La respuesta de las comunidades autónomas a la guerra de Irán avanza de manera desigual, con regiones que ya han movilizado recursos, mientras otras, como Andalucía, siguen sin aprobar medidas propias. En conjunto, las comunidades autónomas han puesto en marcha ayudas que van desde créditos al apoyo directo al campo o la pesca, descuentos en el combustible o alivio de cargas fiscales, por un total de 2.133 millones de euros. A esta cifra se suman los 5.000 millones de euros anunciados por el Gobierno de Pedro Sánchez la semana pasada en su plan anticrisis.

Entre los ejecutivos autonómicos destaca el País Vasco, con más de 1.000 millones de euros, seguido de Cataluña y la Comunidad Valenciana, con 400 millones de euros cada una. Galicia ha anunciado un plan propio con 150 millones de euros de dotación.

En Navarra, el ejecutivo ha anunciado un plan de choque fiscal de 37 millones de euros. En Baleares, el Consell ha prometido 84 millones de euros, mientras que en Murcia el gobierno autonómico ha movilizado, por ahora, 10 millones de euros.

La Generalitat de Cataluña aprobó un paquete de 400 millones de euros en ayudas directas para proteger a familias, trabajadores y empresas. La Comunidad Valenciana también ha activado medidas con más de 300 millones en ayudas a la industria, junto a créditos y apoyo a autónomos y empresas.

En Galicia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha aprobado un plan de 150 millones de euros con ayudas a empresas, transportistas y el sector primario. Baleares y Murcia han puesto en marcha medidas por valor de 84 y 10 millones de euros, respectivamente.

Frente a estas iniciativas, Andalucía se mantiene a la espera. La Junta ha puesto el acento en la coordinación con el Gobierno central, mientras el PSOE andaluz presiona al presidente autonómico, Juanma Moreno, para que implemente un plan propio.

Una situación similar se da en Castilla y León y Extremadura, con gobierno en funciones tras las elecciones. La Junta de Castilla y León ha anunciado que compensará las ayudas estatales, centrando su estrategia en rebajas impositivas. En Extremadura, la portavoz del ejecutivo, Elena Manzano, ha defendido que es el Estado quien debe liderar las medidas, calificando de “insuficientes” las adoptadas hasta ahora.

La ministra Elma Saiz, se ha referido a ambas Comunidades Autónomas lamentando la “parálisis” en algunas autonomías y criticando que “los cálculos electorales” estén primando sobre la adopción de medidas.

Aragón tampoco ha aprobado aún un plan, aunque ha avanzado algunas medidas de carácter fiscal. A esta lista se suman otras comunidades con gobiernos estables que tampoco han anunciado iniciativas, como La Rioja, Cantabria y Castilla-La Mancha.

En el caso de Canarias, se prevé un tratamiento específico, ya que el Gobierno de España financiará mediante mecanismos de compensación las medidas estatales que no tienen aplicación directa en el archipiélago.

Hay una indecencia especialmente cómoda: la que no necesita esconderse. No falsifica, no fuerza cerraduras; solo se ampara en el “es legal” y convierte una ayuda social en un cupón. Esa frase —legal— funciona como detergente moral: blanquea el gesto de quien, pudiendo pagar, decide cargar parte de su factura a un instrumento creado para que otros no vivan a oscuras.

Se ha sabido que el Gobierno prevé introducir un criterio de renta para limitar el acceso al bono social eléctrico de familias numerosas con rentas altas, dentro de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que se aprobará en los próximos días. 

La cifra explica el bochorno. Según la información publicada, hasta 337.000 familias numerosas podrían verse afectadas porque hasta ahora accedían al descuento por el mero hecho de acreditar esa condición, sin filtro económico; de un total de 454.382 familias numerosas que a finales de 2025 tuvieron acceso al bono social, esas 337.000 lo hacían sin que mediara criterio de renta. Y el descuento no es simbólico: hoy se habla de 42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos. 

Aquí hay dos vergüenzas. La primera es institucional. La puerta no la abrió un ciudadano “listo”; la dejó entornada el propio diseño normativo. El Real Decreto 897/2017 define al consumidor vulnerable y, entre las vías de acceso, incluye explícitamente “estar en posesión del título de familia numerosa” como requisito suficiente (letra b) del artículo 3.2). Si el sistema permite entrar sin mirar renta, no nos sorprendamos de que entre quien no debería. 

La segunda vergüenza es humana. Porque una cosa es poder solicitar algo y otra muy distinta es tener derecho moral a hacerlo. Hay personas que confunden lo público con un bufé de restaurante: “si está ahí, me lo llevo”. Esa mentalidad —la del “si cuela, cuela”— no es picardía simpática, es corrosión. Sobre todo, cuando se aplica a una ayuda concebida para la vulnerabilidad.

Y mientras discutimos el oportunismo, ocurre lo verdaderamente obsceno: quienes sí lo necesitan se quedan fuera. Un análisis de EsadeEcPol señala que en 2022 la tasa de cobertura del bono social fue del 24,5%: casi 8 de cada 10 hogares que podrían recibirlo no lo recibían. Y el patrón es aún más revelador: la cobertura subía al 45,5% en familias numerosas, pero era solo del 20% en la categoría de renta baja y de apenas 9,2% entre jubilados con pensión mínima. Esto no describe una ayuda bien dirigida; describe una ayuda capturable por quien tiene más capacidad de tramitar, insistir y entender el circuito. 

La propia noticia lo formula sin rodeos: el 60% de las familias numerosas con ingresos medios-altos se beneficiaban, y uno de cada tres hogares que disfruta de la ayuda tiene ingresos medios-altos; el principal freno para los más necesitados era la burocracia, mientras que a hogares con más ingresos y formación les resultaba más fácil pedirla. Si una política social llega mejor al que mejor navega la Administración, esa política se ha dado la vuelta: deja de ser red y se convierte en atajo. 

Por eso no necesitamos cacerías ni “listas” de nombres. Necesitamos cirugía y madurez cívica: cerrar el agujero, sí, pero también cambiar la lógica para que la ayuda no dependa del músculo administrativo del solicitante. Criterio de renta claro; acceso lo más automático posible cuando el Estado ya dispone de datos; y menos fricción para quien llega tarde, cansado y sin tiempo. 

Quizá quien se aprovecha no lea estas líneas. Da igual: este tipo de artículos no se escriben para convertir al oportunista; se escriben para que el resto dejemos de llamarlo “espabilado” y empecemos a llamarlo por su nombre. Porque una sociedad decente no pregunta primero “¿puedo?”, sino “¿lo necesito?”. 

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Anna Garcia Hom es doctora en Prevención y Seguridad Integral.

Las sociedades no somos monolíticas: evolucionamos y nos modernizamos, afortunadamente, a pesar de que mantenemos, desafortunadamente, patrones de conductas con excesivas trazas del pasado, como el patriarcado, que aún rezuma impregnándolo todo. 

Las sociedades somos las personas que convivimos en un territorio bajo unas normas comunes. Hemos convenido que una estructura básica de nuestra sociedad es la familia, ese conjunto de personas a las que estamos vinculadas por relaciones de matrimonio, parentesco, convivencia o afinidad, según la RAE.

El modelo de familia ha cambiado muchísimo, afortunadamente, en las últimas décadas. Lo reiteró hace poco el IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en España, que Cáritas y Fundación FOESSA publican desde 1966, uno de los máximos, si no el máximo absoluto, referentes de nuestro país en radiografiar lo que incomoda y a menudo no se quiere reconocer. 

En lo que atañe al reclamo implícito de esta tribuna –hogares monoparentales, los formados por un solo progenitor que convive con uno o más hijos o hijas menores de 25 años– el informe los describe como feminizados (porque el 81,2% está encabezado por una mujer) y con niveles muy elevados de exclusión, muy superiores a los de cualquier otro tipo de hogar. Llega a constatar que la mayor brecha de género se sitúa en los hogares en situación de exclusión severa, en la que se encuentran uno de cada cuatro hogares monomarentales, frente a uno de cada diez hogares monoparentales en los que el ganapán es un hombre. 

De la lectura del Informe FOESSA deduzco dos conclusiones y dos recomendaciones, dirigidas “a quien corresponda”. La primera conclusión es que la familia nuclear biparental ha dejado de ser dominante y ahora hay una diversidad de tipos de hogar: parejas sin hijos, personas solas, familias reconstituidas o familias monoparentales. La segunda, que las desigualdades son cada vez más evidentes y que las familias con hijos, monoparentales y, sobre todo, monomarentales, sufren niveles más elevados de exclusión. Proceder de una familia monoparental supone tener más de tres veces más probabilidades de encontrarse en situación de pobreza infantil severa.

La primera recomendación es que urge reformar las políticas públicas para adaptarlas a la realidad: apoyar a las familias monoparentales (especialmente encabezadas por mujeres) con transferencias, servicios de conciliación y empleo protegido. La segunda recomendación es que debe mantenerse una perspectiva de género en el análisis de la exclusión social, y reforzar la interrelación entre las políticas de inclusión, las políticas de igualdad y de conciliación.

¿Y a quién corresponde? Un primer paso básico e imprescindible para el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones, y para evitar cargas adicionales en los procedimientos administrativos a las que sí se han eliminado para otros modos de familia (por ejemplo, las numerosas), es el reconocimiento legal de la condición de monoparentalidad. La administración y emisión de este documento, certificación, carné o título recae en las Comunidades Autónomas.

Once comunidades autónomas, la mayoría, afortunadamente, han regulado la obtención de una certificación de dicha condición (título de familia monoparental). Aplaudo, en este sentido, por orden de adopción, a Cataluña (2003), Comunitat Valenciana (2018), Aragón (2019), Cantabria (2019), Navarra (2019), Illes Balears (2020), Galicia (2021), Asturias (2023), La Rioja (2023), Murcia (2023) y Andalucía (2024). Estas CCAA han ejercido su autonomía para reconocer y proteger a las familias monoparentales.

En Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Extremadura y País Vasco, o no hay familias monoparentales (es ironía), o la Administración competente, la autonómica, pasa absolutamente de ellas. No reconocen y mantienen desprotegidas a las familias monoparentales que residen en sus territorios, que ascienden a casi 700 mil hogares, según mis estimaciones a partir de datos del INE.

Son especialmente curiosos, entre estos últimos del colectivo negacionista o miope, los casos de Castilla y León y Madrid. No surprises. Llevan mareando la perdiz desde 2020.

Especialmente sangrante es el caso madrileño, por ser responsable de la desprotección del 37% de todas las familias monoparentales desprotegidas de España. Anunció algo a bombo y platillo en 2020, volvió a anunciar lo mismo en 2024 (por ahí circula un proyecto de decreto) y hace apenas unos días rechazó con su rodillo parlamentario una proposición de ley para protegerlas como merecen. Curiosamente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid sí ha comenzado a tramitar la regulación del vitalicio Título de Familia Numerosa Para Toda La Vida. 

En la primera situación de desprotección por ser familia monoparental en Madrid se encuentran unos 250 mil hogares (uno de cada diez de los 2,6 millones de hogares oficialmente contabilizados en la Comunidad de Madrid), de los que en el 83% la persona adulta a cargo es una mujer. En la segunda situación de sobreprotección, en términos comparados, por ser familia numerosa están unos 150 mil hogares. 

Y me pregunto: ¿Es discriminación? ¿Es ideología? ¿Es pereza? ¿Es desidia? ¿Un poco de cada cosa?

No entiendo a qué esperan. Hay mucho sufrimiento mediante, de muchas personas, de muchos menores y de muchas mujeres. Aunque, claro, de la única comunidad autónoma que no cuenta con una ley de igualdad, ¿qué podemos esperar? ¿Seguir esperando?

Aprovecho para dejar plasmada una reflexión personal al hilo de los nuevos modelos de familia, los que están en camino de ser “normales” por ser los más frecuentes. ¿Por qué no actualizamos denominaciones con tanta carga despectiva como madrastra, padrastro y hermanastros/as? 

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Verónica López Sabater es economista.

Quienes viváis en Madrid quizá hayáis advertido en estos días la curiosa campaña publicitaria que inunda la ciudad. Carteles con imágenes de bebés (monísimos, eso sí) con un mensaje que reza: “La bonita movida de tener un hijo. Madrid, una ciudad para crecer”. 

La campaña, que tiene como intención fomentar la natalidad en la capital, viene acompañada de una medida concreta para esta misión: una ayuda de 500 euros a las familias que tengan un hijo (nacido o adoptado) entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de agosto de 2026. Además, se añaden otras ayudas, de 750 euros por un segundo hijo y 1000 por un tercero. 

La medida, que recuerda al conocido como “cheque bebé” que ofreció Zapatero entre 2007 y 2010, podría no ser una terrible idea per se. Hombre, quizá se nos quede un poco escasa la cosa teniendo en cuenta que en España el coste medio que tiene criar a un hijo llegó a los 758 euros al mes en 2022, según Save the Children. En 2022, que probablemente a estas alturas haya subido lo suyo. Vamos, que con los 500 euros del cheque madrileño puedes criar a tu hijo durante la friolera de 20 días. 

Ahora vamos a calcular otros detalles importantes. 

Se intenta animar a la población más joven (en este caso a la residente en Madrid) a tener hijos. Yo creo que jóvenes que quieren tener hijos, como haberlos, hay. Pero claro, vamos a echar cuentas. 

En Madrid la media del precio en cuanto a alquiler es de 22,7€ por metro cuadrado. Eso significa que la media para alquilar un piso de 60 metros (digo yo que si vas a montar una familia, qué menos, ¿no?) es de 1362 euros. Todo mientras, por cierto, en Madrid sigue habiendo aproximadamente unos 13.000 pisos turísticos ilegales, según los registros. 

Hace unos días se publicó que el salario medio de los jóvenes de entre 25 y 29 años en España era de 21.039 euros brutos anuales. Ponte que alrededor de 1400 euros netos al mes. 

Ahora vamos a hacer las cuentas: 1362 euros de piso al que hay que sumar los 758 euros al mes de los gastos del crío son 2120 euros mensuales. Teniendo en cuenta que para una pareja joven el sueldo medio está (entre los dos) en unos 2800 euros netos, eso significa que a la pareja le quedarían cada mes 680 euros. El gasto medio de la cesta de la compra del hogar español se sitúa ahora mismo en unos 516 euros al mes según la OCU. De repente nos plantamos en que nos quedan 164 euros para el agua, luz, Internet, transporte, etc. Como te quieras tomar una cerveza o hacerte una cuenta de Netflix para tener algo con lo que apagar el cerebro después de la jornada, lo tienes crudo. 

Pero es que ya no solo es que no lleguemos económicamente al mínimo que se necesita para poder tener un hijo. Es que no existe la posibilidad de criarlo. No en un momento en el que se dispara la cantidad de personas pluriempleadas (especialmente entre los más jóvenes) y tenemos unos horarios de trabajo en los que salimos de casa por la mañana y no volvemos hasta que hace horas que se hizo de noche. España suspende en conciliación, hasta el punto de que fuimos multados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir la Directiva de conciliación familiar y laboral.

Y si España suspende, Madrid es que directamente no se llegó a presentar al examen. 

A mediados de este año, varios medios denunciaban que más de 8000 niños se habrían quedado sin plaza para las escuelas infantiles públicas de la ciudad. 

La pregunta que queda por hacerse es evidente. ¿Cómo pretenden fomentar la natalidad sin atajar el problema de la vivienda? ¿O sin resolver nuestra eterna cuenta pendiente con la conciliación? ¿Sin plazas de escuelas infantiles? ¿Sin facilidades para quienes requieren de una sanidad pública que no tenga, como es el caso de la madrileña, casi un millón de pacientes en listas de espera? 

Las excusas son muchas. “Es que los jóvenes son egoístas, solo piensan en sí mismos”. O: “Es que no ahorran y solo gastan en tonterías, en viajes, en conciertos, en salir de fiesta”. O mi favorita: “Es que las mujeres de ahora no quieren tener hijos porque las ha convencido el feminismo de que es malo”. Igual las mujeres de antes tampoco querían tener hijos, José Luis. Sencillamente antes no tenían opción a decir que no. 

Tener hijos ha dejado de ser, por suerte, una obligación social. Los niños (y niñas, y niñes. Un beso a la RAE) merecen venir al mundo y criarse en familias que verdaderamente les hayan traído al mundo con el amor como motivo, y no por aumentar una estadística o porque alguien quiera asegurarse de tener a quien le cuide en su vejez. 

En cuanto a quienes sí quieren tener, quizá la respuesta sea bastante sencilla: pelea un poco para que de verdad puedan hacerlo. Lo contrario, me temo, será puro “postureo” orientado a seguir fingiendo que eres quien más se preocupa por “las familias”. Un mantra igual de vacío que el de quienes también se pronuncian “pro-vida” pero solo les importa la vida de ese crío cuando todavía no ha nacido. 

Después, buena suerte buscando plaza para la escuela infantil. 

En Madrid, al menos, la vas a necesitar. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid incluye a menudo en sus discursos una encendida defensa de la familia. En particular, le gusta combinar familia y bajada de impuestos. Hace unos días, Isabel Díaz Ayuso anunció con alborozo la tramitación de una nueva rebaja fiscal en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que incrementará hasta el 50% la bonificación para las herencias y transmisiones entre hermanos y entre tíos y sobrinos por consanguinidad. La rebaja se suma a la bonificación vigente de un 99% para las transmisiones entre cónyuges, hijos y ascendientes directos. De acuerdo con las estimaciones ofrecidas por la presidenta, la nueva medida generará un ahorro de alrededor de 140 millones anuales y beneficiará a unos 14.000 madrileños.

Llama la atención la referencia explícita a la consanguinidad. Si quien amasó la fortuna fue el cónyuge de tu tío o el sobrino de tu mujer, olvídate de la bonificación. La Comunidad de Madrid defiende a la familia, no a los advenedizos. Y no se puede negar que, en lo de defender a su familia, Ayuso siempre predica con el ejemplo. 

Después, las cifras. ¡14.000! ¡Guau! Aunque si tenemos en cuenta que la población de la comunidad madrileña se elevaba según el INE a 7.001.715 habitantes en 2024, la cantidad ya no impresiona tanto. No llega ni a un magro 0,2% del total. A todos, a todos, no parece que vaya a beneficiarnos. ¿Quiénes se van a ahorrar, entonces, los 140 millones? Si se detraen de los impuestos, acabará habiendo más perjudicados que favorecidos. ¡Cuántas cosas útiles para mucha gente podrían hacerse con 140 millones de dinero público!

Cuando se establecen bonificaciones o ayudas sin fijar escalas de aplicación ni topes, no suelen salir más beneficiados quienes más lo necesitan sino, por pura matemática, quienes más tienen. Por poner un ejemplo fácil: una cosa es que rebajen a tus hijos el 99% en el impuesto sobre la herencia del pisito que es tu vivienda habitual, y otra bastante distinta es que se lo descuenten a los hijos de Amancio Ortega o de Juan Roig. Lo primero puede ser justo; lo segundo contribuye a afianzar la desigualdad. Quizás se legisla para favorecer a las familias, pero a las de siempre.

De acuerdo con un informe de Oxfam de 2024, el 10% más rico de la población española acumula más de la mitad de la riqueza del país y el 1% de los más ricos entre los ricos monopoliza algo más del 20%. En cambio, el 50% de los hogares más pobres no alcanza ni el 8% de la riqueza total. La riqueza está en manos de unos pocos, de unas pocas familias. Según una información de la revista Forbes de hace algunos años, 30 familias acaparan gran parte de la riqueza en España. En general, y aunque haya excepciones, los ricos no se hacen, nacen.

Muchas de esas familias que concentran la riqueza patria llevan haciéndolo por lo menos los últimos 40 años. La distribución de la riqueza en España sigue siendo deudora en muchos sentidos de los casi 40 años de la dictadura franquista y de lo poco que se cambió después. Numerosos ricos actuales son los herederos de quienes hicieron o multiplicaron su fortuna gracias a su cercanía al franquismo. Algunos comenzaron ya por financiar el golpe de Estado y la posterior guerra. Otros se beneficiaron de expropiaciones, monopolios, concesiones exclusivas, grandes obras públicas y, en general, de las ventajas que les ofreció su afinidad con el poder en un régimen clientelar. La aclamada transición no cuestionó la estructura socioeconómica del país y las grandes familias dueñas del capital fueron aprovechando las oportunidades. Por ejemplo, hacerse con cuantiosos paquetes accionariales de las grandes empresas públicas que se iban privatizando, siguiendo el ejemplo histórico de sus antecesores en la élite, que ampliaron su condición de terratenientes con las amortizaciones.

Para redondear, un informe de 2022 de la OCDE constata que, en España, el 20% más rico recibió más del 30% de las ayudas públicas, mientras que el 20% más empobrecido apenas recibió un 12% del total. Lo de las paguitas que convierten a los más desfavorecidos en vagos aprovechados es una leyenda urbana.  Los ricos españoles y los partidos que más los defienden, que constantemente andan sacando pecho por su milenaria herencia cristiana, parece que quieran cumplir la críptica afirmación del Evangelio de San Mateo según la cual a quien más tiene se le dará y a quien no tiene se le quitará aún más.

Últimamente todos, creyentes y ateos, nos hemos convertido en especialistas en cónclaves, papas e intrigas vaticanas. Ha sido divertido. No sé si los conocimientos recientemente adquiridos han dado para saber que 2025 es un año jubilar para la iglesia católica. En un año jubilar, los fieles pueden alcanzar la remisión de todos sus pecados si cumplen ciertos requisitos. En 2025 nos ha tocado el Jubileo de la Esperanza. Bonito nombre.

El jubileo es una institución que, como tantas cosas, el cristianismo heredó del judaísmo, a menudo cambiando enormemente su significado. Tal como figura en el Levítico ⎯incluido en el Tanaj judío y el Pentateuco cristiano⎯, el jubileo era mucho más radical. Cada 49 años todo había de restituirse a su estado original para recomenzar de cero, y no en un sentido puramente simbólico o espiritual. Se condonaban las deudas, se eliminaban las servidumbres, se redistribuían las tierras… El jubileo renovaba las estructuras sociales y económicas: corregía tanto la pobreza y dependencia extremas como la acumulación excesiva en manos de unos pocos y, con ello, reafirmaba la igualdad esencial entre todos. El jubileo se sustentaba sobre una premisa básica y generaba una esperanza fundamental. La premisa: la tierra no pertenece a los seres humanos, quienes, por así decirlo, estamos aquí de prestado. La esperanza: la injusticia no tiene por qué ser eterna.

Los políticos como la señora Díaz Ayuso identifican la justicia con promulgar leyes que garanticen que la riqueza continúe acaparada por muy pocos. Más allá de las ensoñaciones de llegar a contar entre ellos, la esperanza de la mayoría pasa por desbancar a los que piensan como ella del poder.

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Ana Isabel Rábade Obradó es filósofa y profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid.

“No podemos más”, es la desesperanza de Laura. Reside en el madrileño barrio de Carabanchel junto a su marido y sus dos hijos, uno de ellos, Álex, de 17 años, con autismo en grado máximo reconocido y conductas violentas. "Estamos en una situación límite", asegura la mujer a infoLibre. “Solo podemos ir a la calle con un monitor especializado en autismo, que ahora está de baja porque Álex le hizo una distensión en la mano”, añade, explicando que por este motivo lleva “un mes y pico sin salir de casa”.  “Cuando Álex se pone mal, el colegio me llama para que vaya a recogerlo”, relata. “Si allí no pueden con él, entre varias personas, si un monitor no puede con él, ¿qué se espera que haga yo?”, se pregunta la mujer.

“Ya no puedo llevarlo al cole sola, tiene que ayudarme mi marido entrando más tarde al trabajo”, cuenta Laura. Hay días en los que es imposible moverlo, así que la solución que encontró la familia fue poner un cerrojo en la habitación del menor que solo pudiera abrirse desde fuera. Ahora bien, ni es plato de buen gusto para su madre tenerlo encerrado y que pueda golpearse o ponerse nervioso, ni siempre consiguen que entre al cuarto, ya que físicamente es mucho más grande y fuerte que sus progenitores. “Cuando era pequeño era más manejable, ahora me saca una cabeza y media”, describe la mujer.

Patadas, golpes, bocados, puñetazos… Y hasta en una ocasión, Álex arañó las manos de su madre hasta el punto de que el portero del edificio tuvo que acudir a auxiliarla. “Ese día fue mortal, estaba todo manchado de sangre”, relata. Llegados a ese punto, lo único que queda es llamar a la Policía y al Summa, de quienes Laura dice no tener ninguna queja. Sin embargo, ellos no pueden hacer gran cosa. Por un lado, la Policía no puede llevárselo dado que el joven no está cometiendo un delito de manera consciente, sino fruto de su discapacidad. Además, en una situación así, la falta de especialización en el trastorno del menor podría jugar malas pasadas, ya que se podría poner nervioso en el coche patrulla y hacer daño a los agentes o a sí mismo. Por otro lado, el Summa, según confirma a este medio la responsable de Comunicación del servicio, Elena Mohíno, se ocupa de “si requiere atención sanitaria en domicilio por un brote o cualquier patología y, si es necesario, del traslado” a un centro sanitario.

“Sola” es la palabra que Laura utiliza para explicar cómo se siente al tratar de hacer frente a esta situación. Sola, entre otras cosas, ante el abandono de la Administración Pública, de la cual solo recibe 450 euros mensuales por un grado 3 de dependencia del menor y otros 100 de ayuda para pagar al monitor que tienen contratado. “Con esto y el sueldo de mi marido no alcanzamos para pagar todo”, cuenta. Preguntada por a qué se refiere con ese “todo” hablando de los gastos a los que tiene que hacer frente, la mujer enumera psicólogos para sus dos hijos, un monitor de lunes a viernes desde las 16.00 horas, cuando Álex sale del Colegio de Educación Especial, y los gastos propios de una familia: comida, ropa, transporte... “Y yo no trabajo. Estoy dedicada en cuerpo y alma a mi hijo”, dice. “Lo ideal sería alguien que me acompañe todo el tiempo, pero tampoco quiere venir nadie, ni hombres ni mujeres, nadie”, lamenta la mujer.

La Comunidad de Madrid cuenta con el espacio para atender las necesidades del joven, concretamente, el Hogar Residencia APANID de Getafe, especializado en personas con trastornos intelectuales, alto nivel de dependencia y alteraciones de conducta. Sin embargo, para ingresar en este centro es necesario cumplir con una serie de requisitos, como tener reconocida la discapacidad y que “el usuario carezca de familia o no pueda ser atendido por esta en razón de su discapacidad u otras circunstancias”, según se refleja en su página web.

El caso concreto de esta familia es que cuentan con informes favorables de Asuntos Sociales y las áreas de Psiquiatría y Trabajos Sociales del hospital para que Álex consiga una plaza en dicho centro. Sin embargo, la solicitud de ingreso acaba en papel mojado una vez llega a manos del Área de Protección y Familia de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, que deniegan el ingreso alegando que la familia puede hacerse cargo de él por sí misma y que esas plazas están reservadas a menores en situaciones de vulnerabilidad, como abandono o malos tratos. “Nos dicen que lo estamos haciendo bien y que busquemos ayuda profesional, que es precisamente lo que hacemos al pedir la ayuda”, cuenta la madre de Álex. "Básicamente, nos invitan a buscarnos la vida".

“A veces me pregunto si, para que nos concedan una de las plazas del centro, deberíamos de abandonar a Álex en alguno de sus ingresos al hospital o decir que algunas de las heridas que se ha hecho él, se las hicimos nosotros”, confiesa Laura. "Lo que ocurre es que ahí entraría la ley, tendríamos miedo a consecuencias legales o que nos 'castiguen' con no volver a verlo", reflexiona. “Todo esto ya no lo hacemos por nosotros, sino por su propia seguridad. Una vez le dio una patada a una ventana y, además de acabar con la pierna llena de heridas, tuvimos miedo de que se cayera hacia fuera”.

infoLibre se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid y el Área de Protección y Familia de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales para conocer su valoración sobre el tema, pero no ha obtenido respuesta.

La familia denuncia también la falta de especialización y recursos de los hospitales y centros educativos que atienden a su hijo cuando sufre picos de agresividad. "Cuando en el colegio, uno concreto de Educación Especial, no pueden controlarlo, me llaman con la excusa de que tienen a más niños y no se pueden hacer cargo de él". Y de igual manera en el hospital, cuando Álex debe ser ingresado en pleno brote, piden a la madre que ingrese junto a él, en la misma habitación. "En los ingresos todo es aún peor, al cambiar las rutinas de mi hijo se pone más nervioso y agrede más", recalca la madre, que relata que en una ocasión incluso recibió un empujó que la dejó en el suelo y recibió sendas patadas en la cabeza. "Siempre pido la cama más cercana a la puerta, por si tengo que salir corriendo".

Sobre los motivos, la entrevistada asegura que, al preguntar en el hospital el porqué de la decisión, los médicos apelan a la falta de recursos y personal. "Nos comentan que necesitarían a alguien que le atendiese las 24 horas", relata. Asimismo, la madre también apela a la falta de especialización de los centros médicos, señalado que la planta de psiquiatría es una especie de cajón de sastre donde "entra todo": "Juntan a mi hijo con pacientes de anorexia, trastornos de la personalidad, etc. y solo le medican. Ese no es su sitio".

Cuatro años después de la creación del ingreso mínimo vital (IMV), esta prestación que reciben en España más de 730.000 hogares sigue presentando problemas de funcionamiento que perjudican a las familias más vulnerables, el último de ellos la reclamación de pagos por parte de la Seguridad Social que estas familias no pueden afrontar, según informa EFE.

Para denunciarlo, una treintena de colectivos y entidades de intervención social y vecinal se ha manifestado este sábado en Madrid, como lleva haciendo los últimos tres años, en esta ocasión coincidiendo con la sentencia de un juzgado de Córdoba que ha fallado a favor de que una madre no tenga que devolver los 13.000 euros que le demandaba el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por cobro indebido.

Esta sentencia se basa en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que establece que los errores administrativos no deben ser corregidos a expensas del beneficiario, especialmente si este actúa de buena fe y se encuentra en una situación de vulnerabilidad.  

El portavoz de la plataforma que agrupa a estas entidades, Roberto Laborda, ha explicado a EFE que, dado que el INSS tarda más de un año en actualizar las prestaciones, "genera deudas que luego pide a las familias" y que estas no pueden devolver porque es el dinero que utilizan para su "supervivencia".

Laborda ha señalado que el propio INSS reconoce que este problema radica en que "no tiene actualizada la herramienta informática" y ha sostenido que "en cuatro años y medio bien podrían haber arreglado esos problemas informáticos".

La también portavoz de la plataforma Hontanares Avanza ha asegurado que una de cada cuatro familias beneficiarias está recibiendo peticiones de reembolso por fallos en el procedimiento y ha recordado que el Defensor del Pueblo se ha pronunciado a favor de que la administración no exija la devolución de cantidades cuyo importe es demasiado alto para los ingresos de la familia vulnerable.

En un contexto internacional de precios energéticos al alza, entre 2019 y 2023 el porcentaje de hogares que no pudo mantener su vivienda a una temperatura adecuada, se triplicó, superando el 20%. Cruz Roja los ha cifrado en 2,86 millones. Y uno de cada 10 se retrasó en el pago de las facturas de suministros, lo que supuso un 40% más que en 2019. Ello, pese a la existencia del bono social eléctrico que en España se introdujo en 2009, aunque se fue aproximando al actual a partir de 2017. ¿Qué es? Se trata de un descuento en la factura dirigido a combatir la pobreza energética y para recibirlo hay que cumplir una serie de requisitos como no sobrepasar una potencia contratada, tener una renta inferior a los 8.106 euros -dato a 2022-, ser familia numerosa o un hogar formado por pensionistas con la cuantía mínima vigente, no percibir otros ingresos que superen los 500 euros, o ser perceptor del mínimo vital (IMV). Una vez concedido el bono, la rebaja puede oscilar entre un 25% y un 80%. La medida ha alcanzado a 1,6 millones de familias, número superior al 1,1 recogido por el Defensor del Pueblo relativo al cierre de 2021. 

Ahora en el informe ¿Llega el bono social eléctrico a quien lo necesita? Análisis de las tasas de cobertura y las características del hogar, elaborado por EsadeEcPol en colaboración con Oxfam Intermón, se han medido por primera vez las tasas de cobertura de esta ayuda, aplicando un análisis estadístico multifactorial a una pregunta incluida en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, junto a las características que definen el perfil socioeconómico de cada hogar. Han concluido que, pese a que el alcance del bono, con vigencia de dos años una vez asignado, ha crecido desde 2020, en 2022 fue del 24,5%, lo que significa que casi 8 de cada 10 beneficiarios potenciales no lo recibió. Si bien, el porcentaje trepó hasta el 45,5% en el caso de las familias numerosas, mientras fue sólo del 20% para la categoría de renta baja y de apenas el 9,2% para jubilados con pensión mínima. 

De acuerdo a lo reflejado en el mencionado informe que firman Natalia Collado y Ángel Martínez, aunque dos de cada tres beneficiarios del bono eléctrico eran de renta baja, uno de cada tres no lo era. Es más, entre las familias numerosas de ingreso medio-alto, más del 60% recibe el bono, y apenas el 40% las de bajo. Y hay otras brechas en la cobertura de la medida, puestas de manifiesto en el análisis diseccionado: si en 2022 llegaba al 20% de los hogares monomarentales, el porcentaje se eleva hasta el 32% en los que contaban con dos progenitores; las familias con todos los miembros nacidos en España logran el doble de las que tenían alguno nacido fuera, 27% frente al 13%; y la distancia entre quienes tienen vivienda en alquiler y los propietarios era de 19% y 27%, respectivamente.

A lo esbozado hay que sumar que, aunque el bono se extendió en todas las comunidades, "la relación entre la incidencia de la pobreza energética y la cobertura" de éste "no es siempre directa, lo que sugiere que otros factores pueden estar influyendo en la distribución" de una ayuda en la que no están "involucrados los gobiernos autonómicos". De ahí que atribuyan las diferencia a factores como "la composición de la población y el mercado laboral de las distintas autonomías". "Un menor porcentaje de población con estudios superiores, mayor población extranjera -se asevera en el documento- o una mayor especialización de la economía en el sector primario pueden estar influyendo en la cantidad de hogares elegibles que reciben el bono".

Revisados los datos en conjunto, ser familia numerosa tiene el mayor efecto positivo, al acrecentar la probabilidad de obtener el bono en un 27%. En comparación, estar en un hogar de renta baja únicamente la aumenta en un 4%. Y es por esta grieta además por donde se ha colado la polémica en torno a esta iniciativa. InfoLibre ha desvelado que Enrique Ossorio y Alfonso Serrano, dos figuras políticas vinculadas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, perciben desde 2021 la ayuda para pagar el gas destinada a "paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables". Este año se les han adjudicado a ambos 214,57 euros correspondientes al bono social térmico del año 2023, a lo que hay que hilvanar un descuento mensual en la factura de la luz del 65% por el bono social eléctrico, por ser integrantes de una familia numerosa. Sí se ha desligado de esas bonificaciones la hoy ministra de Sanidad, Mónica García, cuyo marido disfrutó de ellas gracias igualmente a su condición de familia numerosa. La pareja está divorciada.

Ossorio cobra en 2024 un sueldo público superior a los 118.000 euros como presidente de la Asamblea madrileña, aunque su salario como vicepresidente de la Comunidad que fue hasta junio de 2023 era algo menor. Según él mismo reconoció en una declaración de actividades, bienes, rentas e información tributaria, atesora un patrimonio de más de 1,4 millones en fondos de inversión, bancos y planes de pensiones. Por su parte, Serrano, escudero de Ayuso en el PP de Madrid, donde ocupa el cargo de secretario general, ingresó más de 67.000 euros el pasado ejercicio. Del lado de Vox, su portavoz en la Asamblea, Rocío Monasterio, admitió en rueda de prensa contar con el bono eléctrico y el de agua “del Canal de Isabel II”, pero no así el térmico, que no sabía si no le habría llegado por ser "facha", ironizó. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se comprometió a cambiar la regulación e introducir criterios de renta en las familias numerosas, para que sólo las de bajos ingresos pudieran acceder a estas ayudas, pero la reforma sigue pendiente.

Jorge Galindo, director adjunto de EsadeEcPol, admite a infoLibre que no es fácil de llevar a cabo. Sin entrar a valorar “ningún caso particular”, anota que “ahora el criterio de la familia numerosa y el de renta van por separado, si se cumple alguno de los dos u otros, recibes el bono” y desde el centro de estudios proponen “introducir un tope de renta bastante alto, que evite distorsiones, para que el dinero no vaya a aquellas familias que son de forma incontrovertible de renta muy alta, a las que el bono no les supone nada diferencial, y lo haga a otras que sí lo necesitan realmente”. Pero estimar ese tope de renta combinado con la categoría de familia numerosa “es muy difícil”, reitera. “Tendría que ser condicionado al tamaño y a la tipología del hogar”, dice y, en ningún caso, a su juicio, la modificación debería pasar por “trasladar el tope actual de renta y hacerlo general”.

Más allá de las familias numerosas, expertos en justicia energética han avisado de que habría que mejorar el diseño en el bono social eléctrico y térmico para ampliar su alcance y multiplicar su eficacia. Idea con carácter de convicción que comparten los autores del trabajo reseñado, en el que se plantean vías de mejora, dado que calculan que se podría pasar de los 1,6 millones de beneficiarios a cinco. En primer término, se aboga por “reducir en la medida de lo posible barreras de entrada”. Aluden a que muchos hogares desconocen que tienen derecho a la prestación e, incluso si son conscientes de ella, se han de enfrentar a un proceso complejo de solicitud. Preguntado al director adjunto de EsadeEcPol si se podría replicar algún modelo de otros países europeos, advierte de que las comparaciones “no viajan muy bien” en este asunto porque “los mercados energéticos de los estados de Europa tienen cosas similares, pero otras muy distintas”. “En España el bono se da a través de las comercializadoras a personas que están en tarifa regulada y en otros estados no”, ejemplifica.

Lo que sí considera “interesante” de experiencias internacionales de políticas de lucha contra la pobreza en general es la “mayor iniciativa por parte de las administraciones públicas, que son las que tienen los datos, Hacienda para renta, Seguridad Social para condiciones de pensión mínima…, en la búsqueda de beneficiarios potenciales”. En ese sentido, cree que en España “hace falta un mayor esfuerzo” de éstas no sólo en lo relativo al bono social, también a otras prestaciones como el IMV, que, “aunque ha mejorado bastante, no llega todavía a los objetivos”, como han denunciado otros expertos y entidades. Apuestan por “armonizar” las concesiones de ambas ayudas.

“La carga de ese esfuerzo debe estar en los hombros de las administraciones, el Estado y las comunidades, y no tanto en los de la ciudadanía, y menos en los de personas que están en peores condiciones de partida para tener acceso a la información y disponer del tiempo necesario para ejecutar todo lo que se le pide para poder tener las ayudas”, concluye Galindo. 

Junto a ese empuje al que instan a las administraciones y a la introducción del máximo de renta para las familias numerosas ya señalada, abogan por “el uso de políticas fiscales más efectivas y unificadas, como impuestos negativos sobre la renta” que permitan abordar a largo plazo “las situaciones de pobreza de forma integral, con información fiable y menos trámites administrativos”. Por último, entienden que “se han de focalizar” recursos en medidas como optimizar "el aislamiento de suelos, techos y paredes”, los cerramientos en las ventanas, o "sustituir las calderas de gas o petróleo por bombas de calor" y “cambiar los calentadores de agua y aires acondicionados por otros más eficientes". Para ello, resultará "primordial", avanzan, "reforzar a las administraciones" con una red de “agentes rehabilitadores” acreditados, como la existente en Alemania o Francia, que posibilite garantizar "los conocimientos técnicos necesarios" para realizar "la renovación de manera efectiva". En resumen, queda por hacer y se diría que los resultados dependerán de dar o no con distancias y alteraciones de criterios de reparto justos.

El número de prestaciones activas del Ingreso Mínimo Votal (IMV) ha crecido en el último año un 31,2% (143.873) hasta alcanzar los 606.000 hogares en los que viven 1.820.944 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a mes de mayo y que recoge Europa Press.

La cuantía media de la prestación es de 488,7 euros por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 358,3 millones de euros. Además, en el mes de mayo hay más personas beneficiarias, ya que en los hogares conviven 484.519 beneficiarios más que los registrados en el mismo mes de 2023, un 36,3% más.

En términos acumulados desde junio de 2020, cuando se puso en marcha esta prestación, el Ingreso Mínimo Vital ha alcanzado a 831.905 hogares y ha protegido a las 2.465.281 personas que forman parte de ellos. Más de un millón son niños y adolescentes, en concreto 1.072.837, el 43,5% del total. Desde la entrada en vigor de esta política, la Seguridad Social ha destinado 10.707 millones de euros al abono de las nóminas de las prestaciones del IMV.

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos. Además, tiene como uno de sus principales objetivos abordar la pobreza infantil.

El 67,5% de las unidades de convivencia receptoras del IMV en mayo son hogares con menores (408.584). Entre ellos, hay 105.918 hogares monoparentales. Si atendemos al perfil de los beneficiarios del IMV, el 41,9% son menores: hay 750.665.

Respecto a los beneficiarios del IMV-CAPI (Complemento de Ayuda a la Infancia), este mes alcanzan los 413.025 hogares. Esta modalidad de IMV supone una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años. La cuantía media del complemento este mes ha sido de 67,5 euros por cada menor.

Los beneficiarios del IMV también se caracterizan por tener un marcado perfil femenino. En mayo, el 66,8% de los titulares y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres. Por otra parte, el 82,4% del conjunto de titulares son de nacionalidad española y su media de edad se sitúa en los 45 años.

No poder disfrutar de una comida sana, apuntarse a una extraescolar o jugar en casa porque no hay espacio son síntomas de una pobreza infantil que cada vez es más latente. España se sitúa en el puesto 26 de los países de la OCDE y en Cataluña, uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza. Los datos y las posibles soluciones están ahí, pero no acaban de desarrollarse una políticas de infancia consensuadas y efectivas. Todos estos temas se han abordado este martes en un encuentro organizado por infoLibre con la colaboración de la Fundación "la Caixa" celebrado en el CaixaForum Macaya de Barcelona.

"¿Es plena una democracia con un 34% de pobreza infantil en alguna de sus ciudades?", fue la pregunta que puso sobre la mesa el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, en su intervención inicial que apuntó así a la responsabilidad política. "Nuestro compromiso son las personas", aseguró durante su intervención inicial Sergi Loughney, director de relaciones institucionales de la Fundación "la Caixa". "Acabar con la pobreza tiene que ser una cuestión de justicia y, por tanto, una tarea democrática", aseguró el director Daniel Basteiro, que moderó un debate en el que todos los ponentes han enfatizado que existen evidencias respecto a la efectividad de ciertas prácticas para disminuir esta problemática.

"Las políticas son pequeñas y benefician más a las rentas altas", aseguró Gabriel González-Bueno, experto en Políticas de Infancia de UNICEF España. Este experto apuntó también que "la pobreza es una gran destructora de derechos" y que "nunca se ha cubierto a esa parte de la población que no genera sus propios ingresos: los niños y las niñas". "Hay familias que están en el día a día, no pueden pensar en más allá: qué comerán mañana o si tendrán casa. Esas dinámicas son tóxicas para los niños", defendió.

Tanto en Polonia como Canadá la prestación universal a las familias está consiguiendo resultados muy positivos al igual que en Eslovenia la subida del salario mínimo. A pesar de los ejemplos, Jordi Longás, coordinador científico del programa CaixaProinfancia, criticó que "siempre ha habido políticas por hacer, pero es un tema claro de voluntad política. Es el punto que no alcanzamos nunca" y dejó en el aire una pregunta sin respuesta: "¿Ha habido algún pacto de estado contra la pobreza infantil?".

Longás también aprovechó la ocasión para explicar en que consiste el programa CaixaProinfancia: "Pretende pilotar un modelo que creemos que es innovador de atención a la infancia para que pueda servir en otros territorios de espejo o de inspiración". "Es una manera absolutamente nueva de trabajar: poner de acuerdo a todos los trabajadores que están con estas familias para que colaboren y sumen", aseguró su coordinador.

La falta de acceso a la vivienda o a un hogar en condiciones dignas aumentan aún más el riesgo de exclusión de los niños y niñas. Los desahucios pueden suponer un señalamiento en los entornos escolares para los menores, pero que muchas veces acaban aceptando.

Sonia Fuertes Ledesma, comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona, explicó que "probablemente el principal problema y factor que explica la desigualdad ahora mismo es la diferencia entre los ingresos y el coste de la vivienda" y que "los niños normalizan la perdida de vivienda cuando ya les ha ocurrido al menos una vez". "La pobreza necesita respuestas segmentadas para ser eficaz", aseguró al tiempo que dejó claro que "necesitamos políticas finalistas hacia la infancia".

Ante esta falta de poder acceder a una vivienda, "tenemos muchas familias cohabitando o en pensiones o en pisos pequeños sin las condiciones adecuadas", detalló Cecília Monteis Cahís, coordinadora pedagógica de Programas de Acción Social de la Fundación Pere Tarrés. "Estamos peor que en tiempos de pandemia", defendió.

Además de la vivienda, la falta de recursos también afecta a la alimentación y, por tanto, a la salud de los más pequeños. España es el tercer país de la UE con mayor obesidad infantil y Julia Díez Escudero, doctora en Epidemiología y Salud Pública de la Universidad de Alcalá, subrayó que, sobre todo, afecta a las clases más bajas: "La pobreza es una gran destructora de salud en términos de igualdad".

"Tenemos instalado que en España comemos bien, y seguimos la dieta mediterránea pero no es verdad", aseguró Díez Escudero y apuntó que "tenemos problemas estructurales de salud alimentaria muy anteriores a la pandemia". Ante una falta de acceso económico a alimentos de calidad que ronda un 11,9%, explicó que hay "espacios montados para captar a la infancia y a la adolescencia más vulnerada" como las cadenas de comida rápida. "KFC no abre en un sitio aleatorio, abren alrededor de las zonas más vulnerables" con el objetivo, según esta experta, de captar a aquellos adolescentes y niños que no disponen de los ingresos suficientes para una merienda de calidad.

Torrijas empapadas en leche o en vino y yo en agua. Semana Santa andaluza con chuzos de punta. Llaman a la puerta, es mi vecina camuflada con chubasquero y capucha: “Toma, he hecho puchero y arroz con leche”. Y yo, que estaba pensando qué hacer de comer, ya solo pienso en probar semejante regalo. Tiene el puchero sabor inconfundible a cuidado maternal y de abuela, ese al que canta Ruibal, el que me engancha al que hacía mi madre y me empaña los ojos: “Caldito con amor aquí nunca falta. La olla siempre limpia la frente alta”. 

El domingo ritual de desayuno con amigos. Antonio y Puri llegan con un regalo verde a más no poder. “Unas poquitas habas cogidas de ayer”.

Esa legumbre es alegría porque me conecta con mi padre, hijo de andaluces, pero siempre salta un chispazo de tristeza, por no tenerle y por todas esas habas que me perdí en la adolescencia: “No sé, mamá, que no acaban de gustarme, que son un poco amargas, que la piel es un poco recia, que no quiero, que se las coma papá, a él le encantan”. 

Ahora a quien le encantan es a mí y las como con el mismo orgullo con el que defiendo sus principios, así que al día siguiente las preparo esparragás con huevos cuajaos pero esta vez cambio la receta Martos por la Fernández, que me enseñó mi querida diosa del flamenco, Juana del Pipa. Y así fusiono a mis amigos con mi familia, que se mezclan como la yema y el pimentón, en una emulsión tan fina que una ya no sabe cuál da más color a cada bocado de vida.

No pasan ni dos días cuando aparece José Luis: “Unas torrijas y unas zanahorias aliñás que ha hecho Carmen, para que las probéis”. Y cuando le mando a la maga de la cocina un mensaje de voz para agradecer su envío de felicidad, me cuenta que está preparando papas con chocos. “Si me salen buenas te mando”.

Buenas no, buenísimas. Es el sabor a mar y campo andaluz que te dice dónde estás y paladeas con la conciencia de que cuando te encuentres lejos, la huella que queda en el hipocampo te llevará de vuelta allí, si tienes la fortuna de probar algo parecido…

Sigue esa lluvia que para en seco las procesiones y da de beber a la tierra y llega el momento de hacer la maleta. Hay que volver a esa otra vida a ritmo de tubo de escape del que no puedo escapar, de momento…Y en medio del zafarrancho de la recogida, llamada de mi vecina Silvia: “Sal un momento a la puerta”. Y allí está ella, cerrando el círculo del afecto que abrió el primer día con un puchero. Esta vez es un buen trozo de tortilla de patata recién hecha: “por si no tenéis cena, para que no os lieis”.

Esta es la historia de un puchero, un arroz con leche, unas habas, unas torrijas, unas zanahorias aliñás, papas con chocos y tortilla de patata. Es la historia de vecinos y amigos que te abrigan, que te hacen sentir en casa, en familia, como si tuvieras al lado a la que tienes lejos y a la que ya no tienes… 

En una presunta tercera Guerra Mundial y en las batallas diarias, en mi búnker quiero cerca esa gente corriente que regala amor dentro de un táper. No hay estrellas Michelin suficientes en todo el sistema solar para valorar eso que hacen, al cielo con ellas. 

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 27 de febrero, a propuesta del ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 20230, el proyecto de Ley de Familias, en la redacción original que preparó la antecesora de Pablo Bustinduy, Ione Belarra, aunque dispuesto a introducir cambios en el Congreso, como mantener la denominación "familias numerosas", que desaparece de la norma, según ha informado Europa Press.

El Gobierno ha dado este martes definitivamente luz verde a la ley de Familias de Belarra impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que reconoce la diversidad de las diferentes situaciones familiares y que busca mejorar la protección social de las mismas.

El Ejecutivo solicitará también la tramitación de urgencia de la norma en el Congreso, cuyo objetivo es reconocer la diversidad de las diferentes situaciones familiares y mejorar su protección social. Según fuentes de Derechos Sociales, se presentarán enmiendas para poder modificar el texto con medidas incorporadas en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar.

La ley de Familias tiene tres objetivos: reconocer jurídicamente y tratar de equiparar la diversidad familiar al marco legal, mejorar la protección social que perciben todos los supuestos de familias en España y la equiparación jurídica de las familias.

Así, reconoce jurídicamente a todos los supuestos de familias, como las monomarentales, las adoptivas, las familias LGTBI y las que cuentan entre sus miembros a personas con discapacidad.

En cuanto a la renta de crianza de 100 euros al mes, actualmente tienen este derecho las madres trabajadoras con hijos de hasta tres años, las que perciben prestaciones contributivas o asistenciales por desempleo, las que estén dadas de alta en el momento del nacimiento o cualquier momento posterior en su régimen de seguridad social durante un mínimo de 30 días cotizados y las madres que tienen derecho al complemento de apoyo a la infancia (CAPI) del Ingreso Mínimo Vital.

Así, con esta norma, según han precisado fuentes del ministerio, no se contemplan nuevos supuestos con derecho a la renta de crianza de 100 euros al mes, sino una mejora técnica para actualizar la terminología de los casos de acogimiento familiar y guarda para adecuarla a la que se establece en el Código Civil. Por lo tanto, ya no es "acogimiento preadoptivo", que es lo que aparece en la vigente Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), sino "guarda con fines de adopción".

En todo caso, han añadido que la intención del ministerio es "negociar" y "trabajar" para extender la renta de crianza de 100 euros al mes hasta que los hijos tengan seis años y, así, avanzar "hacia la universalización".

En cumplimiento del Acuerdo de Gobierno, han señalado que, a través del procedimiento parlamentario, buscarán la retribución progresiva del permiso parental de ocho semanas, empezando por cuatro de las ocho, así como la ampliación de los permisos de nacimiento de 16 a 20 semanas.

Asimismo, la ley de Familias indica que el padre o la madre no gestante podrá anticiparse al permiso de 16 semanas, cogiéndolo en los diez días previos a la fecha prevista de parto.

En principio, a través de esta nueva ley el Ejecutivo elimina el término de "familias numerosas", que pasarán a llamarse "familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza" y serán las que hasta ahora eran consideradas numerosas de categoría general como aquellas con cuatro hijos, en vez de cinco como hasta el momento; las familias con tres hijos en caso de parto múltiple, en vez de cuatro como en la actualidad, las familias con tres hijos y bajos ingresos, las monoparentales con dos hijos a cargo, las de dos hijos que tengan un padre o un hijo con al menos 33% de discapacidad y los hogares con dos hijos encabezados por una víctima de violencia de género.

En caso de separaciones o divorcios con custodia compartida el título de familia numerosa lo podrán ostentar ambos progenitores, para acogerse ambos a los beneficios por familia numerosa.

En todo caso, según han señalado fuentes del departamento, están abiertos a revisar el cambio de nombre de "familia numerosa" en la negociación parlamentaria si el problema es la "etiqueta", ya que el objetivo es tener "el mayor consenso posible".

La norma también recoge que las familias monoparentales tendrán prioridad en la elección de colegios, a la hora de acceder a una vivienda protegida, entre otras situaciones.

En cuanto a las parejas de hecho, se creará un registro estatal y tendrán los mismos derechos que un matrimonio. En este caso, recibirán pensión de viudedad y quedan recogidas en el acceso al Fondo de Garantía de Pago de Alimentos para los hijos e hijas a cargo en caso de disolución de la pareja de hecho.

Respecto a la estructura de la ley, fuentes del departamento aseguran que tiene cinco partes: la primera, incluye principios y valores; la segunda, la protección general a todas las familias; la tercera, disposiciones específicas de las diferentes realidades familiares; la cuarta, cómo se va a organizar la cooperación para que se puedan llevar a cabo las medidas; y, la quinta, los cambios normativos.

Las familias numerosas de rentas altas seguirán por ahora recibiendo las ayudas para pagar el recibo de la luz y el gas, pese a que la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, prometió hace casi un año que establecería un límite por ingresos. Según confirman las asociaciones que representan a este colectivo, en enero de 2024 se mantuvo el descuento que reciben en la factura de la luz —cubre hasta el 65% del recibo— y se espera que las familias numerosas también reciban este año el del gas natural, independientemente de la riqueza de la familia.

En marzo de 2023, Ribera anunció que retocaría "lo antes posible" la rebaja de las facturas energéticas para sacar de ellas a las familias pudientes, después de que infoLibre revelase que Enrique Ossorio, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid —hoy presidente de la Asamblea— disfrutó de ambas ayudas en 2022. También las cobró Alfonso Serrano, número dos del PP de Madrid, y Mónica García, ahora ministra de Sanidad y líder de Más Madrid.

El anuncio de Ribera llegó durante el pico mediático de estas publicaciones. Prometió que las familias numerosas con una renta superior a 26.000 euros no podría acceder a las ayudas energéticas. Pero la reforma se terminó posponiendo por la llegada de las elecciones generales de julio y la presión que ejerció este colectivo: hay 250.000 familias numerosas acogidas al bono social. En abril, la Federación Española de Familias Numerosas se reunió con la ministra para suavizar la reforma, y pedir que el máximo de renta fuese mucho más elevado que 26.000 euros, con el argumento es que el tamaño medio de estos hogares es de cinco personas y casi un tercio tiene problemas para llegar a fin de mes.

Hace tres semanas, la titular de Transición Ecológica anunció en una comparecencia en el Congreso que elaborará una nueva Estrategia Nacional de Pobreza Energética, donde introducirá criterios de renta, según dejó caer Ribera. "Sí, tenemos una propuesta trabajada [sobre la modificación del bono social] con las asociaciones de familias numerosas", dijo la vicepresidenta tercera tras ser preguntada por la promesa de corrección de la norma. Aunque por ahora no hay fecha para la reforma de la Estrategia, y la vigente caduca este año.

El bono social eléctrico consiste en un descuento directo sobre la factura de la luz en el recibo mensual, pero no se considera una subvención pública porque no va a cargo de los Presupuestos Generales. Se cubre con un recargo que pagan todos los actores del sistema eléctrico, aunque son los generadores y los consumidores los que pagan prácticamente todo el coste del bono. En 2024 supondrá 2,29 euros al año para cada hogar y empresa, incluidos en el apartado de cargos del recibo. El coste es muy reducido porque realmente disfrutan del bono social eléctrico una pequeña proporción de la población: 1,51 millones de hogares, según el último dato de junio de 2023, frente a los más de 30 millones usuarios de electricidad que hay en España. De ese millón y medio, 250.000 son familias numerosas. En 2024, la CNMC espera que se acojan a esta ayuda en total entre 1,38 y 1,6 millones de familias, algo más que el año pasado.

La cuantía que pagará cada consumidor en 2024 para cubrir esta ayuda ha caído un 83% respecto a 2023 (cuando se pagaron 14,03 euros) porque la electricidad es mucho más barata que el año pasado, y como el bono cubre un porcentaje del total del recibo, la ayuda es menos cuantiosa. Otro motivo es que en los últimos dos años la CNMC —la encargada de estimar el coste del bono eléctrico y su cargo en la factura— ha acumulado un enorme superávit por este concepto, ya que estimó que la luz sería más cara de lo que terminó siendo, especialmente el año pasado.

A finales de 2023, el regulador tenía acumulado un superávit de 354 millones de euros, mientras que la estimación del coste del bono social eléctrico para 2024 es de entre 220 millones de euros y 500 millones, en función de cuánto cueste la electricidad y cuantas familias se acojan este año a la ayuda. Por lo tanto, los hogares y empresas pagarán este año 147.234.000 euros para garantizar la cobertura del bono eléctrico. En 2023 esta ayuda costó a todos los consumidores unos 412 millones de euros.

Desde 2021 y hasta el 30 de junio de 2024, el bono social eléctrico ha sido potenciado para cubrir un 65% del coste de la factura en consumidores vulnerables y un 80% para vulnerables severos, aunque hay un máximo de consumo cubierto. Para formar parte del primero basta con ser familia numerosa (tres o más hijos, o dos hijos y uno con discapacidad) independientemente de los ingresos de los padres; mientras que para ser vulnerable severo la renta de la familia numerosa debe ser inferior a 16.800 euros. El bono eléctrico automático para familias numerosas se da desde 2009.

El bono que cubre una parte de la factura de gas natural sí que es una subvención pública, ya que se costea con los Presupuestos Generales. La reciben automáticamente quienes tienen el bono eléctrico, por lo que se entrega también a familias numerosas, pero no supone un descuento en el recibo, sino que se trata de un pago anual que suele llegar con más un año de retraso. Su coste total fue de 453 millones en 2023, y los presupuestos están prorrogados a 2024, por lo que la cuantía será la misma.

La ayuda depende de si el hogar es vulnerable o vulnerable severo, y de si la vivienda se encuentra en una zona más fría o más cálida. Parte de los 40 euros al año hasta un máximo de 375 euros.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha comprometido a aprobar la ley de familias en 2024 y a poner en marcha medidas como la ampliación de los permisos por nacimiento de 16 a 20 semanas y la retribución del nuevo permiso para padres y madres de 8 semanas hasta que su hijo cumpla 8 años, según informa EFE. En materia de Consumo, el ministro ha fijado como objetivo para el próximo año la aprobación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que reducirá los tiempos de espera a los clientes a un máximo de 15 días en reclamaciones y un máximo de 3 minutos en consultas telefónicas.

Bustinduy ha hecho estos anuncios durante el acto de toma de posesión de los altos cargos que le acompañan esta legislatura: la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez; el subsecretario del ministerio, Rubén Baz; la secretaria general de Consumo y Juego, Bibiana Medialdea; el director de gabinete, Ricardo Molero; el director general de Consumo, Daniel Arribas, y la directora general de Agenda 2030, Paula Fernández.

"Es un compromiso público avanzar con celeridad en la aprobación de la ley de Familias" ha asegurado el ministro, para saldar una deuda histórica y reconocer jurídicamente a todos los tipos de familias, que ganarán en derechos y que supone "un salto cualitativo en la protección social, la conciliación y las políticas de bienestar".

Bustinduy ha destacado la importancia de que sean remunerados los permisos de 8 semanas para cuidar a los menores hasta los 8 años. El compromiso del ministro, en cumplimiento con el acuerdo de gobierno y de una directiva del Parlamento Europeo, es empezar a remunerar 4 de las 8 semanas en 2024.

La intención del Ministerio es llevar la ley de familias en el plazo más corto posible y baraja varias vías, como la de enviarla al Consejo de Ministros con la redacción que tenía antes de la convocatoria de elecciones incorporando algunos cambios a través de enmiendas en la tramitación parlamentaria, impulsarla desde los grupos parlamentarios o reabrirla de nuevo y completar la negociación de las medidas con otros ministerios, explican fuentes de Derechos Sociales.

En cualquier caso, si los plazos en la aprobación de la ley se dilataran más allá de julio, no se descarta la posibilidad de aprobar por separado las medidas que amplían las semanas de los permisos de nacimiento y la remuneración de los permisos que hasta ahora no lo eran a través de real decreto, añaden las fuentes.

Otro de los objetivos de su cartera para el año que empieza será impulsar de nuevo la Ley de Servicios de Atención a la Clientela para "devolver a los ciudadanos la capacidad de ejercicio pleno de sus derechos como clientes", ha destacado en el acto de toma de posesión el ministro. La norma incluye conquistas para los consumidores como el establecimiento de plazos máximos de espera por parte de las empresas para responder reclamaciones y consultas telefónicas, ha aseverado.

Además, Bustinduy ha señalado que España se presentará el próximo mes de julio ante las Naciones Unidas para someterse al examen nacional voluntario en el que se rinden cuentas sobre los avances de España en materia de Agenda 2030. Este examen tendrá lugar en el Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible y evaluará los 17 objetivos de desarrollo sostenible adquiridos por nuestro país ante la comunidad internacional. "España quiere ejercer un papel de liderazgo y referencia", ha concluido.

Terminó la legislatura anterior con la aprobación de la primera ley estatal de vivienda que, aunque se denomina Ley por el Derecho a la Vivienda, está muy lejos de garantizar el ejercicio de este Derecho Humano y fundamental. Si tras las pasadas elecciones autonómicas, y el ascenso de la derecha y la extrema derecha a los gobiernos, todo apuntaba a la inaplicación de esta ley, a pesar de su debilidad, Feijóo, como antes hizo Vox, ha incluido explícitamente en su programa de gobierno su derogación, lo que demuestra una vez más el repelús que a las derechas les genera el derecho a la vivienda, y sus simpatías y amores a los especuladores.                                                                                   

La ley, ahora en vigor, es un paso, leve, pero un paso en la dirección de anteponer el Derecho Humano a la vivienda a la especulación depredadora vigente. No obstante, y aunque se pudiera reeditar un gobierno progresista tras las generales, la ley no se aplicará en las CCAA gobernadas por las derechas, por lo que medidas como la declaración de zonas tensionadas para limitar las subidas de los alquileres, no van a ser reguladas y quedarán muy lejos del disfrute de la inmensa mayoría de la población, o los procedimientos de conciliación o intermediación que a tal efecto deben establecer las CCAA... 

Los partidos que han apoyado la ley, deberían ahora reconocer sus insuficiencias. Empezando por el PSOE, que ha ido a regañadientes y limitando su alcance todo lo que ha podido. Sumar, que antes desde UP avaló el acuerdo de gobierno claramente insuficiente, y lo vendieron casi como una revolución. ERC y Bildu, cuyos temores nacionalistas, sirvieron de coartada al PSOE para no legislar la ley de mínimos necesaria, que puede y debe garantizar y compatibilizar competencias y legislaciones autonómicas con el mínimo de igualdad que la propia Constitución exige. Estos cambios, también se necesitarán de los apoyos de BNG y la CUP. y de cualquier partido progresista que pudiera obtener representación.

Por eso, y para animar el voto a opciones progresistas, reclamamos el reconocimiento de las insuficiencias de esta ley, y su compromiso consecuente de reformarla, de manera que se impida el bloqueo en la mayoría de las CCAA y que sus medidas no queden más que en un simple e inútil esfuerzo, y puedan beneficiar a la mayoría.

Las reformas que pedimos son:

Además de las reformas señaladas a la ley, reclamamos medidas en políticas de vivienda como:

Estas medidas, que resultan imprescindibles para que el Derecho a la Vivienda comience a ser real, son los compromisos necesarios que reclamamos de los partidos progresistas, para que la gente sepa qué políticas de vivienda apoyan y a quienes tienen que apoyar para avanzar en el Derecho a la Vivienda.

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Paco Morote es portavoz estatal de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH).

“Algunos africanos en situación ilegal” están “cobrando del estado 2.000 euros al mes”. Se está viralizando este mensaje que asegura que un agente de la Policía o de la Guardia Civil cobra 1.500 euros al mes, mientras que supuestamente hay “africanos” en situación irregular que perciben 2.000 euros mensuales del Estado. 

Es un bulo: las prestaciones económicas que pueden cobrar a nivel estatal las personas en riesgo de vulnerabilidad en España exigen estar en situación regular en el país. Además, ninguna de esas ayudas alcanza los 2.000 euros en ninguno de los casos que contemplan a 23 de junio de 2023.

El texto del mensaje que circula es el siguiente: “Puede alguien explicarme qué el sueldo mensual medio de un policia y guardia civil sea de de 1.500.-€ y algunos africanos EN SITUACION ILEGAL esten cobrando del estado 2.000.-€/mes?” (sic)

Una de las ayudas económicas que se otorgan a nivel estatal en 2023 a personas en situación de vulnerabilidad es el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Sin embargo, uno de los requisitos para ser beneficiario de esta prestación es estar inscrito como demandante de empleo y para ello es necesario estar en situación regular en España. Por lo tanto, no puede cobrarlo una persona en “situación ilegal” como dice el mensaje que se difunde.

Además, las cuantías del IMV para 2023 oscilan entre los 565,37 euros para un beneficiario individual y los 1.368,21 euros para una unidad de convivencia monoparental formada por un adulto y cuatro o más menores. Como vemos, en ningún caso alcanzan los 2.000 euros de los que habla el tuit.

Otra de las ayudas a las que pueden acceder personas en situación de vulnerabilidad económica en España es la Renta Activa de Inserción (RAI). Es una prestación destinada a aquellas personas que siguen en paro y no tienen derecho a la prestación contributiva ni al subsidio por desempleo. 

Para poder acceder a la RAI también es necesario estar inscrito como demandante de empleo, por lo que una persona que se encuentre en situación irregular en el país no puede percibir esta ayuda, ya que no tiene permiso de trabajo. 

En cualquier caso, la cuantía de la RAI no podría llegar a 2.000 euros mensuales. Esta ayuda es el 80% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, un índice que se utiliza como referencia para conceder ayudas) que corresponde a 480 euros mensuales, que junto a otros ingresos no pueden superar los 810 euros. Esta ayuda tiene una duración limitada de 11 meses, salvo en casos excepcionales en los que se puede renovar hasta un máximo de 33 mensualidades.

En 2023, es posible cobrar el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Activa de Inserción al mismo tiempo. No obstante, la RAI cuenta como ingresos previos a la hora de establecer la cuantía del IMV y hay que tener en cuenta que la cuantía de esta ayuda “será la diferencia entre la renta garantizada y el conjunto de rentas e ingresos de tales personas”. Por lo tanto, tampoco es posible cobrar 2.000 euros mensuales aunque se perciban el IMV y la RAI a la vez.

Es decir, que para ser beneficiario tanto del IMV como de la RAI, las personas migrantes tienen que estar en situación regular en España. Ahora bien, si lo están, ninguna de esas dos ayudas tiene en cuenta el origen de los solicitantes. Por lo tanto, una persona migrante no tiene preferencia en la obtención de estas prestaciones.

En definitiva, es un bulo que los “africanos en situación ilegal” en España cobren 2.000 euros al mes del Estado. Las ayudas que se otorgan a nivel estatal a personas en riesgo de vulnerabilidad en España exigen estar en situación regular en el país. Además, las cuantías máximas que ofrecen en 2023 no alcanzan los 2.000 euros mensuales.

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Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.

“Centenares de canales y redes sociales marroquíes se hacen eco de la noticia de Yolanda Díaz y los 20.000 euros”. Con este titular se está difundiendo como real una supuesta captura de una publicación de la web de El Mundo, después de que Yolanda Díaz propusiera una herencia universal de 20.000 euros para jóvenes. Pero es un bulo: la imagen es un montaje.

La tipografía del titular y del subtítulo, el número de líneas y el punto y final del titular no coinciden con las de este medio. Tampoco hay rastro de la información que comparte la supuesta publicación en otros medios de comunicación. Además, circula siempre la misma captura, se comparte sin enlace y no hay rastro de un contenido con ese titular en este diario. 

En la imagen que se ha hecho viral se asegura que El Mundo ha publicado que las redes marroquíes “animan a todos los jóvenes a saltar las vallas de Ceuta y Melilla para poder conseguir asilo y nacionalidad española, con el fin de obtener los 20.000 euros”. Esta supuesta noticia habría llegado después de que Yolanda Díaz anunciara la propuesta de una herencia universal de 20.000 euros para jóvenes al cumplir los 18 años. Pero la supuesta publicación de El Mundo es un montaje.

La imagen que circula como si fuera la portada del supuesto artículo de El Mundo en realidad sale de un reportaje publicado el 24 de junio de 2023 por ese medio sobre los supervivientes de la tragedia de Melilla de junio de 2022. 

Además, comparando la imagen que se difunde con el original, vemos que no coincide la tipografía con la que utiliza el diario en su web.

Además, las publicaciones de El Mundo no llevan punto y final en el titular, algo que sí lleva la imagen que la está difundiendo. También el número de líneas del subtítulo es más largo de lo habitual en los artículos de este medio.

En Google no hay ningún rastro de la supuesta publicación de El Mundo que se está difundiendo, y tampoco en ningún otro medio de comunicación.

Además, siempre circula la misma captura de pantalla y no aportan enlace. Tampoco aparece la fecha de publicación ni la firma.

Por tanto, es un bulo que El Mundo haya publicado que “Centenares de canales y redes sociales marroquíes se hacen eco de la noticia de Yolanda Díaz y los 20.000 euros”. Se trata de un montaje y no es una noticia real. La tipografía del titular y del subtítulo, el número de líneas y el punto y final del titular no coinciden con las de este medio. Además, no hay rastro del contenido que se difunde ni en El Mundo ni en otros medios de comunicación. 

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Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha afirmado que el cambio en el bono social eléctrico para familias numerosas para vincularlo a criterios de renta, tal y como había prometido hace unos meses, "difícilmente podrá salir antes de las elecciones" del próximo 23 de julio, según informa Europa Press.

En declaraciones a la prensa en el marco de su participación en el Congreso Eólico Anual, Ribera indicó que se han tenido varias reuniones con las asociaciones de familias numerosas que permiten tener un análisis y diagnóstico "muy claro" de la manera en la que se puede seguir acompañando a los consumidores que más lo necesitan, incluidas las familias numerosas, sin que ello suponga "situaciones tan chocantes" como que familias con un nivel alto de ingresos se vean beneficiadas de ayudas pensadas para la clase media.

No obstante, la ministra reconoció que la revisión y actualización del Real Decreto que regula el bono social eléctrico "difícilmente" se podrá abordar ya en esta legislatura, por lo que dejó la decisión sobre este posible cambio al próximo Gobierno que salga de las urnas.

En marzo, tras la polémica suscitada al desvelar infoLibre que el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, que gozaba de un alto patrimonio, se beneficiaba del bono de calefacción para consumidores vulnerables, la vicepresidenta tercera anunció la intención del Gobierno de introducir criterios de renta para las familias numerosas que quieran acogerse al bono social de electricidad, un descuento en la factura eléctrica para consumidores vulnerables que cumplan los requisitos establecidos.

En la misma línea, Ribera consideró que el Plan General de Residuos Radiactivos, a pesar de que tiene muy avanzada su tramitación, tampoco podrá ser aprobado antes de las próximas elecciones.

"Tendremos que adoptar las medidas que son más importantes, más relevantes en el corto plazo y tendremos que adoptar ese Plan Nacional de Residuos probablemente después de las elecciones", dijo.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes hasta tres permisos por cuidado de familiares e hijos que se incluían en la Ley de Familias impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, y cuya tramitación en el Congreso decayó con la convocatoria de elecciones, según informa Europa Press.

Uno de los permisos aprobado por el Ejecutivo consiste en cinco días al año, retribuidos, para utilizar en caso de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que necesite reposo, tanto de un familiar de hasta segundo grado, como de un conviviente.

El segundo es un permiso "por causa de fuerza mayor", que se distribuirá por horas y podrá alcanzar en total hasta 4 días al año. También estará retribuido y busca permitir a padres y madres ausentarse del trabajo cuando haya motivos familiares urgentes.

Esta medida permitiría, por ejemplo, que el trabajador pueda cogerse unas horas si su hijo "ha pasado una mala noche" y "necesita quedarse en casa con él" o si sus padres "enferman y tiene que acompañarles al médico", según ha explicado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, a través de un video publicado en sus redes sociales.

Del mismo modo, se ha aprobado un permiso parental de 8 semanas, que podrá disfrutarse de forma continua o discontinua, a tiempo completo o parcial, hasta que el menor cumpla 8 años. En este caso, según ha apuntado Belarra, el permiso servirá para los "duros procesos de adaptación" de los hijos más pequeños en septiembre en la vuelta al colegio, o en los meses de verano en el caso de padres que "no tengan donde dejar a sus hijos".

Fuentes del departamento que dirige Ione Belarra han explicado que se ha decidido aprobar estas medidas a través de un decreto, a petición del Ministerio, ya que forman parte de la trasposición de una directiva europea sobre este tema que tiene un plazo para ser aprobada.

Y, aprovechando esta coyuntura, el decreto incluye otra propuesta del equipo de Belarra, que también se incluía en la Ley de Familias, por el que las parejas de hecho tienen derecho a los 15 días de permiso por registro, igual que los matrimonios.

En el video publicado en sus redes, la ministra se ha mostrado "contenta" por haber logrado estos "avances" en materia de conciliación, pero ha reconocido que "no es suficiente" para muchas personas que "sienten que no ven crecer a sus hijos", que "no pasan tiempo de calidad con su pareja" o que "ven a sus padres unas pocas horas a la semana".

Según ha apuntado, implementando medidas como las ahora aprobadas se pretende que "formar una familia en España sea un poco más fácil". "Queremos tener tiempo para lo importante y estamos a tiempo de hacerlo posible", ha declarado.

Belarra ha puesto en valor la labor de su departamento para sacar adelante en esta legislatura medidas como estas que, según ha indicado, están entre las más importantes de las que se incluían en la Ley de Familias en la que el Ministerio llevaba trabajando "desde el principio de la legislatura" con el objetivo de hacer frente a la "emergencia" de conciliación que, a su juicio, sufre el país.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha alcanzado a 627.957 hogares en los que viven 1.807.734 personas, según la estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) hasta finales de mayo. En un 67% de dichos hogares vive un menor (421.208) y un 43% de los beneficios son también menores (780.773), según informa Europa Press.

Según estos datos, en dos de cada tres hogares la titular de la prestación es una mujer y, si se tiene en cuenta el total de beneficiarios, el 54% son mujeres (978.964).

Respecto al número de prestaciones con el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), son ya 368.560. El CAPI, que entró en vigor en enero de 2022, es una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años.