El Gobierno quiere que los fabricantes de toallitas húmedas de un solo uso y de globos asuman los costes de limpieza de los vertidos de estos residuos, incluidos los que las toallitas producen en infraestructuras de saneamiento y depuración, ya que pueden provocar obstrucciones en el alcantarillado, según informa EFE.

Esta obligación se recoge en el borrador del Real Decreto por el que se regula la gestión de los residuos de las toallitas húmedas y de los globos, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y que se encuentra abierto a consulta pública hasta el 27 de junio.

El documento, que se aplica a las toallitas húmedas de un solo uso y a los globos que contengan plástico y sean de un solo uso introducidos en el mercado, busca "prevenir y minimizar" los impactos ocasionados por este tipo de residuos, "en particular aquellos que resultan de su pérdida, abandono o eliminación inadecuada".

El Miteco alerta de que, al no desintegrarse completamente, las toallitas obstruyen el sistema de alcantarillado, lo que aumenta el riesgo de desbordamientos, especialmente durante episodios de lluvias intensas, mientras que los globos contaminan las playas y ocasionan graves perjuicios a la fauna marina.

La principal novedad es que serán los fabricantes de toallitas y globos quienes tendrán que asumir la financiación de la gestión de los residuos, de acuerdo al principio de "quien contamina, paga".

Esto incluye los costes de la limpieza de los vertidos de basura dispersa generada por las toallitas húmedas o globos, incluida la de infraestructuras de saneamiento y depuración, y de su posterior transporte y tratamiento; de medidas de concienciación sobre estos productos, y de los análisis económicos o técnicos sobre prevención, valorización e impactos en el medio ambiente.

El decreto establece que, "para minimizar los costes administrativos" se podrán fijar cantidades fijas plurianuales "adecuadas".

Además, los costes se establecerán en función de cada tipología de toallitas y globos, para promover decisiones de diseño con menor impacto ambiental.

De hecho, los productores con una cuota de mercado anual superior al 2,5 % deberán elaborar y aplicar planes empresariales de prevención y ecodiseño, para reducir el contenido en plástico en dichos productos y su abandono como basura dispersa.

El documento prohíbe expresamente el desecho de toallitas húmedas a través del inodoro y la liberación "intencionada" de globos al medio ambiente.

Quedan fuera de esta legislación las toallitas húmedas de uso industrial o profesional -como las médicas o sanitarias- y los globos para usos y aplicaciones industriales o profesionales que no se distribuyen a los consumidores, como globos de aire caliente o meteorológicos.

La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) calcula que la presencia de toallitas en las infraestructuras de saneamiento y depuración incrementa los costes entre un 10 % y un 15 %, con un sobrecoste anual estimado de aproximadamente 230 millones de euros.

Esto se traduce en un aumento del coste de entre 4 y 6 euros por persona al año, lo que implica que la carga económica "recae de manera significativa sobre los consumidores, e incluso aquellos que no son consumidores directos de dichos productos, en lugar de ser asumida por los propios productores", según recoge la memoria del análisis de impacto normativo del proyecto.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto de la multinacional portuguesa Altri de construir una fábrica de celulosa y fibras textiles en el municipio lucense de Palas de Rei (Lugo), según informa EFE. Esta luz verde llega a pesar de la oposición de ecologistas, vecinos y comerciantes que llevan manifestándose durante el último año porque consideran un error la instalación de una "industria contaminante" en la zona ya que consideraban "increíble" que se quieran instalar "proyectos que buscan dañar la naturaleza".

La Xunta, por su parte, indica que esta declaración de impacto ambiental no exime al promotor del deber de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que sean legalmente exigibles para la ejecución y/o funcionamiento del proyecto.

El permiso se ha otorgado bajo una serie de condicionantes que obligan a la instalación a emplear tecnologías avanzadas para la gestión del agua, con un sistema de captación que garantiza un caudal máximo de 46.000 m³ diarios extraídos del embalse de Portodemouros.

En concreto, la obra de toma consistirá en una estructura flotante sobre la cual se instalarán las motobombas que eleven el caudal del embalse de Portodemouros hasta la estación de bombeo que se localiza en tierra firme.

Apunta la declaración que la captación y vertido recorre los términos municipales de Palas de Rei (Lugo), Santiso (A Coruña) y Agolada (Pontevedra). Asimismo, se exige la implantación de estaciones de tratamiento para las aguas residuales generadas tanto durante la fase de construcción como en la de explotación.

En concreto, la resolución indica que las aguas residuales generadas en el proceso productivo durante la explotación de la planta, se tratarán en una estación de tratamiento de aguas residuales industriales (ETARI) con un caudal de vertido de 30.000 m3/día. Las aguas residuales sanitarias durante la explotación se tratarán en una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) compacta y modular, con una capacidad de 50 m3/día.

De forma de paralela, Greenfiber, sociedad participada mayoritariamente por la portuguesa Altri y minoritariamente por la española Smarttia, ya inició los trámites con el Ministerio de Industria para obtener una ayuda directa de 250 millones de euros destinada a la construcción de la fábrica de pasta de celulosa y lyocell en Palas de Rei.

Zensaku Yoshida, con sus brazos enrojecidos, sumerge la masa de caciocavallo una y otra vez en el agua hirviendo y sin guantes. Mira con complicidad a su hijo Genya, de 40 años, que trabaja a su lado. Esta mañana, después de elaborar este queso italiano, harán ricotta y camembert con la leche de sus ochenta vacas pardas suizas. En Japón, la granja Yoshida es toda una institución: esta pequeña empresa familiar reserva su producción para las mejores mesas del país. 

Desde Italia a Bután, pasando por Marruecos y Turquía, Zensaku Yoshida, de 69 años, ha recorrido medio mundo para aprender los métodos tradicionales: comparte su excepcional saber hacer no sólo en el plato, sino también en sus libros. 

En Kibichūō, en la prefectura de Okayama, donde vive desde hace cuarenta años con su esposa Chifumi, pero también con sus hijos y nietos, Zensaku ha construido una casa de campo, a pocos kilómetros de su granja, alimentada por energía fotovoltaica: en el jardín adyacente, té, unas cuantas vides y un enorme horno de pan que importó de Europa. Curioso e insaciable de conocimientos, “le encantaría aprender a hacer pan a la antigua usanza”, dice con una sonrisa picarona.

Pero en octubre de 2023, Zensaku Yoshida habló por razones distintas a su trabajo como artesano. Una noche de octubre, su familia, al igual que el millar de habitantes de la localidad de Kibichūō (12.000 habitantes), le dijeron que dejara de beber agua del grifo. “Recibimos una llamada telefónica, y no entendíamos nada”, explica Zensaku. Se distribuyó agua embotellada a toda prisa y, en una reunión de crisis celebrada al día siguiente, los vecinos se enteraron de que los análisis mostraban la presencia de PFAS en el agua de la traída, una familia de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, también conocidas como “contaminantes eternos” por su naturaleza indestructible, en niveles de 1.400 nanogramos por litro (ng/l). 

A modo de comparación, una directiva europea de 2020 fija los niveles máximos que deben respetarse en el agua potable en 0,50 microgramos por litro (μg/l) para el total de PFAS, es decir, 500 nanogramos; ó 0,10 μg/l, es decir, 100 nanogramos, para la suma de los veinte PFAS considerados más preocupantes. 

Cerca de la presa vecina se realizaron en noviembre de 2023 otras mediciones, llegando hasta 14.000 ng/l. El origen de la contaminación no es ningún misterio: se debe al almacenamiento por parte de una empresa local de seiscientas bolsas que con carbón activado en las inmediaciones de la depuradora que suministra agua a la población. Los asombrados vecinos se enteraron de que las bolsas llevaban allí desde 2008.

Enojados, quieren saber desde cuándo está contaminada el agua, por qué no se les avisó antes y cuáles son las consecuencias para su salud y sus explotaciones agrícolas. Se enteran de que, entre 2020 y 2022, se observaron niveles regulares de PFAS, de 800 a 1.000 ng/l, en los análisis del agua de la localidad, sin que se tomara ninguna medida. 

Por razones que siguen sin estar claras, el departamento de aguas de la ciudad no había medido los niveles de PFAS durante tres años. En 2020, los datos incluso se notificaron incorrectamente, indicando un nivel de 1 ng/l de agua en lugar de 1.200 ng/l. En una rueda de prensa celebrada en marzo, el alcalde de Kibichūō, Masanori Yamamoto, reconoció que se había tomado una decisión «inadecuada», afirmando que «el personal no tenía la experiencia ni los conocimientos» para responder con prontitud al problema de esos contaminantes eternos. 

La situación se aceleró a finales del año pasado porque Japón emprendió un inventario de PFAS en treinta y ocho de sus cuarenta y siete prefecturas. Un estudio puso de relieve las regiones donde se han superado los 50 ng/litro de agua (sulfonatos de perfluorooctano o PFOS y ácidos perfluooctanoico o PFOA), el umbral de tolerancia recomendado por el ministerio de Sanidad desde 2020. Kibichūō ostenta el triste récord de contaminación de todo el archipiélago. 

Para Zensaku Yoshida, que siempre ha apostado por una gestión ecorresponsable, este asunto le ha supuesto un mazazo: “He pasado una mala racha, he pensado en dejar mi negocio.” Junto con otros veintisiete residentes, se hizo un análisis de sangre, y los resultados le asustaron. «Mi nivel de PFAS (principalmente PFOA) era de 250 ng/ml. El de mi mujer era de 380 ng/ml. Ahora el sistema de distribución de agua del pueblo ya ha sido modificado, pero Zensaku no se da por vencido. Han pasado seis meses desde que se hicieron los análisis y “todavía no tienen seguimiento médico: las autoridades dicen que hay que esperar entre tres y cinco años para que los PFAS se eliminen por sí solos del organismo”. 

Pero expertos como el profesor Koji Harada, de la Universidad de Kioto, confirman que estas sustancias, ingeridas durante un largo periodo, pueden aumentar el riesgo de cáncer, cardiopatías y abortos. El tormento de Zensaku llegó a la obsesión: ¿y si los PFAS hubieran llegado a los quesos que vende en todo el país? “He hecho analizar a mis ochenta vacas. Están bien, pero ¡qué susto!”

 En Japón, la contaminación por PFAS no es nada nuevo: desde los años 80 está presente en las inmediaciones de las bases militares, principalmente americanas, “donde se detectan miles de ng/litro desde hace décadas”, afirma Takeshi Miyamoto, diputado del Partido Comunista que ha llevado el problema a la Dieta. Desde esas bases, “las sustancias se esparcen a través de los extintores, en forma de espuma”, explicó el periodista Takenori Ueda en una conferencia celebrada a finales de febrero. 

Japón prohibió en 2018 la fabricación e importación de sustancias PFOS, comúnmente utilizadas en extintores de espuma, seguidas de PFOA en 2021: en 2023 se añadió a la lista de sustancias prohibidas el ácido perfluorohexano sulfónico, PFHxS. Pero cerca de las bases americanas de Okinawa y Tachikawa, al oeste de Tokio, las redes de agua potable registran niveles de PFAS dos veces superiores al umbral tolerado. “En Tachikawa, los ciudadanos tienen una media de 120 ng/ml en sangre, menos que en Kibichūō (171 ng/ml) pero sigue siendo muy alto”, observa Takenori Ueda. 

Las bases militares también preocupan a industriales como el fabricante de aire acondicionado Daikin, con sede en Osaka, donde las mediciones de PFOA en un pozo de la localidad de Settsu llegaron a 440 veces la cantidad tolerada, informa el periódico del Partido Comunista Japonés, que hace referencia a un estudio reciente realizado por la prefectura de Osaka. 

"En Japón han aumentado las cantidades de PFAS desde hace unos quince años", afirma Takeshi Miyamoto. “Ahora se encuentra en los ríos, en las montañas, en pueblos como Kibichūō, muy lejos de las bases militares y los polígonos industriales." En un momento en que Europa está pensando en prohibir los PFAS, en Japón no se plantea la cuestión. "Toca el delicado tema de las consecuencias de la presencia de bases americanas en el territorio, según me explica un amigo mío, jubilado del ministerio de Sanidad", dice Zansaku. "Por eso puede que se tarde algún tiempo en prohibirlas por completo."

 Cuando Junko Abe, de 42 años, se mudó a Kibichūō con su marido y su hijo, se sintió atraída por el apacible estilo de vida de la región, "los campos de arroz, la oportunidad de cultivar verduras, el entorno para su hijo", entonces recién nacido. La pareja es diseñadora de moda y su marca Emiowasu confecciona ropa con el mismo enfoque ecológico que los Yoshida. El traslado a Kibichūō también estuvo motivado por el deseo de ampliar la familia. "Tenía 30 años cuando llegamos a Kibichūō, queríamos una familia numerosa". 

Pero Junko tuvo dos abortos espontáneos en los años siguientes a su llegada a Kibichūō. Después no se quedaba embarazada. Desde octubre, no ha podido dejar de pensar que "existe la posibilidad de que sea el agua". Sus amigas también han intentado quedarse embarazadas sin conseguirlo". También se ha dado cuenta de que los animales de la casa han dejado de tener crías. "Acogimos a una cabra: tuvo crías y luego, ya con 3 años, nada. ¿Por qué?". En su jardín hay un arroyo del que su perra bebe todos los días. "Sus cachorros murieron poco después de nacer."

Junko leyó en Internet todo lo que pudo sobre los PFAS y compró filtros para sus grifos. Se hizo un análisis de sangre y descubrió con pavor que su sangre contenía 130 ng/ml. "y 100 ng/ml mi hijo, que ahora tiene 12 años". Estaba preocupada y quería llamar la atención sobre la situación, pero a nivel local, el grupo de vecinos que quería actuar se topó con otro tipo de resistencia: la de quienes temían que su pueblo fuera etiquetado como "pueblo PFAS". 

"Esa es la mentalidad que hay en el campo japonés", explica. "Las generaciones más jóvenes piensan de otro modo, pero las mayores creen que no deben quejarse." Otro temor, sin duda, es el de la discriminación. En Japón, todo el mundo sabe lo que ocurrió con las víctimas de las bomba atómicas o de la contaminación industrial, y con las personas evacuadas tras el accidente nuclear de Fukushima. Tratadas a veces como contagiosas, sus vidas dieron un vuelco. 

"Estoy muy enfadado", dice Hiroshi Ogura, otro de los vecinos de Zensaku y Junko. "El pasado octubre fue la primera vez que oía esa palabra: PFAS." Este agricultor de 71 años cultiva arroz y verduras: vive bajo el mismo techo con su mujer, su hijo, su nuera y sus dos nietos. Tras un análisis de sangre, su nivel resultó ser de 256 ng/ml. "Me quedé de piedra, sobre todo por los pequeños", que tenían niveles superiores a 100 ng/ml, dice el hombre en voz baja. 

Lo que perturba a este nativo de Kibichūō es saber que las bolsas estuvieron almacenadas durante tanto tiempo antes de que se descubriera la contaminación. "La empresas e industrias tienen que reconocer sus responsabilidades". Añade que, a nivel nacional, "no deben tolerar más de 50 ng/l, y pedir una prohibición total". Los residentes de Kibichūō, asesorados por expertos, van a presentar una denuncia contra Man-ei Kogyo, la empresa responsable de las bolsas. "También vamos a exigir un seguimiento médico completo: los análisis de sangre no son suficientes y no vamos a quedarnos esperando", explica Zensaku. El artesano se pone serio: "Comienza una larga batalla". 

Hasta 2016 no se hizo oficial en Okinawa la relación entre las bases militares y la contaminación por PFAS. Un informe de ese año de la base militar americana de Futenma confirmó registros de PFAS de hasta 28.000 ng/l en zonas de entrenamiento contra incendios. Al igual que en Kibichūō, "los residentes de Ginowan que bebían agua del grifo fueron los más afectados", explica Isao Tobaru, un concejal de la localidad próxima a Futenma. "Fue la planta depuradora de Chatan, que da servicio a siete municipios, la que acabó contaminada", añade. Ginowan y Chatan se encuentran entre dos bases americanas: Futenma y Kadena. 

En 2019, análisis de sangre realizados a 400 residentes revelaron un nivel de PFOS en sangre cuatro veces superior a la media nacional (13,9 ng/ml en Ginowan frente a 3,5), así como un nivel de PFHxS de 16,3 ng/ml (la media nacional es de 0,3 ng/ml).

En abril, Masami Kawamura, investigadora y responsable de la web The Informed-Public Project, dio a conocer un mapa de puntos de contaminación por PFAS en la isla principal de Okinawa. Lo que tienen en común es que todos proceden de bases militares americanas y japonesas, y ninguna se ha librado. Según la investigadora, Okinawa tiene otro problema: "Nuestros recursos hídricos son limitados: ¿qué vamos a hacer si todos nuestros ríos están contaminados?" Y añade: "Si el gobierno americano decide prohibir los PFAS en su territorio, ¿no tiene también la responsabilidad de hacerlo en sus bases en el extranjero?".

 Traducción de Miguel López

Ecologistas en Acción ha alertado de que numerosas estaciones de depuración de aguas residuales vierten por encima de los límites permitidos de depuración y exige a las administraciones que cumplan la normativa de aguas y ofrezcan información detallada y transparente a los ciudadanos, según informa Europa Press.

Con motivo del Día Mundial del Agua, que se celebra este lunes, la ONG ha publicado el informe 'Saneamiento y depuración en el litoral del Estado Español. Análisis del año 2019', en el que analiza 288 estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) del litoral y del dominio público marítimo terrestre, de las que concluye que 144 presentan insuficiencias e incumplimiento en el tratamiento de las aguas residuales o en la cantidad de muestras anuales analizadas.

De ellas, asegura que 51 EDAR incumple en alguno de los parámetros analizados indicativos de contaminación, o muestran insuficiencias en el saneamiento de las aguas tratadas, y 93 EDAR presentan los datos incompletos o insuficientes.

Por ello, exige que se cumplan los requisitos de tratamiento de aguas y que se ofrezca información sencilla y accesible a la ciudadanía, sobre los tratamientos físicos, químicos y biológicos para depurar el agua y cómo se devuelve al medio receptor cumpliendo los límites establecidos en la autorización de vertidos y los objetivos de calidad fijados en la normativa vigente.

El documento analiza 288 EDAR de las 394 que existen para municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes en el litoral y en el dominio público marítimo terrestre en 2019.

En concreto, Ecologistas destaca que también se deben tener en cuenta las autorizaciones de vertidos, que deben ir dirigidas a conseguir los objetivos medioambientales establecidos. Pero de las 288 EDAR analizadas, la mitad de ellas, 144 no han presentado "ningún tipo de insuficiencia ni incumplimiento, ni en los parámetros analizados ni en los datos facilitados".

De las 144 restantes, concluye que el 12,5% (36) incumplen uno, dos o tres parámetros característicos del vertido; el 5,5% (15 EDAR), muestran una insuficiente depuración a pesar de que cumplan con la normativa y/o su autorización de vertido; el 4,2% (12 EDAR) presentan incompletos y el 28% (81 EDAR) muestran datos insuficientes.

En concreto, son los datos relativos a tres comunidades autónomas: Cataluña, Murcia e Islas Baleares, que solo muestran medias anuales o valores cualitativos. Por su parte, Galicia y Canarias han ofrecido un bajo porcentaje de datos de sus EDAR, aportando solo datos del 40% o y el 16% respectivamente.

Para Ecologistas en Acción es preocupante que la contaminación producida por las aguas residuales sea muy superior a la permitida por la normativa que está en vigor desde hace 25 años.

Asimismo, incide en que los escasos valores analizados en Cataluña, Illes Baleares o Región de Murcia no permiten extraer una conclusión equivalente al resto de EDAR.

"Hay municipios actualmente sin las EDAR en funcionamiento y que, por tanto, vierten las aguas al medio sin depurar (ejemplo de Gijón Este)", denuncia la ONG que añade que tampoco quedan reflejados "eventos puntuales de vertidos por mal funcionamiento de las EDAR o por el uso de aliviaderos en casos de grandes eventos de fuertes lluvias, con lo que se pierde información muy valiosa de los tiempos en los que no se han realizado muestreos al conjunto de las aguas residuales".

La coordinadora del informe y portavoz de Ecologistas, Clara Megías, ha advertido de que este primer informe es una "llamada de atención a las administraciones por una doble vía, la exigencia del cumplimiento adecuado de aquellas EDAR que muestran incumplimiento, y la solicitud de transparencia que permita a la ciudadanía tener acceso a dicha información de una forma clara y sencilla".

España es el país europeo que más infracciones ambientales comete de la Unión Europea. El 2020 se cerró con un 20% más de expedientes abiertos con respecto al año anterior. De estas multas o riesgo de multas, un 14% son derivadas del deficiente o inexistente tratamiento de las aguas residuales. "Tenemos un problema importante", reconoce el Gobierno, que este jueves ha anunciado 650 millones de euros provenientes de los fondos europeos para solventarlo. No es la única carencia con respecto a los recursos hídricos que sufre el país. Y no para todos hay un plan. Este lunes, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua y, mientras organizaciones, empresas e instituciones se afanan en contarle al mundo lo mucho que les importa este recurso, el elefante en la habitación sigue sin ser abordado: España consume más agua de la que va a tener.

España tiene abiertos cinco grandes procedimientos en la UE por mala depuración de las aguas urbanas residuales, según informó este jueves el director general del Agua, Teodoro Estrela, en un briefing informativo para periodistas recogido por Europa Press. "Tenemos un problema importante de saneamiento y depuración", reconoció el director general, que estima en unas "500 ó 600" las actuaciones que se tendrán que llevar a cabo en esta materia "a lo largo y ancho" de la geografía española. 650 millones de euros se destinarán a este ámbito, procedentes de los fondos europeos, pero no son los únicos en materia de agua: 800 van para "la reconstrucción y la restauración de ríos y acuíferos", explican fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica; y 200 para la "digitalización de la administración del agua". 

Estrela cifró en 500 las aglomeraciones urbanas que no tienen los tratamientos adecuados para depurar sus aguas, por lo que Transición Ecológica prevé aprobar "en uno o dos meses" un plan para distribuir ese dinero entre los municipios y las comunidades autónomas que lo necsiten para solventar ese problema. Así, España se ahorrará el pago de 20 millones de euros al año que abona en concepto de sanciones por este motivo. El Gobierno tiene un plan para poner fin a la infracción. Para el resto de carencias con respecto a los recursos hídricos, sus iniciativas son insuficientes, advierten expertos y ecologistas. Aseguran que se necesita una "transición hídrica" que, por ahora, no se está planteando. 

El 80% del consumo de agua en España se destina a los cultivos de regadío. Según datos del Ministerio de Agricultura, el país contaba en 2019 con 3.828.747 hectáreas destinadas a este tipo de agricultura, un 1,44% más con respecto respecto a 2018 y un 2,55% superior a lo registrado en 2017. Julia Martínez, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, aporta más números: en determinadas cuencas hidrográficas, como la del Segura, el consumo de agua es el doble de lo que la propia cuenca es capaz de regenerar. Es decir: una gestión insostenible del recurso, en su acepción más estricta. Sin embargo, las hectáreas siguen creciendo, la patronal agraria no quiere ni oír hablar de algo que no sean trasvases y no hay ningún discurso institucional que plantee, al menos, ponerle coto a la actividad ante una evidencia: en España cada vez va a llover menos y cada vez va a hacer más calor, lo que acelerará los procesos de evapotranspiración. El planeta nos está cortando el grifo.

El imperio del regadío clásico se sitúa en el este peninsular. Entre Almería, Murcia y la Comunitat Valenciana se levantan kilómetros y kilómetros de invernaderos que constituyen la "huerta de Europa". El clima es árido. Llueve poco y cuando lo hace, cae de forma torrencial en forma de gotas frías o DANAs. Pero la explotación de los acuíferos y el agua procedente del Tajo mediante trasvase calman la sed del sector hortofrutícola. Por ahora. Los ecologistas llevan años denunciando que muchas de estas hectáreas y pozos son ilegales, al igual que en Doñana, donde la presión del cultivo de la fresa amenaza con acabar para siempre con el valor de un ecosistema único en Europa. En Murcia, el Mar Menor está en la UCI tras años de presión urbanística y agrícola: los fertilizantes siguen filtrándose a la laguna y reaccionando con otros componentes para levantar una trampa mortal para flora y fauna. 

¿Qué está haciendo España para convertir en sostenible una industria insostenible? Nada, opina Martínez. "A día de hoy, todavía no hay algo que merezca la pena ser llamado transición hídrica", acusa. Los ecologistas piden que el país reduzca al menos en un 20% la extensión de su regadío. Sin embargo, las cuencas siguen aprobando proyectos de nuevos regadíos, "regularización" de los irregulares o ampliación de los existentes. Tanto Gobierno como Confederaciones Hidrográficas, autonomías y municipios siguen, al menos en el Segura, "mirando hacia otro lado". "No quieren enfrentarse a la existencia de regadíos ilegales", acusa la activista. En Doñana, las autoridades han clausurado pozos sin permiso con la protesta y el rechazo de regantes.

El director general de Agua aseguró este jueves que el tercer ciclo de planificación hidrológica, previsto para el periodo 2021-2027, no será aprobado hasta, al menos, la "primavera de 2022". Los documentos iniciales que ordenan la gestión de cada cuenca, asegura la Fundación Nueva Cultura del Agua, no plantean una "transición hídrica" que reduzca el regadío. Y eso que reconocen que el cambio climático va a impactar directamente en el agua disponible. "Todos los esquemas de temas importantes incluyen una ficha sobre cambio climático. Se ha limitado a decir generalidades de cuáles son los impactos en general. No ha habido una lectura en consecuencia en cada plan", acusa Martínez. 

Aun así, los regantes no están conformes. El pasado año, la asociación de regantes Fenacore rechazó la totalidad de los planes por, aseguran, prestar más atención a los caudales ecológicos (el mínimo de agua que debe circular por un río para no afectar al ecosistema) que a las necesidades de consumo de la agricultura. Aún quedan meses de negociaciones. 

La modernización del regadío y la paradoja de Jevons

La medida "estrella", prosigue la portavoz de la FNCA, es "la modernización del regadío". Avances financiados con dinero público para gastar menos agua en los cultivos. Sin embargo, "una gran cantidad de estudios y evaluaciones han demostrado que la modernización no ahorra agua", explica, contundente, Martínez. Se trata de la paradoja de Jevons: cuando se mejora la eficiencia, se gasta más. La experta lo explica con un sencillo ejemplo. "Para producir un kilo de tomates hace falta menos agua por el riego por goteo. Sin embargo, lo que hacen es producir más kilos de tomates, no dejar más agua en el río". Estamos gastando más agua cuando va a haber menos. 

El Ministerio para la Transición Ecológica es plenamente consciente de que la economía española se basa, como otras muchas, en dinámicas insostenibles. Junto a actores locales y regionales, trabaja en planes de transición justa para encontrar un futuro para los trabajadores que vivían del carbón: junto a las empresas del sector del automóvil, apuesta por el coche eléctrico para no dejar atrás a nadie: pero el regadío continúa a todo trapo. Ecologistas en Acción es consciente de que sus intenciones de clausurar cultivos afectarían a comarcas enteras en las que la mayor parte del empleo se concentra en el sector primario. "El recorte puede tener un fuerte impacto económico y social, por eso es necesario planificar y poner en marcha, desde este momento, la reconversión de parte del sector agrícola de forma progresiva, con el apoyo de las administraciones públicas, con el fin de que la afección social sea la menor posible", defienden en su último comunicado sobre el tema. 

Pero por ahora, ni tan siquiera el dinero de Europa servirá para afrontar este problema. Y de tanto ir el cántaro a la fuente, al final se rompe.

La Comunidad de Madrid, a través de Canal de Isabel II, hará públicos semanalmente los datos de presencia de coronavirus en las aguas residuales de la región. A través de un mapa con los distintos municipios de la región, distritos y calles de la ciudad de Madrid, los ciudadanos podrán conocer la tendencia de la presencia del virus en la zona seleccionada, según informa Europa Press.

Así lo ha anunciado este sábado la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, en la presentación de esta herramienta de visualización en el Centro de Control de la empresa pública en Majadahonda, que es "un elemento más de consulta en el que poder ver la evolución y tendencia de la presencia del virus en su lugar de residencia o de trabajo, entre otros, a disposición de los madrileños".

Los responsables del sistema Vigía para la detección temprana de coronavirus en aguas residuales han desarrollado un mapa de visualización en el que, a través de un código de colores, se podrá conocer la tendencia en cada zona, la fecha del último análisis validado, el indicador de la presencia del virus y un valor comparativo del último dato con respecto a los anteriores en ese mismo punto.

La actualización de este mapa se realizará semanalmente y, además, se acompañará con un informe resumen, que incluirá la tendencia general de la presencia en los municipios de la Comunidad de Madrid, en la ciudad de Madrid y en la variación en los 289 puntos de alcantarillado y depuradoras donde se toman muestras. Todos estos datos estarán disponibles cada martes en la web del Canal de Isabel II. 

Martín ha destacado la importancia del sistema Vigía en la gestión de la pandemia en la región, "ya que se ha convertido en una herramienta muy valiosa para la toma de decisiones de las autoridades sanitarias y ha logrado adelantar las dos últimas olas del covid en la Comunidad".

Según ha constatado el Gobierno regional en un comunicado, la publicación de esta información es un paso más en la consolidación del sistema Vigía, que se convertirá en una red permanente de monitorización al servicio de la sanidad pública y que cuenta, para ello, con un laboratorio de genómica donde poder analizar, en caso de que fuera necesario, otro tipo de virus en las aguas residuales.

El Ejecutivo autonómico asegura que el sistema Vigía es el mayor sistema de vigilancia temprana de covid-19 mediante el análisis de aguas residuales que se está desarrollando en España, y que la iniciativa supera a otras similares que hasta la fecha se han desarrollado en el país, tanto por el número de puntos de muestreo como por la población a la que se presta servicio: cubre 179 municipios, la totalidad de la región, con 6,8 millones de habitantes.

Laboratorio genómico

La red permanente de alerta en aguas residuales frente al covid-19 del proyecto Vigía se realiza a través del laboratorio de genómica de Canal de Isabel II, donde se podrían analizar todo tipo de virus.

Canal de Isabel II ha destinado cerca de cuatro millones de euros al sistema VigíaVigíay destinará otros 900.000 euros a este laboratorio de genómica, que contará con cinco centrífugas, dos cabinas PCR, una cabina de seguridad biológica, tres termocicladores, dos robots purificadores, un equipo de enfriamiento de muestras, una centrífuga de tubos y una lámpara doble de luz UV, entre otros dispositivos. Asimismo, contará con fungibles, reactivos y kit de análisis de muestras.

El equipo de personas destinado a la planificación y desarrollo de estos estudios para la salud pública es de 20 personas, con perfiles técnicos y científicos. A partir de marzo, que estará a pleno rendimiento, el laboratorio de genómica aumentará su capacidad de análisis semanales de 40 a 100, una cifra que respondería a las necesidades de vigilancia de virus en situación de normalidad.

Ahora, y a consecuencia de la pandemia, esta labor se completará con otros análisis externos para poder dar respuesta a la demanda de información y ofrecer la mayor cantidad de datos posibles para la gestión sanitaria.

Hasta la fecha se han realizado más de 9.000 análisis, tomando muestras en los 289 puntos establecidos en la región. Además, en las últimas semanas, se están tomando muestras para tratar de detectar las distintas mutaciones de covid-19, es decir, la cepa británica, sudafricana o la brasileña.

En ese sentido, los técnicos de Canal están en contacto con laboratorios y expertos para ver qué metodologías podrían superar las barreras existentes a día de hoy para detectar y cuantificar estas variantes en las aguas residuales.

Según la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad los resultado que arroja esta herramienta, que permite rastrear al cien por cien de la población de Madrid,Madrid son "sin niguna duda acertados respecto a la evolución de la pandemia". Así, reflejó el pico máximo de la tercera ola el 20 de enero, y actualmente muestra un descenso del 50% respecto a ese valor máximo, según ha constado Martín.

No son infalibles, pero tampoco anecdóticas. Las aguas residuales pueden ayudar a prever con entre dos y tres semanas de antelación un importante aumento de casos del nuevo coronavirus en una ciudad, un distrito, un barrio o –incluso– un bloque de pisos. Es posible por la información que contienen las heces: los contagiados, tanto sintomáticos como asintomáticos, expulsan por el retrete restos de ARN del patógeno, por lo que los sistemas de medición de las depuradoras de agua pueden calcular la carga viral de las cloacas. Y las administraciones, con acceso a esta información, pueden adelantarse al golpe y, si bien no anunciar ninguna restricción precipitadamente, ir preparando las medidas de contención de la pandemia. Tras varios ejemplos de éxito, como los de Paterna, València o Valladolid, en los que los números indicaron una correlación entre el mensaje de la alcantarilla y la incidencia acumulada, la publicación de datos de decenas de ciudades españolas por parte del Ministerio para la Transición Ecológica permiten comprobar que en la mayoría de casos, cuando suben los rastros de SARS-CoV2 en el agua, se disparan los contagios detectados varias semanas después. Con una excepción llamativa: Madrid. 

¿Hay una relación clara y demostrada entre los datos que arrojan las cloacas y los brotes que se producen en los días sucesivos? "Absolutamente", respondió para este artículo Nuria Romeral, portavoz de Global Omnium, la empresa de gestión del agua que hace este trabajo para el Ayuntamiento de València. Las cifras de la ciudad del Turia le daban la razón. Ahora, gracias a la información publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica, se puede ampliar la muestra. El gabinete de Teresa Ribera lleva desde mediados de julio recopilando la información de estaciones depuradoras de 27 municipios, grandes y pequeños. De la lista, infoLibre ha seleccionado los municipios más grandes, con un impacto significativo del covid-19 durante la segunda ola y con información sobre la evolución del covid actualizada y accesible, para comprobar si, tal y como aseguran los expertos, las aguas residuales adivinan tan bien el futuro como venden. 

Transición Ecológica resume las variaciones en el ARN detectado en las heces de una población determinada con solo cuatro estadios: aumento, disminución, aumento significativo, descenso significativo yaumento, disminución, aumento significativo, descenso significativo estable. En Granada, epicentro de la segunda ola andaluza, el primer crecimiento de lo detectado en las cloacas se produjo a principios de agosto. Tras esa primera semana, los casos empezaron a subir, pero a un ritmo moderado. El auténtico boom se vivió en octubre: se pasaron de 1.150 casos detecados el 9 a 2.068 dos semanas después, el 23. Y entre el 4 y el 10 de octubre, la estación depuradora analizada reportó un "aumento significativo" del ARN del nuevo coronavirus encontrado en las aguas fecales. 

En la vecina Málaga, con una curva de la segunda ola mucho más suave, también se detecta una relación clara. El primer aumento ligero de la serie de detección en aguas residuales se da en la última semana de septiembre, y los casos diarios escalan en dos semanas de los 452 a los 562. En Sevilla, el crecimiento de los contagios también está vinculado a pequeños avisos en rojo de la red de alcantarillado, aunque no advirtieron de la importante bajada de contagios de la primera quincena de noviembre.

En Bilbao, dos aumentos leves pero consecutivos, ubicados entre el 12 y el 26 de octubre, anticiparon el peor momento de la ciudad vasca frente a la segunda ola, ubicado justo dos semanas después, durante la primera semana de noviembre. La misma dinámica se vivió en Zaragoza, que se encontraba alrededor de los 100 nuevos casos diarios cuando las aguas residuales detectaron un "aumento significativo" de casos de coronavirus a finales de agosto: dos semanas después, rondaban los 200. Los rastros continuaron creciendo en las dos primeras semanas de octubre, y a finales de mes se alcanzaron los 600. 

En Oviedo, capital de Asturias, la llegada de la segunda ola se atrasó con respecto a muchas comunidades, pero también recibió avisos de "aumentos significativos" entre el 3 y el 17 de agosto, que luego se transformaron en unos casos diarios que alcanzaban las dos decenas mientras que en verano apenas se superaban los diez. Otro aviso de las cloacas, de finales de octubre, se tradujo, pocas semanas después, en 150 casos diarios. Y en esa misma semana, de pico de la curva, las aguas residuales de la ciudad detectaron un importante descenso que, una vez más, predijo el doblegamiento de la segunda ola asturiana. 

Las autoridades de Barcelona recibieron una alerta de "aumento significativo", según la terminología, a principios de octubre, cuando los casos se mantenían en una tensa calma desde agosto alrededor de los 200 casos de incidencia acumulada en los últimos 14 días. Dos semanas después fueron 395, llegando a los 729 el 30 de octubre. 

Madrid, extraña excepción

No es una ciencia exacta. Hay aumentos ligeros que se detectan en las plantas de tratamiento de aguas que no terminan traduciéndose en un crecimiento significativo de la incidencia del covid-19, o descensos que no comportan buenas noticias, por lo que hay que tomar los datos con cautela. Sin embargo, dos plantas de tratamiento de aguas del sur de Madrid, una en el distrito de Usera y otra en Villa de Vallecas, suponen una llamativa excepción. Ambas detectaron "aumentos significativos" en la misma semana: entre el 12 y el 18 de octubre. Pero, por entonces, la incidencia acumulada de los barrios ya se encontraba en sendero de bajada, y la tendencia no cambió. Meses antes, la estación de Vallecas sí que acertó en su pronóstico: identificó un crecimiento en los rastros de ARN a finales de agosto, y es por todos conocido lo que pasó en la capital en septiembre. Precisamente este viernes la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, presentó los avances de su sistema Vigía de detección del covid en aguas residuales, "el mayor de Europa", según sus palabras.

Las dudas sobre la fiabilidad de los datos que ofrece la Comunidad de Madrid nunca se han despejado. Nadie cuestiona que la situación de la región con el coronavirus es, indudablemente, mejor: así lo muestran las cifras más fiables, las de hospitalizados, que llevan meses en una lenta pero constante bajada. La incidencia acumulada, sin embargo, se desplomó tras ser el epicentro del covid en Europa durante septiembre, y también desde que las autoridades sanitarias decidieran dejar de hacer test PCR a contactos estrechos de positivos, salvo que fueran convivientes, y apostar por las pruebas de antígenos –más rápidas, pero menos fiables–.

Estas pruebas tienen alta probabilidad de declarar falsos negativos en personas que portan el virus, y por tanto pueden transmitirlo, pero son asintomáticas. Por lo que su uso se recomienda solo en caso de enfermedad, para acortar plazos de un contagio anunciado. La Comunidad de Madrid los utilizó sin tener en cuenta esta especificación, por lo que podrían quedarse casos sin detectar y notificar. Sin embargo, su rapidez –dan resultados en menos de 15 minutos– permiten cortar cadenas de transmisión con mucha eficacia, aislando a los contagiados antes de que tengan posibilidad de relacionarse con otras personas. Lo que puede ser, explican los epidemiólogos, una de las claves del éxito. Aunque, en esta ocasión, las cloacas no lo vieran venir. 

La Comisión Europea ha enviado este miércoles un ultimátum a las autoridades españolas para que tomen las medidas necesarias en un plazo de dos meses para cumplir con las reglas comunes que afectan al tratamiento de las aguas residuales urbanas o elevará el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para sancionar a España.

El aviso tiene forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción abierto en 2016, que Bruselas remite ahora a España tras concluir en una evaluación técnica que se siguen incumpliendo "a gran escala" las obligaciones de la directiva europea, habida cuenta de que "133 aglomeraciones vierten en zonas normales o en zonas sensibles", según ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.

Los Estados miembros de la UE deben establecer un tratamiento secundario de todos los vertidos procedentes de aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes, y un tratamiento más avanzado para las aglomeraciones urbanas de más de 10.000 habitantes en zonas sensibles designadas.

El tratamiento secundario complementa la eliminación de materia sólida procedente de aguas residuales urbanas (el denominado tratamiento primario) con la descomposición de las sustancias orgánicas mediante bacterias.

A veces se requiere un tratamiento adicional para proteger los medios acuáticos sensibles. Este tratamiento terciario puede consistir en la desinfección del efluente sometido a tratamiento para proteger las aguas de baño o de las aguas para cría de moluscos. También puede consistir en la eliminación de fósforo o nitratos para proteger las aguas que se hallen amenazadas por la eutrofización.

Greenpeace ha denunciado este jueves que al menos 80 municipios de "todas" las provincias costeras españolas siguen vertiendo aguas residuales a pesar de que se ha cumplido el primer plazo de la multa de 12 millones impuesta hace seis meses por la Unión Europea a España por incumplir la normativa de depurar aguas residuales. Informa Europa Press.

"Los municipios sancionados aún no se han puesto al día", asegura la ONG que señala que España seguirá pagando "multas millonarias" hasa 2022. La ONG ha contabilizado al menos 90 impactos por vertidos de aguas residuales en 80 municipios (el 20% del total) de las 23 provincias costeras y lamenta que estos vertidos son "generalizados" en todo el litoral español.

Además, recuerda que suponen un riesgo para la salud de la población y de los ecosistemas ya que la ausencia de depuradoras, la sobrepoblación en verano, las fugas en los sistemas de conducción de aguas fecales o los vertidos no autorizados están detrás de la deficiente depuración de las aguas residuales. La UE ha sancionado a España por nueve localidades: Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Nerja y Barbate -en Andalucía-, Gijón Este -en Asturias- y Valle de Güímar -en Canarias-. El Ministerio para la Transición Ecológica ha reconocido que, aproximadamente, una cuarta parte de los municipios de 2.000 habitantes no cumplen la normativa europea.

La responsable de la campaña de costas de Greenpeace, Paloma Nuche, ha destacado que tanto por motivos de salud pública como de protección del medio ambiente, la calidad del agua debería ser el objetivo fundamental de su gestión. "España está aún lejos de conseguirlo. De hecho, en muchos casos se ha revelado la pasividad de las administraciones responsables durante años, como ha ocurrido con los vertidos del Valle del Güímar, en Tenerife, o los de Mallorca", ha apostillado.

El último Informe de Vertidos Autorizados del Ministerio, de 2017, contabiliza un total de 1.030 puntos de vertidos autorizados desde la tierra al mar en toda la costa española, que suponen más de 17.000 millones de metros cúbicos al año (el equivalente a 6.800 piscinas olímpicas). Sin embargo, el número de vertidos no autorizados puede representar un elevado porcentaje respecto al total, como ocurre en Canarias, donde, de los 393 puntos de vertidos desde la tierra al mar, 277 no están autorizados, casi un 70 por ciento del total.

En concreto, la ONG destaca que entre los vertidos de aguas residuales urbanas contabilizados por Greenpeace destaca los casos de las provincias de Islas Baleares, Huelva y Pontevedra y exige a las administraciones responsables que tomen decisiones ambiciosas y efectivas. Es necesario un riguroso cumplimiento de la normativa europea y unos sistemas de gestión de vertidos centrados en acabar con la contaminación del medio marino. Para ello, es imprescindible una mayor inversión en infraestructura que asegure una depuración efectiva y una ordenación del litoral que controle la masificación urbanística y ponga límite a nuevas fuentes de vertidos al mar", ha concluido.

La millonaria multa impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a España por la gestión insuficiente de sus aguas residuales llama la atención por tres detalles. Uno, el más evidente, la cuantía de la sanción: 12 millones de euros y 11 millones por cada nuevo semestre de incumplimiento. El segundo es el tiempo que lleva el país siendo incumplidor: la directiva se aprobó en 1991, dio de plazo a los Estados miembros hasta 2001 para aplicar las medidas y, calcula la sala, la plena ejecución de la sentencia no se producirá antes del año 2019, lo que equivale a un retraso de 18 años. Y el tercero, las aglomeraciones urbanas implicadas, 17, de las cuales 8 están en Andalucía y 4 en Málaga y su Costa del Sol. Los esfuerzos de la Junta de Andalucía no han sido suficientes para atajar el problema, que se resume en la falta de depuradoras para gestionar los desechos, que acaban sin tratamiento directamente en los ríos o en el mar.

Las ciudades o urbanizaciones infractoras señaladas por Bruselas son Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Nerja, Barbate, Gijón este, Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira, Vigo, Benicaró, Peñíscola, Teulada-Moreira, Valle Guerra noreste y Valle de Güímar, estas dos últimas en Canarias. Algo menos de la mitad, ocho, son en parte de responsabilidad, además de los municipios, de la Junta de Andalucía, que ya ha tomado medidas: cobrar un canon, un impuesto finalista para construir o mejorar infraestructuras de depuración. Desde mayo de 2011, los andaluces, a través del recibo del agua, pagan unos euros de más para, en teoría, garantizar el ciclo integral del agua, así como los ayuntamientos que no tengan externalizada la gestión.

La pregunta, por lo tanto, es pertinente: ¿para qué sirve pagar el canon si finalmente ha caído la multa? La respuesta, a diferencia de otros problemas medioambientales más complejos y con múltiples causas, es sencilla: falta dinero y las infraestructuras no han llegado todo lo rápido que deberían, a pesar de que han tenido 18 años de margen. La mitad de las poblaciones andaluzas señaladas son malagueñas y sus casos son buenos ejemplos de la desidia administrativa, no solo de la Junta, que participa con financiación en las obras, también del Gobierno central.

Nerja, enclave clásico de la Costa del Sol y su turismo, sigue esperando des hace años su depuradora y, hasta que se finalicen las obras, continúa vertiendo al mar directamente sus aguas residuales, causando innumerables daños a la flora y la fauna de la costa. El proyecto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Nerja se adjudicó en 2013 y se estableció que la financiación y la supervisión técnica corría a cargo del Ministerio de Medio Ambiente. Durante el pasado verano, la empresa, Isolux-Corsán-Corviam, quebró, lo que retrasó todo aún más. Se espera que a finales de año la depuración comience en pruebas. La fecha estimada de ejecución era el verano de 2016.

Una situación similar se vive en los municipios de Alhaurín el Grande y Coín, cuyas aguas contaminadas se vierten al río Guadalhorce, principal río de la provincia y de la Cuenca Hidrográfica del Sur. El primer municipio, explica el Diario SUR, depende de una futura depuradora con el nombre de Guadalhorce Norte, que ya ha sido adjudicada pero que va para largo. Coín, sin embargo, tendrá su depuradora funcionando a finales de año. En el caso de Estepona, la depuradora de la zona disfrutó el año pasado de una ampliación para tratar las aguas de hasta 400.000 vecinos, pero el tribunal ha considerado que no es suficiente.

Las carencias en la costa malagueña

Se da la circunstancia, además, de que Málaga, según un informe de  la patronal de la construcción Ceacop, es la provincia andaluza que más ha aportado al canon de la Junta y una de las que está a la cola en ejecución de los proyectos. Una provincia en la que desde los 70 se lleva anunciando el "saneamiento integral" de las aguas de la Costa del Sol y que, décadas después, aún se encuentra con importantes carencias que afectan a su principal río y a sus playas, la fuente de ingresos y de desarrollo del litoral turístico.

"El 90% de los municipios de Málaga no tienen separadas las tuberías de pluviales y fecales, con lo cual las aguas de lluvia van a las depuradoras", apunta, además, el Foro de Saneamiento Integral de la Costa del Sol, formado por asociaciones, sindicatos y empresas que desde 2007 vienen denunciando la situación. La falta de separación se une al aumento de la población durante los meses estivales, que, por ejemplo, hacen insuficiente la ampliación de la infraestructura de Estepona. Las tuberías no dan para más, según la organización. El Foro, además, alberga serias dudas sobre el canon de la Junta de Andalucía, ya que no cuadran las cifras entre lo que recauda el Gobierno autonómico y lo que se ejecuta. Cifran que en Málaga lo gastado no llega al 3% de lo ingresado.

El Ministerio de Transición Ecológica ha emitido un comunicado lamentando la herencia recibida y prometiendo la elaboración de un Plan Nacional de Depuración y Saneamiento que "definirá el papel de las distintas administraciones y sus ámbitos de responsabilidad en el proyecto, evaluación, construcción y explotación de las actuaciones contempladas", para evitar balones fuera. El Gobierno, sin embargo, recuerda que "las administraciones locales son las competentes en la materia, y, subsidiariamente, las comunidades autónomas, salvo que exista una declaración formal de Interés General de Estado o se haya suscrito un convenio específico".

Más allá del dinero que España tendrá que desembolsar, el daño medioambiental ya está hecho y seguirá produciéndose hasta, como pronto, 2019. Las aguas residuales afectan desde a los microorganismos que actúan como base de la vida en la costa y en el río hasta a animales y flora superiores, conllevan malos olores, patógenos tóxicos y problemas de salud y, en el mar, empobrecen el estado de unas playas clave para el turismo como actividad económica. La insostenibilidad y la masificación del litoral es, en definitiva, tirar piedras contra el tejado.

El decreto 198/2015 regula el artículo 112 de la Ley de Aguas, para determinar que lo recaudado por el canon que se le aplica a las centrales hidroeléctricas deberá dedicarse a "actuaciones de protección y mejora del dominio público hidráulico", es decir, los ríos y arroyos y sus cauces, los embalses, los lagos y los acuíferos. El pasado martes, el Ejecutivo reconoció, en una respuesta parlamentaria, que, al contrario de lo que estaba previsto en la norma, no ha previsto ni un solo euro en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este propósito. En plena crisis de sequía, reconoce que no ha cumplido con el decreto para mejorar el estado de las masas de agua continentales y sus cauces, a pesar de que "la mitad de ellas no cumplen con el estado de conservación que requiere la Unión Europea", según Julia Martínez, portavoz de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Cuidar el dominio público hidráulico es cuidar recursos esenciales para la vida, para los ecosistemas, para el sector primario, para la industria y el turismo. Y, también, cuidarnos del impacto del cambio climático, que puede precipitar que, simplemente, nos quedemos sin agua.

La respuesta parlamentaria al diputado de Unidos Podemos Juantxo López de Uralde desarrolla con precisión el artículo del decreto que establece el uso del canon a las hidroeléctricas para terminar reconociendo que "sin embargo, en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado no ha habido ni hay una cantidad equivalente dedicada a protección y mejora al dominio público". "Estamos ante una estafa cuya víctima son nuestros ríos", asegura el autor de la pregunta. El decreto 198/2015 establece un gravamen del 22% anual sobre el valor económico de la energía producida por las centrales que se encuentren en cuencas intercomunitarias: cuencas cuyo ámbito de acción se encuentre en más de una comunidad autónoma. En el artículo 12, establece que el 2% de lo recaudado se ingresará directamente a los organismos de gestión de cada cuenca y el 98% irá directamente al Tesoro público. Con una condición que convierte al impuesto en finalista: cada año, los PGE deben destinar "al menos un importe igual a dicha cantidad prevista" para la protección de ríos, arroyos y embalses. Este martes, el Ejecutivo aseguró que no lo había cumplido. El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente no ha respondido a la pregunta de infoLibre sobre las razones del incumplimiento.

No es la primera vez que este canon, concebido como un impuesto ambiental de los que hacen falta en España, se pone en cuestión: los primeros en criticarlo fueron los que lo pagan, las centrales hidroeléctricas. En mayo de 2015, la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) interpuso un recurso contencioso administrativo contra el decreto. El Tribunal Supremo, entendiendo que la norma podía contravenir el derecho comunitario, planteó en julio de 2017 al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial, en la que busca determinar si la ley es incompatible con el principio de quien contamina, paga, básico en todas las directivas europeas en materia medioambiental, así como con el "principio de no discriminación" que contempla la directiva que regula el mercado interior de electricidad. Considera la sala que la norma podría perjudicar a la libre competencia, al aplicarse a las instalaciones en cuencas que pasan por más de una comunidad y no al resto.

El Supremo niega con rotundidad que el canon a las hidroeléctricas se trate de un impuesto medioambiental. "El canon que nos ocupa no responde a este perfil porque no vela por proteger los supuestos daños medioambientales", plantea en el sumario de la cuestión prejudicial, aún pendiente de respuesta por parte del TJUE. No vela por proteger al medioambiente porque, tal y como plantea el TS en el texto y ha reconocido el Gobierno, no existe la partida en los PGE que repercuta positivamente en el agua del país.

El mandato que establece destinar una cantidad equivalente a lo recaudado en la protección de ríos, arroyos y embalses "no aparece cumplido en los PGE para el año 2016 (…) al destinar los ingresos del canon a financiar el déficit del sistema eléctrico", afirma el Supremo. La Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, donde se introdujo el canon, establece, efectivamente, que una cantidad igual o superior a lo recaudado por los tributos presentes en dicha ley debe destinarse en los PGE a el déficit de tarifa: la diferencia entre lo que las eléctricas reciben de la factura y lo que les cuesta producir la energía, que durante años ha sido deficitaria para las grandes empresas. No es incompatible cumplir con ambos mandatos. Según el tribunal, con uno se ha cumplido; del otro, el medioambiental, no hay noticias.

Agua en el ojo del huracán

La "estafa" de la que habla Unidos Podemos es un capítulo más de la polémica que rodea siempre a la gestión del agua en España, atenazada por el calentamiento global, germen de tensiones entre comunidades y, según ecologistas y la Unión Europea, poco proclive a respetar cuestiones medioambientales. Los recursos hídricos son administrados por los las confederaciones hidrográficas, entidades públicas que se encargan de establecer los derechos de explotación de las aguas, planear las infraestructuras y cuidar por la calidad del agua de la cuenca en la que se encuentren. Hay una para cada gran río. Cada demarcación hidrográfica –los territorios designados por la ley para la gestión– debe contar con un plan de cuenca. Actualmente nos encontramos en el segundo ciclo de estos planes, que empezó en 2015 y durará hasta 2021, y no todos han sido aprobados: faltan los que son responsabilidad de las comunidades autónomas de Cataluña y Canarias, al estar circunscritos al territorio de cada región. Los intercomunitarios son asunto del Estado.

Los tirones de oreja de la Unión Europea por estos planes de cuenca son ya habituales. El primer ciclo, de 2009 a 2015, casi cuesta una multa a España por la tardanza en aprobar las normativas, aunque finalmente el proceso sancionador se detuvo. La Comisión Europea, en un análisis de los planes de este primer periodo, recomendó a España que mejorara el cuidado medioambiental de los ríos y sus cuencas, al entender que los criterios verdes no estaban primando sobre los económicos, tal y como establece la Directiva Marco del Agua. Un segundo informe de dos parlamentarios europeos y aprobado por la Comisión de Peticiones del órgano, más duro, sentenciaba que los segundos planes de las cuencas del Ebro y del Tajo seguían sin preservar el caudal ecológico, que establece el agua necesaria para preservar el buen estado del ecosistema fluvial garantizado por su flora y fauna, su paisaje o la ausencia de contaminación. El análisis al completo de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del club comunitario, de los segundos planes está aún sin ver la luz. A estas reprimendas europea se le suma otro proceso sancionador de la Comisión con respecto a las aguas residuales generadas por los núcleos urbanos, gestionadas con deficiencias por España, según Europa, y que afectan de manera severa a los ecosistemas a donde van a parar.

El Tajo y el Ebro son dos de los grandes ríos de España, en los que se centra el informe negativo de los parlamentarios europeos y dos de los más señalados por la contaminación de sus aguas. La sequía está haciendo estragos en el Tajo a su paso por municipios que necesitan de un caudal abundante para vivir. Muchos apuntan con su dedo acusador al polémico trasvase Tajo-Segura, pero la falta de lluvias no ayuda precisamente a los niveles bajísimos en los embalses a lo largo de su curso, que causan despoblación en los pueblos y la necesidad de distribuirles el líquido elemento con cisternas. A su paso por Toledo, por ejemplo, el agua aparece con espuma y en otros muchos tramos son comunes los peces muertos, los olores nauseabundos y las plagas de insectos. Hay poca agua y la que hay está en un estado muy pobre. 

En el caso del Ebro, el asunto se complica cuando la corrupción se une a la presencia de la industria en la ribera. La empresa pública Acuamed fue contratada para la depuración del embalse de Flix, en Tarragona, en un pésimo estado de conservación debido a la actividad de la química Ercros durante años. Según los pinchazos de la Guardia Civil, la compañía planeó verter ácido –y matar prácticamente a toda vida en la zona– en el Ebro para beneficiar a la contratista, FCC. Los análisis de las aguas del río también han encontrado mercurio, medicamentos, otros químicos o incluso droga, procedente de las aguas residuales de las grandes ciudades. Y estos dos ríos son solo dos ejemplos del mal estado de todo el dominio público hidráulico español, al que los Presupuestos no destinan los euros que debe por ley.

Nos quedamos sin agua para vivir por culpa de la excesiva presión sobre los recursos hídricos, necesarios para casi cualquier tipo de actividad humana, y que, desde el punto de vista del conservacionismo, convierte a los ríos en lugares donde a la vida le cuesta cada vez más germinar. España cuenta con un impuesto, supuestamente ambiental, para ayudar a reducir esta tendencia, común en toda la UE, donde al igual que en España casi la mitad de los ríos están en mal estado. Lo recauda pero no lo destina a este propósito.

Más del 80% de las aguas residuales que se generan a nivel mundial vuelve a los ecosistemas sin ser tratada ni reciclada. Es el mensaje que ha lanzado Naciones Unidas este miércoles 22 de marzo, durante el Día Mundial del Agua. En su informe Aguas residuales: el recurso no aprovechable, el organismo pone sobre la mesa las "oportunidades de explotar las aguas residuales como recurso" y constata que "el agua tratada de una forma segura es una fuente sostenible y asequible de agua y energía, así como para obtener nutrientes y otros materiales recuperables". La ONU también advierte de la importancia de la depuración: "1.800 millones de personas usan una fuente de agua contaminada por material fecal, poniéndolas en riesgo de contraer el cólera, la disentería, el tifus o la polio", destaca, y añade que "el agua no potable, y unas pobres infraestructuras sanitarias, así como la falta de higiene, causa alrededor de 842.000 muertes al año".

España se encuentra, actualmente, lejos de ser ejemplo en esta materia. En el 2015 la UE demandó al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debido al incumplimiento de la normativa sobre depuración de aguas residuales urbanas. Además, el Foro de la Economía del Agua ya reveló en 2016 que tres de cada diez plantas depuradoras españolas están obsoletas, un 21% tiene una capacidad insuficiente y el porcentaje se eleva a un 31% en el caso de las que no están adecuadamente mantenidas.

El problema de la depuración

Las conclusiones del informe son compartidas por Santiago Martín Barajas, miembro de Ecologistas en Acción, que en conversación con infoLibre recuerda las "cientos de depuradoras que fueron construidas en España, en parte financiadas por la UE". El principal lastre, lejos de consistir en un mal funcionamiento de las mismas, surgió con la necesidad de renovación. "Hay que renovar, hay que mantener y hay que gestionar", subraya Barajas. 

En este sentido, el ecologista achaca a la crisis económica el deterioro de "aquellas depuradoras que dependen de ayuntamientos" que "en vez de gastar el dinero en mantenerlas, se lo gastan en elementos que consideran más prioritarios". Barajas replica, no obstante, que pocos asuntos hay más prioritarios. "Es una prioridad porque en la factura del agua se paga también la depuración" de modo que, a su entender, existe "una malversación cuando ese dinero se emplea en otros asuntos que no sea el funcionamiento de la depuradora".

Su diagnóstico indica que, a día de hoy, "la depuración en el país ha empeorado respecto a como estaba hace seis años, porque las depuradoras necesitan ese mantenimiento que no se les está dando". Barajas señala asimismo las diferencias entre regiones. En Andalucía, por ejemplo, "el 18% de las aguas residuales no se depura todavía", mientras que "hay regiones donde funciona mejor", pero, a nivel global, "las depuradoras existentes no están funcionando como deberían hacerlo".

Eva Hernández, responsable del Programa de Aguas y Agricultura de WWF España, recalca que España está "mejor que otros países del mundo, porque tiene un alto porcentaje de población atendida" y sin embargo, continúa, "la ONU ya ha dicho que los indicadores no son sólo cuantitativos sino también cualitativos, no es sólo cuántas depuradoras hay y a cuánta población atienden sino si realmente están depurando bien". Y la respuesta, en el caso español, es negativa: "El 73% de las depuradoras que hay ahora mismo no tienen capacidad de depurar los nutrientes del agua, que también son una forma de contaminación", denuncia Hernández.

Estos nutrientes, agrega, hacen que "se inicie un proceso en el que se mueren los ríos y los lagos, empiezan a proliferar algas, y nacen también especies invasoras en ambientes degradados, teniendo al final un efecto sobre la biodiversidad y la calidad de las aguas en general".

Reutilización, un recurso beneficioso pero no definitivo

La otra gran tarea pendiente en materia hídrica apunta a una cuestión directamente ligada con la depuración: la importancia de reutilizar el agua. "La reutilización implica que las aguas sucias se depuran y se vuelven a usar, por ejemplo en parques y jardines", señala Barajas, quien añade que "se empezó a hacer en la primera década del siglo XXI, pero se ha frenado en los últimos años".

La reutilización genera una serie de ventajas probadas, como "forma de obtener un recurso que vuelve a utilizarse, lo cual hace innecesario construir nuevas infraestructuras". En un país como España, donde los efectos del cambio climáticos son ya evidentes, "la reutilización cobra especial importancia". En 25 años, España "ha perdido el 20% de los recursos hídricos a causa del cambio climático, porque –además del problema de la escasez de lluvia– la subida de la temperatura hace que la evaporación sea mucho mayor", apunta.

Barajas puntualiza que aunque la reutilización sirve como empujón para proteger los recursos hídricos y revertir en cierto modo los efectos del cambio climático, no supone una solución definitiva. "Lo que hay que hacer –sentencia el ecologista–, es bajar el consumo todo lo que se pueda".

En este punto coincide también Eva Hernández, quien insiste en que la reutilización, pese a sus ventajas, es un recurso finito del que se puede "hacer un uso eficiente, pero al final es necesario dejar algo de agua para que vuelva a los ríos, porque si se consume todo los ríos van a estar secos, y ese ecosistema muerto no es fuente de más agua, sino un sumidero".

El crítico estado de los ríos

Precisamente la importancia de los ríos ha sido tradicionalmente una de las cuestiones prioritarias en el discurso ecologista. "El principal problema que tenemos en España es que no nos terminamos de creer que los ríos sirven para algo", apostilla Hernández, para a continuación lamentar que "parece que son o canales de riego o una amenaza constante, y no una fuente de servicios". La ecologista subraya que el cuidado de los ríos se torna imprescindible para no terminar con la principal fuente de agua, "porque además el cambio climático nos lo va a poner muy fácil", añade.

En cuanto a las políticas públicas para caminar hacia tal protección, Hernández recuerda que "la Directiva Marco de Agua permitiría hacer buenos planes de gestión, organizar nuestros recursos y cuidar nuestros ecosistemas de ríos y humedales para asegurar que su buena conservación nos siga dando agua en el futuro". No obstante, critica, España no termina de "aplicar esa normativa" y como consecuencia Bruselas ya cuenta con un procedimiento abierto en su contra. 

Erika González, miembro de Ecologistas en Acción, explica que "la gestión del agua y los desafíos existentes en relación a cómo se ha venido gestionando la conservación de los ríos y los usos del agua disponible" dejan tras de sí una evaluación necesariamente negativa . "Se han utilizado los ríos como sin considerar el estado en el que se encuentran ni el estado en el que se van a encontrar después de esos usos, de manera que se le ha dado vía libre a diferentes demandas de agua, sobre todo las del regadío" critica González, quien puntualiza que "más de un 80% de las demandas son para abastecer regadío, y eso ha generado, en las zonas con menos recursos, déficits hídricos importantes y por lo tanto un deterioro de los ecosistemas".

La principal consecuencia implica que "algunos de esos ríos se han llegado a secar, y en otros casos el agua que circula es muy inferior al que deberían tener para lograr unas condiciones adecuadas de los ecosistemas, su sostenibilidad a futuro y un cuidado de la biodiversidad".

Unida a la deficiente gestión del agua, González sitúa el punto de mira en "todas las infraestructuras que se han ido construyendo, como los embalses y trasvases". El Gobierno autorizó el pasado 8 de julio un nuevo trasvase del río Tajo al Segura de 20 hectómetros cúbicos, mientras que el proyecto del trasvase del Ebro, que iba a repartir las aguas del río por la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, continúa generando reiteradas críticas por parte de los ecologistas. "En el plan hidrológico del Ebro se planifican decenas de embalses y a la vez el aumento de cerca de medio millón de nuevas hectáreas de regadío" algo que González reconocer ver "de forma crítica y con bastante preocupación".

Todo lo anterior se suma a la imparable huella del cambio climático, cuyos efectos hacen que "el agua que está circulando por los ríos sea muchísimo menor de la que se contempla". Erika González recuerda que "las confederaciones hidrográficas están teniendo en cuenta una reducción de las aportaciones del agua a los ecosistemas de en torno a un 5% o un 7% ", mientras que los datos del Ministerio de Medio Ambiente señalan que "la media en España está siendo de una reducción de un 15% ya, no de cara a un futuro". Como resultado, "el agua que circula por los ríos es cada vez menor y el agua disponible es también menor, si eso se junta con un aumento de las demandas y con un aumento de las infraestructuras para que se abastezcan esas demandas, tenemos una situación de colapso hídrico que en un futuro, o en breve, puede estallar".

Biscarrués (Huesca) dejó de beber agua del río el 26 de septiembre. No fue el único municipio. El día 20 de ese mes, el Gobierno de Aragón lo prohibió en Santa Eulalia y Ardisa. Después vendrían Piedratajada, Marracos y Villanueva de Gállego. Un mes después ya se puede consumir en todos los pueblos, pero los habitantes de Biscarrués no quieren. “No nos fiamos, yo creo que nunca más”, dice el alcalde José Torralba. Su río, el Gállego, baja contaminado.

La alarma saltó cuando se detectaron en el río niveles de contaminación por lindano superiores a 0,1 microgramos por litro de agua. Efe, que cita fuentes del Ejecutivo aragonés, informó que en Biscarrués se registraron 0,65 microgramos por litro. Salvo Villanueva de Gállego (con algo menos de 5.000 habitantes), ninguno de las otras localidades supera las 200 personas. “Con las noticias de los pueblos vecinos había una cierta preocupación”, recuerda por teléfono el alcalde de Biscarrués, quien pidió explicaciones a Salud Pública de Aragón. “Ellos dieron parte al 112, que lo comunicó a Protección Civil y que distribuyó unos depósitos de 1.000 litros de agua por cada pueblo.”

El origen del problema está en Sabiñánigo, al norte. Por allí pasa el Gállego, afluente del Ebro. Y es en este pueblo del Pirineo oscense donde la empresa Inquinosa producía el pesticida lindano, ahora prohibido en la Unión Europea. La fábrica operó desde 1975 hasta su cierre definitivo en 1994. Inquinosa cerró, pero su legado permanece. Según un estudio de 2013, la producción de la fábrica ha generado aproximadamente 160.000 toneladas de residuos tóxicos. La mayor parte se trasladó a los vertederos de Sardás y Bailín, que suponen hoy “la mayor amenaza para el medio ambiente”, considera el informe, y que lo describe como una de las áreas con restos de lindano más grandes de Europa.

Es en Bailín donde se centra la atención ahora. El traslado de residuos tóxicos de un vaso –así se llama al espacio abierto en el suelo donde se depositan los restos– a otro nuevo entre mayo y septiembre de este año podría ser la causa de las filtraciones al Gállego. “Mala práctica, mal diseño y mala proyección”. Mariano Polanco, de Ecologistas en Acción, resume los presuntos fallos desde una loma frente al vertedero. Critica deficiencias técnicas como la escasa capacidad de la depuradora o la falta de medidas de seguridad durante la operación.

Polanco relata con detalle una cadena de errores. El emplazamiento nunca fue el adecuado dada la formación geológica predominante. El nuevo vaso se deterioró antes de comenzar a rellenarlo este verano. Todo ello, explica, habría permitido que los residuos tóxicos de la zona se desbordasen e infiltrasen en el río, que circula perpendicular al barranco del vertedero.

El Gobierno aragonés del PP admite que a raíz de la obra de traslado al nuevo vertedero de Bailín se han podido producir corrientes subterráneas de agua contaminada, aunque señala que ha ocurrido “como consecuencia de la obra”, y no “porque la obra se haya ejecutado mal”. Según fuentes del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, “no se ha producido ninguna negligencia”, aunque admiten que la obra conllevaba “ciertos riesgos”. Sin embargo, apuntan que era necesario llevarla a cabo. “Los riesgos de no hacerse eran mayores de lo que ha ocurrido. Es una pequeñísima parte de lo que podría haber ocurrido de dejarse como estaba”, puntualizan.

Bailín no es el único foco. Sardas, el primer vertedero del pueblo, y la planta abandonada de Inquinosa también preocupan; ambos junto al río. Sin olvidar toda otra serie de “puntos negros” donde se sospecha que la empresa vertía los desperdicios de manera clandestina. Sin control. Un agujero, un volcado y tierra encima.

“El lindano se obtiene clorando benceno en presencia de luz solar”, explica por teléfono José Antonio Cuchí, doctor en Ciencias Químicas y profesor de la Escuela Politécnica Superior de Huesca. Cuenta que el lindano fue prohibido porque se demostró que era cancerígeno y que la cuenca del Gállego se enfrenta a un problema crónico: “Lindano siempre ha habido, en concentraciones que están cerquita o por debajo del máximo, pero ahora se ha sumado una punta. Es decir, hay una intoxicación aguda sobre una situación que viene de 1975”. El experto explica que el lindano tiene “un gran impacto” en la fauna acuática y pide que se hagan análisis en la agricultura y ganadería de la zona como medida “preventiva”. “Tendremos probablemente más de un siglo de presencia de lindano en el río”, asegura.

Apenas quince metros separan la verja exterior de la antigua Inquinosa de la ribera del embalse de Sabiñánigo. Junto a la entrada, un aviso: 'Instalaciones potencialmente contaminadas'. No hay puerta. La robaron, como la mayoría del metal. No los residuos tóxicos, que siguen apilados sin control alguno en las distintas naves. A medida que uno se adentra, el olor, ese “huele a Inquinosa” que dicen en el pueblo, crece más y más.

Un grupo de técnicos del Gobierno de Aragón visitó las instalaciones en 2011 para comenzar a medir la contaminación del suelo. Entraron más veces y limpiaron parte del material. Enfundados en monos de protección, lo encapsularon y lo transportaron fuera de España para su destrucción. Hoy todavía se acumulan bidones de lindano en un sitio y otro. También recipientes con “Benceno” rotulado en la superficie y documentación, desde órdenes de trabajo hasta advertencias de seguridad.

“De aquí salieron corriendo para que no los encontrase la Justicia”, desliza Polanco. No lo ha hecho. El Juzgado de Primera Instancia de Huesca condenó a la empresa y su propietario en 2003 por daños al medio ambiente. La Audiencia Provincial lo confirmó y el Supremo lo ratificó en 2009. En aquel momento se le exigía una indemnización de 6,4 millones de euros. Nunca ha pagado. Ahora, tras una demanda de ejecución de sentencia y según recoge Efe, el Gobierno de Aragón le reclama 20 millones de euros.

Los años de Inquinosa

Inquinosa llega a Sabiñánigo en 1975. En él, encuentra unas condiciones favorables para su actividad: un entorno industrial adecuado y la facilidad para obtener cloro, uno de los componentes junto al benceno para producir el lindano, que le suministraba Energía e Industrias Aragonesas, también radicada en la localidad oscense.

A mitad de los años ochenta comenzaron las protestas en el pueblo por la contaminación que provocaba. El proceso de fabricación del lindano genera un 15% de producto útil y un 85% de residuos tóxicos. “Fue un momento muy delicado”, explica Jesús Lasierra, alcalde socialista de Sabiñánigo. “Había bastante tensión y enfrentamientos entre aquellos que defendían las normas de medioambiente y salud y los que defendían los puestos de trabajo –hasta ochenta– y que no pasaba nada”. Polanco recuerda esas luchas. Para él, desde un principio, todas las administraciones han intentado tapar el asunto y cuenta cómo los camiones operaban sin ningún tipo de seguridad, sin cubrir la carga y diseminando vertidos a su paso.

El olor a lindano, que muchos recuerdan en Sabiñánigo, ha vuelto a ser un tema de conversación este verano. Dos jóvenes camino de la estación de tren aseguran que sí olía y que llamaba la atención de la gente de fuera. En un parque contiguo, un señor opina que no era para tanto, que la prensa “es muy canalla”; mientras que un camarero declara que sí olía, especialmente los días que soplaba “bochorno”. “Aquí en Sabiñanigo todos sabemos cómo es ese olor. El día 21 de junio, cuando se celebró la Quebrantahuesos (una popular carrera ciclista), llegó un olor importante y supe que era lindano”, relata el primer edil sabiñanense.

“Estamos hablando de un nuevo capítulo de un proceso que dura cuarenta años. Cuarenta años en los que nadie se ha sentado a resolver un problema gravísimo, un problema que tiene una solución complicada, pero que hay que acometer y solucionar”, expone Joaquín Palacín, diputado regional y portavoz de Medio Ambiente de Chunta Aragonesista. La solución pasa, según diversas fuentes, por un proceso de descontaminación integral tanto de Sabiñánigo como del río. “Desde el Gobierno aragonés insisten en que es un problema medioambiental. Nosotros creemos que es una catástrofe medioambiental y yo lo defino como el 'Prestige' aragonés.” Y añade: “Pero es un problema de salud también. ¿Por qué no pueden beber? Desde el momento en que no beben, es un problema de salud después”.

“Tenemos una bomba encima de nuestras cabezas en uno de los principales ríos de Aragón, eso es evidente”, dice Miguel Aso, diputado oscense de Izquierda Unida en las Cortes aragonesas. Opina que en la gestión de la crisis “la descoordinación ha sido mayúscula” y apunta con el dedo al Gobierno aragonés y a la Confederación Hidrográfica del Ebro.“Lo que ha pasado ahora ha sido de una falta de transparencia, falta de coordinación de administraciones y de a ver quién se salva la cara”.

Por el momento, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, anunció el pasado 14 de octubre el lanzamiento de un Plan Integral para el saneamiento del Gállego. Desde el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente aragonés aseguran que no sólo contemplará actuaciones a corto plazo, sino también trabajos de limpieza del río y abastecimientos para los pueblos. Se desconoce la dotación económica que lo acompañará. “La habrá. De momento no la sabemos, pero una vez que se definan las actuaciones, se estipulará el presupuesto”, aseguran.

De vuelta en Sabiñánigo, preocupa también la imagen. “Los primeros perjudicados somos los del pueblo”, dice un comerciante que pide anonimato. Entiende que hay que descontaminar el lindano, pero teme que el caso pueda estigmatizar al pueblo como “una zona apestada”. “La gente va a poner un punto rojo en Sabiñánigo”, opina preocupado.

Aguas abajo, Biscarrués y el resto del pueblos afectados recelan de que este sea un episodio que no pueda repetirse en el futuro. “Algo como esto se puede dar en otro momento, dada la situación de Sabiñánigo y el descontrol que hay”, explica el alcalde de Biscarrués. En los últimos días, las noticias de lindano se han multiplicado.

En el embalse de La Sotonera y en el ibón de Sabocos (ambos en Huesca) también se han hallado restos de lindano, mientras que una plataforma ha presentado una denuncia ante el Parlamento Europeo por posible contaminación del embalse de Oiola, en el País Vasco. A pesar de los múltiples parches que se intentan poner, parece que el problema con el lindano no acaba por ahora.