Burocracia y desconocimiento: por qué el Ingreso Mínimo Vital no llega a más de 146.000 hogares

Cuando avanzas por un desfiladero a veces es difícil ver el horizonte. Para que personas vulnerables en riesgo de exclusión y no amparadas por los sistemas de pensiones o desempleo tuvieran alguno al que mirar, el primer Gobierno de coalición aprobó hace más de tres años el Real Decreto-ley por el que se puso en marcha un Ingreso Mínimo Vital (IMV), que luego se convalidó en el Congreso sin ningún voto en contra. Se redujo así la brecha que separaba a España de otros países de la Unión Europea (UE) en materia de políticas sociales.

De la ayuda se han beneficiado ya 2.057.468 personas, de las que el 43% son menores, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El número de hogares perceptores ha alcanzado los 703.538, a la luz de esa información, si bien fuentes del ámbito académico matizan que se trata de quienes "desde junio de 2020 han pasado por el programa, no los que ahora mismo están cobrando la prestación".

Cabe destacarse que esta ayuda, que abona la Seguridad Social, ha contribuido a la reducción de la pobreza infantil puesto que, del total de beneficiarios, un 43% son menores, en concreto 893.268 niños y niñas. Si la lupa se pone en los hogares, en el 68% de los que cuentan con el IMV hay al menos un menor, esto es, 478.937, de acuerdo a la mencionada información estadística. Además, en dos de cada tres hogares la titular de la ayuda es una mujer y, si se tiene en cuenta el global de beneficiarios, el 54% son mujeres, en números, 1.111.270. A ello hay que añadir que las prestaciones con el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) son ya 427.652. El CAPI, que entró en vigor en enero de 2022, es una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 por cada menor entre 3 y 6 y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años.

El IMV es una prestación no contributiva que no cuenta con pagas extraordinarias como la de Navidad, y como sí tienen las pensiones, por ejemplo, dado que es una ayuda asistencial que funciona como una renta garantizada.

Cuando se dio luz verde a la medida, en mayo de 2020, desde el Ejecutivo se trasladó que el nuevo incentivo podría llegar hasta 850.000 hogares beneficiarios, habitados por más de 2,3 millones de personas. Ya entonces se puso el acento en la repercusión que la iniciativa tendría en la infancia y en los núcleos familiares monoparentales, que supondrían, calcularon, el 16% de los destinatarios y, dentro de ellos, casi un 90% estarían encabezados por una mujer. Entre aquellas previsiones y los datos reales hay una diferencia de 146.462 hogares y 242.532 personas, entre las que aún no habría calado el Ingreso Mínimo Vital.

En la Fundación Alternativas saben que, a pesar de “su indudable relevancia y de sus efectos positivos”, el establecimiento de esta ayuda “ha hecho frente a ciertos problemas, dada la complejidad del objetivo perseguido, la dispersión de la información disponible y la necesidad de ajustar el nuevo instrumento en el conjunto de medidas" y herramientas destinadas a "finalidades similares”. La entidad ha organizado un seminario para analizar la evolución del ingreso, sus principales fallos y aciertos, así como sus perspectivas futuras. Uno de los participantes en el debate, Luis Ayala, catedrático y director del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), defiende que "la exclusión social es un fenómeno muy dinámico y, por tanto, es muy difícil hacer en un momento un retrato exacto de personas excluidas o posibles demandantes de prestaciones". Agrega que el Gobierno hizo una para el IMV, "en un contexto muy específico, el de la pandemia, cuando muchos hogares se habían quedado sin ingresos" y que, en efecto, "las cifras de posibles perceptores eran bastante más altas de las que ha habido después".

Ayala insiste en la complejidad de "conocer con exactitud cuántos había, cuántos cobran o cómo estamos de lejos, pero, es verdad que las cifras actuales están por debajo de la gente que podría cobrar la prestación”, asevera.

¿A qué se debe? A su juicio, a un abanico de factores: "Algunos ligados a la propia Administración, porque no ha llegado la información con suficiente detalle a los posibles perceptores, pero también es un programa todavía joven en términos comparados". Se explica: "Las rentas mínimas de las comunidades autónomas llevan treinta años tramitándose y el IMV tres". Recuerda que "al principio hubo un atasco importante en la gestión" de las peticiones vinculadas al ingreso, "lo que hizo que muchos beneficiarios decidieran no solicitarlo porque, si tardaban más de tres o cuatro meses en llegar la resolución y a veces era negativa, pensaron que no compensaba los costes". Alude a que el primer día que se pudo demandar el SMI en junio de 2020, "la Administración recibió más de 200.000 solicitudes, además era la Seguridad Social, que no estaba acostumbrada a tramitar prestaciones para este tipo de hogares y ha necesitado un cierto proceso de aprendizaje", desliza.

El director del Departamento de Economía Aplicada de la UNED reconoce que los problemas señalados "persisten" y estima que algunos "los puede solucionar el propio paso del tiempo", pero para superar otros habrá que "reforzar mecanismos de información para que llegue, sobre todo, dentro del grupo de personas de baja renta, a los más vulnerables, porque son los que tienen menos conocimiento de los recursos y más dificultades para solicitar la prestación", resume. Cree que la misma Administración "es consciente de cuáles son las principales urgencias y deficiencias" y de que habría que "acercar de una manera mucho más efectiva el programa a los hogares" en mayor situación de riesgo. A ello pespuntea la "necesidad de flexibilizar algunos criterios de la normativa porque la exclusión es un tema muy dinámico y multidimensional", recalca. "La propia definición de hogar puede ser cambiante y el mero hecho de una modificación individual en la composición del hogar puede suponer la denegación o la no renovación de la solicitud", advierte. 

Otro aspecto que entiende sustancial pasa por lograr que "estos mecanismos no sean un obstáculo para el empleo". Busca evitar que, "si alguien encuentra un trabajo temporal, automáticamente deba dejar de cobrar la prestación, lo que es un desincentivo grande". En ese punto anota que desde enero "hay una serie de incentivos para el empleo en los que se permite compatibilizar durante un tiempo la prestación y el trabajo para evitar ese salto tan grande", si bien todavía existen pocos datos para hacer balance de situación sobre ellos.

En definitiva, Ayala entiende que se pueden conseguir avances en la implantación del IMV con "mejor información, sistemas un poco menos rígidos y mejorando los incentivos al empleo y, luego, que la Administración está aprendiendo a gestionar estos programas más rápidos y más eficazmente", compendia.

Ha habido algunas aportaciones encaminadas a pulir el mecanismo. El Defensor del Pueblo, por ejemplo, ha enviado dos recomendaciones a la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones para que estudie cambios legales que posibiliten que las ayudas para rehabilitación de vivienda sean compatibles con los complementos a mínimos en pensiones y con el IMV. En detalle, la institución apuesta por la modificación de la ley que regula el Ingreso Mínimo Vital, con el propósito de excluir las subvenciones e incentivos a la rehabilitación de la vivienda habitual en el cómputo de rentas previsto para acceder a la otra prestación.

"Nos ha acercado a Europa"

Como no se trata de un pantano seco, el director de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas, Jesús Ruiz-Huerta, resalta que el nacimiento y el desarrollo del ingreso mínimo han sido positivos, ya que "nos ha acercado a Europa". Aporta que "desde el año 2014, el Consejo ha ido mandando preguntas a los países sobre el desarrollo de un instrumento que en España no teníamos. Sí contábamos con rentas mínimas autonómicas, pero no con un ingreso mínimo vital que alcanzara a todo el territorio". Remarca, asimismo, que se creara en un contexto nacional con indicadores considerables de desigualdad, pobreza o exclusión social, alimentados al calor de crisis internacionales.

Muchos países del entorno de España, como Reino Unido, Alemania, Italia, países nórdicos o Francia, poseen programas de este tipo, aunque son muy heterogéneos. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) utilizó en su estudio sobre los Programas de Rentas Mínimas en España una clasificación que dividía entre sistemas de redes de protección integradas (Reino Unido), de asistencia social dual (Alemania, Francia, Bélgica…); sistemas fuertemente inspirados en el derecho de ciudadanía (países nórdicos); descentralizados territorialmente y discrecionales (Suiza, Austria); más recientes y limitados (Este de Europa); y sistemas de protección selectivos (Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos).