"Hay una diferencia en la forma en que las administraciones o el Ayuntamiento atienden las reclamaciones vecinales de unas zonas de Madrid y de otras". Quien pronuncia esta frase es Jorge Nacarino, responsable de política institucional de la Federación Estatal de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que explica cómo la capacidad de hacer visibles las reclamaciones vecinales, la movilización social y la renta de los barrios condiciona el éxito o el fracaso de los objetivos que se fijan los ciudadanos cuando se plantan ante la Administración. 

Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Madrid escuchaba las quejas de los vecinos de El Viso y paralizaba el plan del Ministerio de Defensa para levantar una torre de 18 plantas que albergaría oficinas militares. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, pidió a Defensa que se sentara con los vecinos, quienes protestan porque la construcción supondría una alteración del entorno y empeoraría el tráfico en un barrio residencial. Tras 88 alegaciones, el proyecto está actualmente detenido. A esto se suma la reciente victoria en los tribunales de los vecinos del Estadio Santiago Bernabéu, que han frenado la construcción de unos parkings en la zona, además de imponer su anterior reclamación por el ruido que generaban los conciertos.

Otro ejemplo de éxito, al menos momentáneo, es el del barrio de Montecarmelo. Cientos de residentes se habían organizado para defender su vecindario de la instalación de una infraestructura que consideran inadecuada por su proximidad a viviendas y colegios: un cantón de basura. A través de protestas, acciones legales y una intensa presión mediática, los vecinos han logrado arrancar al Ayuntamiento el compromiso de que no se tratarán residuos, ni habrá maquinaria ruidosa o compactadores. Aunque desconfían, porque el proyecto que sigue vigente es el mismo que llevan rechazando desde hace años. "Todavía no está del todo claro cuál va a ser la capacidad del cantón que el Ayuntamiento de Madrid prevé construir porque no han aclarado qué superficie tendrá finalmente", explican desde la FRAVM. En la misma lucha se encontraban los vecinos de La Elipa, aunque ellos no tuvieron tanta suerte y sí han visto cómo se ejecutaba la obra, de forma que, de ser un parque de maquinaria, el espacio pasó a transformarse en un área donde se trasvasa basura. 

La presión vecinal depende de la capacidad para influir en las administraciones, de expresarse en su lenguaje o de llegar a la opinión pública. También, de los medios económicos para sostener demandas que, en general, se prolongan en el tiempo. Pero hay muchos otros matices. 

"Hay una parte que resulta lógica y es que, con dos gobiernos conservadores [la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento], las respuestas a las reclamaciones vecinales parecen estar condicionadas por cierto cálculo político. Da la impresión de que estos gobiernos son más sensibles a las reclamaciones vecinales que surgen en zonas donde tienen un número de votantes más importante", apunta Nacarino. 

Y luego están los medios económicos. "Es mucho más fácil para los vecinos de la zona del Bernabéu o del barrio de Castilla poder conseguir fondos para iniciar un procedimiento contencioso contra una Administración —en este caso, contra el Ayuntamiento de Madrid y contra el Real Madrid— por las obras que se planeaban en el Estadio Santiago Bernabéu. O es mucho más fácil obtener esos mismos recursos económicos para los padres y madres del Colegio Alemán, en el barrio de Montecarmelo, que para los vecinos de San Fermín (Usera, en el sur de la capital) en su lucha contra el crematorio", señala el responsable de la FRAVM. 

La instalación del crematorio que el Ayuntamiento de Madrid quiere ubicar en el tanatorio de la M-40 lleva años en liza. "Se paralizó en el año 2015, pero lo han vuelto a intentar y desde entonces estamos batallando con el consistorio para que no concedan la licencia, ya que está muy cerca de las casas y de un centro educativo", explica una vecina de la agrupación del distrito de Villaverde. Para avanzar en el proceso, apunta, tratan de recaudar fondos propios "cuando se puede" y se apoyan en la Federación de Asociaciones Vecinales para obtener representación legal.

"La Administración hasta ahora nos ha ignorado y, en el fondo, nuestra queja es que este tipo de instalaciones están siempre en los mismos barrios de la zona sur", explica la vecina de Villaverde. "Siempre perjudican al mismo vecindario. Tenemos depuradoras, escombreras, crematorios... instalaciones que serían impensables en otros distritos de la capital", concluye.

Si bien es difícil establecer una comparación entre los diferentes casos, el capital social —ese conjunto de conocimientos adquiridos y contactos ligados a la posición económica— puede ser un matiz que termine de inclinar la balanza, más allá del peso evidente que tiene el factor económico. 

"El sur es el espacio donde se coloca todo aquello que la ciudad necesita, pero que resulta molesto. En el centro de la ciudad siempre hay un informe ambiental, una sentencia en contra, un juez que paraliza la licencia, etc. Pero en el sur es donde esas cosas terminan encontrando cabida", relata Antonio Abueitah, de la Asociación de Vecinos Independiente de Butarque. Abueitah enumera varios ejemplos, entre ellos el festival de música MadCool, que se celebra en su distrito. "No se entiende que en el WiZink Center (ahora Movistar Arena) no se puedan prolongar los conciertos más tarde de las 11 de la noche, o que en el Bernabéu no se puedan celebrar, mientras que el MadCool se instala aquí con música hasta más allá de las dos de la mañana", apunta. "Así se termina normalizando la idea de que en el centro hay unas normas, mientras que en otros barrios estas regulaciones son más laxas", concluye.

Abueitah cuenta que esta constatación les ha obligado a elegir qué luchas pueden permitirse abordar y cuáles no. "Al final, si no fuese por el abogado de la federación regional (FRAVM), no podríamos pagar un equipo de abogados que nos represente". Su asociación de vecinos comparte un representante legal que trabaja con la FRAVM y que les ayuda, pero que también lleva otros casos. "Hay algunos casos, como este del crematorio, que por su gravedad y por la preocupación de los vecinos se decidió llegar a los tribunales, pero lo normal es que no se nos pase por la cabeza demandar". De hecho, la zona de Villaverde-San Cristóbal de Los Ángeles tiene una renta bruta media anual de 25.748 euros, según los datos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas publicados por la Agencia Tributaria. A mucha distancia, la zona de Castilla-Chamartín, donde se sitúa el Santiago Bernabéu, tiene una renta media de 75.739 euros. En este último caso, los vecinos habían conseguido organizarse para pagar una derrama mensual de 200 euros que sustenta su asistencia legal.

Dar visibilidad y crear un espacio social que atraiga atención mediática es una de las cosas que desde la FRAVM consideran más importantes y que menos se tiende a considerar. "En el caso de Montecarmelo, lo que ha habido detrás —más allá de la capacidad económica que puedan tener estos vecinos con respecto a otras zonas de Madrid— es una gran movilización social", apunta Nacarino. La FRAVM cifra en 3.000 personas la asistencia a algunas de las concentraciones organizadas en este distrito, con las que, por el momento, han conseguido parar la obra del cantón.

"Los vecinos de San Fermín y de otras zonas de Usera y de Villaverde también se han unido y han sido capaces de sacar a más de 5.000 personas a la calle para protestar contra la instalación del crematorio", enumera Nacarino. "No todas las batallas que se pueden dar son judiciales y no podemos naturalizar que la forma de interactuar con la Administración sea la justicia, porque los vecinos merecen ser escuchados". Mandar ese mensaje, advierte, puede frenar la movilización y la voluntad de salir a la calle en aquellas zonas donde la capacidad económica para sostener un contencioso es más limitada.

La empresa pública de vivienda, Casa 47, comienza a avanzar en la puesta en marcha de su primera oferta pública de adquisición de vivienda. Con una dotación de 100 millones de euros, fuentes de la entidad señalan que prevén adquirir entre 500 y 600 casas para incorporarlas al parque público. Casa 47 está abierta a ofertas tanto de particulares como de personas jurídicas y primará la adquisición de pisos en zonas tensionadas. Fuentes de la empresa señalan que ya han recibido algunos contactos, principalmente de particulares, y que se encuentran en conversaciones con fondos de inversión que buscan deshacerse de sus activos de vivienda.

El procedimiento de adquisición se llevará a cabo mediante concurso. Se priorizarán las ofertas localizadas en zonas de mercado residencial tensionado, es decir, aquellas áreas donde los hogares destinan más del 30% de sus ingresos a costear la vivienda. Además, fuentes conocedoras señalan que la etiqueta de mercado tensionado se podrá aplicar independientemente de que la comunidad autónoma aplique o no el reglamento de vivienda. También se priorizarán las ofertas de bloques completos o conjuntos de viviendas frente a las casas sueltas.

En cuanto a los precios de compra, la entidad pública utilizará como referencia los precios que establece el Portal Estadístico del Notariado. "Casa 47 comprará por el precio que se ofrezca en la propuesta, siempre y cuando se adecúe al valor de tasación de la vivienda y no exceda del precio medio de venta que marca el Portal Estadístico del Notariado en cada zona", señalan en una nota de prensa. La tasación, explican las mismas fuentes, la llevará a cabo una entidad externa acreditada por el Banco de España y se considerará la oferta de vendedor siempre que no exceda los parámetros del notariado.

El presupuesto de la convocatoria se destinará a cubrir el precio de adquisición de las viviendas, así como todos los gastos e impuestos que se deriven de su compraventa y, en su caso, el coste de las actuaciones necesarias para su adecuación, mejora o rehabilitación, siempre que el coste total no supere el 110% del valor de tasación.

En cuanto a los plazos que se manejan, Casa 47 prevé cerrar la fase de concurso el próximo 9 de julio y a partir de esa fecha se irán conociendo las adjudicaciones.

La memoria justificativa de la nueva regulación de usos hoteleros impulsada por el Ayuntamiento es un ejemplo paradigmático de esta disfunción. Desde su primer párrafo, el documento parece alinearse con las reivindicaciones de las plataformas en defensa de la vivienda: alerta sobre los riesgos del crecimiento turístico descontrolado, advierte de la pérdida de tejido residencial y subraya la necesidad de proteger la vida ciudadana. Sin embargo, cuando llega el momento de concretar las medidas, el discurso se diluye, se relativiza y termina proponiendo una regulación que contradice abiertamente el diagnóstico previo.

El contraste es tan evidente que basta con leer algunos fragmentos del propio documento. En él se afirma que “el crecimiento sin control a expensas del parque de vivienda puede romper el equilibrio que debe garantizar que la ciudad continúe siendo un lugar donde desarrollar la vida ciudadana”. También se sostiene que es necesario regular el uso turístico para “evitar la pérdida del uso residencial”, “evitar interferencias en el mercado de la vivienda”, “garantizar el acceso a la vivienda” y “proteger el tejido comercial de los barrios”. Con semejante punto de partida, cabría esperar una regulación firme, restrictiva y orientada a frenar la presión turística. Pero no es así.

El diagnóstico que desarrolla la memoria es, de hecho, demoledor. Habla de “saturación”, “sobreexplotación”, “especulación inmobiliaria”, “sobredimensionamiento de la oferta turística”, “crecimiento exponencial”, “carestía del alquiler”, “huida de la población joven”, “uso indebido de plataformas tecnológicas”, “deterioro de la convivencia” y “colonización turística”. Incluso incorpora conceptos como “turistificación” y “gentrificación”, cuyo origen remite a la sustitución de la población trabajadora por clases más acomodadas. Es decir, el documento describe un conflicto social profundo, aunque evita nombrarlo como tal.

Este diagnóstico no surge de la nada. Se apoya en estudios de la Cátedra MESVAL, EXCELTUR, ReviTUR, la Fundación Visit Valencia y diversas universidades, además de la Sentencia del Tribunal Supremo 5958/2019. Todo ello en las primeras treinta páginas, reforzado por datos —aunque suavizados y no actualizados— del servicio de licencias urbanísticas. El documento recoge ejemplos de ciudades como Málaga, Barcelona, Sevilla o San Sebastián, donde se han aplicado medidas estrictas para contener el turismo. Incluso rechaza explícitamente las estrategias que buscan convertir las ciudades en destinos turísticos mediante la inversión pública. Y reconoce que las medidas actuales son insuficientes para controlar los efectos negativos. Hasta aquí, la coherencia es impecable. Con semejante acumulación de evidencias, parecería lógico que la memoria concluyera con una propuesta regulatoria contundente. Pero ocurre justo lo contrario.

Sin embargo, a partir de la página 40, la memoria da un giro inesperado. De pronto aparecen conceptos como “unidad de mercado” y “derecho a la implantación de servicios”, apelando a la Directiva de Servicios de 2006, que —según reconoce el propio documento— no es aplicable en materia urbanística. A partir de ese punto, la regulación se reduce a una mera “ordenación urbanística del uso de viviendas turísticas”, evitando cualquier interpretación que pudiera resultar restrictiva. Se introduce incluso la idea de que la “razón imperiosa de interés general” es un concepto “dinámico”, lo que se utiliza para justificar una lectura favorable a la libertad de empresa.

El resultado es una propuesta que, lejos de limitar, apuesta por “ordenar y hacer compatibles” los intereses de residentes y promotores turísticos. Es decir, después de diagnosticar una enfermedad grave, la solución propuesta no es evitar aquello que la provoca, sino intentar hacerlo “compatible”. Una contradicción difícil de justificar, más si tenemos en cuenta que ya existe una realidad -reconocida igualmente en la memoria- de una saturación general con miles de pisos ilegales. Por tanto, la equiparación de la industria turística con otras actividades terciarias no es un buen punto de partida. Esta tiene su propia dinámica con impactos mucho mayores.

La comparación resulta inevitable: ¿aceptaríamos la existencia de 5.000 panaderías ilegales en Ciutat Vella? ¿O de inmobiliarias, bares, oficinas, badulaques o museos clandestinos? ¿Toleraríamos que se instalaran entre viviendas residenciales estas actividades terciarias, alterando la convivencia y expulsando a los vecinos? La respuesta es obvia. Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre con los pisos turísticos. La industria turística, por su naturaleza y su impacto, no puede equipararse al resto de actividades terciarias. Pretenderlo es un despropósito.

La lógica utilizada para fijar los porcentajes de saturación es otro ejemplo de incoherencia. En lugar de partir de las características intrínsecas del turismo —ampliamente descritas en la propia memoria—, se aplica una lógica contable basada en la edificabilidad total. Si una actividad tiene un límite del 20% y otra del 50%, las viviendas turísticas se fijan en el 1,5%, aunque finalmente se estime que el 2% “está mejor”. Así, sin justificación, un salto en el vacío aumenta un 0,5%. Una conclusión arbitraria que no responde al diagnóstico previo ni a la gravedad del problema.

Tan arbitraria como es la exclusión de sus propios criterios de saturación, ya de por sí permisivos, la excepción a Ciutat Vella que facilita la compra de inversores turísticos si rehabilitan y ponen “en valor” –su valor, su negocio, sus pisos turísticos y hoteles– nuestro patrimonio catalogado como bienes de relevancia local o con máxima protección. Una alfombra roja para fondos de inversión que va a destrozar –aún más– Ciutat Vella.

La memoria justificativa, en definitiva, es un ejemplo de cómo la administración puede diagnosticar con precisión una enfermedad y, aun así, negarse a aplicar el tratamiento adecuado. Un ejercicio de análisis brillante que desemboca en una regulación tímida, insuficiente y contradictoria. Y un recordatorio de que, en política, el exceso de análisis no siempre conduce a mejores decisiones. A veces, simplemente las paraliza.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este viernes que, "en la primera quincena de abril", pondrá en marcha la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), según informa EFE.

Durante su intervención en las jornadas de eldiario.es, se ha referido a la negociación que mantiene con los sindicatos tras los acuerdos marco firmados entre Función Pública y CCOO, UGT y CSIF. 

"Hay CCAA que ya la aplican, otras que no, pero en la AGE se aplicará las 35 horas en la primera quincena de abril", ha dejado claro el ministro.

En la última reunión del pasado miércoles, UGT dio el visto bueno al acuerdo, CCOO quedó pendiente de estudiar la última propuesta y dar su apoyo -algo que hizo en un reunión interna ayer- y CSIF reclamaba la inclusión de más colectivos.

En concreto, los apoyos sindicales estaban pendientes de la aplicación de las 35 horas a las jornadas especiales y de la inclusión de colectivos como instituciones penitenciarias y de los docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla.

El Gobierno ha comunicado este miércoles a las organizaciones sindicales que inicia el procedimiento para implantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE).

Según ha informado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la secretaría de Estado de Función Pública propondrá unas nuevas instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

Función Pública ha añadido que convocará la Comisión Superior de Personal y a la Comisión Permanente los días 10 y 11 de febrero para informar de dicha modificación de la jornada a los subsecretarios y subdirectores de Personal de los distintos departamentos ministeriales. Posteriormente, apuntan, elevarán la propuesta a la mesa general de la Administración del Estado donde se negociará con los sindicatos.

UGT y CCOO habían urgido la semana pasada a implantar la jornada de 35 horas semanales de manera inmediata, sin esperar a los futuros presupuestos de 2026. Los sindicatos pedían que se adoptara "en el próximo mes de febrero o a principios de marzo", ya que esperar a los presupuestos -cuyo proyecto todavía no se ha presentado- supondría retrasar su aplicación. Ya en ese momento, el ministro Óscar López señaló que las 35 horas se aplicarían "tan pronto como sea posible". 

Muchas de las tensiones que atraviesan hoy nuestras ciudades y entornos naturales comparten un mismo patrón: la tendencia a considerar determinados problemas colectivos como algo ajeno. Esa distancia subjetiva entre el problema y la conducta individual es, a menudo, el eslabón que falta en el diseño y aplicación de las políticas públicas.

El reciente brote de peste porcina que ha afectado a zonas como Collserola es un buen ejemplo. Ante el riesgo de propagación entre jabalíes y cerdos domésticos, las autoridades han restringido accesos y usos recreativos del parque. La medida busca proteger un sector económico estratégico y evitar consecuencias ambientales y sanitarias de gran alcance. Sin embargo, no han faltado incumplimientos: personas que sortean vallas o acceden por caminos secundarios al considerar exageradas las limitaciones. Al no existir riesgo directo para la salud humana, una parte de la ciudadanía concluye que la cuestión no le concierne, aunque sí pueda afectarle a medio plazo en forma de impacto económico, territorial o alimentario.

Algo similar ocurre con la gestión de los residuos urbanos. Muchos municipios afrontan contenedores desbordados, bolsas abandonadas en la vía pública y puntos de recogida selectiva mal utilizados. Paralelamente, crecen las quejas por el incremento de tasas de residuos o por la opacidad del sistema de reciclaje. Aunque existan dudas razonables sobre la eficacia o transparencia de determinados modelos, esa desconfianza se traduce, en algunos casos, en comportamientos abiertamente incívicos: depositar los residuos fuera del contenedor, eludir la separación selectiva o delegar la responsabilidad en un sistema del que se desconfía, pero que se continúa saturando.

La lista podría ampliarse: vehículos abandonados que ocupan durante meses el espacio público, vertederos incontrolados en las periferias urbanas, mobiliario urbano deteriorado o equipamientos colectivos dañados. En todos estos casos se combinan decisiones técnicas, administrativas, políticas y económicas —a menudo poco explicadas— con conductas individuales que se justifican en esas mismas dudas y que sitúan el problema fuera del propio ámbito de responsabilidad.

Es legítimo cuestionar cómo se calculan determinadas tasas, si la gestión de una crisis sanitaria es proporcionada o si la administración actúa con la diligencia debida en la retirada de un vehículo o en la clausura de un vertedero ilegal. Lo que resulta difícil de justificar es que esa crítica se traduzca en una retirada de la propia responsabilidad: tirar residuos donde no corresponde, abandonar un coche, descargar escombros en un descampado o ignorar una restricción temporal de acceso a un espacio natural.

Cuando esto sucede, se produce una paradoja: se señalan los efectos —más impuestos, más restricciones, más costes de limpieza, pérdida de calidad del espacio público— sin reconocer el papel que tienen las prácticas cotidianas en la generación de esos mismos efectos.

Una parte del problema reside en que el factor humano sigue siendo el gran ausente en la formulación de muchas políticas públicas. Se habla de normativas, sanciones, competencias y presupuestos, pero menos de percepciones de riesgo, de confianza en las instituciones, de fatiga normativa o de la tendencia a diluir la responsabilidad individual cuando el daño se reparte entre muchos.

Incorporar seriamente ese factor humano implica asumir que la información no basta si no se vincula de forma clara la conducta individual con sus consecuencias colectivas; que la transparencia no es un adorno, sino una condición para sostener el cumplimiento voluntario; y que las medidas deben ir acompañadas de una pedagogía cívica continuada, no solo de campañas puntuales o de la amenaza de sanción.

También exige reconocer que el cuidado de lo común —de un parque natural, de una calle limpia, de una red de contenedores, de unas infraestructuras compartidas— no puede delegarse exclusivamente en la administración. El espacio público es, por definición, responsabilidad compartida.

Quizá la pregunta de fondo no sea si un problema “nos afecta directamente” o no, sino de qué manera lo hace y hasta qué punto nos sentimos concernidos por él. Porque, aunque el impacto pueda parecer lejano o difuso, nuestras decisiones diarias —cumplir o no una restricción, utilizar correctamente un contenedor, denunciar o tolerar un vertedero o un vehículo abandonado— forman parte de la ecuación. Ignorar ese vínculo es, en sí mismo, una forma de agravar el problema que luego reclamamos que alguien resuelva por nosotros.

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Anna Garcia Hom es analista y socióloga. Dra. en Seguridad y Prevención.

La temporalidad tiene en pie de guerra a los empleados públicos, desde profesores y sanitarios a bomberos o administrativos. Un problema que, además, ha hecho que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tenga el foco puesto en España al considerar que la Administración abusa de los contratos temporales y no ha puesto medidas suficientes para corregir esta dinámica. El siguiente paso en este litigio tendrá lugar este jueves, cuando el Abogado General de la Unión Europea, una figura de asesoramiento vinculada al TJUE, se pronunciará sobre si España debe hacer fijos a los funcionarios que han encadenado contratos temporales. 

La madeja burocrática y judicial se explica mejor acudiendo a los ejemplos. Es el caso de Lorenzo Campillo, funcionario de carrera en un ayuntamiento, quien explica a infoLibre su situación: “Yo me vine de Murcia a Guadalajara a trabajar hace 11 años. Vivo aquí, mis hijos estudian aquí. Es una vida y yo no puedo volverme porque decidan echarme prácticamente sin indemnización”. Campillo trabaja en un ayuntamiento pequeño, donde pese a no tener plaza fija —y tras haber pasado procesos de oposición sin obtener plaza— no tiene asegurado su empleo después de más de una década desempeñándolo. Él es una de las cientos de personas que esta semana se concentraron ante el Congreso para pedir soluciones.

Actualmente, las estimaciones apuntan a que las Administraciones Públicas tienen más de 700.000 trabajadores interinos y alrededor de 648.000 pendientes de que la justicia europea avale su petición de hacerles fijos tras años desempeñando un puesto. El problema, en corto, es que la jurisprudencia europea choca con la española. Convertir en fijos a quienes llevan años encadenando contratos temporales de manera automática contraviene, como señaló en su momento el Tribunal Supremo, los principios de igualdad, mérito y capacidad que requiere el acceso a la función pública, pero dejar las cosas como están, también atenta contra los derechos laborales de los trabajadores. 

“Los tribunales en España siempre han dictaminado que la fijeza automática no cabe en nuestro ordenamiento jurídico”, explica Miriam Pinillos, responsable de Políticas Públicas de Comisiones Obreras (CCOO). Ahora bien, dejar fuera a quienes llevan décadas cubriendo un puesto en la Administración o someterles a décadas de inestabilidad laboral también va contra la ley. “A partir de tres años se supone que ya estamos en abuso de temporalidad”, explica Campillo, quien insiste en que la solución no puede pasar por despedir al trabajador o mejorar la indemnización por despido, sino por ofrecer alternativas de estabilización. “Estamos en tierra de nadie, esperando a que el Supremo cambie su doctrina o a que llegue una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que fuerce la estabilización”, concluye. 

Desde Comisiones Obreras, Pinillos señala que no es evidente que la resolución llegue mediante un contrato fijo, ya que el tribunal de la UE no ha aclarado este punto. “Este organismo nunca ha dicho que la respuesta al abuso de la temporalidad deba ser la fijeza, lo que ha dicho es que puede ser una de las formas de reparar el daño”, señala. Para el sindicato la mejor respuesta pasa porque se convoquen procesos de estabilización justos.

“La solución parte de que se convoquen todas las plazas de interinidad y que las Administraciones dejen de jugar con oscurantismo, con plazas vacantes, plazas de sustitución, plazas eventuales, etc. Todo ese empleo debe estabilizarse cuando las personas llevan más de tres años empalmando contratos temporales”, concluye.

En la misma línea, Campillo, que también representa a la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos, explica que las plazas que han ido saliendo a concurso de estabilización de su gremio están muy por debajo del número de personas que actualmente trabajan. “En los años anteriores prácticamente no se han convocado plazas y no se llegaba a cubrir la tasa de reposición”, explica el funcionario. “Entonces el ministerio sacó 1.500 plazas libres en 2024 y 1.000 este año”, algo que, según él, abre la posibilidad a nuevos candidatos, pero no da soluciones para quienes llevan años en el limbo. “Hay, por ejemplo, una parte de la antigüedad que no se cuenta y yo tengo compañeros que llevan 20 años trabajando”, concluye.

Así, tanto trabajadores como sindicatos piden procesos de estabilización justos. Algo que, según Pinillos, pasa por evaluar los méritos y los currículums de los trabajadores de forma justa, aunque sin bloquear las nuevas incorporaciones a lo púbico. 

La temporalidad es un factor pernicioso para el mercado laboral que se ha ido reduciendo en los últimos años. En los datos de empleo conocidos la pasada semana, el porcentaje de trabajo temporal se situó en el 12,6% mientras que antes de la reforma rondaba el 28%, y, sin embargo, en lo público la tasa permanece disparada. Es del 27,8% en el segundo trimestre del 2025, según el INE. 

“Desde la crisis de 2012 hasta prácticamente 2017, las ofertas de empleo público casi desaparecen en este periodo austericida y el empleo se cubre con interinidades. Eso deja a los trabajadores sin posibilidad de acceder a ofertas de estabilización durante años”, explica la responsable de CCOO. Para ella, el abuso en esta modalidad de contratación y la ausencia de medidas para corregirlo hizo que se acumulase una tasa de temporalidad que ahora mismo es muy difícil de gestionar.

El recorrido judicial de la medida viene de lejos, pero podría concluir a finales de año. Comenzó al transponer la directiva europea en materia de temporalidad, cuando el Tribunal Supremo planteó una cuestión prejudicial ante Bruselas para saber si el marco europeo se podía integrar en la legislación española, ya que el panorama era confuso. El Tribunal de Justicia Europeo respondió en 2024 señalando que la normativa nacional contravenía la normativa europea porque no fijaba indemnizaciones de despido adecuadas y tampoco contemplaba procesos de estabilización justos. En este punto, las sentencias que se sucedían en España se hicieron contradictorias: unas rechazaban hacer fijos a los trabajadores apelando a los principios de igualdad, mérito y capacidad que recoge la Constitución en el caso del acceso a la función pública, pero otros apuntaban hacia la estabilización. 

Con la evaluación del Abogado General este jueves se avanza un paso más, aunque su decisión no equivale a una sentencia. Para ello habrá que esperar a la sentencia del TJUE, que podría conocerse dentro de dos meses. “Esto es un tema de justicia social, no queremos mayores indemnizaciones, queremos conservar nuestros trabajos”, concluye Campillo.

Manuel Fernández Padín vive en la calle. "Me han dejado tirado". Cuando han pasado 35 años desde la operación Nécora, el testigo protegido número 2, cuyo testimonio resultó clave para el gran proceso contra los narcos que operaban en Galicia hasta 1990, sobrevive con un subsidio después de que "nadie cotizase por mí en los años en los que estaba protegido". Padín asegura que desde hace días está durmiendo en su coche y que uno de sus hijos, con graves problemas psiquiátricos, "está al borde del suicidio".

Tras más de 20 años amparado por el plan de protección de testigos, el hombre que en su día delató las actividades criminales del Clan de Los Charlines, la famosa organización criminal en cuyo seno trabajó durante un período de tiempo en la década de 1980, asegura que le han dejado "en la puta calle", con una pensión no contributiva y con escasas posibilidades de reinserción social a causa de su edad y de sus largos años lejos de su tierra.

Padín tuvo problemas serios con el consumo de drogas cuando apenas contaba con 24 años. Una sobredosis le hizo dependiente de los tranquilizantes de por vida y la crisis y la falta de oportunidades le llevó, como a muchos otros, a abrazar el contrabando. O eso pensaba él. "Hablé con Manolito Charlín (el hijo de Manuel Charlín Gama), que era de mi pandilla, para pedirle trabajo en el contrabando de tabaco". Cuando ingresó en el clan se encontró con que iba a descargar hachís, primero, y cocaína, después.

Una de las últimas apariciones públicas del exnarcotraficante arrepentido tuvo lugar a las puertas del Congreso en abril de 2023, cuando, con una pancarta, ponía de manifiesto la situación de "abandono" que ya sufría en aquel momento.

Padín declaró a este periódico que se puso en contacto con la subdelegación del Gobierno en Pontevedra para encontrar amparo, algo que por el momento no ha conseguido. Señala que Baltasar Garzón, el juez con el que colaboró en su momento para instruir la histórica operación, le aseguró entonces que su tratamiento sería similar al que se le da a esta clase de personas en países como Italia o Estados Unidos, con una nueva identidad y una vida nueva, algo que no sucede por el momento en España.

Asegura que el Clan de Los Charlines no le ha matado "porque no han querido", al tiempo que insiste en que su declaración fue la única relevante al ofrecer datos del modus operandi de los narcos desde dentro, en el seno de una de las redes que movían el negocio en su momento, mientras que la otra declaración, la del testigo protegido número 1, Ricardo Portabales, "fue fruto de su imaginación". El propio Portabales lo reconocería años más tarde.

En la tarde de este domingo, 24 de agosto de 2025, Padín atendía a este periódico desde el césped de una piscina municipal de Sur del país. "Me cobraron dos euros por ser mayor. Es la única forma de poder dormir un rato completamente estirado, porque el coche es muy pequeño".

"Este es el premio que me dan por colaborar con el Estado, y mientras, los que disfrutan de todos los lujos son los delincuentes", concluye el gallego de Vilanova de Arousa que, un día, resultó clave para quitarles la careta a los grandes capos de la droga que operaban en España en la impunidad.

Padín sufre varias patologías y su alimentación es deficiente. Solicita amparo de la Administración o de personas que tengan capacidad para prestarle una ayuda económica para salir adelante. 

La evaluación de las políticas públicas es una herramienta clave para mejorar la eficacia y la eficiencia de la acción del Estado. Su valor radica en que permite analizar de manera rigurosa si una política, programa o intervención pública está cumpliendo con los objetivos para los que fue diseñada, y si lo hace con un uso adecuado de los recursos disponibles. Esta evaluación, basada en evidencia empírica, no solo ayuda a identificar aciertos y errores, sino que también proporciona criterios objetivos para tomar decisiones informadas sobre el rediseño, la ampliación o la eliminación de determinadas medidas.

Con ese objetivo, el Gobierno promovió, y el Congreso aprobó en 2022, una Ley de Evaluación de Políticas Públicas llamada a mejorar la rendición de cuentas ante la ciudadanía, fortalecer la transparencia institucional y fomentar una cultura de aprendizaje continuo en las administraciones públicas. Una ley que planteaba la resurrección de la agencia independiente eliminada por el Gobierno de Mariano Rajoy, encargada de desarrollar esta tarea, imprescindible para evitar el despilfarro de recursos, detectar efectos no deseados y orientar las políticas hacia un mayor impacto social.

Pero la aprobación del estatuto que debe regular esa agencia, y su creación misma —que debía tener lugar en el plazo máximo de seis meses—, sigue en el limbo. Han pasado tres años y el Gobierno ha sido incapaz de hacer realidad su promesa.

Fuentes del Ministerio de Economía consultadas por infoLibre atribuyen el retraso a la necesidad de reformar aquella ley para que la nueva agencia, en vez de depender del ministerio de Óscar López, el responsable en materia de función pública, pase a formar parte de la estructura de Economía, cuyo titular es Carlos Cuerpo, a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.

Eso exige un cambio legal y, para llevarlo a cabo, el Gobierno ha optado por recurrir al grupo socialista en el Congreso e introducirlo vía enmienda en la reforma de la ley de Función Pública que está en trámite en la Cámara Baja, y que fue presentada en febrero. Mediada la legislatura, lo cierto es que no hay plazos ni un horizonte que permita prever cuándo la agencia podrá comenzar a funcionar.

En paralelo, señalan las mismas fuentes, Economía ha ido avanzando en una propuesta de estatuto con el objetivo de agilizar los tiempos una vez se apruebe la reforma legal. El departamento que dirige el ministro Cuerpo ya ha pedido informes a los demás ministerios con el objetivo de tener todo preparado para el momento en que la reforma se apruebe en el Congreso (después quedarían todavía trámites como el preceptivo informe del Consejo de Estado). Si el Congreso no lo consigue en lo que resta de legislatura, la reforma decaerá y habrá que volver a empezar.

La Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, si algún día logra constituirse, se encargará de coordinar y supervisar el sistema evaluador, diseñar herramientas digitales (portal temático, servicio web común) y acompañar a ministerios.

Se trata no solo de hacer, sino de averiguar si lo hecho ha servido para algo. La evaluación de las políticas públicas, un instrumento que todo el mundo considera imprescindible para mejorar la eficacia de la administración, hace muchos años que forma parte de la vida cotidiana de las instituciones de países como el Reino Unido y los nórdicos —en particular Finlandia—, o de democracias en las que rara vez nos miramos, como la chilena.

En España, después de algunos intentos fallidos, y empujados por las reformas administrativas que exige la Unión Europea para seguir teniendo acceso a los fondos Next Generation, el Congreso dio luz verde a la ley que la regula y que, desde 2022, permanece en un cajón.

Durante años, los expertos han denunciado el problema estructural que sufre la evaluación de políticas públicas en España: la falta de “institucionalización” de la evaluación. Es decir, no está sistematizada, sigue sujeta a vaivenes políticos, no hay mecanismos para exigir su realización ni para incorporar sus recomendaciones.

El primer intento serio tuvo una vida efímera. Una Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios ejecutó alrededor de 40 evaluaciones de programas y servicios públicos entre 2007 y 2011, antes de ser vaciada de contenido y recursos a partir de 2012. Fue disuelta finalmente en 2017, pasando sus funciones a ser asumidas por la Secretaría de Estado de Función Pública, a través del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas y de la Dirección General de Gobernanza Pública, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Y eso que el informe de la OCDE Public Governance Reviews, de 2016, recomendaba “fortalecer el estatus de la Aeval” emitiendo declaraciones oficiales sobre sus informes, fuera “aceptando sus recomendaciones o explicando por qué la administración pública no las seguirá”. Esa era la forma, según la OCDE, de integrar unas políticas de evaluación “fragmentadas y dispersas”.

La ley que resucita la Agencia, pero que lleva tres años detenida en el tiempo, propone analizar y evidenciar el impacto de las políticas públicas en cuestiones como la igualdad de género, el medio ambiente y la transición energética, la extensión de los derechos sociales o la despoblación y el reto demográfico. Pero también el crecimiento económico, el empleo digno, estable y de calidad, la solidaridad intergeneracional, la redistribución de la riqueza, la adecuación a la normativa y a las directrices europeas, o la adecuada alineación de las distintas intervenciones públicas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Si consiguiese su objetivo, los gobiernos —y los ciudadanos— tendrían a su disposición un modo eficaz de saber si las políticas aplicadas a todos estos asuntos han funcionado. Es fácil imaginar el impacto que semejante herramienta tendría en la salud democrática del país.

El estatuto que elabora Economía y que debe regular la agencia resultará clave. ¿Será de verdad independiente del Gobierno? ¿Tendrá acceso a los datos que necesita para hacer sus evaluaciones? ¿Dispondrá de los medios para cumplir su cometido? ¿Gozará de la flexibilidad necesaria para pedir el auxilio de especialistas, sobre todo del mundo universitario? La ley no lo precisa y queda a expensas de lo que disponga ese estatuto.

Más allá del estruendo mediático y de la trinchera judicial, numerosas asociaciones de altos funcionarios han formado también un amplio frente contra el Gobierno. El proyecto de reforma de la Administración Pública, mediante el que el ejecutivo pretende impulsar un cambio radical en el modelo de acceso a la Administración General del Estado, ha provocado una sonora respuesta en plena canícula veraniega.

La intención del Ejecutivo consiste en convertir el dilatado proceso de oposiciones, caracterizado por un esfuerzo memorístico de utilidad cuestionable y por sistemas de preparación mayoritariamente privados —y en los que participan activamente los altos funcionarios—, en un máster público de dos años al que daría acceso una prueba selectiva, y que concluiría con otro examen. Los distintos cuerpos de máximo rango de la Administración, agrupados en la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA), consideran que dicho cambio atentaría contra la equidad y el acceso meritocrático a una función pública que debe escoger a los mejores y carecer de sesgo ideológico y arbitrariedad.  

No tiene por qué faltarles razón —aunque la superioridad actual del sistema vigente está por demostrar—, pero hay mucho más. Pese a que estos cuerpos han sido invitados a proponer sus ideas este próximo martes con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, el enfrentamiento viene de antes. Se trata del levantamiento intermitente de una primera línea del Estado, una confederación de élites corporativas de las que depende el funcionamiento de la maquinaria administrativa central.

Esta red de mecánicos estatales ha sido considerada por muchos estudiosos como una verdadera clase burocrática. Para expertos académicos y también funcionarios de primera línea como Mariano Baena del Alcázar, Narciso Pizarro, Juan Linz, Amando de Miguel o Miguel Beltrán, la élite de los altos funcionarios era la única manera de hacer política de manera alternativa al mal llamado partido único de la dictadura. Se trataba de una élite cerrada, dotada de un grado de movilidad social mínimo. 

La llegada de la política democrática no ha reducido el papel de lo que el sociólogo francés Pierre Bordieu denominaría la ‘nobleza del Estado’, una posición dominante en la que influye la meritocracia, la procedencia social, y, sobre todo, las ventajas que el espíritu corporativo de los distintos cuerpos otorga a sus miembros, muchas veces incluso desde las academias preparatorias.

Dichos cuerpos andan especialmente activos desde el principio de la legislatura. La declaración del expresidente José María Aznar –“el que pueda hacer que haga”—, realizada a principios del mes de noviembre de 2023, unos días antes de que las negociaciones con los distintos grupos parlamentarios otorgaran a Pedro Sánchez la oportunidad de volver a ser presidente del gobierno, ha coincidido con una serie de movimientos que tienen su origen en la oposición a las consecuencias de la ley de amnistía, pero también en fuertes diferencias ideológicas muchas veces difíciles de disimular. 

Pocos días después del pronunciamiento del decano de la derecha española, distintos cuerpos de altos funcionarios realizaron comunicados contrarios a la medida de gracia, acordada para que el nuevo gobierno fuera posible. A los altos cuerpos de la judicatura se unieron las asociaciones mayoritarias de los abogados del Estado, de los técnicos comerciales, los inspectores de trabajo o los administradores civiles, entre otros. Sin embargo, no todos los altos burócratas integrados en estas estuvieron de acuerdo: en FEDECA, el colectivo que agrupa a todas las asociaciones, la presidenta, Laura Yuste, fue acusada de haber disuelto y rebajado la protesta. Unas semanas más tarde esta sería reclutada como asesora en el gabinete del ministro de Economía, y sustituida, a su vez, por Ana Ercoreca de la Cruz, de talante más crítico. Desde asociaciones como la Academia Española de la Administración Pública, de orientación progresista, se criticó entonces la ruptura de la neutralidad política por parte de unos altos funcionarios que teóricamente basan su acción en su saber técnico, pero que no pueden ignorar su ideología. 

Después de este intento de condicionar la investidura gubernamental ha habido un nivel de actividad política creciente. El 13 de marzo de 2024 se presentó en la Universidad Abat Oliva CEU de Barcelona, centro perteneciente a la Asociación de los Propagandistas Católicos, el Pacto de Profesionales en Defensa del Estado de Derecho, firmado para luchar contra la supuesta injerencia del Gobierno en la Justicia y contra las consecuencias de las supuestas cesiones realizadas a Cataluña.

Entre sus portavoces se encontraban sindicatos de la Policía Nacional, de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y del resto de cuerpos anteriormente mencionados. Destacaba Cristina Dexeus, perteneciente a la mayoritaria Asociación de Fiscales y furibunda crítica del proceso independentista catalán. El representante de APSITAL, la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, Alberto Bravo Queipo de Llano, mostró su preocupación por la descentralización de competencias para la selección de altos funcionarios para los ayuntamientos catalanes, lo que podría convertirse en una fuente de clientelismo.

Como representante de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado estaba su presidenta, Ana de la Herrán Piñar, especialmente activa en las tribunas periodísticas, en las que ha denunciado la medida de gracia como un paso decisivo para la demolición del Estado y el proyecto de reforma funcionarial como un cambio lesivo para la Administración. De la Herrán es nieta e hija de altos funcionarios: su abuelo fue Blas Piñar Gutiérrez, notario y fundador de la corriente ultraderechista Fuerza Nueva; su padre, Pedro de la Herrán Matorros, también notario, se presentó como número uno por Valladolid en las elecciones de 1979 por la coalición de extrema derecha Unión Nacional Española; solo su suegro, Blas Piñar, logró escaño en el Congreso.

La asociación de técnicos comerciales y economistas del Estado también ha sido especialmente combativa. El presidente de este colectivo es, desde hace unos meses, Álvaro Rengifo Abbad, que ha publicado recientemente un artículo en The Objective sobre las amenazas contra el Estado de derecho. Rengifo fue compañero de promoción de Luis de Guindos; su segundo en la asociación es Íñigo Fernández de Mesa, antigua mano derecha de De Guindos en Lehman Brothers y actual vicepresidente de la CEOE. En 2017, Rengifo fue incorporado al equipo económico de De Guindos como presidente de la empresa CESCE. Su padre, Álvaro Rengifo Calderón, también fue técnico comercial del Estado, y figuró como subsecretario de comercio en los últimos años del tardofranquismo; en 1976 juró el cargo de ministro de Comercio con Adolfo Suárez. Emparentado con el marqués de Villaverde a través de su esposa, Álvaro Rengifo Calderón jugó un papel importante en el inicio de la transición democrática. 

La colonización de las asociaciones mayoritarias es solo una forma más de la captura del Estado a la que se puede hacer progresivamente frente. La nueva ley de acceso a la función pública podría incrementar a medio plazo la diversidad social de los altos cuerpos burocráticos, pero, entretanto, la politización y la polarización de todo asunto público prometen una cruenta batalla administrativa. La nobleza estatal continúa en rebeldía al borde del fundido a negro del verano. 

Con motivo de las nuevas filtraciones que afectan a quienes han ocupado importantes cargos en el PSOE, tales como Ábalos y Santos Cerdán, considero importante abordar el fenómeno de la corrupción no únicamente como un problema de los "políticos".

Tal y como ya expuse en otro artículo: ‘El correo: ¿el problema de España es la corrupción política?’, el dinero saqueado de las arcas públicas a través de tramas corruptas protagonizadas por partidos se calcula en aproximadamente 9.000 millones de euros durante las dos primeras décadas del siglo XXI. Sin duda, una cifra escalofriante, pero que si se compara con la corrupción privada es una cantidad muy reducida. 

Un estudio de Los Verdes señala que este tipo de prácticas en un país como España tiene un coste anual de 90.000 millones de euros, casi 2.000 euros per cápita. Lo que significa que durante los últimos 20 años la corrupción privada ascendería a 1,8 billones de euros (con “b” de Bárcenas). O lo que es lo mismo, más de 9 veces el presupuesto que se dedica en la actualidad a cubrir las pensiones en nuestro país (190.000 millones al año).

Tomando esto en consideración, creo que en primer lugar debemos preguntarnos si lo que realmente pone en jaque nuestro bienestar es la corrupción protagonizada por políticos o más bien un sistema social y económico que favorece que la generación de riqueza y la gestión de ciertos servicios recaiga principalmente en el sector privado. 

En ese sentido, pienso que entre aquellos partidos que se dicen progresistas y de izquierdas habría que hacer una lectura más seria y rigurosa sobre cómo se emplea el dinero público de forma aparentemente legal. Y aprovechar situaciones adversas como la actual para poner de manifiesto que aquello que se deja únicamente en manos privadas, lejos de ser lo más eficiente, muchas veces favorece su malversación en favor de unos pocos. 

Un caso claro es la vivienda y no sólo por el papel que juegan fondos de inversión e inmobiliarias en este campo, sino también por la mentalidad de muchos particulares que compran pisos con el fin de especular con el precio del alquiler, tal y como denuncia el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

Otro caso muy ilustrativo y que conoce muy de cerca el ministro Óscar Puente cuando fue alcalde Valladolid fue la gestión de un servicio tan básico y esencial como el agua. Durante 20 años, Aguas de Valladolid, la empresa privada que se encargó de esta labor, no invirtió ni un solo euro en renovar este servicio. A partir de 2017, cuando se municipalizó, la situación cambió y en apenas 7 años se cambiaron y actualizaron 130 kilómetros de tuberías de abastecimiento y saneamiento. 

Pero esto no quedó así, el lobby del agua trató de torpedear todo este proceso y en 2019 hizo un intento de minar la credibilidad del gobierno municipal con una publicación que criticaba la decisión de acabar con el negocio privado de Aguas de Valladolid. Entre los defensores de la privatización se encontraban dos exministros del PSOE: Francisco Caamaño y Valeriano Gómez.

Con estos ejemplos no estoy diciendo que deba desviarse la atención de la corrupción política, sino que es necesario analizarla de otro modo más ambicioso y enriquecedor para el bienestar de nuestra sociedad. Entiendo que se hable del informe de la UCO y que desde el periodismo se quiera investigar sobre si Santos Cerdán, Koldo, Ábalos y otros cargos políticos son cómplices de tramas corruptas. 

Ahora bien, centrar el foco únicamente en ellos, en sus conversaciones de WhatsApp y en grabaciones en las que hablan sobre prostitución, únicamente sacia nuestro morbo y convierte algo dramático en un espectáculo mediático nada edificante, sobre todo si se quiere promover la reflexión sobre qué nos empobrece o fortalece como sociedad.

Es evidente que la corrupción en política mina la credibilidad en nuestros representantes públicos. Pero ¿es lo público el origen de nuestros males en la actualidad? Creo que más bien al contrario, es parte de la solución. Gracias a lo público se puede garantizar que el conjunto de la población tenga acceso a una educación y a un sistema sanitario de calidad. Gracias a lo público se puede sostener el sistema de pensiones y podemos jubilarnos. Gracias a lo público se pueden mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora. Gracias a lo público disfrutamos de alumbrado y servicios de canalización de agua en nuestras localidades. Gracias a lo público se puede invertir en transporte de calidad. 

Y así un largo etcétera que debe seguir reforzándose con el fin de demostrar que lo público puede garantizar mejor derechos como la vivienda, el acceso a una energía limpia y asequible o una mejor atención de las personas con distintos grados de dependencia.

A este respecto, que rueden las cabezas que tengan que rodar, que se investigue en profundidad, que se exijan responsabilidades; pero que esto no sirva como coartada para reforzar la postura de que lo privado funciona mejor y es más eficiente. Al contrario, lo privado está íntimamente ligado con el ánimo de lucro y esto, a su vez, si no se regula, con la especulación y la usura. El bien común no puede estar ligado a esa lógica. Y pensadores clásicos como Platón o Aristóteles lo tenían claro. No se trata de comunismo, sino de racionalidad.

Por eso, no es momento de que perdamos el foco como ciudadanía: lo público nos hace mejores. Y frente a la corrupción, hay que reforzar su relevancia y promover que la ciudadanía pueda tener un papel más protagonista tanto en lo político como en lo económico.

A pesar de la dificultad del momento, no deja de ser una gran oportunidad para que desde los espacios de la izquierda se afronte un serio debate ideológico. No puede ser que constantemente se perciba la política como fango. De ahí sólo puede germinar la reacción y ningún tipo de esperanza en lo público.

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Miguel Martín es licenciado en Filosofía por la Universidad de Valladolid, doctor en Semiótica por la Universidad Complutense de Madrid e investigador de Diacronía.

No hay mayor aliado del bipartidismo que las constructoras, ni peor enemigo de la democracia que la antipolítica. El escándalo del PSOE, sobre la presunta actuación delictiva de sus dos últimos secretarios de organización, Ábalos y Santos Cerdán, sitúa la legislatura en el borde del precipicio y alimenta la posibilidad de un gobierno de extrema derecha.

Lo que estamos leyendo –tengo que reconocer que todavía no he terminado los 490 folios– del informe de la UCO es profundamente grave, no hay cortafuego posible, medidas estéticas ni carta que lo pueda minimizar. Obviamente, debemos actuar con mucha prudencia, respetando la presunción de inocencia, pero en política también debe operar la presunción de inteligencia.

Particularmente, en un ambiente de golpe blando contra el Gobierno nos jugamos mucho, más bien todo. Por ello, es fundamental que quienes reiteradamente denunciamos primero los casos de lawfare contra liderazgos de izquierdas como el de Alberto Rodríguez, Vicky Rosell, Mónica Oltra, Neus Truyol o Ada Colau, o la persecución contra independentistas contra Xavier Trias… Pero también cuando han ido en contra del entorno afectivo y familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sí, nosotros no callamos, ni mucho menos alimentamos a la bestia, como hicieron Ximo Puig o Gabriela Bravo y sus satélites mediáticos y judiciales. Ahora seamos contundentes, porque nunca les defendimos por ser de los nuestros, sino porque se les perseguía con montajes, pruebas falsas y acusaciones ultras justamente por ser de los nuestros, o, mejor dicho, por defender nuestras ideas. Seamos contundentes, sin miedo, pero con responsabilidad, y no solo porque puede venir la extrema derecha.

La contundencia debe ser ágil pero útil. Deberíamos haber aprendido algo del 2015. La hipérbole, y la necesidad de decir que se hace algo, no puede asfixiar en más burocracia las raquíticas y lentas administraciones públicas. De hecho, creo que a la contratación pública le sobran filtros, pasos intermedios, controles ejecutados por inercia. Nadie roba así, nunca lo hicieron, se roba desde fuera, comprando voluntades de altos funcionarios y políticos de turno en marisquerías y puticlubs. Dejemos de matar moscas a cañonazos por un titular fácil.

Lo primero poner el foco donde toca: los corruptores. En este caso, la empresa más conocida es Acciona, les sonará de otras tramas vinculadas a PP y PSOE, o porque pertenece a una de las familias más ricas del país, Entrecanales, que forjó su fortuna con la mano de obra esclava de republicanos represaliados por Franco.

Urge endurecer las penas para corruptores, hacerles devolver lo robado, prohibir de forma eficiente que puedan volver a contratar con la Administración Pública, ni aunque les cambien el nombre a sus empresas; auditar mejor los contratos, favorecer la contratación con empresas pequeñas y decrecer en grandes infraestructuras contaminantes.

El bipartidismo es un problema. Pero que nadie se engañe creyendo que estamos en 2011 o 2015. En 2025, la disyuntiva –no solo en España– es entre fascismo y democracia. El PSOE tiene menos poder del que pensamos, más del que nos gustaría, recordemos con la desesperación que buscaban el informe de la UCO los días previos, y debe asumir que si quiere salvarse debe salvar la democracia, y para ello es necesaria más valentía y soltar lastre. La responsabilidad histórica no puede volver a recaer exclusivamente sobre los socios del bloque de la investidura. El PSOE debe asumir que no tiene mayoría absoluta, que no puede volver a jugar a la alternancia bipartidista, que debe dejar de servir a intereses ajenos y centrarse en la democratización de los poderes del Estado.

En definitiva, si gana la pulsión bipartidista o la antipolítica, 'game over'. Pero, un 'game over' que va más allá de la legislatura o del gobierno de coalición, un 'game over' a la débil democracia que tanto costó a nuestros abuelos y madres poder conseguir. PSOE, haz algo.

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Alberto Ibáñez es diputado de Compromís.

El Canal de Isabel II, empresa pública que pertenece mayoritariamente a la Comunidad de Madrid, despidió de forma improcedente a Rafael Laso cuando ostentaba el cargo de director financiero de la sociedad. Así lo ha resuelto el Juzgado de lo Social número 41 de Madrid. El despido se dio tras la llegada a la empresa de Mariano González, el actual consejero delegado (CEO), y a raíz de las desavenencias entre este y el ya ex director financiero en relación a la gestión de la filial del Canal de Isabel II en Brasil.

La clave del caso reside en que el afectado tenía un puesto como personal laboral fijo previo a su nombramiento como director financiero. La sentencia, del pasado mes de febrero, considera probado que la empresa que se encarga de la gestión del ciclo del agua en la comunidad podría haberlo recolocado en un puesto similar a ese cargo anterior, pero no lo hizo. A pesar de ello, el juzgado ha permitido a la sociedad pública decidir si readmitirlo o pagarle una indemnización. El Canal de Isabel II ha optado por la segunda opción. 

La sentencia abre la puerta, por tanto, a que las empresas públicas tengan la posibilidad de despedir a empleados contratados como personal laboral de forma indefinida utilizando esta misma fórmula. A pesar de que el afectado tenía plaza fija e indefinida tras pasar un proceso de selección pública, fue despedido de forma improcedente y, si la justicia no cambia de parecer tras el recurso que este ha interpuesto, el Canal de Isabel II podrá mantener la decisión simplemente procediendo a abonarle una mayor indemnización. Algunos expertos consultados por infoLibre hablan ya de vacío legal.

El ex director financiero fue contratado el 1 de junio de 2021, tras un proceso de selección público, para ocupar un puesto de adjunto al consejero delegado, que en aquel entonces era Pascual Fernández. Cuatro meses después, el 30 de septiembre, el ahora afectado recibió un ascenso. Ahí fue cuando pasó a ejercer como director financiero y de desarrollo de negocio, un puesto de alta dirección dentro del organigrama del Canal de Isabel II.

Poco más de dos años después, el 27 de octubre de 2023, fue despedido. En ese entonces, la empresa pública, ya con Mariano González como nuevo CEO, decide desistir de su contrato de alta dirección con Laso. Al ser un puesto de confianza el cese no requería de una argumentación extra. El afectado debía volver a su cargo anterior como adjunto al CEO, para el que tenía una plaza propia de trabajador laboral fijo, o a otro similar.

Así lo recoge el reglamento de contratación del Canal de Isabel II, que establece que cuando se asciende a un trabajador a un cargo de alta dirección, si la empresa decide cesarle del mismo sin un motivo detrás que lo justifique como procedente, este se incorporará a un puesto de similares características al que tenía antes de su promoción. El mismo reglamento indica que mientras dure su contratación como alta dirección, la relación laboral previa "quedará en suspenso", como en una especie de excedencia. Por tanto, para que se pueda reincorporar al puesto anterior es necesario que el mismo esté vacante o haya otro libre de las mismas características.

Pero el director financiero no volvió a su cargo previo como adjunto al CEO. La excusa del Canal de Isabel II para justificarlo fue que la empresa contaba ya con otra persona en ese puesto y, por tanto, argumentaba que el afectado no podía reincorporarse al mismo. 

El propio González aseguró al ex director financiero que consideraba que no tenía sentido que él volviera a ese puesto de adjunto, "vinculado al Comité de Dirección y que implicaba la asistencia a sus reuniones, cuando precisamente había sido cesado como miembro de ese comité", según recogen los hechos probados de la sentencia.

La persona que le sustituyó como adjunto fue Fernando Arlandis, que llegó a ese puesto el 7 de julio de 2023 después de casi dos años en los que la plaza había estado vacante y tan solo dos días después de haber sido cesado como Director General de Descarbonización y Transición Energética de la Comunidad de Madrid. Arlandis había ocupado ese puesto en la Consejería de Medio Ambiente y Agricultura, donde ya trabajó con el CEO del Canal de Isabel II, Mariano González, que había sido viceconsejero de la misma antes de saltar a la empresa pública. 

A pesar de lo argumentado por la empresa, la sentencia del Juzgado de lo Social es clara: "El hecho de que el puesto de trabajo del actor estuviera ocupado por otra persona no es causa que pueda justificar su despido". La jueza Belén Tomás constata que en el Canal de Isabel II "existían varios puestos" similares que podrían haber sido ocupados por el interesado y que no se le ofrecieron. Por todo ello, la magistrada declara el despido como improcedente.

La jueza no ve probado que "la decisión de extinguir su relación laboral haya obedecido a una represalia de la empresa", pero entiende como acreditado que el director financiero "actuó en los distintos ámbitos de su competencia, mostrando, cuando así lo consideraba, sus discrepancias con los distintos miembros del equipo directivo". La sentencia también recoge que el ex director financiero había tenido desavenencias en ese comité. 

Las discrepancias se produjeron principalmente a causa de Emissao, la filial del Canal de Isabel II en Brasil, que acumula varios ejercicios con balances deficitarios. Según recoge la sentencia, el entonces director financiero "cuestionó la viabilidad de la filial de Brasil". También hubo fricciones por el modo de abordar una denuncia anónima por acoso laboral recibida en el Comité de ética de la empresa, del que el ex director financiero formaba parte.

Aún así, "los hechos que constan acreditados no se consideran indicios suficientes para considerar que su cese como alto directivo, ni que el cese en su relación laboral ordinaria, haya obedecido a una represalia de la empresa por las opiniones o expresiones vertidas", detalla la jueza.

Por todo ello, la magistrada resuelve que el despido ha sido improcedente pero no nulo. Y en ese punto permite a la empresa pública optar por la readmisión del trabajador o por simplemente pagarle una indemnización, opción escogida por el Canal de Isabel II.

El ex director financiero ha decidido recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ante el que reclama la nulidad del despido y, por tanto, la obligación de reincorporarlo a su puesto de trabajo como personal laboral de la empresa pública. O, en su defecto, que la opción de optar por la readmisión o la indemnización se le permita escogerla a él y no a la empresa.

Esto último ya lo pidió ante el Juzgado de lo Social y le fue denegado. El hecho de permitir al Canal de Isabel II escoger la indemnización ante un despido improcedente abre la puerta a que las empresas públicas puedan despedir a sus trabajadores contratados como personal laboral indefinido a pesar de que hayan accedido vía concurso público y sean trabajadores fijos.

El catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla Jesús Cruz explica que esto se debe a un vacío en la legislación laboral. "La sentencia es correcta, coincido con lo que dice, pero está mostrando que la legislación tiene un hueco importante. La jueza no puede hacer otra cosa que esto porque el legislador no contempla la reincorporación obligatoria para estos casos", detalla.

"A una empresa del sector público por un despido disciplinario improcedente se le obliga a readmitir al trabajador si es personal fijo. Por tanto, si al director financiero le hubieran despedido de esa manera, la empresa tendría que readmitirlo. Lo que no se entiende es que la legislación deje el hueco de no haber previsto lo mismo para los casos en los que se produce también un despido improcedente pero en el que se da por causas objetivas [cuando el despido se produce por causas que afectan a la empresa o al puesto de trabajo, sin que el trabajador sea el responsable]", explica el catedrático.

El caso de Laso entraría en este segundo supuesto, ya que el despido se fundamentó en la supuesta causa objetiva de que no había cargos vacantes de esas características, aunque luego se demostrara que no era cierto. El experto es claro: "La coherencia indica que se deberían tratar del mismo modo todos los despidos improcedentes. Además, pagar una indemnización a una empresa privada le hace daño y es una sanción auténtica, pero en el ámbito de lo público no tiene ese impacto. Va al montante global de la Administración, no es algo que asuma como responsabilidad el gestor correspondiente y, por tanto, no le supone un problema".

infoLibre ha contactado tanto con el Canal de Isabel II como con la Consejería de Medio Ambiente, de la que depende la empresa pública, para preguntar por el caso. Entre otras cuestiones, se les planteaba por qué despidieron al trabajador o por qué no lo han readmitido. El Canal de Isabel II ha declinado contestar porque "la sentencia no es firme y el tema está judicializado actualmente". La Consejería de Medio Ambiente no ha dado ninguna respuesta.

Estamos acostumbrados a que la magia de los algoritmos decida por nosotros qué publicaciones vemos en redes sociales, qué series nos recomienda nuestro servicio de streaming de confianza o qué nos ordena los resultados en nuestras búsquedas en Internet. Pueden parecer inofensivos, pero no. También hay algoritmos que deciden qué víctima de violencia de género recibe protección, que gestionan la admisión universitaria y que colocan a cada estudiante en uno u otro grado, o que eligen quién puede acceder al bono social eléctrico. Aunque suene a usos que podrían protagonizar un capítulo de Black Mirror, lo cierto es que son ejemplos reales de sistemas automatizados implementados por las administraciones públicas en España.

Se tratan, en concreto, del sistema VioGén, del algoritmo del Distrito Único Andaluz o del programa BOSCO. Estos tres son algunos de los más conocidos, los que saltan a los titulares de los medios, pero hay otros muchos que pasan desapercibidos y que también toman decisiones sensibles que influyen en nuestro día a día desde la máxima opacidad y que operan sin control externo tomando decisiones, en muchos casos, injustas.

"Un algoritmo transparente es aquel en el que podemos analizar cómo ha tomado la decisión", indica Ana Valdivia, profesora e investigadora en Inteligencia Artificial, Gobierno y Políticas en el Oxford Internet Institute de la Universidad de Oxford.¿Podemos convertirlos en herramientas transparentes y saber, o entender, cómo funcionan estos algoritmos? Tanto en el caso del sector público como del privado, la respuesta es prácticamente siempre que no.

"Son cajas negras", señala Lucía Ortiz de Zárate, investigadora en Ética y Gobernanza de la Inteligencia Artificial en la Universidad Autónoma de Madrid. "Muchas veces el problema no son los algoritmos, muchos transparentes. El problema son las instituciones que no son transparentes, son muy opacas porque cuando implementan uno no dejan ver el código o no explican cómo se ha implementado", apunta la profesora Valdivia, que además, también recuerda que "la mayoría de casos las administraciones utilizan algoritmos entrenados por empresas privadas": "Existe una tecnodependencia".

Mientras las empresas apelan al derecho de propiedad intelectual frente a la competencia para ocultar cómo es el código fuente de sus algoritmos de la misma forma que Coca-Cola mantiene desde hace décadas en secreto su fórmula o su receta, la administración pública hace lo mismo y recurre también a la excusa de la seguridad nacional. "Hay muchos derechos en juego, pero esto no quita que la solución sea la falta de transparencia. Se pueden pensar en alternativas para acceder a esta información con ciertas limitaciones", plantea Anabel Arias, responsable de derechos digitales de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU y portavoz de la Coalición IA Ciudadana.

¿Por qué tienen que ser transparentes? "La transparencia consiste en tener acceso a los datos y a los algoritmos que usan los sistemas de inteligencia artificial. Es decir, tanto a la información de la que se nutren y en base a la cual toman decisiones, como a las secuencias y los pasos que siguen para llegar a una decisión", indica Ortiz de Zárate. "El problema de que sean opacos es que cuando pasamos por un proceso burocrático o judicial con intervención de un algoritmo muchas veces no sabemos si el humano que ha tomado al final la decisión, porque muchas veces es el humano quién toma la decisión final, si ha tenido un entrenamiento suficiente para saber cuáles son los riesgos y las limitaciones de estas herramientas", expone Ana Valdivia.

Pero no solo tienen que ser transparentes, también tienen que ser explicables, entendibles. "Un algoritmo en bruto es como que te hablen en chino", reconoce Ortiz de Zarate que detalla que "si los datos son opacos, el ciudadano no tiene forma de apelar la decisión que toma de ninguna forma": "Y eso es esencialmente antidemocrático" porque "la ciudadanía no tiene forma de saber si están recurriendo a ilegalidades o no". Por que no hay que olvidarse que, tal y como destacan numerosos estudios e investigaciones, la inteligencia artificial arrastra sesgos humanos y es racista, machista o con ideología. 

Por ello, la transparencia y la explicabilidad son fundamentales para la rendición de cuentas. "Es un pilar fundamental, no solo de las democracias, sino también de los Estados de derecho", defiende Ortiz de Zárate. 

Así, si en circunstancias normales, cualquier persona puede apelar cualquier tipo de decisión con toda la información disponible, por ejemplo durante un proceso de solicitud de la beca o en una sentencia judicial, lo mismo debe suceder si por el medio un algoritmo influye en la decisión. "Necesito tener acceso y conocer los datos que se han utilizado, y también los criterios que se han seguido. Si los datos y los algoritmos son opacos, no se puede contestar a esa decisión, no se puede saber si están incurriendo en ilegalidades. Y esto es esencialmente antidemocrático", argumenta Ortiz de Zárate. 

Y, en el caso de la administración pública, la situación es especialmente sangrante. "Se están tomando las decisiones que están afectando diariamente nuestra vida a través de estos sistemas con temas muy sensibles como es la seguridad, la salud o la educación", apunta Ortiz de Zárate. "No es que los algoritmos sean opacos, porque muchas veces son muy transparentes en el sentido que muy básicos y sabemos cómo toman las decisiones, pero es cuando intentamos acceder a ellos, cuando intentamos hacer peticiones de información, nos encontramos bloqueo de las administraciones", completa Valdivia.

Por ello, el pasado lunes y al calor de la aprobación por parte del Consejo de Ministros anteproyecto de la ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, IA Ciudadana solicitó al Gobierno la creación de un registro central de algoritmos para evitar discriminaciones en la aplicación de esta tecnología ante mecanismos automatizados que usan ya "la Policía, la Justicia, los servicios de empleo, la banca o los seguros" y que "provocan indefensión a la población".

"Es necesario porque no sabemos qué algoritmos utiliza la administración. No sabemos, por ejemplo, si vamos a pedir una ayuda al gobierno y viene denegada o aceptada si ha pasado por el proceso de un algoritmo", explica Ana Valdivia. "No sé si el registro central es supernecesario o no, pero debería ser un requisito indispensable de los sistemas que puedan ser consultados por todos cuando quisieran", matiza Ortiz de Zárate. 

La nueva norma aprobada ahora por el Ejecutivo, que transpone el reglamento de IA de la UE que entró en vigor parcialmente en agosto de 2024, incluye por tanto la obligación de crear una base de datos pública donde se registren los sistemas de IA. "Aún está en fase de elaboración en Bruselas, pero tiene que estar listo en agosto del 2026", apunta Anabel Arias. 

Pero, según detalla Civio, tiene tres vulnerabilidades críticas. La primera es que no incluyen todos los algoritmos relevantes ya que solo se incluyen lo de alto riesgo dejando fuera a muchos que afectan a derechos fundamentales. La segunda es que excluye sectores clave, como aquellos usados por  la policía, en el control de fronteras o en decisiones de inmigración, y resultaron, de facto, inaccesibles para la ciudadanía. Y, por último, la información que debe aparecer es insuficiente y no se incluirán datos básicos como el código fuente o los modelos de entrenamiento. 

Por ello, es tan necesario este registro central que, según un informe de IA Ciudadana, debe ser obligatorio, diseñado en colaboración con la sociedad civil, transparente y accesible, e incluir todos los sistemas algorítmicos utilizados por la administración pública basados en reglas y patrones. "No es una cuestión de tecnología, sino de derechos", defiende esta coalición formada por 17 organizaciones.

La idea, según detalla Arias, es que este registro sea "un primer paso" y en un futuro se puedan incorporar auditorías o sanciones. "Hay que buscar la transparencia real y evitar el transparency washing, un gesto simbólico que no cambia nada", explica esta portavoz. 

Ana Valdivia señala dos necesidades básicas en las auditorias algorítmicas. Por un lado, tener un archivo model card, un tipo de documentación que se crea para los modelos de aprendizaje automático y se proporciona con ellos: "Es básicamente un archivo que te da información sobre cómo se ha entrenado, qué tipo de modelo, qué tipo de datos, cuáles han sido las métricas... ·s como una carta de presentación de los metadatos de ese algoritmo". Y, por otro, el datasheets for datasets, es decir, "un registro de los datos y de las bases de datos con las que se ha entrenado esos algoritmos".

Y lo cierto es que la propuesta de la Coalición IA Ciudadana no es para nada una rareza. En Europa ya hay 34 registros activos y al menos 5 en desarrollo, aunque solo cuatro países cuentan ya con registros nacionales integrales: Países Bajos, Reino Unido, Noruega y Francia. El más avanzado es el holandés que cuenta con más de 600 algoritmos registrados e incluye además APIs en tiempo real para seguimiento de actualizaciones en sistemas automatizados. 

¿Qué puede aprender el Gobierno español de estos registros? Según sostiene Arias, varias cosas. Por ejemplo, de Países Bajos, adelantarse a un escándalo como el caso SyRI, un sistema que se usaba para rastrear posibles fraudes y que fue vetado por la justicia holandesa en 2020 porque no respetaba la privacidad del ciudadano y estigmatizaba y discriminaba a la ciudadanía señalando a aquellas personas menos renta y a grupos de origen migrante. "Hubo hasta suicidios por este algoritmo", asegura esta experta. 

De Francia, en cambio, que sea central. En el país vecino, los registros están implementados a nivel regional. "No son efectivos porque no se pueden controlar ni comparar porque usan diferentes metodologías", indica Arias. Eso sí, se podría apostar por "mecanismos de operabilidad" entre ellos sobre todo porque en la Comunitat Valenciana, Euskadi o Cataluña sí que han comenzado a dar pasos en esta dirección. La Ley de Transparencia valenciana obliga a publicar aquellos mecanismos automatizados con un registro en desarrollo junto con universidades, mientras que en Cataluña ya se han publicado fichas técnicas detalladas de varios algoritmos con información sobre cómo se ha entrenado el sistema o sobre los riesgos de privacidad o discriminación.

Porque en el caso de España, lo cierto es que no se sabe cuántos algoritmos están en uso, en qué ámbitos operan y qué impacto tienen. Uno de los casos más graves es el caso de VioGén. 

Un estudio de Éticas alertó en en 2022 que 55 mujeres asesinadas recibieron "una orden de protección que resultó ser insuficiente", es decir, que VioGén les asignó un riesgo bajo. Una investigación publicada por The New York Times en 2024 avaló esta teoría ya que desveló que al menos 247 mujeres habían sido asesinadas tras ser evaluadas. Este mismo enero, el Gobierno puso en marcha una nueva versión del sistema de seguimiento y respuesta policial para subsanar estos fallos. 

Civio solicitó información en 2023 sobre VioGén, pero se le denegó ante el peligro para seguridad pública y para la prevención e investigación delitos. "Sabemos que el algoritmo se ha actualizado hace apenas un mes, pero seguimos sin conocer cómo se ha hecho", advierte esta organización en el informe presentado por IA Ciudadana sobre el uso de estos sistemas que adelanta además que la versión 2.0 "no aborda las deficiencias significativas del sistema identificadas". 

En el caso del simulador del Ingreso Mínimo Vital, que es una web donde se puede comprobar si se cumplen los requisitos, hay sospechas fundadas de discriminación por motivos de raza, según denuncia un informe de Algorace de 2022. Aunque la falta de transparencia hace imposible comprobarlo, sí que se intuye ya que incluye preguntas que filtran en función de su estatus migratorio. 

Eso sí, la Estrategia Nacional de IA, aprobada por el Gobierno en 2024, propone una tecnología "transparente y humanista", eso sí sin acciones concretas. Además, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), que es el organismo competente, aún no opera plenamente. 

Y además, este registro, va en línea de muchas de las políticas que está implementando el propio Gobierno. Solo durante este mes de marzo, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 anunció que quiere que las empresas detallen los algoritmos que usan para personalizar los precios y la publicidad. Desde Más Madrid, solo tres días después, se propuso en el Congreso regular los algoritmos inmobiliarios de portales como Idealista o Fotocasa para "evitar manipulaciones en los precios y proteger a consumidores y pequeños propietarios". Sin olvidarse de que la Ley Rider impone como una obligación un registro público y obligatorio para las plataformas digitales en el cual se detalle cómo funciona el algoritmo aplicado para desarrollar su actividad. 

Me he entretenido un rato leyendo el último  Boletín Estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas de julio de 2024, que se publica desde 1990 y forma parte del Plan Estadístico Nacional.

He indagado buscando evidencia con la que constatar sensaciones personales y localizar algún dato con el que ilusionar y orientar a la chavalada de 15 años que esta semana ha participado en un programa de inmersión en mi centro de trabajo. 

Las sensaciones personales son estas: en mi anterior centro de trabajo no era habitual hablar de nuestros padres y madres. Era más habitual hablar de nuestros hijos e hijas. En mi actual centro de trabajo es más habitual interesarse por los ascendentes que por los descendientes cuando las conversaciones giran en torno a la conciliación y a los cuidados. La conciliación en mi nuevo ecosistema laboral es imprescindible para cuidar a los mayores, cuando en mi ecosistema laboral de procedencia lo era para cuidar a los menores. 

He clasificado en tres los datos ilusionantes. El primero es que hay en España tres millones de personas al servicio de la ciudadanía a través de su trabajo en las administraciones públicas. Poco más de medio millón (el 18% del total), contratadas por el Estado ya sea para integrar la Administración General del Estado (AGE), las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la Administración al servicio de juzgados y tribunales. Cerca de dos millones (61%) integran los servicios públicos prestados por las comunidades autónomas (sanidad, educación y muchos otros), y seiscientos y pico mil (21%) de los ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares y otras de ámbito local.

Tres millones, que son pocos para todo lo que tienen que hacer. Recordaréis que en los años de la Gran Recesión nos familiarizamos con el concepto de “tasa de reposición” por la vía de los hechos, porque se limitó al 10% en la ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2011. De este modo, por cada diez personas empleadas en el sector público que se jubilaban, solo se podría convocar una plaza en nuevas oposiciones. Así, y durante más de una década hasta que en 2023 se fijó en el 110% como norma general para “compensar” la sangría de años anteriores, la calidad de los servicios públicos se ha ido deteriorando por falta de efectivos. Llámalos médicas/os, enfermeros/as, maestros/as, trabajadoras/es sociales o inspectoras/es de Hacienda. 

El segundo dato ilusionante está en el Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas en la AGE 2021 y proyección futura a 2031, que arrojaba que el 65 % de efectivos tiene 50 años o más (más del doble que en el conjunto de personas asalariadas). Contrasta una edad media de 44 años para las personas ocupadas con los 52 años del subconjunto de empleadas/os públicas. No en vano, la española es la segunda plantilla pública de la OCDE más envejecida, solo superada por Italia.

Tener 50 años o más es fantástico. Que en 10 años más del 50% de los y las servidoras públicas esté jubilado, también, pero es un escenario anticipado por los datos para el que debemos prepararnos. 

El tercer dato ilusionante es que “ser funcionario/a” es el tipo de figura social que una de cada tres personas en España elegiría ser si pudiera, y nada menos que para casi la mitad de la generación Z (esa que nació entre 2000 y 2010, aproximadamente), según el informe Trends Review 2025 titulado “El bienvivir” de VML The Cocktail. 

Zennials -hoy adolescentes cursando la ESO- que tendrán alrededor de 25 años dentro de 10, que habrán alcanzado mayoritariamente una titulación técnica o universitaria, que habrán superado unas oposiciones y a quienes esperamos con los brazos abiertos para que formen parte de unas administraciones públicas imprescindibles para el bienestar de todos. 

Aprovechemos estas tendencias demográficas, la previsible total eliminación de la tasa de reposición en los próximos PGE y las preferencias personales para preparar el gran reemplazo rejuvenecedor y, en la medida de lo posible, que se cuide y fomente la convivencia entre cohortes y generaciones, porque tenemos mucho que aprender unas de las otras.

Por cierto: a tres millones de efectivos asciende también el personal de la administración federal de los EEUU (sin incluir Fuerzas Armadas) que la motosierra del energúmeno de Musk está esquilmando de forma libertaria, por describir el esperpento de forma suave.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá indemnizaciones a los dos millones de trabajadores federales si renuncian antes del 6 de febrero, según este martes la Oficina de Administración de Personal (OPM) y recoge EFE. Un alto funcionario del Gobierno dijo a la cadena NBC News que esperan que entre el 5% y el 10% de la fuerza laboral federal de EEUU renuncie, lo que, según estiman, podría generar alrededor de 100.000 millones de dólares en ahorros.

Quienes acepten esta "dimisión diferida" podrán acceder a un paquete de indemnización de aproximadamente ocho meses de salario y beneficios.

De acuerdo con la OPM, los trabajadores recibirán detalles sobre esta opción esta semana y la oferta se aplica a todos los empleados federales de tiempo completo, excepto al personal militar, a los componentes del Servicio Postal y a quienes trabajan en la aplicación de la ley de inmigración o en la seguridad nacional.

El sindicato de empleados federales más grande, la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE), dijo este jueves en un comunicado que estas indemnizaciones tendrán consecuencias no deseadas que causarán caos para los estadounidenses.

"La cantidad de funcionarios públicos no ha cambiado significativamente desde 1970, pero ahora hay más estadounidenses que dependen de los servicios gubernamentales. Purgar al gobierno federal de funcionarios públicos de carrera dedicados tendrá consecuencias enormes e imprevistas que causarán caos para los estadounidenses que dependen de un gobierno federal que funcione", anotó el presidente nacional de AFGE, Everett Kelley.

En su primer día como mandatario, Trump firmó órdenes ejecutivas que exigen el regreso a tiempo completo al trabajo presencial -al menos cuatro días a la semana- para los empleados del gobierno y que congelan la contratación de trabajadores federales. Así como una orden que desmantela algunas de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión del expresidente Joe Biden dentro del gobierno federal.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó en noviembre 1.622.259 millones de euros, lo que supone una leve caída de 5.984 millones de euros respecto a la cifra de octubre, de acuerdo con los datos avanzados este viernes por el Banco de España y que recoge EFE.

En tasa interanual, la deuda de las administraciones públicas aumentó en noviembre un 2,9 %, ya que en el mismo mes del año 2023 la deuda ascendía a 1.577.052 millones de euros.

El Estado asume la mayor cifra con 1.474.643 millones de euros, en tanto que las comunidades autónomas suman una deuda de 334.890 millones, las corporaciones locales de 22.884 millones y las administraciones de la Seguridad Social de 126.177 millones.

Este avance mensual no incluye el cálculo de lo que supone el importe de la deuda pública sobre el PIB, una ratio que se proporciona trimestralmente.

Las administraciones públicas son la herramienta clave para la implementación y el éxito de las políticas públicas y, como cualquier organización, dependen de las personas que la conforman. Sin embargo, existe poco conocimiento y debate sobre el acceso al empleo público, especialmente en relación con las personas que ocupan los puestos directivos profesionales de las principales instituciones públicas de nuestro país.

El desinterés sobre los procesos de selección es tal que apenas ha tenido repercusión el reciente e infructuoso desarrollo del intento de aprobación de una nueva Ley de Función Pública por el anterior gobierno de coalición, que pretendía, al menos como principio, modernizar la administración, sus sistemas de selección y de carrera, pero cuyo anteproyecto ya despertó críticas por su falta de ambición y su poco carácter transformador.

Si bien este asunto está alejado del debate político y social, como el sociólogo y economista Vilfredo Pareto en la La circulación de las élites ya nos advertía, no es ajeno a todos los agentes de nuestra país, hace unos meses conocíamos que la Fundación Pablo VI, una entidad religioso-académica con sede en Madrid, acaba de poner en marcha la Escuela de Oposiciones Herrera Oria, un "centro de formación integral" para los "Altos Cuerpos de la Administración", es decir, para futuros jueces, fiscales, abogados del Estado, técnicos e inspectores de Hacienda y economistas del Estado.

Aquellos perfiles que ya se encontraban en la cúspide de las instituciones del Estado en los últimos 40 años siguen siendo los que establecen, limitan y controlan, mayoritariamente, los mecanismos y las herramientas para el acceso a los Altos Cuerpos de la Administración, generando y cooptando la mayor parte de sus redes profesionales, manteniendo así el monopolio de la competencia técnica y el control de los procesos administrativos, de forma corporativista y en buena medida endogámica.

Aunque la mayor parte de las críticas en relación con el acceso a la función pública giran en torno a las pruebas de acceso, necesitadas de una modernización urgente y basadas todavía principalmente en pruebas de memorización, el principal problema en el acceso a la función pública radica en la exclusión económica, el desequilibrio territorial y la distorsión sociocultural, que se acentúa en el acceso a los cuerpos superiores.

Estas disfunciones suponen un obstáculo que impide garantizar plenamente los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública y suponen, a su vez, una pérdida mayúscula de talento, de nuevas visiones y de otras capacidades que permitieran mejorar la administración pública y, por tanto, mejorar los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía.

El tiempo medio para aprobar las oposiciones a judicatura es de 5 años, 4 años para abogacía del estado, 8 años para registradores de la propiedad, y periodos similares, cuando no mayores, para economistas del estado, inspectoras de Hacienda y cuerpo diplomático.

Además, es necesaria la asistencia de preparadores, lo que supone, de media, un gasto medio de entre 2.000 y 5.000 euros al año, y la adquisición de los temarios.

A ello se le añade la necesidad de una importante dedicación a la preparación, que excluye casi de facto a aquellos que se encuentren trabajando o, al menos, dificulta bastante sus posibilidades de éxito.

A nadie le puede extrañar, por tanto, el sesgo en función de la capacidad económica familiar que se produce en el acceso a estos puestos de la administración. ¿Qué familias pueden permitírselo sin tener la certeza de conseguirlo? ¿Qué personas están dispuestas a enfrentarse a ese coste de oportunidad?

La demanda de preparadores para los cuerpos superiores de la administración produce además un sesgo territorial, derivado de la presencia casi exclusiva de academias y preparadores de éxito en Madrid, y agravado por el desarrollo de (al menos) las últimas fases de los procesos selectivos para la Administración General del Estado (AGE) en la capital.

Estas academias cuentan con un elenco de preparadores constituido, mayoritariamente, por altos funcionarios, directivos públicos o profesionales de la propia Administración a la que se quiere acceder. Hasta no hace mucho, su presencia en la capital provocaba que pasar por Madrid para preparar unas oposiciones a la AGE no fuera requisito sine qua non, pero sí una barrera con altos costes de entrada: si bien existen, evidentemente, altos funcionarios que preparan oposiciones en otras provincias, lo cierto es que la presencia de las principales academias en Madrid favorecía un sesgo que llevaba a que la mayoría de aprobados en estos procesos fueran residentes en Madrid.

A pesar de que el covid-19 apoyó la generalización de la preparación online, sigue siendo llamativa a alta presencia de aprobados por Madrid en cuerpos A1 (como muestra, por ejemplo, el último informe del proceso de acceso al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado). La brecha territorial persiste, y dificulta no solo garantizar el principio de igualdad en el acceso, sino la capacidad de la AGE de atraer talento no residente en Madrid.

Las personas con menos recursos se enfrentan a dificultades para acceder a dinámicas y entornos sociales que los puedan animar a opositar. Al contrario que aquellas que pertenecen a entornos privilegiados, no crecen cenando con amigos de sus padres que sean jueces, ni sus amigos se acaban convirtiendo en abogados del estado después de la universidad.

La ausencia de referentes no ayuda a inspirar y atraer a personas con talento y formación para estudiar una oposición durante varios años con el afán de dedicarse al servicio público, ya que no tienen consciencia de lo que llegar a estos puestos puede suponer y el papel tan relevante que pueden llegar a desempeñar para intentar cambiar la sociedad y la vida de la ciudadanía.

Para aumentar la brecha, la información sobre estas oposiciones suele ser difusa y sin calendarios previsibles de convocatoria o con plazos fijados que generen seguridad. Lo más normal es que te invada el desánimo ante la perspectiva de pasar días buscando información sobre oposiciones sin alguien que te oriente. Esto supone, de forma irremediable la patrimonialización de la administración por un colectivo de personas homogéneas y la expulsión, de facto, de gran parte de la población.

Vista la situación, no solo es necesario modernizar el sistema de acceso, adaptarlo a las nuevas tecnologías y al sistema formativo del siglo XXI para atraer talento y capacidad -el principal foco de atención de artículos y estudios- sino que probablemente también sea necesario democratizar este acceso y la preparación.

En este sentido, una medida como el lanzamiento de un programa de becas para opositores es un pequeño paso, que permite avanzar la ampliación de la base social que puede aspirar a preparar las oposiciones, pero que no supone un cambio de modelo.

Asimismo, la experiencia de algunos procesos selectivos como los de Correos, que facilita a los opositores los temarios ya preparados de modo que no tengan que invertir en ello, pueden servir de base sobre la que plantear unos procesos más abiertos, justos y accesibles.

Acabar con los sesgos sociales, económicos y territoriales que se producen en el acceso a los cuerpos superiores de la administración necesita de transformaciones reales que acaben con las barreras de entrada no relacionadas con la capacidad individual.

Existen varias ideas sobre la mesa, tanto innovadoras como inspiradas en otros países, que se pueden poner en marcha. Aquí lanzamos una: para aquellas oposiciones para las que sea necesaria tener un grado (subgrupos A1, A2), pongamos en marcha estudios de máster cuyo contenido y pruebas estén íntimamente ligado a los contenidos que se demandan en estas oposiciones, que permitan preparar la oposición a la vez que se obtiene el grado, de forma que el coste temporal y económico sea el mismo.

La Administración podrá dar entrada a los mejores del máster o hacer un examen final de selección en base a los contenidos del máster y pruebas de habilidad para trabajar en equipo, creatividad, etc. Los no seleccionados por la Administración tendrán un bagaje de gran utilidad en el sector privado con las competencias adquiridas: asesores laborales, fiscales, de logística, de gestión de equipos.

En ese proceso, puede ser una buena idea contar con el recurso más valioso de la administración, el funcionario, al que es importante implicar en la transmisión del conocimiento mediante conferencias abiertas, clases magistrales y seminarios. Teniendo en cuenta el número de jubilaciones que se esperan para los próximos años, la gestión del conocimiento adquirido durante toda una vida dedicada al sector público será un reto que conviene afrontar con propuestas innovadoras.

Impulsémoslo preferentemente con las universidades públicas para democratizar el acceso, de modo que las únicas variables que determinen el acceso a los contenidos, la preparación y la oportunidad, sean el mérito y la capacidad.

Y para aquellas oposiciones para las que no sea necesario tener un grado (subgrupos C1, C2), pongamos en marcha cursos a través de la Formación Profesional, de forma que también podamos integrarlo en el sistema de estudios público.

Esta propuesta debe ir acompañada de la presencia habitual de las Administraciones Públicas en Universidades e Institutos a través de charlas y jornadas y viceversa, la apertura de las Administraciones a la realización de prácticas en sus unidades.

Estos cambios no pueden únicamente circunscribirse a la administración general del Estado sino que, en un país descentralizado como España en el que únicamente el 17,9% del empleo público se sitúa en la administración estatal, debe necesariamente incluir a las administraciones autonómicas y locales, responsables respectivamente de un 62,7% y un 19,4% de los servidores públicos.

La administración pública del siglo XXI requiere adecuar y actualizar el modelo de selección de trabajadores públicos en clave democrática —convirtiendo la democratización del acceso en un derecho fundamental— pero también en clave utilitarista para enriquecer la perspectiva y la experiencia de quienes ocupan cargos de responsabilidad en la administración con la incorporación de talento con nuevas perspectivas.

No solo queremos poner sobre la mesa peticiones para la administración, también queremos poner acciones, desde la sociedad civil, que, de momento, sirvan para ir atajando los problemas que se han mencionado.

Apostamos por una función pública que se parezca a la sociedad diversa social, territorial y culturalmente a la que sirve para que las administraciones públicas sea ciudadanía. Por ello, como servidoras y servidores públicos creamos hace unos años la Escuela Ciudadana de Administración Pública (ECAP) como un espacio de orientación y formación gratuita para las personas que quieran acceder a la función pública.

Desde la ECAP se ofrece, de forma totalmente abierta y gratuita, un programa de preparación de oposiciones impartido por funcionarios y funcionarias públicos, y que ha comenzado su tercer curso en septiembre de 2024 de cara a la preparación de las recientes convocatorias de procesos selectivos cuyos exámenes se realizarán a finales de año. Esta preparación incluye información y orientación, temarios, clases en modalidad presencial y online y corrección de ejercicios.

Confiamos en que esto sirva para poner nuestro granito de arena que empuje junto a muchos otros proyectos, externos e internos, a la transformación, democratización y modernización de la Administración.

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* Alberto Bascones Gutiérrez y Ernesto Castellano Altable, de Escuela Ciudadana de Administración Pública.

Con ello, “los arboles y las ramas impiden ver el bosque” y la gente y los sindicatos de inquilinos se desesperan con toda la razón del mundo,  con expresiones fuera de lugar con frases dislocuentes e inexpresivas a todo lo cercano que creen que son la causa.

Realmente estas justas manifestaciones y situación serian impensables, con una lógica política de vivienda.

Erróneamente, un amplio sector de la izquierda se ha emperrado en que hay que vivir de alquiler —menos ellos claro. Obviamos nombres—, por ello han cerrado los planes estatales de Vivienda, el últimos 2022-2025 —elaborado bajo el mandato del inefable Ábalos y sus séquito— a las políticas protegidas para alcanzar el derecho a la vivienda social a través de la propiedad.

Tengan en cuenta que aunque las políticas de vivienda están transferidas, en realidad no es así, ya que el plan estatal y la propia ley de vivienda emanan del gobierno, por lo tanto las causas y responsabilidades del fracaso rotundo y estrepitoso son de unos y otros, y por supuesto de la oposición, que da palos de ciego a la vez,  ya que se preocupan muy poco todos. 

Ya ven que no han debatido apenas ni creado ninguna comisión de emergencia que dé respuesta a la crisis. ¿A qué esperan en las distintas instituciones?  Solo unos chascarrillos de vez en cuando y ya pasan a la corrupción, enchufados y demás coláteres, y temas embrollosos que ellos crean para evitar debatir de verdad y resolver los verdaderos problemas de los ciudadanos.

Ya que no saben y encima no quieren reunir a los mejores expertos, asociaciones y colectivos profesionales y afectados en la materia, fomentando y propiciando  debates públicos abiertos de análisis en todas las instituciones y medios. Ello ha facilitado que surjan cursillos para pequeños inversores espabilados por el mercado, “aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid”.

En definitiva, los respectivos gobiernos han propiciado el fomento de pequeños inversores con solvencia para realizar hipotecas para adquirir viviendas que posteriormente han servido para calentar el mercado del alquiler.

Tengamos en cuenta que por mucho que le pese a la izquierda estamos en un mundo de libre mercado capitalista, y ello no lo van a cambiar de la noche a la mañana y menos con políticas empobrecidas como las de soñar solo en alquilar, ya que ello precisamente es la causa de la burbuja actual.

Piensen que si se hubieran facilitado políticas sociales y accesibles, sencillas como eliminar el ITP o el IVA para primera vivienda, o al menos un tipo reducido temporalmente del 1% y con los avales del ICO, que ahora por fin anuncian y que veremos si llegan a la gente.  

En buena lógica, con hipotecas con la modalidad de cuotas blindadas, hubieran comprado antes que alquilar y evitado así la burbuja del alquiler.

La banca, el gobierno y la nefasta clase política tendrían que explicar por qué no se ha incluido en la legislación hipotecaria. Muy sencillo, vean los brutales beneficios extraordinarios históricos obtenidos con el diente de sierra creado. No desde luego por su eficiencia bancaria hacia la ciudadanía, ya que la solvente banca pública española la privatizaron los ex presidentes González y Aznar.

Si tienen dudas, revisen las encuestas del CIS, donde el 82% lo prefiere, aun a pesar de la recalcitrante izquierda que insiste en políticas de alquiler temporal y seguir haciendo sufrir así a la gente de por vida con ensoñaciones y marañas de todo tipo como la actual Ley de vivienda, que encima no garantiza el propio derecho subjetivo.

Tengan a buen seguro que las administraciones públicas por sí solas nunca alcanzarán la fortaleza de construir y ofrecer tanta vivienda pública como demanda y necesidad existe.

Piensen y verán que las cosas serían distintas si el PP inicialmente con Rajoy no hubiera abandonado los planes estatales de vivienda protegida existentes, con el inexplicable seguidismo de la izquierda con excusas sin sentido.

Cuando la mejor opción para salir de la crisis es sin lugar a dudas volver y recuperar la línea VPT, Viviendas de Precio Tasado, como su nombre indica, junto con los alquileres con avales y qué menos que con opción de compra.

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José Joaquín Belda Gonzálvez es socio de infoLibre.

El mercado español de la vivienda es complejo. Pero al consultar algunos informes centrados en este asunto de distintos organismos se pueden sacar conclusiones como que la modalidad del alquiler está al alza, pese a las subidas de precios; que cada vez hay que destinar más recursos para tener un techo; o que el parque público se ha despoblado con el tiempo.

En el estudio El mercado de la vivienda en España: evolución reciente, riesgos y problemas de accesibilidad, elaborado por el Banco de España se señala un hecho históricamente anómalo: desde 2021, el número de nuevas viviendas terminadas se ha estabilizado en torno a las 90 mil unidades anuales, una cuantía significativamente inferior a los hogares que se crearon en 2022 y 2023. El diferencial acumulado en esos dos años entre la creación neta de hogares y la producción de edificaciones “alcanza unas 375 mil unidades” y ese déficit “es particularmente intenso en las comunidades donde se concentra el crecimiento poblacional y la actividad turística”. De hecho, el regulador estima que se necesitarán 600.000 viviendas hasta 2025, pese a que hay casi 4 millones vacías o desocupadas, según sus datos, que coinciden con los reflejados en otro informe, Cuatro décadas fallidas de política de vivienda, del Gabinete Económico de CCOO, donde se asevera que “España dispone de 3,8 millones de viviendas vacías (1,1 millones en capitales y grandes ciudades) que sumadas a las turísticas, podrían destinarse al alquiler residencial y cubrir la demanda de vivienda habitual de la próxima década”.

El Banco de España también apunta al auge del alquiler vacacional o turístico, como una de las causas del menor stock de vivienda disponible, supone ya cerca del 10% del tamaño del mercado del alquiler y tiene una ratio del 1,8% del total de moradas principales del mercado residencial. El Instituto Nacional de Estadística (INE) las cuantifica en 351.389 este año. Cinco provincias sufren sobre todo la escasez de inmuebles: Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Alicante.

En general, el mercado del alquiler se expande. Desde la gran crisis hipotecaria que estalló en 2007, los inquilinos no han dejado de crecer, al tiempo que disminuye el porcentaje de hogares con casa en propiedad. Según la Encuesta de Condiciones de Vida, las familias arrendadoras pasaron del 13,5% en 2007 al 18,7% en 2023, llegando hasta el 23,7% en la Comunidad de Madrid y al 24,9% en Catalunya. El Banco de España ha determinado que ocuparon 3,6 millones de viviendas principales en 2023. Ello implica un aumento de 1,3 millones respecto a 2007. Y, de acuerdo a los datos que maneja CCOO, “los niveles más altos de hogares en alquiler en 2023 se encuentran en las islas: 31% en Islas Baleares y 29% en Canarias”.

Si el análisis del regulador bancario mete a los jóvenes y a los migrantes, colectivos donde se concentran los hogares con menor nivel de renta, entre las razones del auge inquilino; no es el único que lo hace. El Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), en su trabajo De propietarios a inquilinos. Informe sobre la creciente desigualdad en el acceso a la propiedad, pone el foco en que los arrendatarios "representan el 53% de los hogares entre 16 y 29 años y el 32% de los hogares entre 30 y 44 años”. Con todo, matiza que, aunque la población joven vive principalmente arrendada, “en términos absolutos la mayor parte de la población inquilina tiene entre 34 y 65 años”. E, igualmente, si bien los hogares de origen extranjero viven en su mayoría de alquiler, “en términos absolutos la mayoría de personas que viven de alquiler son españolas, ya que representan un mayor porcentaje sobre la población total”. 

El grueso de los hoy inquilinos, jamás será propietario, a la luz de ese estudio, al no poder comprar ni heredar. “En la cohorte de 35 a 64 años, sólo un 30% espera heredar, porcentaje que aumenta al 40% entre inquilinos de menos de 35 años”, se afirma en el texto. Y en el caso de la adquisición de una casa, “7 de cada 10 inquilinos” de una ciudad como Madrid “no cree que pueda comprar una vivienda en el futuro”. 

Desde IDRA avisan: “Los hogares inquilinos, con una renta media de 22.183 euros anuales, no tienen opción de acceder a una propiedad y se ven obligados a transferir buena parte de sus ingresos a los hogares rentistas”, cuyos ganancias medias “se sitúan en 46.725 euros anuales”. A juicio de los autores de ese informe, Pablo Pérez y Jaime Palomera, “la brecha cada vez mayor entre la población inquilina y la población propietaria profundiza el papel del mercado de alquiler como un vector de desigualdad social”.

Hay otra realidad en la que coinciden varios estudios consultados por infoLibre: ha habido un encarecimiento sostenido de los precios de compraventa y alquiler de vivienda en la economía española, sobre todo desde 2014. En el informe de CCOO se expone que “hoy son necesarios 6,1 salarios brutos medios anuales para adquirir una vivienda de 90 metros cuadrados en España”, que se convierten en “3,9 salarios medios para adquirir una vivienda protegida”. “El esfuerzo hipotecario alcanza el 34% de los ingresos medios”. Y ello en un escenario de caída del crédito, desde el inicio del endurecimiento monetario a finales de 2021, aunque esto ha empezado a cambiar levemente este ejercicio. 

Datos difundidos este mismo jueves 10 de octubre por el Centro de Información Estadística del Consejo General del Notariado indican que el coste de la vivienda se ha acrecentado en el país una media del 4,3% entre agosto de 2023 y el mismo mes de este año. Se ha encarecido en 13 regiones, disparándose casi un 63 % en Castilla-La Mancha o un 25,6 % en Navarra.

Por lo que respecta al arrendamiento, según el Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA) del INE, éstos han trepado un 15,7% entre 2015 y 2022 en promedio a nivel nacional. Y son numerosos los informes y expertos que han alertado de que en el mercado inmobiliario actual es imposible cumplir la regla de que ese gasto no sobrepase el 30 por ciento de los ingresos brutos mensuales menos las deudas. En concreto en una publicación de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliaria (FAI) se mantiene que la mitad, el 50,01% con exactitud, de los alquileres que se gestionan en España necesitan de más de un sueldo o recursos de más de una persona para pagar la renta mensual. 

Hay otro análisis rotulado como Prevención y atención de la exclusión residencial: Factores explicativos, de Provivienda, que constata que, “por edad, a las personas jóvenes es a quienes más les afecta el precio de la vivienda, ya que están más expuestas a las fluctuaciones del mercado y a la crisis de asequibilidad: un 23,5% de los hogares jóvenes están afectados, frente al 12,9% de los hogares mayores”, aseguran.

“Mientras que en torno al 87% de los hogares eran propietarios de su vivienda principal en 2002, esta cifra se redujo a alrededor del 80% en 2020. Mientras que en 2002 la proporción de hogares en alquiler era de aproximadamente el 13%, en 2020 había crecido hasta cerca del 20%”, se plasma en el trabajo Vivienda para vivir: de mercancía a derecho de Future Policy Lab. En él se incide en otra idea común: “La vivienda en alquiler era antes considerada un estado transitorio reservado a inmigrantes o jóvenes españoles que acababan de abandonar el hogar familiar. Esto ya no es así. Dada la residualidad del alquiler social (que apenas llega al 2% de los hogares en España), el mercado privado de alquiler se ha convertido en el principal recurso habitacional para la mayoría de los hogares con dificultades económicas”.

En ese sentido, los datos de Provivienda sirven para manifestar que “existen 5,5 millones de hogares en situación de exclusión residencial, con especial impacto en el alquiler que empobrece a 4 de cada 10 hogares en España”. De ellos, “más de 250.000 tienen ingresos medios” y la probabilidad de caer en exclusión residencial siendo joven “es del 39,8%”. La Encuesta de Presupuestos Familiares permite confirmar, asimismo, que para el 20% de los hogares de menores ingresos, la vivienda y los suministros vinculados a ella representan un esfuerzo muy elevado. Entre 2021 y 2023 supuso el 42% del gasto total del hogar, frente al 37% que suponían en el periodo 2006-2007.

El informe de CCOO posibilita aportar otro ángulo a la radiografía del estado actual del mercado de la vivienda en torno al parque estatal. La apuesta global por “la construcción de vivienda en propiedad” ha dado lugar a que se levantaran 11,8 millones de casas entre 1980 y 2023, “la inmensa mayoría”, 9,1 millones, de precio libre, frente a los 2,7 de protegidas. Es decir, “apenas 1 de cada 4 viviendas terminadas desde 1980 ha sido protegida”. Y hay más: “El Gobierno central ha destinado más de 200.000 millones de euros a política de vivienda durante los últimos cuarenta años, sin incluir en esta cifra el esfuerzo adicional realizado por comunidades autónomas o corporaciones locales”, se lee en el documento. Con ese volumen de recursos “se habría podido edificar un parque de 2 millones de viviendas de alquiler, que en 2024 serían la clave de la solución al problema de la vivienda en España”, defienden desde el sindicato.

Desde Future Policy Lab se denuncia que, si no se hubiesen descalificado los pisos protegidos desde los 1980 hasta la actualidad, “el stock de vivienda social en España podría ascender a más de 4 millones de unidades”. “El problema de fondo -consta en su informe- es la mercantilización de una necesidad básica como es la vivienda, consentida durante muchos años por un Estado de bienestar deficiente y, en ocasiones, cómplice. Reforzar el llamado 'pilar débil' del bienestar pasa necesariamente por la desmercantilización de la vivienda. Es inaceptable que el enriquecimiento de unos pocos se produzca a costa de la negación de un derecho básico de los hogares”, cierran.

De momento, los desahucios siguen. Es más, los lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2024 han sido 7.850, un 7,8% más que en el mismo trimestre de 2023, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tres cuartas partes de ellos fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 1.469 estaban ligados a ejecuciones hipotecarias. En materia de vivienda, como en otras muchas, los números pueden desamparar.