El papa León XIV, en su viaje a España, fue pródigo en pronunciamientos ante los distintos sectores de la sociedad. Por ser el Congreso de los Diputados donde participan todas las fuerzas políticas del Estado español, incluidas las independentistas, se impone analizar el contenido del largo discurso dirigido por el papa a la representación política popular.

Si en todos sus discursos el papa ha tenido en sus labios la palabra dignidad de la persona humana, ha sido sin duda alguna en el Congreso donde más veces la utilizó. Su discurso, finalizado, fue ovacionado durante siete minutos por unos y otros diputados, de derechas o de izquierdas. Por lo que parece esa ovación refrendaba el contenido del discurso papal. Lo mismo se aplaudía la condena del aborto y eutanasia, tesis de la derecha, que los derechos de los inmigrantes y refugiados, defendidos por la izquierda. Y tanto en un caso como en otro, la base de la argumentación papal ha sido el respeto a la dignidad de la persona humana y a sus derechos. Es a esa dignidad de la persona humana a la que queremos referirnos ahora a la hora de analizar algunas de las cuestiones abordadas por León XIV.

El aborto y la eutanasia son temas delicados que afectan a millones de personas en el mundo. En la sociedad avanza la idea de respetar y legalizar tanto el aborto como la eutanasia mientras que la Iglesia católica sigue manteniendo su condena. Sin pronunciar la palabra “condenar”, León XIV lo recordó ante el Congreso español: “toda vida debe ser concebida y custodiada, desde su concepción hasta su ocaso natural”. Tiene esa institución su ayuda en un frente mediático muy fuerte en el mundo, al servicio de las políticas de derechas que trabajan por frenar esos avances, aunque en privado sus representantes políticos, sociales y económicos las utilizan para sus familias, pese al coste económico y social que les pueda suponer. Es evidente la hipocresía, especialmente en los sectores del poder económico, político y social.

No hay más que echar un vistazo a la prensa. El Correo Español titulaba recientemente un artículo de opinión La eutanasia no es la solución. Y recordaba la actitud de algunos clásicos como Cervantes (1547-1617), en su Quijote. Finalizaba así su reflexión: “Tal vez convenga recordarlo en los momentos de mayor abatimiento: la vida no es un problema que deba resolverse, sino una realidad que merece defenderse”. Y cuanto todo parece fallar, aún queda la palabra, la inteligencia y la memoria de quienes, como Cervantes, supieron recordarnos que la mayor locura no es vivir, sino renunciar hacerlo “sin más ni más”.

El aborto está ya legalizado en el Estado español desde 1985. La Iglesia católica, como lo avala el discurso papal, a la hora de argumentar su rechazo y condena, alega el respeto a la dignidad de la persona humana y a sus derechos humanos. Vamos a ver. ¿Es respetar la dignidad de la persona humana aquellas situaciones en que una mujer es violentada, por violación, y condenada a parir en contra de su voluntad? ¿Es respetar la dignidad de la persona humana condenar el aborto cuando se prevé un mal parto y el nacimiento de “personas” con graves deficiencias físicas o mentales? ¿Es respetar la dignidad de la persona humana condenar a quien aborte en medio de las guerras e inmigración mundiales actuales? ¿Es respetar la dignidad de la persona humana no respetar la voluntad de cada persona con embarazos no deseados?

La legalización de la eutanasia en el Estado español desde el año 2021 va avanzando, si bien hay aún mucho rechazo práctico, tanto en sectores médicos, que son quienes prioritariamente deben actuar, como sociales y políticos. Personalmente, he sido testigo en tres ocasiones de, pese a últimas voluntades a favor de la eutanasia, encontrarme con médicos que se opusieron a respetarlas y, en consecuencia, retrasar y dar vía al final de sus vidas.

La Iglesia católica, sin embargo, sigue condenando la eutanasia en nombre del respeto a la dignidad de la persona humana. ¿Es respetar la dignidad de la persona humana condenar a quien pide la eutanasia porque no quiere vivir en sufrimiento permanente, como tantos casos de enfermedades incurables, como por ejemplo no querer malvivir con la ELA? ¿O porque, con problemas de movilidad y comunicación o con discapacidades físicas o mentales, no quiere vivir dependiente de otras personas? ¿O porque no quiere cargar su situación a ningún familiar? ¿Es respetar la dignidad de la persona humana condenar a quien reclama la eutanasia porque, sencillamente, ya no quiere vivir por las razones que fueren, que son las suyas, siempre que no choquen con los derechos de otras personas? ¿Cervantes, si hubiera sufrido la ELA u otra enfermedad incurable, o dependencia total, no hubiera apostado por la eutanasia? Sospecho que Sancho Panza, buen vividor según le presenta el satírico Cervantes, habría pensado de otra forma distinta a la que aparece en el Quijote. Seguro que se habría acogido a esta posibilidad, tan desconocida entonces.

Respetar la dignidad de la persona humana, tal como reclama el papa, debería conllevar el respeto a la voluntad de cada mujer para parir o abortar según sea su contexto natural, físico, social, político, económico. Respetar la dignidad de la persona humana debería conllevar respetar la voluntad de toda persona que quiera dar fin a su vida por sus problemas físicos, psicológicos, mentales, económicos, sociales. Condenar el aborto y la eutanasia, tal como mantiene la Iglesia católica y el papa actual, es, en mi humilde opinión, no respetar la dignidad de la persona humana y sus derechos. Por tanto, flagrante contradicción la del papa actual y su Iglesia católica.

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 Juan Mari Arregui es periodista.

El Congreso de los Diputados ha acordado tramitar, con la oposición de PP, Vox y UPN, la reforma legislativa para acortar los plazos judiciales cuando se presenten recursos contra el dictamen de la comisión que avala la eutanasia y evitar dilaciones que prolonguen el sufrimiento a estas personas.

Con 178 votos a favor y 169 en contra, el Congreso va a iniciar la tramitación de la proposición de ley impulsada en el Parlament de Cataluña para modificar algunas normativas sobre el derecho de morir dignamente defendida este jueves en la Cámara Baja por los diputados Sara Jaurrieta (PSC), Jordi Fàbrega (Junts) y Juli Fernández (ERC).

Por mayoría, el Parlamento toma en consideración la propuesta —impulsada por PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP de la mano de las entidades que defienden el derecho a morir dignamente— para impedir que se repitan casos como el de Noelia, cuya eutanasia se retrasó casi dos años por los recursos judiciales que interpuso su padre.

La iniciativa legislativa plantea que el procedimiento judicial de control de la resolución administrativa de la comisión "sea lo más breve posible y no se dilate mas allá de lo estrictamente imprescindible" para evitar prolongar "de una manera innecesaria e inhumana el sufrimiento de la persona titular del derecho a recibir la prestación de la ayuda".

En su intervención, Sara Jaurrieta (PSC) ha destacado que "la última palabra le corresponde a la persona que en libertad ha expresado su deseo", porque esos largos procesos que se inician tras el recurso de una tercera menosprecian su libertad individual.

Jordi Fàbrega (Junts) ha incidido en que "la eutanasia es uno de los procesos más garantistas, no es una decisión precipitada ni frívola, sino un procedimiento muy riguroso" y quien llega "no lo hace a la ligera", sino tras agotar todas las opciones.

"No persigue instaurar un nuevo derecho, sino perfeccionarlo en un momento muy complejo de la vida de la gente, aspira a dar certidumbre" con un plazo de 25 días para dar una respuesta, ha argumentado Juli Fernández (ERC).

La norma recoge que la dilatación del proceso comportaría imponer a estas personas un sufrimiento añadido que sería equivalente a atentar contra su integridad y a infligirles un trato inhumano del tipo que el artículo 15 de la Constitución prohíbe expresamente.

"Han sido pocos los casos en que se han impugnado las resoluciones de las comisiones de garantía y evaluación, pero las dramáticas situaciones que estos procesos han comportado revelan la imperiosa necesidad de adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro puedan repetirse situaciones similares", argumenta.

El PP se mostrado en contra "de acelerar procedimientos judiciales". "Ante una decisión irreversible, las garantías nunca sobran cuando está en juego la vida humana", ha asegurado Antonio Román, quien ha defendido una ley integral de cuidados paliativos y ha respaldado las palabras del papa y su rechazo a la muerte asistida.

La diputada socialista Carmen Andrés ha destacado que "el derecho a la eutanasia es incuestionable y se trata de mejorar las leyes para que un interés legítimo no agrave más el sufrimiento". "Nadie puede imponer el sufrimiento a otro", ha añadido y ha recriminado al PP tener legitimidad para hablar de cuidados paliativos cuando en Madrid "se dejó morir" a las personas mayores con covid.

Vox ha definido la eutanasia "como el peor de los fracasos", según ha dicho la parlamentaria María de la Cabeza Ruiz, quien ha defendido el derecho a un familiar a recurrir esa decisión.

La diputada de Sumar Júlia Boada también se ha referido a la intervención del papa, "que defiende la doctrina católica", y ha recordado que no se debate ahora la eutanasia, sino que "la democracia debe garantizar los derechos en tanto que individuos libres".

Desde ERC, Pilar Vallugera ha defendido la urgencia de corregir "que esos retrasos injustificables afecten al derecho a la eutanasia", entendida como "un derecho de vida y no de muerte".

"La política debe servir también para garantizar la dignidad de la muerte", ha asegurado Pilar Calvo de Junts, quien ha apoyado la propuesta del Parlament, pero con "voto en contra a Illa y Sánchez" por "dar la espalda" a los enfermos de ELA.

Respaldo desde EH Bildu por "humanidad, respeto y dignidad", ha señalado Marije Fullaondo, quien ha planteado también una "reforma sosegada" de la ley de eutanasia.

Mikel Legarda (PNV) ha justificado esta iniciativa "para evitar que se alargue más allá de lo imprescindible por causa de un peregrinaje de control judicial".

"Respaldo sin matices" desde Podemos, ha señalado Javier Sánchez, para evitar más casos como el de Francesc Augé, cuya eutanasia ha sido paralizada por su padre de 93 años.

Néstor Rego ha expresado el apoyo del BNG, al igual que hizo con la ley de eutanasia.

En 2017 el realizador César Vallejo rodó un documental sobre Luis de Marcos al que tituló El viaje a Islandia. Cuando en Aspe recogí —en nombre de César— uno de los premios que ganó, me acompañaban mis hijos, y a ellos se lo dediqué diciéndoles que una vez que se conquistara el derecho a decidir sobre el final de la propia vida, ellos podrían dedicar su tiempo y sus fuerzas a luchar por otros derechos.

Ese derecho llegó hace cinco años en forma de ley orgánica: se aprobó el 18 de marzo y entró en vigor tres meses después, el 25 de junio de 2021. El camino recorrido hasta allí no estuvo exento de disgustos, abandonos inesperados, pedradas, abrazos envenenados e insultos. No conozco a nadie que disfrute oyendo que lo llaman asesino o monstruo, pero cuando te guías por el corazón esos calificativos no hacen daño, definen a quien los pronuncia. Y si además se tiene la suerte de conocer en ese viaje a personas muy valientes y comprometidas, que dan abrazos que son un regalo y un argumento contra la soledad, personas enamoradas de la vida y que por ello la defienden, que consideran que el derecho personalísimo a decidir sobre la propia vida es irrenunciable... si pasa todo eso, digo, una sólo puede sentirse muy afortunada. 

A quien no pueda entender que una persona que sufre una enfermedad grave e incurable y que padece un sufrimiento insoportable tiene derecho a pedir voluntariamente acabar con esa tortura, le pido respeto. Sólo eso. Porque no es necesario pensar igual, claro que no, pero sí lo es respetarnos. Todos y todas amamos la vida a nuestra manera. Nadie quiere morir. Luis no era una excepción. Luis amaba la vida, la disfrutó de manera inagotable mientras pudo, y él no quería morirse, lo que pedía era dejar de sufrir. Liberarse de la cárcel en la que se había convertido su cuerpo inmóvil durante años. Dejar de padecer esos dolores neuropáticos constantes –peores, según explicaba, que la parálisis total– que comparaba con tener puesto un traje de neopreno forrado de cristales muy punzantes. Dejar de ser dependiente para todo, incluso para rascarse la nariz. Y yo le apoyaba en su reivindicación; le decía: “Si te quieres ir, yo te ayudo a hacer las maletas y ya veré qué hago con la tristeza” y le seguí apoyando cuando murió.

Permanezco al lado de quien pide –no por gusto, sino por necesidad– poner fin a una existencia que sólo genera sufrimiento y no tiene ninguna posibilidad de mejorar. Porque cuando se ama a una persona, lo que menos se quiere es que esta sufra. Así de sencillo. El significado último de todo lo que nos rodea es el amor. No es un simple sentimiento: es la verdad, es la alegría que está en el origen de toda creación y la tristeza que se cuela en cada despedida.

Y cuando el 18 de marzo de 2021 asistimos a la votación en el Congreso por la que se aprobaba la ley de despenalización de la eutanasia y mis amigos-hermanos de SOS Amatxu, Txema, Daniel y David, nos abrazamos con Marcos y Ángel y pudimos agradecerle a Luisa Carcedo la defensa que hizo de la ley, palpé la felicidad, sonreí a pesar de la ausencia de Luis, sentí que el universo me miraba y me decía: “Hola, lo habéis conseguido”. 

Lo hemos conseguido, sí, pero eso no significa que no haya que seguir protegiéndolo, ya que algunos sectores de la sociedad siguen calificándolo como asesinato, por más claro que queda en la ley que es un derecho y no una obligación. El derecho a disponer de la propia vida es eso: la opción de poner fin a la propia vida. Nadie lo puede solicitar en nombre de otra persona. Sólo si quien pide poder abandonar este barco llamado vida presenta la solicitud y lo ratifica en al menos dos ocasiones en un plazo mínimo de 15 días se pondrá en marcha el proceso. Sólo, sólo, sólo en ese caso. Que no engañen quienes están en contra. Igual que nadie está obligado a casarse con una persona de su mismo sexo por el hecho de que exista la ley de matrimonio igualitario, nadie será sometido a la eutanasia si no lo desea. 

Quizá mis hijos tengan que seguir luchando por este derecho que ya creíamos consolidado. Espero que no, y que, como dije en Aspe, puedan dedicarse a pelear por otros.

Luis y yo no logramos viajar juntos a Islandia. La esclerosis múltiple se lo llevó antes de poder volar juntos hasta allá, pero conquistamos muchos otros objetivos, quizá más importantes. Queda la ley, queda su recuerdo, todo lo aprendido a su lado, queda el documental en el que César Vallejo refleja la historia de Luis, capta su voz dolorida con la que defendía tener derecho a “algo tan humano como morirse, pero morirse sin sufrimiento”. Porque él amaba la vida.

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Asun Gómez Bueno es periodista y vicepresidenta del Comité de Informativos de la Unión Europea de Radiodifusión.

Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha expresado su rechazo a que terceras personas, con independencia de su vinculación o lazo afectivo con la persona solicitante, puedan interferir jurídicamente o de cualquier otra manera en la decisión personal de solicitar ayuda para morir.

La asociación reivindica la eutanasia como un "derecho personalísimo" y considera que se pone un nuevo obstáculo tras el criterio del Tribunal Supremo de permitir recurrir la eutanasia a personas estrechamente ligadas al solicitante de la muerte asistida.

"Nadie, excepto la propia persona interesada, está legitimada para solicitar la eutanasia, o revocar su solicitud en cualquier momento, y nadie debe poder interferir en su voluntad", señala la entidad, que expresa su "profunda preocupación por las consecuencias prácticas de esta decisión en el ejercicio del derecho a la eutanasia".

Incide en que la ley de Regulación de la Eutanasia garantiza un derecho individual, personalísimo y basado en la autonomía de la persona que se encuentra en un "contexto eutanásico".

"Esta decisión abre las puertas a que quienes se hallen en dicha situación de sufrimiento irreversible y que no cuenten con el respeto de los familiares a su decisión, vean sus derechos vulnerados, sumando un obstáculo más al ejercicio de su voluntad de morir dignamente conforme a sus valores", advierte en un comunicado.

Para Derecho a Morir Dignamente, los solicitantes se convertirán en víctimas por partida doble, de su familia y de la justicia, en un contexto vital de gran sufrimiento constante e intolerable, incluso aunque cuente con el visto bueno de las distintas instancias por las que debe pasar: médico responsable, médico consultor y Comisión de Garantía y Evaluación.

El pleno de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha reabierto de nuevo el debate sobre la muerte digna tras acordar con los votos de 23 magistrados que sea posible recurrir judicialmente la concesión de la eutanasia si la persona que ejerce este derecho cuenta con una “vinculación particularmente estrecha” con el solicitante.

Aunque el fallo se ha dado a conocer este martes, 19 de mayo, la sentencia que fijará el alcance de estos recursos se conocerá en unos días.

Con esta decisión, a la que se han opuesto nueve magistrados, se da pie a que un padre, madre o alguien muy allegado de una persona solicitante de eutanasia puedan frenar su derecho a morir de una forma digna alegando ese vínculo especialmente estrecho..

El tribunal ha llegado a esta conclusión tras desestimar el recurso que presentó la Generalitat de Cataluña contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán (TSJC) que reconocía al padre de Francesc, un hombre de 55 años que solicitó la eutanasia, legitimidad para paralizarla a través de un recurso judicial.

En el primer recurso que presentó el padre de Francesc, alegó que estaba en juego el derecho a la vida y la obligación del Estado a protegerla. Asimismo, defendió que su hijo se encontraba en situación de vulnerabilidad y padecía problemas de salud mental.

El recurso fue inadmitido por un juzgado de Barcelona, dejando constancia en el auto que Francesc era “capaz de ejercer de forma libre todos los derechos” y sin “ningún diagnóstico” de enfermedad mental. Destacó también que vivía solo, no tenía buena relación con su padre y solicitó que no se comunicase a ningún familiar su petición.

El Supremo ha debatido este caso, en el que Francesc alegó en su petición de eutanasia el sufrimiento que le causan las importantes secuelas que arrastra en el movimiento y el habla tras sufrir tres ictus y dos infartos. La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña le concedió la muerte asistida en septiembre de 2024, pero Francesc sigue esperando. Ahora, el alto tribunal podría dar la razón a su padre.

El TSJC acordó llevar a juicio este caso concluyendo que los padres están legitimados a intentar frenar la muerte asistida de un hijo, aunque no tengan buena relación como se daba –al igual que con Francesc– en el caso de Noelia Castillo, la cual sí pudo recibir la eutanasia a pesar de pedir su padre, representado por Abogados Cristianos, que ésta fuese paralizada.

Ya el pasado 7 de abril, la Fiscalía defendía ante el Tribunal Supremo el derecho de un familiar a recurrir siempre que exista un “intenso vínculo afectivo presente” con el paciente, con un matiz: negó que las entidades provida estén legitimadas a hacerlo.

Queda esperar a que el Supremo, cuando dicte sentencia, determine tanto los requisitos como las circunstancias que permitan que cualquier persona cercana a un solicitante de eutanasia recurra esta petición cuando éste es mayor de edad y esté en plenas capacidades para tomar esta decisión. Asimismo, se espera que se cierre por completo la puerta a que entidades como Abogados Cristianos puedan frenar este derecho.

La Fiscalía ha defendido ante el Tribunal Supremo el derecho de un familiar a recurrir a la justicia para impedir una eutanasia, siempre que exista un "intenso vínculo afectivo presente" con el paciente, y niega que las entidades provida estén legitimadas a hacerlo.

Según una nota de prensa, el ministerio público se ha pronunciado sobre la legitimidad para oponerse a una petición de eutanasia en un informe presentado ante el Tribunal Supremo, que tiene previsto fijar jurisprudencia sobre la cuestión en un pleno integrado por sus 34 magistrados.

El caso que debatirá el Supremo es el de Francesc, un hombre de 55 años que solicitó la eutanasia alegando el sufrimiento que le causan las importantes secuelas que arrastra en el movimiento y el habla por tres ictus y dos infartos que sufrió, pero cuyo padre logró paralizar su muerte digna a través de un recurso.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó llevar a juicio este caso —paralelo al de Noelia Castillo, la joven tetrapléjica a la que se aplicó la eutanasia el pasado 26 de marzo tras un periplo judicial de año y medio—, al concluir que los padres están legitimados a intentar frenar la muerte asistida de un hijo aunque no tengan buena relación.

En su informe, la Fiscalía se remite a resoluciones del Tribunal Constitucional para defender que el reconocimiento del derecho a la eutanasia por parte de la administración es "susceptible de control judicial" y puede ser impugnado por aquellos a quienes la ley contencioso administrativa reconoce un "interés legítimo".

Ahora bien, para el ministerio público, la legitimación de terceras personas para intervenir en un proceso judicial contra un caso de eutanasia "debe ser interpretada con carácter restrictivo, en favor exclusivamente de los parientes ubicados en el más estricto ámbito familiar respecto de la persona solicitante".

Además, para la Fiscalía, no basta con que se acredite una "relación biológica o familiar" con el paciente que solicite la eutanasia, sino que debe exigirse un "requisito añadido: la existencia de un intenso vínculo afectivo presente al tiempo de ejercitar la acción".

El ministerio público niega asimismo la legitimación cuando exista "conflicto de intereses" y subraya que las entidades provida no pueden impugnar la concesión de una eutanasia, "porque esas decisiones no afectan ni perturban el libre ejercicio de su actividad y el cumplimiento de sus objetivos, por lo que carecen de interés directo".

En el caso de Noelia Castillo, que esperó más de 600 días para tener una muerte digna por los sucesivos recursos judiciales interpuestos contra la decisión de la Generalitat de concederle la eutanasia, el padre fue representado ante los tribunales por equipos jurídicos de la asociación ultracatólica Abogados Cristianos.

El pleno del Supremo deberá pronunciarse ahora sobre quién puede litigar para oponerse a una eutanasia, a raíz de un recurso presentado por la Generalitat, que alega que la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia (LORE) no contempla ninguna legitimación expresa a terceros para recurrir la concesión o denegación de la prestación de la eutanasia.

El Supremo considera que el asunto debe debatirse en pleno, al ser una materia de la que todavía no existe jurisprudencia, en parte por la reciente vigencia de la ley, y también por los derechos fundamentales que hay en juicio.

Por ello, el alto tribunal, cuando dicte sentencia, determinará los "requisitos y circunstancias que permiten establecer la concurrencia de un interés legítimo de un tercero (en este caso, un progenitor), con el fin de reconocer su legitimación en un procedimiento judicial" relacionada con la eutanasia solicitada por alguien "mayor de edad con plenas capacidades para decidir sobre su vida.

Tenemos derecho a decidir sobre nuestra propia vida. Nadie más lo tiene. Esta declaración de autonomía es el fundamento de la eutanasia y del rechazo a la pena de muerte. Son dos caras de la misma moneda, aunque las derechas patrias siempre elijan la moneda trucada que cae del lado equivocado. Habitualmente, por razones prácticas muy útiles evolutivamente, tomamos la decisión soberana de colocar en instancias externas la toma de decisiones. El acto máximo de libertad, el que nos distingue de nuestras mascotas e incluso de los grandes simios, es el acto de someterse a la ley. Somos las únicas criaturas que nos sentimos constreñidas por la fuerza de las razones. Pero aceptar la ley no equivale a vivir tutelados. La tutela no es libertad sino sometimiento. Kant definía la ilustración como la emancipación de las tutelas, especialmente de la iglesia, y culpaba a la pereza y la cobardía de la renuncia de los humanos al uso de la inteligencia. Es mucho más cómodo seguir las directrices del púlpito, el de la iglesia o el político. El púlpito, ese mecanismo eficacísimo de concentración del poder a través del adocenamiento de las masas. ¡Sapere aude! ¡Ten el valor de actuar usando tu razón! Ése es el lema de la Ilustración.

Es difícil predecir cuánto durará nuestra capacidad para horrorizarnos. Si no paramos esta locura, vendrán a por nosotras, no lo duden. El gobierno de Netanyahu acaba de aprobar que se condene a la horca a los palestinos de Cisjordania, sí, solo a los palestinos, acusados de terrorismo. Nos acostumbraremos a esto también. Uno de sus ministros lo celebró con champagne. Estas barbaridades se han cometido siempre. La novedad es que ya nadie se molesta en disimular. Ahora, el inquilino de la Casa Blanca guarda las espaldas del genocida. Y los demás callan.

He defendido muchas veces que hay progreso en ética como lo hay en ciencia. El feminismo, el antirracismo, la protección de la infancia, la defensa de los derechos de los animales, la lucha contra el calentamiento global son hitos éticos que han cambiado las relaciones entre humanos y entre estos y el mundo natural. Lo que nunca pensé es que ciencia y ética pudieran sufrir movimientos regresivos ante nuestros ojos de la envergadura de los que estamos viviendo. “Los extraterrestres son demonios”, ha declarado JD Vance. Sin comentarios. Por el lado de la ética, reaparece la horca.

Me gustaría escuchar a las iglesias y sus mensajeros reaccionar con la vehemencia que usan contra el aborto o la eutanasia. Pero claro, aborto y eutanasia amplían derechos y otorgan autonomía a personas en situaciones de vulnerabilidad. Son ejercicios genuinos de libertad personal y la libertad, la de verdad, no la de los bares, es una amenaza para los tiranos.

Tiene un coste muy alto plantarse ante Netanyahu y sus aliados y decir que los palestinos son personas, que son sujetos de derechos, tanto como los judíos que viven al otro lado de una línea imaginaria. Defender un proyecto de ser humano contra la mujer real que puede llevarlo a cabo, defender la vida en abstracto contra el deseo de quien la vive de verdad son, por el contrario, ejercicios vacíos sin coste real. Una mujer que decida no llevar a término un embarazo no tiene ningún poder. Posicionarse contra ella es gratis, mientras que defenderla te hace perder votos y posición social. Nada hay como la honra de las mujeres para que saquen pecho aquellos que supuestamente se la quitan. Defender que el sentido de una vida solo concierne a quien la vive despoja de poder a los portavoces de dios, los expone como los vendedores de humo que son. Su poder solo se fundamenta en nuestra renuncia a defender el nuestro. Defender la propia autonomía es complicado, es costoso, tiene riesgos, es cansado. Pero es el único camino para la auténtica libertad, la que nos da el ejercicio efectivo de nuestra condición de seres racionales.

Ningún Estado puede arrogarse la propiedad de la vida humana. Trump y Netanyahu han iniciado guerras por intereses económicos con absoluto desprecio al derecho internacional y a los derechos humanos. Pero la guerra también tiene reglas. A todas nos maravillaba la conducta de los oficiales americanos y británicos en La Gran Evasión. A todos nos han horrorizado las atrocidades del ejército serbio en la guerra de los Balcanes. Todavía nos queda algo de sensibilidad para apreciar los detalles.

La basura sentimentaloide vertida sobre el último caso mediático de ejercicio de muerte digna no ha sido más que un despliegue extremo de cinismo interesado. Quien piense que el estado tendría que haber intervenido antes para evitar el desenlace debería defender con entusiasmo los servicios sociales, las casas de acogida, la atención a la salud mental, en suma, la protección a las personas vulnerables. Si embargo, los medios —televisiones, radios, periódicos— que se han lucrado en audiencias faltando al respeto a una mujer que ha decidido acabar con su vida son los mismos que vociferan por la bajada de impuestos, por el desmantelamiento de lo público, por el sálvese quien pueda del capitalismo más feroz. Los que dan la cara no me sorprenden. Están muy bien pagados. Me sorprenden los ciudadanos que los aplauden y los convierten en sus héroes y heroínas contra un gobierno al que pretenden derrotar por la vía del descrédito. Me alucina la gente trabajadora que piensa que las bajadas de impuestos les benefician. Esperen a tener una enfermedad seria. Esperen a que sus hijas vayan a la universidad. Las bajadas de impuestos solo favorecen al capital. No se preocupen, quien tiene medios no tiene hijos no deseados, no espera en la UCI que la naturaleza siga su curso, negociando con la gerencia la dosis imprescindible de opiáceos que le garantice una transición indolora. Por eso tenemos que proteger nuestros derechos, el primero de los cuales es la posibilidad de una vida y muerte humanas, en las que seamos los dueños de nuestro destino. Aquí y en el resto del mundo.

La vida es sagrada porque es lo único que esencialmente nos pertenece, lo único con lo que contamos. Tenemos que poder concluirla cuando decidamos que hemos llegado al final del camino. Nuestro poder sobre ella nos identifica como individuos autónomos libres de tutelas. Es nuestra vida, de nadie más. Y nadie puede disponer de ella contra nuestra voluntad. La supuesta defensa de la vida que las iglesias y sus fieles predican sería mucho más creíble si no la supeditaran a sus intereses de grupo. La pena de muerte es un crimen. Sin paliativos, sin excepciones. La última decisión de Netanyahu es una ignominia ante la que no podemos mantenernos callados. Lo que está sucediendo con los palestinos está al nivel de lo que sucedió en los campos de concentración nazis. Solo que ahora tenemos los detalles en tiempo real. La carta de la ignorancia que muchos alemanes jugaron ya no está a nuestro alcance. ¡Sapere aude! Y con nuestra razón, opongámonos a la barbarie, al oscurantismo y al silencio cómplice.

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María José Frápolli es miembro del Grupo de Pensamiento Laico y catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia (UGR).

Empeñado en dar la razón a Ramsés II, a Hitler, a Stalin y a cuantos dictadores aupó al poder con su poderío económico (hoy lo hace con el Agente Naranja yanqui) antes de ser por ellos perseguido, el sionismo ha rizado el rizo de la historia pasando, apenas un siglo después, de ser víctima en el holocausto judío a ser verdugo en el holocausto palestino. Como sucede con las dictaduras de tintes imperialistas, Israel ha decidido invadir todos los países limítrofes después de devastarlos como sólo los fascismos saben hacer.

El silencio cómplice del mundo ante el genocidio sólo ha sido roto por fanáticos cruzados de la extrema derecha radical para aplaudir y alentar a los genocidas. El calvario desatado en Oriente Próximo ha contado con escasas voces en contra como la del gobierno de España a la que se han sumado algunas más, amenazadas por el führer Trump y afeadas por medios influidos por Israel a pesar de los más de 200 periodistas asesinados en Gaza.

Al silencio o la aprobación ante la criminal actuación de Netanyahu y sus hordas asesinas se contrapone el coro de fariseos que, golpeándose el pecho, han puesto el grito en el cielo ante la prohibición por la policía israelí de que un patriarca católico (no cristiano, ojo) y su séquito celebren la tradicional misa del Domingo de Ramos en Jerusalén. ¡Eso sí es un crimen! La inmediata respuesta del sionismo ha sido aprobar, entre risas y champán (puro estilo nazi), la pena de muerte (la horca) para los supervivientes del pueblo palestino.

En España, atenta a sus propios calvarios, se ha cumplido la voluntad de Noelia de que se le aplicara la ley de la eutanasia. El calvario no ha sido su atormentada vida, ni la paraplejia y el dolor crónico sobrevenidos tras un intento fallido de suicidio, no. Su calvario ha sido el viacrucis a que la sometieron durante dos eternos años la banda talibán de Abogados Cristianos con la anuencia del padre cuyo recuerdo para la niña Noelia era “aguardar en bares hasta altas horas de la madrugada mientras él consumía alcohol”. Un calvario similar al culto al sufrimiento al que sor Teresa de Calcuta condenaba a los enfermos en la India.

En España, cuna del esperpento, unas mujeres han denunciado el calvario de que no las dejen acceder a las estructuras de la Iglesia Católica y su órbita cofradiera, dos bastiones donde arraigan la misoginia y el machismo que las oprimen secularmente. La demanda femenina a las hermandades es un síntoma de la renuncia de muchas mujeres a las conquistas igualitarias tras siglos de lucha. A ello contribuyen de forma activa y negativa influencers, como Rosalía, tras descubrir el pingüe filón comercial del sentimiento religioso que ofrecen junto a “virtudes” del ama de casa tradicional como planchar y hacer la colada.

Basta ver qué tipo de personas ocupan los puestos de mayor lucimiento y se dan los más grotescos golpes de pecho en los rituales de la Semana Santa para constatar que son los mismos sayones que gozan haciendo de la vida un calvario para el resto de la humanidad.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

La Administración de Donald Trump ha solicitado una investigación sobre la muerte de Noelia Castillo, la joven de 25 años que accedió a la eutanasia bajo la ley de derecho a morir, según el New York Post.

El medio asegura que funcionarios informaron bajo anonimato que el Departamento de Estado instruyó a la Embajada de EEUU en Madrid a recabar información sobre cómo se gestionó el caso y las decisiones que permitieron llevar a cabo el procedimiento. Estos mismos trabajadores, según el Post, expresaron preocupación por posibles fallas del sistema de protección a personas vulnerables y cuestionaron la aplicación de la ley de eutanasia en casos de sufrimiento no terminal o condiciones psiquiátricas.

Además, indicaron que Noelia Castillo había mostrado "dudas" sobre el procedimiento, pero que estas señales habrían sido ignoradas, generando inquietudes sobre derechos humanos, según el cable diplomático citado por el diario.

Esta información que destapa el medio estadounidense no ha sentado nada bien en el Gobierno y la primera en reaccionar ha sido la ministra de Sanidad, Mónica García pidiendo al Gobierno de Trump que "deje de alimentar la agenda ultra internacional metiendo sus narices en cualquier sitio", ha señalado en X.

La ministra, ha expresado su indignación al asegurar que en "Estados Unidos mueren cada año miles de personas sin seguro médico, mientras Trump apoya y ejecuta vulneraciones de derechos humanos entre Gaza e Irán", dice García al comienzo de su mensaje.

Y termina asegurando en su mensaje en la red social que "España es un país serio, con un sistema sanitario sólido y un marco de derechos que protege y cuida a todas las personas, también a las que deciden pedir ayuda para morir dignamente en contextos regulados por ley, evaluados por comités clínicos y avalados por los tribunales".

También el president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha querido referir a la investigación estadounidense asegurando que España y Cataluña defiende "con toda la firmeza a los y las profesionales de nuestro sistema sanitario ante cualquier ataque malintencionado que quiera estropear su valía y actuación", ha publicado en X. El mensaje concluye con "Defendemos el derecho a una muerte digna después de aprobar uno de los marcos legales más avanzados y ejemplares del mundo".

Noelia Castillo falleció la semana pasada a los 25 años tras recibir finalmente la eutanasia en Sant Pere de Ribes (Barcelona), después de un largo periplo judicial de más de un año y medio.

A la joven, afectada por una paraplejia, se le concedió la eutanasia en julio de 2024.

Su caso fue validado por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el comité independiente que analiza y aprueba cada solicitud de muerte asistida siguiendo todos los preceptos que establece la ley de eutanasia.

El presidente de la Fundación Abogados Cristianos, José María Fernández, ha dicho que mantuvieron la esperanza “hasta el último momento” de que la joven pudiera cambiar de opinión, algo que no sucedió. En declaraciones a los periodistas, Fernández ha considerado que el caso es un “fracaso del sistema sanitario”.

Tanto el juzgado que dio luz verde a la eutanasia de la joven como posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concluyeron que a lo largo del proceso judicial no se había constatado la “falta de capacidad” de Noelia a la hora de desestimar su petición de muerte asistida, y que su decisión de solicitarla se había mantenido firme desde abril de 2024.

Disfruto observando el placer con el que, personas con graves deficiencias físicas, (muchas de ellas afectadas por esclerosis múltiples), y sus familiares disfrutan, a su vez, con el contacto del agua del mar. Algunos sólo lo transmiten a través del brillo de sus ojos hacia sus monitores, quienes se lo devuelven con una sonrisa. Suelen estar poco tiempo, pero en sus miradas se refleja que “ese momento” es uno más de sus ganas de vivir, porque se aferran a la vida, aunque ésta sea tan limitada. Cuando se marchan, yo vuelvo a mi lectura.

La primera vez que tomé contacto con el mundo de la discapacidad y con ese más que loable espíritu de superación, fue hace ya más de 40 años en las pistas de ski de Baqueira-Beret, al observar a jóvenes invidentes deslizarse por las pistas de ski, guiados por su monitor. Su vida estaba literalmente en manos de su monitor, pero ellos sólo se preocupaban del disfrute que proporciona el descenso por las pistas de nieve. Lo mismo ocurría con las personas afectadas de paraplejia, o de discapacidades derivadas de enfermedades medulares o cerebrales. Admiraba su espíritu de superación y sus ganas de añadirle “sal” a sus vidas.

El mundo ha cambiado mucho desde entonces y me ha permitido durante una época muy importante de mi vida, trabajar en programas que mejoraran la calidad de vida de las personas con discapacidad, como director provincial del INSERSO de Salamanca. Ello me facilitó el poder participar en programas europeos tales como HELIOS y HORIZÓN en los años 90. Programas de intercambio de experiencias entre los países de la UE. Aprendí mucho de ellos, de su afán de superación, de su dignidad como personas. Paralelamente a todo ello, la ciencia progresaba de manera espectacular, tanto en investigación como en tratamientos y en diseños de aparatos que han mejorado de manera notable la vida de las personas gravemente afectadas en su movilidad.

Dicho todo lo anterior y, al hilo del debate y aprobación sobre la despenalización de la eutanasia o el derecho a una muerte digna, el corolario final, al menos desde mi reflexión, es que nadie tiene derecho a socavar o impedir el disfrute de la persona parapléjica en el mar, o del tetrapléjico en la nieve. Es más, nadie debe intervenir en la voluntad de quienes consideran que, a pesar de que su vida dependa de un tubo conectado a una máquina, quieren seguir viviendo. Esta es la postura y los principios de los que defendemos el derecho a una muerte digna… el derecho a la eutanasia, porque al igual que defendemos ese derecho inviolable, defendemos a su vez que, quien considera que su concepción de la vida, su calidad de vida tiene unos límites, que su “dignidad” como persona es distinta de la “dignidad” de aquel que está aferrado a la vida a través de una máquina… tiene el derecho de exigir a las administraciones, a los gobiernos, que le amparen legislativamente su legítimo derecho a poner fin a lo que para él y sólo para él ya no es vida. Esto es lo que se ha debatido y aprobado en la sede de la voluntad popular, en el Congreso de los Diputados, con el respaldo de más del 80% de la población española que, según todas las encuestas, venían reclamando. No otra cosa, a pesar de las soflamas incendiarias de PP/Vox: “Esta es una ley eugenésica… que elimina aquellas vidas que ustedes creen que carecen de valor… practicar el asesinato para aliviar económicamente el sistema” (Lourdes Monasterios, Vox). Sobran los comentarios ante tanta vileza.

Ningún derecho civil ha tenido tanto respaldo ciudadano como la eutanasia. De alguna manera esta ley es un homenaje a tanta gente que murió sin tener “su” muerte digna, a los que pusieron cara al sufrimiento, a los que fueron obligados a vivir en contra de su voluntad, una vida para ellos sin sentido ni dignidad, a los que lucharon poniendo en peligro a sus familiares y amigos. Es un homenaje al Dr. Luis Montes, perseguido y vilipendiado por los intolerantes.

España se suma a los países más avanzados en derechos civiles (Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Canadá), a la espera de Nueva Zelanda, Portugal y otros estados en EEUU. A la espera también de que el gobierno colombiano regule por ley lo que ya se contempla en su Constitución. La dignidad avanza. “La eutanasia es una ley que nos hará más libres y felices”, como señala el vicepresidente de la AMD (Asociación por el Derecho a una Muerte Digna). No es la ley que muchos esperábamos (se contemplan trámites innecesarios basados en un garantismo que no existe en otros países y no se incluye a personas con un sufrimiento insoportable de origen psicológico), pero es un gran avance.

Los defensores de la eutanasia somos profundamente respetuosos y apoyamos al mundo de la discapacidad, luchamos y defendemos la investigación, la reivindicación de mejores dotaciones presupuestarias para mejorar la calidad de vida de quienes a pesar de sus limitaciones quieren seguir viviendo. No podría decir lo mismo de quienes no respetan las últimas voluntades y obligan (a través del código penal) a una vida vegetativa a quienes opinan lo contrario. No respetan a quienes quieren, queremos, tener una muerte digna, rodeados de los suyos, de los nuestros, y no de artilugios mecánicos que sólo prolongan el egoísmo humano y, en algunos casos, el ensañamiento “terapéutico”. La eutanasia es el último acto de amor a la vida.

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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.

A veces, empiezas a escribir un texto sabiendo que nunca vas tocar su fondo. Porque si no estamos para pensar con la complejidad que otras realidades demandan, menos aún para saber ponerle palabras y sintaxis. Aunque se escriba para entender. Para, al menos, si no encuentras respuesta, rozar el hueso de las cosas que pasan. Opinar: emitir juicios. Qué tengo que decir que pueda alumbrar algo, si no me duele el cuerpo y, si quiero levantarme, emito una orden que me lleva hasta donde yo decida, que lo que me pueda atormentar ha sido siempre pasajero por ahora y voy a cumplir cuarenta y cinco, que mantengo la esperanza porque tengo recursos para ello: una red. A mí, la vida, más o menos, más lenta o inmediata, me ha respondido siempre. 

A Noelia Castillo, no.

Veo una entrevista que asalta mi teléfono entre las frivolidades de todos los días. Es un programa de televisión de tarde, con sus luces saturadas como todos y música de fondo. Hablan con Noelia, la mujer de veinticinco años que decidió hace dos pedir su derecho a la muerte digna y le fue concedido. Y habla su madre, que quiere que algo le haga cambiar su decisión mientras la acompaña en su final. La grabación, en casa de su abuela materna, la hacen cuatro días antes de morir. La eutanasia, que podría haberse llevado a cabo en agosto de 2024, desde la intimidad y sin este ruido, se demoró durante dos años, trasladando esta decisión íntima, la más difícil y a la que no deseamos mirar ninguno nunca, al gran circo de las opiniones inmediatas, a programas de televisión, a artículos como este. A lo de siempre.

De todo lo que dicen, de todo lo que se ve en esa entrevista recortada en fragmentos y salpicada de comentarios, una frase de Noelia se queda en mí: "para qué me quiere viva". Escuece algo que no es nuestro al mirarla y escucharla. Hacen hablar a Noelia de su padre, del que dice que nunca se ha ocupado de ella, que emprendió entonces, en 2024, una batalla legal acompañado por Abogados Cristianos, una fundación de ultraderecha, para frenar la eutanasia bajo la que su hija decidió poner fin a su dolor y que se concede bajo condiciones muy estrictas. En España, con la Ley Orgánica de 2021 que la regula, la decisión es del paciente, si cumple con las garantías de la norma. El padre, o la madre, no tiene la última palabra legal, pero puede presentar recursos o denuncias, intentar paralizarlo por vía judicial o exponer el caso a los medios para generar presión. Y eso ha hecho. 

Herida sobre herida, daño sobre daño, dentro y fuera, y con una infancia dura en su breve memoria, el cuerpo de la mujer acumulaba dolor de forma grave, crónica e imposibilitante desde que se arrojara desde un quinto piso tras sufrir una violación múltiple en 2022. Dice Noelia: Desde antes de pedir la eutanasia, veía mi mundo muy oscuro, mi final. 

A partir de esto, más allá de la prolongación del sufrimiento de una persona que ha tomado una determinación consciente, comienza la fábrica de bulos y gestos, de señalamientos y culpables, de oraciones en redes sociales, del uso instrumental de una historia íntima para librar más batallas políticas. 

La vida ni respondió a Noelia, ni somos capaces de encontrar respuestas nosotras. Cuánto error, cuánto fracaso colectivo acumulado en un nombre tan joven. Acabo de leer la columna de ayer de la compañera Helena Resano en este mismo periódico, justo al terminar de escribir esto, y parte del mismo lugar. Supongo que frenar frente al caos para pensar las cosas también es tener una postura. Reconocer el desconocimiento es un punto de vista, es una opinión, al fin y al cabo.

Voy a hacer lo que no hay que hacer, escribir una columna de opinión sin tener una opinión. Vomitando aquí con usted todas mis dudas sobre un caso que está ocupando portadas y minutos de televisión. Sí, el caso de Noelia, la chica de 25 años que ha pedido la eutanasia.

A esta hora, mediodía del jueves, todo sigue adelante. Quedan exactamente 6 horas para que Noelia cierre los ojos. Ha pedido estar sola en ese momento. No quiere a nadie en la habitación. No sé a qué estará dedicando estas últimas horas, si habrá encendido la televisión, si habrá leído los periódicos. Desconozco si estará harta de que todo el mundo opine sobre su decisión. Y subrayo lo de 'su'.

A esta hora, me llega la alerta de que James Rhodes se ha ofrecido a costearle todos los gastos de su tratamiento si da marcha atrás, le pide que se lo piense. Y admito que entiendo ese ofrecimiento desesperado de última hora. Entiendo que hay un impulso de tenderle la mano, de decirle que hay vida más allá, que se puede encontrar el camino… pero también entiendo que la decisión de Noelia la ha tomado una mujer adulta, muy joven sí, 25 añitos, demasiado joven para tirar la toalla, pero agotada de estar sufriendo.

Durante todo este tiempo, cuando conocíamos los recursos del padre, asesorado por abogados cristianos, paralizando la decisión de su hija, echaba de menos escucharle a ella. Pensaba que su situación física le impedía comunicarse pero no, la pudimos ver el miércoles, en el programa de Sonsoles, narrando su sufrimiento, contando que no podía más, que estaba agotada y decepcionada. Decepcionada con la vida y especialmente con ese padre que le ha alargado el sufrimiento 20 meses más y que, en cambio, no ha sido capaz de llamarla, de ir a verla. No quiere que se muera pero tampoco sabe muy bien Noelia para qué la quiere viva.

Y sientes que, ¿quién eres tú para opinar sobre eso? ¿Cómo ponerse en su piel? Es un caso dolorosísimo, en el que ha fallado todo. Noelia tuvo una infancia de mierda y una adolescencia peor. Opinar sobre la decisión que ha tomado ahora, después de haberse intentado quitar la vida tirándose por una ventana, es demasiado atrevido. Su caso, avalado por los médicos, con una discapacidad que se agravó tras ese intento de suicidio, hace que cumpla con todos los requisitos que exige la ley. Así que, en ese sentido, no hay nada que decir. La justicia ha hablado. Muchas veces.

Noelia se va a ir sin haber visto florecer la primavera. Sin tener la oportunidad de envejecer. Pero su cuerpo y su cabeza no querían eso. No quieren eso.

Sé que Noelia no va a leer esto. Si todo ha salido como ella quería, hoy Noelia descansará. Habrá cumplido con su deseo, reclamado y peleado en los tribunales durante meses. Una decisión dolorosa para quienes pensamos que era demasiado joven, que podría haber encontrado otra salida, pero una decisión respetable. No estuve ahí, viviendo tu dolor. No estuve ahí, viviendo tu abandono. Nadie estuvo. Y, quizás, ése fue el mayor error.

Noelia Castillo, de 25 años, ha recibido la eutanasia este jueves en el Hospital Residencia Sant Camil de Sant Pere de Ribes (Barcelona), casi dos años después de su solicitud ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC), el órgano encargado de proteger la correcta aplicación de la ley de eutanasia.

La joven catalana, afectada por una paraplejia, vio paralizado su trámite por las continuas demandas de su padre para frenar el procedimiento. Este miércoles, un día antes de la muerte, el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona denegó el último intento de la fundación ultraderechista Abogados Cristianos de suspender el procedimiento médico.

Los abogados de la fundación ultracatólica fueron los que, en agosto de 2024, lograron paralizar "in extremis" la eutanasia de Noelia mediante un recurso que presentaron en nombre del padre de la chica, que se opone a su muerte digna.

Tras un recorrido judicial de año y medio, y con los todos los recursos agotados, los tribunales han avalado el derecho de Noelia a la eutanasia, que el Departamento de Salud había fijado para la tarde de este jueves.

El padre de Castillo, que agotó todas las vías legales en España para evitar el derecho de su hija a una muerte digna, vio rechazado su recurso también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el pasado martes.

El juzgado de instrucción número 20 de Barcelona ha denegado el último intento de la fundación Abogados Cristianos para frenar la eutanasia de la joven parapléjica de 25 años, Noelia, prevista para mañana tras un año y medio paralizada en los tribunales por el recurso que presentó su padre.

La entidad ultracatólica, según ha explicado esta mañana en un comunicado, ha solicitado suspender la eutanasia mediante unas medidas cautelarísimas presentadas ante el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, que investiga la querella que Abogados Cristianos presentó contra dos miembros de la comisión de la Generalitat que autorizó la muerte digna de la joven, que sufre una paraplejia.

No obstante, el juzgado ha denegado las medidas solicitadas argumentando que no es el competente para resolver sobre esa cuestión.

Los abogados de la fundación ultracatólica fueron los que, en agosto de 2024, lograron paralizar "in extremis" la eutanasia de Noelia mediante un recurso que presentaron en nombre del padre de la chica, que se opone a su muerte digna.

Tras un recorrido judicial de año y medio, y con los todos los recursos agotados, los tribunales han avalado el derecho de Noelia a la eutanasia, que el Departamento de Salud ha fijado inicialmente para mañana, según explicó ayer la joven en una entrevista televisiva.

En su último intento fallido por detener la muerte asistida de la joven, Abogados Cristianos ha pedido esta mañana al juzgado de instrucción que acuerde de forma cautelarísima -sin escuchar a las partes- que Noelia sea sometida a un tratamiento psiquiátrico antes de que se le practique la eutanasia.

En un comunicado, Abogados Cristianos recuerda que el padre de Noelia "ha estado a su lado durante todo el proceso y ha luchado en los tribunales para salvar su vida" y que ningún miembro de la familia apoya su muerte digna.

Las medidas cautelarísimas han sido solicitadas en nombre de la fundación ultracatólica, que es la que presentó la querella por prevaricación contra los técnicos de la comisión del Departamento de Salud que, en julio de 2024, autorizaron la eutanasia de la joven.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado paralizar la eutanasia de Noelia, la joven de Barcelona de 25 años afectada por una paraplejia, a la que se opone su padre, que agotó todas las vías legales en España para evitar el derecho de su hija a una muerte digna, confirmaron este martes a EFE fuentes judiciales.

La Corte de Estrasburgo desestimó así el 10 de marzo pasado una petición de medidas cautelares contra la eutanasia de la joven que había recibido siete días antes, precisaron las fuentes.

El Tribunal Constitucional ha rechazado admitir a trámite el último recurso presentado por el padre de Noelia, la joven de Barcelona de 25 años afectada por una paraplejia, con el que buscaba frenar de manera cautelar la eutanasia de su hija, según informa EFE.

La Sala segunda de la corte de garantías ha adoptado esta decisión por unanimidad en una sesión extraordinaria celebrada este viernes, ante la "manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo". El padre había solicitado en su recurso de amparo "medidas cautelarísimas" para suspender la eutanasia que ya se le había concedido a su hija a través de sus representantes legales: el despacho ultracatólico Abogados Cristianos.

En esta nueva apelación, el padre también impugnó todas las resoluciones anteriores que habían acreditado que su hija tenía la capacidad de decidir y los requisitos suficientes para obtener el procedimiento por "una enfermedad grave e incurable que le provoca un padecimiento grave, crónico e imposibilitante".

La batalla ante la justicia arrancó cuando el padre recurrió la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, de 18 de julio de 2024, por la que se concedió la autorización de la eutanasia de su hija, mayor de edad, y de inmediato el juzgado acordó como medida cautelar la suspensión de la eutanasia. La batalla ante la justicia arrancó cuando el padre recurrió la resolución que concedía la eutanasia a su hija.

Ante esta nueva resolución, Abogados Cristianos ha emitido un comunicado en el que aseguran que llevarán el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo. El despacho ultracatólico considera que "se están vulnerando derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida y a la tutela judicial efectiva".

También han señalado que sigue pendiente la resolución su solicitud de medida cautelar ante el Juzgado de lo Penal.

El padre de Noelia, la joven de Barcelona de 25 años afectada por una paraplejia, ha pedido al Tribunal Constitucional que paralice de manera cautelar la eutanasia de su hija hasta que la justicia resuelva el recurso que ha presentado ante la corte de garantías, según informa EFE.

El despacho ultracatólico Abogados Cristianos, que representa al padre de Noelia, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que pide que acuerde de forma inmediata y urgente la medida cautelarísima de suspender la eutanasia de la joven.

Esta nueva iniciativa judicial del padre de Noelia se produce después de que el Tribunal Supremo (TS) inadmitiera su recurso contra la muerte asistida de la joven. En un auto, el Supremo decidió no admitir el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que autorizaba la muerte digna de la joven, por falta de interés casacional, es decir, porque pretendía que se analizara de nuevo las pruebas, algo que no es posible.

La batalla ante la justicia arrancó cuando el padre recurrió la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, de 18 de julio de 2024, por la que se concedió la autorización de la eutanasia de su hija, mayor de edad, y de inmediato el juzgado acordó como medida cautelar la suspensión de la eutanasia.

Poco después, el juzgado rechazó el recurso al considerarlo inadmisible porque el padre no estaba legitimado para recurrir puesto que la hija era mayor de edad y no estaba incapacitada. Además, concluyó que la joven sí tenía capacidad plena para solicitar la eutanasia y que se cumplían todos los requisitos para que esta se concediera, así como que se habían seguido todos los pasos para que el procedimiento tuviera todas las garantías.

El padre acudió en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que sí que reconoció su legitimación para recurrir, pero rechazó su recurso porque de ninguna de las pruebas se desprendía la ausencia de capacidad de la hija, sino todo lo contrario, más aun cuando las meras afirmaciones de que tenía patologías psiquiátricas resultaban insuficientes al estar desprovistas de cualquier refuerzo técnico.

Ante este escenario, el padre recurrió al Supremo porque sostenía que no había quedado acreditado que su hija sufra una enfermedad grave e incurable, o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante; y porque tampoco concurría conformidad libre, voluntaria y consciente de la paciente, al presentar antecedentes psiquiátricos graves. El padre alegaba que la eutanasia era un perjuicio "irreparable".

Ante el nuevo rechazo judicial por parte del Tribunal Supremo, el padre ha recurrido ahora al Constitucional. En el recurso de amparo, al que ha tenido acceso EFE, el padre de Noelia alega que la joven padece "trastornos mentales" y de la "personalidad" y que cuenta con un historial de "antecedentes psiquiátricos". En este sentido, sostiene que una "persona que padece un trastorno límite de la personalidad con ideaciones suicidas tiene viciada su capacidad para, precisamente, decidir sobre su muerte".

En cambio, tanto el juzgado que dio luz verde a la eutanasia de la joven como el TSJC, en su sentencia de septiembre de 2025, concluyeron que a lo largo de proceso judicial no se había constatado su "falta de capacidad" para desestimar su petición de muerte asistida, y que su decisión de solicitarla se había mantenido firme desde abril de 2024.

"Respeta mi fe". Leo este eslogan en un lazo negro reivindicativo que porta Polonia Castellano, directora de la asociación Abogados Cristianos, en una fotografía de prensa. En la misma imagen, el lazo aparece ampliado, colgado de una pared. A quienes no compartimos el credo religioso sociológicamente dominante en nuestro país me gustaría proponer lo siguiente: que llevemos lazos de colores —cada cual del que mejor le siente o combine con su estilismo del día— para reivindicar que nos dejen en paz. La leyenda podría ser: "Respeta tú la mía". Resulta angustiosa la insistencia de determinados colectivos en intervenir en asuntos que no les competen en absoluto.

Abogados Cristianos vuelve a la actualidad —bien pensado, nunca deja de estar en ella— a propósito de un caso particularmente infame. El Tribunal Supremo ha rechazado admitir a trámite el recurso del padre de Noelia, representado por dicha asociación, que solicitaba la paralización del proceso legal destinado a poner fin al sufrimiento de la joven. Eso supone acabar con su vida. Noelia no quiere seguir sufriendo y la ley la ampara. Si hubiera elegido lo contrario, la ley también la ampararía. En España no se obliga a nadie a morir. Sin embargo, la asociación ha considerado que tienen que perseverar en la tortura de esta joven. Ya han anunciado que van a recurrir al Tribunal Constitucional.

La situación es infame porque no corresponde a Abogados Cristianos decidir sobre el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Noelia tiene derecho a morir dignamente. Una sociedad adulta, democrática y no tutelada no puede permitir que sus miembros pasen por un sufrimiento irreversible que les resulte insoportable. No lo hacemos con nuestras mascotas; no alcanzo a entender por qué no es evidente que tampoco debemos hacerlo con nuestros congéneres. Naturalmente, siempre que sean ellos quienes, en pleno uso de sus facultades y de manera informada, decidan poner fin a ese sufrimiento.

No me hablen del alma. Si la motivación de Abogados Cristianos se basa en la creencia —la suya, no la de Noelia, ni la mía— de que su decisión condena su alma, que recen por ella. En silencio, si puede ser.

No quiero juzgar los motivos del progenitor que se empeña en prolongar la agonía de su hija por encima de sus deseos, de su bienestar, de su autonomía y de su libertad. Tampoco me hablen de amor. ¡Cuántas atrocidades se cometen en su nombre! Esto no es amor. Lo que se ejecuta en este ya demasiado largo proceso es un ejercicio de poder y de desprecio: por parte de unos, hacia quienes no piensan como ellos; por parte del otro, hacia la persona a la que se supone que ama y que quiere liberarse.

Este caso reúne todos los ingredientes de una lucha de poder. Hay jerarquía de estatus: un padre y una hija. Hay jerarquía de género: un varón y una mujer. "La maté porque era mía"; "no quiero que mueras porque eres mía". Ambas jerarquías están sostenidas y elevadas a valores absolutos por la ideología que Abogados Cristianos representa. Y hay, sobre todo, soberbia: "Yo sé mejor que tú lo que te conviene". ¿Cuántas veces hemos oído —o padecido— esta frase?

La religión, cuando se empodera, condena a una minoría de edad perpetua a mujeres y a colectivos que, para poder respirar, deben enfrentarse al sistema. Y la lucha es profundamente desigual, porque junto a Abogados Cristianos aparecen en escena jueces de los tribunales de mayor rango. No todos, no siempre —menos mal—, pero con demasiada frecuencia.

El único antídoto es más democracia. Para ello necesitamos jueces que no estén al servicio de ninguna causa que no sea la justicia y los derechos de la ciudadanía. Y necesitamos ciudadanos que entiendan que los derechos amparados por la ley están por encima de las creencias individuales. Por eso el laicismo es imprescindible. Respeto tu fe. Respeta tú la mía.

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María José Frápolli es miembro del Grupo de Pensamiento Laico y catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia (UGR).

Tiene 33 años de experiencia primero como profesor y después como catedrático de Derecho Procesal, puesto que ejerce en la Universidad Complutense de Madrid. Julio Banacloche, uno de los 12 candidatos a una plaza de magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, reúne todos los requisitos legales para cubrir esa vacante. El candidato ha mostrado en diversos actos públicos y apariciones en medios un fuerte perfil religioso y conservador con opiniones contrarias a iniciativas bandera de la izquierda como la ley trans, el aborto o la eutanasia. También a la exhumación de Franco de Cuelgamuros. En febrero de 2025 participó en unas jornadas jurídicas organizadas por el PP en las que criticó al Constitucional por avalar todas las iniciativas del Gobierno: "Da igual lo que apruebe el Congreso porque va a pasar el filtro del TC". En 2012 llegó a afirmar que los católicos "pueden desobedecer leyes contrarias al Derecho Natural".

Además de Banacloche, al puesto concurren otros 11 aspirantes que ya han pasado el filtro de la comisión de calificación. Ahora será el Pleno el que tendrá que elegir al nuevo magistrado. Conservadores y progresistas, con 10 vocales cada uno en el órgano de gobierno de los jueces que preside Isabel Perelló, tendrán que pactar un nombre para alcanzar la mayoría de tres quintos (13 votos) que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige para la cobertura de la plaza. El catedrático ya optó en 2019 a otra vacante en el Supremo –en la Sala de lo Civil– que finalmente no logró obtener y ha sonado en varias quinielas al Tribunal Constitucional en los últimos años.

El procesalista de la Complutense participó el pasado febrero en las jornadas denominadas Contra la impunidad, organizadas por el PP en el Congreso de los Diputados, a las que también acudieron otros juristas conservadores como el exmagistrado del Supremo y el Constitucional Jorge Rodríguez Zapata, la presidenta de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, entre otros. La jornada, inaugurada por el presidente del partido Alberto Núñez Feijóo, y clausurada por su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, sirvió para criticar las principales iniciativas del Gobierno y el PSOE en materia judicial.

La intervención de Banacloche (aquí el vídeo, tercera hora, minuto 10,39) se centró, sobre todo, en la proposición de ley del PSOE –presentada por esas fechas pero finalmente retirada– para limitar la acción popular. El profesor se mostró contrario a la iniciativa del grupo parlamentario socialista por considerar que estaba diseñada para acabar con los casos que afectan al Gobierno. El académico se refirió a esa figura como "el elemento que ha servido de contrapeso" a un Ministerio Fiscal con "un nivel de desprestigio muy grande". Banacloche también se mostró contrario a que sean los fiscales y no los jueces de instrucción los que instruyan las causas penales, como prevé el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal del actual Gobierno, una iniciativa que también ha defendido el PP y fue propuesta en su momento por los Ejecutivos de Mariano Rajoy.

Por último, cargó contra el Tribunal Constitucional. "Algo hay que hacer", dijo, "porque esto es como el caso Negreira [el escándalo de los supuestos sobornos del FC Barcelona a los árbitros] pero en derechos y libertades". El profesor aseguró que cualquier cosa aprobada por el Congreso pasa el filtro del TC, algo que, aseguró "no ha pasado nunca en la historia del tribunal". En el turno de preguntas, cuando le preguntaron por las amenazas del Supremo a la mayoría progresista del órgano de garantías sobre la posibilidad de actuar contra sus magistrados por prevaricación, afirmó: "La propia Constitución establece que todo el mundo está sujeto a responsabilidad (...) también los magistrados del Constitucional. Luego afirmó que sentía "cierta esperanza" porque la próxima renovación parcial del órgano corresponde al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

Además de esos planteamientos conservadores expuestos en el acto del PP, el aspirante a magistrado de lo penal del Supremo nunca ha ocultado sus principios ideológicos y religiosos. "Un católico debe desobedecer las leyes contrarias a la ley natural", es decir, a su propia religión, dijo en una conferencia en el Colegio Mayor Belagua de la Universidad de Navarra en 2012. "Si una ley va en contra del derecho natural", un concepto filosófico que se refiere a un conjunto de supuestas normas y principios que los católicos identifican con los de la Iglesia, "un jurista católico no la puede reconocer como verdadera ley, aunque formalmente esté aprobada", añadió, según recogió entonces el sitio web de contenido religioso Catholic.net.

En 2023, en una entrevista en la revista católica Omnes, se refirió al anterior Gobierno de PSOE y Podemos como "factoría de ingeniería social" y criticó la ley trans como "una regulación desproporcionada, ideologizada y contraria a la ciencia, a la lógica y a la seguridad jurídica y social más elementales·. "Nadie entiende que una persona pueda cambiar de sexo simplemente con decirlo en la ventanilla del Registro y aprovecharse a partir de ese momento de las ventajas atribuidas al nuevo sexo", añadió. En el coloquio también cargó contra el aborto, en el que, dijo, no importa nada "ni el padre, ni mucho menos el hijo que se aborta"; o la eutanasia, en la que no se tiene en cuenta a "los familiares" del que expresa su deseo de morir. En 2019, además, publicó un artículo en El Mundo en el que criticaba la exhumación de Franco.

La Sala de lo Penal del Supremo cuenta con 15 miembros, de los que solo tres son mujeres. Los criterios aprobados por la comisión de igualdad del CGPJ para aplicar la ley de paridad señalan que ese reparto equitativo entre sexos debe darse en cada sala, lo que indicaría que el puesto tendría que corresponder, en principio, a una magistrada. Los vocales conservadores, sin embargo, ya han avanzado que vetarán a una de las candidatas a la que señalan por su cercanía al PSOE y a Pedro Sánchez. Se trata de la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Silvina Bacigalupo. Bacigalupo formó parte del equipo que asesoró a los socialistas para elaborar el programa con el que concurrieron a las elecciones de 2015.

Los colectivos en defensa del derecho a una muerte digna fueron grandes impulsores políticos y sociales de la Ley de Eutanasia que en 2020 salió adelante en el Congreso de los Diputados por amplia mayoría absoluta. A lo largo de 2021 la norma comenzó a aplicarse y, desde entonces, estas mismas organizaciones vienen advirtiendo de diversas carencias —desde la burocracia a la formación del personal sanitario, pasando por la dilación de las solicitudes, que en el caso gallego Derecho a Morir Dignamente (DMD) Galicia atribuye fundamentalmente a la Xunta.

Con este telón de fondo el Ministerio de Sanidad acaba de actualizar los datos de aplicación de este derecho con la nueva edición del “Informe Anual sobre la Prestación de Ayuda para Morir”, correspondiente a 2024. En lo relativo al territorio gallego el documento muestra que 42 personas recibieron la eutanasia en Galicia desde que la ley está en vigor y hasta el final del pasado año. Pero también que la mayor parte de los procesos iniciados al amparo de la ley concluyen sin una prestación de ayuda para morir: así sucedió en casi el 60% de los casos.

Siempre según los datos del Ministerio, de 2021 a 2024 finalizaron 98 procedimientos iniciados en Galicia conforme a la Ley de Eutanasia. Un total de 42 terminaron con una prestación de ayuda para morir a las personas que así lo pidieron, mientras que 56 concluyeron con revocaciones —renuncias a la petición—, denegaciones por parte de las comisiones médicas y éticas que valoran las solicitudes o con la muerte de la persona solicitante antes de poder acceder efectivamente a la eutanasia.

Aunque con una proporción un poco menor, este fenómeno se reprodujo en el último año analizado en detalle, 2024. En ese año finalizaron en Galicia 34 procedimientos de la Ley de Eutanasia —el cómputo total incluye solicitudes que habían sido formuladas en años previos— y la conclusión de 16 fue la ayuda a morir. Media docena de estos procesos no finalizaron con la muerte asistida de la persona enferma que lo había pedido porque renunció (revocación) y tres solicitudes fueron denegadas.

En el total estatal la proporción es similar a la gallega y el propio Ministerio evidencia que “menos de la mitad de los procesos que finalizaron en 2024 terminaron en la realización de una prestación de ayuda para morir, concretamente un 45,86%”. Un tercio “fueron un fallecimiento previo a la prestación” y un 15%, denegaciones, mientras que “la proporción de desistimientos fue menor”, algo menos de un 6%.

Especialmente significativo es, en el total de casos también en Galicia, las muertes registradas de personas que pidieron la eutanasia pero que fallecieron por otras causas antes de poder acceder al derecho. Durante 2024 fueron nueve, casi el 30% del total.

En este punto organizaciones como DMD ponen el foco en los plazos de tramitación. Según el citado informe, en el año 2024 la media de días transcurridos en Galicia entre la primera solicitud y la prestación efectiva del derecho a morir fue de 157,87 días, la más elevada del Estado. El segundo valor más alto es el de Andalucía, con 113.

El Ministerio ofrece también, no obstante, el dato mediano de los tiempos de tramitación de las solicitudes de eutanasia y pone el foco en él “por ser una medida capaz de describir la posición central del conjunto de datos sobre plazos” y estar “menos distorsionada” por casos puntuales que se dilaten más que el resto. Ese valor mediano estuvo en Galicia en 59 días durante 2024, mientras que la media estatal se situó en 62.