un error patente en la valoración de la prueba" porque "la identificación de las estatuas reivindicadas como las que están en poder de los demandados es clara y se desprende sin lugar a duda de los documentos aportados y del informe pericial emitido sin posibilidad de duda".

Es más, destaca que las únicas estatuas que se corresponden con las descritas en los informes del expediente administrativo previo a la compra, la escritura de compraventa y un articulo cuyo autor pudo examinarlas cuando estaban en poder del conde de Ximonde antes de la venta al Ayuntamiento de Santiago, "son las que se encuentran en poder de los demandados y son reivindicadas en la demanda".

Para el Supremo, es "un hecho no discutido que el Ayuntamiento no tiene en su poder tales estatuas", por tanto "la falta de documentación sobre una cesión solo prueba que la pérdida de la posesión de las estatuas por parte del Ayuntamiento se produjo por una vía de hecho y no mediante una actuación administrativa reglada".

La Mesa del Senado ha aprobado este martes la admisión a trámite de la reforma de la ley orgánica que regula el derecho de asociación que disolverá las que hagan apología del franquismo, pese a contar con un informe jurídico de los letrados de la cámara Alta que apunta a su inconstitucionalidad, ha informado EFE.

Fuentes parlamentarias han indicado que tanto la proposición de ley del PSOE que fue aprobada por el pleno del Congreso el 10 de abril como el informe jurídico han sido estudiados en la reunión de la Mesa de este martes.

La mayoría del PP en este órgano ha optado por la admisión a trámite para no incurrir en una posible prevaricación y también para poder introducir enmiendas al texto, según han indicado las fuentes. Han recordado que el caso es parecido al de la ley de amnistía que la Mesa aceptó tramitar el año pasado por esos dos motivos, aunque también contaba con un informe jurídico sobre su inconstitucionalidad.

En el informe, fechado este lunes y facilitado a la prensa este martes, los letrados, encabezados por la secretaria general del Senado, Sara Sieira, indican que "constitucionalmente la suspensión cautelar y la disolución de asociaciones solo cabe en virtud de resolución judicial".

Por tanto, según esta argumentación jurídica, el legislador no podría determinar qué asociaciones tienen que disolverse al margen del ordenamiento penal, y tampoco puede atribuir al orden civil esa competencia en la que se restringe un derecho fundamental.

Los letrados también indican que la proposición de ley no identifica qué actividades serían constitutivas de apología del franquismo, más allá de referencias genéricas al ensalzamiento del golpe de Estado de 1936 o el franquismo. Asimismo, consideran que el texto de la ley apunta a "asociaciones 'ad hoc' concretas, que se pueden adivinar".

La proposición del PSOE para esta reforma de la ley orgánica superó el trámite en el Congreso por la necesaria mayoría absoluta con el apoyo de todos los socios del Gobierno, pese a la abstención del PP y la oposición de Vox.

Esta reforma legislativa no afectará a la Fundación Francisco Franco, por ser una fundación y no una asociación, pero el Gobierno tiene previsto pedir este año ante la Justicia su extinción mediante la ley de memoria democrática aprobada en 2022. No obstante, uno de los objetivos de la reforma de la ley que desde este martes tramita el Senado es evitar la posibilidad de que la Fundación Francisco Franco se convierta en una asociación. 

Cada uno de abril los franquistas celebran su "Día de la Victoria", fecha en la que Francisco Franco dio por finalizada la Guerra Civil en el año 1939. Es lo que hizo este martes el diputado de Vox en el Parlamento balear, Sergio Rodríguez, que arrancó su intervención ensalzando el triunfo del dictador en España: "Yo que soy muy bien mandado, obedeciendo al Gobierno de España y a su presidente Pedro Sánchez, en su año de celebración, el primero de abril les deseo un feliz Día de la Victoria", dijo. Tras su intervención, la oposición exigió que sus palabras se retiraran del diario de sesiones, pero el presidente del Parlamento de las islas, el diputado de Vox Gabriel Le Senne, procesado precisamente por un delito de odio contra las víctimas del franquismo, se negó a retirarlas al considerar que todo era "una broma". Un día después, tras las presiones del resto de grupos, accedió a hacerlo.

El lunes, el síndic de Vox en Les Corts y exvicepresidente de la Generalitat, Vicente Barrera, se dirigió al bando republicano como los "subcampeones" del 1939. "El odio que destilan es infinito, pero así y todo, la realidad es que fueron los subcampeones en el 39 y eso no lo pueden cambiar por mucho que pataleen", escribió en su cuenta de X, tras la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de convertir el Valle de Cuelgamuros en "un gran centro de resignificación", tomando como ejemplo el Museo del Holocausto de Berlín o la casa de Mussolini en Roma. Una decisión que tampoco ha gustado al eurodiputado de Vox y exdirigente de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, que ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "salve" el viejo Valle de los Caídos y lo declare Bien de Interés Cultural para "abortar su aberrante resignificación": "Ayuso, supuestamente favorable a la guerra cultural, no quiere dar esta batalla crucial. Si no comprende la carga simbólica del Valle es que está a años luz del valor que se le atribuye", señala Girauta en El Debate.

Desde su irrupción en la política hace más de un lustro la formación liderada por Santiago Abascal ni ha renegado, ni ha condenado, ni ha hecho siquiera un juicio crítico sobre la dictadura. Todo lo contrario. A diferencia de lo que ha venido siendo habitual en el PP, no esquiva este asunto, sino que hace política con él. Los ejemplos abundan. El líder del partido ha calificado el golpe de Estado de 1936 como un "movimiento cívico militar" o ha responsabilizado al PSOE de la Guerra Civil. E incluso ha llegado a decir, en pleno Congreso de los Diputados, que el Gobierno de Sánchez es "el peor en nuestro país en 80 años" –dictadura incluida–. En el partido ultra, en cuyas listas se han integrado generales que exaltaban la figura del dictador, se han referido a las familias que quieren exhumar a sus seres queridos como "buscadores de huesos". Y no han tenido reparos en colocar como altos cargos a personas que posaban en sus redes con la enseña de la dictadura o alababan el franquismo. Ahora, al hilo del 50 aniversario de la muerte del dictador, han amplificado esos mensajes.

Para hacerlo Vox se apoya en organizaciones como la Fundación Francisco Franco, que maniobró con empresarios amigos para mejorar el tratamiento de Vox en los medios de comunicación o la recién creada Plataforma 2025, ambas en el punto de mira del ministerio de Memoria Democrática. Partidos como Esquerra Republicana han pedido al Ejecutivo que actué tanto para disolver la primera —el pasado octubre el Congreso dio el primer paso para hacerlo— como para lograr que la segunda no pueda celebrar actos como el de este miércoles en el que partidarios y entidades defensoras del dictador se reunieron en Madrid para celebrar el día en el que "triunfó la España que se negó a desaparecer bajo las garras del totalitarismo" y "recuperó la paz, la estabilidad y la libertad que la izquierda reaccionaria le había arrebatado", en palabras del pseudoperiodista Javier García Isac, director general de EdaTV, que precisamente este miércoles publicaba una entrevista con el líder de Vox en su canal. Además, García Isaac presentó el pasado año su libro 'Reflexiones desde la fachoesfera' acompañado por Juan José Aizcorbe, diputado de Vox por Barcelona, exabogado de los Franco.

En el acto de Plataforma 2025 también participó Juan Chicharro, presidente de la Fundación Francisco Franco. Este general de la Marina retirado, que formó parte del grupo de militares que en 2018 suscribió un manifiesto a favor de Franco, sostuvo que la ley de memoria democrática "impone una verdad histórica por ley, algo que no sucede ni en Corea del Norte" y "cercena derechos fundamentales de las personas", según relatan los medios presentes en el acto: "Nos ilegalicen o no, no nos vamos a retirar", dijo. En los últimos años, y ante el riesgo de una posible eliminación, la entidad ha retocado sus estatutos en un par de ocasiones. Entre sus fines ya no figura, por ejemplo, ni el "contribuir a la proyección" del ideario del dictador "sobre el futuro de la vida española" ni el "enaltecer" su figura ni el "exaltar su vida" como "modelo de virtudes". Ahora, se limitan a la difusión y promoción del estudio y conocimiento "sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra" de Franco "en su dimensión humana, militar y política" y del Estado "que rigió los destinos de España" entre 1936 y 1977.

El manifiesto de Plataforma 2025 ensalza a la dictadura asegurando que Franco fue un "cristiano ejemplar", un "hombre bueno" que dejó un legado de "prosperidad, unidad y paz". El listado de adhesiones —casi 1.500, según los promotores— reúne al golpista Antonio Tejero y su hijo sacerdote, al presidente del pseudosindicato ultra Manos Limpias, Miguel Bernad, al general retirado Blas Piñar Gutiérrez, a al menos cuatro de los nietos y bisnietos de Franco como Luis Alfonso de Borbón y Martínez Bordiu, a los hijos del ex ministro franquista José Utrera Molina y también militares y jueces retirados. Entre ellos está el general del Ejército de Tierra Antonio Budiño Carballo, que en 2019 se presentó como cabeza de lista de Vox al Congreso por Pontevedra pero no consiguió el escaño y que sigue militando en la formación de Abascal aunque pertenece al 'sector crítico'.

Otra de las figuras clave de esta plataforma es el escritor José María Blanco Corredoira, autor del prólogo del libro publicado por Alejandro Nolasco, líder de Vox en Aragón y exvicepresidente de Jorge Azcón. En 2022 publicó Los últimos 50 de la División Azul, el batallón de voluntarios falangistas -de ahí el azul - que actuaron a las órdenes del ejército nazi en el frente soviético. La obra fue lanzada por SND Editores, en cuyo catálogo destaca la colección dedicada a Blas Piñar, fundador de Fuerza Nueva. Corredoira ensalzó el trabajo de Nolasco porque, a su juicio destaca el "heroísmo" de los divisionarios, víctimas del "odio" de la izquierda a "toda obra que tenga su origen en la era del general Franco" y también a aquellos "que se llamaron azules y que tenían a esperanza de que España fuera una, grande y libre".

Hay un sector de Vox que ha ganado fuerza tras la marcha de Iván Espinosa de los Monteros del partido, que se estrenó en organizaciones franquistas como Falange o Fuerza Nueva. Su rostro más visible es el de Jorge Buxadé. El eurodiputado de Vox nunca ha renegado de su pertenencia a Falange hasta el año 1996. Su militancia ultracatólica, su desapego respecto a la Constitución y su defensa de un modelo sociopolítico propio del franquismo —familia, municipio y sindicato, llegó a enumerar en 2012— dibujan un retrato de trazos inequívocos. "Me arrepiento de haber estado en el PP, no en Falange", aseguró en 2019 durante una entrevista con el diario El Mundo.

También Javier Ortega Smith, portavoz municipal en el Ayuntamiento de Madrid, seguía siendo falangista tras la fallida toma del Congreso a manos del coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y miembros del Ejército. Como relató el periodista Antonio Maestre en La Marea, Smith escribió en 1986 un artículo donde incluía lo que viene a continuación: “No podemos olvidar el pasado de la Falange, no podemos olvidarnos de aquellos momentos de elaboración de nuestra doctrina, momentos en los que nuestros mejores José Antonio, Onésimo, Ramiro, Julio, crearon la doctrina más joven y grande de Europa”.

Es el caso también de Carlos Flores Juberías, que fue condenado por violencia de género —el suyo fue "un divorcio duro”, dijo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo—, con Fuerza Nueva, de la que fue candidato en 1982: exactamente, el número 8 por Valencia. Para Flores Juberías, José Antonio Primo de Rivera fue alguien “fascinante”. Los franquistas de Fuerza Nueva también colocaron en sus listas a que también acabó siendo un nombre destacado en Vox, aunque en los últimos tiempos ha permanecido en un plano discreto: el ya citado diputado por Barcelona Juan José Aizcorbe, que en 1982 ocupó el puesto número 4 en la lista de Fuerza Nueva en Barcelona.

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado tramitar una proposición de ley, presentada por el PSOE, para disolver las asociaciones que hagan apología del franquismo, en referencia a casos como la Fundación Francisco Franco.

El PSOE ha logrado el apoyo de todos sus socios y también del Partido Popular para poner en marcha la reforma de la ley orgánica reguladora del derecho de asociación e incluir como causa de disolución de una asociación la apología del franquismo, adaptando así esta normativa, de 2002, a la ley de memoria democrática, de 2022. Solo los 33 diputados de Vox han votado en contra de la toma en consideración de esta iniciativa.

La ley de memoria democrática recoge expresamente la obligación de modificar la citada ley de asociaciones para disolver aquellas que ensalcen el golpe de Estado y la dictadura franquista o que "enaltezcan a sus dirigentes con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas".

Al margen de esta reforma legal, que no menciona expresamente a la Fundación Nacional Francisco Franco, el Gobierno inició en junio el procesos para extinguir esta fundación, empleando otro punto de la ley de memoria, que recoge la posibilidad de pedir a un juez la extinción de una fundación contraria al interés general y cita como causa la apología del franquismo.

El PSOE ha logrado que su proposición de ley pase el primer filtro del Congreso de los Diputados, a pesar de que sus socios le han exigido más valentía y firmeza con las políticas de memoria y de que ERC y Junts le han avisado de que una ley no basta para disolver la Fundación Francisco Franco porque luego los jueces la aplicarán "como les da la gana", como en el caso de la amnistía. ERC ha anunciado que presentará enmiendas durante la tramitación.

Durante el debate se han vivido momentos de tensión cuando intervenía el diputado del PP Jaime de Olano, que se ha referido al PSOE como un "estercolero moral", ha cargado contra el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, y ha mencionado la investigación judicial a Begoña Gómez, o la reforma legal que puede beneficiar a algunos presos de ETA. El popular ha sido llamado al orden y el vicepresidente de la Mesa, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha aceptado retirar sus "insultos" tras exigirlo la diputada del PSOE Montserrat Mínguez. 

El Gobierno inicia el procedimiento para disolver la Fundación Nacional Francisco Franco. El Ministerio de Cultura, órgano competente para llevar a cabo esta tarea, ha anunciado oficialmente este jueves que comienza con los trámites para "instar judicialmente" a la extinción de la que se ha convertido en última trinchera de la dictadura. "Es responsabilidad de este ministerio cumplir escrupulosamente con la Ley de Memoria Democrática. Así lo hemos hecho, así lo estamos haciendo hoy, y así lo seguiremos haciendo", ha afirmado el titular de la cartera, Ernest Urtasun, en un vídeo colgado en su cuenta de la red social X, antes llamada Twitter.

Tras el anuncio, se abre un periodo de recopilación de información en el que participarán también las asociaciones memorialistas. El primer paso ha sido solicitar un informe a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática sobre el posible incumplimiento por parte de la Fundación Franco de la normativa memorialista estatal, que establece como causa de extinción de este tipo de entidades la "apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes" con "menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas".

Una vez concluida la "instrucción", y con el previo informe de la Abogacía del Estado, "será responsabilidad" de Cultura "instar a la justicia a la extinción" de la fundación. "Teniendo los jueces y juezas, en este caso, la última palabra", ha querido dejar bien claro Urtasun. "Corresponderá al Protectorado de Fundaciones –que depende de la cartera que dirige Urtasun– instar judicialmente la extinción de la fundación por concurrencia de esta causa, pudiendo en tal caso el órgano judicial [...] acordar la suspensión provisional de las actividades de la fundación hasta que se dicte sentencia, así como adoptar las medidas cautelares que se consideren necesarias para la eficacia de la suspensión de actividades", recoge la normativa memorialista.

La Fundación Franco nació cuando ni siquiera se había cumplido un año del fallecimiento del dictador. Se constituyó formalmente el 8 de octubre de 1976. Y se apoyó sobre 226 fundadores, según la información que consta en el Ministerio de Justicia. Entre ellos se encontraba, por supuesto, la hija del caudillo, Carmen Franco Polo, que ejerció como presidenta de honor de la entidad hasta su fallecimiento. O Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de Falange y delegada nacional de la Sección Femenina. Y también un nutrido grupo de empresarios, religiosos, militares, diplomáticos, políticos o ministros del régimen: desde José Utrera Molina o Licinio de la Fuente hasta Antonio María de Oriol y Urquijo o Jaime Miláns del Bosch. Lo más granado de la dictadura.

Entre sus fines estaba entonces el contribuir a la "proyección del ideario" del dictador sobre el futuro de la vida española, la "exaltación" de su vida como "modelo de virtudes" o el enaltecimiento de su "figura" y la preservación de su "legado". Mes y medio después de su constitución ante notario, el rey Juan Carlos I recibió en audiencia a la Fundación Franco, que le entregó su primera medalla de oro. Una reunión en la que, según las crónicas de la época, los representantes de la entidad solicitaron al monarca su intervención para que se pusiera fin "a la campaña de descrédito, insultos y falsedades" contra el fallecido dictador que se estaban "propagando" en "determinados medios de comunicación social".

En los últimos años, y ante el riesgo de una posible eliminación, la entidad ha retocado sus estatutos en un par de ocasiones. Entre sus fines ya no figura, por ejemplo, ni el "contribuir a la proyección" del ideario del dictador "sobre el futuro de la vida española" ni el "enaltecer" su figura ni el "exaltar su vida" como "modelo de virtudes". Ahora, se limitan a la difusión y promoción del estudio y conocimiento "sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra" de Franco "en su dimensión humana, militar y política" y del Estado "que rigió los destinos de España" entre 1936 y 1977. Además, para intentar blindarlos un poco más, han incluido en los mismos una referencia resaltando que en el desarrollo de sus actividades velarán por el "máximo respeto a las víctimas de cualquier significación", evitando siempre "el desprecio, descrédito o humillación".

La fundación que se apoya en la actualidad en unos 2.000 afiliados –la cifra se incrementó, aseguran, tras la exhumación de los restos del dictador de Cuelgamuros–. De entre todos los bienes de los que dispone, su principal activo es el archivo del dictador. Cerca de 30.000 documentos que incluyen correspondencia con otros jefes de Estado, ministros y personalidades tanto de España como del extranjero; informes confidenciales del Estado Mayor, ministerios o embajadas; o borradores de leyes con anotaciones manuscritas del dictador.

En 2001, con José María Aznar al frente del Gobierno, la Fundación Franco suscribió un convenio de colaboración con el Ministerio de Cultura para inventariar y digitalizar toda esa documentación. Para ello, se concedió una subvención a la entidad de 150.843,82 euros. A cambio, se tenía que facilitar el acceso público a dichos fondos.

En 2009, según el Portal de Archivos Españoles del Ministerio de Cultura, el Centro Documental de la Memoria Histórica, ubicado en Salamanca, recibió copia en microfilm del fondo. En total, 27.357 documentos de 27.490 que, en teoría, están en poder de la fundación. Los 133 restantes, según explicaban hace un par de meses desde la fundación, faltan porque el dinero de la subvención no dio para todo. No obstante, sostienen que la entidad los digitalizó por su cuenta y que los mismos "están a disposición de todos", ya sea solicitándolos por Internet o en la Fundación. En resumen, que la documentación original de quien fuera jefe del Estado continúa, a día de hoy, en el depósito de la entidad privada.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este viernes que la Fundación Francisco Franco se encuentra en sus "últimos días", aunque ha matizado las intenciones del Ejecutivo explicando que no pretenden ilegalizarla sino "extinguirla".

"Nosotros no ilegalizamos la fundación, lo que hacemos es extinguirla, si una fundación, un espacio, un lugar, rememora, homenajea, vanagloria a alguien que fue represor, no tiene ningún sentido dentro de la democracia", ha explicado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, donde además, ha asegurado que estamos ante los "últimos días" de la Fundación Francisco Franco.

El pasado mes de febrero, el propio Torres avanzaba que el Gobierno haría "lo que tenga que hacer" para ilegalizar esta fundación, aunque evitaba concretar fechas de cuándo se va a producir. Al ser preguntado por los cambios que está llevando a cabo la fundación para intentar adaptarse a la ley de Memoria Democrática, Torres cree que "no" van a poder esquivar la norma.

Durante esta entrevista, Torres ha puesto fecha a los próximos pasos que dará el Gobierno en materia de Memoria Democrática, en concreto, será el próximo martes 23 cuando su ministerio lleve al Consejo de Ministros la composición de tres comisiones y otras medidas relacionadas con el Valle de Cuelgamuros.

Ha remarcado que desde el Ejecutivo "tienen que cumplir unos plazos" y su intención es mantener el espíritu de la "verdadera concordia". "No de la concordia esta que algunas comunidades como Aragón, que habla de una ley de concordia y resulta que retiran el mapa de fosas, ha afeado.

Según ha explicado, entre las comisiones que llevarán al próximo Consejo están incluidas por ejemplo la de restauración del pueblo gitano y una de restauración económica para los familiares de las víctimas del bando republicano, porque "el otro bando fue recompensado".

"Los que llegaban al Valle de Cuelgamuros, si eran del Bando Nacional, iban en una caja con su nombre y venían de un cementerio y se lo decían a la familia. Si eran del Bando Republicano, venían a la misma caja 10 o 12 personas mezcladas, eran sacados de una fosa común y nunca se lo decían a los familiares", ha lamentado.

La Fundación Nacional Francisco Franco sospecha que el Gobierno intentará ilegalizarla de cara a las elecciones del próximo año, una vez que ha entrado en vigor la Ley de Memoria Democrática, según ha trasladado a Europa Press su presidente Juan Chicharro.

Con la nueva norma, que rige desde el viernes, se abre la puerta a ilegalizar fundaciones que hagan apología del golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista o enaltezcan a sus dirigentes, "con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo" o hagan "incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas", según recoge la ley.

En este sentido, considera que el Gobierno "moverá ficha cuando le interese", según ha afirmado, y cree que utilizará "el comodín Franco", como lo ha calificado, antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales que se van a celebrar en mayo de 2023 o bien antes de las generales de final de año.

Espera por tanto que la ley se declare inconstitucional y se muestra convencido de que Vox impulsará un recurso con este fin. Sin embargo, muestras sus "dudas" de que el PP vaya a hacer lo mismo.

Por el momento, la Fundación Franco no ha recibido ninguna notificación sobre su extinción, puesto que antes debe iniciarse un proceso judicial. Sin embargo, Chicharro avisa de que si intentan ilegalizarles recurrirán ante los tribunales y se muestra "muy tranquilo" porque, según sostiene, tiene argumentos para que los jueces les den la razón.

En este sentido rechaza de plano que sus actividades supongan menosprecio o humillación para las víctimas y menos aún que inciten al odio o la violencia. "Jamás lo hemos hecho", asegura.

También pone en duda que subrayar que durante el franquismo se construyeron "600 embalses" o que se puso en marcha el sistema de "Seguridad Social" sea hacer apología. Los jueces, por tanto, tendrán que "dilucidar" esta cuestión, según ha advertido.

Respecto a los bienes de la Fundación, principalmente su amplio archivo documental, la ley establece que irán destinados a las fundaciones o entidades no lucrativas privadas que decida el patronato de la propia fundación extinguida.

En caso de que no lo lleve a cabo, el proceso quedará en manos del Protectorado de Fundaciones, organismo dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, que puede nombrar un liquidador que recibirá una retribución a cargo del patrimonio de la fundación.

A este respecto, fuentes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática consultadas por Europa Press indican que corresponde al Patronato de Fundaciones "instar judicialmente" la extinción de una fundación y que el órgano judicial podrá acordar la suspensión provisional de las actividades de la fundación hasta que se dicte sentencia. También, tomar medidas cautelares si lo considera necesario para que se puedan suspender las actividades.

No aclaran sin embargo qué fundaciones pueden ser objeto de ilegalización y si la Francisco Franco está entre ellas. Señalan únicamente que la norma afecta a cualquiera que no persiga fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo, como indica la ley.

A este respecto precisan que se considera contrario al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, en los términos citados previamente.

Chicharro asume además, que la posible extinción de la Fundación conllevaría otras consecuencias como la clausura de su página web y el cierre de la sede situada en la zona de Nuevos Ministerios en la capital de España.

Por otro lado apunta que otra asociación que podría estar en una situación similar es la Hermandad Nacional y Fundación de la División Azul, dedicada al "estudio, difusión y conocimiento" de esta unidad militar que combatió en la Segunda Guerra Mundial junto a la Alemania nazi.

No cree que vayan a correr la misma suerte, según comenta en tono irónico, otras entidades como las fundaciones dedicadas a los dirigentes del PSOE durante la II República, Francisco Largo Caballero y Juan Negrín, así como la Fundación Sabino Arana, el fundador del PNV. Considera por tanto, que se trata de una ley "de parte" y "sectaria" con planteamientos "totalitarios".

Ahora, en este último artículo en vísperas del 18 de julio, al Sr. Esparza Torres no le molestará, confío, que me detenga con cierta atención en la cuestión del café, que tanto le preocupó. Afortunadamente, el expediente de tal operación estaba casi completo. Subrayo lo de casi porque eché en falta alguna documentación complementaria.

Con todo, el Señor sea loado, sobrevivió una parte importante que me permitió arrojar nueva luz sobre tan interesante fuente de enriquecimiento de SEJE. Por ello, a riesgo de incurrir en las iras de la FNFF y de su insigne colaborador, he abreviado en los títulos de los artículos de esta serie la tan significativa fuente con el acrónimo correspondiente: no Victoria Cross, sino “Vendedor de Café”. Habría, a la manera británica, que acostumbrarse a utilizarlo.

En La otra cara del Caudillo (hoy fácilmente asequible en una nueva presentación de 2019), describí cómo, según tal expediente, se desarrolló la operación que contribuyó al sucesivo enriquecimiento de SEJE. Le hace, por lo menos, acreedor inmortal a dicha calificación profesional como uno de los más que ilustres comerciantes de ultramarinos.

En breve sinopsis fue de la siguiente manera: el presidente de la República del Brasil, ya al frente del Estado Novo, Getúlio Vargas, envió en 1939 a España 600 toneladas de café de excelente calidad. Cabe recordar que en aquella época tenía fama de ser el mejor o uno de los mejores del mundo.  

Se trató de un regalo de Vargas no a su colega de dictadura sino al Gobierno español, representante de los héroes que habían ganado la guerra civil y, por desgracia para ellos, también victimario máximo de quienes la habían perdido. (El Sr. Esparza Torres afirmó, sin la menor evidencia, que fue una donación personal a Franco). Para mí tenía más sentido que lo hubiera hecho en homenaje a los heroicos combatientes que, según decía la propaganda franquista, habían vencido a las “hordas rojas” y a los malvados comunistas con el fin de garantizar a los españoles, como no se hartaban de gritar los falangistas, “Patria, Pan y Justicia”.

El colaborador de la FNFF no aborda, por desgracia, con mente analítica un hecho que servidor documentó perfectamente: la forma y manera en que el general Franco VC traspasó los 600.000 kilos de café a la CAT (Comisaría de Abastecimientos y Transportes). Lo hizo con gran prudencia y, en un insólito rasgo de honestidad “orientada”, visto su comportamiento financiero anterior y posterior. Los pasó no al precio del mercado negro para una mercancía que ya no solía verse demasiado en la depauperada España de la postguerra, carente de alimentos, combustibles y materias primas. Lo hizo como Dios manda: al precio de tasa, es decir, el fijado oficialmente para los afortunados consumidores que lograran adquirir algo por los canales regulares (es decir, fuera del mercado negro y del estraperlo, lacras dominantes en aquellos años de hambre masiva y escaseces).

La CAT distribuyó las 600 toneladas a sus delegaciones provinciales (salvo Baleares y Canarias). Los kilos que recibió cada una se detallaron minuciosamente. También su contravalor en pesetas corrientes y, lo que son las cosas, la operación arrojó el mismo resultado que figuró en el estadillo de 31 agosto de 1940: 7.536.140,88 pesetas. El Sr. Esparza Torres afirma que “casualmente en la relación de cuentas de Franco de agosto de 1940 figura un apunte de 7,5 millones de pesetas”. No fue nada casual. Servidor valora en mucho tal pulcritud y exactitud contables. Era obvio que con las “pelas” del general Franco VC no había que jugar.

Después, la CAT ordenó que cada delegación entregara el contravalor en pesetas que correspondía al cupo recibido. El importe debía depositarse en las sucursales del Banco de España o en otros establecimientos bancarios identificados. A su vez, a todos ellos se cursaron órdenes de retransferir los montantes recibidos al Banco de España en Madrid. ¿Y qué pasó en la augusta central de la Plaza de la Cibeles? Pues que, por medio de una sencilla operación contable, los dineros procedentes de las delegaciones de la CAT terminaron aterrizando en una de las cuentas del general Francisco Franco VC, a saber, la número 70.713. ¡Horror! Al Sr. Esparza Torres se le ha olvidado todo lo con ella relacionado.

Es de suponer que el glorioso artífice de la VICTORIA quedaría muy contento. Los directores y funcionarios de las delegaciones, también. La CAT era un nido de corrupción masiva y no sería de extrañar que una parte de los cupos de café recibidos fuese a parar al mercado negro, aunque evidentemente no al precio de tasa.

Por desgracia, en mi libro de 2015 y en sus sucesivas reediciones no pude cerrar el círculo. ¿Quién podría afirmar haber visto todos los papeles de una operación financiera extremadamente secreta? Quedaron dos cuestiones pendientes de esclarecer.  La primera fue la fecha de llegada de los barcos cargados de café brasileño a puertos españoles. Existían varias posibilidades y el expediente no indicaba nada al respecto. La segunda, cuál habría sido realmente el trasfondo de la donación del presidente Vargas.

Sobre ambas me han llegado informaciones posteriores y aquí las expongo por primera vez.  La más importante es susceptible de comprobación en internet utilizando simplemente el ratón del ordenador. No podría afirmarse que servidor es de los historiadores que esconde sus fuentes o que las desfigura.

En relación con el primer aspecto, he sabido que el agente oficioso franquista en Río de Janeiro (entonces la capital brasileña) solía remitir a la Secretaría de Relaciones Exteriores (dirigida al principio por Francisco Serrat Bonastre) y luego al Ministerio de Asuntos Exteriores en Burgos, al mando del teniente general Conde de Jordana, notas informativas. Lo normal. Lo hacían todos los componentes de la amplia red diplomática que los sublevados habían ido montando a lo largo de los años de la guerra civil.

El agente en cuestión se llamaba José de Cárcer y Lassance. Cabe identificarlo perfectamente sin dificultad alguna y figura también en un libro que tuve el honor de dirigir (Diplomáticos y guerra civil, Marcial Pons).

Cárcer era el antiguo primer secretario de la embajada española en Río. De ella había dimitido a la par que se pasaba a los rebeldes. Actuó como ya estaban haciendo o iban a hacer tantos otros.  El Gobierno republicano lo cesó el 31 de julio de 1936. Tras el reconocimiento diplomático por parte de Brasil del nuevo régimen franquista en 1939,  se convirtió en el representante del Estado español (denominación que era la que se utilizaba). En consecuencia, siguió actuando con la denominación de encargado de Negocios. Cuando tomó posesión el primer embajador franquista, el inolvidable falangista Raimundo Fernández Cuesta, continuó como consejero de la embajada.

Pues bien, José de Cárcer escribió al conde de Jordana el 17 de mayo de 1939. Le anunció la donación brasileña de 10.000 sacos de café en grano al Gobierno español “para que lo reparta como estime oportuno”. Estas negritas son mías. No hubo nada de regalito a Franco.

Según informaciones que todavía no se le habían confirmado, el diplomático franquista anunció que el envío se haría en tres expediciones. En la primera irían 3.000 sacos en el vapor Almirante Alexandrino; 4.000 en el Bagé y el resto en el Raul Soares en fechas que podrían ser el 27 de mayo y los días 12 y 27 de junio respectivamente. El puerto de salida iba a ser Santos (habítual para las exportaciones de café) y el de llegada Vigo. La travesía duraría aproximadamente 18 días.

También informó Cárcer que los sacos irían consignados al gobernador civil de Pontevedra y que el agente que intervendría sería el Lloyd Brasileiro que contaba con un representante en Vigo: la empresa Joaquín Dávila & Cía, que llevaba veinte años funcionando como consignataria de buques. El gobierno de Río de Janeiro se había hecho cargo de todos los gastos adicionales, “que no son pocos”.

En aquellos momentos, el gobernador de Pontevedra era D. Manuel Gómez Cantos. Fue relevado en agosto por D. Francisco García Alted. El gobernador Gómez Cantos era un hombre ya muy famoso, pero no para bien. De su fidelidad a la nueva dictadura es imposible dudar.

Los datos anteriores, en particular los relativos a la empresa, podrían no ser irrelevantes  desde el punto de vista local. ¿Quién estaba al frente de la empresa Joaquín Dávila? ¿Es posible que en la prensa de aquel tiempo aparecieran informaciones al respecto? ¿De qué índole? ¿De qué se informó?

Desde luego algunas noticias sobre los envíos aparecieron en periódicos que no eran gallegos. A este efecto, un amable lector que pasa muchas horas viendo prensa de la época en internet me envió hace años la fotocopia de dos recortes. Uno de El día de Palencia (23 de junio de 1939) y otro de Azul, de Córdoba (13 de junio). En ambos hubo un somero reflejo del regalito. Quizá aparecieron en más. En el primero se afirmó que el Almirante Alexandrino había llegado la víspera a Vigo con 10.000 sacos de café. En el segundo se dijo que el donativo se había hecho en tres entregas. No ligo, necesariamente, el cese en agosto de aquel año del gobernador Gómez Cantos, pero a lo mejor interesó que no continuara.

Es decir, en un régimen militar de estricto control de guerra de los medios de comunicación, tales noticias –autorizadas debidamente– cuadran con las informaciones de Cárcer en lo sustancial, aunque los diez millares de sacos los periódicos mencionados los atribuyeron a solo un vapor. En cualquier caso me parece que el carácter de obsequio brasileño al gobierno del Estado naciente (en términos de derecho internacional) es indudable. NO FUE A FRANCO.

Se trataba de una donación y la distribución quedó, lógicamente, en manos de las autoridades españolas. Lo que los brasileños no podían conocer (ni tampoco les interesaba) eran los circuitos de reparto y de pagos internos en España.

Pues bien, tras leer mi libro, un historiador brasileño, el Dr. Fernando Furquim de Camargo, tuvo la bondad de remitirme su tesis doctoral presentada en la Universidad de Sao Paulo en 2016: El Brasil y la guerra civil española: flujos económicos y negociaciones oficiosas (1936-1939). En casi doscientas páginas su exploración fue concienzuda. Pasó revista a los contactos que el régimen de Vargas tuvo con los españoles en guerra a través de las relaciones oficiales con el Gobierno republicano y, en paralelo, por medio de las oficiosas que anudó con los sublevados. No fue una excepción.

El Dr. Furquim de Camargo analizó las corrientes comerciales con España desde antes de la guerra civil hasta 1939. El grueso lo representaron los envíos de café. Acudió a la EPRE remansada en los archivos de su país, en los norteamericanos y en los españoles. ¿Qué aspectos adicionales, para el caso en cuestión, se desprendieron de tal tesis?

En primer lugar, que el café vendido por Franco a la CAT no fue sino el último de los envíos que, durante la guerra o inmediatamente después, se hicieron desde Brasil a la gloriosa pero empobrecida España. En segundo lugar, que tampoco fue el primer donativo hecho por el dictador brasileño al jovencísimo Estado franquista. Lo que pasó con las remesas anteriores en cuanto a distribución en los territorios ocupados por los sublevados de 1936 no fue, a priori, interesante para mis propósitos ni tampoco encontré documentación al respecto. Para profundizar en ellos habría que explorar específicamente en los archivos españoles, algo más complicado ya que durante la contienda no existía la CAT.

Pero dado que, en la actualidad, la tesis del Dr. Furquim de Camargo está disponible en internet y que cabe descargarla, remataré mínimamente el tema.

El primero de los donativos por parte de Getúlio Vargas del que hay constancia data de los meses tras el estallido de julio de 1936. Franco lo reconoció y agradeció en octubre de 1936. Versó no solo sobre café sino también sobre azúcar y estaba destinado a las tropas nacionales “que luchan en defensa de España y de la civilización contra las hordas marxistas” (según el inmortal criterio de SEJE y que todavía creen algunos españoles). Después hubo más y Franco aceptó pagar un sueldecillo a un intermediario en Brasil, José Fernández Alcázar, que estaba en contacto estrecho con el Departamento Nacional del Café.

Nada que objetar a tales envíos (por lo menos hasta ahora) pero que demuestran que, mientras el Sr. Esparza Torres no demuestre lo contrario, el caso de la última expedición de la serie tuvo un tratamiento algo diferente.

Por lo demás, me reservo la posibilidad de volver al caso de la conducta financiera del general Francisco Franco VC para el próximo septiembre, como contribución pública y desinteresada a los momentos finales del I Certamen literario que ha organizado la FNFF. 

Feliz verano.

(Puedes pinchar aquí y aquí para leer los dos artículos anteriores de esta serie)

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Ángel Viñas acaba de publicar, con Francisco Espinosa y Guillermo Portilla, 'Castigar a los rojos'.

Los lectores de este periódico pudieron apreciar en artículos que se extendieron durante varios meses la significación implícita en el curioso episodio de la Cruz Laureada que Franco no consiguió. También cómo apareció en ellos en plan joven capitán adulador, mentiroso y desprovisto de escrúpulos éticos y morales. Ahora bien, dado que la experiencia muestra que ni hay historia definitiva ni historiador definitivo, y esto se aplica igual a servidor que a cualquier otro, ahora puedo decir algo más sobre el inolvidable general. Afortunadamente, ya lo adelanto, no tengo que desdecirme.

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En 2015, es decir hace siete años, publiqué un libro, La otra cara del Caudillo. El ya mencionado Sr. Esparza Torres dice que lo ha leído. Como trabajo de historia, con apelación a documentos de archivo y a una abundante literatura secundaria, española y extranjera, mostré algunos de los rasgos que me parecieron más importantes de la personalidad de Franco: narcisista, traidor a la Corona, accesible a los aduladores y feroz defensor del Führerprinzip.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los lectores, a juzgar por las ventas de la obra, fue mi acusación a Su Excelencia Jefe del Estado (SEJE) de haberse hecho con una fortunita durante los años de la guerra civil por medios entonces todavía poco aclarados.

Debo recordar mi tesis con una fórmula que –admito– era, y es, bastante dura: mientras los jefes, oficiales y soldados del Glorioso Ejército Nacional hacían frente a la parca o a graves heridas en las trincheras; mientras unos morían y otros se desangraban en ellas o en los hospitales de la retaguardia; mientras muchos hervían en el fervor de multitudes y de griteríos inmensos de “¡Viva Franco! ¡Arriba España!”, su idolatrado guía y conductor, made in and by Spain, se dedicó, con fruición, a forrarse el riñón. Como ya había hecho y seguiría haciendo a su vez el propio Hitler con respecto al supuesto Reich de los mil años.

La noción de un enriquecimiento subrepticio no era nueva. Ya lo habían indicado algunos historiadores como Sir Paul Preston. También lo habían insinuado ciertos periodistas (a uno de los cuales el ilustre colaborador de la FNFF fulmina con su desprecio). A mí me llamó Javier Otero, entonces de la revista semanal Tiempo. Este publicó, entre otros, un documento que había encontrado en el CDMH de Salamanca. Procedía de los fondos de la FNFF. El gran hagiógrafo de SEJE, y utilizador en exclusiva de ellos durante muchos años, el profesor Luis Suárez Fernández, no lo mencionó. Quizá escapó a sus avizores y puntillosos ojos. O tal vez lo desdeñó. O en tal silencio tradujo su ilimitada admiración por el inmortal Caudillo. Lo mismo ocurrió con los biógrafos a que he aludido en el artículo anterior.

Desde luego hay que agradecer al profesor Suárez Fernández y a la FNFF que no eliminaran del inventario dicho documento. No estaba antes, en contra de lo que afirma el Sr. Esparza Torres, en un archivo público, sino en otro que era todo menos ello. El de la Casa Civil de SEJE. Que se sepa, fue un coto cerradísimo, como también lo fueron durante mucho tiempo todos  los archivos de la dictadura. ¿Cómo hubiera podido ser diferente?

Hoy el documento en cuestión puede consultarse tanto en la FNFF como en el CDMH. Además, lo reproduje en mi libro. Ponía de manifiesto que al 31 de agosto de 1940 Franco tenía saldos en diversas cuentas bancarias por un total de 34.302.855,28 pesetas. Naturalmente, se indicó el oportuno desglose y se mencionaron conceptos de (una posible) asignación (en el sentido hacendístico del término). Desgraciadamente su empleo no quedó demostrado documentalmente. Una casualidad.

 Por ejemplo:

        Huérfanos de la guerra (689.923,81 pesetas); Fondo de España (11.303,88); Donativos para indígenas (56.540,18); Reconstrucción del Alcázar (258.373,71)

En su honor he de decir que el Sr. Esparza Torres hace una críptica referencia a las mismas. Servidor ignoraba, e ignora, si las posibles asignaciones anteriores se encaminaron a los destinatarios mencionados o no.

Ahora bien, el grueso estaba indubitablemente a la disposición de SEJE. Es decir, al libérrimo arbitrio del general Franco VC quedaron sumas nada despreciables:

Banco de España, Madrid, 9.931.504,02; id. Burgos, 215.567; Hispano Americano, 6.060.000; Español de Crédito, 6.075.000; Bilbao, 3.000.000; Mercantil, Madrid, 468.501,80.

Finalmente, hubo un concepto que hay que reproducir si no en letras de oro (algo imposible en este medio digital), sí en itálicas y negritas:

        Importe total de venta de café: 7.536.140,88

Servidor aplicó los coeficientes de equivalencia calculados por el profesor José Ángel Sánchez Asiaín, especialista en los numerosos perfiles financieros de la guerra civil y, encima, banquero de renombre. Los transformé en euros de nuestros días (2010), antes de que estallara la oleada inflacionista que nos asola.

El total de fondos equivalía a 388 millones de euros. No hago de este importe cuestión de gabinete. 34 milloncetes de las entonces nuevas pesetas “nacionales”  no eran, en cualquier caso, moco de pavo. Esto puede afirmarse teniendo en cuenta el nivel de retribuciones de la época y también en particular para el caso de los generales. Lo subrayé. Para llegar a tal suma Franco hubiera necesitado muchos, muchos años.                

Así pues, lo que hice fue indagar cómo el ya capitán general Francisco Franco VC habría podido acumular tal fortuna en cuatro años, de los cuales casi tres de guerra civil, con los emolumentos que le correspondían por razón de sus numerosos e importantísimos cargos en el servicio de la PATRIA.

Algunos renglones por los que se nutrió tal fortuna los indicó la propia documentación. Por ejemplo, un sueldecillo (perdón, “donativo”), que, le pasaba mensualmente (aunque no sabemos desde cuándo) la Compañía Telefónica Nacional, de propiedad norteamericana (el Sr. Esparza Torres afirma que para que no la nacionalizara, pero lo escribe sin la menor prueba. Cuando se hizo años más tarde, las condiciones ambientales eran muy diferentes). Otros ingresos (por un importe de 60.000 y 75.000 pesetas) fueron en razón de devengos de intereses de depósitos bancarios durante seis meses al 2 o 2,5 por ciento anual (algo perfectamente legítimo). También se mencionaron 34.326,37 dólares en una cuenta en el Banco Espíritu Santo y Comercial de Lisboa.  

Hombre supuestamente generoso, Franco había hecho donaciones a su vez, aunque daban la impresión de ser más bien de risa. Por ejemplo, 3.510 pesetas a la priora en el convento de las Madres Agustinas y a 36 personas más. Se trataba, pues, de auténticas migajas, pero a lo mejor fueron una instantánea en un solo momento y a lo largo de los años de guerra la munificencia de SEJE alcanzó a muchos más. Yo no encontré más documentos al respecto y el Sr. Esparza Torres tampoco, aunque no sé si buscó con mayor éxito que servidor en los archivos correspondientes.

Javier Otero me preguntó de dónde podrían haber salido aquellos siete millones y medio de pesetas que he puesto en negritas.

Quien esto escribe había dirigido en la segunda mitad de los años setenta una larga y compleja investigación sobre política comercial exterior en España entre 1931 y 1975. Con base en fondos documentales había abordado específicamente el período 1936-1959 junto con otros compañeros. Entonces me había sumergido durante un par de años en los archivos de Exteriores, Presidencia del Gobierno, Banco de España, IEME (Instituto Español de Moneda Extranjera: autoridad monetaria exterior dependiente del ministro de Comercio) y Hacienda, amén de algunos otros. Quizá, naturalmente, el Sr. Esparza Torres haya estudiado también temas tan prosaicos. En su larga relación de obras, sin embargo, no he visto ninguno que se acerque al asunto de nuestra investigación.

Me llamó la atención que en agosto de 1940 la cuantía de los ingresos por café fuese claramente superior a la de los restantes renglones, salvo el saldo que el general Franco VC mantenía en la Central del Banco de España. Me devané los sesos sobre cómo obtener documentación complementaria para esclarecer la cuestión. Personalmente no me imaginaba a Franco, “salvador de la Patria”, abriendo una tiendecilla en Salamanca o en Burgos (naturalmente por persona interpuesta) para ofrecer café a granel al público combatiente y/o a sus familiares. Que lo hiciera utilizando otros medios (vía camiones militares, por ejemplo) me parecía complicado, aunque en plan puntilloso documenté que sí lo hizo para distribuir regalos a sus generales, sus ministros, sus eclesiásticos, etc. en forma de obsequios. Vino, café y tabaco, a veces en grandes cantidades. Me pregunté si no habría querido inducir a la propagación del cáncer de pulmón entre algunos de ellos.

En todo caso pensé que podría haber vendido café a través de una compañía (¿de responsabilidad limitada?) gestionada por un sicario. Era más verosímil, pero ¿cómo demostrarlo?

Entonces servidor vivía en Bruselas (donde sigo) y en ocasiones había tenido que acudir a amigos y alumnos de la UCM (de la que ya me había jubilado) para que hiciesen búsquedas en algunos archivos españoles. Todavía no se conocía la pandemia, pero no quería dejar sola a mi familia. Uno de mis ayudantes (especializado en el trabajo de archivos y que me había recomendado el profesor Julio Aróstegui) sugirió explorar uno que ya conocía. En su opinión, podría ser interesante. Se trataba del Archivo de Palacio. Luego tuvo que abandonar la tarea y un alumno mío de doctorado se ofreció a continuarla.

El éxito colmó y superó mis expectativas. En tal archivo se conservaba (e imagino que sigue conservándose) lo que quedaba de los fondos de la Casa Civil de SEJE. No tuve que esperar demasiado a que apareciera documentación que aclaraba lo que significaban las ventas de café y que explicaban cómo se las apañó SEJE para incrementar su ya notable fortunita. No tengo la impresión de que el Sr. Esparza Torres la haya estudiado, pues no menciona un solo dato concreto salvo las cantidades globales indicadas.  

Tampoco parece haberse puesto al día para desentrañar el significado de la organización que hubo detrás. Esto es sorprendente porque los militares, aparte de combatir heroicamente cuando es necesario, suelen prestar atención a la organización y a la logística. En este plano, en la entonces Secretaría General (encabezada en un principio por Nicolás Franco Bahamonde, no una casualidad), con un secretario y ayudante de campo que era su propio primo hermano (el posterior teniente general Francisco Franco Salgado-Araujo, tampoco una casualidad), rodeado de jefes y oficiales de fidelidad a toda prueba (a algunos de los cuales conocía de sus estancias en Canarias y Marruecos -servidor mencionó nombres concretos) se había montado una sección muy particular. Era la receptora de los numerosos donativos que se hacían a la “Sagrada Causa Nacional” (como también se la denominaba y que ha dado título a un trabajo sobre la represión franquista realizado por Francisco Espinosa). La abreviaré por SCN.

Pues bien, en fondos documentales que después de la guerra se trasladaron a la Casa Civil de SEJE se encontraban papeles que muestran cómo funcionó la ya denominada Sección de Donativos del Cuartel General del Generalísimo. Albergaba evidencias relacionadas con cuentas bancarias a nombre de Franco. Empezó a funcionar en el mes de octubre de 1936. A juzgar por lo que escribió, el Sr. Esparza Torres no se dignó echarles ningún vistazo.  

A las pocas semanas de que sus conmilitones auparan a Franco a la más elevada dignidad del Estado naciente se ordenó ya una transferencia a tales cuentas. Es posible que se destinara a gastos reservados o (un mero ejemplo) adquirir preservativos para sus soldados, pero no encontré la menor constancia de para qué fin.

Con tal Sección el ya Generalísimo Francisco Franco VC se había dotado de un mecanismo administrativo que en la turbamulta del período no llamaría demasiado la atención. Sus responsables “reasignaron” más donativos a las cuentas de Franco. Sin alharacas. Sin intromisión de ojos curiosos.

Por desgracia, la contabilidad de aquella época ha desaparecido. Quizá una casualidad. Puntillosos, eso sí, los funcionarios encargados de la custodia de los papeles de la Casa Civil recogieron que, periódicamente, se destruyeron multitud de documentos de aquellos años y carentes de valor histórico. Para hacer sitio. Algo muy comprensible. Tampoco se encontraron inventarios de lo quemado, pero no hay que prestar a ello mucha atención porque lo más probable es que las denominaciones hubiesen sido estrictamente burocráticas. 

En cualquier caso, se impartieron órdenes tajantes. A las cuentas de SEJE solo podía tener acceso un número muy limitado de personas. Di los nombres. El Sr. Esparza Torres no se detuvo, lógicamente, en tales detalles.

El hecho es que aquellas “desviaciones” de los fondos de las numerosas suscripciones a la SCN debieron de ser el canal más importante que alimentó las cuentas bancarias de SEJE. Aquí, sin embargo, el Sr. Esparza Torres ha encontrado, supuestamente, una luz: “ese dinero, acto seguido, se disolvió en las cuentas institucionales de la Jefatura del Estado y esa es la parte que Viñas no cuenta”.  

Lamentablemente, tan distinguido escritor no mencionó ni un mísero papelito que lo demostrara. Tampoco había ojeado el estudio más detallado y documentado en lo posible que existe. El realizado por dos de los máximos conocedores de las cuestiones hacendísticas españolas en la guerra y la postguerra, los profesores Francisco Comín y Miguel Martorell, La Hacienda Pública en el franquismo. La guerra y la autarquía (1936-1959) Instituto de Estudios Fiscales, 2013. Cuando salió su obra servidor la recomendó en EL PAIS como uno de los libros más importantes del año.

De haberlo ojeado, el ilustre Sr. Esparza Torres se habría enterado de los muchos huecos (por no decir inmensas lagunas) que hubo que sortear para reconstruir aproximadamente el presupuesto de gastos de guerra. Solo pudo hacerse con grandes dificultades y estimaciones merced a las cuentas de la Tesorería. La reconstrucción (oficialísima) se publicó en 1947. ¿De dónde extrajo la idea tan puntilloso crítico de que las cuentas personales del general  Franco VC se integraron en aquéllas?

Visto que Franco no hizo asquitos a la utilización de tales recursos en provecho propio, servidor lanzó la tesis complementaria e inevitable. Nada hubiese impedido al glorioso Caudillo, vencedor en mil combates, meter mano en las asignaciones presupuestarias que ordenaba se hicieran en favor de la Jefatura del Estado y la Presidencia del Gobierno, reunidas felizmente en su misma persona.

Sin embargo, me cuidé mucho de demorarme en las implicaciones. Con todo, para quien ya me parecía un tanto mangante, la tentación hubiera sido difícilmente descartable. Subrayo, pues, que la contabilidad “institucional” tampoco se ha encontrado por ningún sitio, que es difícil que subsista y que, en todo caso, estaría convenientemente maquillada. No así en las cuentas personales.

(Continuará)

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Ángel Viñas acaba de publicar, con Francisco Espinosa y Guillermo Portilla, 'Castigar a los rojos'