Repsol, Cepsa y la empresa canaria Disa Corporación han reclamado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso petroleras, Fernando Andreu, que archive la investigación por concertar precios, según los escritos a los que ha tenido acceso infoLibre, que destacan que pactar precios sin violencia, amenaza o engaño debe ser considerado una falta administrativa.

El caso petroleras se inició en la Audiencia Nacional después de que la Asociación de Consumidores José María Mena interpusiera una querella contra Repsol, su consejero delegado Josu Jon Imaz; Disa Corporación, su consejero delegado Raimundo Baroja; Meroil y su presidente José Luis Porté Solano; la firma Galp Energía; Cepsa, y su entonces presidente, Khadem Al Qubaisi, por pactar los precios de los combustibles.

El letrado que representa la asociación de consumidores, José Luis Escobar, utilizó como elemento principal de su querella una sanción de al menos 32 millones impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) contra las petroleras Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil por pactar precios.

En los tres escritos, tanto Repsol como Cepsa, que son las empresas que han sido sancionadas con una suma mayor, pero también Disa, que es propiedad de los empresarios de la familia CarcellerCarceller, de la que dos de ellos han sido condenados recientemente a devolver 93 millones por un macrofraude fiscal, justifican su petición de dar carpetazo a las pesquisas al considerar que la querella "no refleja hechos penalmente relevantes", sino, todo como máximo conductas contrarias a la normativa administrativa, puesto que la fijación de precios no incluye "maniobras de violencia, amenazas o engaño", tal y como exige el Código Penal para considerarlo delito.

La filial de Repsol

En concreto, el escrito presentado el 22 de febrero pasado por Repsol, y que ha sido objeto de dos sanciones administrativas de 20 y 22,59 millones de euros, que según la petrolera están recurridas ante la Sala de los Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional, lamenta que la Repsol esté investigada, ya que debería ser su filial Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, ya que la matriz "no desarrolla actividades en el mercado de distribución de combustibles de carburantes".

Pero para justificar el archivo de las actuaciones, Repsol destaca que los funcionarios de la CNMC que impusieron la sanción "han confirmado que los hechos objeto de los expedientes sancionadores constituyen infracciones de carácter administrativo y no, como siempre hemos sostenido, un injusto penal". La petrolera sostiene, además, que si los empleados de la CNMC hubieran considerado que los hechos investigados en los expedientes constituían un ilícito penal debieron haber interpuesto una denuncia: "Algo que no hicieron en su día, precisamente porque entendían que dichos hechos quedan fuera de la jurisdicción penal".

Además, Repsol destaca que un informe realizado por la CNMC sobre los precios recientes de los carburantes, pero que no analiza el periodo por el que las petroleras fueron sancionadas, que la sola evolución de los precios "puede no ser considerada como evidencia suficiente de concertación entre competidores en la medida en que puede ser el resultado de un comportamiento racional e independiente".

"En el presente caso, no cabe más que poner de manifiesto la patente falta de los elementos caracterizadores del ilícito penal que se investiga en el presente caso. Conforme explica la CNMC, la homogeneidad del producto, la transparencia existente y el estrecho margen de beneficio final implica una alineación de precios natural, por las características propias de la estructura de mercado. Dicha alineación de precios natural entre operadores no puede ser valorada, por sí misma, como un indicio de concertación, ni siquiera, a nivel administrativo sancionador", completa el escrito que está sobre la mesa del juez Fernando Andreu.

Repsol destaca que ninguna de las prácticas destinadas a alterar los precios "supone ni violencia, ni intimidación, ni engaño. Y es que los presuntos pactos colusorios –cuya existencia esta parte niega rotundamente- no pueden ser considerados per se como engaño a los efectos del artículo 284.1 CP, por cuanto que están perfectamente definidos como infracción administrativa, siendo ésta de aplicación preferente".

Un registro "desproporcionado" a Cepsa

Por su parte, el escrito enviado por Cepsa al juez Andreu el 24 de febrero recuerda que la sanción de diez millones de euros que le impuso la CNMC "se basa en los expedientes, que han sido impugnados por quebrantamiento de las garantías constitucionales", pues considera que el registro de su sede fue "desproporcionado" y "prospectivo".

Al igual que Repsol, Cepsa sostiene que los hechos recogidos en las querellas no son constitutivos de delito: "Resulta indudable que la tipicidad del ilícito administrativo no es coincidente con la del precepto penal", y que si la CNMC hubiera detectado indicios delictivos lo hubiera enviado a la jurisdicción penal, indica la petrolera al magistrado que instruye el caso en la Audiencia Nacional.

Cepsa también utiliza el mismo razonamiento para asegurar que no hubo delito, ya que en el pacto de los previos no hubo "ni violencia, ni amenazas y tampoco engaño. Dado que de la lectura de las resoluciones de la CNMC resulta indudable que no concurren elementos delictivos, los querellantes se ven obligados a desfigurar completamente los perfiles del tipo penal a fin de poder construir un engaño que ninguna relación guarda con el exigido por el Código Penal".

Además, Cepsa sostiene que las particularidades del mercado de distribución minorista de carburantes en España "acentúan la dificultad de identificar" los pactos ilegales las "alineaciones de precios". Ello se debe, de una parte, al hecho de que del precio de venta al público de los carburantes casi el 60% responde a impuestos, y otro 30% al precio de adquisición del producto, por lo que el margen con que los distribuidores cuentan para diferenciar sus precios es muy limitado", advierte la petrolera.

"Estrategia de no competitividad"

Y por ello, Cepsa destaca que las oscilaciones de precios es razonable que se produzcan "en el mismo sentido en todas las estaciones de servicio, es decir, que exista cierto grado de paralelismo en los precios marcados por los diferentes operadores. De otra parte, es un mercado muy transparente, en el que los distintos operadores tienen acceso a información actualizada de los precios de la competencia, por lo que resulta fácil adoptar la referida estrategia de no competitividad en aras de evitar una caída generalizada de los precios".

Por su parte, la petrolera de los Carceller, que al igual que Cepsa sostiene que la investigación del juez Andreu es "prospectiva", con la intención de "hallar indicios de delito que justifiquen mantener abierta la causa".

La empresa radicada en las Islas Canarias, que llega a calificar las pesquisas de "inquisitoriales", asegura en su escrito presentado el 1 de marzo, que las entradas y registros "en las instalaciones de algunos operadores del petróleo aquí investigados (concretamente, Disa, Meroil y la Asociación Española de Operadores Petrolíferos), se practicaron cuando ni siquiera se contaba con la existencia de indicios de la comisión de una infracción administrativa".

Pero Disa es todavía más dura con la acusación y el instructor, Fernando Andreu, al asegurar que "rastrea ilimitada e infructuosamente el comportamiento en el mercado de los principales operadores del petróleo de este país en busca de cualquier mínimo indicio de delito, con la finalidad de mantener abiertas unas diligencias previas abocadas al archivo".

"Una insoportable pena de banquillo"

Y como ejemplo, la petrolera de los Carceller resalta que el directivo "Raimundo Baroja Rieu lleva casi dos años sufriendo una insoportable pena de banquillo al haber sido imputado en una causa claramente abocada al sobreseimiento, por unos hechos que evidentemente no tienen relevancia penal".

Pero, además, Disa lamenta que la investigación haya sido objeto "de un amplio tratamiento mediático a nivel nacional que, como suele ser habitual en nuestro país, no ha sido ni riguroso ni comedido, y que lleva aparejado un importante riesgo de daño reputacional" a su defendido.

En este sentido, la empresa canaria destaca "las injustas consecuencias que depara la mera imputación durante la instrucción de una causa penal", por su carácter "peyorativo".

Al igual que Repsol y Cepsa, Disa sostiene que la CNMC ha concluido que no existe "el más mínimo indicio de que los operadores del petróleo investigados hayan adoptado prácticas colusorias, y mucho menos un delito contra el mercado y los consumidores del artículo 284 del Código Penal".

Violencia, engaño o intimidación

Y la petrolera recuerda, también, que las diferentes "conductas colusorias pueden constituir una infracción administrativa o una infracción criminal, en función de sus características", en función de que haya violencia, engaño o intimidación.

"En definitiva, no es dable interpretar que un mero pacto colusorio es un delito del artículo 284 CP ya que, la alteración de los precios del mercado tendría lugar al pactar los precios, y no al perpetrar un supuesto engaño a los consumidores por ocultar el pacto. En este sentido, la simple ocultación del pacto de los precios no puede identificarse con el engaño que refiere el artículo 284 CP, pues no modifica el comportamiento de los consumidores", especifica el escrito de Disa dirigido al instructor.

Pero Disa también ataca la labor del magistrado, al considerar "vago" y "genérico" un oficio librado por el instructor a la UCO de la Guardia Civil, que dio como resultado el informe de la CNMC: "Es decir, casi un año después de la incoación de las presentes diligencias, y sin prácticamente haber acordado ninguna otra diligencia de investigación, se interesa a la Guardia Civil la realización de una investigación para que compruebe si por parte de los operadores del petróleo investigados se está cometiendo “un delito de alteración de precios", lamenta el escrito de Disa.

Demetrio Carceller Coll y Demetrio Carceller Arce, propietarios del grupo alimentario Damm, han pactado con la Fiscalía Anticorrupción asumir una multa que supera los 92 millones de euros, con el fin de eludir la pena de cárcel impuesta tras ser condenados como autores de 13 y cuatro delitos de fraude fiscal, respectivamente.

Desde el 2014, padre e hijo están acusados de haber ocultado al fisco un montante que supera los 72 millones de euros, Coll como autor principal y Arce como cómplice necesario. El acuerdo pactado ahora supone que los condenados podrán evitar su entrada en prisión a cambio del pago de la multa impuesta. Aunque la acusación pedía 48 años de cárcel para el patriarca y 14 para su hijo, la sentencia final rebaja la pena a menos de un año individualmente, lo que permite la sustitución de la misma por la sanción pactada.

El apellido Carceller ha saltado recientemente a los medios de comunicación por su implicación en la revelación de los papeles de Panamá. Coll fue cliente, desde 1995, del despacho Mossack Fonseca y desarrolló una red de sociedades para financiar sus negocios en España. La de Carceller Coll, además, es una de las mayores fortunas españolas, mientras que, según la lista Forbes, su hijo Demetrio Carceller Arce es poseedor de una fortuna de 1.600 millones de dólares –aproximadamente 1.423 millones de euros–.

Aunque el pacto fraguado por los Carceller deja tras de sí una de las mayores multas de los últimos años, existen diversos precedentes en España. La vocalista Ana Torroja admitió en 2014 haber cometido tres delitos fiscales, y aceptó el pago de un millón de euros a cambio de eludir los 15 meses de prisión que le solicitaba el Ministerio fiscal. La también cantante Montserrat Caballé asumió una multa de 254.231 euros –más el pago de 72.000 euros por intereses de demora– tras admitir su autoría como culpable de fraude fiscal en relación al IRPF, de modo que acordaba, además, la suspensión de una pena de dos años.

En el 2015, el abogado Emili Cuatrecasas llegó a un acuerdo según el cual aceptaba una multa de 1,5 millones de euros como culpable de ocho delitos fiscales, y una condena de dos años que nunca llegó a cumplir. Otro de los muchos ejemplos que engrosan las estadísticas al respecto es el del futbolista Javier Mascherano, quien aceptó una condena por fraude fiscal tras pactar con la Fiscalía una multa de 816.000 euros y un año de prisión que no no se hizo efectivo. A principios del pasado mes de julio, el jugador de fútbol Lionel Messi fue condenado a 21 meses por tres delitos de fraude. El argentino no contaba con antecedentes penales, y además reconoció los hechos, devolvió lo evadido y asumió una multa antes del juicio, por lo que quedó finalmente en libertad.

Según los datos del Ministerio del Interior, a fecha de julio del 2016 son 282 las personas que cumplen pena en prisión por delitos contra la Administración y Hacienda Pública, del total de 52.063 presos que se encuentran en las cárceles españolas.

Para saber la frecuencia con la que se llega a este tipo de acuerdos en España, infoLibre se ha puesto en contacto con jueces y fiscales que analizan, además, las ventajas e inconvenientes que los acuerdos de conformidad pueden acarrear.

Una práctica habitual

El Código Penal reconoce la posibilidad de eludir la cárcel a cambio del pago de una sanción, siempre y cuando la pena no exceda los dos años de prisión. "Es la política que tiene el Código Penal desde los años ochenta, y posteriormente en el Código del 95", explica el presidente del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo. "El tratamiento que se le da al delito fiscal señala como prioridad que la Hacienda Pública recupere ese dinero, y así se repare en buena medida el daño", continúa. En este sentido, "se favorece al que paga reduciéndole la pena o evitando que ingrese en la cárcel". 

Y precisamente el que paga, el defraudador, suele responder a un mismo perfil: "Se trata de casos muy concretos, fraudes de muchísimo dinero, y personas muy significativas", subraya el fiscal Salvador Viada. No obstante, los acusados no siempre consiguen esquivar la cárcel, puesto que la decisión última recae sobre la Fiscalía. Los expertos consultados mencionan el caso de Isabel Pantoja, condenada por blanqueo a dos años de prisión. La tonadillera no contaba con antecedentes, pero su falta de cooperación con la justicia, no reconocer el delito y no mostrar arrepentimiento, hicieron que la Fiscalía y los tribunales reafirmaran la pena que acabó privándola de libertad.

Este tipo de acuerdos con la Fiscalía, continúa el portavoz de la Asociación de Fiscales, Emilio Frías, "son muy habituales" y se llevan a cabo "siempre dentro de los márgenes legales del Código Penal". En este sentido, "tanto el legislador, como el fiscal, como el juez, entendieron que es preferible cobrar y no asumir la pena, que ir a la cárcel y no recuperar el dinero", añade Frías, quien valora la acción como algo "perfectamente legal y ordinario".

Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, aboga por ceñirse a la norma de un modo inflexible. "Hay que usar ese recurso porque no tiene sentido hacer cumplir las penas de prisión cuando son de corta duración", sostiene. "Si una persona ha cometido un hecho delictivo, la pena es de menos de dos años y no hay antecedentes penales, se suele suspender", pero, puntualiza, "si el delito que se le aplica a esta persona resulta en tres años de cárcel, ya no cabe la suspensión".

En cuanto a la práctica en otros países, medita Frías, "es habitual que se rijan por el principio de oportunidad", es decir, dejar en cada caso concreto que la Fiscalía pueda eximir de la pena a cualquier acto punible si la persecución es "inoportuna o intrascendente". Por ello, valora, "el sistema más riguroso es el español".

Ventajas e inconvenientes

Respecto a las ventajas, los expertos consultados por este medio coinciden en señalar los beneficios recaudatorios para la Hacienda Pública, cuya prioridad es recuperar el dinero defraudado. La otra cara de la moneda, sin embargo, abre el debate sobre las desigualdades del sistema judicial español, debido a la frecuencia con la que los defraudadores evitan la cárcel, y lo llamativo de estos casos para la opinión pública.

Ignacio González, portavoz de Jueces para la Democracia, difiere de esta tesis. "El acusado reconoce los hechos y se conforma, porque consigue una pena que evita que entre en prisión", considera el magistrado, quien añade categórico que "la justicia actúa y lo hace dentro de los márgenes que establece la ley".

Miguel Pallarés, por su parte, defiende una actuación "lo más objetiva posible", y subraya que "la suspensión es legal" siempre y cuando la pena de prisión "sea corta y exista el compromiso de no volver a delinquir". Defiende, de este modo "evitar la arbitrariedad, transmitir objetividad y seguridad jurídica".

En el otro lado de la balanza, Conrado Gallardo sí entiende la sensación de impunidad que puede resultar del uso de esta figura. Lo señala, el magistrado, como el principal argumento en contra de los pactos de conformidad, y añade que "se favorece el fraude fiscal" porque predomina la idea de que "si me pillan no pasa nada".

A juicio de Gallardo, "es una cuestión de ética, de política criminal, y política fiscal". En este sentido, se pregunta hasta qué punto es lícito el uso de ese tipo de acuerdos, aunque entiende que "si no existiera, Hacienda no recuperaría" los bienes sustraídos.

Modificación de la normativa

La posibilidad de caminar hacia un cambio de normativa más inflexible que endurezca las penas impuestas a los defraudadores fiscales no forma parte del actual debate público. Conrado Gallardo señala que "bastaría con reformar el Código Penal y cambiar esos privilegios", que podrían ser sustituidos, sugiere, "por pena de cárcel y además la imposición de una multa", contemplando, si procede, "una pequeña reducción de la pena".

No obstante, admite, "es algo difícil porque requiere de una mayoría absoluta" en el Parlamento proclive a la modificación, y hoy en día, añade "no hay un debate respecto a este tema, e incluso existe cierta comprensión" respecto a su habitual puesta en práctica.

Demetrio Carceller Coll y su hijo Demetrio Carceller Arce, propietarios del grupo Damm, han sido condenados como autores de fraude fical, pero ninguno entrará en prisión. Los Carceller, junto a otros dos colaboradores, han llegado la mañana del jueves a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción según el cual asumirán una multa de 92 millones de euros, que les permitirá eludir su ingreso en prisión.

El patriarca de los Carceller ha sido condenado por 13 delitos contra la Hacienda Pública, tres de ellos agravados, en relación con el IRPF, el Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones. Por su parte, Carceller Arce está condenado como cooperador necesario de cuatro delitos, vinculados al IRPF y al Impuesto de Patrimonio.

El importe defraudado asciende a 24.680.064 euros, mientras que los intereses alcanzan 12.055.062 euros. Dichas cantidades ya han sido satisfechas por los acusados, "extremo que ha sido determinante para alcanzar el acuerdo de conformidad", según apunta la Fiscalía. Además, los condenados tendrán que satisfacer una multa de 55.649.225 euros, de modo que la cifra final supone un pago que supera los 92 millones (92.384.351 euros) para los autores del fraude.

Aunque la acusación reclamaba 48 años de cárcel para el patriarca y 14 para su hijo, la sentencia final los condena a seis meses de prisión para los tipos básicos y nueve meses para los agravados, en el caso de Coll, y a tres meses de pena para los tipos básicos y cuatro meses y 15 días respecto a los agravados para Arce. Es decir, ninguna de las penas supera individualmente el año de prisión. Esto supone que, teniendo en cuenta que ha sido "reparado totalmente el daño causado", los Carceller evitarán finalmente su ingreso en prisión.

Proceso de investigación

Según la Fiscalía Anticorrupción, Carceller Coll habría acometido el fraude "simulando residir fuera de España, en concreto en Portugal y en el Reino Unido, con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España".

Tras el proceso de investigación, quedó acreditado que la residencia de Coll fue, contrariamente a lo declarado, la Comunidad de Madrid, y que además era titular de un patrimonio que mantenía oculto a través de sociedades ubicadas en territorios off shore. Asimismo, quedó igualmente confirmada la "participación esencial" del resto de condenados, que fueron considerados cooperadores necesarios del fraude. 

Finalmente, el acuerdo refleja una reducción de las cuotas defraudadas que queda justificada por la aportación de nuevos documentos por parte de la defensa, según los cuales parte de los bienes de Coll deberían ser atribuidos como gananciales a su esposa, contra quien no se dirigió el procedimiento penal.

Los propietarios del grupo alimentario Damm, Demetrio Carceller Arce y Demetrio Carceller Coll, negocian con la Fiscalía Anticorrupción un acuerdo que evite su ingreso en prisión, ya que afrontan sendas acusaciones de 14 y 48 años de cárcel, respectivamente.

En este sentido, la Cadena Ser ha informado de que la multa a los Carceller que está negociando el Ministerio Público podría superar los 90 millones de euros, lo que supondría una de las mayores de los últimos años. La radio del Grupo Prisa también sostiene que ninguno de los dos ingresará en prisión.

Por su parte, la Fiscalía únicamente ha difundido un escueto comunicado en el que sostiene que en estos momentos se está negociando con las partes, pero que no hay firmado ningún acuerdo, un hecho que podría producirse el próximo jueves.

La investigación judicial

En julio de 2014, el magistrado Pablo Ruz emitió un auto en el que señalaba que tras las diligencias practicadas en fase de instrucción había quedado "indiciariamente acreditada la existencia de una trama defraudatoria a la Hacienda Pública, en relación al Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), al Impuesto sobre el Patrimonio (ISP) y al Impuesto de Sucesiones". En concreto, el Ministerio Público le acusa de haber ocultado al fisco un montante que supera los 72 millones de euros.

Según la Fiscalía Anticorrupción, lo habría hecho "simulando residir fuera de España, en concreto en Portugal y en el Reino Unido, con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España".

Al actual presidente de Damn, por su parte, se le atribuyen cuatro delitos contra la Hacienda Pública por el fraude de IRPF correspondiente a los ejercicios de 2007, 2008 y 2009 y por el fraude en el ISP correspondiente al ejercicio del año 2007. La Fiscalía le acusa de haber participado de forma activa en la gestión del patrimonio de su padre, articulando las estructuras societarias necesarias para ocultar las rentas y colaborando en la simulación de la residencia de Carceller Coll. Ambos, según el Ministerio Público, habrían utilizado empresas radicadas en paraísos fiscales para ocultar su patrimonio.

Del cielo de los negocios al infierno judicial. Este lunes, el apellido Carceller, ligado a firmas tan importantes como Damn, Grupo Cacaolat o Disa –primer operador de productos petrolíferos en Canarias y uno de los más importantes a nivel nacional–, se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional. Demetrio Carceller Coll y su hijo, Demetrio Carceller Arce, se juegan largas penas de cárcel por 16 delitos contra la Hacienda Pública y dos de blanqueo de capitales.

El proceso contra la que se considera una de las familias más poderosas de España, que se ha alargado más de dos años y al que también se enfrentan dos de sus colaboradores –José Luis Serrano Flórez y Gabriel Ignacio Petrus Labayen, uno de los propietarios del bufete de abogados Petrus, cuyo nombre aparece en el origen del caso Gürtel y la Operación Pretoria–, arrancará a las diez de la mañana y se dividirá a diez sesiones. La Fiscalía Anticorrupción solicita 48 años de prisión para el patriarca y otros 14 años para el actual presidente de la cervecera.

Además, tanto el padre como el hijo se enfrentan al pago de multas millonarias. En el caso de Carceller Arce, la Fiscalía Anticorrupción pide un castigo de 118 millones de euros, mientras que para el patriarca de la familia catalana solicita una sanción de 330 millones de euros, así como indemnizar a Hacienda pública estatal con 41,4 millones y a la de la Comunidad de Madrid con 30,9 millones de euros por todo el dinero defraudado desde los años 1990. Con todas estas cifras en la cabeza, ambos acudirán este lunes a la Audiencia Nacional para afrontar el último capítulo de un proceso que lleva dilatándose desde julio 2014.

Dinero defraudado y trama

Fue a mediados de ese mes cuando el magistrado Pablo Ruz emitió un auto en el que señalaba que tras las diligencias practicadas en fase de instrucción había quedado "indiciariamente acreditada la existencia de una trama defraudatoria a la Hacienda Pública, en relación al Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), al Impuesto sobre el Patrimonio (ISP) y al Impuesto de Sucesiones". En concreto, el Ministerio Público le acusa de haber ocultado al fisco un montante que supera los 72 millones de euros.

Según la Fiscalía Anticorrupción, lo habría hecho "simulando residir fuera de España, en concreto en Portugal y en el Reino Unido, con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España". 

Al actual presidente de Damn, por su parte, se le atribuyen cuatro delitos contra la Hacienda Pública por el fraude de IRPF correspondiente a los ejercicios de 2007, 2008 y 2009 y por el fraude en el ISP correspondiente al ejercicio del año 2007. La Fiscalía le acusa de haber participado de forma activa en la gestión del patrimonio de su padre, articulando las estructuras societarias necesarias para ocultar las rentas y colaborando en la simulación de la residencia de Carceller Coll. Ambos, según el Ministerio Público, habrían utilizado empresas radicadas en paraísos fiscales para ocultar su patrimonio.

Los papeles de Panamá

Una presencia en países con una baja o nula tributación que también quedó desvelada con la filtración de los conocidos como papeles de Panamá, que en España publicaron en exclusiva El Confidencial y laSexta. Así, los documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca demostraban que tanto el patriarca como sus hijos habían creado sociedades offshore en las islas de Niue y Samoa, ambas situadas en el Pacífico Sur, desde al menos 1995.

En concreto, el patriarca de la familia controlaba Siwenna Holding, Moterhorn y Vanderbilt; su hijo y presidente de Damn manejaba Vance Corporation, en la que su padre también tenía poderes generales; y José, Carmen y María Carceller Arce eran los responsables de Gloucester Investment, Nuka BV y Orsingen GMBH, respectivamente. La Agencia Tributaria ya había puesto el foco sobre alguna de estas empresas opacas, siendo las sociedades de las dos hermanas objeto de una investigación que finalmente concluyó sin demostrarse la existencia de haber incurrido en hechos delictivos.

Dos juicios aplazados

El juicio de los Carceller había sido fijado en un primer momento para junio de 2015. Pero la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó que el desarrollo de la vista fuera retrasado seis meses, entre el 11 y el 22 de enero de 2016, debido a que Estados Unidos no cumplimentó la comisión rogatoria que el tribunal cursó para que declarasen tres testigos estadounidenses, dos de las cuales habían realizado una declaración jurada en Lisboa atribuyendo la gestión de las empresas de la familia en Arizona al empresario Javier Ribas Vila. Las defensas consideraban que los testimonios por videoconferencia eran de vital importancia, ya que la mayor parte de los delitos de los que se acusa al patriarca son por las inversiones realizadas en Arizona.

Pero padre e hijo volvieron a evitar sentarse en el banquillo en enero de este año. En esta segunda ocasión, la salud de Carceller Coll, ya octogenario, hizo que la Audiencia Nacional lo suspendiese sine die a finales de diciembre. Fuentes de la AN confirmaron entonces a infoLibre que peritos judiciales habían confirmado la enfermedad del patriarca. 

Una fortuna amasada durante el franquismo

Actualmente, la familia Carceller es una de las más acaudaladas de España, con un patrimonio que ronda los 3.000 millones de euros. Además de ser los dueños de los grupos empresariales Damn y DISA, poseen o han llegado a poseer participaciones de Ebro-Puleva, Rodilla, Sacyr, Repsol, Estrella de Levante, Atlántica Petrogas, Banco Herrero, Hidroeléctrica del Cantábrico, Gas Natural, Unión Fenosa o la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH). Carceller Arce es en la actualidad consejero de Gas Natural y de Ebro Foods, así como vicepresidente de Sacyr y copresidente de Cacaolat.

Una fortuna que comenzó a amasarse durante el franquismo gracias al abuelo, Demetrio Carceller Segura, falangista cercano a José Antonio Primo de Rivera, pronazi convencido y ministro de Industria durante la dictadura. El historiador Josep Fontana le definió en la obra La economía del primer franquismo como "el iniciador de la corrupción a gran escala" durante aquellos años. Y cita un manuscrito de la época cuyos autores estaban vinculados a Juan de Borbón: "Ninguno de los negocios, empresas, industrias, comercios, permisos de importación, de exportación, negocios bancarios, (...) puede realizarse sin contar con el beneplácito de don Demetrio Carceller", por cuyas manos pasan, añadía el documento, "miles y miles de millones de pesetas". Según Fontana, el dinero pasaba, "pero no sin dejar peaje".

La inmensa fortuna tuvo su origen, según los historiadores, en el negocio de los combustibles, cuando en los años 1930 el patriarca funda la empresa DISA Corporación Petrolífera y comienza a mantener contactos con productores de petróleo estadounidenses y de otros lugares del mundo. La compañía, que en la actualidad posee más de 500 gasolineras y más de 2.700 empleados por toda España, fue la primera firma que comercializó la bombona de butano. El abuelo nunca tuvo que dar explicaciones. Este lunes, hijo y nieto responderán ante la justicia.

Suspendido sine die. El juicio contra el presidente del Grupo Damm, Demetrio Carceller Arce, y su padre, Demetrio Carceller Coll, que estaba previsto que se iniciara el 11 de enero y que se alargara hasta el 23 del mismo mes, no se celebrará en esa fecha por enfermedad del patriarca, según confirmaron fuentes de la Audiencia Nacional a infoLibre.

Fuentes de la Audiencia Nacional han asegurado a este diario que peritos judiciales han confirmado la enfermedad de Demetrio Carceller Coll, que afronta una petición de 48 años de cárcel, mientras que su hijo se enfrenta a 14 años de reclusión en prisión. El Ministerio Público les considera a ambos los presuntos autores de 16 delitos contra la Hacienda Pública y dos de blanqueo de capitales.

Tanto el juez Pablo Ruz como la Fiscalía Anticorrupción les acusaron de ser los presuntos autores de un gigantesto fraude por el que tuvieron que abonar sendas fianzas civiles de 476,4 y 236,4 millones de euros, respectivamente, lo que supone un total de 764,8 millones.

Los dueños de la cervecera Damm y del 14,1% de la constructora Sacyr ya habían logrado que el juicio, que en un principio iba a celebrarse en julio, se pospusiera seis meses. El motivo de este retraso fue para preparar el testimonio de tres personas que viven en Estados Unidos y que iban a declarar por videoconferencia.

Declaración jurada en Lisboa

Los Carceller incluyeron entre sus testigos a tres mujeres de Estados Unidos, dos de las cuales realizaron una declaración jurada en Lisboa en la que atribuyeron la responsabilidad de la gestión de las empresas de esta familia en Arizona al empresario Javier Ribas Vila. Este empresario formaba parte del consejo de administración de Damm en representación de la sociedad Seegrund, que en realidad es propiedad de los Carceller.

Este testimonio de las testigos es de vital importancia, habida cuenta de que la mayor parte de los delitos atribuidos al actual presidente de Damm tienen su origen en las inversiones realizadas por su familia en Arizona (EEUU).

Declaración inducida

Y por eso la Fiscalía Anticorrupción, tal y como adelantó infoLibre, quiere determinar si la declaración jurada de las testigos Lynn A. M. y de Lysa K. G. pudo haber sido inducida por los procesados. También pretende saber si el desplazamiento desde Estados Unidos de las testigos fue sufragado por los Carceller o por personas vinculadas a ellos.

En concreto, el Ministerio Público considera que el actual presidente de Damm participó "activamente" en la gestión del patrimonio de su padre, articulando las estructuras societarias necesarias para ocultar las rentas generadas y colaborando en la simulación de la residencia de su padre fuera de España.

Carceller Arce también intervino, según la fiscal, en la creación de la estructura para canalizar y ocultar las inversiones de su padre en centros comerciales de Arizona mediante la creación de empresas radicadas en varias islas de las antiguas Antillas Holandesas.

118 millones

Pero además de los años de cárcel reclamados, la Fiscalía Anticorrupción solicita que Carceller Arce sea multado con hasta 118 millones de euros, siendo la suma de las multas propuestas contra su padre de 330 millones.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, los Carceller diseñaron una trama empresarial para ocultar sus rentas a la Hacienda pública española. Utilizaban para ello empresas radicadas en paraísos fiscales, cuya auténtica propiedad ocultaban.

De esta forma, pagaban menos impuestos en España, lo que suponía una ventaja competitiva frente al resto de empresas del sector. Y estas firmas radicadas en el extranjero acaban formando parte del accionario del grupo empresarial familiar.

Simuló vivir en Lisboa

En el caso del padre del actual presidente de Damm, el fiscal le acusa de ocultar sus rentas y patrimonio a la Hacienda Pública española. "Simulando residir fuera de España, en concreto en Portugal y en el Reino Unido, con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España".

Los dos Carceller procesados en la Audiencia Nacional son los descendientes de Demetrio Carceller Segura, ministro de la dictadura franquista. Este alto cargo del régimen de Franco, fallecido en 1968, fue nombrado en 1940 titular del Ministerio de Industria.

Pronazi convencido se le considera, tal y como recuerda el historiador Josep Fontana en su obra La economía del primer franquismo, "el iniciador de la corrupción a gran escala".

La Fiscalía Anticorrupción trata de desmontar la coartada del presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce, que en enero se sentará en el banquillo de los acusados junto a su padre, Demetrio Carceller Coll, y dos personas que trabajaban para ellos; José Luis Serrano Flórez y Gabriel Ignacio Petrus.

Los Carceller han incluido entre sus testigos a tres mujeres con nacionalidad de Estados Unidos, dos de las cuales realizaron una declaración jurada en Lisboa en la que atribuyen al empresario Javier Ribas Vila, que se sentaba en el consejo de administración de Damm en representación de la sociedad Seegrund, que en realidad es propiedad de los Carceller.

Y Anticorrupción quiere determinar si la declaración jurada de las testigos Lynn A. M. y de Lysa K. G. pudo haber sido inducida por los procesados. También quiere saber si el desplazamiento desde Estados Unidos fue sufragado por los Carceller o por personas vinculadas a ellos. La tercer testigo se llama Tracy P. N.

Una trama defraudatoria

Tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción les acusan de ser los presuntos autores de un fraude a Hacienda gigantesco por el que tuvieron que abonar un total de 764,8 millones en concepto de fianzas civiles.

Según los escritos de acusación, los Carceller diseñaron una trama empresarial para ocultar sus rentas al fisco español. Utilizaban para ello empresas radicadas en paraísos fiscales, cuya auténtica propiedad ocultaban. De esta forma, pagaban menos impuestos en España, lo que suponía una ventaja competitiva frente al resto de empresas del sector. Y estas firmas radicadas en el extranjero, acaban formando parte del accionario del grupo empresarial familiar.

Además, el padre del actual responsable de las empresas de los Carceller trasladó de forma ficticia, según la acusación, su residencia a Lisboa con la intención de no tributar en España y abonar menos impuestos.

48 y 14 años de cárcel

Por todo ello, Demetrio Carceller Coll, padre de Demetrio Carceller Arce, afronta una petición de 48 años de cárcel, mientras que su hijo se enfrenta a 14 años de reclusión en prisión. El Ministerio Público les considera a ambos los presuntos autores de 16 delitos contra la Hacienda Pública y dos de blanqueo de capitales.

Pero además de los años de cárcel reclamados, la Fiscalía Anticorrupción solicita que Carceller Arce sea multado con hasta 118 millones de euros, siendo la suma de las multas propuestas contra su padre de 330 millones de euros.

Estos dos empresarios son los descendientes de Demetrio Carceller Segura, ministro de la dictadura franquista, al que el historiador Josep Fontana califica en su obra La economía del primer franquismo como "el iniciador de la corrupción a gran escala".

Gran importancia

Esta declaración tiene una gran importancia de cara a la posible implicación de Carceller Arce, el actual responsable de las empresas familiares, habida cuenta de que él fue procesado sobre todo por su participación en la gestión de las inversiones de esta familia en Estados Unidos, y más concretamente en el estado de Arizona.

Pero la declaración jurada de las dos testigos atribuye a Ribas Vila la auténtica responsabilidad de las inversiones en Arizona, algo que contradice las conclusiones del Tribunal Supremo, que ordenó que el procedimiento también se dirigiera contra el actual presidente del Grupo Damm, Demetrio Carceller Arce.

El Supremo, en una sentencia de 10 de junio de 2014, anuló la decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que había archivado la acusación contra Demetrio Carceller Arce, en contra del criterio del instructor del caso, entonces el juez Pablo Ruz.

Participación activa

Y para tumbar la decisión de los magistrados de la Audiencia Nacional Alfonso Guevara Marcos, Guillermo Ruiz Polanco y María de los Ángeles Barreiro Avellaneda, el Tribunal Supremo dio por cierto que el empresario "participó activamente en la gestión del patrimonio de su padre, especialmente en las inversiones inmobiliarias de Arizona, articulando las estructuras societarias necesarias para ocultar las rentas generadas y colaborando en la simulación de la residencia de su padre fuera de España".

A Carceller Arce se le atribuyen cuatro delitos contra la Hacienda Pública, en concreto por el fraude de IRPF correspondiente a los ejercicios fiscales de 2007, 2008 y 2009 y por fraude en el Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal 2007, además de un delito de blanqueo de capitales.

Declaración por videoconferencia

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó retrasar hasta enero de 2016 el juicio, que en un principio iba a iniciarse el 23 de junio pasado. Por estos motivos, las declaraciones por videoconferencia de las tres testigos propuestas por las defensas cobran especial relevancia. Lynn A. M. y Lysa K. G., que son las testigos clave, están citadas el 11 de enero, mientras que Tracy P. N. prestará testimonio el 15 de enero.

La Fiscalía Anticorrupción pretende determinar el papel que desempeñaban las testigos y otros empleados de Carceller en Estados Unidos, al mismo tiempo que quieren determinar el motivo por el que la empresa no suministró información sobre las inversiones inmobiliarias de esta familia pese a los requerimientos de las autoridades españolas a las norteamericanas.

Precisamente, el escrito de acusación del Ministerio Público especifica los diferentes fraudes cometidos por los empresarios CarcellerCarceller. Como por ejemplo “el ocultamiento de fondos realizado por Demetrio Carceller Coll a la hora de declarar los bienes heredados tras el fallecimiento de su hermana Josefina Carceller”. Pero también las operaciones denominadas como “la estructura americana”, que realizó inversiones en empresas como la propia Damm o Hidroeléctrica del Cantábrico-EDP.

Paraísos fiscales

La finalidad de esta operación fue nuevamente crear una estructura societaria extranjera opaca mediante la cual se ocultara la titularidad real de Demetrio Carceller Coll en importantes paquetes accionariales en las sociedades españolas Disa Corporación Petrolífera SA (DISA); SA Damm; Renta Insular Canaria (Rincasa) y, hasta su venta en el año 2001, en Hidroeléctrica del Cantábrico, estando al frente de todo este entramado societario la entidad panameña Financiera Intercontinental”, especifica el escrito de la Fiscalía Anticorrupción.

La panameña Financiera Intercontinental estaba participada íntegramente por cuatro entidades de las Antillas Holandesas, cada una de las cuales era, a su vez, socio único de una sociedad holding holandesa en la que se situaban las participaciones de Demetrio Carceller Coll en cada una de las sociedades españolas.

Carceller Coll era propietario de un paquete accionarial de Hidroeléctrica del Cantábrico, que controlaba desde la firma holandesa Halfrond BV, una sociedad participada únicamente por la sociedad antillana Araxa NV, que era propiedad al 100% de la panameña Financiera Intercontinental.

Los Carceller, la familia propietaria del grupo alimentario Damm, han logrado retrasar seis meses el juicio que estaba previsto se celebrara, en junio pasado en la Audiencia Nacional, contra el padre, Demetrio Carceller Coll, y el hijo Demetrio Carceller Arce.

Tanto el juez Pablo Ruz como la Fiscalía Anticorrupción les acusan de ser los presuntos autores de un gigantesto fraude por el que tuvieron que abonar sendas fianzas civiles de 476,4 y 236,4 millones de euros, respectivamente, lo que supone un total de 764,8 millones.

Demetrio Carceller Coll, padre del actual presidente del grupo Damm, Demetrio Carceller Arce, afronta una petición fiscal de 48 años de cárcel, mientras que su hijo se enfrenta a 14 años, como presuntos autores de 16 delitos contra la Hacienda Pública y dos de blanqueo de capitales. Estos dos empresarios son los descendientes de Demetrio Carceller Segura, ministro de la dictadura franquistaDemetrio Carceller Seguradictadura franquista.

Este alto cargo del régimen de Franco, fallecido en 1968, fue nombrado el 17 de octubre de 1940 responsable del Ministerio de Industria. Pronazi convencido, es considerado también, tal y como recuerda el historiador Josep Fontana en su obra La economía del primer franquismo, "el iniciador de la corrupción a gran escalacorrupción a gran escala".

Ocultó sus rentas

En el caso de Carceller Coll, el padre del actual presidente de Damm, el fiscal le acusa de ocultar sus rentas y patrimonio a la Hacienda Pública española. "Simulando residir fuera de España, en concreto en Portugal y en el Reino Unido, con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España", reprocha el representante del Ministerio Público, que acusa a Carceller Coll de haber defraudado a Hacienda más de 72 millones.

Por su parte, a Carceller Arce se le atribuyen cuatro delitos contra la Hacienda Pública, en concreto por el fraude de IRPF correspondiente a los ejercicios fiscales de 2007, 2008 y 2009 y por fraude en el Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal 2007, además de un delito de blanqueo de capitales. Anticorrupción le pide por ello 14 años de cárcel.

La Audiencia Nacional ha acordado retrasar hasta enero de 2016 el juicio, que tenía previsto celebrar desde el 23 de junio pasado contra los Carceller y dos de sus colaboradores, José Luis Serrano Flórez y Gabriel Ignacio Petrus Labayen.

Petrus Labayen era uno de los propietarios del bufete de abogados Petrus, cuyo nombre aparece en el origen del caso Gürtel y en la denominada Operación Pretoria.

Tres testigos

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal acordó que el desarrollo definitivo de la vista, que constará de diez jornadas, se extienda entre el 11 y el 22 de enero, debido a que Estados Unidos no fue capaz de cumplimentar la comisión rogatoria que el tribunal cursó para que declararan tres testigos a través de videoconferencia en el juicio.

Los testigos comparecerán a petición de las defensas de los Carceller, padre e hijo, y del también procesado Gabriel Ignacio Petrus Labayen. Y según fuentes jurídicas, las defensas consideran de vital importancia estos testimonios, que buscan exonerar al actual presidente del grupo Damm de su participación en la gigantesca trama defraudatoria.

Esta trama consistía en ocultar sus rentas al fisco español, por lo que pagaban menos impuestos. Utilizaban para ello empresas radicadas en paraísos fiscales, cuya auténtica propiedad ocultaban.

Las defensas pidieron aplazar la celebración de la vista oral dada la relevancia que atribuyen a estos tres testigos, que serán citados para que declaren en lo que se denomina prueba anticipada, que significa que prestarán testimonio antes de iniciarse la vista oral.

La opinión de la Fiscalía

Por su parte, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción consideran que las declaración de estos tres testigos "no son relevantes". 

La Fiscalía Anticorrupción considera que Carceller Arce ha sido cooperador necesario de los delitos que atribuye a su padre, para quien pide 48 años y seis meses de cárcel. En el banquillo de los acusados se sentarán también los mencionados Serrano Flórez y Petrus Labayen.

El Ministerio Público considera que el actual presidente de Damm participó "activamente" en la gestión del patrimonio de su padre, especialmente en las inversiones inmobiliarias de Arizona, articulando las estructuras societarias necesarias para ocultar las rentas generadas y colaborando en la simulación de la residencia de su padre fuera de España. También intervino en la creación de la estructura para canalizar y ocultar las inversiones de su padre en centros comerciales de Arizona mediante la creación de sociedades en las Antillas Holandesas.

La investigación llevada a cabo por el magistrado Pablo Ruz y la Fiscalía Anticorrupción acredita, de esta forma, la existencia de "una trama defraudatoria a Ia Hacienda Pública, en relación aI Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (IRPF), al Impuesto sobre el Patrimonio y al lmpuesto de Sucesiones".

Según Ruz, esta trama ocultó desde los años 90 el domicilio real de Demetrio Carceller Coll, el expresidente del Grupo Damm, que aseguraba vivir en Portugal, cuando en realidad residía en Madrid. Además, creó varias estructuras fiduciarias radicadas en paraísos fiscales, "reinvirtiendo en sus empresas españolas las cuotas que, ejercicio tras ejercicio, se han ido defraudando a la Hacienda Pública española", explica el juez en un auto.

La Fiscalía atribuye en concreto a Carceller Arce el delito de cooperación necesaria por contribuir a la ocultación de las inversiones inmobiliarias de su padre en Arizona, mediante la gestión de estructuras necesarias para ocultar todas las rentas generadas.

Y para ello utilizaron unas sociedades de las antiguas Antillas Holandesas que figuraban como titulares formales de "importantes inversiones inmobiliarias" y comerciales en Phoenix y Tucson, la capital y la segunda ciudad de Arizona, respectivamente.

Socia minoritaria

En estas inversiones inmobiliarias Demetrio Carceller Coll contaba con una socia minoritaria que, tal y como resalta el Ministerio Público, regularizó su situación fiscal antes de que el procedimiento se dirigiera contra la misma, ya que en 2010 presentó declaraciones complementarias del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes a los ejercicios 2005 a 2007 y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a los ejercicios 2005 a 2009.

"De esta forma afloró todos los activos, ganancias, rentas e intereses procedentes de estas inversiones inmobiliarias, algo que, "en ningún momento, ha realizado Demetrio Carceller Coll", indica Anticorrupción en su denuncia.

La causa contra Demetrio Carceller se eleva para juicio: el juez Pablo Ruz ha resuelto el ultimo intento de la defensa de Demetrio Carceller Coll, que planteó un incidente de nulidad de actuaciones por entender desproporcionada la fianza impuesta por el juez en el auto de apertura de juicio oral del pasado 4 de diciembre.

En consonancia con la Fiscalía Anticorrupción, Ruz rechaza ese incidente de nulidad al entender que la fianza impuesta a Carceller se fijó con pleno respeto a las normas que regulan la materia, " no siguiendo un cálculo arbitrario ni vulnerador de derechos fundamentales" –como argumentaba la defensa– sino calculando la cuantía indiciariamente defraudada.

Resuelto este último incidente y una vez que se han presentado los cuatro escritos de defensa, Ruz eleva ya los 28 tomos que componen la causa.

El juez eleva así a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal la causa abierta contra el presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce; su padre, Demetrio Carceller Coll, y dos de sus colaboradores para que les juzgue por crear una trama defraudatoria a la Hacienda Pública que les habría permitido evadir los impuestos de renta, patrimonio y sucesiones.

La Sala de lo Penal rechazó ya el pasado diciembre los recursos de apelación presentados por los Carceller y su hombre de confianza en la compañía, José Luis Serrano Flórez, contra el auto de transformación en procedimiento abreviado de las actuaciones dictado en julio por el juez Ruz, que el pasado 11 de diciembre acordó la apertura de juicio oral contra los acusados e impuso a los dueños de la compañía sendas fianzas de 236,4 y 476,4 millones de euros.

En el banquillo de los acusados también se sentarán José Luis Serrano Flórez y el asesor Gabriel Ignacio Petrus Labayen, que tendrán que abonar 224,3 y 365,4 millones de euros, respectivamente.

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 14 años de prisión para Carceller Arce y otra de 48 años y seis meses para su padre. El Ministerio Público atribuye a Carceller Arce un delito de cooperación necesaria en delitos contra Hacienda por supuestamente contribuir a la ocultación de las inversiones inmobiliarias de su padre en Arizona mediante la gestión de estructuras necesarias para ocultar todas las rentas generadas.

Anticorrupción considera que Carceller Coll se dedicó a ocultar sus rentas y patrimonio a Hacienda "cuando menos, desde el año 1990", simulando residir en Portugal y Reino Unido "con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España".

Así, el expresidente de la cervecera habría ocultado, según el escrito, ser el propietario real de importantes paquetes accionariales de entidades radicadas y cuyo núcleo principal de actividad se desarrolla en España para lo cual contó con la participación del resto de acusados.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dictado la apertura de juicio oral contra el presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, y su padre y ha dado a ambos un plazo de diez días para abonar una fianza en concepto de responsabilidad civil por importe de 236,4 y 476,4 millones de euros.

El magistrado les acusa de la comisión de delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales que llevan aparejadas penas que, en el caso del padre, superan los 48 años de prisión.

El juez también ha enviado a juicio al considerado hombre de confianza del padre del presidente de la cervecera José Luis Serrano Florez y al asesor Gabriel Ignacio Petrus Labayen que tendrán que abonar 224,3 y 365,4 millones de euros, respectivamente.

Considera que ha quedado indiciariamente acreditado que los imputados crearon una trama defraudatoria a la Hacienda Pública en relación al impuesto sobre la renta de personas físicas, impuesto de patrimonio y de sucesiones. Así, explica que al menos desde el año 90, Carceller Coll ocultó su domicilio real, que estaba en España, con el objeto de camuflar sus rentas y patrimonio a la Hacienda española, mediante estructuras fiduciarias radicadas la mayor parte de ellas en paraísos fiscales.

Ruz considera que Carceller Arce participó activamente en la gestión del patrimonio de su padre, "especialmente en inversiones en Arizona (Estados Unidos), articulando junto con los otros imputados, las estructuras societarias para ocultar todas las rentas generadas", según señala el auto que fue adelantado este jueves por El Confidencial.

Carceller Arce se enfrentará por tanto a un juicio en el que la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 14 años de prisión en su contra y 48 años y seis meses para su padre. El Ministerio Público atribuye a Carceller Arce un delito de cooperación necesaria en delitos contra Hacienda por supuestamente contribuir a la ocultación de las inversiones inmobiliarias de su padre en Arizona mediante la gestión de estructuras necesarias para ocultar todas las rentas generadas.

Anticorrupción considera que Carceller Coll se dedicó a ocultar sus rentas y patrimonio a Hacienda "cuando menos, desde el año 1990", simulando residir en Portugal y Reino Unido "con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España".

Así, el expresidente de la cervecera habría ocultado, según el escrito, ser el propietario real de importantes paquetes accionariales de entidades radicadas y cuyo núcleo principal de actividad se desarrolla en España para lo cual contó con la participación del resto de acusados.

Según el Ministerio Público, tanto Carceller Coll como su mujer, María del Carmen Arce, han residido en España tanto en la capital como en Galapagar (Madrid), si bien para ocultarlo adoptaban numerosas medidas de precaución "tales como evitar frecuentar restaurantes o sitos de ocio; realizar sus pagos en efectivo o delegar en su hijo", Carceller Arce, la firma de cualquier negocio u operación económica.

Todos los hechos atribuidos por Anticorrupción al empresario cervecero son constitutivos de trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales de los que Carceller Coll debe responder como autor mientras que su "mano derecha", su hijo y su asesor deberán hacerlo como cooperadores necesarios.

El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado las alegaciones de la familia de empresarios Carcellerempresarios Carceller y mantiene su decisión de enviarles al banquillo, según un auto de 24 de septiembre al que ha tenido acceso infoLibre.  

El pasado 16 de julio el juez concluyó la investigación sobre dos de los integrantes de la familia Carceller, asegurando que había indicios delictivos para llevar a juicio al presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, a su padre, Demetrio Carceller Coll, y a otros dos imputados por delitos contra la Hacienda Publica y blanqueo de capitales.

En este último auto de 24 de septiembre, el magistrado desmonta las intenciones de los Carceller de paralizar la instrucciónCarceller , rechazando el recurso del abogado José Antonio Choclán, que representa a estos empresarios propietarios del grupo de alimentación Damm. 

En este sentido, el juez analiza en el auto la comparecencia de los peritos propuestos por la defensa de los imputados, que según Ruz incurrieron "en diversas imprecisiones e incongruencias", algo que demuestra, según el criterio del magistrado, que habían "acometido un análisis meramente parcial" de la documentación del sumario, "llegando a omitir importante documentación que estaba a su disposición".

A tal respecto, prosigue el instructor, "no puede obviarse cómo a peguntas del Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado quedó evidenciado cómo los informes periciales aportados por la defensa presentan determinadas carencias o limitaciones respecto de los elementos de la causa que habían sido objeto de análisis por los peritos, reconociéndose por estos no haber analizado la declaración como imputado de Demetrio Carceller Coll, así como tampoco diferentes documentos y movimientos económicos de las sociedades investigadas obrantes en la causa".

Pero Ruz va más allá en su auto, asegurando que quedó constatado durante la diligencia de ratificación pericial "una falta total de conocimiento de la normativa tributaria aplicable al caso" por parte de los peritos de la defensa de los Carceller.

No de acuerdo

El juez destaca, además, que los dos peritos propuestos por los Carceller "ni tan siquiera pudieron ponerse de acuerdo sobre dónde, a su juicio, había residido Demetrio Carceller Coll durante el periodo investigado, llegando incluso a contradecir las manifestaciones que este en su declaración judicial efectuó sobre el lugar en el que había residido durante los años 2000 a 2009".

En este sentido, prosigue el magistrado, constan unidas a las actuaciones el resultado de las comisiones rogatorias remitidas por Portugal y Reino Unido –países donde Demetrio Carceller Coll manifestó haber residido durante los años objeto de investigación–, "cuyo contenido es concluyente pues corrobora, sin ningún género de dudas, que en ningún momento ha residido en dichos países".

Asimismo, el sumario incluye pruebas sobre la presencia de Carceller Coll en España, como por ejemplo conversaciones telefónicas, seguimientos policiales, testificales –entre las que el auto destaca las prestadas por Alonso Romero Vázquez, Teofilo Morales Toledo, Luis Rodríguez Rojo y María del Carmen Acevo Hidalgo–.

Pero también otra documentación de consumos habituales de hogar (electricidad y agua), domiciliaciones bancarias y asistencias medicas "que acreditan claramente que Demetrio Carceller Coll ha vivido, junto con su mujer, en Madrid y Galapagar domicilio este ultimo que, tras practicarse su registro por orden judicial, quedó patente que era el lugar donde residían la mayor parte del tiempo", completa Pablo Ruz.

Residió en España

Para el juez y la Fiscalía Anticorrupción, "basta realizar un análisis somero de las actuaciones para confirmar que los domicilios en los que, en todo momento, ha residido Demetrio Carceller Coll han estado ubicados en España" y, más concretamente, en Madrid y en Galapagar. 

Según los diferentes autos del caso, de la investigación realizada se ha podido acreditar de forma indiciaria que los imputados crearon desde 1990 una trama defraudatoria a la Hacienda Pública en relación al Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, al Impuesto de Patrimonio, y al de Sucesiones.

En los ocho años investigados (de 2001 a 2009) los Carceller dejaron de pagar, según los informes de Hacienda, 66 millones de euros, por lo que el juez considera que "debe perseguirse el delito contra la Hacienda Publica".

59,2 millones defraudados

La Fiscalía Anticorrupción asegura que los Carceller defraudaron otros 59,2 millones de euros en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), 41,98 millones en el Impuesto de Patrimonio y 1,77 millones en el de Sucesiones.

El Ministerio Público culminó su investigación sobre el patrimonio de la familia Carceller pidiendo 48 años de cárcel para Demetrio Carceller Coll y 14 para su hijo Demetrio Carceller Arce. Ambos son los propietarios de un importante conglomerado de empresas, entre las que se encuentra el Grupo Damm. El juez solicitó una fianza civil a la familia Carceller de 764 millones de euros.

El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha concluido la investigación sobre dos de los integrantes de la familia Carceller considerando que hay indicios para llevar a juicio al presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, a su padre, Demetrio Carceller Coll, y a otros dos imputados por delitos contra la Hacienda Publica y blanqueo de capitales.

En su auto en el que modifica la causa a procedimiento abreviado, el juez explica que ha quedado indiciariamente acreditado que los imputados crearon desde 1990 una trama defraudatoria a la Hacienda Pública en relación al Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, Impuesto de Patrimonio y de Sucesiones.

Además, el imputado Demetrio Carceller Coll ocultó su domicilio real, que estaba en España, con el objeto de evitar que sus rentas y patrimonio tuviera que tributar en la Hacienda española. En este sentido, se valió de estructuras fiduciarias radicadas la mayor parte de ellas en paraísos fiscales, "reinvirtiendo en las diversas sociedades controladas por él, las cuotas que, ejercicio tras ejercicio, se han ido defraudando a la Hacienda Pública española”.

En los ocho años investigados (de 2001 a 2009) la cuota diferencial, según los informes de Hacienda, supera los 66 millones de euros por lo debe perseguirse el delito contra la Hacienda Publica. La Fiscalía Anticorrupción asegura que los Carceller defraudaron 59,2 millones de euros en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), 41,98 millones en el Impuesto de Patrimonio y 1,77 millones en el de Sucesiones.

Ruz cierra la investigación después de que el Tribunal Supremo anulara el auto de la Sala de lo Penal, que había archivado la causa contra el presidente de Damm. Como ya argumentó en su día el juez, Carceller Arce participó activamente en la gestión del patrimonio de su padre, "especialmente en las inversiones en Arizona (Estados Unidos), articulando junto con los otros imputados, las estructuras societarias para ocultar todas las rentas generadas".

El juez concluye la investigación una vez que ha realizado, como le ordenó la Sala de lo Penal, la ratificación de los peritos, tal y como adelantó este miércoles infoLibre. Ahora las partes tienen veinte días de plazo para solicitar la apertura de juicio oral.

Los once peritos de la Agencia Tributaria que han elaborado los informes que han servido para la acusación del juez Pablo Ruz contra dos de los miembros de la familia Carceller, los principales accionistas de la cervecera Damm, han ratificado este lunes el contenido de sus trabajos, según han confirmado a infoLibre fuentes del caso.

Estos informes establecen que Demetrio Carceller Coll, quien según la Fiscalía Anticorrupción simuló vivir en Portugal para pagar menos impuestos, defraudó 59,2 millones de euros en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), 41,98 millones en el Impuesto de Patrimonio y 1,77 millones en el de Sucesiones.

102,95 millones

En total 102,95 millones, tal y como recoge el escrito del fiscal. El hijo del principal acusado, Demetrio Carceller Arce, actual presidente de la cervecera Damm, fue la persona que ayudó al anterior a crear una red defraudatoria, que utilizaba entidades financieras radicadas en paraísos fiscales como Luxemburgo, Panamá, las antiguas Antillas Holandesas y la isla portuguesa de Madeira, según la Fiscalía Anticorrupción.

Dicho entramado societario fue creado con el asesoramiento y colaboración del bufete barcelonés Pretus. Y en concreto fue el abogado Gabriel Ignacio Pretus Labayen, que está imputado en el caso, el responsable de la cartera del cliente Demetrio Carceller Coll.

Precisamente los informes de los peritos han servido de base para que el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, solicite a los Carceller una de las fianzas civiles de mayor cuantía: 764 millones.

Fianzas de 1.437 millones

Las fianzas para los otros dos imputados son de 269,5 millones para el caso de José Luis Serraño Flórez y de 402,86 millones para Gabriel Ignacio Pretus Labayen. En total los imputados implicados en la causa deberán abonar fianzas de responsabilidad civil por un monto de 1.437 millones de euros.

Pero además de los peritos que han actuado en auxilio judicial, este martes también se ratificaron en sus conclusiones dos peritos, propuestos por las partes, que según fuentes de la Audiencia Nacional han defendido la actuación de los Carceller.

El denominado por fuentes del caso como contrainforme se llevó a cabo tras la decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de que se practicara esta prueba, como contrapeso a las conclusiones de los peritos de la Administración.

"Derecho de defensa"

El ponente de la sentencia, el magistrado Guillermo Ruiz Polanco, obligó a Ruz en enero de 2014 a dar un nuevo plazo, de dos meses, a los Carceller para que presentaran el contrainforme. Y justificó esta medidacon la finalidad de salvaguardar "el derecho de defensa" y de "delimitar la imputación".

En el mismo auto de la Audiencia Nacional los magistrados archivaban la imputación del presidente de Damm. Pero este fallo fue recurrido por el Ministerio Público y por la Abogacía del Estado.

Y la decisión de la Audiencia fue revocada por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, que volvió a imputar a Demetrio Carceller Arce, dando de nuevo legitimidad a la decisión del juez Pablo Ruz de abrir juicio oral contra los Carceller y las otras dos personas imputadas en el caso.

Con las comparecencias este lunes de los peritos que han elaborado los informes que han servido para que tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez mantengan sus acusaciones el caso podría estar próximo a su finalización. Fuentes del caso apuntan la posibilidad de que el juez Ruz cierre en próximas fechas la instrucción con la finalidad de que se juzgue a los Carcellerse juzgue a los Carceller.

De esta forma, los magistrados del Supremo Luciano Varela Castro, Andrés Martínez Arrieta, José Manuel Maza Martín, Miguel Colmenero Méndez de Luarca, y Andrés Palomo del Arco han estimado el recurso que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado presentaron contra la decisión de la Audiencia Nacional de archivar las diligencias de investigación por delitos fiscales contra el presidente del grupo cervecero.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había resuelto el 2 de enero en un auto, cuyo ponente fue el magistrado Guillermo Ruiz Polanco, que se dictara el sobreseimiento de las actuaciones contra Carceller Arce. La Fiscalía Anticorrupción y el propio juez consideraban que el presidente de Damm fue cooperador necesario de cuatro delitos contra la Hacienda Pública y por blanqueo de capitales, tal y como consta en el auto de apertura de juicio oral de 31 de octubre de 2013.

Por esos delitos, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba 14 años de cárcel para Carceller ArceCarceller Arce, que también tendría que pagar una fianza de 253 millones de euros. Junto con los 511 millones requeridos a su padre, Demetrio Carceller Coll, esta familia vinculada al régimen franquista, pues el abuelo Demetrio Carceller Segura fue ministro del dictador Francisco Franco, tendrá que afrontar un pago de 764 millones de euros.

En una resolución, adelantada por Europa Press, el ponente del Supremo, Luciano Varela Castro, discrepa de la interpretación de la Audiencia Nacional, que había justificado el archivo de las actuaciones al considerar que no aparecía acreditado en el sumario ningún delito cometido por Carceller Arce, "a quien ha de atribuirse meramente la actividad dirigida a supervisar y controlar las inversiones de su padre", tal y como especifica el auto ya revocado de la Audiencia Nacional.

Los magistrados del Supremo consideran que en realidad la decisión de la Audiencia "no discrepa" de la del juez Ruz en cuanto a los hechos que se atribuyen a Carceller Arce: "Lo que discute es su valoración y las consecuencias de éste en cuanto a la calificación jurídica".

Gestionar y controlar

Y ante esa discrepancia, el Tribunal Supremo opta por la visión del juez Ruz: "Coincidimos con la decisión del instructor. Y ello porque, a efectos de tipicidad, la pretendida diversidad entre gestionar y controlar la gestión es, en ausencia de mayores matizaciones, indiferente".

De esta forma, el Supremo revoca la decisión de la Audiencia Nacional, que en el auto especificaba que el presidente de Damm no había cometido fraude fiscal: "Siendo así que, propiamente, el recurrente no gestionaba sino que, en actividad marginal, controlaba la gestión de otros respecto de las inversiones de Carceller Coll, constando en autos los artífices de tales actividades gestoras directas".

"Trama defraudatoria"

La investigación llevada a cabo por el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción acreditaba la existencia de "una trama defraudatoria a Ia Hacienda Pública, en relación aI Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (IRPF), al Impuesto sobre el Patrimonio y al lmpuesto de Sucesiones".

Según Ruz, esta trama ocultó desde los años 90 el domicilio reaI de Demetrio Carceller Coll, el expresidente del Grupo Damm, que aseguraba vivir en Portugal, cuando en realidad residía en Madrid. Además, creó varias estructuras fiduciarias radicadas en paraísos fiscales, "reinvirtiendo en sus empresas españolas las cuotas que, ejercicio tras ejercicio, se han ido defraudando a la Hacienda Pública española", explica el juez en un auto.

La Fiscalía atribuye a Carceller Arce el delito de cooperación necesaria por contribuir a la ocultación de las inversiones inmobiliarias de su padre en Arizona (Estados Unidos), mediante la gestión de estructuras necesarias para ocultar todas las rentas generadas.

Su defensa negaba este extremo y sus argumentos fueron acogidos por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. infoLibre se ha puesto en contacto con el abogado de la defensa de los Carceller, José Antonio Choclán, quien no ha querido hacer declaraciones sobre la sentencia del Tribunal Supremo.

Demetrio Carceller Arce, empresario, presidente de la cervecera Damm (la familia controla el 42%), primer accionista de la constructora Sacyr (15%) y principal accionista del grupo Pescanova (7,8%), vive tiempos agitados. Los problemas de Sacyr para mantener las obras de ampliación del Canal de Panamá y la operación diseñada para controlar Pescanova van a poner a prueba la capacidad de maniobra y la fortuna de los Carceller.

La fortuna familiar está sometida, además, al escrutinio de la Fiscalía Anticorrupción por las maniobras supuestamente delictivas de Demetrio Carceller Coll, padre de Carceller Arce, para defraudar a la Hacienda Pública. Anticorrupción acusaba también al actual presidente de Damm, pero la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional levantó la imputación al empresario a principios de año.

En la partida empresarial múltiple a la que se enfrenta Carceller, los movimientos son de cientos de millones. Eso, sin contar imprevistos. El más reciente ha sido el levantado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al probar que en la cervecera Damm, en la que  los Carceller declaraban controlar un 27,9% a través de la compañía Disa (primer accionista también de Sacyr), controlan en realidad más del 42%.controlan en realidad más del 42%. La clave: Carceller padre, junto a su esposa Carmen Arce Ochoa, poseen una sociedad llamada Seegrund que controla casi el 14% de Damm.

El asunto tiene trascendencia porque una interpretación estricta de la legislación, que Damm y los Carceller descartan, podría obligar a la familia a lanzar una OPA de exclusión sobre la compañía al sobrepasar el 30% del capital. Frente a esta tesis, los Carceller defienden que una cosa son las acciones del hijo y otra las acciones del padre.

La partida de Pecanova

La posición en Damm, sin embargo, es clave en la partida que los Carceller libran por el control,del grupo Pescanova. Carceller, junto un grupo de fondos (KKR, Ergon y Luxempart) ha propuesto a los bancos acreedores una fuerte quita de la deuda (de entre el 80% y el 90%), acompañada de una "operación acordeón" (reducción y ampliación de capital) en la que se aportaría entre 250 y 300 millones de "dinero fresco". Una cantidad importante. La operación, en cualquier caso, tiene que pasar el filtro de la junta de accionistas.

Son cientos de millones en un contexto empresarial todavía difícil, muy condicionado por la falta de crédito. En ese marco, Carceller se enfrenta a los problemas de Sacyr en Panamá. La constructora, en la que Carceller, a través de Disa Corporación Petrolífera, controla un 13%, necesita dinero fresco para que el consorcio que encabeza junto al grupo italiano Impregilo y el belga Jan De Nul culmine las obras que ganó en 2009 con una oferta de 3.200 millones de dólares.

El consorcio que lidera Sacyr reclama 1.600 millones de dólares más a las autoridades panameñas para concluir las obras. La negociación, en la que ha participado el Ministerio de Fomento está en marcha. Fuentes al tanto de los contactos apuestan por una solución en la que ambas partes, la Autoridad del Canal de Panamá y el consorcio que encabeza Sacyr acercarían posiciones, los panameños aportando algún dinero más y la constructora asumiendo el cumplimiento del contrato.

Crédito cegado

Para ello, necesita también dinero. Con el crédito cegado, fuentes conocedoras de la situación del grupo apuestan por una posible ampliación de capital que daría aire al negocio y permitiría mantener la actividad en Panamá. Un portavoz de Sacyr, sin embargo, ha descartado de plano tal posibilidad y ha destacado la capacidad de obtener recursos del grupo en caso de que lo precisara.

Sacyr colocó hace dos años en el mercado 230 millones en bonos convertibles en acciones entre inversores institucionales europeos.  El vencimiento previsto era el 1 de mayo de 2016 con un interés fijo anual pagadero trimestralmente del 6,50% nominal anual y un precio de conversión inicial de 10,61 euros por acción.

La posibilidad de realizar una nueva emisión es una opción más en el complicado momento empresarial que vive Carceller, sometido más que nunca al escrutinio público por el origen y la gestión de la fortuna familiar.

La fortuna familiar de los Carceller se inició con el abuelo, Demetrio Carceller Segura, exministro de Industria de la dictadura franquista. Carceller Segura, el patriarca, fue ministro de Industria en 1940 y aliado de la Alemania nazi, es considerado por el historiador Josep Fontana como "el iniciador de la corrupción a gran escala" del franquismo.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado parcialmente el recurso presentado por la defensa del presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce, y ha acordado el archivo de las diligencias por las que fue imputado el pasado mes de junio por el juez Pablo Ruz por delitos contra la Hacienda Pública. Anticorrupción ya había presentado escrito de acusación contra él solicitando 14 años de prisión.

Fuentes de la defensa de Carceller y de la de su padre, Demetrio Carceller Coll, para quien se piden 48 años de cárcel también por fraude fiscal, han señalado a Europa Press que en otro auto la misma Sala dictamina que se han vulnerado los derechos de este último, hurtándole la posibilidad de realizar pruebas periciales que desvirtúen los hechos que se le imputan.

En este sentido, la Audiencia Nacional revoca el auto de procedimiento abreviado dictado por el juez Pablo Ruz contra Carceller Coll y deja igualmente sin efecto los escritos de acusación, el auto de apertura de juicio oral y la exigencia de fianza, si bien el empresario continúa imputado en el procedimiento.

El pasado 4 de noviembre Ruz impuso al expresidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Coll, y a su hijo y actual presidente, Demetrio Carceller Arce, fianzas de 511,192 millones de euros y 253,653 millones de euros, respectivamente, en concepto de responsabilidad civil y multas por las que podrían ser condenados como responsables de trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales.

La plataforma de afectados de Pescanova, que representa el despacho de abogados de Joaquín Yvancos, ha calificado este lunes de "tomadura de pelo" la elección del consorcio Damm y los fondos Luxempart, KKR y Ergon Capital para reflotar la pesquera. 

"Resulta escandaloso que sean las mismas personas, algunas de ellas imputadas en la Audiencia Nacional por la comisión de graves delitos, quienes se autoproclamen como los salvadores de una sociedad que fue quebrada con la participación de los propios consejeros que quieren controlar el destino de Pescanova", ha subrayado dicha plataforma. 

La Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado mes de octubre en la Audiencia Nacional un escrito solicitando la apertura de juicio oral contra el que fuera presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Coll; su hijo y actual presidente, Demetrio Carceller Arce y otras dos personas como responsables de trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales. 

Al actual presidente de Damm, Carceller Arce, se le atribuyen cuatro delitos contra la Hacienda Pública, en concreto por el fraude de IRPF correspondiente a los ejercicios fiscales de 2007, 2008 y 2009 y por el fraude sobre Impuesto sobre el patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal 2007, además de un delito de blanqueo de capitales. Se le piden por ello 14 años de cárcel y multas millonarias. A su padre, Anticorrupción le pide tres años y medio de prisión por cada uno de los delitos de fraude y tres años por el de blanqueo.

La plataforma de afectados ha denunciado que parte del actual consejo de la empresa gallega se adjudica el control de la firma, tras "ocultar" a los accionistas y a la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el contenido de las otras cuatro ofertas que pugnaban para dirigir el proceso de reestructuración de la firma y asegurar su viabilidad futura.

A su juicio, la solución para la firma gallega sería la venta a la mejor oferta, supervisada por el Juzgado de lo Mercantil que conoce el concurso, "con luz, taquígrafos y transparencia", unas características que, en su opinión, no cumplen los consejeros, "destacados autores en la ruina de Pescanova".

Finalmente, el despacho de Yvancos ha subrayado que la única alternativa para que los accionistas minoritarios recuperen la inversión sería adherirse a la querella presentada el 11 de abril y que dio origen al procedimiento que se sigue ante la Audiencia Nacional.

La familia Carceller, propietaria del Grupo Damm, ha presentado más de 800.000 acciones de la empresa petrolera Disa Corporación, valoradas supuestamente en 600 millones, con la finalidad de cubrir la fianza de responsabilidad civil de 764 millones de euros que le impuso el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Los acusados son Demetrio Carceller Coll y su hijo Demetrio Carceller Arce, quien es ahora el encargado de llevar las riendas de los negocios familiares. Ambos empresarios afrontan la acusación de trece delitos contra la Hacienda Pública y uno más por blanqueo de capitales.

Como es evidente, los 600 millones no son suficientes para cubrir la fianza de 764 millones impuesta a los dos empresarios, cuya fortuna familiar se inició con el abuelo, Demetrio Carceller Segura, exministro de Industria de la dictadura franquista. Según el procedimiento habitual, el juzgado tasará las acciones, como paso inicial antes de pasar a pignorar los títulos, que no podrán ser vendidos ni transmitidos por los Carceller.

Desde los años 90

La investigación llevada a cabo por el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción ha acreditado de forma indiciaria la existencia de "una trama defraudatoria a Ia Hacienda Pública, en relación aI Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (IRPF), al Impuesto sobre el Patrimonio y al lmpuesto de Sucesiones". Según Ruz, esta trama ocultó desde los años 90 el domicilio reaI de Demetrio Carceller Coll, el expresidente del Grupo Damm, que aseguraba vivir en Portugal, cuando en realidad residía en Madrid. Además, creó varias estructuras fiduciarias radicadas en paraísos fiscales, "reinvirtiendo en sus empresas españolas las cuotas que, ejercicio tras ejercicio, se han ido defraudando a la Hacienda Pública española", explica el juez en un auto.

Pero además de Carceller Coll, su hijo y actual presidente del grupo alimentario Damm Demetrio Carceller Arce, es uno de los principales imputados. Según la Fiscalía Anticorrupción, participa de forma activa en la gestión del patrimonio familiar, "y especialmente en las inversiones inmobiliarias que tienen en Arizona (Estados Unidos)". El sumario especifica que los Carceller habrían invertido desde paraísos fiscales en negocios inmobiliarios en el Estado norteamericano.

Irregularidades en Disa Corporación

Precisamente, parte de las irregularidades detectadas por la Fiscalía Anticorrupción se centran en la sociedad Disa Corporación Petrolífera, cuyas acciones han sido consignadas en la Audiencia Nacional para cubrir la fianza civil previa al juicio. "Se creó una estructura financiera encabezada por la sociedad panameña Financiera Intercontinental, de la que pendían otras sociedades principalmente de las Antillas Holandesas y chipriotas, a través de la cual ocultó" la titularidad de los imputados en Disa y en otras empresas.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz había dado diez días de plazo a Demetrio Carceller Coll y a su hijo para que depositaran 511,1 y 253,6 millones de euros, respectivamente, en concepto de responsabilidad civil y multas que se piden para ellos como responsables de trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales.

Imputación "infundada"

La defensa del presidente Carceller Arce aseguró hace varias semanas que su imputación por delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales es "manifiestamente infundada" y se sustenta en "premisas erróneas", ante lo que ha anunciado que recurrirá "en tiempo y forma".

Este caso no es el único problema judicial en el que se ha visto envuelto la familia Carceller. El pasado 18 de noviembre, accionistas minoritarios de Pescanova, personados como acusación en la causa contra Manuel Fernández de Sousa, presentaron un escrito en la Audiencia Nacional en el que solicitaban la prisión provisional para el expresidente de la pesquera y la imputación del presidente del cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce, y de su hermano José Carceller.

En concreto, Ruz considera que Demetrio Carceller Coll, hijo de un ministro de la dictadura de Franco, es autor de 13 delitos contra la Hacienda Pública y uno de blanqueo de capitales, por lo que tendrá que consignar una fianza de 511 millones de euros. Su hijo, Demetrio Carceller Arce, que es el actual gestor de la empresa familiar, es acusado de cuatro delitos contra la Hacienda Pública y un quinto de blanqueo de capitales en calidad de cooperador necesario. En el caso de Carceller Arce la fianza civil se eleva gasta los 253 millones de euros. En total 764 millones de euros.

Asimismo, el juez mantiene el bloqueo de las acciones vinculadas a Demetrio Carceller Coll de las que es titular la empresa Seegrund BV en el Grupo Damm, que tienen un valor de 208,5 millones de euros.

Además de la familia Carceller, el juez de la Audiencia Nacional ha impuesto 269,5 millones de euros a José Luis Serrano Flórez y 402,8 millones a Gabriel Pretus Labayen como cooperadores necesarios. En total, las fianzas en relación con este caso se elevan hasta los 1.437 millones de euros, más de 200 millones superior a las fianzas del caso Pecanova, también dictadas por el juez Pablo Ruz.

La Fiscalía Anticorrupción señalaba en su escrito que Carceller Coll se ha dedicado a ocultar sus rentas y patrimonio a Hacienda "cuando menos, desde el año 1990", simulando residir en Portugal y Reino Unido "con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España", informa Europa Press.

Así, el expresidente de la cervecera habría ocultado, según Anticorrupción, ser el propietario real de importantes paquetes accionariales de entidades radicadas y cuyo núcleo principal de actividad se desarrolla en España para lo cual contó con la participación del resto de acusados.

Añadía Anticorrupción que, con este fin, utilizó "un entramado societario de estructuras fiduciarias tipo trust radicadas en paraísos fiscales como Panamá, Luxemburgo, Antillas holandesas y Madeira. Dicho entramado fue creado con el asesoramiento del despacho de Gabriel Ignacio Petrus, que llamaba a su cliente con el apodo "Jardines".

Según el Ministerio Público, tanto Carceller Coll como su mujer, María del Carmen Arce, han residido en España tanto en la capital como en Galapagar (Madrid), si bien para ocultarlo adoptaban numerosas medidas de precaución "tales como evitar frecuentar restaurantes o sitos de ocio; realizar sus pagos en efectivo o delegar en su hijo", Carceller Arce, la firma de cualquier negocio u operación económica.

Todos los hechos atribuidos por Anticorrupción al empresario cervecero son constitutivos de trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales de los que Carceller Coll debe responder como autor mientras que su "mano derecha", su hijo y su asesor deberán hacerlo como cooperadores necesarios.

Responsabilidad del actual presidente

Por su parte, al actual presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, concretamente, se le atribuyen cuatro delitos contra la Hacienda Pública, en concreto por el fraude de IRPF correspondiente a los ejercicios fiscales de 2007, 2008 y 2009 y por el fraude sobre Impuesto sobre el patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal 2007, además de un delito de blanqueo de capitales. Se le piden por ello 14 años de cárcel y multas millonarias.

A su padre, Anticorrupción le pide tres años y medio de prisión por cada uno de los delitos de fraude y tres años por el de blanqueo. Para José Luis Serrano Florez 19 años de cárcel y para el asesor Ignacio Gabriel Petrus 41 años.

El escrito detalla las complicadas estructuras fiduciarias creadas y utilizadas para ocultar todos los intereses económicos de Carceller padre así como para revertir las cantidades defraudadas e incrementar así su patrimonio y rentas.

Se hizo a través de sociedades como Atlántica Petrogás S.A. (antigua Naviera Petrogás S.A.). De esta sociedad el empresario ostentaba un paquete a través de Aboukier Maritime S.A, participada a su vez por la sociedad de Madeira Roquesta Constultadoria E Servicios LDA. Entre ellas se adquirían participaciones que pasaban a formar parte de otras sociedades como la lusemburguessa List S.A o la alemana Bankhaus Hermann Lampen KG en lo que el fiscal denomina Operación Nelson.

El escrito de Anticorrupcion detalla operaciones similares para la ocultación de activos en otras sociedades como la Piolin (para ocultar paquetes accionariales en Inmuebles del Archipiélago S.A, Cursa, Syoc, Amicsa); la "operación Halfrond" (para ocultar inversión en Hidroeléctrica del Cantábrico S.A.) o la denominada "operación de sociedades agrarias" (inversiones en Majanova, Garcibravo, Los Tojales, La Torre de Gudiamar; Paymogo, Azanaque y FM).

Anticorrupción contabiliza hasta seis de estas operaciones e incluye también en su escrito que Carceller Coll fue titular de diversas cuentas bancarias abiertas en JP Morgan y Citigroup; así como de sociedades instrumentales que a su vez figuraban como titulares de cuentas abiertas en estas entidades financieras.

Dichas cuentas bancarias, si bien operaban materialmente desde España, según Anticorrupción, estaban abiertas formalmente en oficinas bancarias del exterior, en concreto Citigroup Private Bank en Londres y JP Morgan en Bruselas, lo que contribuyó a conseguir la finalidad defraudadora perseguida por el expresidente de la cervecera.

También se le atribuye a Carceller Coll un ocultamiento de fondos a la hora de declarar los bienes heredados tras el fallecimiento de su hermana Josefina Carceller en lo que Anticorrupción denomina Operación Tia Tula 2.

En este caso, heredó un total de 9.072.981,54 euros y únicamente declaró 6.736.887,64. Sólo en esta operación defraudó al fisco 1,2 millones de euros. Hasta julio de 2013, según Anticorrupción, los intereses de demora devengados por dicha cuota ascendía a 486.418,56 euros.

El texto supone un varapalo judicial para una familia que apuntaló su riqueza durante el primer franquismo. "Se ha dedicado a ocultar sus rentas y patrimonio a la Hacienda Pública española, simulando residir fuera de España, en concreto en Portugal y Reino Unido, con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España", reprocha el representante del Ministerio Público, que acusa a Demetrio Carceller Coll de trece delitos por haber defraudado a Hacienda más de 72 millones de euros. A estos delitos el fiscal suma el de blanqueo de capitales. Al contrario de lo que alega Carceller Coll, tanto él como su mujer, María del Carmen Arce, han residido en España tanto en su domicilio de Madrid como en Galapagar (Madrid), si bien para ocultarlo habían adoptado numerosas medidas de precaución: "Como evitar frecuentar restaurantes o sitios de ocio; realizar sus pagos en efectivo o delegar en su hijo", Carceller Arce, la firma de cualquier negocio u operación económica. Precisamente, al actual presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, se le atribuyen cuatro delitos contra la Hacienda Pública, en concreto por el fraude de IRPF correspondiente a los ejercicios fiscales de 2007, 2008 y 2009 y por el fraude sobre Impuesto sobre el patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal 2007, además de un delito de blanqueo de capitales. Anticorrupción le pide por ello 14 años de cárcel y multas millonarias.

Ambos empresarios son el hijo y el nieto del patriarca de la familia: Demetrio Carceller Segura, que nació en 1894 en la localidad de Las Parras de Castellote (Teruel), pero que siendo niño emigró junto a sus padres a Terrasa (Barcelona). Fallecido en 1968, este falangista de la viaja guardia, pues fue una de las personas que ayudó a José Antonio Primo de Rivera a fundar el movimiento fascista español, fue nombrado el 17 de octubre de 1940 ministro de Industria de la dictadura de Franco. Pronazi convencido, es considerado también, tal y como recuerda el historiador Josep Fontana en su obra La economía del primer franquismo (pdf)La economía del primer franquismo (pdf), "el iniciador de la corrupción a gran escala" del franquismo. "Y es evidente que dejó el Gobierno con una fortuna inmensa", confirma el historiador catalán.

"Por sus manos pasan miles de millones"

Precisamente Fontana cita un manuscrito de la época cuyos autores estaban vinculados a Juan de Borbón, el padre del actual monarca, Juan Carlos I, que explica el perfil del patriarca familiar de los Carceller, que estudió la carrera de ingeniero textil: "Ninguno de los negocios, empresas, industrias, comercios, permisos de importación, de exportación, negocios bancarios, establecimientos de industrias o su ampliación, o de comercios, ni una sola actividad industrial, comercial o de la banca españolas puede realizarse sin contar con el beneplácito de don Demetrio Carceller", por cuyas manos pasan, añadía el documento, "miles y miles de millones de pesetas". Según Fontana, el dinero pasaba, "pero no sin dejar peaje".

En el seno de la familia Carceller no sufrieron las privaciones de la posguerra. Más bien todo lo contrario. Demetrio Carceller Coll y sus dos hermanas, María y Josefina, pudieron presenciar como su padre amasaba una inmensa fortuna, que tuvo su origen inicialmente, cuentan los historiadores, en el negocio de los combustibles. En los años 30 el patriarca funda la empresa DISA Corporación Petrolífera. Y ahí es cuando este empresario comienza a mantener contactos con productores de petróleo de Estados Unidos y otros países. Pero sobre todo "genera en Canarias una red de amistades y contactos políticos, en las empresas públicas Campsa y Cepsa". El papel de Carceller fue fundamental tras el golpe de Estado del general Francisco Franco que acabó con la democracia en España. Tras el golpe de Estado abandona Cataluña y se desplaza a Burgos. Ahí forma parte de la comisión de Industria y Comercio del gobierno provisional de Franco denominado Junta de Defensa de Burgos. Los cronistas le atribuyen un papel vital a la hora de convencer a empresarios norteamericanos para que suministraran combustible a los militares golpistas.

Partidario de la alianza con la Alemania nazi

El 13 de septiembre de 1940, meses después de acabar la guerra civil, Carceller, que era partidario de que España se aliara a Alemania y entrara en la II Guerra Mundial, formó parte de la comitiva española encabezada por Ramón Serrano Súñer con destino al Berlín de Hitler. En este viaje se habló de la entrada de España en la guerra, y fue el preludio de la reunión que se produjo en la localidad francesa de Hendaya entre los dos dictadores fascistas: Adolf Hitler y Francisco Franco. El periodista español Ramón Garriga, en su libro La España de Franco, editada en dos tomos en México en 1970 y en 1971, atribuye a Carceller la siguiente cita. "A la hora de la victoria verá Hitler quienes han sido sus verdaderos amigos y recibiremos el premio que nos hemos merecido".

Unos días después de que la delegación española volviera de Alemania, el 17 de octubre de 1940, el dictador Franco firmó un decreto en el que nombraba ministro de Asuntos Exteriores a Ramón Serrano Súñer, y de Industria y Comercio a Demetrio Carceller Segura, ambos partidarios de la Alemania hitleriana. Por cierto que la evasión fiscal ya se practicaba entonces. Según publicó el banco suizo ABS en 1997, Súñer y su mujer, la hermana de la esposa del dictador Franco, ya habían abierto una cuenta en Suiza antes de 1945.

Pese a su germanofilia, Carceller fue uno de los primeros en darse cuenta de que Alemania podía perder la contienda. Además, según el historiador José Ramón Villanueva Herrero, fue el promotor, en plena autarquía del régimen fascista de Franco, de los programas "quiméricos" de autoabastecimiento. Planteó producir carburante a partir de las pizarras y el lignito de Teruel y de Puertollano (Ciudad Real). Precisamente este historiador ubica a Carceller en medio de un episodio histórico relacionado con la estación de Canfranc, en Huesca: "España, pese a las presiones de Estados Unidos, permitía la exportación de wolframio, que es un material con el que se hacían los cañones. Los trenes suministraban este mineral a Alemania pasando por Francia, y en sentido contrario los alemanes lograban repatriar el oro expoliado de los bancos ocupados y del oro saqueado a la población judía. Documentación encontrada muestra como varios convoyes de ferrocarril llegaron a pasar a España cajas que contenían oro, violines y obras de arte. El destino era Portugal, y de ahí a Sudamérica. En la estación de Canfranc llegó a instalarse una compañía suiza dedicada a descargar estos cargamentos", explica Villanueva Herrero, que cita la obra El oro de Canfranc, del periodista aragonés Ramón J. Campo. El régimen de Franco, con Carceller Segura de responsable de Industria, no acabó con este tráfico de materiales.

En 1933 Carceller Segura había fundado la empresa Distribuidora Industrial S. A. (DISA), tal y como recuerda la Fiscalía en su escrito de acusación: "DISA es la sociedad dominante de un importante grupo de comercialización, transporte y almacenaje de productos energéticos con una sólida implantación en el ámbito territorial de las Islas Canarias siendo accionista de referencia en la misma la familia Carceller, habiendo fundado esta compañía el padre de Demetrio Carceller Coll, encontrándose su domicilio social en Santa Cruz de Tenerife".

Comercializó la bombona de butano

DISA, pese a que no es una empresa muy conocida, fue la primera empresa que comercializó la bombona de butano. Se constituyó en las Islas Canarias, pues en la década de los años 30 era el único territorio en el que no permanecía vigente el monopolio de los hidrocarburos. En la actualidad DISA tiene más de un millar de empleados y posee más de 500 gasolineras. Precisamente la sociedad DISA, que está en el origen de la fortuna de esta familia, es una de las firmas por las que la Audiencia Nacional atribuye hasta trece delitos contra la Hacienda Pública a los Carceller.

La participación accionarial de Demetrio Carceller Coll en DISA es una muestra del complejo entramado urdido por los Carceller, en connivencia con diferentes abogados y especialistas en la materia. Así, desde un punto de vista formal, DISA Corporación Petrolífera está controlada por la sociedad holandesa Padlock BV. Esta empresa está a su vez participada únicamente por la sociedad de las Antillas holandesas Caloric NV, que es al 100% de la panameña Financiera Intercontinental. La Fiscalía destaca también, en su escrito de acusación, que en fecha 20 de agosto de 2008 la firma Caloric NV fue sustituida como accionista única de Padlock BV por la sociedad de nacionalidad chipriota Japan Invesments. Y cuarenta días más tarde, esto es, el 1 de octubre de 2008, por la también sociedad chipriota Monida Limited, cuyo domicilio es el mismo que el de Japan Invesments, sociedades ambas cuyo beneficiario es Demetrio Carceller Coll. Todo con la intención de no pagar impuestos en España. Solo la participación de Carceller Coll en DISA le generó unos dividendos de 16,8 millones entre 2000 y 2005.

Pero el principal ejemplo de la decisión de la familia Carceller de ocultar su dinero al fisco es, tal y como especifica el escrito de la Fiscalía, el cobro de la herencia de Josefina Carceller Coll, la hermana del principal acusado por la Audiencia Nacional. Esta argucia ha podido ser desenmascarada gracias a la operación policial denominada "Tía Tula 2". A consecuencia de la herencia recibida, el 26 de septiembre de 2006, Demetrio Carceller Coll presentó autoliquidación del Impuesto de Sucesiones ocultando a la Hacienda Pública parte de los fondos recibidos. En concreto, ocultó parte de los activos que Josefina Carceller tenía en la sociedad Beachlake Hattaway Gestao e Investimentos y parte de los fondos que ésta había aportado a la mencionada sociedad, así como la mitad del valor obtenido por la enajenación de un fondo Bankinter. La cuota defraudada por Demetrio Carceller Coll correspondiente al Impuesto de Sucesiones del año 2006 asciende a 1,2 millones, cantidad que, sumando los intereses de demora calculados hasta el mes de julio de 2013 y que se concretan en 486.418 euros, supera los 1,7 millones de euros.

El escrito de acusación del fiscal, de 42 páginas, realiza un prolijo relato de todos los presuntos fraudes de una familia que posee o ha llegado a poseer participaciones industriales en empresas muy conocidas en España, como por ejemplo la cervecera Damm, Ebro-Puleva, Rodilla, Sacyr, Repsol, Estrella de Levante, Atlántica Petrogas, Banco Herrero, Hidroeléctrica del Cantábrico, Gas Natural, Unión Fenosa, y la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH). Una de sus últimas maniobras empresariales ha convertido a los Carceller en los socios de referencia de Pescanova, la multinacional de congelados gallegos que se encuentra en concurso de acreedores desde el pasado mes de abril.

En concreto, el juez detalla que, según los informes elaborados por la Agencia Tributaria, Carceller Coll podría haber defraudado entre los años 2001 y 2009 un total de 42,34 millones de euros en concepto de IRPF y 29,69 millones más en relación con el Impuesto de Patrimonio. Así, el expresidente de la cervecera ha ocultado, según Anticorrupción, ser el propietario real de importantes paquetes accionariales de entidades radicadas y cuyo núcleo principal de actividad se desarrolla en España, para lo cual contó con la participación del resto de acusados. Añade que, con este fin, utilizó "un entramado societario de estructuras fiduciarias tipo trust radicadas en paraísos fiscales como Panamá, Luxemburgo, Antillas Neerlandesas y Madeira". Dicho entramado fue creado con el asesoramiento del despacho de Gabriel Ignacio Petrus, que llamaba a su cliente con el apodo 'Jardines'.

El papel del nieto

Pero la Fiscalía no considera, ni mucho menos, que el papel del nieto de la saga de los Carceller haya sido menor. Su nombre ya apareció vinculado al despacho de abogados Luis de Miguel, que fue gestor de cuentas del cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa. Luis de Miguel ha sido recientemente condenado a 21 años de cárcel junto al empresario guipuzcoano Juan Ramón Reparaz (38 años de prisión). Cuando el 30 de noviembre de 2005, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, dictó una orden de entrada y registro del despacho de Luis de Miguel, la Policía Judicial pudo comprobar que Demetrio Carceller Arce, uno de los hombres más ricos de España y que forma o ha formado parte de los consejos de administración de empresas tan conocidas como Sacyr, Repsol o Gas Natural, había tejido una complicada red de empresas en el exterior. "La familia Carceller [en referencia a Demetrio Carceller Arce y su hermano José Carceller Arce] ha utilizado las sociedades Caspian, Brightleaf y Tilia" para eludir la Hacienda española, explicaba ya entonces la Fiscalía Anticorrupción, según un documento aportado al sumario Gürtel.

La participación de Carceller Arce en la ocultación de los negocios familiares tuvo su máxima expresión, según la Fiscalía, en los negocios inmobiliarios de estos en Arizona (Estados Unidos). La finalidad de esta operación fue crear una estructura de sociedades opaca a través de la cual Demetrio Carceller Coll pudiera ocultar al erario público español las importantes inversiones inmobiliarias que tenía (y tiene) en EEUU. En concreto en centros comerciales situados en las ciudades de Phoenix y en Tucson, en el estado de Arizona. Para conseguir su propósito utilizó unas sociedades antillanas que figuraban como titulares formales de dichos activos inmobiliarios de uso comercial, si bien todas ellas estaban participadas en un porcentaje superior al 90% por la sociedad panameña Holding Americano. Su financiación se realizaba mediante préstamos concedidos por la también sociedad panameña Financiera Intercontinental, ambas pertenecientes a Demetrio Carceller Coll. Los préstamos concedidos por Demetrio Carceller Coll a las compañías de las Antillas holandesas le generaron unos intereses de 48,8 millones entre los años 2000 y 2009.

"Quédese con las 500 pesetas y envíeme otro Buick"

Todo un entramado de corrupción de una familia, de cuyo patriarca el periodista Ramón Garriga, en su obra La España de Franco, cuenta esta anécdota: en cierta ocasión, hablando con el agregado comercial de los Estados Unidos, le preguntó cómo podría obtener un coche Buick del último modelo que acababa de salir de fábrica. El americano, amablemente, le contestó que él se encargaría de que el ministro tuviera el vehículo que tanto deseaba. “Acepto –respondió Carceller– , pero nada de regalos. Lo quiero pagar”. Pasaron unas semanas y el mismo diplomático se presentó para anunciar: “Señor ministro: a la puerta del Ministerio está el Buick que usted deseaba. Le sugiero un paseo a prueba”. Carceller abandonó todos los asuntos y subió al coche. Terminada la prueba y encantadísimo de su Buick, dijo al norteamericano: “Me tiene que decir lo que le debo, pues quedamos que lo quería pagar”. “Me debe 500 pesetas”, replicó el norteamericano al indicar un precio simbólico con el cual deseaba congraciarse con el ministro Carceller. Acto seguido, éste sacó la cartera y alargó un billete de 1.000 pesetas. “No tengo cambio”, se excusó el yanqui. “No importa –respondió el ministro– quédese con las 500 pesetas y envíeme otro Buick” fue la respuesta del ministro turolense, según el relato del periodista.

Siete décadas después los crímenes del franquismo permanecen sin juzgar, a semejanza de los presuntos delitos relacionados con la corrupción económica de este periodo negro de la Historia española. Pero el juez Pablo Ruz ha dictado un auto en el que asegura que existen motivos suficientes para juzgar al principal heredero del emporio construido por el ministro franquista, pero también contra el nieto de éste. Y les acusa, de la mano de la Fiscalía, de llevar a cabo una inmensa evasión al fisco (72 millones de euros) utilizando sociedades pantalla radicadas en paraísos fiscales de todo el mundo, incluido el Pacífico, como es el caso de los estados de Samoa o las minúsculas Islas Marshall. Entre las empresas utilizadas para los presuntos delitos se encuentra DISA, la sociedad que creó el abuelo, y que está en el origen de una fortuna tan controvertida.