La plataforma Alianza contra el Odio, presentada recientemente en Albacete, ha convocado para este jueves 5 de marzo, a las 18.00 horas, en el Salón de Actos de la Diputación de Albacete, un acto bajo el título "Contra el odio, más democracia", en el que participarán la presidenta de la Asociación de Periodistas de Albacete, Loli Ríos Defez, y el director editorial de infoLibre y analista político en televisión y radio, Jesús Maraña. Ambos conversarán –también con la participación del público asistente– sobre la realidad de las campañas de incitación al odio, quiénes son sus autores y víctimas, qué instrumentos utilizan, cómo usan la inteligencia artificial para expandir sus mensajes y bulos, cómo combatirlos…

Intervendrán también Paco Gómez Tornero, secretario general de CCOO de Albacete, y Marta Escribano Carrasco, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Alianza contra el Odio es una iniciativa constituida en Albacete con el objetivo de enfrentarse a los discursos y actos de odio, ya sean de naturaleza racista y xenófoba, contra la mujer y la igualdad o alentando el enfrentamiento intergeneracional, que se producen a todos los niveles y en todos los formatos, desde centros educativos, medios de comunicación, redes sociales e instituciones.

A esta iniciativa se han sumado en la ciudad de Albacete CCOO, PSOE, IU, Podemos, PCE, Juventudes Socialistas, Albacete con Palestina, el Colectivo de Apoyo al Inmigrante y la Asociación por el Desarrollo Sostenible.

La plataforma pone el foco en la juventud, a la cual "no se debe abandonar" y que, en muchas ocasiones, según los promotores, desconoce de dónde provienen los derechos básicos del Estado de bienestar.

Para Alianza contra el Odio, los jóvenes están "expuestos y seducidos por estrategias diseñadas por la extrema derecha, atrayéndola con consignas antisistema, para provocar su desconfianza en el sistema democrático y las instituciones sobre las que se sustenta, con el único fin de destruirlas para volver a regímenes absolutistas o autoritarios".

"No dejaremos sin denunciar, desde la información, la calma y la argumentación basada en datos contrastados, cada acto de odio. Lucharemos con nuestro ejemplo conjunto de contrafuerza frente a los extremismos, contribuyendo a construir un espacio público más justo, seguro, informado y humano. Contra el ruido del odio, la fuerza tranquila de la razón y los argumentos inspirados en la justicia, la equidad y la humanidad", se lee en la carta fundacional de Alianza contra el Odio.

Las fiestas navideñas se acercan y con ellas llega un torbellino de luces, expectativas y emociones que no todas las personas viven del mismo modo. Mientras que para mucha gente suponen un momento de entrañables encuentros y celebraciones junto a sus seres más queridos, para otros puede resultar un periodo de tristeza y soledad no deseada.

En España, cerca de cinco millones de personas viven solas, lo que representa un 27% del total de hogares del país. Aunque vivir sin compañía no significa necesariamente sentirse solo o sola.

Así, la soledad no deseada puede definirse como una experiencia desagradable que ocurre cuando alguien siente que sus relaciones sociales son insuficientes o inexistentes, o no tienen la suficiente calidad y calidez humana.

Por contra, la solitud es una experiencia voluntaria y agradable que las personas buscan activamente para disfrutar de su propio tiempo y espacio personal.

En 2024, el 20% de la población española reportó sufrir de soledad no deseada, la cual se relaciona con una peor salud física y mental. De hecho, datos recientes concluyen que la percepción subjetiva de estar solos se asocia con una mayor mortalidad. Nos enfrentamos a un problema global que impacta negativamente a nuestro bienestar y que acarrea costes sociales y económicos.

Los principales factores asociados a la soledad no deseada son, además de vivir sin compañía, sufrir eventos vitales estresantes como divorcio, duelo, viudedad, etc. Además, son también condicionantes relevantes la edad –afecta especialmente a los más jóvenes y los mayores–, la renta y la presencia de discapacidad y/o problemas de salud, sobre todo si merman la autonomía y la salud mental.

Frente a este problema, las administraciones están poniendo en marcha diferentes opciones para mitigar la soledad no deseada que viven muchas personas y ofrecer soluciones durante las fechas señaladas.

Entre ellas, destaca la impulsada por la ONG Grandes Amigos que pretende llegar a miles de personas y promueve encuentros y acompañamiento para quienes más lo necesiten.

A un nivel regional y municipal también surgen propuestas como, por ejemplo, del Banco de Voluntarios en Valladolid, con un programa específico de acompañamiento de mayores en Navidad, o el programa “Navidades con corazón” en Telde, Gran Canaria, donde apuntan que “cada gesto cuenta. Una visita, una llamada o una carta pueden transformar la Navidad de alguien”.

Otras iniciativas son la convivencia de mayores en Almuñécar (Granada) o el taller navideño Mayores en Navidad, en la ciudad de Badajoz.

Sin embargo, estas iniciativas aisladas no siempre alcanzan a todas las personas que lo necesitan y, para la gran mayoría, simplemente son desconocidas. Por ello, si siente soledad no deseada es importante que explore las opciones que ofrecen los barrios, ayuntamientos, comunidades autónomas y entidades sociales que, como ve, pueden marcar una diferencia y ser una ayuda real y efectiva.

También podemos todos y todas acompañar a quienes conocemos o sospechamos que están en esta situación, ayudándoles a encontrar alternativas como estas, o las que podamos ofrecer.

Por otro lado, aceptar la propia circunstancia y liberarse de la presión social que se idealiza en estas fechas puede abrir las puertas a vivir la Navidad de una forma “no normativa”.

Y es aquí donde surge la cuestión central: ¿es tan duro pasar estas fechas en soledad o se intensifica la sensación por la atmósfera de expectativas idealizadas que rodean la Navidad?

Para abordar esta cuestión, resulta necesario reivindicar la libertad individual para decidir cómo vivir estas fechas. Las fiestas navideñas suelen concentrar numerosos compromisos sociales que pueden resultar abrumadores y superar las necesidades o deseos individuales.

Mientras que algunas personas encuentran la satisfacción en reuniones numerosas, otras prefieren espacios más reducidos, encuentros selectivos o incluso la tranquilidad de pasar estos días en solitud.

Diversos estudios señalan que el bienestar no depende de la cantidad de interacciones sociales, sino del equilibrio entre las necesidades individuales y las demandas del entorno social.

Desde esta perspectiva, la soledad elegida y placentera, o solitud, puede funcionar como una experiencia reparadora que ofrece introspección, descanso emocional y autonomía. Sin embargo, la libertad de elección solo es posible si existen alternativas reales: programas comunitarios, actividades culturales, iniciativas de voluntariado o espacios de acompañamiento para quienes buscan conexión social. De lo contrario, la soledad corre el riesgo de ser impuesta y, por tanto, fuente de sufrimiento, y una lacra social evitable.

Reconocer la diversidad de necesidades sociales permite replantear la Navidad más allá de la narrativa tradicional. Ofrecer espacios y recursos que brinden compañía y calidez humana a quien la desea y la necesita debe ser un objetivo institucional prioritario.

Por otro lado, respetar la decisión de quien no la necesita ayudaría sin duda a que cada persona viva estas fechas de la forma que le resulte natural y satisfactoria.

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Elena Sanz. Directora de The Conversation en español. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Es la asociación que pide penas más altas para el fiscal general del Estado. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), un colectivo conservador y muy minoritario en la carrera, ha ejercido una de las acusaciones populares contra Álvaro García Ortiz, para el que ha solicitado hasta seis años de cárcel. Su representación la ha dirigido Juan Antonio Frago, un exmiembro del Ministerio Público en excedencia que fue expulsado de ese cuerpo en 2013, cuando el conservador Eduardo Torres-Dulce era su máximo responsable. La sanción se debió a la desobediencia a sus superiores y varias faltas de respeto. Sin embargo, la Audiencia Nacional la declaró nula y fue readmitido. También como abogado acaba de ser sancionado –como ha adelantado eldiario.es– por atacar verbalmente a un investigado en X, la antigua Twitter.

Durante el proceso abierto contra García Ortiz en el Supremo en octubre de 2024, que ha terminado con su juicio celebrado estas últimas dos semanas, APIF, de la mano de Frago, ha solicitado algunas de las diligencias más absurdas y extravagantes. En ocasiones ha demostrado una palpable falta de información sobre el papel de los testigos que han comparecido acusándoles de acciones supuestamente sospechosas que en realidad estaban plenamente justificadas y a las que los magistrados no han prestado la mínima atención. Durante el juicio, ha planteado al tribunal alegaciones sorprendentes, como la comparación del caso del fiscal general con el de José Bretón o una violación múltiple.

APIF, a través de Frago, fue quien, durante la instrucción del caso, tras el insólito registro del despacho del fiscal general, solicitó al magistrado instructor, Ángel Hurtado, que ordenara a la Fiscalía General del Estado guardar las imágenes del día en que se clonaron todos los ordenadores y dispositivos del fiscal general. Lo hizo después de que el presidente de la asociación, el fiscal ya retirado Salvador Viada –que en los últimos meses no ha cesado de descalificar públicamente a García Ortiz siempre que ha podido– asegurara que había visto al fiscal general manipular su teléfono durante el registro de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a su despacho, junto con su número dos, la teniente fiscal del Tribunal Supremo Ángeles Sánchez Conde. APIF acusó a ambos de alterar "una prueba crucial". Hurtado, tan reticente a practicar las diligencias solicitadas por la Fiscalía y la defensa, ordenó sin dilación conservar lo que se grabó por las cámaras de circuito cerrado.

La diligencia ordenada por Hurtado presentó varios problemas. En primer lugar, porque demostró que ni Frago ni el propio instructor se habían leído el acta de registro, en la que se consignaba que, en el momento en que se había producido esa supuesta manipulación del celular, los agentes ya se lo habían dado de vuelta después de clonarlo. La UCO quiso, además, hacer constar en esa acta, la absoluta cooperación con los guardias que había ofrecido en todo momento el máximo responsable de la Fiscalía. La supuesta manipulación, además, se había producido delante de todos, en el patio interior de la Fiscalía, un lugar de tránsito continuo de personal de la casa, pero en el que no hay cámaras. Pese a esos dos hechos notorios, el instructor Hurtado llamó a declarar como testigo a Viada que, de la alarma inicial, pasó a asegurar que el episodio "no tenía ninguna importancia".

Ya durante el juicio, a lo largo del breve interrogatorio de la número tres de la Fiscalía, la fiscal jefa de la Inspección, María Antonia Sanz Gaite, Frago acusó a la testigo de haber cambiado de teléfono tras el registro del despacho del fiscal general y el de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Sanz Gaite lo negó rotundamente. "Yo no he cambiado de teléfono nunca. Llevo más de 25 años con el mismo número", respondió la testigo. "Pero mi teléfono tiene dos tarjetas. Durante un viaje al extranjero cambié el número asociado a WhatsApp, al número que me garantiza datos fuera del país. Cuando lo hago, a todos mis contactos les llega una notificación que dice que he cambiado de número. Pero cuando vuelvo de viaje vuelvo al número de siempre", añadió.

El infundio, Frago lo había sacado del medio digital The Objective que, el pasado 10 de septiembre, publicó un texto titulado La fiscal que decidirá sobre García Ortiz cambió de móvil tras el registro del despacho de su jefe. En ella se mostraba un pantallazo del WhatsApp con la notificación de Sanz Gaite había cambiado de teléfono el 1 de noviembre. Fuentes fiscales señalan que en ese momento estaba de viaje en América Latina. Era un bulo.

Durante su alegato final ante la Sala, este jueves, Frago defendió que los magistrados podrían perfectamente condenar a García Ortiz pese a que no se haya encontrado ninguna prueba en sus dispositivos de que hubiera sido él el autor de la filtración de la que se le acusa. Lo hizo comparando el caso del fiscal general, con el de José Bretón, juzgado y condenado por asesinar a sus hijos de seis y dos años en el crimen que hizo saltar todas las alarmas sobre la violencia vicaria en España. "Los cuerpos [de los niños] nunca se encontraron", dijo Frago en estrados. "Pero se ha dado por probado que dicho borrado de la prueba, que es la eliminación, desgraciadamente, física de los niños, ha sido así", añadió entre las miradas de sorpresa del público.

Después hizo otro parangón muy polémico con una violación en manada. "Cuando existe una violación múltiple a nadie se le ocurre decir que el segundo o tercer violador quedan impunes porque la libertad sexual de la mancillada ya quedó vulnerada con la primera infracción", señaló. Lo que pretendía es desmontar la propia doctrina del Tribunal Supremo sobre la revelación de secretos, que establece que, cuando lo que se revela ha sido previamente publicado, ya no es secreto. La defensa del fiscal general defiende, apoyándose en esa doctrina, que con la nota de prensa que desmintió el bulo difundido por el entorno de Ayuso, no se revelaba nada que no estuviera antes en los medios de comunicación.

Tiempo y dinero. Estas son las dos variables que condicionan la vida de los hogares españoles, especialmente de aquellos encabezados por un único progenitor, que se enfrenta en solitario a la gestión y el cuidado de su familia. Las familias monoparentales no son un caso excepcional. En España, según datos del INE, hay casi dos millones, lo que supone nada menos que un 10% de los hogares y un 24% de las familias. Además, es el modelo familiar que más crece todos los años.

Desde la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS) apuestan por la generalización de la designación monomarental, incidiendo en la perspectiva de género: más del 80% de las familias de estas características dependen de una mujer. También critican que no se disponga todavía de una definición estatal que englobe la pluralidad de situaciones de monomarentalidad. “Lo que no se visibiliza no existe” es el lema bajo el que reivindican el reconocimiento y regulación institucionales de su especificidad, apostando por una definición que incluya a las familias de un progenitor "en origen, por defunción o desaparición, o por pérdida o no ejercicio de la patria potestad”. También a las conformadas por procedimientos de adopción o acogida.

Las familias monomarentales carecen de un marco de protección propio, del que sí disponen otras estructuras familiares como las numerosas. Y esto a pesar de que, según el último informe sobre el Estado de la Pobreza en España (EAPN), el 52,7% están en riesgo de pobreza y exclusión y el 20,1% sufren ya situaciones de carencia económica y material severas.

Las barreras contra las que luchan las madres solteras son, a fin de cuentas, la agudización de los problemas de todos, pero involucran a un grupo familiar de especial vulnerabilidad y que incluye menores. Estas dificultades se concretan en casi todos los ámbitos, sin una respuesta institucional a la altura: trabajo, nivel económico, vivienda… Por no mencionar la ausencia total de tiempo libre o la mayor propensión a desarrollar problemas de salud mental como ansiedad o depresión.

Daniela, colombiana de 28 años, vive en Madrid sola con su hijo de cuatro. El padre del niño se desentendió de la crianza y regresó a su país de origen. Daniela trabaja en hostelería con un contrato temporal y a tiempo parcial, a pesar de haber cursado estudios superiores de magisterio. “Es el único sector en el que conseguí trabajo y la jornada parcial me permite cuidar de mi hijo”, refiere Daniela. El problema es que, con un salario que no llega a los 850 euros netos, Daniela tiene problemas para afrontar todos los gastos y llegar a fin de mes.

En el intento por conciliar sus compromisos familiares y laborales, muchas madres solteras se ven obligadas a recurrir a jornadas parciales y contratos temporales, más inestables y peor pagados. A menudo trabajan incluso en economía sumergida y por debajo de su nivel de cualificación. Otras directamente no encuentran un empleo compatible con los horarios de sus hijas e hijos. Su empleabilidad se limita en muchas ocasiones a sectores feminizados y precarios como el del hogar, los cuidados o los servicios. De esta forma, su disponibilidad temporal condiciona enormemente su capacidad económica, que es el único soporte familiar.

A sus 39 años, Nazaret, socia de Familias Galegas Monomarentais (FAGAMOS), es madre soltera de una hija de 15 meses. Decidió embarcarse sola en el mundo de la maternidad a través de la Seguridad Social, con un donante anónimo de esperma. Nazaret es profesora sustituta para la Xunta. Este año trabaja como interina en la Escuela Oficial de Idiomas a media jornada por las tardes. "Dependo todos los años que me llamen para sustituir una plaza cubierta por un profesor que está de baja o de excedencia. Puede ser una sustitución de una semana, quince días o de todo el curso", aclara Nazaret. El sueldo de una jornada parcial se le queda corto. "De momento estoy viviendo de mi colchón de ahorros. Pero ese colchón se está acabando y en algún momento no voy a poder hacer frente al piso y el resto de gastos yo sola", declara Nazaret.

El problema de fondo es la inexistencia de corresponsabilidad social en los cuidados. Por un lado, las instituciones públicas no consideran de su competencia velar por la garantía de los cuidados, ni siquiera de los grupos más vulnerables: ancianos, personas dependientes, menores… El compromiso de los cuidados recae en exclusividad en el entorno cercano, convirtiéndolo en una cuestión de mera responsabilidad individual o familiar. Por otro lado, no hay un reconocimiento oficial de los cuidados como trabajo. Se presupone que las madres han elegido libremente la obligación de encargarse de sus hijas e hijos y que, por tanto, su cuidado no puede entenderse como una labor extra, digna de consideración y retribución.

Muchas madres solteras recurren al sostén de su entorno, que se traduce frecuentemente en la figura de las abuelas y abuelos. Al hablar de conciliación, Nazaret señala enseguida a su círculo familiar: "Si no tuviera a mis padres cerca y no pudieran ir a recogerla todos los días a la guardería, no podría trabajar".

El de Nazaret no es un caso aislado. Muchas madres salen adelante gracias a parientes, conocidos o asociaciones, que suplen funciones que deberían facilitarse desde las instituciones. “Las redes sociales son un capital muy importante para las familias monomarentales, porque suponen disponer de apoyo en los cuidados y en la gestión de los tiempos: facilitan mucho la vida”, nos comenta Cristina Rubiales Cardenete, trabajadora y educadora social en Asociación Solidaridad Madres Solteras (ASMS). El problema se agrava cuando las familias no disponen de apoyos familiares y se encuentran desbordadas ante los retos de la conciliación. "Yo no tengo familia en España que pueda ayudarme con mi hija, tengo que apañarme sola o con la ayuda de otras madres y familias", explica Daniela.

Con motivo del pasado domingo electoral, desde Madres Solteras por Elección (MSPE) se denunció la convocatoria como vocal de una de sus socias, madre soltera de una niña de 15 meses. La condición de monomarentalidad no fue considerada suficiente por la junta electoral para eximir a la madre hasta que presentó un justificante que demostraba que sus padres, los abuelos de la niña, trabajaban ese día. “A veces hay abuelos y a veces no, pero, de cualquier manera, los abuelos no tienen por qué estar obligados a cuidar de sus nietos”, añade Nazaret.

Otra de las reivindicaciones centrales de las asociaciones es la equiparación del número de días de permiso parental, incluidas las bajas por enfermedad y maternidad. "En muchas guarderías, no admiten a un niño por debajo de los seis meses y nosotras no tenemos derecho a tanto tiempo de baja. Es un perjuicio para los niños", sentencia Nazaret.

Hace apenas una semana, en una decisión que puede sentar precedentes, el Tribunal Constitucional admitía a trámite los recursos amparo presentados por tres socias de MSPE, en los que reivindicaban la equiparación de sus bajas de maternidad.

Daniela vive en Móstoles, en un piso de apenas 50 m² con otra pareja migrante y sus dos hijos. El alquiler cuesta su sueldo íntegro: la única solución es compartir. La mitad de su salario se va igualmente en pagar la vivienda. Con lo restante, resulta casi imposible cubrir facturas, gastos de alimentación, ropa, material escolar... "Más de una vez la familia con la que vivo me ayudó a pagar el piso para que yo pudiera encargarme de otras cosas que necesita mi hijo", confiesa Daniela.

"La realidad más habitual de las monomarentales siempre ha sido compartir hogar. La situación se ha recrudecido con la actual crisis de vivienda: los requisitos son cada vez más exigentes y los precios más altos", señala Rubiales. Las inmobiliarias y aseguradoras han acaparado el mercado, imponiendo condiciones que muchas familias con un único sueldo y situaciones laborales inestables no pueden cumplir. Entre sus cláusulas incluyen la imposibilidad de dedicar más del 35% del salario al alquiler o la negativa a usar como garantía de pago prestaciones fijas como el Ingreso Mínimo Vital. "Si el salario mínimo es algo más de 1.000 euros, solo se podrían dedicar unos 350 euros al pago del alquiler. El problema es que muchas veces ya ni las habitaciones cuestan eso", continua Rubiales. "La vivienda debería ser derecho, no un negocio", concluye Daniela.

Nazaret ha podido acceder a la hipoteca de una vivienda para ella y su hija gracias a que su hermano, con un situación económica más estable, aparece también como propietario del piso. "No llega a ser por mi hermano y no hubiese podido comprar. Y el alquiler con un único sueldo está imposible", comenta. Aún así, dedica dos tercios de su salario a la vivienda: "De momento no, pero en seis o siete meses podría llegar a una situación crítica".

Desde ASMS apuestan por la inversión en vivienda pública como estrategia para resolver las dificultades en el acceso y mantenimiento de la vivienda de las familias monomarentales, tal y como han planteado en su último informe sobre vivienda. Sin embargo, según datos del Observatorio de Vivienda y Suelo, en España en 2020 solo se disponía de un 2,5% de vivienda protegida, frente a la media europea de casi un 10%.

"Las familias monomarentales vulnerables deberían tener acceso preferente a vivienda protegida. El problema son, de nuevo, los requisitos y trabas burocráticas de las administraciones, que propician la exclusión", comenta Rubiales, con la comentamos la situación en Madrid. El primer obstáculo es conseguir o bien un certificado de soltería o una sentencia firme de guarda y custodia, resultado de un proceso judicial que se puede alargar. También se exigen un mínimo de 10 años de empadronamiento, medida que discrimina a familias migrantes como la de Daniela. "En el IPREM, frente a las biparentales, las familias monomarentales tampoco tienen ninguna ventaja", sigue explicando Rubiales. Otro impedimento surge de la confusión entre unidad familiar y de convivencia, sobre todo en los casos en los que se comparte vivienda con parientes. La desbordante exigencia de trámites burocráticos termina por hacer renunciar a muchas familias.

"La inexistencia de una ley autonómica de vivienda facilita los abusos, como el de la inseguridad residencial", aclara Rubiales. La falta de control de los contratos y la ausencia de alternativas generan situaciones de hacinamiento, que favorecen los conflictos. Todo ello puede desembocar en un cambio constante de vivienda, en un nomadismo que genera inestabilidad y desarraigo en madres, hijas e hijos.

"Si le cubres la parcela de la vivienda a las familias, van a poder llevar una vida más o menos autónoma y tendrán más fácil salir de las redes de asistencia social", recalca Rubiales. Por esta razón, desde ASMS ofrecen servicios como pisos de acogida temporal o una bolsa de vivienda compartida. No obstante, se trata de soluciones orientadas a la "supervivencia". "Defendemos que las familias monomarentales tengan una vivienda digna. Todo el mundo tiene derecho a un hogar unifamiliar y a tener sus espacios de intimidad, de desarrollo familiar y personal y de descanso", insiste.

En marzo de este año, se publicó en el Boletín de las Cortes Generales el proyecto de la nueva Ley de Familias. Entre los objetivos centrales de este nuevo marco normativo se encuentra, en principio, el de reconocer y equiparar los derechos de las familias monoparentales a los de otros modelos familiares más regulados. La nueva ley identifica a las familias monoparentales a través de un título de acreditación oficial y, a partir de los dos hijos, pasa a considerarlas familias de especial necesidad de apoyo en la crianza.

Desde MSPE califican la nueva ley de "insuficiente" y reclaman medidas pensadas para su especificidad, que esquiven la discriminación por indiferenciación. "La Ley de Familias da un paso fundamental en el reconocimiento, pero no viene acompañada de medidas concretas y mecanismos de aplicación en el momento de su aprobación", se lamenta Guruceta, coordinadora de incidencia política de MSPE, que considera imprescindible aplicar el principio de equidad a la hora de diseñar políticas públicas. Según nos cuenta, MSPE ha enviado a todos los grupos políticos sus propuestas para mejorar el proyecto de ley, entre las que se incluyen cuestiones como la adaptación de los criterios fiscales, como los del IRPF, o la inclusión de todas las familias de un progenitor en la categoría de especial necesidad.

"Las familias monomarentales son familias completas, no les falta nada. No necesitamos dos padres para criar a nuestros hijos, lo que necesitamos es apoyo", concluye Rubiales, criticando el paternalismo institucional y el estigma social que pesan todavía sobre las madres solteras.

Figuritas con forma de feto enviadas por correo postal, o fotos tomadas con ellas en la palma de la mano y enviadas por correo electrónico a todos los eurodiputados. El llamamiento a ver un vídeo, que ha tenido casi 10.000 visualizaciones desde el 22 de marzo, en el que tres mujeres anónimas hablan de sus traumáticos abortos a los que, dicen, "se sometieron" porque la sociedad "no había tomado ninguna medida para protegerlas de la presión". O, tan recientemente como el 15 de mayo, una invitación a una reunión entre parlamentarios y "un grupo de mujeres" que han abortado.  Estos son algunos de los métodos utilizados por European Centre for Law & Justice (ECLJ), ONG acreditada por la ONU y asociación católica conservadora local, para intentar impedir la constitucionalización del aborto en Francia o la aprobación de una resolución para incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

El ECLJ, derivado del influyente American Center for Law and Justice (ACLJ), organización cristiana conservadora de Estados Unidos, es actualmente uno de los principales grupos de presión antiabortistas de Europa, que se ha ido federando desde hace unos diez años y ganando influencia.

En 2013, el director de ECLJ, Grégor Puppinck, era miembro de la red Agenda Europe (según un informe del Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo, EPF), dedicada a mejorar la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, un grupo "inspirado por el Vaticano" cuyo objetivo es "restaurar el orden natural". En otras palabras, hacer retroceder el acceso a la contracepción y al aborto, así como los derechos de las personas LGTBI+.  

Cuando se fundó, el manifiesto de la organización establecía cinco prioridades: crear estrategias contra la eutanasia, por la libertad religiosa, por el matrimonio y la familia, contra la legislación antidiscriminatoria y contra la maternidad subrogada. En particular, el autor anónimo defendía "la reintroducción de leyes represivas de la homosexualidad" frente a los "peligrosos efectos de la despenalización de la sodomía", o que "la aceptación de las relaciones homosexuales, lésbicas y (finalmente) pedófilas parece una consecuencia lógica de aceptar la contracepción artificial". 

Según el EPF, la labor de lobby contra los derechos humanos ha dado sus frutos en algunos países y, a través de peticiones, los miembros de Agenda Europe han conseguido frenar el avance de los derechos LGTBI en Croacia en 2013 y luego en Eslovenia en 2015 . En septiembre de 2016 fue presentado en el pleno del Parlamento polaco el proyecto de ley "Stop Aborto" de la fundación privada Ordo Iuris, cuyos presidente y asesor jurídico pertenecían a Agenda Europe. 

En 2019, la misma organización estuvo también detrás de una Carta de Derechos de la Familia, firmada por numerosas autoridades locales denominadas "libres de LGTBI". A nivel europeo, el eslovaco Ján Figeľ, también miembro de Agenda Europe, fue nombrado en 2016 por la Comisión Europea primer "enviado especial para la promoción de la libertad religiosa y creencias fuera de la Unión Europea".  

Según el EPF, entre los miembros de Agenda Europe había otros franceses, como Ludovine de La Rochère, que presidió La Manif pour tous (Manifestación para todos), que ahora es Le Syndicat de la famille, tras haber sido responsable de comunicación de la Fondation Jérôme Lejeune, y Émile Duport, que fue también miembro de La Manif pour tous y fundador del movimiento antiabortista Les Survivants (Los supervivientes). 

Preguntada al respecto, Ludovine de La Rochère aseguró que "no conoce de nada a los miembros de Agenda Europe“ y que simplemente había recibido entre 2016 y 2019 "una docena de correos electrónicos" de esa organización. Grégor Puppinck no respondió. Porque, aunque Agenda Europe ya no existe bajo esta forma, según Neil Datta, director ejecutivo del EPF, esta organización católica conservadora ha seguido tejiendo su red.  

"Hemos que reconocer que en todos los actos organizados sobre estas cuestiones participan las mismas organizaciones religiosas y los mismos actores. Así fue, por ejemplo, en la cumbre demográfica de Budapest. Aunque ya no tengan una estructura uniforme, estas asociaciones ultraconservadoras siguen existiendo", observa Amandine Clavaud, codirectora de estudios del Observatorio para la Igualdad de Género de la Fundación Jean Jaurès.  

Esta "cumbre demográfica" sobre la familia organizada en septiembre de 2023 a iniciativa del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, acogió a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a los presidentes serbio y búlgaro, Aleksandar Vučić y Rumen Radev, pero también a presidentes de organizaciones internacionales pro-familia y conservadoras como la presidenta de Family Watch International, el director de la International Federation for Family Development (IFFD) Ignacio Socías, el director ejecutivo de Alliance Defending Freedom (ADF) Paul Coleman, y la ex presidenta húngara Katalin Novák, del partido ultraderechista Fidesz.

¿Uno de las muchos puntos en común? La mayoría de ellas aparecen citadas en otro informe de la EPF, titulado La punta del iceberg, que enumera la financiación contra el género. Tanto Paul Coleman como Sharon Slater, de Family Watch, eran además miembros activos de Agenda Europe, según la lista del EPF.  

Casi todos los años, los mismos protagonistas están presentes en el Congreso Mundial de las Familias. En 2019, su edición italiana celebrada en Verona, fue patrocinada por Generazione Famiglia, la "Manif pour tous" italiana, y CitizenGO, "uno de los grupos de presión cristianos más importantes hoy en la ONU", según Jeanne Hefez, responsable de promoción de la ONG Ipas, que trabaja para avanzar en el acceso al aborto y la anticoncepción en todo el mundo.  

Sobre el peso político de estos grupos, Amandine Clavaud advierte: "Algunas de estas organizaciones están acreditadas ante Naciones Unidas. Están acogidas al estatuto Ecosoc, mientras que asociaciones feministas de la sociedad civil a veces tienen dificultades para obtenerlo". Además del ECLJ de Grégor Puppinck, entre las organizaciones con estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU en 2022 figuraban la Fondation Jérôme Lejeune, SOS Éducation, Alliance VITA, la asociación conservadora Juristes pour l'enfance, formada por ex miembros de LMPT, y también La Manif pour tous.  

Preguntada al respecto, su presidenta Ludovine de La Rochère asegura que su movimiento "interviene en la ONU desde 2015 sobre la cuestión de la explotación reproductiva, en particular a través del uso de la palabra". 

A nivel transnacional, también está acreditada la Alliance Defending Freedom (ADF), que recientemente apoyó a políticos de extrema derecha, como Éric Zemmour, en las acciones judiciales emprendidas tras la cancelación de una reunión en Bruselas, así como el grupo de presión español anti aborto, anti matrimonio para todos y anti eutanasia HazteOir, fundador de CitizenGO y que también figura en la lista de los principales financiadores antigénero en Europa. 

A escala europea, algunas de estas organizaciones participan en la "Iniciativa Ciudadana Europea" (ICE) One of Us "en defensa de la vida y la dignidad humanas". Entre ellas se encuentran la Fondation Jérôme Lejeune y la ECLJ, así como Alliance VITA, las Asociaciones Familiares Católicas (AFC), HazteOir y CitizenGO. One of Us ha sido rechazada por la Unión Europea y se ha transformado desde entonces en federación. 

Pero no importa. En 2015 se registró otra iniciativa ciudadana europea en la Comisión Europea "para proteger el matrimonio y la familia". Llamada Mum, dad and kids (Mamá, papá e hijos) y haciéndose eco del lema principal de LMPT, está respaldada por unas diez personas, entre ellas Ludovine de La Rochère y Grégor Puppinck.  

En 2018, tanto One of Us como la Fondation Lejeune fueron patrocinadores oficiales del seminario internacional de otra organización mundial originaria de Sudamérica: la Political Network for Values, PNfV (Red Política por los Valores), de la que Katalin Novák fue presidenta y a la que Ipas dedicó un informe en 2023. Las demás ediciones contaron con el apoyo, en particular, del grupo del PPE en el Parlamento Europeo (Partido Popular Europeo-Demócrata-Cristianos). 

Y es lógico, pues el presidente de honor de esta red es el ex eurodiputado, ex ministro del Interior español y miembro del PPE Jaime Mayor Oreja, que también es presidente de One of Us. En 2022, participó en el seminario del PNfV en Budapest con, entre otros, Grégor Puppinck.  

Cuando Mediapart se puso en contacto con él para hablar de los movimientos antigénero, Puppinck se limitó a responder: "No nos preocupa el tema", pero nos remitió a un artículo de Valeurs actuelles (revista semanal de extrema derecha, ndt) en el que se denuncia la presencia de un "lobby abortista en el Parlamento Europeo".

Caja negra

Este artículo es la última parte de una serie sobre la ofensiva antigénero en Europa.

En Francia, como en el resto del mundo, proliferan los movimientos antigénero. "Bien organizados, bien financiados y cada vez más eficaces", según el Comisario de Derechos Humanos e Identidad de Género del Consejo de Europa, ganan en influencia política a medida que la extrema derecha progresa. Sus objetivos: los derechos de las mujeres, de las personas LGTBIQ+, de los migrantes y, en general, cualquier reivindicación que no sea heteropatriarcal, blanca y cristiana. Es una investigación sobre una red transnacional que amenaza nuestras democracias.

Traducción de Miguel López

Equipo Europa, la asociación española de carácter juvenil y europeísta, ha lanzado un manifiesto para promover una "alta participación" de cara a las elecciones europeas del próximo 9 de junio: "No es solo Europa, es tu futuro". La agrupación, que cuenta con 4.800 socios y 18 delegaciones, aboga en la carta por un voto "transversal y universal" para los comicios europeos, asegurando que, como ciudadanos de la UE, "debemos tomar conciencia de nuestra voz y voto en las decisiones que se toman".

La carta lanza, a su vez, un mensaje de activación social para estas elecciones, aludiendo a que "las elecciones europeas son las que más influyen directamente en nuestras vidas". "El 57% de las leyes aprobadas en España en 2022 fueron el resultado de directrices y decisiones tomadas a nivel europeo.", enunciaba el comunicado. Asimismo, la entidad ha querido remarcar la existencia de dos razones fundamentales para emitir el voto, ligadas a la importancia de aportar en las elecciones.

En primer lugar, asegurarse de una representación que "refleje el sentir general de la ciudadanía europea". "Cuantas más personas participen, más legítimo será el resultado", recalcaba el escrito. Y por otro lado, luchar por defender el futuro de Europa. "Es la protección del medio ambiente y del campo, el estado de derecho y del bienestar, la movilidad sin fronteras, la igualdad entre hombres y mujeres, las becas Erasmus, las vacunas de nuestros mayores y tu seguridad frente a potencias extranjeras que no creen en nuestros valores democráticos", establecía como ejemplos el manifiesto.

Por último, Equipo Europa ha querido enviar un mensaje de concienciación para que los jóvenes voten de forma consciente y con rigor. "Vota siendo crítico, pero no votes enfadado", aconsejan, "la Unión Europea del futuro debe mejorarse escuchando a todos". Así, la organización ha querido movilizar el sufragio joven, apuntando la relevancia de la contribución democrática tanto general como del sector juvenil para conseguir una "Unión Europea que merezca aún más la pena".

El manifiesto se presentará este jueves a las 19 horas en el Espacio Bertelsmann en Madrid junto a personas de la cultura, los medios y la sociedad civil.

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha apelado este sábado a la "concienciación y movilización social" contra el cáncer, con el objetivo de aumentar la supervivencia de los afectados hasta el 70% en 2030, cuando el número de caso también habrá crecido.

"Todos y todas vamos a convivir con el cáncer", ha advertido este sábado la responsable del Departamento de Prevención y Promoción de la Salud de la AECC en Madrid, Estíbaliz García Rodríguez, en declaraciones a Europa Press durante un acto en la Plaza Margaret Thatcher con motivo del Día Mundial contra la enfermedad y en el marco de su campaña Todos contra el cáncer.

García ha llamado a los gobiernos, partidos y la sociedad en general a la acción ante el crecimiento de casos, ya que se prevé que de los 280.000 nuevos casos por año que se registraban, se pase a los 330.000.

"Queremos que el 70% de ellas sobrevivan, la supervivencia se sitúa en el 60% en la actualidad", ha subrayado, para incidir en que este objetivo se puede conseguir con medidas de prevención, hábitos saludables, paliar el sedentarismo, apoyo a la investigación y mayor cobertura en la detección precoz, además de acciones como el "refuerzo" de la Ley Antitabaco, una cuestión a la que ha señalado especialmente para este año electoral.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Madrid de la AECC, Jaime Salaverry, ha demandado "más implicación" para llegar a la "solución" de esta enfermedad que, ha recordado, es la segunda causa de muerte en España. "Es necesario hacer algo para alcanzar ese objetivo del 70% de supervivencia para el año 2030... Hoy uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres va a tener cáncer a lo largo de su vida. Son cifras muy serias", ha insistido.

En este sentido, ha apuntado a la prevención, los hábitos de vida saludable y la investigación como "los tres fundamentos para luchar contra esta enfermedad".

Por otro lado, Salva, enfermo de cáncer, y su pareja, Elena, han pedido a la sociedad apoyar la labor de la AECC con donativos y colaboración. Ambos, procedentes de Alcoy (Alicante), se encuentran en Madrid gracias a la ayuda de la asociación mientras llevan a cabo el tratamiento necesario para superar la enfermedad.

Las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas han mostrado este viernes su indignación con la ministra de Defensa, Margarita Robles, por decir que sus salarios no podrán ser aumentados en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La ministra reconoció este jueves en una entrevista en TVE que las retribuciones de los militares no subirán en el próximo ejercicio más allá del 2% aprobado por el Gobierno para todos los funcionarios. "Lo que tenemos que hacer es que estos presupuestos nos ayuden a salir de la crisis porque cuando salgamos será más fácil el incremento", argumentó.

Por su parte, la subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce, responsable de la política de personal, compareció en el Congreso para dar cuenta de los Presupuestos para 2022 y defendió las mejoras retributivas que se aplicaron ya en el año 2021, que sin embargo no cumplen con las expectativas de las asociaciones militares y las califican de "míseras", según informa Europa Press. 

AUME, ATME y ASFASPRO se manifestaron hace una semana frente al Congreso para pedir unos sueldos "dignos" para los miembros de las Fuerzas Armadas, que denuncian que están muy lejos de las nóminas de los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y enviaron cartas a los grupos parlamentarios para que incuyan en los Presupuestos para el próximo año una primera subida de 160 euros para todos los militares.

Esta reivindicación fue trasladada este jueves a los altos cargos del Ministerio por todos los portavoces de la oposición y las asociaciones han manifestado su "indignación" ante la negativa de la ministra y han adelantado que se plantean nuevas iniciativas "de presión".

Además, denuncian que Robles "no quiere" reunirse con ellos y recuerdan que forma parte de un Gobierno que se considera "garante del diálogo social". Acusan al Ministerio de Defensa de "mirar para otro lado" ante sus reivindicaciones y cuestionan su "calidad democrática".

"Nos debe la popularidad"

Los militares lamentan que se recurra a ellos para hacer frente a todas las crisis surgidas durante los últimos meses -pandemia, borrasca o erupción volcánica- pero solo reciban a cambio "aplausos y buenas palabras". "Utiliza a los militares como carne de cañón gratuita y barata, muy mal pagada, para solucionar una tras otra todas las crisis que últimamente se vienen sucediendo", denuncian.

Y avisan de que la buena percepción que los ciudadanos tienen de la ministra Robles, según las encuestas, se debe a la actuación de los militares. "Un personal al que debe la popularidad de las encuestas pero al que se niega a retribuir como se merece", censuran.

El Ministerio del Interior debería tomar cartas en el asunto dado que esto es un fraude de ley (art. 6.4 CC); no se puede exigir a un socio que vive en Estaca de Bares, en el Cabo de Gata, en el de Rosas o en la raya con Portugal, en Huelva, que venga a Madrid a votar en la única urna que permite el voto presencial. No se puede confundir el voto presencial con el voto personal; éste sólo prohíbe la delegación de voto, como es lógico. Procede, pues una aclaración inmediata a todas las asociaciones exigiendo que su siguiente elección admita al menos, el voto por correo y se recomiende, ¿sirven para algo las nuevas tecnologías? la incorporación del voto telemático a los Estatutos como una tercera opción de voto.

A este abuso, que inexplicablemente autoriza el Ministerio del Interior al aceptar esos estatutos, cuando debería actuar inmediatamente como le exige el art. 7.2 CC, se suma la imposibilidad del voto de las personas enfermas, impedidas de trasladarse para el voto presencial y las impedidas en su movilidad por razones traumáticas, o por vejez incapacitante, que se mueven con muletas, bastón, taca-taca, en silla de ruedas autónoma o gobernada por otro. Su capacidad deambulatoria se ve restringida al entorno de su vivienda. No se les puede exigir la servidumbre, excesivamente onerosa en un país con cuatro millones de parados y otros tantos que no llegan a fin de mes, de tener que pagar un taxi para poder ir a votar.

A todo ello se suma el trastorno de la actual situación de pandemia, confinamientos provinciales, municipales y aun por barrios y el temor, en algunos casos, el pánico a salir a la calle. Se ha dado el caso de recientes elecciones en las que los candidatos no han podido ni defender su programa, por estar confinados, y evidentemente, tampoco han podido votar. Eso debería preocupar también al Ministerio de Sanidad

También el Ministerio de Igualdad debería tomar cartas en el asunto; todas estas personas, aunque no legalmente incapacitadas, son minusválidas físicas o atemorizadas.

Este abuso, ilegalmente legalizado en el Ministerio del Interior, está permitiendo que grupos minúsculos, hay elecciones con participación del 5% de los electores se hagan con el poder por lo que deberían dictarse las normas oportunas para impedir que el año 2021 sea el de "la conquista no democrática del poder en Asociaciones, algunas de ellas seculares. Es urgente.

Una inmensa parte de la actividad civil no gubernamental depende de estas asociaciones y sociedades, incluidos colegios profesionales, agrupaciones de empresarios y sindicatos, etc. Las consecuencias pueden ser dramáticas porque pueden permitir el acceso al control de cantidades inmensas de recursos por manos no democráticas. Es necesario que se establezca la imperiosa y urgente modificación de los Estatutos para evitar daños de "difícil o imposible reparación", como por ejemplo, suspender toda votación que no permita el voto por correo o por alguna otra forma no presencial con las suficientes garantías. El Gobierno seguro que tiene elementos jurídicos a su disposición para resolver este problema antes de final de año. Educar en la realidad de la democracia es la mejor forma de lograr vivir en democracia.

Alfonso J. Vázquez Vaamonde es socio de infoLibre

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación de Fiscales (AF) han mostrado este lunes su "sorpresa e indignación" ante las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien este domingo afirmó que la Fiscalía General del Estado "no es el Poder Judicial". Le recuerdan que el Ministerio fiscal en ningún caso tiene dependencia jerárquica del Poder Ejecutivo.

En un comunicado de la UPF, recogido por Europa Press, señalan que les produce "indignación" el desconocimiento de Garzón sobre la autonomía orgánica y funcional de este órgano y subrayan que conforme al artículo 2 del Estatuto orgánico la Fiscalía está integrada con autonomía dentro del Poder Judicial.

"Desde la Unión Progresista de Fiscales exigimos respeto al ejercicio de la función constitucional que tiene asignado el Ministerio fiscal, el cual actúa con autonomía solo sujeto a los principios de legalidad e imparcialidad", resaltan.

Desde la AF exigen tanto a Garzón como al resto de responsables políticos no solo un mejor conocimiento del Ministerio fiscal, sino fundamentalmente de los principios que rigen "su actuación, autonomía e independencia".

En la entrevista que concedió este domingo el nuevo ministro de Consumo a laSexta defendió la propuesta de Dolores Delgado como fiscal general del Estado y aseveró que este órgano "depende jerárquicamente del Ministerio y de la Presidencia del Gobierno", aunque matizó que era autónoma.

Más de 40 asociaciones sociales y religiosas han rechazado la postura migratoria de Vox por "crear una imagen criminalizadora" de los inmigrantes en la Comunidad de Madrid.

Según han informado las asociaciones este viernes, y en el marco de la campaña Salvemos la hospitalidad, otra vez se han mostrado en contra de la intención de Vox de criminalizar a las personas migrantes que viven en Madrid, así como de las organizaciones que trabajan con ellas.De esta forma, han señalado que todos los seres humanos "nacen libres e iguales" y que tiene "el deber de comportarse fraternalmente los unos con los otros", haciendo énfasis en la hospitalidad. Además, han afirmado que acoger a las personas inmigrantes es "un deber ético" y que se está viendo amenazado "gravemente" en la Comunidad si prosperan las propuestas del gobierno integrado por Vox, PP, Ciudadanos.Asimismo, han señalado que se "está en peligro" un valor como la solidaridad difundiendo la idea de que los españoles "tienen que negar todo tipo de apoyo a las personas en situación irregular"Por ello, han pedido a los partidos políticos que "respetan los derechos de las personas" que busquen un acuerdo que proteja de políticas "xenófobas y racistas" promovidas por Vox.la hospitalidad, otra vez

un deber ético

tienen que negar todo tipo de apoyo a las personas en situación irregula

El octavo mandamiento del Catecismo católico dice así: "No dirás falso testimonio ni mentirás". Pero la asociación ultracatólica Hazte Oír no se lo ha aplicado durante los dos últimos meses, ya que lleva desde marzo ocultando en su página web que ha perdido su condición de entidad de utilidad pública y las ventajas fiscales que lleva aparejadas, entre ellas una que afecta directamente a sus donantes: la posibilidad de que estos pidan a Hacienda que les restituya una parte de su donativo. Hasta este mismo lunes, Hazte Oír animaba en su web a realizar aportaciones económicas a sus arcas asegurando que el donante podría desgravarse hasta un 75% de su donación, un privilegio solo disponible para las asociaciones cuando están reconocidas como de utilidad pública, condición de la que la entidad no goza desde el pasado mes de marzo.

Además de en la web de Hazte Oír, también se informaba sobre la posible desgravación de los donativos en el portal de Citizen Go, el grupo al que pertenece Hazte Oír y cuyo patronato está integrado por varios de los dirigentes de esa asociación, entre ellos su presidente, Ignacio Arsuaga. Este lunes, infoLibre se puso en contacto con la entidad para conocer el motivo por el que se ofrecía esa información errónea. Un portavoz oficial lo atribuyó a un descuido: "Efectivamente, desde marzo no somos entidad de utilidad pública. Se nos había pasado quitarlo de la web pero ya lo hemos resuelto", indicó literalmente. Efectivamente, un par de horas después de que este periódico llamase interesándose por el tema, la información engañosa desapareció de las webs donde estaba.

La asociación ultracatólica también explicó a este diario que "los donativos realizados en 2018 sí desgravan al igual que los realizados este año hasta la entrada en vigor de la resolución" que retiraba la condición de utilidad pública a Hazte Oír. "Los ciudadanos que hayan aportado donativos en 2019, después de la resolución, no podrán desgravarse", admite la entidad, salvo si la justicia suspende cautelarmente dicha retirada como solicitó Hazte Oír en su recurso. En dicho escrito, presentado en abril, Hazte Oír denunciaba ser víctima de una "persecución ideológica" por parte del Gobierno por atreverse a "disentir de lo políticamente correcto".

Mensajes contra los menores trans

Fue el pasado 4 de febrero cuando el Ministerio del Interior decidió retirar la declaración de utilidad pública a la polémica organización a causa de la campaña que lanzó en 2017, protagonizada por un autobús rotulado con mensajes contra los menores trans. La resolución apareció publicada en el BOE el 22 de marzo, y Hazte Oír la recurrió a mediados de abril ante un juzgado de lo contencioso-administrativo, pidiendo además la suspensión cautelar de la misma. Al dejar de ser considerada una asociación de utilidad pública, Hazte Oír sufrió un impacto económico, ya que perdió todas las ventajas fiscales aparejadas a esta condición, entre las que se cuentan deducciones en el impuesto de sociedades, la exención del IBI o, precisamente, la posibilidad de que los donantes pudieran desgravarse la mayor parte de sus aportaciones.

Pero, hasta este mismo lunes, toda esta sucesión de hechos se habían ocultado en la web desde donde la entidad anima a los ciudadanos a que les donen dinero. En el apartado "preguntas frecuentes" del portal de Hazte Oír se señalaba expresamente que "el 7 de mayo de 2013, HazteOir.org fue declarada entidad de utilidad pública", una decisión tomada por el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Y, además, se afirmaba que "todos los donativos" se pueden "desgravar en el pago del impuesto correspondiente (IRPF o Impuesto de Sociedades)".

"Si no eres una empresa, y es el primer año que donas, podrás desgravarte un 75% por los primeros 150 euros que nos dones y un 30% por el resto cuando presentes tu declaración. Por ejemplo, si donas 200 euros Hacienda te devolverá 127,5 euros en 2017", ejemplificaba la asociación ultracatólica, que también señalaba que "si eres una empresa y es el primer año que donas, podrás desgravarte el 35% del total de lo donado", y "si es el segundo año o más, podrás desgravarte el 40% de lo donado".

Las dos primeras capturas de la web de Hazte Oír fueron realizadas este lunes por la mañana y en ellas informaba de que era una entidad declarada de utilidad pública, pese a que no es cierto. En la tercera imagen, la información errónea ya figura eliminada, horas después de que 'infoLibre' preguntase por el tema.

El crecimiento de los ingresos de Hazte Oír

La declaración de utilidad pública que perdió recientemente Hazte Oír es un sello que pueden solicitar las asociaciones legalmente constituidas en España y que otorga en Ministerio del Interior si considera que el colectivo en cuestión promueve "el interés general". Se requiere, además, que la entidad desarrolle una actividad "de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo" o "de promoción de la mujer", entre otros asuntos.

Interior decidió retirar en febrero la declaración de utilidad pública a Hazte Oír a causa de la campaña que lanzó en 2017, protagonizada por un autobús rotulado con mensajes contra los menores trans. El Ministerio consideró que esa polémica campaña –un automóvil que portaba el mensaje "Los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Que no te engañen"– fue ofensiva para con el colectivo trans y que, pese a estar amparada por la libertad de expresión, no podría considerarse como una actividad destinada al interés general de la sociedad.

La retirada de este sello a Hazte Oír, además de su evidente impacto simbólico, puede tener un coste económico para la asociación, que ya no podrá beneficiarse de deducciones en el impuesto de sociedades, dejar de pagar el IBI o incentivar las donaciones ofreciendo a los donantes la posibilidad de desgravarse parte de la aportación. De hecho, desde que Fernández Díaz otorgó la declaración de utilidad pública a la entidad ultracatólica en 2013, sus ingresos se dispararon: en 2012, según sus propios datos, Hazte Oír ingresó un total de 1,5 millones de euros, mientras que en 2017 la entidad manejó un presupuesto de 2,45 millones, lo que supone un aumento del 63%.

La propia organización presume de que la mayor parte de sus ingresos –un total de 1,53 millones de euros en 2017– procede de las cuotas de sus socios. Pero la partida de donaciones también supone una importante fracción de ese total de ingresos, y también ha crecido desde que Hazte Oír fue declarada asociación de utilidad pública. En 2012, el último ejercicio en el que no tuvo esta consideración, el total de donativos ascendió a 584.753 euros, mientras que cuatro años después, en 2016 –el año en el que sus simpatizantes fueron más generosos– esa cifra era de 1,1 millones de euros. En 2017, el último año del que hay datos, la cifra se redujo ligeramente hasta los 913.000 euros procedentes de donaciones.

Un grupo de 29 personas pertenecientes al mundo de la cultura y la educación se autoinculparon este martes en Madrid junto a los Jordis, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez –líderes de ANC y Òmnium–, al entender que "el enjuiciamiento de los Jordis encubre la criminalización de la disidencia política". Para ello, leyeron en público un manifiesto a las 13.00 horas en las escaleras de los juzgados de Plaza Castilla de Madrid, y presentarán ante el juez la declaración correspondiente.

Entre los 29 intelectuales que se autoinculparon figuran Pepe Beunza, Ovidio Bustillo y Can Serra; los premios nacionales de literatura, Manuel Rivas y Suso de Toro; los escritores y creadores culturales Santiago Alba Rico, Alfons Cervera, Carlos Fernández-Liria, Belén Gopegui, César Rendueles, Jorge Riechman y Víctor Sampedro; los periodistas Mariá de Delás y Guillem Martínez; los activistas Amparo Grolimund, Montserrat Torruella, Quico Porret e Ignasi Ripoll, entre otros.

Reseñan que tanto el escrito como la movilización a los que hacen referencia forman parte de un "legítimo ejercicio" de sus derechos fundamentales que están recogidos en la Constitución Española, en su artículo 20.1.a, sin que defender aquello implique estar "de acuerdo con los fines políticos de las movilizaciones del 1 de octubre en Cataluña". En su Manifiesto de ciudadanos e insumisos que se auto-inculpan en Madrid con "los Jordis"', aluden a los derechos a la asociación, reunión y manifestación, así como el derecho a la libertad ideológica y de pensamiento, que comprende a su vez el derecho a la libre expresión y difusión de ideas y pensamientos.

En defensa de estos derechos, han propuesto a la Justicia que "si desea depurar responsabilidades penales" tras hacer efectivo el ejercicio de sus derechos fundamentales durante la movilización y la lectura del manifiesto en Plaza de Castilla, "valore la apertura de una causa penal" contra los 29 ciudadanos vinculados a tales propósitos. Si bien apuntan que no suscriben el ideario ni los posicionamientos de los Jordis, comparten así "los hechos y los cargos" a los que se enfrentan "los Jordis" con el fin de visibilizar que la mera presencia de sendos encausados en el juicio del procés expresa la penalización de sus derechos fundamentales.

El manifiesto destaca la creciente limitación del derecho a disentir desde la puesta en marcha de la conocida como ley mordaza, los recortes sociales del "austericidio" o el discurso del rey del 3 de octubre. Asimismo, el texto defiende que lo ocurrido en Cataluña durante el 1-O fue fruto de la desobediencia civil, una respuesta unitaria de los "votantes insumisos" frente a las "leyes injustas".

Aquí tienes el manifiesto íntegro:  

¿Cómo informar sobre el cambio climático? Ante esta pregunta, una veintena de medios de comunicación (entre ellos infoLibre) han firmado un decálogo –impulsado por la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) y el Grupo de Investigación Mediación Dialéctica de la Comunicación Social (MDCS) de la Universidad Complutense– que presenta una serie de recomendaciones básicas para contar este fenómeno: “Con esta propuesta pretendemos romper el actual desequilibrio entre el reto que supone el cambio climático para el conjunto de la humanidad y su escasa presencia en la información diaria que recibe la ciudadanía”.

El debate que ha despertado la creación de esta guía ha surgido de la necesidad de “una mayor presencia de este problema en los medios de comunicación”, conscientes de que “el buen ejercicio periodístico es clave a la hora de generar un debate social de calidad que nos ayude a afrontarlo”, sostiene la fundación Ecodes. Además de infoLibre, RTVE, El País o Atresmedia están entre la lista de medios que se han suscrito.

Entre iniciativas básicas como establecer secciones fijas en la prensa para abordar con mayor frecuencia y diferentes formatos la información de calidad o contar con profesionales especializados en medio ambiente para cumplir con publicaciones de calidad, destacan otras como “defender un periodismo comprometido con la veracidad, alejado de los contenidos pagados por empresas contaminantes que generen greenwashing” –‘lavado de imagen verde’, estrategia que utilizan algunas empresas para aparentar ser más respetuosas con el medioambiente de lo que en realidad son–; así como promover una publicidad coherente con las políticas de responsabilidad social corporativa.

Desde una perspectiva ética y política, hay que “comunicar sobre las dimensiones humanas de los impactos”, explica el documento, que ve necesario propiciar un enfoque de la acción política y social sobre el cambio climático “en la salud, la economía, el acceso al agua”.

Para promover un periodismo crítico, los profesionales que han desarrollado esta serie de medidas orientativas instan a “desvelar el negacionismo en el discurso económico, el políticonegacionismo en el discurso o el publicitario” basándose en los datos científicos que demuestran la gravedad del cambio climático y animan así a renunciar al posible equilibrio informativo frente a la problemática que visibiliza la comunidad científica internacional en sus recientes informes.

Asimismo, entre los puntos de la declaración, se propone divulgar las iniciativas emprendidas por la ciudadanía iniciativas emprendidas por la ciudadaníaasí como los proyectos científicos que se realizan en los centros de investigación españoles, ya sean informes, descubrimientos o resultados: tanto para que haya una explicación clara de los contenidos de estos como para crear un caldo de cultivo favorable al desarrollo y mejora de la labor investigadora. “Es necesario divulgar una serie de conceptos clave para favorecer la comprensión del fenómeno”, señala la guía. Uno de los aspectos clave para que la ciudadanía se comprometa socialmente con el medio ambiente es popularizando, al mismo tiempo, la terminología específica necesaria para entender cuáles son las causas, impactos y soluciones.

“Los medios de comunicación se centran generalmente en las consecuencias, lo que conlleva un carácter catastrofista de la mayor parte de las noticias sobre cambio climático. Sería enriquecedor que se aborden en similar proporción las causas y las soluciones, complementando la alarma con las alternativas existentes”, añade el decálogo.

Para abordar las soluciones que pueden poner en marcha los ciudadanos ante la “inacción política”, conectar el fenómeno del cambio climático con realidades cercanas al individuo impulsaría pequeños cambios mediante la reducción de emisiones de actos cotidianos, “como el uso de forma más sostenibles de transporte o la cesta de la compra”. Los fenómenos meteorológicos serán más extremos y frecuentes, por tanto, desde esta guía se insiste también en conectar la relación causal entre los fenómenos extremos con el cambio climático diario.

Este martes se ha firmado el decálogo en el palacio Kursaal de San Sebastián. El acto ha estado presidido por Iñaki Arriola, consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. Esta presentación se ha realizado en las vísperas de la Conferencia Change the Change, que tiene lugar del 6 al 8 de marzo y abordará la lucha contra el cambio climático.

Malas noticias para las arcas de la asociación ultracatólica Hazte Oír. Este martes, el Ministerio del Interior decidió retirar la declaración de utilidad pública a la polémica organización a causa de la campaña que lanzó en 2017, protagonizada por un autobús rotulado con mensajes contra los menores trans. Y eso, más allá de su impacto simbólico, va a tener importantes consecuencias en las cuentas de Hazte Oír, que por el hecho de ser una asociación de utilidad pública se beneficiaba hasta ahora de grandes ventajas fiscales –deducciones en el impuesto de sociedades, exención del IBI...– que a partir de este martes dejará de disfrutar.

La declaración de utilidad pública es un sello que pueden solicitar las asociaciones legalmente constituidas en España y que otorga en Ministerio del Interior si considera que el colectivo en cuestión promueve "el interés general" y tiene una actividad "de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo" o "de promoción de la mujer", entre otros asuntos. 

Interior ha considerado que la polémica campaña del autobús –que llevaba rotulado el mensaje "Los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Que no te engañen"– fue ofensiva para con el colectivo trans y que, pese a estar amparada por la libertad de expresión, no puede considerarse como una actividad destinada al interés general de la sociedad. Y ese es el motivo, confirma un portavoz del Ministerio, por el cual el departamento liderado por Fernando Grande-Marlaska ha decidido retirar la declaración de utilidad pública a Hazte Oír, que la disfrutaba desde 2013, cuando se la concedió Jorge Fernández Díaz, entonces ministro del Interior.

Esa concesión otorgada en 2013 fue una bendición para las arcas asociación ultracatólica, que ha visto sus ingresos crecer enormemente durante los años en los que ha sido considerada una entidad de utilidad pública. En 2012, según sus propios datos, Hazte Oír ingresó un total de 1,5 millones de euros, mientras que en 2017 la entidad manejó un presupuesto de 2,45 millones, lo que supone un aumento del 63%. La organización se enorgullece públicamente de que no tiene aportaciones públicas: la mayor parte –un total de 1,53 millones de euros– procede de las cuotas de sus socios, mientras que otros 913.000 euros provienen de donaciones.

Pero que Hazte Oír no tenga ingresos públicos no quiere decir que no se haya visto beneficiada por el Estado. En 2012, el último ejercicio en el que la asociación no estaba considerada como de interés público, el total de donativos ascendió a 584.753 euros, mientras que cuatro años después, en 2016 –el año en el que sus simpatizantes fueron más generosos– esa cifra era de 1,1 millones de euros. Y es que, como asociación declarada de interés público, los donantes del colectivo ultracatólico han podido desgravarse hasta este martes la mayor parte de sus aportaciones, lo que, lógicamente, ha podido fomentar las donaciones.

"Si donas 200 euros, Hacienda te devolverá 127,5 euros"

En la propia web abierta por Hazte Oír para recibir donaciones, la asociación explica a las personas que quieran aportar dinero a la entidad que, si residen en España, sus donativos "desgravan un 75% los primeros 150 euros, y a partir de esa cifra el 30% (o 35% en determinados supuestos)". "Por ejemplo, si donas 200 euros, Hacienda te devolverá 127,5 euros", informa la propia asociación en su página web, que apunta, además, que quienes les donen dinero por segundo año consecutivo pueden desgravarse "un 75% por los primeros 150 euros" y "un 35% por el resto".

Efectivamente, así lo marca la ley que regula el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, que deja claro que los contribuyentes tienen derecho a deducirse en su declaración de la renta este porcentaje de sus donaciones a las entidades consideradas de utilidad pública, como hasta este martes era Hazte Oír. Aunque no solo las personas físicas han tenido ventajas fiscales a la hora de dar dinero a la asociación ultracatólica: si la que donaba era una empresa, ésta ha tenido derecho hasta ahora a deducirse el 35% del total de lo aportado a la hora de liquidar el impuesto de sociedades. Y "si es el segundo año, o más" en el que lo hacía, podía desgravarse "el 40% de lo donado", ofertaba la propia Hazte Oír.

La norma también establece que las entidades sin fines lucrativos, entre las que se cuentan las asociaciones declaradas de utilidad pública, están exentas de pagar a los ayuntamientos el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de sus propiedades inmobiliarias, así como el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. De igual manera, Hazte Oír tampoco tenía que pagar hasta este martes impuesto de sociedades por los beneficios derivados de las donaciones de terceros y las cuotas de sus propios socios, y asimismo estaba exenta de pagar este tributo por las rentas derivadas "de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier título, de bienes o derechos". Y, además, la asociación pagaba únicamente un tipo del 10% en concepto de impuesto de sociedades por "las rentas derivadas de explotaciones económicas no exentas".

Una retirada poco frecuente

Es infrecuente que el Ministerio del Interior retire la declaración de utilidad pública a una asociación, aunque ha ocurrido otras veces. En mayo de 2016, por ejemplo, Interior –aun controlado por el PP– se la retiró a la Federación de Planificación Familiar Estatal sólo 25 días después de concedérsela y tras un recurso de la Asociación de Abogados Cristianos, otro colectivo ultracatólico que acusó a la citada entidad de "promover el aborto" y de financiación irregular.  No obstante, Hazte Oír ha mantenido la declaración hasta este martes, pese a que también defiende un posicionamiento ideológico sobre el aborto: sus propios estatutos establecen como uno de sus fines la "defensa y promoción de la dignidad de la persona, la familia y el valor de la vida humana".

Pese a que la campaña del autobús ha sido la más polémica, la entidad ha protagonizado en los últimos años varias acciones muy controvertidas. Hazte Oír se ha posicionado contra la investigación con células embrionarias con fines terapéuticos, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley de educación de Cataluña, la práctica del nudismo en las playas, la asignatura de Educación para la Ciudadanía y el aumento de la financiación pública a los partidos políticos, entre otras causas. También ha apoyado protestas de otras plataformas contra el límite de 110 kilómetros por hora en las autopistas o el canon digital, y movilizaciones en favor de la unidad de España. En 2010 expresó su "respaldo" a los monjes del Valle de los Caídos y exigió al Gobierno de Zapatero que no los "acosara".

Las asociaciones de jueces y fiscales ven "insuficientes" los 1.869 millones de euros que se destinarán para Justicia, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que se han presentado este lunes en Congreso de los Diputados. Según han explicado sus portavoces a Europa Press, estas partidas demuestran que el Poder Judicial no es de "ningún interés" para el Ejecutivo.

Según la documentación entregada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el importe destinado al departamento que dirige Dolores Delgado recibirá un 5% más que en 2018. De este importe, 1.463 millones de euros, es decir el 78,3% del total del presupuesto, servirán para financiar los "gastos de personal" integrantes de la política de Justicia.

Asimismo, el Gobierno prevé este año convocar con estos presupuestos 100 plazas para ingreso en las carreras judicial y fiscal.

Aún así, las asociaciones consideran que esta cantidad de dinero es "insuficiente" para hacer frente a las "necesidades que tiene la Administración de justicia", tal y como ha dicho el presidente de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) en declaraciones a Europa Press.

"No es una mejora"

"Ha subido (el presupuesto), pero no es una mejora", sino que se mantiene "en la misma línea" que las anteriores cuentas, ha afirmado la portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Natalia Velilla, que ha hecho hincapié en que la creación al número de plazas es inferior al prometido. Según ha recordado Velilla, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, aseguró que se mantendría la convocatoria 300 plazas para jueces y fiscales, cifra que estimó el anterior Gobierno, el de Mariano Rajoy.

En el mismo sentido se ha manifestado la presidenta de Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, que ha afirmado sentirse "indignada" con los medios económicos que se destinarán a Justicia –a falta de ser aprobados por las cámaras parlamentarias–. Ha explicado que los presupuestos para el 2019 no podrán afrontar toda la creación de unidades judiciales necesarias para toda la demanda existente, mientras la carga de trabajo es "mayor".

Es una "subida absurda para los grandes cambios que necesita la Administración de Justicia", ha destacado Rodríguez, al tiempo que ha señalado que tampoco se han fijado mejoras retributivas, pese a todas las reuniones que han mantenido las asociaciones con Justicia.

Nuevas movilizaciones

De hecho, algunos representantes de las asociaciones de jueces y fiscales han lamentado que ahora entienden por qué el pasado jueves, en el último encuentro con el Ministerio, al que no pudo asistir Delgado por motivos de salud, se evitó adelantar datos sobre los presupuestos que un día después aprobó el Consejo de Ministros.

"Parece que no somos de interés, ni lo tienen en mejorar las condiciones", ya que "se pone de manifiesto la escasa relevancia que se da al Poder Judicial", ha concluido la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus.

"La decepción es máxima", ha indicado el portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APFI), Miguel Pallarés, que también ha apuntado a que no hay "nada de nada" relacionado con una de las principales reivindicaciones de jueces y fiscales: el incremento salarial.

Así las cosas, las asociaciones han coincidido en la necesidad de fijar nuevas medidas de movilización por la "decepción" con el equipo ministerial de Delgado, tal y como anunciaron en un comunicado tras la última reunión.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado la realización de un estudio sobre las asociaciones, incluida Hazte Oír, con el objetivo de comprobar si cumplen o no con los principios que se exigen para la concesión de utilidad pública, informa Europa Press.

Fuentes del departamento han precisado que Interior quiere empezar a hacer una valoración sobre la utilidad pública "en general" de todas las asociaciones, a pesar de que este es un proceso "que normalmente se hace a final de año".

A través del twitter oficial, el Ministerio ha informado de la decisión de Grande-Marlaska de abrir un expediente para "ver si persiste la utilidad pública de Hazte Oír", que inició entre los meses de marzo y junio de 2017 una campaña que, según la organización, mostraba su rechazo al "adoctrinamiento sexual" de los menores en los centros escolares. En el marco de la iniciativa, recorrieron diversas ciudades de España con un autobús bajo el lema 'Los niños tienen pene, la niñas tienen vulva. Que no te engañen'.

Tras la polémica surgida, el Congreso aprobó una iniciativa para reclamar al Gobierno de Mariano Rajoy que incoase el procedimiento y los trámites necesarios para la revocación de la declaración de utilidad pública a Hazte Oír, alegando que sus actuaciones "promueven el odio, la intolerancia y discriminación de las personas LGTBI".

A petición de Unidos Podemos y Esquerra Republicana (ERC), el entonces ministro del Interior Juan Ignacio Zoido tuvo que dar explicaciones ante la Comisión del ramo en el Congreso sobre la situación de Hazte Oír. En aquella ocasión, aseguró que no podía revocar la categoría de utilidad pública a la asociación y debía esperar a que haya una resolución judicial que acredite que la organización ha incumplido la ley.

Desde el propio grupo parlamentario socialista se han promovido iniciativas para la modificación del reglamento y los criterios para la concesión de utilidad pública a las organización, y varios diputados han expresado su rechazo a Hazte Oír.

Esta asociación fue considerada de utilidad pública en el año 2013, cuando estaba al frente de Interior Jorge Fernández Díaz. Al obtener este rango, las asociaciones cuentan con ventajas de tipo fiscal o disfrutar de asistencia jurídica gratuita.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal ha absuelto a seis integrantes del colectivo Straight Edge Madrid. El principal acusado, Juan Manuel B.V, alias Nahuel, pasó más de un año en prisión provisional; y los integrantes del grupo se enfrentaban a dos años de cárcel cada uno por delito de enaltecimiento del terrorismo, al entender que con la difusión de sus contenidos no se generó ningún riesgo de comisión de ataque terrorista, "siquiera en abstracto", informa Europa Press.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Jesús Eduardo Gutiérrez, considera probado que los acusados crearon desde abril de 2013 y conforme un reparto de tareas, una serie de perfiles en las redes sociales utilizando la marca de este movimiento, nacido en la década de los años setenta en Estados Unidos y que aboga por el autocontrol como único modo de ser libres, el rechazo a la droga, tabaco o alcohol y la promiscuidad sexual o defensa del veganismo.

Bajo esta denominación, los seis jóvenes publicaron una serie de mensajes por Internet y realizaron eventos informativos con el fin de difundir sus ideas críticas contra el Estado y las instituciones sociales. Entre los mensajes emitidos destacan tales como: "Frente a la traición y la represión, rebelión como única opción", "Contra el fascismo armado, Straight Edge organizado", "La resistencia no es violencia, es autodefensa" o "Fuego y muerte al Estado y que viva la anarquía".

La Sala analiza la prueba practicada en el juicio y da veracidad a las declaraciones que prestaron los testigos durante la vista oral del pasado mes de junio en el sentido de que los seis integrantes de este movimiento demostraron un "inconformismo" con el sistema económico y financiero sin que se haya podido acreditar suficientemente una participación concreta en un hecho violento con caracteres delictivos.

Una vez examinadas las publicaciones, los jueces consideran que de todo ello se advierte la existencia de una serie de comentarios y afirmaciones en el sentido de mostrar una posición de rebeldía, pero "en modo alguno un ataque directo o indirecto al Estado y sus instituciones".

Los ahora absueltos, que solo respondieron a las preguntas de sus letrados, negaron que buscaran instar a la violencia con sus publicaciones. Nahuel reconoció ser el autor del vídeo Bajo la capucha, realizado a finales de enero de 2014 como una tarea de clase. En cuanto a esta última prueba, los magistrados de la Sección Primera concluyen que no se puede presuponer que se elaborara para influir en la sociedad y tampoco pueden acreditarlo puesto que no consta "en modo alguno" el número de visitas que pudo tener esta publicación.

Más de 2.000 jueces y de 650 fiscales de toda España han secundado este jueves el segundo paro de una hora convocado por las asociaciones de jueces y fiscales para reivindicar una mejora de sus condiciones laborales, informan portavoces de algunas de éstas a Europa Press.

Para continuar dando visibilidad a estas exigencias, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han convocado para este jueves una concentración ante las puertas del Ministerio de Justicia, a partir de las 13.00 horas.

Según han adelantado los representantes de los jueces y fiscales hasta el momento se conoce que más de 2.000 miembros de la judicatura y más de 650 de la carrera fiscal han parado este mediodía durante una hora, manteniendo servicios mínimos. Estas cifras —de las que aún sigue el recuento oficial— son similares a las del primer día de protesta, que tuvo lugar, el pasado 26 de abril.

Dimisión del ministro

Además, algunos de los jueces y fiscales que han dejado de trabajar de 12.00 horas a 13.00 horas y han salido a las puertas de juzgados de toda España han portado carteles que recogen algunas de estas reclamaciones, que se mezclaban con otros que pedían la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

"Mayor autonomía del Ministerio Fiscal", "cargas de trabajo saludables" o "12 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elegidos por nosotros/as", fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en los papeles que han sujetado. Los paros se repetirán los días 10 y 17 de mayo y habrá una jornada de huelga el día 22 del mismo mes.

Las asociaciones judiciales reclaman el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial.

Por su parte, las asociaciones de fiscales piden, entre otras medidas, la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.

El diputado regional asturiano de Podemos Andrés Fernández Vilanova y el concejal de Somos (marca local de Podemos) en Oviedo Rubén Rosón, han declarado este martes en la sala del TSJA durante el juicio por la usurpación del edificio conocido como La Madreña y han asegurado que ellos eran dos asistentes más al centro, como otras muchas personas, pero no ocuparon el edificio.

Fernández Vilanova ha sido el primero en declarar y tras preguntar al presidente de la Sala si podía hacerlo ha utilizado el asturiano en parte de su declaración. Ha manifestado que él no participó en la ocupación de La Madreña, pero si fue en varias ocasiones desde un mes después de la creación del Centro. Así ha indicado que era una más de las personas que pasaban por el centro y participaban en las actividades y ha indicado que el día del desalojo "estaba en el centro porque pasó la noche estudiando allí".

"Yo lo que conocía era por los medios de comunicación. Participaba en las actividades pero desconocía los detalles del procedimiento que llevaba a cabo el titular del edificio, lo que conocía era por los medios", ha indicado Fernández Vilanova, que ha manifestado que no tenía llave del edificio, ni sabe quien las tenía porque no le consta que se cerrase con llave ya que siempre que accedía las puertas estaban abiertas.

El diputado ha negado que él colocase cartel alguno en La Madreña y ha explicado que participó en actividades como ordenando juguetes o ropa o asistiendo a conciertos. "Nadie de las personas que acudía a La Madreña se escondía, ni yo ni ninguno", ha dicho.

También ha relatado que hubo días que, dependiendo del asunto que se abordase en los talleres y actividades, el centro se abarrotaba de gente y no le consta que ningún representante de la administración se presentase a decir que allí no se podían desarrollar actividades ni les impidió entrar al mismo.

Respecto al día del desalojo del edificio ha indicado que llegó por la tarde al mismo y de madrugada "estaba estudiando en su interior y no dormía". "La Madreña no se utilizaba para pernoctar, nadie quedaba allí a dormir", ha dicho Fernández Vilanova, que ha explicado que trataron de recoger el máximo número de objetos posibles para que no fuesen desechados, pero únicamente era suya una bicicleta.

En la misma línea el concejal Rubén Rosón también ha negado haber ocupado el edificio y ha indicado que no había un colectivo concreto sino que eran muchas las personas o grupos que participaban y organizaban las numerosas actividades. Así ha indicado que "cientos de personas pasaron por La Madreña al igual que él", motivo por el que "yo no entendía por qué se le llamaba a declarar".

"No había un espacio de toma de decisiones, había muchos espacios donde se desarrollaban talleres y demás", ha explicado Rosón, que ha insistido que eran los participantes en las actividades quienes resolvían las incidencias que se pudiesen dar.

Rosón también ha explicado que cuando se acercaba a La Madreña siempre estaba abierta con tres entradas diferentes desde la calle y sólo recuerda que el estado del edificio era de abandono con incluso expedientes administrativos y sanitarios y material médico en estado de abandono. Ha dicho que, al igual que su compañero, conoció la denuncia de la propiedad cuando le llegó a su casa.

También ha insistido en que "nunca conoció ninguna llave, ni candado" y en que "nadie pernoctaba allí porque no se podía dormir allí" y ha asegurado que nunca nadie les advirtió del desalojo ni la Policía entró al local para interrumpir acto alguno.

Asistencia de la concejal de servicios sociales

Ha indicado que recuerda que por ejemplo la entonces concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, Belén Fernández Acevedo, participó en actividades. "Recuerdo como dio la enhorabuena a todos los que hacían posible aquellas actividades", ha dicho Rosón.

El resto de los acusados ha declarado en la misma línea, asegurando que participaron, algunos en más casos otros en menos, en las diferentes actividades que se organizaban en el edificio, pero todos han negado que ocupasen el mismo.

El fiscal pide multas para los diez acusados

Vilanova y Rosón son dos de los diez acusados por un delito de usurpación del inmueble conocido como La Madreña, antigua Consejería de Sanidad, para los que el fiscal pide multas para cada uno de los acusados de 1.440 euros.

Fue en noviembre de 2011 cuando un grupo de personas, vinculadas a movimientos de los indignados, decidieron instalarse en la antigua sede de la Consejería de Salud del Principado de Asturias, ubicada en la calle General Elorza y que estaba vacía. Desde el principio, fueron bien recibidos por el vecindario, al revitalizar el inmueble y generar distintas acciones culturales, educativas y solidarias.

No obstante, la constructora Sedes, propietaria del inmueble y que está participada por el Gobierno del Principado, llevó a los tribunales la situación. Los activistas fueron desalojados en el año 2014. Luego, el edificio fue derruido y se está construyendo otro en el mismo lugar.

El delito que se les imputa a los diez acusados se refiere a la ocupación sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituya morada, o se mantuviere en el contra la voluntad de su titular.

Apoyo a los acusados

Los acusados han sido arropados por decenas de personas en su llegada al juicio, parte de los cuales han entrado a la sala de vistas. Así, entre otros han estado apoyando a los acusados la vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, el secretario de organización de Podemos, Daniel Ripa y varios diputados de la formación morada.