La Fiscalía ha defendido ante el Tribunal Supremo el derecho de un familiar a recurrir a la justicia para impedir una eutanasia, siempre que exista un "intenso vínculo afectivo presente" con el paciente, y niega que las entidades provida estén legitimadas a hacerlo.

Según una nota de prensa, el ministerio público se ha pronunciado sobre la legitimidad para oponerse a una petición de eutanasia en un informe presentado ante el Tribunal Supremo, que tiene previsto fijar jurisprudencia sobre la cuestión en un pleno integrado por sus 34 magistrados.

El caso que debatirá el Supremo es el de Francesc, un hombre de 55 años que solicitó la eutanasia alegando el sufrimiento que le causan las importantes secuelas que arrastra en el movimiento y el habla por tres ictus y dos infartos que sufrió, pero cuyo padre logró paralizar su muerte digna a través de un recurso.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó llevar a juicio este caso —paralelo al de Noelia Castillo, la joven tetrapléjica a la que se aplicó la eutanasia el pasado 26 de marzo tras un periplo judicial de año y medio—, al concluir que los padres están legitimados a intentar frenar la muerte asistida de un hijo aunque no tengan buena relación.

En su informe, la Fiscalía se remite a resoluciones del Tribunal Constitucional para defender que el reconocimiento del derecho a la eutanasia por parte de la administración es "susceptible de control judicial" y puede ser impugnado por aquellos a quienes la ley contencioso administrativa reconoce un "interés legítimo".

Ahora bien, para el ministerio público, la legitimación de terceras personas para intervenir en un proceso judicial contra un caso de eutanasia "debe ser interpretada con carácter restrictivo, en favor exclusivamente de los parientes ubicados en el más estricto ámbito familiar respecto de la persona solicitante".

Además, para la Fiscalía, no basta con que se acredite una "relación biológica o familiar" con el paciente que solicite la eutanasia, sino que debe exigirse un "requisito añadido: la existencia de un intenso vínculo afectivo presente al tiempo de ejercitar la acción".

El ministerio público niega asimismo la legitimación cuando exista "conflicto de intereses" y subraya que las entidades provida no pueden impugnar la concesión de una eutanasia, "porque esas decisiones no afectan ni perturban el libre ejercicio de su actividad y el cumplimiento de sus objetivos, por lo que carecen de interés directo".

En el caso de Noelia Castillo, que esperó más de 600 días para tener una muerte digna por los sucesivos recursos judiciales interpuestos contra la decisión de la Generalitat de concederle la eutanasia, el padre fue representado ante los tribunales por equipos jurídicos de la asociación ultracatólica Abogados Cristianos.

El pleno del Supremo deberá pronunciarse ahora sobre quién puede litigar para oponerse a una eutanasia, a raíz de un recurso presentado por la Generalitat, que alega que la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia (LORE) no contempla ninguna legitimación expresa a terceros para recurrir la concesión o denegación de la prestación de la eutanasia.

El Supremo considera que el asunto debe debatirse en pleno, al ser una materia de la que todavía no existe jurisprudencia, en parte por la reciente vigencia de la ley, y también por los derechos fundamentales que hay en juicio.

Por ello, el alto tribunal, cuando dicte sentencia, determinará los "requisitos y circunstancias que permiten establecer la concurrencia de un interés legítimo de un tercero (en este caso, un progenitor), con el fin de reconocer su legitimación en un procedimiento judicial" relacionada con la eutanasia solicitada por alguien "mayor de edad con plenas capacidades para decidir sobre su vida.

Tenemos derecho a decidir sobre nuestra propia vida. Nadie más lo tiene. Esta declaración de autonomía es el fundamento de la eutanasia y del rechazo a la pena de muerte. Son dos caras de la misma moneda, aunque las derechas patrias siempre elijan la moneda trucada que cae del lado equivocado. Habitualmente, por razones prácticas muy útiles evolutivamente, tomamos la decisión soberana de colocar en instancias externas la toma de decisiones. El acto máximo de libertad, el que nos distingue de nuestras mascotas e incluso de los grandes simios, es el acto de someterse a la ley. Somos las únicas criaturas que nos sentimos constreñidas por la fuerza de las razones. Pero aceptar la ley no equivale a vivir tutelados. La tutela no es libertad sino sometimiento. Kant definía la ilustración como la emancipación de las tutelas, especialmente de la iglesia, y culpaba a la pereza y la cobardía de la renuncia de los humanos al uso de la inteligencia. Es mucho más cómodo seguir las directrices del púlpito, el de la iglesia o el político. El púlpito, ese mecanismo eficacísimo de concentración del poder a través del adocenamiento de las masas. ¡Sapere aude! ¡Ten el valor de actuar usando tu razón! Ése es el lema de la Ilustración.

Es difícil predecir cuánto durará nuestra capacidad para horrorizarnos. Si no paramos esta locura, vendrán a por nosotras, no lo duden. El gobierno de Netanyahu acaba de aprobar que se condene a la horca a los palestinos de Cisjordania, sí, solo a los palestinos, acusados de terrorismo. Nos acostumbraremos a esto también. Uno de sus ministros lo celebró con champagne. Estas barbaridades se han cometido siempre. La novedad es que ya nadie se molesta en disimular. Ahora, el inquilino de la Casa Blanca guarda las espaldas del genocida. Y los demás callan.

He defendido muchas veces que hay progreso en ética como lo hay en ciencia. El feminismo, el antirracismo, la protección de la infancia, la defensa de los derechos de los animales, la lucha contra el calentamiento global son hitos éticos que han cambiado las relaciones entre humanos y entre estos y el mundo natural. Lo que nunca pensé es que ciencia y ética pudieran sufrir movimientos regresivos ante nuestros ojos de la envergadura de los que estamos viviendo. “Los extraterrestres son demonios”, ha declarado JD Vance. Sin comentarios. Por el lado de la ética, reaparece la horca.

Me gustaría escuchar a las iglesias y sus mensajeros reaccionar con la vehemencia que usan contra el aborto o la eutanasia. Pero claro, aborto y eutanasia amplían derechos y otorgan autonomía a personas en situaciones de vulnerabilidad. Son ejercicios genuinos de libertad personal y la libertad, la de verdad, no la de los bares, es una amenaza para los tiranos.

Tiene un coste muy alto plantarse ante Netanyahu y sus aliados y decir que los palestinos son personas, que son sujetos de derechos, tanto como los judíos que viven al otro lado de una línea imaginaria. Defender un proyecto de ser humano contra la mujer real que puede llevarlo a cabo, defender la vida en abstracto contra el deseo de quien la vive de verdad son, por el contrario, ejercicios vacíos sin coste real. Una mujer que decida no llevar a término un embarazo no tiene ningún poder. Posicionarse contra ella es gratis, mientras que defenderla te hace perder votos y posición social. Nada hay como la honra de las mujeres para que saquen pecho aquellos que supuestamente se la quitan. Defender que el sentido de una vida solo concierne a quien la vive despoja de poder a los portavoces de dios, los expone como los vendedores de humo que son. Su poder solo se fundamenta en nuestra renuncia a defender el nuestro. Defender la propia autonomía es complicado, es costoso, tiene riesgos, es cansado. Pero es el único camino para la auténtica libertad, la que nos da el ejercicio efectivo de nuestra condición de seres racionales.

Ningún Estado puede arrogarse la propiedad de la vida humana. Trump y Netanyahu han iniciado guerras por intereses económicos con absoluto desprecio al derecho internacional y a los derechos humanos. Pero la guerra también tiene reglas. A todas nos maravillaba la conducta de los oficiales americanos y británicos en La Gran Evasión. A todos nos han horrorizado las atrocidades del ejército serbio en la guerra de los Balcanes. Todavía nos queda algo de sensibilidad para apreciar los detalles.

La basura sentimentaloide vertida sobre el último caso mediático de ejercicio de muerte digna no ha sido más que un despliegue extremo de cinismo interesado. Quien piense que el estado tendría que haber intervenido antes para evitar el desenlace debería defender con entusiasmo los servicios sociales, las casas de acogida, la atención a la salud mental, en suma, la protección a las personas vulnerables. Si embargo, los medios —televisiones, radios, periódicos— que se han lucrado en audiencias faltando al respeto a una mujer que ha decidido acabar con su vida son los mismos que vociferan por la bajada de impuestos, por el desmantelamiento de lo público, por el sálvese quien pueda del capitalismo más feroz. Los que dan la cara no me sorprenden. Están muy bien pagados. Me sorprenden los ciudadanos que los aplauden y los convierten en sus héroes y heroínas contra un gobierno al que pretenden derrotar por la vía del descrédito. Me alucina la gente trabajadora que piensa que las bajadas de impuestos les benefician. Esperen a tener una enfermedad seria. Esperen a que sus hijas vayan a la universidad. Las bajadas de impuestos solo favorecen al capital. No se preocupen, quien tiene medios no tiene hijos no deseados, no espera en la UCI que la naturaleza siga su curso, negociando con la gerencia la dosis imprescindible de opiáceos que le garantice una transición indolora. Por eso tenemos que proteger nuestros derechos, el primero de los cuales es la posibilidad de una vida y muerte humanas, en las que seamos los dueños de nuestro destino. Aquí y en el resto del mundo.

La vida es sagrada porque es lo único que esencialmente nos pertenece, lo único con lo que contamos. Tenemos que poder concluirla cuando decidamos que hemos llegado al final del camino. Nuestro poder sobre ella nos identifica como individuos autónomos libres de tutelas. Es nuestra vida, de nadie más. Y nadie puede disponer de ella contra nuestra voluntad. La supuesta defensa de la vida que las iglesias y sus fieles predican sería mucho más creíble si no la supeditaran a sus intereses de grupo. La pena de muerte es un crimen. Sin paliativos, sin excepciones. La última decisión de Netanyahu es una ignominia ante la que no podemos mantenernos callados. Lo que está sucediendo con los palestinos está al nivel de lo que sucedió en los campos de concentración nazis. Solo que ahora tenemos los detalles en tiempo real. La carta de la ignorancia que muchos alemanes jugaron ya no está a nuestro alcance. ¡Sapere aude! Y con nuestra razón, opongámonos a la barbarie, al oscurantismo y al silencio cómplice.

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María José Frápolli es miembro del Grupo de Pensamiento Laico y catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia (UGR).

Empeñado en dar la razón a Ramsés II, a Hitler, a Stalin y a cuantos dictadores aupó al poder con su poderío económico (hoy lo hace con el Agente Naranja yanqui) antes de ser por ellos perseguido, el sionismo ha rizado el rizo de la historia pasando, apenas un siglo después, de ser víctima en el holocausto judío a ser verdugo en el holocausto palestino. Como sucede con las dictaduras de tintes imperialistas, Israel ha decidido invadir todos los países limítrofes después de devastarlos como sólo los fascismos saben hacer.

El silencio cómplice del mundo ante el genocidio sólo ha sido roto por fanáticos cruzados de la extrema derecha radical para aplaudir y alentar a los genocidas. El calvario desatado en Oriente Próximo ha contado con escasas voces en contra como la del gobierno de España a la que se han sumado algunas más, amenazadas por el führer Trump y afeadas por medios influidos por Israel a pesar de los más de 200 periodistas asesinados en Gaza.

Al silencio o la aprobación ante la criminal actuación de Netanyahu y sus hordas asesinas se contrapone el coro de fariseos que, golpeándose el pecho, han puesto el grito en el cielo ante la prohibición por la policía israelí de que un patriarca católico (no cristiano, ojo) y su séquito celebren la tradicional misa del Domingo de Ramos en Jerusalén. ¡Eso sí es un crimen! La inmediata respuesta del sionismo ha sido aprobar, entre risas y champán (puro estilo nazi), la pena de muerte (la horca) para los supervivientes del pueblo palestino.

En España, atenta a sus propios calvarios, se ha cumplido la voluntad de Noelia de que se le aplicara la ley de la eutanasia. El calvario no ha sido su atormentada vida, ni la paraplejia y el dolor crónico sobrevenidos tras un intento fallido de suicidio, no. Su calvario ha sido el viacrucis a que la sometieron durante dos eternos años la banda talibán de Abogados Cristianos con la anuencia del padre cuyo recuerdo para la niña Noelia era “aguardar en bares hasta altas horas de la madrugada mientras él consumía alcohol”. Un calvario similar al culto al sufrimiento al que sor Teresa de Calcuta condenaba a los enfermos en la India.

En España, cuna del esperpento, unas mujeres han denunciado el calvario de que no las dejen acceder a las estructuras de la Iglesia Católica y su órbita cofradiera, dos bastiones donde arraigan la misoginia y el machismo que las oprimen secularmente. La demanda femenina a las hermandades es un síntoma de la renuncia de muchas mujeres a las conquistas igualitarias tras siglos de lucha. A ello contribuyen de forma activa y negativa influencers, como Rosalía, tras descubrir el pingüe filón comercial del sentimiento religioso que ofrecen junto a “virtudes” del ama de casa tradicional como planchar y hacer la colada.

Basta ver qué tipo de personas ocupan los puestos de mayor lucimiento y se dan los más grotescos golpes de pecho en los rituales de la Semana Santa para constatar que son los mismos sayones que gozan haciendo de la vida un calvario para el resto de la humanidad.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

La Administración de Donald Trump ha solicitado una investigación sobre la muerte de Noelia Castillo, la joven de 25 años que accedió a la eutanasia bajo la ley de derecho a morir, según el New York Post.

El medio asegura que funcionarios informaron bajo anonimato que el Departamento de Estado instruyó a la Embajada de EEUU en Madrid a recabar información sobre cómo se gestionó el caso y las decisiones que permitieron llevar a cabo el procedimiento. Estos mismos trabajadores, según el Post, expresaron preocupación por posibles fallas del sistema de protección a personas vulnerables y cuestionaron la aplicación de la ley de eutanasia en casos de sufrimiento no terminal o condiciones psiquiátricas.

Además, indicaron que Noelia Castillo había mostrado "dudas" sobre el procedimiento, pero que estas señales habrían sido ignoradas, generando inquietudes sobre derechos humanos, según el cable diplomático citado por el diario.

Esta información que destapa el medio estadounidense no ha sentado nada bien en el Gobierno y la primera en reaccionar ha sido la ministra de Sanidad, Mónica García pidiendo al Gobierno de Trump que "deje de alimentar la agenda ultra internacional metiendo sus narices en cualquier sitio", ha señalado en X.

La ministra, ha expresado su indignación al asegurar que en "Estados Unidos mueren cada año miles de personas sin seguro médico, mientras Trump apoya y ejecuta vulneraciones de derechos humanos entre Gaza e Irán", dice García al comienzo de su mensaje.

Y termina asegurando en su mensaje en la red social que "España es un país serio, con un sistema sanitario sólido y un marco de derechos que protege y cuida a todas las personas, también a las que deciden pedir ayuda para morir dignamente en contextos regulados por ley, evaluados por comités clínicos y avalados por los tribunales".

También el president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha querido referir a la investigación estadounidense asegurando que España y Cataluña defiende "con toda la firmeza a los y las profesionales de nuestro sistema sanitario ante cualquier ataque malintencionado que quiera estropear su valía y actuación", ha publicado en X. El mensaje concluye con "Defendemos el derecho a una muerte digna después de aprobar uno de los marcos legales más avanzados y ejemplares del mundo".

Noelia Castillo falleció la semana pasada a los 25 años tras recibir finalmente la eutanasia en Sant Pere de Ribes (Barcelona), después de un largo periplo judicial de más de un año y medio.

A la joven, afectada por una paraplejia, se le concedió la eutanasia en julio de 2024.

Su caso fue validado por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el comité independiente que analiza y aprueba cada solicitud de muerte asistida siguiendo todos los preceptos que establece la ley de eutanasia.

El presidente de la Fundación Abogados Cristianos, José María Fernández, ha dicho que mantuvieron la esperanza “hasta el último momento” de que la joven pudiera cambiar de opinión, algo que no sucedió. En declaraciones a los periodistas, Fernández ha considerado que el caso es un “fracaso del sistema sanitario”.

Tanto el juzgado que dio luz verde a la eutanasia de la joven como posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concluyeron que a lo largo del proceso judicial no se había constatado la “falta de capacidad” de Noelia a la hora de desestimar su petición de muerte asistida, y que su decisión de solicitarla se había mantenido firme desde abril de 2024.

Disfruto observando el placer con el que, personas con graves deficiencias físicas, (muchas de ellas afectadas por esclerosis múltiples), y sus familiares disfrutan, a su vez, con el contacto del agua del mar. Algunos sólo lo transmiten a través del brillo de sus ojos hacia sus monitores, quienes se lo devuelven con una sonrisa. Suelen estar poco tiempo, pero en sus miradas se refleja que “ese momento” es uno más de sus ganas de vivir, porque se aferran a la vida, aunque ésta sea tan limitada. Cuando se marchan, yo vuelvo a mi lectura.

La primera vez que tomé contacto con el mundo de la discapacidad y con ese más que loable espíritu de superación, fue hace ya más de 40 años en las pistas de ski de Baqueira-Beret, al observar a jóvenes invidentes deslizarse por las pistas de ski, guiados por su monitor. Su vida estaba literalmente en manos de su monitor, pero ellos sólo se preocupaban del disfrute que proporciona el descenso por las pistas de nieve. Lo mismo ocurría con las personas afectadas de paraplejia, o de discapacidades derivadas de enfermedades medulares o cerebrales. Admiraba su espíritu de superación y sus ganas de añadirle “sal” a sus vidas.

El mundo ha cambiado mucho desde entonces y me ha permitido durante una época muy importante de mi vida, trabajar en programas que mejoraran la calidad de vida de las personas con discapacidad, como director provincial del INSERSO de Salamanca. Ello me facilitó el poder participar en programas europeos tales como HELIOS y HORIZÓN en los años 90. Programas de intercambio de experiencias entre los países de la UE. Aprendí mucho de ellos, de su afán de superación, de su dignidad como personas. Paralelamente a todo ello, la ciencia progresaba de manera espectacular, tanto en investigación como en tratamientos y en diseños de aparatos que han mejorado de manera notable la vida de las personas gravemente afectadas en su movilidad.

Dicho todo lo anterior y, al hilo del debate y aprobación sobre la despenalización de la eutanasia o el derecho a una muerte digna, el corolario final, al menos desde mi reflexión, es que nadie tiene derecho a socavar o impedir el disfrute de la persona parapléjica en el mar, o del tetrapléjico en la nieve. Es más, nadie debe intervenir en la voluntad de quienes consideran que, a pesar de que su vida dependa de un tubo conectado a una máquina, quieren seguir viviendo. Esta es la postura y los principios de los que defendemos el derecho a una muerte digna… el derecho a la eutanasia, porque al igual que defendemos ese derecho inviolable, defendemos a su vez que, quien considera que su concepción de la vida, su calidad de vida tiene unos límites, que su “dignidad” como persona es distinta de la “dignidad” de aquel que está aferrado a la vida a través de una máquina… tiene el derecho de exigir a las administraciones, a los gobiernos, que le amparen legislativamente su legítimo derecho a poner fin a lo que para él y sólo para él ya no es vida. Esto es lo que se ha debatido y aprobado en la sede de la voluntad popular, en el Congreso de los Diputados, con el respaldo de más del 80% de la población española que, según todas las encuestas, venían reclamando. No otra cosa, a pesar de las soflamas incendiarias de PP/Vox: “Esta es una ley eugenésica… que elimina aquellas vidas que ustedes creen que carecen de valor… practicar el asesinato para aliviar económicamente el sistema” (Lourdes Monasterios, Vox). Sobran los comentarios ante tanta vileza.

Ningún derecho civil ha tenido tanto respaldo ciudadano como la eutanasia. De alguna manera esta ley es un homenaje a tanta gente que murió sin tener “su” muerte digna, a los que pusieron cara al sufrimiento, a los que fueron obligados a vivir en contra de su voluntad, una vida para ellos sin sentido ni dignidad, a los que lucharon poniendo en peligro a sus familiares y amigos. Es un homenaje al Dr. Luis Montes, perseguido y vilipendiado por los intolerantes.

España se suma a los países más avanzados en derechos civiles (Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Canadá), a la espera de Nueva Zelanda, Portugal y otros estados en EEUU. A la espera también de que el gobierno colombiano regule por ley lo que ya se contempla en su Constitución. La dignidad avanza. “La eutanasia es una ley que nos hará más libres y felices”, como señala el vicepresidente de la AMD (Asociación por el Derecho a una Muerte Digna). No es la ley que muchos esperábamos (se contemplan trámites innecesarios basados en un garantismo que no existe en otros países y no se incluye a personas con un sufrimiento insoportable de origen psicológico), pero es un gran avance.

Los defensores de la eutanasia somos profundamente respetuosos y apoyamos al mundo de la discapacidad, luchamos y defendemos la investigación, la reivindicación de mejores dotaciones presupuestarias para mejorar la calidad de vida de quienes a pesar de sus limitaciones quieren seguir viviendo. No podría decir lo mismo de quienes no respetan las últimas voluntades y obligan (a través del código penal) a una vida vegetativa a quienes opinan lo contrario. No respetan a quienes quieren, queremos, tener una muerte digna, rodeados de los suyos, de los nuestros, y no de artilugios mecánicos que sólo prolongan el egoísmo humano y, en algunos casos, el ensañamiento “terapéutico”. La eutanasia es el último acto de amor a la vida.

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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.

A veces, empiezas a escribir un texto sabiendo que nunca vas tocar su fondo. Porque si no estamos para pensar con la complejidad que otras realidades demandan, menos aún para saber ponerle palabras y sintaxis. Aunque se escriba para entender. Para, al menos, si no encuentras respuesta, rozar el hueso de las cosas que pasan. Opinar: emitir juicios. Qué tengo que decir que pueda alumbrar algo, si no me duele el cuerpo y, si quiero levantarme, emito una orden que me lleva hasta donde yo decida, que lo que me pueda atormentar ha sido siempre pasajero por ahora y voy a cumplir cuarenta y cinco, que mantengo la esperanza porque tengo recursos para ello: una red. A mí, la vida, más o menos, más lenta o inmediata, me ha respondido siempre. 

A Noelia Castillo, no.

Veo una entrevista que asalta mi teléfono entre las frivolidades de todos los días. Es un programa de televisión de tarde, con sus luces saturadas como todos y música de fondo. Hablan con Noelia, la mujer de veinticinco años que decidió hace dos pedir su derecho a la muerte digna y le fue concedido. Y habla su madre, que quiere que algo le haga cambiar su decisión mientras la acompaña en su final. La grabación, en casa de su abuela materna, la hacen cuatro días antes de morir. La eutanasia, que podría haberse llevado a cabo en agosto de 2024, desde la intimidad y sin este ruido, se demoró durante dos años, trasladando esta decisión íntima, la más difícil y a la que no deseamos mirar ninguno nunca, al gran circo de las opiniones inmediatas, a programas de televisión, a artículos como este. A lo de siempre.

De todo lo que dicen, de todo lo que se ve en esa entrevista recortada en fragmentos y salpicada de comentarios, una frase de Noelia se queda en mí: "para qué me quiere viva". Escuece algo que no es nuestro al mirarla y escucharla. Hacen hablar a Noelia de su padre, del que dice que nunca se ha ocupado de ella, que emprendió entonces, en 2024, una batalla legal acompañado por Abogados Cristianos, una fundación de ultraderecha, para frenar la eutanasia bajo la que su hija decidió poner fin a su dolor y que se concede bajo condiciones muy estrictas. En España, con la Ley Orgánica de 2021 que la regula, la decisión es del paciente, si cumple con las garantías de la norma. El padre, o la madre, no tiene la última palabra legal, pero puede presentar recursos o denuncias, intentar paralizarlo por vía judicial o exponer el caso a los medios para generar presión. Y eso ha hecho. 

Herida sobre herida, daño sobre daño, dentro y fuera, y con una infancia dura en su breve memoria, el cuerpo de la mujer acumulaba dolor de forma grave, crónica e imposibilitante desde que se arrojara desde un quinto piso tras sufrir una violación múltiple en 2022. Dice Noelia: Desde antes de pedir la eutanasia, veía mi mundo muy oscuro, mi final. 

A partir de esto, más allá de la prolongación del sufrimiento de una persona que ha tomado una determinación consciente, comienza la fábrica de bulos y gestos, de señalamientos y culpables, de oraciones en redes sociales, del uso instrumental de una historia íntima para librar más batallas políticas. 

La vida ni respondió a Noelia, ni somos capaces de encontrar respuestas nosotras. Cuánto error, cuánto fracaso colectivo acumulado en un nombre tan joven. Acabo de leer la columna de ayer de la compañera Helena Resano en este mismo periódico, justo al terminar de escribir esto, y parte del mismo lugar. Supongo que frenar frente al caos para pensar las cosas también es tener una postura. Reconocer el desconocimiento es un punto de vista, es una opinión, al fin y al cabo.

Voy a hacer lo que no hay que hacer, escribir una columna de opinión sin tener una opinión. Vomitando aquí con usted todas mis dudas sobre un caso que está ocupando portadas y minutos de televisión. Sí, el caso de Noelia, la chica de 25 años que ha pedido la eutanasia.

A esta hora, mediodía del jueves, todo sigue adelante. Quedan exactamente 6 horas para que Noelia cierre los ojos. Ha pedido estar sola en ese momento. No quiere a nadie en la habitación. No sé a qué estará dedicando estas últimas horas, si habrá encendido la televisión, si habrá leído los periódicos. Desconozco si estará harta de que todo el mundo opine sobre su decisión. Y subrayo lo de 'su'.

A esta hora, me llega la alerta de que James Rhodes se ha ofrecido a costearle todos los gastos de su tratamiento si da marcha atrás, le pide que se lo piense. Y admito que entiendo ese ofrecimiento desesperado de última hora. Entiendo que hay un impulso de tenderle la mano, de decirle que hay vida más allá, que se puede encontrar el camino… pero también entiendo que la decisión de Noelia la ha tomado una mujer adulta, muy joven sí, 25 añitos, demasiado joven para tirar la toalla, pero agotada de estar sufriendo.

Durante todo este tiempo, cuando conocíamos los recursos del padre, asesorado por abogados cristianos, paralizando la decisión de su hija, echaba de menos escucharle a ella. Pensaba que su situación física le impedía comunicarse pero no, la pudimos ver el miércoles, en el programa de Sonsoles, narrando su sufrimiento, contando que no podía más, que estaba agotada y decepcionada. Decepcionada con la vida y especialmente con ese padre que le ha alargado el sufrimiento 20 meses más y que, en cambio, no ha sido capaz de llamarla, de ir a verla. No quiere que se muera pero tampoco sabe muy bien Noelia para qué la quiere viva.

Y sientes que, ¿quién eres tú para opinar sobre eso? ¿Cómo ponerse en su piel? Es un caso dolorosísimo, en el que ha fallado todo. Noelia tuvo una infancia de mierda y una adolescencia peor. Opinar sobre la decisión que ha tomado ahora, después de haberse intentado quitar la vida tirándose por una ventana, es demasiado atrevido. Su caso, avalado por los médicos, con una discapacidad que se agravó tras ese intento de suicidio, hace que cumpla con todos los requisitos que exige la ley. Así que, en ese sentido, no hay nada que decir. La justicia ha hablado. Muchas veces.

Noelia se va a ir sin haber visto florecer la primavera. Sin tener la oportunidad de envejecer. Pero su cuerpo y su cabeza no querían eso. No quieren eso.

Sé que Noelia no va a leer esto. Si todo ha salido como ella quería, hoy Noelia descansará. Habrá cumplido con su deseo, reclamado y peleado en los tribunales durante meses. Una decisión dolorosa para quienes pensamos que era demasiado joven, que podría haber encontrado otra salida, pero una decisión respetable. No estuve ahí, viviendo tu dolor. No estuve ahí, viviendo tu abandono. Nadie estuvo. Y, quizás, ése fue el mayor error.

Noelia Castillo, de 25 años, ha recibido la eutanasia este jueves en el Hospital Residencia Sant Camil de Sant Pere de Ribes (Barcelona), casi dos años después de su solicitud ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC), el órgano encargado de proteger la correcta aplicación de la ley de eutanasia.

La joven catalana, afectada por una paraplejia, vio paralizado su trámite por las continuas demandas de su padre para frenar el procedimiento. Este miércoles, un día antes de la muerte, el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona denegó el último intento de la fundación ultraderechista Abogados Cristianos de suspender el procedimiento médico.

Los abogados de la fundación ultracatólica fueron los que, en agosto de 2024, lograron paralizar "in extremis" la eutanasia de Noelia mediante un recurso que presentaron en nombre del padre de la chica, que se opone a su muerte digna.

Tras un recorrido judicial de año y medio, y con los todos los recursos agotados, los tribunales han avalado el derecho de Noelia a la eutanasia, que el Departamento de Salud había fijado para la tarde de este jueves.

El padre de Castillo, que agotó todas las vías legales en España para evitar el derecho de su hija a una muerte digna, vio rechazado su recurso también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el pasado martes.

El juzgado de instrucción número 20 de Barcelona ha denegado el último intento de la fundación Abogados Cristianos para frenar la eutanasia de la joven parapléjica de 25 años, Noelia, prevista para mañana tras un año y medio paralizada en los tribunales por el recurso que presentó su padre.

La entidad ultracatólica, según ha explicado esta mañana en un comunicado, ha solicitado suspender la eutanasia mediante unas medidas cautelarísimas presentadas ante el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, que investiga la querella que Abogados Cristianos presentó contra dos miembros de la comisión de la Generalitat que autorizó la muerte digna de la joven, que sufre una paraplejia.

No obstante, el juzgado ha denegado las medidas solicitadas argumentando que no es el competente para resolver sobre esa cuestión.

Los abogados de la fundación ultracatólica fueron los que, en agosto de 2024, lograron paralizar "in extremis" la eutanasia de Noelia mediante un recurso que presentaron en nombre del padre de la chica, que se opone a su muerte digna.

Tras un recorrido judicial de año y medio, y con los todos los recursos agotados, los tribunales han avalado el derecho de Noelia a la eutanasia, que el Departamento de Salud ha fijado inicialmente para mañana, según explicó ayer la joven en una entrevista televisiva.

En su último intento fallido por detener la muerte asistida de la joven, Abogados Cristianos ha pedido esta mañana al juzgado de instrucción que acuerde de forma cautelarísima -sin escuchar a las partes- que Noelia sea sometida a un tratamiento psiquiátrico antes de que se le practique la eutanasia.

En un comunicado, Abogados Cristianos recuerda que el padre de Noelia "ha estado a su lado durante todo el proceso y ha luchado en los tribunales para salvar su vida" y que ningún miembro de la familia apoya su muerte digna.

Las medidas cautelarísimas han sido solicitadas en nombre de la fundación ultracatólica, que es la que presentó la querella por prevaricación contra los técnicos de la comisión del Departamento de Salud que, en julio de 2024, autorizaron la eutanasia de la joven.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado paralizar la eutanasia de Noelia, la joven de Barcelona de 25 años afectada por una paraplejia, a la que se opone su padre, que agotó todas las vías legales en España para evitar el derecho de su hija a una muerte digna, confirmaron este martes a EFE fuentes judiciales.

La Corte de Estrasburgo desestimó así el 10 de marzo pasado una petición de medidas cautelares contra la eutanasia de la joven que había recibido siete días antes, precisaron las fuentes.

El Tribunal Constitucional ha rechazado admitir a trámite el último recurso presentado por el padre de Noelia, la joven de Barcelona de 25 años afectada por una paraplejia, con el que buscaba frenar de manera cautelar la eutanasia de su hija, según informa EFE.

La Sala segunda de la corte de garantías ha adoptado esta decisión por unanimidad en una sesión extraordinaria celebrada este viernes, ante la "manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo". El padre había solicitado en su recurso de amparo "medidas cautelarísimas" para suspender la eutanasia que ya se le había concedido a su hija a través de sus representantes legales: el despacho ultracatólico Abogados Cristianos.

En esta nueva apelación, el padre también impugnó todas las resoluciones anteriores que habían acreditado que su hija tenía la capacidad de decidir y los requisitos suficientes para obtener el procedimiento por "una enfermedad grave e incurable que le provoca un padecimiento grave, crónico e imposibilitante".

La batalla ante la justicia arrancó cuando el padre recurrió la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, de 18 de julio de 2024, por la que se concedió la autorización de la eutanasia de su hija, mayor de edad, y de inmediato el juzgado acordó como medida cautelar la suspensión de la eutanasia. La batalla ante la justicia arrancó cuando el padre recurrió la resolución que concedía la eutanasia a su hija.

Ante esta nueva resolución, Abogados Cristianos ha emitido un comunicado en el que aseguran que llevarán el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo. El despacho ultracatólico considera que "se están vulnerando derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida y a la tutela judicial efectiva".

También han señalado que sigue pendiente la resolución su solicitud de medida cautelar ante el Juzgado de lo Penal.

El padre de Noelia, la joven de Barcelona de 25 años afectada por una paraplejia, ha pedido al Tribunal Constitucional que paralice de manera cautelar la eutanasia de su hija hasta que la justicia resuelva el recurso que ha presentado ante la corte de garantías, según informa EFE.

El despacho ultracatólico Abogados Cristianos, que representa al padre de Noelia, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que pide que acuerde de forma inmediata y urgente la medida cautelarísima de suspender la eutanasia de la joven.

Esta nueva iniciativa judicial del padre de Noelia se produce después de que el Tribunal Supremo (TS) inadmitiera su recurso contra la muerte asistida de la joven. En un auto, el Supremo decidió no admitir el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que autorizaba la muerte digna de la joven, por falta de interés casacional, es decir, porque pretendía que se analizara de nuevo las pruebas, algo que no es posible.

La batalla ante la justicia arrancó cuando el padre recurrió la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, de 18 de julio de 2024, por la que se concedió la autorización de la eutanasia de su hija, mayor de edad, y de inmediato el juzgado acordó como medida cautelar la suspensión de la eutanasia.

Poco después, el juzgado rechazó el recurso al considerarlo inadmisible porque el padre no estaba legitimado para recurrir puesto que la hija era mayor de edad y no estaba incapacitada. Además, concluyó que la joven sí tenía capacidad plena para solicitar la eutanasia y que se cumplían todos los requisitos para que esta se concediera, así como que se habían seguido todos los pasos para que el procedimiento tuviera todas las garantías.

El padre acudió en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que sí que reconoció su legitimación para recurrir, pero rechazó su recurso porque de ninguna de las pruebas se desprendía la ausencia de capacidad de la hija, sino todo lo contrario, más aun cuando las meras afirmaciones de que tenía patologías psiquiátricas resultaban insuficientes al estar desprovistas de cualquier refuerzo técnico.

Ante este escenario, el padre recurrió al Supremo porque sostenía que no había quedado acreditado que su hija sufra una enfermedad grave e incurable, o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante; y porque tampoco concurría conformidad libre, voluntaria y consciente de la paciente, al presentar antecedentes psiquiátricos graves. El padre alegaba que la eutanasia era un perjuicio "irreparable".

Ante el nuevo rechazo judicial por parte del Tribunal Supremo, el padre ha recurrido ahora al Constitucional. En el recurso de amparo, al que ha tenido acceso EFE, el padre de Noelia alega que la joven padece "trastornos mentales" y de la "personalidad" y que cuenta con un historial de "antecedentes psiquiátricos". En este sentido, sostiene que una "persona que padece un trastorno límite de la personalidad con ideaciones suicidas tiene viciada su capacidad para, precisamente, decidir sobre su muerte".

En cambio, tanto el juzgado que dio luz verde a la eutanasia de la joven como el TSJC, en su sentencia de septiembre de 2025, concluyeron que a lo largo de proceso judicial no se había constatado su "falta de capacidad" para desestimar su petición de muerte asistida, y que su decisión de solicitarla se había mantenido firme desde abril de 2024.

"Respeta mi fe". Leo este eslogan en un lazo negro reivindicativo que porta Polonia Castellano, directora de la asociación Abogados Cristianos, en una fotografía de prensa. En la misma imagen, el lazo aparece ampliado, colgado de una pared. A quienes no compartimos el credo religioso sociológicamente dominante en nuestro país me gustaría proponer lo siguiente: que llevemos lazos de colores —cada cual del que mejor le siente o combine con su estilismo del día— para reivindicar que nos dejen en paz. La leyenda podría ser: "Respeta tú la mía". Resulta angustiosa la insistencia de determinados colectivos en intervenir en asuntos que no les competen en absoluto.

Abogados Cristianos vuelve a la actualidad —bien pensado, nunca deja de estar en ella— a propósito de un caso particularmente infame. El Tribunal Supremo ha rechazado admitir a trámite el recurso del padre de Noelia, representado por dicha asociación, que solicitaba la paralización del proceso legal destinado a poner fin al sufrimiento de la joven. Eso supone acabar con su vida. Noelia no quiere seguir sufriendo y la ley la ampara. Si hubiera elegido lo contrario, la ley también la ampararía. En España no se obliga a nadie a morir. Sin embargo, la asociación ha considerado que tienen que perseverar en la tortura de esta joven. Ya han anunciado que van a recurrir al Tribunal Constitucional.

La situación es infame porque no corresponde a Abogados Cristianos decidir sobre el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Noelia tiene derecho a morir dignamente. Una sociedad adulta, democrática y no tutelada no puede permitir que sus miembros pasen por un sufrimiento irreversible que les resulte insoportable. No lo hacemos con nuestras mascotas; no alcanzo a entender por qué no es evidente que tampoco debemos hacerlo con nuestros congéneres. Naturalmente, siempre que sean ellos quienes, en pleno uso de sus facultades y de manera informada, decidan poner fin a ese sufrimiento.

No me hablen del alma. Si la motivación de Abogados Cristianos se basa en la creencia —la suya, no la de Noelia, ni la mía— de que su decisión condena su alma, que recen por ella. En silencio, si puede ser.

No quiero juzgar los motivos del progenitor que se empeña en prolongar la agonía de su hija por encima de sus deseos, de su bienestar, de su autonomía y de su libertad. Tampoco me hablen de amor. ¡Cuántas atrocidades se cometen en su nombre! Esto no es amor. Lo que se ejecuta en este ya demasiado largo proceso es un ejercicio de poder y de desprecio: por parte de unos, hacia quienes no piensan como ellos; por parte del otro, hacia la persona a la que se supone que ama y que quiere liberarse.

Este caso reúne todos los ingredientes de una lucha de poder. Hay jerarquía de estatus: un padre y una hija. Hay jerarquía de género: un varón y una mujer. "La maté porque era mía"; "no quiero que mueras porque eres mía". Ambas jerarquías están sostenidas y elevadas a valores absolutos por la ideología que Abogados Cristianos representa. Y hay, sobre todo, soberbia: "Yo sé mejor que tú lo que te conviene". ¿Cuántas veces hemos oído —o padecido— esta frase?

La religión, cuando se empodera, condena a una minoría de edad perpetua a mujeres y a colectivos que, para poder respirar, deben enfrentarse al sistema. Y la lucha es profundamente desigual, porque junto a Abogados Cristianos aparecen en escena jueces de los tribunales de mayor rango. No todos, no siempre —menos mal—, pero con demasiada frecuencia.

El único antídoto es más democracia. Para ello necesitamos jueces que no estén al servicio de ninguna causa que no sea la justicia y los derechos de la ciudadanía. Y necesitamos ciudadanos que entiendan que los derechos amparados por la ley están por encima de las creencias individuales. Por eso el laicismo es imprescindible. Respeto tu fe. Respeta tú la mía.

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María José Frápolli es miembro del Grupo de Pensamiento Laico y catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia (UGR).

Tiene 33 años de experiencia primero como profesor y después como catedrático de Derecho Procesal, puesto que ejerce en la Universidad Complutense de Madrid. Julio Banacloche, uno de los 12 candidatos a una plaza de magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, reúne todos los requisitos legales para cubrir esa vacante. El candidato ha mostrado en diversos actos públicos y apariciones en medios un fuerte perfil religioso y conservador con opiniones contrarias a iniciativas bandera de la izquierda como la ley trans, el aborto o la eutanasia. También a la exhumación de Franco de Cuelgamuros. En febrero de 2025 participó en unas jornadas jurídicas organizadas por el PP en las que criticó al Constitucional por avalar todas las iniciativas del Gobierno: "Da igual lo que apruebe el Congreso porque va a pasar el filtro del TC". En 2012 llegó a afirmar que los católicos "pueden desobedecer leyes contrarias al Derecho Natural".

Además de Banacloche, al puesto concurren otros 11 aspirantes que ya han pasado el filtro de la comisión de calificación. Ahora será el Pleno el que tendrá que elegir al nuevo magistrado. Conservadores y progresistas, con 10 vocales cada uno en el órgano de gobierno de los jueces que preside Isabel Perelló, tendrán que pactar un nombre para alcanzar la mayoría de tres quintos (13 votos) que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige para la cobertura de la plaza. El catedrático ya optó en 2019 a otra vacante en el Supremo –en la Sala de lo Civil– que finalmente no logró obtener y ha sonado en varias quinielas al Tribunal Constitucional en los últimos años.

El procesalista de la Complutense participó el pasado febrero en las jornadas denominadas Contra la impunidad, organizadas por el PP en el Congreso de los Diputados, a las que también acudieron otros juristas conservadores como el exmagistrado del Supremo y el Constitucional Jorge Rodríguez Zapata, la presidenta de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, entre otros. La jornada, inaugurada por el presidente del partido Alberto Núñez Feijóo, y clausurada por su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, sirvió para criticar las principales iniciativas del Gobierno y el PSOE en materia judicial.

La intervención de Banacloche (aquí el vídeo, tercera hora, minuto 10,39) se centró, sobre todo, en la proposición de ley del PSOE –presentada por esas fechas pero finalmente retirada– para limitar la acción popular. El profesor se mostró contrario a la iniciativa del grupo parlamentario socialista por considerar que estaba diseñada para acabar con los casos que afectan al Gobierno. El académico se refirió a esa figura como "el elemento que ha servido de contrapeso" a un Ministerio Fiscal con "un nivel de desprestigio muy grande". Banacloche también se mostró contrario a que sean los fiscales y no los jueces de instrucción los que instruyan las causas penales, como prevé el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal del actual Gobierno, una iniciativa que también ha defendido el PP y fue propuesta en su momento por los Ejecutivos de Mariano Rajoy.

Por último, cargó contra el Tribunal Constitucional. "Algo hay que hacer", dijo, "porque esto es como el caso Negreira [el escándalo de los supuestos sobornos del FC Barcelona a los árbitros] pero en derechos y libertades". El profesor aseguró que cualquier cosa aprobada por el Congreso pasa el filtro del TC, algo que, aseguró "no ha pasado nunca en la historia del tribunal". En el turno de preguntas, cuando le preguntaron por las amenazas del Supremo a la mayoría progresista del órgano de garantías sobre la posibilidad de actuar contra sus magistrados por prevaricación, afirmó: "La propia Constitución establece que todo el mundo está sujeto a responsabilidad (...) también los magistrados del Constitucional. Luego afirmó que sentía "cierta esperanza" porque la próxima renovación parcial del órgano corresponde al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

Además de esos planteamientos conservadores expuestos en el acto del PP, el aspirante a magistrado de lo penal del Supremo nunca ha ocultado sus principios ideológicos y religiosos. "Un católico debe desobedecer las leyes contrarias a la ley natural", es decir, a su propia religión, dijo en una conferencia en el Colegio Mayor Belagua de la Universidad de Navarra en 2012. "Si una ley va en contra del derecho natural", un concepto filosófico que se refiere a un conjunto de supuestas normas y principios que los católicos identifican con los de la Iglesia, "un jurista católico no la puede reconocer como verdadera ley, aunque formalmente esté aprobada", añadió, según recogió entonces el sitio web de contenido religioso Catholic.net.

En 2023, en una entrevista en la revista católica Omnes, se refirió al anterior Gobierno de PSOE y Podemos como "factoría de ingeniería social" y criticó la ley trans como "una regulación desproporcionada, ideologizada y contraria a la ciencia, a la lógica y a la seguridad jurídica y social más elementales·. "Nadie entiende que una persona pueda cambiar de sexo simplemente con decirlo en la ventanilla del Registro y aprovecharse a partir de ese momento de las ventajas atribuidas al nuevo sexo", añadió. En el coloquio también cargó contra el aborto, en el que, dijo, no importa nada "ni el padre, ni mucho menos el hijo que se aborta"; o la eutanasia, en la que no se tiene en cuenta a "los familiares" del que expresa su deseo de morir. En 2019, además, publicó un artículo en El Mundo en el que criticaba la exhumación de Franco.

La Sala de lo Penal del Supremo cuenta con 15 miembros, de los que solo tres son mujeres. Los criterios aprobados por la comisión de igualdad del CGPJ para aplicar la ley de paridad señalan que ese reparto equitativo entre sexos debe darse en cada sala, lo que indicaría que el puesto tendría que corresponder, en principio, a una magistrada. Los vocales conservadores, sin embargo, ya han avanzado que vetarán a una de las candidatas a la que señalan por su cercanía al PSOE y a Pedro Sánchez. Se trata de la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Silvina Bacigalupo. Bacigalupo formó parte del equipo que asesoró a los socialistas para elaborar el programa con el que concurrieron a las elecciones de 2015.

Los colectivos en defensa del derecho a una muerte digna fueron grandes impulsores políticos y sociales de la Ley de Eutanasia que en 2020 salió adelante en el Congreso de los Diputados por amplia mayoría absoluta. A lo largo de 2021 la norma comenzó a aplicarse y, desde entonces, estas mismas organizaciones vienen advirtiendo de diversas carencias —desde la burocracia a la formación del personal sanitario, pasando por la dilación de las solicitudes, que en el caso gallego Derecho a Morir Dignamente (DMD) Galicia atribuye fundamentalmente a la Xunta.

Con este telón de fondo el Ministerio de Sanidad acaba de actualizar los datos de aplicación de este derecho con la nueva edición del “Informe Anual sobre la Prestación de Ayuda para Morir”, correspondiente a 2024. En lo relativo al territorio gallego el documento muestra que 42 personas recibieron la eutanasia en Galicia desde que la ley está en vigor y hasta el final del pasado año. Pero también que la mayor parte de los procesos iniciados al amparo de la ley concluyen sin una prestación de ayuda para morir: así sucedió en casi el 60% de los casos.

Siempre según los datos del Ministerio, de 2021 a 2024 finalizaron 98 procedimientos iniciados en Galicia conforme a la Ley de Eutanasia. Un total de 42 terminaron con una prestación de ayuda para morir a las personas que así lo pidieron, mientras que 56 concluyeron con revocaciones —renuncias a la petición—, denegaciones por parte de las comisiones médicas y éticas que valoran las solicitudes o con la muerte de la persona solicitante antes de poder acceder efectivamente a la eutanasia.

Aunque con una proporción un poco menor, este fenómeno se reprodujo en el último año analizado en detalle, 2024. En ese año finalizaron en Galicia 34 procedimientos de la Ley de Eutanasia —el cómputo total incluye solicitudes que habían sido formuladas en años previos— y la conclusión de 16 fue la ayuda a morir. Media docena de estos procesos no finalizaron con la muerte asistida de la persona enferma que lo había pedido porque renunció (revocación) y tres solicitudes fueron denegadas.

En el total estatal la proporción es similar a la gallega y el propio Ministerio evidencia que “menos de la mitad de los procesos que finalizaron en 2024 terminaron en la realización de una prestación de ayuda para morir, concretamente un 45,86%”. Un tercio “fueron un fallecimiento previo a la prestación” y un 15%, denegaciones, mientras que “la proporción de desistimientos fue menor”, algo menos de un 6%.

Especialmente significativo es, en el total de casos también en Galicia, las muertes registradas de personas que pidieron la eutanasia pero que fallecieron por otras causas antes de poder acceder al derecho. Durante 2024 fueron nueve, casi el 30% del total.

En este punto organizaciones como DMD ponen el foco en los plazos de tramitación. Según el citado informe, en el año 2024 la media de días transcurridos en Galicia entre la primera solicitud y la prestación efectiva del derecho a morir fue de 157,87 días, la más elevada del Estado. El segundo valor más alto es el de Andalucía, con 113.

El Ministerio ofrece también, no obstante, el dato mediano de los tiempos de tramitación de las solicitudes de eutanasia y pone el foco en él “por ser una medida capaz de describir la posición central del conjunto de datos sobre plazos” y estar “menos distorsionada” por casos puntuales que se dilaten más que el resto. Ese valor mediano estuvo en Galicia en 59 días durante 2024, mientras que la media estatal se situó en 62.

Un juzgado de Barcelona ha abierto diligencias de investigación a dos de los miembros del comité de evaluación que autorizó la eutanasia de Noelia, la joven de 24 años afectada por una paraplejia, por los presuntos delitos de falsedad en documento público y prevaricación, según informa EFE.

La magistrada del juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona ha admitido a trámite la querella presentada por la asociación ultracatólica Abogados Cristianos contra dos de los miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGEC) que aprobó la eutanasia de Noelia.

El pasado mes de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) avaló la decisión de una jueza de Barcelona de autorizar la eutanasia de Noelia, cuyo padre paralizó in extremis su muerte asistida hace un año con un recurso en los tribunales. 

En su querella contra estos dos miembros del comité de evaluación que intervinieron en la autorización de la muerte asistida de la joven, Abogados Cristianos alegó que se habían vulnerado las garantías esenciales al haberse simulado un desacuerdo en el informe clave, por lo que considera que el procedimiento administrativo que avaló la eutanasia de Noelia es "nulo desde el origen".

En concreto, la querella aducía que ambos miembros, uno en su condición médico y otro como jurista, "reconocieron en sede judicial haber simulado un desacuerdo en su informe de 2 de julio de 2024 para poder elevar el caso al pleno de la Comisión"

Esa simulación, subraya Abogados Cristianos, supone "falsear un documento público esencial del procedimiento de eutanasia y desvirtuar por completo el cauce legal previsto en la ley".

En un auto, el juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona ha admitido a trámite la querella de Abogados Cristianos y abre diligencias de investigación a este médico y a la jurista por los presuntos delitos de falsedad en documento público por funcionario y prevaricación administrativa.

El auto ordena como primera diligencia, con carácter previo a decidir si toma declaración a los dos querellados, que el juzgado de la Contencioso-Administrativo número 12 de Barcelona remita testimonio de la sentencia y la grabación de la vista en la que se habrían producido las declaraciones clave de los querellados.

En un comunicado, la asociación ultracatólica considera que si el informe en el que se basó la decisión de autorizar la eutanasia "está viciado desde el origen, todo el procedimiento es nulo y, por tanto, no se puede aplicar la eutanasia de Noelia con mínimas garantías jurídicas".

Por ello, pide que se suspenda la eutanasia mientras se investiga la posible comisión de delitos de falsedad documental y prevaricación.

Hace tres años, Noelia decidió acabar con todo. Se asomó a la ventana del quinto piso en el que vivía y se tiró. Ese intento de suicidio la dejó parapléjica, con daños irreversibles.

Su vida no ha sido sencilla. Cuando era pequeña sus padres perdieron su custodia y el hogar de la joven paso a ser un centro tutelado. Ya de adolescente, sufrió una violación múltiple, mientras que la relación con sus padres era casi nula.

Tras su intento de suicido, pasó a residir en un centro sociosanitario de Cataluña. Tras dos años postrada en la cama con un deterioro y sufrimiento crónicos — como así lo detallan los informes médicos— Noelia decidió solicitar la eutanasia.

Y aquí merece la pena resaltar la complejidad del proceso, que está marcado por la garantía de la voluntad real de la persona de morir. El afectado debe manifestar por escrito su voluntad al menos dos veces en 15 días y en la solicitud tiene que quedar claro que es una decisión individual y que no proviene de ninguna presión externa. También tienen que asegurar que conocen todas las alternativas posibles a la eutanasia, como los cuidados paliativos. Cuando el proceso comienza, el paciente puede cambiar su decisión en cualquier momento o retrasar su aplicación. 

La petición de Noelia fue aprobada desde la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña y se fijó como fecha para ejercer su derecho a tener una muerte digna el 2 de agosto de 2024. Sin embargo, más de un año después, sigue esperando. El causante es ese mismo hombre ausente de su adolescencia: su padre, que, representado por Abogados Cristianos, presentó un recurso alegando que no estaba capacitada para tomar esa decisión y que el daño en su cuerpo no es insufrible. “Noelia tenía la prestación de eutanasia aprobada, lo cual es muy complicado al ser un proceso tan largo y complejo, y fue a raíz de una reclamación de su padre que se paralizó”, expone Cristina Vallés, de la asociación Derecho a Morir Dignamente.

Desde su organización consideran que “este proceso tendría que haberse resuelto en tiempo, pero lleva paralizado tres años por el empeño de la organización ultracatólica Abogados Cristianos”. Lo que está viviendo Noelia es de “una crueldad extrema”, comentan en conversación con este medio, debido a que supone “la intervención de terceras personas en una decisión individual y libre”. 

Noelia es una mujer adulta de 24 años, que ya ha reiterado que desea recibir la eutanasia. Sin embargo, en diversas ocasiones ha denunciado cómo personas externas y ajenas a su vida personal han tratado de poner freno a su decisión. En el juicio, celebrado en marzo, Noelia relató que grupos católicos, que estaban vinculados al centro tutelado donde creció y a una parroquia de Sabadell (Barcelona), estaban ejerciendo presión sobre ella para intentar cambiar su decisión. Entre las distintas presiones destacan "visitas" no anunciadas por dos mujeres miembros de esta comunidad religiosa, a las que Noelia pudo identificar porque solían trabajar en el centro tutelado donde residió. En estas visitas, las mujeres intentaban convencerla de que su decisión no era correcta, según cuenta la joven.

Incluso, según relata ella misma, fue obligada por estas dos mujeres a escribir un texto en el que indicaba que había meditado su decisión y deseaba más tiempo. En esa ocasión, habían irrumpido en la estancia y, aprovechando que Noelia estaba débil y cansada por los fármacos, dictaron a la joven el contenido de la carta e hicieron que firmara.

El texto, al que tuvo acceso El Confidencial, indicaba: "Señor director del Hospital Residencia Sant Camil de Sant Pere de Ribes, señor médico responsable del procedimiento de la Prestación de Ayuda a Morir (PRAM). Por medio de la presente hago constar que estando señalada para el 2 de agosto la realización de la eutanasia y hallándome en un estado de confusión, solicito al objeto de poder madurar mejor mi decisión un aplazamiento de 6 meses para la realización de dicha prestación".

Su padre trató de utilizar este documento para frenar el proceso, pero Noelia aseguró posteriormente que en aquel momento no sabía lo que estaba escribiendo, que simplemente quería que se marcharan y que por eso no puso resistencia a las insistencias de las dos mujeres.

Este acoso es constante, alega Noelia, incluso cuando no están en su habitación o cerca de ella. En unos mensajes a los que tuvo acceso ElDiario.es una de las mujeres escribe: “Me cuesta mucho entender tu actitud de rotura radical al amor de los otros. Realmente tiene que ser un infierno haber hecho esta opción y vivir así”, replica la mujer, después de que la joven expresara su deseo de que la dejasen en paz. 

“Desde Abogados Cristianos están dispuestos a todo, aunque saben que no pueden ganar ya que no pueden presentar ninguna alegación sostenible”, expone Vallés. De esta forma, explican que lo que pretenden desde esta fundación religiosa es ganar tiempo y, por consecuencia, hacer que Noelia pierda el suyo. 

“Toda ley puede tener una reclamación, pero necesitamos que se resuelvan más rápidamente”, añade Vallés. Intentar impedir cualquier recurso es desproporcionado, pero es de vital importancia acabar con las demoras de los tribunales para evitar que se prolongue un sufrimiento innecesario, indican en un comunicado. 

“Si una persona a la que quieres está sufriendo tienes que respetar su voluntad, aunque dejar ir sea un ejercicio complejo” argumenta Vallés, que considera que quizá los verdaderos motivos de la inquina con la que Abogados Cristianos está retrasando este proceso no sean del todo por amor a una hija. 

“Por una cuestión de ideología están condenando a una chica, la eutanasia no se pide porque sí, el sufrimiento es mayor que la vida”, reitera Vallés, que entiende que esto es una nueva cruzada contra las leyes del gobierno. “Lo que quieren es alargar el proceso porque quieren poner en duda que la ley sea correcta”, argumenta Vallés. 

“Lo que quieren es hacer ruido. Lo que no consiguieron en el Congreso quieren intentarlo con un atajo legal, es casi un fraude de ley”, sentencia. En su momento, la norma salió adelante con los votos en contra de Vox y del Partido Popular, quienes incluso la elevaron al Tribunal Constitucional, que acabó por ratificar la ley como valida.  

Precisamente, el exfiscal y magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín escribió en este medio: “Pretender imponer la ideología o creencias por encima de la libre voluntad y autodeterminación no es compatible con los valores de un Estado democrático y de derecho”. 

En su momento el Partido Popular tachó la normativa de “frívola” y desde la formación afirmaron que la ley estaba hecha de forma “atropellada y chapucera”, en lugar de optar por la alternativa de los cuidados paliativos, que señalaban como la opción más aceptada por los españoles. 

En el momento en el que se aprobó la ley, España se convirtió en el cuarto país de Europa en legalizar este procedimiento y el séptimo en todo el mundo. Así comenzó la normalización de algo que el 87% los ciudadanos españoles ya aceptaban, según datos de Derecho a Morir Dignamente. “Es una ley necesaria” explica Vallés, que añade que “la española es una de las más garantistas en el proceso de evaluación”. 

Aun así todavía queda mucho por mejorar por parte de las instituciones españolas. Desde esta organización denuncian que los plazos siguen siendo demasiado largos y que no hay datos de calidad, a pesar de la creación de un Sistema de Información de la Eutanasia (SIE) por el Ministerio de Sanidad, que, según dicen en un informe, se hizo “tarde y mal”. 

En este mismo informe, DMD estima que, desde que se aprobó la ley, unas 3.000 personas han solicitado ayuda para morir, de las que solo el 40% han finalizado con una eutanasia. A una de cada cuatro personas se le deniega su solicitud y otra cuarta parte fallece durante la tramitación.

Mientras los siete padres de la Constitución iban perfilando, paso a paso, los fundamentos del país europeo que queríamos ser, la Iglesia se retorcía en sus sacristías: tras siglos de reyes católicos, un insólito consenso ponía las bases de un estado ‘aconfesional’, un escalón por encima del Estado confesional pedido por unos y uno por debajo del Estado laico que otros propugnaban; el consenso era eso. En paralelo a aquellos debates de los padres, la Iglesia fue negociando con el Gobierno de la UCD su posición en la estructura del nuevo poder. La Constitución fue publicada el 29 de diciembre de 1978 (había sido promulgada el día 27, pero alguien pensó que si la publicaban el 28 la gente la tomaría por una inocentada) y el 3 de enero de 1979 se firmaba con la Santa Sede el nuevo concordato que, para evitar viejos resabios, se optó por llamar simplemente ‘acuerdos’.

Por entonces, una de las graves preocupaciones de los obispos era el divorcio, tentación en la que ninguno de ellos habría de caer. De tal forma que negociaron con el Estado encastillarse en su propio matrimonio, indisoluble y regido por el derecho canónico, en paralelo al matrimonio civil que, según el tsunami que se avecinaba, pronto iba a ser disoluble. El Gobierno aceptó encantado esta propuesta; bien es cierto que había enviado a Marcelino Oreja para negociar en su nombre, con lo que, en realidad, la Iglesia negoció los acuerdos con ella misma.

Cuando llegó 1981, España tenía un ministro de justicia bastante más listo que aquel negociador propagandista: Francisco Fernández Ordoñez, el socialdemócrata de la UCD, quien constató que, tras dos años de vigencia, la Constitución no había llamado a las puertas del Código Civil. Así que impulsó la Ley 11/1981, que hoy causa sonrojo pero no leyendo su contenido, sino leyendo los artículos que derogaba, recibidos en herencia de un franquismo añorado por las Esperanzas del reino: un código plagado de referencias a dotes, hijos ilegítimos y naturales, patria potestad paterna, gananciales en manos del marido... En esa ley debía regularse también el divorcio, pero era tantísima la presión de los entornos de la caverna (‘nihil novum’) que la aprobación se retrasó dos meses, hasta la Ley 30/1981, aprobada el día de San Fermín. Y entonces los obispos advirtieron estupefactos que, en aquel encierro, los toreados habían sido ellos.

Mientras que lo pactado en 1979 con la Iglesia contemplaba dos matrimonios distintos –igualmente válidos: uno canónico y otro civil, cada uno con sus propias condiciones, normativa y tribunales– la Ley 30/1981 alumbró dos... formas de contraer el matrimonio, que sería único: bien te cases en el juzgado o en la parroquia, el matrimonio es el mismo y es civil. La derivada insospechada se convirtió en obvia: aquellos que se casaran ante un sacerdote, jurando ante Dios llegar juntos hasta la muerte, podrían hacer de su capa un sayo y divorciarse sin problema. El matrimonio canónico quedaba convertido en una simple ‘forma’, una vestidura de tramoya, amparada y sometida a la jurisdicción del Estado. Los obispos entraron en cólera y el pobre Fernández Ordóñez se quedó sin poder ir a la procesión del Corpus en Toledo, vetado por el ordinario del lugar.

La presión que sufrió el Gobierno para no permitir la disolución del matrimonio nos parece hoy ridícula; y entiendo la desazón de aquellos gobernantes, insultados y zarandeados por los medios conservadores, cuando advirtieron que, aprobado el divorcio, sus oponentes ultramontanos fueron los primeros en correr al juzgado a divorciarse, suplicando que se les aplicara la ley que tanto habían denigrado.

Viendo lo sucedido entonces, y en otras tantas ocasiones que vinieron después, donde quienes luchan contra el reconocimiento de derechos luego los reclaman para sí, a veces me arrojo a pensar que la UCD debió hacer caso al compromiso pactado y limitar el divorcio a los matrimonios celebrados ante un juez y dejarse de mamandurrias: aquel que se casa ante un sacerdote, que no pueda divorciarse. Y estos divertimentos jurídicos inventados en noches de calor como el Tribunal de la Rota (que, ingenuo de mí, pensé que estaba en Cádiz) o el matrimonio roto y no consumado –con su jurisprudencia, tan aguda como procaz, sobre los coitos vestibulares, luego imitada por nuestro Tribunal Supremo para distinguir las violaciones intentadas, frustradas y consumadas– dejémoslos para su uso litúrgico; no les demos valor. Si el matrimonio por la Iglesia dura para siempre, que así sea. No hubiera llegado al nuevo siglo: nadie se casaría ante un sacerdote si no le dejaran divorciarse y volverse a casar.

La idea de dos matrimonios era antigua y un tanto inquietante: durante el franquismo existía un matrimonio civil restringido a quienes demostraran no ser católicos. Existía así una norma para los católicos y otra para los no católicos, a quienes se requería una declaración formal de ser apóstatas. Semejante planteamiento nos retraía al viejo principio de aplicación personal del derecho: normas diferentes para personas diferentes.

En realidad, este principio de aplicación normativa (para mí una ley, para ti otra) tiene una tradición milenaria: el derecho civil romano era solo el derecho de los ciudadanos romanos, pero no se aplicaba a los bárbaros aunque vivieran en el Imperio. En el Toledo medieval de las tres culturas –modelo al parecer encomiable de gente que vive en el mismo lugar pero no se mezcla–, cada una de las culturas o tribus se regía por sus propias normas. Y solo a medida que el Estado se consolidó como estructura de poder, se fue instaurando la aplicación territorial del derecho, que vincula por igual a todas las personas que se encuentran en el país, aplicado por unos mismos tribunales. Las resistencias a este avance democrático fueron inmensas y alguna pervive todavía hoy: el Ejército español, lastrado por una imponente inercia histórica (la misma que le permite ser hoy un reducto católico en un país aconfesional) sigue teniendo sus propias normas y sus propios tribunales. Al resto de españoles, salvando al Rey, se les aplica el mismo ordenamiento jurídico.

Que la UCD hubiese prohibido el divorcio a quienes se casaran en sagrado habría sido una completa insensatez, aunque hubiera puesto a los afectados ante el espejo de su propia hipocresía. Y es que cuesta tanto arrancar derechos al poder, hay que picar tanta piedra, que tienta la idea de abrir senderos paralelos para los afectos y para los desafectos. De esta forma, por ejemplo, podría aplicarse a la normativa de interrupción del embarazo el mismo régimen de los antiguos matrimonios civiles: el Estado, legítimamente preocupado por el equilibrio espiritual de las españolas, podría exigir a las mujeres que abortan una declaración de apostasía, protegiendo a las católicas y evitándoles la violencia moral de actuar en contra de sus convicciones. Estoy hablando en broma, lógicamente, una pura ‘boutade’, pero confrontemos el escenario: a los homosexuales que quisieran casarse, se les podría exigir un certificado de que no votan al PP. Ellos creen que casarse va en contra de la Constitución, y qué mejor cosa puede hacer el Estado que ayudarles a no incumplirla. Y otro tanto pasaría con la eutanasia: a los médicos que la objetan y a todos aquellos que se opongan a la ley, que no se les amortigüen los últimos sufrimientos, si hay riesgo de que los paliativos les acorten la agonía.

Los ejemplos se nos multiplican en las manos: para evitar el incordio de quienes alardean de difamar a las centrales sindicales pero se apresuran a pedir los moscosos que consiguen, podríamos convenir que los sindicatos solo negociasen las condiciones laborales de sus propios afiliados, como sucede en los Estados Unidos, dejando a los esquiroles y botargas compuestos y sin subida de sueldo. Visto que hay gente que no arrima el hombro y que se empeña en echar el ancla mientras otros reman, decidamos que no les alcancen los beneficios obtenidos a su pesar.

Lógicamente, ninguna de estas propuestas irrazonables y delirantes sería deseable, y quiero pensar que tampoco posible. Haremos bien en señalar las contradicciones de los que arrojan piedras a quienes construyen la casa y luego corren a refugiarse dentro. Pero los derechos tienen que ser universales, unos mismos para todos, porque todos los merecen. En el ámbito de lo público, lo ganado por unos beneficia al resto; tal vez ello convierta la lucha en más desigual, a veces descorazonadora, pero igualmente necesaria. Son las reglas del juego: en democracia no existen (o no deberían existir) normas privativas, lo que etimológicamente se denomina privilegio: la ley para unos. Aunque a veces el desahogo nos lleve a querer cerrar las puertas del hospital a quien no ha querido vacunarse (quien decide con libertad la causa, asume libremente la consecuencia), no sería justo. Y convendrá reforzar este principio en estos tiempos en que nos quieren llevar de vuelta al Medievo: defendamos unos mismos derechos, un solo matrimonio para católicos y apóstatas, un mismo convenio para sindicalistas e indiferentes, una sola norma para ciudadanos y extranjeros, para ricos y pobres, para ancianos con seguro privado de salud y sin seguro privado de salud... Lo contrario es el infierno de Dante, el sueño de nuestra querida ninfa Cariclo.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

La Asamblea Nacional francesa aprobó este martes en primera lectura una proposición de ley para legalizar y regular por primera vez la eutanasia para enfermos incurables que padezcan sufrimientos insoportables, según informa EFE.

El resultado de la votación fue de 305 votos a favor y 199 en contra. A partir de ahora, el texto pasará al Senado en otoño, antes de volver a la Asamblea para su debate en segunda lectura, previsiblemente a comienzos de 2026.

Los diputados franceses también aprobaron por unanimidad de los 560 votos emitidos otra proposición de ley para asegurar el acceso a los cuidados paliativos a todos los enfermos que lo necesiten.

El presidente Emmanuel Macron consideró que las dos votaciones constituyen "una etapa importante", según dijo en redes sociales.

"Dentro del respeto de todas las sensibilidades, las dudas y las esperanzas, el camino de fraternidad que yo buscaba avanza poco a poco. Con dignidad y humanidad", añadió.

La ministra de Sanidad, Catherine Vautrin, mostró su satisfacción tras la votación, aunque reconoció que "aún queda un largo camino por recorrer" en el Parlamento, pero a pesar de ello apostó por seguir buscando "un consenso" lo más amplio posible.

El texto sobre la eutanasia recibió el apoyo de todo el bloque de la izquierda y del centro macronista, mientras que recibió el rechazo de la derecha conservadora, aunque con excepciones, ya que los grupos políticos dieron libertad de voto a sus diputados. 

Esta proposición legislativa ha tenido un complicado camino legislativo, que comenzó en 2022 y fue interrumpido por las elecciones anticipadas de 2024.

El texto establece la posibilidad de recibir una ayuda activa a morir para los pacientes graves o incurables "en fase avanzada" o "terminal" de su enfermedad, que padezcan "sufrimientos físicos o psicológicos contantes". 

Pero también exige que los enfermos puedan expresar su voluntad libremente hasta el mismo día de su aplicación. 

Eso excluye a los pacientes en coma o que sufran un Alzheimer profundo y que hubieran solicitado la eutanasia previamente pero no puedan dar su consentimiento expreso en el momento de la administración de las sustancias que provocan la muerte, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos que ya han legalizado la eutanasia. 

La solicitud debe ser examinada en un plazo de quince días por un grupo de médicos en un procedimiento colegiado. En caso de aprobación, se prevé una fase de reflexión de dos días durante la que el paciente puede dar marcha atrás. A partir de ahí, el procedimiento debe tener lugar en un plazo máximo de tres meses. 

El texto establece que los pacientes deben administrarse a sí mismos la sustancia letal (facilitada por un profesional médico), salvo que tengan una imposibilidad para hacerlo, en cuyo caso sería un médico quien se la administraría.

Para los partidarios de la eutanasia, el texto se queda corto y crea demasiados obstáculos, mientras para los que se oponen va demasiado lejos. Aún así, los diputados favorables apoyaron masivamente el texto ya que lo consideran mejor que la actual situación en la que los enfermos que pueden se ven obligados a viajar a las vecinas Suiza o Bélgica.

La libertad de voto arrojó resultados curiosos. Un total de 19 diputados de la extrema derecha de Marine Le Pen votaron a favor, frente a 101 en contra y 3 abstenciones, mientras que 4 socialistas votaron en contra, frente a 66 a favor y dos abstenciones.

Un caso especial fue el del partido de centroderecha Horizons, del ex primer ministro Édouard Philipe, cuyos diputados se dividieron totalmente (14 a favor, 13 en contra y 6 abstenciones).

La ministra de Sanidad definió el procedimiento adoptado por la Asamblea Nacional como "un enfoque francés, estricto y regulado".

En 2022, cuatro años después, Ángel ya daba la historia por zanjada. Al menos, fuera de las paredes de su casa. Ya no quería ser reconocido. Ya no quería llamar la atención. Y ya no quería ser considerado símbolo de nada. Sin embargo, "un encuentro casual con una señora" cambió todo. Era julio y Ángel regresaba a la casa que tiene en El Campello (Alicante) cuando una mujer de más o menos su misma edad le paró en mitad de la calle para darle las gracias. Lo que no imaginaban en ese momento —ni ella ni él— es que esas palabras le marcarían tanto que le obligarían a sentarse a escribir. En sólo tres días consiguió componer toda su historia y, sobre todo, la de María José. Ángel Hernández ha querido compartir con infoLibre el documento, de más de 170 páginas, seis años después de haberse convertido en símbolo de una muerte digna que vio la luz apenas 24 meses después de que le suministrase el pentobarbital sódico a su mujer. En junio de 2021 fue cuando por fin pudo usar la chapa que había diseñado y en la que, sobre la fotografía de María José Carrasco, pudo imprimir su "¡Lo conseguimos!". Han pasado cuatro años desde entonces.

Pocas personas han podido leer las páginas que Ángel escribió aquellos calurosos días del verano de 2022. Sin embargo, las escribió con la idea de compartirlas, como una suerte de rendición de cuentas. De devolución de todas las "muestras de cariño" de quienes, como la mujer que le abordó en El Campello, "habían entendido" lo que hizo junto a su mujer. "Y que tenía que ver con intentar conseguir un nuevo derecho que sirviera a toda la sociedad". No sólo a sí mismos. "Fue una muestra de solidaridad para todas aquellas personas que esperaban" que la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) viera la luz, explica Ángel en su escrito. Lo hicieron por todos aquellos "que necesitaban que se les ayudase a morir por padecer una enfermedad irreversible, provocándoles un gran sufrimiento", lamenta. El suyo comenzó treinta años antes de aquel 3 de abril de 2019. 

Era 1989 cuando María José Carrasco fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad crónica e irreversible de la que, además, sufría la variante más agresiva. La menos investigada. La menos tratada. En 1994, sólo cuatro años después, obtuvo el grado de discapacidad del 82%. En septiembre de 1996 tuvo que abandonar su puesto de trabajo. Y es ahí cuando ella "intenta poner fin a su vida" por primera vez. Pero no lo consiguió. "Creo que mereció la pena recuperarla", reflexiona ahora su viudo. "Pese a sus dificultades, con mi ayuda ha podido disfrutar en estos años de una vida relativamente satisfactoria", explica. Pero eso sí, cree que la pregunta es —y sobre todo era— oportuna. "¿Qué decisión tomaríamos si nos diagnosticaran una enfermedad degenerativa e irreversible? Probablemente actuaríamos adelantando nuestro final", lamenta. Al menos, de una manera suficientemente prematura como para no tener que hacerlo dependiendo de nadie. 

No fue su caso. Los años pasaron y en 2009 María José fue reconocida como "gran dependiente". Sin embargo, la solicitud de una residencia nunca avanzó y una década después todo cambió. Hasta 2018, recuerda Ángel, pudo tener una "vida relativamente aceptable". Dependía de él, pero no tenía dolor. Hasta que la enfermedad empezó a mostrar su peor cara aquel año. "Ya no quería morir por lo que me ocasionaba a mí al estar cuidándola, sino porque su vida empezaba a serle insoportable". Ni la morfina ni el fentanilo podían calmar el dolor. Así que ese mes de octubre llegó la petición oficial. "No quiero dormirme, quiero morirme", dijo en una entrevista en El País.

Fue entonces cuando empezaron su batalla. Lo hicieron, además, en consonancia con lo que habían sido años atrás, "dos personas comprometidas en la lucha por la libertad y la democracia contra el franquismo". "Nuestra experiencia en esa lucha nos llevó a la conclusión de que teníamos que cambiar de estrategia, tenía que ser diferente a como se había planteado hasta ese momento [...]. Teníamos que poner todo nuestro empeño en que la clase dirigente progresista no hablara solo de la despenalización de la eutanasia, sino que se comprometieran en su aprobación con carácter prioritario, pretendiendo con ello el hacer más democrática la vida en este país. Teníamos esperanzas de que nuestra aportación sirviera para eso", explica.

Su intención no era otra que servir de palanca. "Intentamos con ese testimonio el hacer visible la situación de María José con la idea de que la derecha dejara de retener la LORE en la Mesa del Congreso", recuerda. Pero no sirvió de nada. Así que en ese momento ya lo tuvieron claro. "La única solución para acabar con su dolor y sufrimiento [...] no era otra que la de poner fin a eso, probablemente con mi ayuda", explica. Él ya sabía que sería imputado, un extremo que ella rechazaba pero que tuvo que aceptar con resignación. La convocatoria de elecciones para el 28 de abril y la posibilidad de una victoria de la derecha aceleró todo. Y el día 2 de abril, tras la visita a cuidados paliativos, ella dijo que había llegado el fin. "Me planteó que ya había llegado el momento de no alargar más ese sufrimiento doloroso, porque no podía ni quería tener de nuevo esos ataques de dolor. Me pidió que la ayudara a morir", recuerda Ángel.

Lo que ocurrió al día siguiente es de sobra conocido. A las 10.05 horas de la mañana, cuando los obreros que trabajaban cerca de su piso habían parado las máquinas para tomar un breve desayuno, María José bebió el pentobarbital sódico con el objetivo de la cámara apuntando la escena. Era necesario, insiste Ángel ahora. Había que mostrar "el dolor sin censura". "Fue necesaria nuestra disposición en mostrar el sufrimiento de María José, con un dolor indescriptible y paliativo que le calmara, para que se dieran cuenta que mantener a una persona así solo por una cuestión moral era aterrador para los que necesitaban esa ayuda", valora ahora. Pocos minutos después de beber el líquido, María José se durmió. Lo recuerda en su escrito con nitidez porque volvió a verlo "un tiempo después". Aunque hacerlo le produjo un "profundo dolor". Tanto, que tardó todo un día en ser capaz.

Cuando las cámaras se apagaron su ya viudo siguió con el plan tal y como lo habían diseñado: llamó a emergencias y a los medios de comunicación. Se preparó para su detención. Soportó una imputación por presunta violencia de género. Y en mitad del proceso celebró la aprobación de la ley por la que había peleado junto a su mujer durante tantos años. Y que consiguió su absolución. Pero no fue una victoria. Ni mucho menos. "Es complicado admitir que has ganado la batalla cuando en ella has perdido la razón de tu existencia", concluye ahora en su escrito.

Lo hicieron por ella y también por muchos otros nombres propios que Ángel no olvida. Pero sobre todo por los que llegarían después. Este mes de junio se cumplirán cuatro desde que entró en vigor la ley. Y es el propio viudo de María José el que lamenta que todavía existen trabas. Algunas peticiones son paralizadas, impedidas o retrasadas. Y lamentablemente no le sorprende. "Nada de lo que está ocurriendo escapa a lo que pensaba que iba a ocurrir. Se le ha quitado a una institución como a la iglesia ese poder que tenían sobre nuestro final de la vida, y eso es algo que le ha creado a su soberbia de poder un posicionamiento en contra de la LORE", señala a infoLibre.

Noelia, por ejemplo, no puede acceder a su derecho a morir dignamente hasta que haya una sentencia firme que le dé la razón frente a su padre, parapetado tras la organización ultra Abogados Cristianos. Y Antonino González murió en su cama, una noche, esperando que la solicitud para su eutanasia llegara al menos a registrarse. Ni el médico de cabecera, ni la neuróloga que le trataba su ELA —la misma enfermedad que soportó María José— ni la directora de la residencia en la que vivía le ayudaron, como recuerda desde el otro lado del teléfono Judit. "Me llamó la Comisión de Garantías y Evaluación para decirme que ya habían encontrado médico responsable cuando estaba en el cementerio", lamenta. No le dejaron morir acompañado. Ni como él quiso. Y todo porque, diagnostica ahora su hija, no consiguieron encontrar a alguien que supiera cómo funcionaba el trámite. O que como mínimo se interesara por intentar averiguarlo. "Hubo muchísimas personas implicadas y muchísimas pegas", critica.

Lo peor es que ni siquiera es una excepción. La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) realiza un seguimiento de la aplicación de la muerte digna en España tras su aprobación. Y lamenta que todavía hoy sigue habiendo trabas. Y que el principal problema es que ni siquiera hay información que permita un diagnóstico certero de qué es lo que ocurre y dónde pueden estar los posibles problemas.

Las últimas cifras oficiales son las relativas a 2023 publicadas en noviembre de 2024 por el Ministerio de Sanidad. Según detalla, en esos doce meses se presentaron 766 solicitudes, de las cuales 334 terminaron con una prestación de ayuda para morir, es decir, el 43,6%. Ahora bien, según critica Javier Velasco, presidente de DMD, en esos números sólo se ven reflejadas las peticiones que ya han tenido una primera respuesta y no las que, como en el caso de Antonino, no habían pasado de la mera voluntad del paciente expresada a través de un primer formulario. Así que el dato resulta irreal.

Por el contrario, y según enumera Velasco, las solicitudes denegadas alcanzaron el 24,5%, un porcentaje que ni siquiera se puede valorar porque no se acompaña de ninguna otra información. "Es imposible saber si ese porcentaje es positivo o negativo sin la posibilidad de ver los motivos por los cuales se deniegan las peticiones", explica el experto. Es ese el principal problema de la muerte digna cuatro años después. Que los informes que analizan su aplicación tienen datos que no recogen toda la realidad o que no van más allá de un simple número, complicando los análisis. "Sigue habiendo muchísimo trabajo a nivel metodológico y creemos que el Ministerio de Sanidad es consciente", subraya.

En cualquier caso, para Velasco el problema no está en el departamento de Mónica García, sino en la información que este recibe por parte de las autonomías. No hay todavía, denuncia, uniformidad en la recogida de estadísticas, por lo que ni siquiera se comparan los mismos valores. Pero es que además la información que ofrecen muestra una gran "falta de equidad en la aplicación de la ley". "Sigue habiendo una diferencia abismal entre las comunidades en las solicitudes y las prestaciones", señala Velasco. En concreto, mientras algunasregistran muchas más solicitudes asistidas, otras muestran todavía datos mucho menores. Cataluña se situó a la cabeza con 219, por delante de Madrid (89) y Canarias (62). En la otra cara de la moneda, Extremadura y Murcia, con dos solicitudes cada una, seguidas de La Rioja (4) y Cantabria (19).

Dar una respuesta es complicado. Para Velasco no es una cuestión del color del gobierno de turno, sino de los técnicos intermedios que deben decidir. Y ahí pone el foco en una figura: la del médico de familia. Es la atención primaria la que más solicitudes recibe y tramita, y su estado de saturación no acompaña. "Muchas veces objeta o dice que no quiere. Si se le pusieran facilidades, este primer paso sería más ágil", considera del presidente de DMD. Es, precisamente, lo que vivió Judit con Antonino. "El médico de cabecera de mi padre me dijo que era objetor y que tenía muchísimo trabajo. Desde el primer momento dejó claro que no se ocuparía", lamenta, desde el otro lado del teléfono. Como él, en 2023 hubo 190 personas que fallecieron esperando que su deseo se llevara a cabo. Desde 2021 han sido 374.