El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha avalado por unanimidad la conocida como lista Falciani –documento que recoge el nombre de más de 100.000 clientes con cuentas opacas en el banco británico HSBC– al entender que la obtención de datos bancarios de presuntos defraudadores no vulnera derechos fundamentales como el de presunción de inocencia.

El tribunal de garantías ha adelantado este martes el fallo de la sentencia, que se dará a conocer en los próximos días, en la que desestima el recurso de amparo interpuesto por el ingeniero español Sixto D.C contra la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó seis años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública por ocultar más de cinco millones de euros.

La sentencia del TC, la primera que analiza este asunto y de la que ha sido ponente el magistrado Alfredo Montoya, señala que no existe en el caso enjuiciado vulneración de los derechos fundamentales a un proceso con todas las garantías ni a la presunción de inocencia por la obtención de datos bancarios de la lista Falciani.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó una sentencia a finales de febrero de 2017 en la que validó como prueba el conocido listado. En esta ocasión también se estudiaba el caso del ingeniero, cuyo nombre figuraba junto al de más de 500 contribuyentes españoles en los documentos sustraídos por el exempleado del banco británico Hervé Falciani, que dieron origen a la inspección de la Agencia Tributaria española.

La sentencia del alto tribunal, cuya ponencia fue del magistrado Manuel Marchena, distinguió dos formas de obtención ilícita de datos a terceros. En este sentido, aclaró que si la prueba la obtiene la Policía no se considera válida de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que considera nulas las pruebas obtenidas violentando derechos o libertades fundamentales.

No obstante si lo hace un particular sin conexión con los aparatos del Estado y que no busca prefabricar pruebas sino obtener lucro, sí puede tener validez. Así, el Supremo explicó que los ficheros bancarios que consiguió Falciani consistían en "información contenida en unos archivos de los que se apoderó ilícitamente un particular que, cuando ejecutó la acción, no lo hizo como agente al servicio de los poderes públicos españoles interesados en el castigo de los evasores fiscales".

El Tribunal Constitucional votará este miércoles la ponencia del magistrado Alfredo Montoya, que propone denegar el amparo solicitado por Sixto Delgado, un ingeniero condenado a 10 años de cárcel por ocultar 10 millones de euros en Suiza. Su nombre apareció en la lista que Hervé Falciani sacó del banco HSBC de Suiza, según adelantó la Cadena Ser.  

La votación será este miércoles, pero la ponencia de uno de los integrantes de tribunal ha tenido buenas críticas por parte de los demás jueces, que apoyarán la teoría de que no se han vulnerado los derechos de Delgado, al que no se le ha impedido tener un proceso justo. 

Será así la primera vez que el tribunal se pronuncie acerca de la legalidad de emplear los datos de la lista Falciani, avalando el uso de documentación robada por un particular. El tribunal se decidió a revisar si la Justicia puede usar la lista como prueba porque planteaba un problema del derecho constitucional sobre la que no hay doctrina.

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que niega la extradición del exinformático del banco HSBC Hervé Falciani a Suiza, donde fue condenado a cuatro años y 195 días de cárcel por espionaje económico con agravantes, por sustraer información de miles de defraudadores que escondían sus fondos en esa entidad.

El auto, del que ha sido ponente el magistrado Julio de Diego, se apoya en la misma argumentación que ya dio durante la vista para la extradición, celebrada el pasado 11 de septiembre, la fiscal Teresa Sandoval, al oponerse a la entrega del exinformático: que se trata de un asunto que ya fue analizado ante la primera reclamación de Suiza en 2013 y que los delitos por los que ha sido condenado allí no lo son en España.

Suiza emitió la primera orden de extradición sobre Falciani, que recopiló información sobre más de 120.000 clientes y exclientes del HSBC, en el año 2009 y fue detenido en España en julio de 2012 a causa de aquella reclamación. Sin embargo, en mayo de 2013, la Audiencia Nacional, instada por Fiscalía, rechazó extraditarle al entender que su conducta había sido denunciar "actividades sospechosas de ilegalidad" que no debían ser objeto de protección.

Es a este pronunciamiento previo al que se refiere ahora la Audiencia Nacional para, de nuevo, denegar la entrega de Falciani a Suiza, que volvió a reclamar la extradición del informático cuando en noviembre de 2015 fue condenado en firme. La Sala entiende que nada ha cambiado desde entonces, pues las acusaciones se mantienen y de hecho, "la solicitud de extradición es en realidad la misma".

Teniendo en cuenta además que la resolución dictada el 8 de marzo de 2013 denegando la extradición es firme porque nadie la recurrió, el tribunal considera que se trata de algo ya juzgado y, por tanto, "una cuestión ya resuelta", así que deniega la extradición en primer término.

No obstante, señala además que no concurre el principio de doble incriminación que debe darse cuando un Estado reclama una extradición a otro: el delito por el que ha sido sentenciado debe estar perseguido también en el país de origen y como explica el magistrado, no es el caso. "La legislación penal española carece de un tipo delictivo que se corresponda con el tipo penal suizo denominado 'espionaje financiero agravado'", concluye.

Informar a las autoridades no es revelación de secretos

Sobre este asunto, detalla que el Código Penal español persigue la "revelación o divulgación" de secretos y la "difusión, revelación o cesión" de los mismos centrando el reproche en la comunicación a terceros de esa información y no en el acceso a la misma, cosa por la que sí ha sido condenado Falciani en Suiza.

Según detalla, "la única divulgación efectiva" que finalmente hizo el informático de los datos que recabó fue "a las autoridades de inteligencia financiera, administraciones tributarias de diferentes Estados y a las autoridades judiciales y fiscales", lo que no es constitutivo de delito en España como ya estableció este mismo tribunal en 2013 sobe Falciani.

De hecho, el auto remite a aquel pronunciamiento sobre el fondo del asunto y dice que "permanece y produce efectos vinculantes para posteriores demandas extradicionales basadas en los mismos hechos". Contra esta decisión cabe recurso, aunque la Fiscalía se opuso a la entrega, igual que Falciani.

El exinformático del banco suizo HSBC Hervé Falciani ha recordado este martes en la vista por su extradición a Suiza en la Audiencia Nacional que sin este tribunal español, que denegó hace cinco años su entrega al país helvético, no habría sido posible que "28 países" judicializaran el resultado de los datos de miles de defraudadores que él mismo extrajo de la entidad financiera en la que trabajaba. La Fiscalía se opone a la entrega.

"Hace cinco años se decidió (rechazar la petición de Suiza) y eso permitió la judicialización en múltiples países del conocido como caso HSBC y por eso, esta corte de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción han sido fundamentales en la ayuda a la justicia", ha apuntado, para incidir en que si el tribunal le hubiese extraditado, "no se habría podido judicializar el caso, habría sido sólo administrativo".

Falciani se ha expresado así al tomar la palabra ante el tribunal de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, que este martes presidía María Riera, en una vista que no ha durado más de 20 minutos y en la que el exinformático ha destacado que "los últimos que se han beneficiado" de la decisión del tribunal que le permitió quedarse en España han sido las autoridades francesas, "que han pactado 300 millones de euros de multa a la banca" y las belgas, que investigan "3.000 millones de dinero del mercado de diamantes".

"Hasta países como Francia tienen que dar las gracias y reconocer lo que se hizo aquí rechazando las alegaciones suizas", ha comentado después en declaraciones a los medios, para destacar además que en un contexto de "guerra económica" global, para defender los intereses económicos de un país, a sus empresas y sus ciudadanos "se tiene que defender a los delatores" porque es su información "la que permite que estos casos no acaben sin consecuencias".

En España no habría cometido "delito alguno"

Durante la vista, la fiscal María Sandoval ha expresado su posición contraria a la extradición del exinformático por entender que el caso ya fue juzgado y las razones por las que entonces se denegó siguen vigentes, ya que lo único que ha cambiado es que en aquel momento había sido imputado por la justicia helvética y ahora ya ha sido condenado (cuatro años y 195 días de cárcel) pero el caso es el mismo.

Según ha detallado, los delitos por los que ha sido allí sentenciado (espionaje económico con agravantes) no tienen equivalencia en el Código Penal y de hecho, que extrajese datos de potenciales delincuentes económicos y los pusiera a disposición de las autoridades judiciales y administrativas, que "no de particulares", "no es constitutivo de delito alguno" en España.

"Lo único que ha habido aquí ha sido una revelación de información a las autoridades judiciales, provinciales y la Hacienda Pública con el fin de reprimir conductas delictivas", ha resumido el abogado de Falciani, Juan Ballarat, quien al término de la vista se mostraba confiado en que prevalezca en la sala el criterio de la Fiscalía y Falciani, tampoco en esta ocasión, sea entregado a Suiza. Espera tener un auto de la sala en un plazo de unos quince días.

Falciani fue detenido por primera vez en territorio español el 1 de julio de 2012 en Barcelona debido a que pendía sobre él una orden de extradición emitida por Suiza en 2009. Sin embargo, la Audiencia Nacional aceptó la petición de la Fiscalía y rechazó extraditarle en mayo de 2013, al entender que su conducta había consistido en denunciar "actividades sospechosas de ilegalidad" que no debían ser objeto de protección.

Por su parte, Suiza condenó a Falciani en noviembre de 2015 a cuatro años y 195 días de cárcel y una vez la sentencia alcanzó firmeza, sus autoridades emitieron una nueva orden internacional contra él que fue renovada en mayo de 2017 e incorporada al sistema español que gestiona estos procesos en marzo de 2018. El pasado 4 de abril fue detenido en Madrid y puesto en libertad con medidas cautelares para garantizar que estuviese localizable.

Hervé Falciani, en la Audiencia Nacional durante la vista de su extradición a Suiza, que lo reclama para cumplir cinco años de cárcel por filtrar datos bancarios, unos hechos por los que en 2013 el tribunal español ya rechazó su entrega al país helvético. | EFE

El ex informático bancario Hervé  Falciani comparecerá ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón el próximo 28 de mayo, tras la decisión del Consejo de Ministros el pasado día 18 por la cual autorizó al Ejecutivo a continuar con su proceso de extradición a Suiza, según informa en una nota, recogida por Europa Press, el despacho ILOCAD, del cual es socio director el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

El exempleado de HSBC ya compareció el pasado mes de abril ante el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que le dejó en libertad provisional aunque con medidas cautelares tales como comparecencias semanales, prohibición de abandonar el territorio español con la retirada de pasaporte y prohibición de salir sin permiso de la localidad en la que reside, aunque esta última se la retiró hace apenas unas semanas.

Falciani fue detenido el pasado 4 de abril en Madrid, ya que Suiza le reclama para que cumpla la condena de cinco años de prisión dictada por el Tribunal Penal Federal suizo en noviembre de 2015, y firme desde mayo de 2016, por el delito de espionaje derivado de las filtraciones sobre fraude fiscal y blanqueo de más de 100.000 clientes del HSBC.

Para Baltasar Garzón supone "un atropello legislativo que desde el Código Penal de un Estado se persiga a un ciudadano que, dando una muestra de ejemplaridad, pone en conocimiento de las autoridades competentes pruebas fehacientes de la comisión de delitos tal y como ha quedado demostrado en España, Francia o Estados Unidos".

La documentación enviada por las autoridades helvéticas acusa a Hervé Falciani de un delito tipificado en la legislación suiza como "espionaje económico". El juzgado del país que reclama al ingeniero interpreta que haber facilitado los datos contenidos en la llamada Lista Falciani a instituciones judiciales y policiales extranjeras es una acción contenida dentro de ese delito.

Se da la circunstancia de que la Audiencia Nacional rechazó en mayo de 2013 la extradición de Falciani a Suiza, que ya le reclamaba por los delitos de espionaje industrial, por revelación de secreto bancario, revelación de secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes del HSBC.

El exinformático del banco suizo HSBC cobró notoriedad tras destapar los nombres de los presuntos evasores fiscales en bancos helvéticos. La famosa lista Falciani es un documento filtrado en 2008 por el entonces empleado que recoge el nombre de más de 100.000 clientes con cuentas opacas en esta entidad, provenientes de 203 países distintos, que en total acaparaban más de 100.000 millones de dólares.

El ingeniero informático Hervé Falciani, que filtró datos de cuentas bancarias del banco suizo HSBC, ha rechazado este martes el "juego" de intereses en el que, a su juicio, se encuentra inmerso, en el que se mezclan cuestiones internacionales con temas de política interna, como el conflicto catalán, y ha pedido al Gobierno que deje a un lado estos asuntos y le proteja de la orden de arresto y extradición emitida por las autoridades de Suiza, informa Europa Press.

Así lo ha asegurado al ser preguntado sobre si cree que su detención el pasado mes de abril, a raíz de la emisión por parte de Suiza de una nueva petición de extradición, tiene que ver con el hecho de que algunos de los líderes independentistas catalanes huidos se encuentren en dicho país, y de la posibilidad de ser usado como moneda de cambio.

"Me veo en el juego, como todos pueden ver; en un juego donde se mezclan intereses fundamentales que son de asuntos internos y de asuntos internacionales", ha reconocido en declaraciones a los medios en el Congreso, tras acompañar a Unidos Podemos en el registro de una iniciativa para pedir al Ejecutivo que evite su extradición a Suiza.

En esta línea, Falciani ha pedido al Gobierno que no mezcle la cuestión catalana con su caso, porque no tiene "nada que ver". "No se pueden defender temas de política interior con hechos que están relacionados con delitos financieros muy graves. Hablamos del banco que más ha pagado en la historia por evitar un juicio", ha denunciado.

Decisión política, no jurídica

Eso sí, ha afirmado que su situación ahora mismo no depende de una decisión jurídica, sino política y, en concreto, del Consejo de Ministros. "A nivel político, la oportunidad es hacer una oposición clara a la impunidad bancaria y offshore", ha asegurado. "Basta sólo con que el Consejo de Ministros deniegue esta pedida de extradición de un banco para enviar un mensaje histórico, que sería el de no a la impunidad", ha enfatizado.

Falciani fue detenido el pasado 4 de abril en Madrid, ya que Suiza le reclama para que cumpla la condena de cinco años de prisión dictada por el Tribunal Penal Federal suizo en noviembre de 2015, y firme desde mayo de 2016, por el delito de espionaje derivado de las filtraciones sobre fraude fiscal y blanqueo de más de 100.000 clientes del HSBC.

Se da la circunstancia de que la Audiencia Nacional rechazó en mayo de 2013 la extradición de Falciani a Suiza, que ya le reclamaba por los delitos de espionaje industrial, por revelación de secreto bancario, revelación de secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes del HSBC.

El exinformático del banco suizo HSBC cobró notoriedad tras destapar los nombres de los presuntos evasores fiscales en bancos helvéticos. La famosa lista Falciani es un documento filtrado en 2008 por el entonces empleado que recoge el nombre de más de 100.000 clientes con cuentas opacas en esta entidad, provenientes de 203 países distintos, que en total acaparaban más de 100.000 millones de dólares.

Iniciativa en el Congreso

En la proposición no de ley que Unidos Podemos ha registrado este martes en el Congreso, el grupo confederal reclama al Gobierno que deniegue la extradición reclamada por las autoridades suizas, en el caso de que la Audiencia Nacional acordara concederla, "en uso de la facultad legalmente prevista".

En concreto, Unidos Podemos pide que se adopte esta decisión "atendiendo a las especiales circunstancias que concurren en Hervé Falciani, al haber colaborado eficazmente en la investigación y persecución de conductas presuntamente delictivas, lo que le hace acreedor a la protección de la que son merecedores los alertadores de corrupción".

"Los hechos que dieron lugar a HSCBC a pedir la extradición de Falciani son los mismos que en 2013. Estamos en una situación en la que el propio ordenamiento jurídico español reconoce que no existe delito cuando una persona dice la verdad y además ha ayudado a la administración pública a solventar muchos casos de delitos contra la Hacienda Pública", ha defendido la secretaria de Acción Institucional de Podemos, Gloria Elizo.

A su vez, el portavoz de Podemos en el Parlamento Europeo, Miguel Urbán, ha destacado que las comisiones de investigación en Europa y el trabajo y la lucha contra el fraude fiscal "no hubiera sido posible sin alertadores contra la corrupción como Hervé Falciani". "Hay que proteger a estos alertadores contra la corrupción", ha reclamado.

"Falciani es un ejemplo de lo que no se puede hacer con una persona que está colaborando con la justicia para esclarecer casos de fraude fiscal o de corrupción", ha señalado por su parte la diputada de Podemos y ponente en la tramitación de la Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes.

La Oficina Federal de Justicia (OFJ) de Suiza ha afirmado este jueves que "no es correcto" que el informático Hervé Falciani, detenido este miércoles en Madrid, estuviera reclamado judicialmente en ese país "solo desde el 19 de marzo de 2018". Lo que ocurrió ese día es que las autoridades españolas comunicaron a Suiza que la última orden de búsqueda contra Falciani, que databa del 3 de mayo de 2017, "era válida" en España.

Así lo ha explicado a Europa Press un portavoz de la OFJ, Raphael Frei, que también ha confirmado que este mismo jueves las autoridades suizas han transmitido a España por vía diplomática la petición formal de extradición del informático.

Los datos de Falciani figuraban como persona reclamada por la Justicia en el Sistema de Información de Schengen (SIS) desde 2009, en virtud de una orden de detención emitida por la Fiscalía suiza. Esa inscripción fue remplazada por una nueva, el 3 de mayo de 2017, después de que el Tribunal Penal Federal del país le declarase culpable de un delito de espionaje económico. Así, "la inscripción en el SIS no data del 19 de marzo de 2018", ha dicho el portavoz.

Este miércoles, tras la detención de Falciani, se supo que la orden contra él había quedado registrada el 19 de marzo en el sistema SIRENE español, que es la oficina nacional que sirve para preparar expedientes para el SIS, intercambiar de información adicional y comunicarse de forma bilateral con sus homólogas de otros países.

Falciani había quedado en libertad provisional tras su primera detención en España, la practicada en Barcelona el 1 de julio de 2012. En mayo de 2013, la Audiencia Nacional aceptó la petición de la Fiscalía y rechazó la extradición a Suiza del informático, al entender que denunció "actividades sospechosas de ilegalidad e incluso constitutivas de infracciones penales que de ninguna manera son susceptibles de legítima protección".

En Suiza, el 27 de noviembre de 2015, Falciani fue condenado a cuatro años y 195 días de cárcel por espionaje económico con agravantes, conforme al artículo 273 del Código Penal suizo, "un delito contra el Estado, es decir, un delito de Derecho común en Suiza", explica el portavoz.

Tras la condena, el 24 de febrero de 2017 la Fiscalía del Cantón de Ginebra pidió a la Oficina Federal de Justicia que difundiese una orden internacional contra Falciani para ejecutar la sentencia contra él, y el 3 de mayo de ese año la OFJ formalizó la nueva inscripción de Falciani en Schengen, que remplazó a la introducida en 2009.

El 19 de marzo de este año se registró la comunicación en la SIRENE española, que señala que la sentencia contra el experto informático "es firme desde el 02.05.2016 conforme a la legislación suiza, no hay necesidad de emitir una orden de detención contra esta persona al tener la sentencia el mismo rango/validez que una OEDE (Orden de Detención Europea)".

Catalá niega intervención política

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado este jueves que la detención sea una "decisión política" o una "gestión del Gobierno" para realizar un intercambio por las políticas catalanas independentistas Marta Rovira y Anna Gabriel, huidas en Suiza y procesadas por el Tribunal Supremo por el denominado procés.

Anna Gabriel, procesada por desobediencia pero sin orden internacional de búsqueda, huyó a Suiza el pasado 20 de febrero y Marta Rovira, contra quien sí pesa una orden, hizo lo mismo el 23 de marzo, cuatro días después de que España comunicase a Suiza que la orden contra Falciani era válida.

Por su parte, fuentes de los ministerios de Asuntos Exteriores español y suizo han asegurado a Europa Press que el caso de Falciani no fue abordado en ningún momento por los ministros de Exteriores de ambos países.

El sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) lamenta que España se encuentre entre los siete países de la UE que peor protegen a los delatores de delitos fiscales y remarca la "excelente colaboración" del informático Hervé Falciani con la Fiscalía Anticorrupción contra el blanqueo de capitales.

En una nota, Gestha destaca la colaboración de Falciani en investigaciones de blanqueo de capitales presuntamente perpetrados a través de cuentas opacas del HSBC de Suiza, tras su detención ayer por la Policía Judicial en la antesala de un acto organizado por la Plataforma por la Justicia Fiscal al que asistió también el secretario general del sindicato, José María Mollinedo.

El sindicato cuestiona tanto la detención "como el lugar y las formas empleadas" por el Ministerio del Interior, con el "innecesario" traslado a los calabozos en vez de haberle notificado la necesidad de que compareciera ante el juez de la Audiencia Nacional, ya que ha colaborado activamente con la Fiscalía y ha sido protegido por las fuerzas de seguridad del Estado ante el alto riesgo contra su vida.

Además, recuerda que la extradición solicitada por las autoridades helvéticas alegando la vulneración del secreto bancario suizo ya fue rechazada por la Audiencia Nacional hace casi cinco años.

En este sentido, lamenta que España se encuentre entre los siete países de la UE que menos protegen a los confidentes de presuntos evasores y delincuentes fiscales, según un informe de la ONG Blueprint for Free Speech y el proyecto A Change of Direction, e insta a blindar la protección "jurídica, profesional, económica, social y personal" de los confidentes para lograr una sociedad "más justa e igualitaria".

Por otra parte, los técnicos reprocharon en el acto a la Agencia Tributaria (AEAT) el retraso en investigar los patrimonios ocultos en paraísos fiscales, ya que, según se expuso en la jornada de ayer, iniciar las inspecciones meses después de que estos escándalos vean la luz facilita que se presenten declaraciones complementarias con las que los evasores "esquivan las sanciones y responsabilidades penales por las infracciones tributarias o los delitos fiscales que se hubieran podido cometer".

Asimismo, Gestha denunció que la causa de que estas inspecciones tarden meses en ser notificadas a los afectados sea que las inspecciones preliminares se asignan a un número muy reducido y "escogido" de funcionarios. La consecuencia directa de esta demora, advirtió, es la caída del número de denuncias por delito fiscal, que en 2016 -año en el que se publicaron los Papeles de Panamá-, se desplomaron más de un 33%, mientras que se tramitaron un 46% menos de expedientes por blanqueo que en 2015, coincidiendo, paradójicamente, con un aumento significativo de los casos de fraude.

Gestha también instó a cambiar el foco de la lupa de inspección, ya que actualmente el 80% de los recursos de la Agencia Tributaria se dedica a investigar a autónomos, microempresas, pymes y trabajadores, lo que deja "muy poco margen de actuación" en la lucha contra el fraude sofisticado de grandes fortunas, empresas y multinacionales.

En este sentido, los técnicos recuerdan que las empresas del Ibex-35 disponen de 1.285 filiales domiciliadas en paraísos y centros financieros offshore. De hecho, entre el 30 y el 40% del dinero de los mayores patrimonios de nuestro país está camuflado, y en conjunto los españoles ocultan unos 140.000 millones de euros en paraísos fiscales.

Los técnicos, que elaboraron su propio listado de paraísos fiscales, en el que aparecen 130 territorios offshore clasificados en una lista negra de 30 países,offshore y otra lista gris de 100 paraísos, propuso etectar todas las guaridas fiscales y las que se creen en el futuro para que la presión internacional pueda terminar tanto con su opacidad como con sus privilegios tributarios.

También propusieron la elaboración por expertos independientes de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida en España, del fraude fiscal y laboral y de la elusión fiscal, desagregado por territorios, sectores económicos e impuestos; la fijación de unos objetivos irrenunciables de reducción de dichas tasas o el control por las Cortes de los resultados de la AEAT para garantizar una gestión transparente, neutral e independiente.

Igualmente, Gestha abogó por la equiparación del plazo de prescripción administrativa y penal a 5 años o 10 años en los casos de delitos agravados, así como la unificación de los umbrales y penas por los diferentes delitos fiscales para defraudaciones superiores a 50.000 euros o 120.000 euros en los delitos agravados, y acuerdos que permitan la obtención automática de información de carácter mercantil o tributario de las personas y empresas que operan o son titulares de bienes o derechos en guaridas fiscales.

Finalmente, Gestha animó al Gobierno a alcanzar acuerdos con las entidades financieras, especialmente con las de "banca privada" que, situadas en España, facilitan determinadas operaciones en paraísos fiscales directamente o a través de filiales o de corresponsalías.

En 2013, la Audiencia Nacional denegó su entrega a Suiza con un auto que no solo confirmaba que revelar datos sobre evasores fiscales no constituye delito en España sino que recalcaba que, con la ley española en la mano, Falciani había cumplido con su obligación. Las fuentes consultadas por infoLibre aseguran que la solicitud de extradición cursada por Suiza esgrime exactamente los mismos hechos que la que sustentaba la de 2012, cuando Falciani fue detenido en Barcelona. El cambio de posición de la Fiscalía alienta los temores a que España esté intentando contentar a Suiza para que entregue a Marta Rovira y Anna Gabriel.

La solicitud de prisión incondicional ha sido reclamada por el fiscal Miguel Ángel Carballo, número dos del ministerio público en la Audiencia Nacional, durante la comparecencia de Falciani ante el juez Diego de Egea, que deberá decidir si ordena alguna medida cautelar hasta que se decide la petición de Suiza o si, por el contrario, le deja en libertad.

El exinformático del banco suizo HSBC cobró notoriedad tras destapar los nombres de los presuntos evasores fiscales en bancos helvéticos. La famosa lista Falciani es un documento filtrado en 2008 por el entonces empleado que recoge el nombre de 106.000 clientes con cuentas opacas en esta entidad, provenientes de 203 países distintos, que en total acaparaban más de 100.000 millones de dólares.

La Policía Nacional detuvo al ingeniero informático en virtud a una nueva orden de arresto y extradición emitida por las autoridades de Suiza el pasado 19 de marzo. Sin embargo, la Audiencia Nacional ya rechazó la extradición de Falciani en 2013 porque los delitos de espionaje financiero, revelación de secreto bancario, revelación de secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes que le imputan las autoridades suizas no cumplen el principio de doble incriminación, es decir, no están castigados por el Código Penal español.

La defensa de Falciani presentó para la vista de este jueves un habeas corpus alegando que se trata de una "detención ilegal", ya que "una persona no puede ser juzgada por el mismo delito dos veces".

El Tribunal Supremo aceptó como prueba válida la lista Falciani –documento que recoge el nombre de más de 100.000 clientes con cuentas opacas en el banco británico HSBC– en la primera sentencia en que se pronuncia sobre el uso de esos datos para fundar una condena por delito fiscal en España, informa Europa Press.

La Sala Segunda confirma la condena de seis años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública para el ingeniero español Sixto D.C que había ocultado más de cinco millones de euros en cuentas bancarias suizas. Su nombre figuraba junto al de más de 500 contribuyentes españoles en los documentos sustraídos por el exempleado del banco Hervé Falciani, y que dieron origen a la inspección de la Agencia Tributaria española.

El alto tribunal distingue entre dos formas de obtención ilícita de datos a terceros, así, si lo hace la Policía la prueba no es válida de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que considera nulas las pruebas obtenidas violentando derechos o libertades fundamentales. No obstante si lo hace un particular sin conexión con los aparatos del Estado y que no busca prefabricar pruebas sino obtener lucro –como era el caso de Falciani–, sí puede dársele validez.

La sentencia, de la que fue ponente el presidente de la Sala Manuel Marchena, entiende que la prohibición contenida en el artículo 11 de la LOPJ responde a la idea, en su origen histórico de ser un "elemento de prevención frente a los excesos del Estado en la investigación del delito", ya que "el poder del Estado para la persecución y enjuiciamiento de hechos ilícitos no puede valerse de atajos".

Sin embargo, otra cosa es la información obtenida ilícitamente por un particular sin ninguna conexión con aparatos del Estado. Así, explica que los ficheros bancarios que consiguió Falciani consistían en "información contenida en unos archivos de los que se apoderó ilícitamente un particular que, cuando ejecutó la acción, no lo hizo como agente al servicio de los poderes públicos españoles interesados en el castigo de los evasores fiscales".

Se trata de la primera vez que se pronuncia el Supremo en relación al valor probatorio de documentos bancarios y ficheros contables cuando, pese a existir constancia de que fueron sustraídos de forma ilegítima por un tercero, fueron determinantes para probar los hechos. El abogado del acusado argumentaba que la obtención ilícita de la lista Falciani convertía en inválida dicha prueba contra él.

Finalidad de lucro

"La finalidad disuasoria que está en el origen de la exclusión de la prueba ilícita no alcanzaba a Herve Falciani, que sólo veía en esa información una lucrativa fuente de negociación. En definitiva, no se trataba de pruebas obtenidas con el objetivo, directo o indirecto, de hacerlas valer en un proceso", explica la sentencia.

El Supremo confirma la condena que impuso la Audiencia Provincial de Madrid a Sixto D.C avalando el uso de los datos contenidos de la lista para condenar por fraude a Hacienda ya que en enero del pasado año el mismo órgano condenó a siete años de prisión al empresario Jacob Benzaquen, otro de los nombres que aparecían en el documento.

Además, el alto tribunal dice que lo que se apunta sólo adquiere sentido si se interpreta como una llamada a la necesidad de ponderar las circunstancias de cada caso concreto. La vulneración de la intimidad de las personas –si éste es el derecho afectado por el particular– no puede provocar como obligada reacción, en todo caso, la declaración de ilicitud, según la resolución que destaca que lo determinante es que nunca, de forma directa o indirecta, la persona en cuestión haya actuado "como una pieza camuflada del Estado al servicio de la investigación penal".

La sentencia, que fue dictada por unanimidad, destaca la coincidencia interpretativa en la licitud probatoria de la lista Falciani, reconocida como tal por varios tribunales supremos europeos, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ramón López Vilas, exmagistrado del Tribunal Supremo, y Alfons Godall, exvicepresidente del FC Barcelona, son dos de los ciudadanos españoles que aparecen en la lista de titulares de cuentas en la filial suiza del banco internacional HSBC, según ha revelado este lunes La Sexta Noticias.López Vilas fue jurado del premio Príncipe de Asturias de la Comunicación, magistrado del Tribunal Supremo y es uno de los abogados más prestigiosos de España. Él también fue el presidente de la comisión de investigación de la SGAE e incluso presentó la auditoria de la nueva sociedad.

Ha reconocido a laSexta Noticias abiertamente que tuvo una cuenta en Suiza en la que acumuló casi tres millones de dólares producto, según su versión, de su trabajo con multinacionales. Sostiene que para regularizar esta suma con Hacienda ya pagó una multa.

La lista Falciani es un documento filtrado en 2008 por el entonces empleado del banco Hervé Falciani que recoge el nombre de 106.000 clientes con cuentas opacas en esta entidad, provenientes de 203 países distintos, que en total acaparaban más de 100.000 millones de dólares. Falciani facilitó en ese año el documento al Gobierno francés y posteriormente la autoridad fiscal del país inició una investigación.

El periódico francés Le Monde ha obtenido una copia de los datos, que a su vez ha compartido con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ en sus siglas en inglés), con el objetivo de llevar a cabo una investigación periodística sobre la misma.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró este lunes que la Agencia Tributaria estatal "ya ha sustanciado y ha actuado en la anterior legislatura" sobre los nombres de ciudadanos españoles que aparecen mencionados en la lista Falciani y que, presuntamente, han estado evadiendo impuestos durante años.

Asimismo, Montoro apuntó que la mencionada lista "ya llegó a la Agencia Tributaria en la legislatura pasada", por lo que subrayó que "no se trata de una novedad, pues es una actuación de control y gestión contra el fraude de la anterior legislatura, aunque sí es una novedad que se conozcan los nombres y apellidos". El ministro insistió en que "las personas de esa lista ya se han sustanciado, se han puesto al día y resueltos sus casos a todos los efectos en la anterior legislatura; es un asunto antiguo".

No obstante, Montoro no hizo ninguna valoración sobre la filial suiza del banco HSBC, que ya está siendo investigada en algunos países por ayudar a sus clientes a evadir impuestos. Entre ellos, destacan Estados Unidos, Bélgica y Francia, que analizan con lupa los movimientos de la entidad para determinar si cometió algún delito en materia fiscal.

Así, en Bélgica la justicia sopesa emitir órdenes de detención internacional contra los antiguos directivos de esta rama del HSBC, pero también contra los actuales, debido a una evidente falta de cooperación de la entidad y las autoridades suizas en la investigación de este caso, según informó la fiscalía de Bruselas en un comunicado recogido por Europa Press. Por ejemplo, en diciembre la justicia belga envió una comisión rogatoria a las autoridades suizas a fin de recabar información adicional. Una petición que aún no ha obtenido respuesta.

Solo en Bélgica, el fraude y la evasión fiscal facilitados por el banco HSBC asciende a 6.260 millones de euros, repartidos en 4.612 cuentas bancarias abiertas a nombre de más de 3.000 belgas o sociedades pantallas pertenecientes a belgas, según publica el diario Le Soir. Por ello, la justicia belga sospecha que HSBC ayudó a centenares de clientes privilegiados, sobre todo relacionados con el comercio de diamantes en Amberes, a evadir impuestos. Para ello, ponía a su disposición sociedades offshore, situadas en particular en Panamá y las Islas Vírgenes, que no tenían ninguna actividad económica y cuyo único objetivo era esconder los activos de los clientes.

Por otro lado, la filial suiza está imputada en Francia por blanqueo y fraude fiscal desde el pasado mes de noviembre. Según la acusación, HSBC habría ayudado a sus clientes a evadir impuestos entre 2006 y 2007. Esta investigación es consecuencia del análisis de los datos personales de los clientes de la entidad que fueron entregados a las autoridades francesas. Un proceso similar al que ya se había iniciado en Bélgica días antes.

"Confirmamos que HSBC Private Bank ha sido puesto bajo investigación formal por las autoridades francesas que examinan si la entidad actuó apropiadamente entre 2006 y 2007 en relación con ciertos clientes que tenían requerimientos fiscales de Francia, así como en relación con la forma en que el banco ofertó sus servicios en el país", indicó la entidad en un comunicado. Asimismo, añadió: "Continuaremos cooperando con las autoridades francesas de la forma más completa posible".

"Los Gobiernos deben actuar y tomar medidas reales contra la corrupción, no solo declaraciones de intenciones. Si no puedo encontrar la forma de compartir con los medios, directamente, las pruebas de que los Gobiernos no actúan como deben". Hervé Falciani, el informático francoitaliano que destapó cuentas opacas de 130.000 clientes del HSBC, dice mostrarse dispuesto a difundir en los medios de comunicación toda la información de la que dispone sobre la evasión de capitales en Suiza si la instituciones no actúan. Así lo ha asegurado en una entrevista que difunde este miércoles eldiario.es. 

Falciani opina que "se debe ir al origen del sistema" para evitar el fraude pues, bajo su punto de vista, "si se corta una cabeza, habrá otra detrás". Asimismo, reclama una mayor colaboración europea de las respectivas fiscalías anticorrupción y opina que ha comprobado que "las justicias trabajan menos en contra -unas contra otras- y más juntas". 

La información privilegiada a la que tuvo acceso por su posición en el banco se ha convertido para él en "un resorte para mover tu conciencia". "Esto me indujo a tomar mis propias decisiones y responsabilidades", afirma. En su opinión la gente debe entender la importancia del control de las finanzas, las bancas y las transacciones para lo que propone actuar en red. 

La Audiencia Nacional española rechazó el pasado 8 de mayo extraditar a Suiza al informático del HSBC reclamado por sustraer de ese banco los datos de miles de presuntos evasores fiscales.