El mercado laboral sumó 605.400 empleos en 2025, hasta un nuevo récord de 22,46 millones de ocupados, mientras que la tasa de paro cayó al 9,93%, por debajo del 10% por primera vez desde el inicio de 2008, según recoge EFE. 

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional del Estadística (INE), en 2025 el paro se redujo en 118.400 personas hasta dejar el total en 2,47 millones.

En cuanto a la evolución trimestral, el número de ocupados aumentó en 76.200 en el último trimestre del año y el paro bajó en 136.100 personas hasta esa tasa del 9,93%, que supone 0,68 puntos menos que al cierre de 2024 y 0,52 puntos menos que el trimestre previo.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha destacado que los datos muestran "un mercado laboral más fuerte, más estable y con empleo de mayor calidad", lo que "sienta una base sólida para seguir ampliando el bienestar de todos los ciudadanos".

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, también ha destacado en TVE las buenas cifras de afiliación y esa bajada "de los dos dígitos" en materia de desempleo; mientras que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado en RNE que, "por fin, bajamos del 10%" de paro.

El empleo durante 2025 aumentó más entre las mujeres (306.200 ocupadas más) que entre los hombres (299.200 más), aunque sigue habiendo 1,5 millones de ocupados (con 12 millones) más que ocupadas (10,5 millones).

Por sectores, el mayor crecimiento se dio principalmente en los servicios (con 369.900 ocupados más), seguido por la industria (112.200), la construcción (79.500) y la agricultura (43.800).

Por su parte, el empleo autónomo sumó 36.800 personas, siendo el asalariado el que aportó la mayor parte, con 569.900 empleados más, de los que 547.500 fueron indefinidos y 22.400 temporales, dejando la tasa de temporalidad en el 15,13%.

Por tipo de jornada, el empleo a tiempo completo subió en 574.700 personas y a tiempo parcial en 30.700, dejando la tasa de parcialidad en el 13,75%.

Y por tipo de empleador, el sector privado generó 555.300 ocupados y el público 50.100.

En cuanto al desempleo, se redujo más entre los hombres (con 79.500 parados menos) que entre las mujeres (con 38.800 paradas menos).

La tasa de paro entre las mujeres quedó en el 11,24% y la de hombres en el 8,76%. El desempleo se redujo un 4,56% en el año.

Por sectores, el paro disminuyó en el último año en los servicios, con 43.200 parados menos; y la agricultura, con 4.700 desempleados menos; mientras que subió en industria (4.200 más) y la Construcción (2.600).

Por su parte, el número de parados que ha perdido su empleo hace más de un año bajó en 63.200 y el de parados que buscan su primer empleo se redujo en 14.100.

El Ministerio de Función Pública y los sindicatos CSIF y UGT han cerrado este miércoles un acuerdo salarial para los empleados públicos -aún pendiente de valorar por CCOO- con una subida del 11% en cuatro años, que comenzará en la nómina del próximo mes de diciembre con un alza del 2,5% correspondiente a 2025, retroactiva desde enero.

Le seguirá una subida del 1,5% para 2026, a la que se sumará otro 0,5% variable, que se cobraría en el primer trimestre de 2027 con efecto retroactivo si el índice de precios de consumo (IPC) iguala o supera el 1,5% a cierre de año, según fuentes sindicales.

Para 2027, el aumento salarial se queda en el 4,5%, en tanto que para 2028 será del 2%.

De acuerdo con los cálculos de la mesa negociadora, la subida acumulada al final del periodo será del 11,4% por el efecto arrastre de consolidar cada año la subida en las tablas salariales.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública se ha limitado a informar de que se ha alcanzado "un principio de acuerdo con dos de las principales centrales sindicales, UGT y CSIF, y está a la espera de que CCOO también forme parte del mismo".

"Dicho acuerdo supone un gran avance para los servidores públicos y también garantiza el poder adquisitivo de los empleados públicos hasta 2028", añade el ministerio.

CSIF ha asegurado que suscribe el acuerdo por responsabilidad, ya que entiende que es el mejor acuerdo posible en las actuales circunstancias dada la inestabilidad política, el bloqueo presupuestario y las limitaciones económicas de la Unión Europea y el gasto en defensa obligado por la OTAN.

No obstante, asegura que su firma no es un cheque en blanco y que velará por que se cumplan todos los puntos pactados en la comisión de seguimiento del acuerdo, que se formalizará en un plazo máximo de 15 días.

El acuerdo incluye la supresión de tasa de reposición para favorecer el refuerzo de las plantillas, según CSIF, que explica que también se han desbloqueado otros temas para su negociación, como la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales o la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado.

Además, el Gobierno se ha comprometido a mejorar la calidad sanitaria del mutualismo administrativo, la conciliación, la promoción interna o la jubilación, además de a acortar los procesos selectivos, elevar los complementos de residencia e insularidad, actualizar las retribuciones del personal laboral en el exterior, reforzar la atención al público o adaptar la clasificación de los puestos de trabajo a las funciones reales.

Para la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, se trata de "un gran acuerdo" en el que no sólo ganan los empleados públicos, sino la calidad del servicio, e incluye una subida salarial del 11,4 % contando con los deslizamientos que sirve para recuperar un 2,9 % de poder adquisitivo.

Además del incremento salarial, ha dicho Araque, se termina con tasa de reposición, se garantiza que las ofertas públicas de empleo van a remontar en un año "y que la Administración está preparada para recibir a los nuevos y para promocionar a los que están dentro".

El Gobierno plantea una subida salarial fija para los empleados públicos del 10 % para el periodo 2025-2028, según han informado los sindicatos, que rechazan esta oferta porque deja la mayor parte del incremento para el final y no permite recuperar el poder adquisitivo.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha mantenido esta miércoles una reunión con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para abordar un nuevo acuerdo salarial y de empleo para el sector público para este año y los tres próximos después de que el anterior caducara en 2024.

Los sindicatos han mostrado su rechazo inicial a una propuesta que consideran insuficiente, hasta el punto de que CCOO ha amenazado incluso con convocar una huelga general en diciembre si no ofrecen una oferta más ambiciosa.

El ministerio no ha comunicado las cifras planteadas en la reunión, pero sí ha asegurado que se compromete "a estudiar los planteamientos realizados por las organizaciones sindicales", a las que ha emplazado a una nueva reunión mañana al mediodía para continuar negociando.

De hecho, fuentes de CCOO aseguran que durante la reunión la Administración se ha visto forzada a retirar la propuesta y ya les ha emplazado a ese nuevo encuentro mañana.

Los sindicatos han explicado que, aunque la subida planteada se repartiría a lo largo de esos cuatro años, el incremento no podrá superar el 4% entre los ejercicios 2025 y 2026 porque, según les ha explicado Función Pública, se superaría el techo de gasto.

De esta manera, explican fuentes de CSIF, quedaría por subir el 6% restante entre 2027 y 2028.

"Este incremento es del todo inaceptable y supone un insulto a los empleados públicos", ha destacado CCOO en un comunicado donde reclama una propuesta "más ambiciosa o la huelga general en diciembre será una realidad".

CCOO ha señalado que un Gobierno que presume "de liderar el crecimiento económico de la Unión Europea" y ha modificado al alza su previsión del 2,7% al 2,9% para este año "propone continuar con la política de contención salarial" para el personal de las Administraciones Públicas.

"No estamos ni para perder oportunidades ni para perder dinero", ha criticado la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque.

Sobre posibles movilizaciones, Araque ha señalado que nunca han descartado "ningún escenario de movilizaciones" pero que en plena negociación no quieren hablar ahora de ese punto.

En una línea similar, CSIF ha apuntado que, por responsabilidad, seguirá negociando un acuerdo que permita avanzar en la recuperación del poder adquisitivo perdido a lo largo de los últimos años.

 El sindicato detalla que esta primera oferta no cubriría la subida de los precios, teniendo en cuenta en 2024 el IPC cerró en un 2,8% y hasta octubre la inflación se situó en un 3,1%.

El Gobierno trasladó hace dos semanas a los sindicatos su intención de establecer un marco plurianual (2026-2028) con incrementos salariales vinculados a un componente fijo y otro variable para que los empleados públicos "no pierdan poder adquisitivo".

En ese encuentro, los sindicatos reclamaron una subida diferenciada para 2025 que permitiera a los empleados públicos recuperar el poder adquisitivo.

El anterior acuerdo plurianual fue suscrito para el periodo 2022-2024 entre el Gobierno y CCOO y UGT también con un incremento salarial fijo y otro variable, de forma que en total se aseguraba una subida mínima del 6,5%, que podía alcanzar el 9,5% en función de variables vinculadas al IPC y al PIB recogidas en las cláusulas de revisión.

El empleo avanzó en octubre, con 141.926 afiliados más de media a la Seguridad Social, gracias al tirón de la educación, mientras que el paro registrado subió en 22.101 personas superando los 2,4 millones, según recoge EFE.

Según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el registro de octubre, el segundo mejor de la serie para este mes, deja el total en 21,84 millones de afiliados, cerca del récord de verano de 21,86 millones.

En cuanto al paro, la subida de octubre sitúa el total de parados registrados en 2,44 millones que suponen, no obstante, la cifra más baja para este mes desde 2007, según ha destacado el Ministerio de Trabajo.

En el último año, la Seguridad Social ha sumado más de medio millón de trabajadores (507.078), mientras que el paro se ha reducido en 158.288 personas.

Al detalle del empleo, la educación sumó 167.323 afiliados y la construcción 15.347, mientras que la hostelería destruyó 50.594 y actividades sanitarias y servicios sociales 34.341.

El empleo avanzó sobre todo entre las mujeres, con 109.972 ocupadas más, hasta los 10,3 millones de afiliadas; mientras que el número de hombres de alta en la Seguridad Social creció en 31.955, hasta los 11,5 millones.

Las mujeres afiliadas representan ya el 47,4% del total, más cerca de la paridad, destaca Inclusión.

En los autónomos, el avance mensual fue de 9.142, hasta los 3,42 millones, máximos para este régimen.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha insistido en que los datos hablan "de más dinamismo y de mayor calidad en el empleo", ya que "gran parte del nuevo empleo que se crea se centra en actividades de alto valor añadido como la educación, las actividades científico técnicas o a las telecomunicaciones".

Por sectores, el paro registrado bajó solo en la construcción, con 2.121 personas; mientras que aumentó sobre todo en servicios, con 18.496 parados más tras el fin de la temporada de verano.

También subió en la industria, con 1.148 personas y la agricultura, con 1.270 parados más; así como entre el colectivo sin empleo anterior en 3.308 personas.

El paro femenino aumentó en 11.561 mujeres, hasta los 1,48 millones, la cifra más baja en octubre desde 2007; mientras que el desempleo masculino quedó en 963.301 al ascender en 10.540 personas.

Entre los menores de 25 años, el desempleo subió en 10.082 personas dejando el total en 193.798, el más bajo también para un mes de octubre.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado en declaraciones remitidas a los medios que estos mínimos de paro femenino y entre los jóvenes, algo que ha sido posible gracias a que la reforma laboral, ha "cambiado el paradigma".

El paro registrado subió en las 17 comunidades autónomas, con las mayores subidas en cifras absolutas por Castilla y León (2.545), Andalucía (2.535) y Cataluña (2.423).

En el mes se firmaron 1.510.580 contratos, de los que 643.183 tienen carácter indefinido y representan el 42,58%.

Por otro lado, la cobertura del sistema de protección por desempleo escaló al 75,9% en septiembre, últimos datos disponibles, la más alta de la serie.

Cientos de empleados públicos movilizados por CCOO, UGT y CSIF se han concentrado este jueves ante la sede del Ministerio para la Transición Digital y de la Función Pública para reclamar que abra la mesa de negociación y han advertido de que irán a una huelga nacional en diciembre si no lo hace, según informa EFE.

Con pancartas de "Mejor salario, más empleo. Servicios públicos de calidad", en torno a 1.000 personas se han concentrado en la capital para exigir incrementos salariales, aumento de las plantillas y mejora de las condiciones laborales para 3,5 millones de empleados públicos.

"Este es el inicio de lo que va a confluir en huelga general en diciembre porque esto es ninguneo", ha dicho a los medios el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Lucho Palazzo.

"Hemos perdido 8,5 puntos de poder adquisitivo en los tres últimos años. La pelota está en su tejado, depende de ellos evitar la huelga de diciembre", ha advertido el presidente de CSIF, Miguel Borra.

"El ministro (Óscar López) nos está castigando a 3,5 millones de empleados públicos (...) Exigimos desbloquear un nuevo acuerdo", ha reclamado la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque. "Tenemos que saber cuánto vamos a ganar", ha apuntado Araque. "Esto no es privilegio", ha añadido Palazzo.

Los sueldos de los empleados públicos llevan todo el año congelados y a principios de este mes el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, señaló que para abordar la subida salarial de los funcionarios primero habría que "desbloquear las cifras de los presupuestos".

Los sindicatos rechazan este planteamiento y urgen a iniciar unas negociaciones que aborden, no solo el tema salarial, sino otras reivindicaciones sobre condiciones laborales y renovación y ampliación de plantillas que queden plasmadas en un nuevo acuerdo.

"El deterioro de lo público está provocando situaciones indeseables", han señalado en un comunicado conjunto donde lamentan "la indignación social ante los fallos sanitarios, el deterioro de las aulas, las catástrofes naturales, los incendios o las dificultades en el acceso a los trámites administrativos".

"El ministro Óscar López debería tomar nota de nuestra decisión inequívoca de intensificar la protesta si no se sientan inmediatamente a negociar", añaden.

Los tres sindicatos han organizado un calendario de movilizaciones que arrancaban este 30 de octubre con concentraciones en toda España y cuyo "desarrollo e intensificación" en las próximas semanas y meses "dependen de la voluntad y decisión del ministro de negociar".

La afiliación a la Seguridad Social marcó un nuevo máximo histórico en julio al alcanzar los 21.865.503 ocupados, 4.408 más que en junio, impulsada por el comercio y las actividades sanitarias, que han permitido compensar el fuerte retroceso en educación y agricultura.

De acuerdo con los datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el empleo aumentó con fuerza en las actividades sanitarias (en 56.264 afiliados más) y el comercio (48.190 más); así como, en menor medida, en actividades administrativas (14.775 más), administración pública (13.366 más) y hostelería (11.199 más).

Estos avances permitieron compensar la destrucción de empleo experimentada por la educación (123.699 empleados menos), lastrada por el final de curso, y el sector agrario (43.191 menos).

En cuanto al paro, el número de personas inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se redujo, por sexto mes consecutivo, hasta los 2.404.606 millones, 1.357 menos que en junio y la cifra total más baja desde hace 18 años.

En comparativa anual, el desempleo se ha reducido en 145.631 personas, un 5,7% menos; mientras que la afiliación suma 485.397 ocupados, un avance del 2,26%.

Este aumento del empleo de julio es muy inferior al registrado en junio (cuando creció en 76.720 personas), pero muestra un registro mejor que en el mismo mes de 2024, cuando se destruyeron 9.783 puntos de trabajo.

Así, la Seguridad Social ha destacado que la afiliación diaria ha vuelto a superar los 21,9 millones de ocupados en varios días de julio, con lo que se acerca a la "barrera de los 22 millones".

El empleo creado en julio fue íntegramente masculino (62.285 afiliados más), ya que la ocupación femenina se redujo en 57.877 personas. La afiliación de extranjeros bajó en 4.667 personas, hasta los 3,09 millones.

Por regímenes, en julio creció el empleo en el general (en 9.954 ocupados) y el del mar (en 1.740), pero el número de autónomos retrocedió en 7.286, hasta situarse en una media de 3,41 millones.

Si se descuenta el efecto de la estacionalidad y el calendario, la Seguridad Social cifra el número de afiliados en 21.642.413 personas, 31.085 más en que en junio y 475.623 más que en julio del pasado año

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, ha destacado en un comunicado que "el empleo sigue marcando un ritmo de crecimiento muy dinámico" en julio, en especial entre los jóvenes "que, además, viven un aumento de sus bases de cotización y un descenso de la temporalidad".

Seguridad Social ha destacado que en julio había cuatro millones de trabajadores más con contrato indefinido que antes de la implementación de la reforma laboral, lo que ha permitido reducir la temporalidad al 13,5% de media.

En cuanto al paro, subió especialmente en los servicios, con 2.018 parados más, seguido de la industria (416 más) y la construcción (138 más); mientras que bajó en el colectivo sin empleo anterior, con 3.315 personas menos, y el agrario, con 614 menos.

El desempleo femenino se redujo en julio en 901 mujeres, hasta un total de 1,45 millones; mientras que entre los hombres se recortó en 456 desempleados, hasta los 944.623.

Entre los menores de 25 años el descenso fue de 2.561 personas, hasta los 164.146 jóvenes, tras experimentar bajadas sucesivas durante 51 meses, por lo que se ha alcanzado el nivel más bajo de toda la serie.

Por regiones, el paro cayó en julio en seis comunidades autónomas, especialmente en Andalucía (8.035 personas menos), Castilla-La Mancha (1.771 menos) y Asturias (1.296 menos); mientras que subió en once, más en Cataluña (4.339), País Vasco (1.600) y Aragón (1.167).

En cuanto a la contratación, se registraron 1.588.983 acuerdos laborales, un 6,17% más que en junio.

De ellos, 609.964 contratos fueron de carácter indefinido, lo que supone el 38,39% del total.

Unos 250 interinos han presentado una querella por prevaricación contra cinco magistrados del Tribunal Supremo por haberse pronunciado sobre la interinidad desoyendo lo que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según informa EFE.

La querella, fechada el pasado mes de junio y a la que ha tenido acceso EFE, se dirige contra cinco magistrados de la sección 4ª de la sala de lo contencioso administrativo, firmantes de sendas sentencias sobre la posibilidad de que los interinos se conviertan en fijos sin pasar por un proceso selectivo.

A comienzos de este año, la sala de lo contencioso reiteró que el ordenamiento jurídico español no permite convertir en funcionario fijo o equiparable a quien ha recibido nombramientos temporales abusivos sin que medien los procesos selectivos previstos por la ley.

En su exposición de argumentos, la Sala aseguraba que su criterio no se opone a la directiva europea aplicable ni al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de junio de 2024.

El TJUE avaló entonces convertir a los interinos en trabajadores con contrato indefinido como medida sancionadora frente al abuso de contratos temporales siempre y cuando "no implique una interpretación del Derecho nacional contraria a la ley".

Los 250 interinos que han presentado la querella señalan que estos cinco jueces, con un afán voluntarista, personal y ajeno a Derecho" y en contra de lo que manda la directiva europea aplicable y lo que establece el TJUE, "hacen su propio camino” en contra de lo que les resulta exigible.

Los querellados no han respetado "ni la legalidad que les vincula, ni las resoluciones vinculantes del TJUE en la materia objeto de controversia y, con pleno conocimiento de su actuación, dictan resolución injusta contraria a las mismas, anteponiendo su voluntad personal a la voluntad de la Ley", explica la querella de 68 páginas. Todo ello "sin duda configura el tipo de la prevaricación", añade el texto.

El pasado 7 de julio, la Comisión Europea dio luz verde al desembolso del quinto pago del fondo de recuperación a España, cuya cuantía redujo en 1.100 millones de euros por incumplimiento de algunos compromisos, entre ellos uno para reducir la temporalidad de los funcionarios. En concreto, descartó el desembolso de 627 millones por considerar insuficientes las medidas adoptadas para reducir la temporalidad en el sector público.

El Consejo de Ministros ha aprobado la oferta de empleo público de 2025 con un total de 36.588 plazas, incluidas las ofrecidas en Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, lo que supone 3.546 menos que la oferta récord del año pasado o un descenso del 8,8%, según informa EFE.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la oferta para la Administración General del Estado (AGE) alcanza las 26.889 plazas de funcionario y personal laboral con especial foco en mejorar la atención directa al ciudadano.

De esas plazas, 20.324 son de turno libre y 6.565 de promoción interna y supondrán la creación de 5.400 empleos netos, destaca Función Pública. Para la Policía son 3.139 plazas, para Guardia Civil, 3.713, y para Fuerzas Armadas, 2.847. Por quinto año consecutivo, subrayan, se bate un récord del total de plazas de nuevo ingreso, 27.697, mientras que 8.891 plazas serán de promoción interna.

López ha incidido en la apuesta por lo público y ha comparado las 64.000 plazas convocadas por la anterior Administración del PP, 10.566 al año de media, con las 262.000 aprobadas en estos años de Gobierno de coalición, lo que supone 32.522 plazas al año de media y triplicar las cifras previas. López ha enumerado también que las prioridades de esta oferta pasan por reforzar el Estado del Bienestar, digitalizar la función pública y revertir los recortes de la anterior etapa.

En el desglose, las plazas para la Administración General del Estado para este año suponen un descenso del 14,5% frente a las 31.465 del pasado, una situación que llevó a los sindicatos a rechazar la oferta en las negociaciones mantenidas con el Gobierno.

Tanto CSIF como UGT y CCOO consideran estas cifras insuficientes para paliar el déficit de plantilla existente en la actualidad en la Administración del Estado. Pese al menor número de plazas ofertadas, el Gobierno subraya que se prevé generación de empleo neto, es decir que haya más ingresos que bajas.

Durante tres años consecutivos, destacan, se ha producido una generación de empleo neto, "lo que ha permitido frenar y revertir el proceso de envejecimiento de las plantillas".

En los últimos años, señalan, la edad media del empleado público ha bajado en dos años, pasando de los 51 a los 49 años actuales gracias a las incorporaciones: en 2024 las altas duplicaron a las bajas, con un crecimiento neto de 9.000 efectivos. Otra de las medidas que está impactando en esa recuperación del empleo público, inciden, es la agilización de los procesos selectivos.

Función Pública también detalla que la oferta se enfoca hacia la atención a la ciudadanía, con 8.851 plazas en cuerpos y escalas para reforzar las oficinas de asistencia en materia de registros y las oficinas de tramitación y prestaciones.

Estas plazas reforzarán las oficinas de asistencia en materia de registros y las oficinas de tramitación y prestaciones, en centros como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Seguridad Social, Dirección General de Tráfico (DGT), oficinas de extranjería, gerencias territoriales de justicia, Catastro, Agencia Tributaria, Oficinas de expedición del DNI, homologación de títulos educativos, bibliotecas, archivos y museos estatales y capitanías marítimas.

Como ya ocurriera en 2024, la OEP 2025 reserva el 10 % de las plazas para personas con discapacidad, en total 2.610 plazas, de las que 538 serán para personas con discapacidad intelectual. En las convocatorias se podrá especificar la distribución territorial de las plazas y una previsión orientativa de las provincias en las que se ofertarán destinos.

El empleo público tiene una evidente repercusión en dos aspectos de vital relevancia para cualquier país. Por un lado, tiene una significativa importancia como parte de los puestos de trabajo que ocupa la población activa y, por tanto, es determinante en los niveles de ocupación del conjunto del mercado de trabajo, y, por otro lado, la calidad de los recursos humanos de las Administraciones Públicas está directamente asociada a la posibilidad de estas para prestar los servicios que se comprometen a facilitar a la sociedad y a su capacidad para garantizar los derechos de los ciudadanos.

En relación con el primero de los aspectos, es clave señalar que el empleo público tiene unos ciclos de crecimiento o contracción que difiere en periodos cortos de tiempo con los ciclos del empleo privado. Es decir, el empleo público reacciona con retardo a los ciclos económicos.

Sin perder de vista este comportamiento diferencial, podemos analizar la situación del empleo público a partir de la crisis económica de 2008 y su evolución hasta la actualidad, así como la previsible proyección, en el contexto de los países de la OCDE y el distinto comportamiento de las diversas administraciones públicas y los diferentes sectores.

En relación con el segundo de los aspectos, en un Estado constitucionalmente descentralizado, es fundamental estudiar de forma separada la variación en el empleo público a nivel central (en la Administración General del Estado) y la variación en el empleo del conjunto de las demás administraciones públicas (especialmente a nivel autonómico) y como estas variaciones afectan a la capacidad de cada uno de estos niveles administrativos para prestar sus servicios públicos.

Entre 2007 y 2019, en 10 países de la OCDE, el empleo en la administración general creció con más fuerza que el empleo total, las mayores diferencias se dieron en España (donde la diferencia fue de 1,24 puntos), México (0.94 puntos) y Luxemburgo (0.88 puntos).

El caso español presenta la peculiaridad, la anomalía en términos comparativos, de que el nivel general de empleo disminuyó, por lo que el diferencial de crecimiento del empleo público ha de ponderarse conforme a esa situación. Esto puede verse de forma comparativa en los gráficos que recoge el Informe Government at a Glance (2021) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Entre 2013 y 2019, es decir justo después de la crisis económica de 2008 y como consecuencia de las medidas adoptadas para afrontarla, el número de empleados de administración general del gobierno central cayó en España un 1,2% anual, sólo superada por Estonia, 3% anual, y seguida por Lituania, 0.9%.

Centrándonos ahora en el crecimiento del empleo público en su conjunto, observamos que las dotaciones de las administraciones públicas españolas crecieron a lo largo del periodo 2002-2024. Primero incrementándose el número de efectivos hasta 2012, después con una ligera bajada 2013-2015, reflejo de los recortes adoptados ante la crisis económica de 2008 (efectos del retardo ya comentado).

Se observa además que esta bajada que no se dio en otros países de la Unión Europea donde los recortes no supusieron una disminución del número de empleados públicos.

Se percibe en el gráfico (Fuente Registro Central de Personal, RCP) que las distintas administraciones no se comportaron del mismo modo, con un resultado de crecimiento neto en las Comunidades Autónomas que hemos de comparar con el Sector Público Estatal y la Administración Local.

Si acercamos aún más la lupa veremos que los puestos de pura administración, Administración General del Estado (que incluye la Seguridad Social) y Administración Central de Comunidades Autónomas, evolucionaron de forma totalmente dispar:

El Estado pierde más de un 16% de sus efectivos en un proceso que se acelera a partir de 2010 con las medidas de austeridad y del que no se recupera, mientras que las Comunidades Autónomas incrementan sus plantillas hasta converger en número con el Estado y muy por encima de lo que podría justificarse por un proceso de transferencias que, en esos años, no se ha producido de forma significativa en términos de efectivos. 

En todo caso las CCAA recuperan en 2024 los niveles de 2002 y, tras la crisis de 2010, que produce recortes de menos entidad que en el Estado, tienen un proceso de incremento más rápido.

Afinando más el análisis, se ve cómo los recortes de plantillas afectaron más a la Administración General del Estado que a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas, que no sufrieron las mismas notables pérdidas de efectivos por los recortes adoptados ante la crisis económica, produciéndose, además, en estos dos últimos casos, una más acelerada recuperación.

La Administración de Justicia del Estado merece una mención especial. Su trayectoria plana sorprende, dadas las reiteradas quejas sobre su insuficiencia de medios y, consecuentemente, la poca eficiencia de su funcionamiento observada en la práctica.

Siguiendo con aproximaciones de detalle a las cifras, sorprende el crecimiento de las policías estatales frente a la evolución de los cuerpos autonómicos

Volviendo a la Administración de Justicia, ya vimos que en el caso del Estado tenía una evolución casi plana, ligeramente descendente, pero en el caso de la parte de empleo de la Administración de Justicia que depende de las Comunidades Autónomas, el crecimiento se produce a buen ritmo, salvo una pequeña caída en enero de 2014. La última transferencia de personal es en 2011 después de un proceso que inicia en 1988 y se ha transferido el 79,8% de las unidades judiciales.

Volviendo a la AGE, superadas las medidas de recortes asociadas a la crisis de 2008, dada la reducción de efectivos y que no se producía un proceso de recuperación de estos, en el seno de la AGE se empezó a considerar como situación de partida la de los servicios de 2013, como si estos servicios no presentasen notables deficiencias para sus prestaciones a ciudadanos y empresas, además de las nuevas necesidades derivadas de la tecnificación, la dependencia como nuevo pilar del estado del bienestar y los nuevos desafíos a los que se enfrenta la administración. 

Se detecta además que, para compensar la falta de efectivos y de conocimiento, se habían producido externalizaciones que obligaron a tomar medidas para:

En los últimos tiempos se ha producido un esfuerzo considerable para recuperar una dotación de personal, pero ya los servicios se encuentran degradados hasta poner en riesgo la gestión de las administraciones públicas, especialmente la del Estado y, dentro de él, significativamente, la de la Seguridad Social, la del Servicio Público de Empleo Estatal y la de otros sectores concretos, como los relacionados con las personas migrantes, a niveles realmente escandalosos respecto de los peticionarios de asilo o del estatus de apátrida.

Aunque más extrema en la Administración central, en el ámbito autonómico, la pérdida de recursos humanos ha de reseñarse especialmente en las áreas de gestión de los servicios relacionados con la salud, la educación y la dependencia.

El esfuerzo de recomposición de los niveles de empleo público, aún y todo, en el caso del Estado, como vimos gráficamente, está lejos de recuperar los niveles de dotaciones de personal previos a los recortes promovidos anteriormente.

Una de las primeras consecuencias ya comentadas de la falta de recursos humanos, ha sido la externalización de servicios, la contratación con empresas para tratar de cubrir las funciones que la falta de personal hace imposible que las administraciones sigan desempeñando.

Se puede observar que hay cierto paralelismo entre el gasto de personal y el dedicado a gastos corrientes en bienes y servicios, pero también que el recorte por las medidas adoptadas como respuesta a la crisis económica de 2008 afectó sobre todo al gasto en personal, la externalización de servicios requirió mantener el gasto de capítulo 2 no obstante los recortes generales.

En los años más recientes, cuando se recupera, muy modestamente eso sí, el gasto de personal, se produce una reducción del gasto corriente: la disponibilidad de personal propio reduce las necesidades de servicios externos.

La externalización de servicios tiene además un primer límite que periódicamente se recuerda en los informes de fiscalización y del Tribunal de Cuentas: aquellas funciones que implican el ejercicio de autoridad y que, en consecuencia, no se pueden trasvasar a los sujetos privados por ser inherentes al poder público.

En este ámbito de la contratación de servicios se ha producido otra desviación que evita la libre concurrencia de las empresas a las licitaciones respectivas. Se trata del recurso a los denominados recursos propios y la utilización del instrumento de la encomienda de gestión.

Hay especialistas administrativistas que defienden la contratación de servicios externos por parte de las administraciones argumentando que la gestión privada es más eficaz y también mejor económicamente para las arcas públicas, algunos añaden como argumento la importancia que tiene la facturación de esas empresas a las administraciones públicas en el conjunto de la economía.

Si un responsable de un ámbito de gestión considera que la forma de gestionar de su organización es menos eficiente que la de otra entidad, en este caso una empresa privada, debería replantearse su modelo organizativo y de gestión, puesto que es el responsable del mismo y, sino sabe cómo mejorarlo o no puede hacerlo por restricciones de su administración, debería permitir que los ciudadanos que sostienen ese organismo público conozcan esa situación y después dimitir.

Sobre la importancia de la contratación pública para las cuentas de las empresas de servicios nada puede contraponerse, tiene un peso incluso relevante para el PIB, pero es un argumento que, quien dirige la administración y opte por la externalización por ese motivo, ha de exponer abiertamente: se trata, por tanto, de transferir dinero público a empresas privadas, inyectar dinero de los presupuestos directamente en el mercado.

El argumento que no se sostiene es el del coste económico cuando se trata de subcontratar, externalizar, servicios con vocación de permanencia (no hablamos de la realización de proyectos puntuales y cerrados).

De la información que podemos extraer de las licitaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público resultan estos datos. 

1. Coste total de la contratación a una empresa de los servicios de un titulado superior, total: 62.291-132.132 €/año à coste medio 97.212 €/año

2. Coste total de contratación a una empresa de los servicios de un diplomado universitario, total: 41.527-92.492 €/año à Coste medio: 67.010 €/año

Si tenemos en cuenta el coste de los funcionarios A1 y A2 del Estado en 2023, equivalentes a los perfiles anteriores:

- A1, coste medio por todos los conceptos: 64.500 €/año

- A2, coste medio por todos los conceptos: 43.000 €/año

Hay diferencias todavía mayores si vemos sectores como las tecnologías de la información. Ha de tenerse en cuenta, además, que la opción por personal propio o externo implica menor capacidad de dirección y un problema para la conservación del conocimiento que puede quedar en la administración correspondiente o ser plenamente dependiente de empresas o incluso de personas concretas.

La mera comparación de los datos anteriores explica por qué la externalización de estos servicios con vocación de permanencia no es eficiente para las administraciones públicas, sin ni siquiera haber entrado en la reducción de capacidad y conocimientos que esta externalización produce en la propia administración. 

Otro aspecto relevante para evaluar la evolución del empleo público es el nivel de envejecimiento de las plantillas.

En la OCDE, la media de empleados de más de 55 años de las administraciones centrales creció ligeramente, entre 2015 y 2020, desde el 25% al 26%.

Esta cifra presenta importantes diferencias entre países. En España los empleados de más de 55 años pasaron del 35 % al 46%, en Grecia del 27% al 37%, siendo Italia el país con más empleados mayores: el 48% de los empleados de la administración central tenían, en 2020, 55 años o más. 

Considerando la población activa española, ésta se sitúa próxima a la media europea, el 34,90%, ocupando España un lugar intermedio en relación con el resto de los países de la Unión Europea en este ranking de edad.

Entre las asalariadas y asalariados tienen más de 50 años: 32,06% (datos EPA), 35,03 % (datos ELFS), 34,31% (datos OCDE). Entre los asalariados y asalariadas del sector público: 46% (datos OCDE, ≥ 55 años), 43,65% (datos EPA). Centrándonos en el Personal de la Administración General del Estado 59,95% (datos BEPSAP) frente al 29,34% (datos EPA) en el sector privado.

El dato de envejecimiento en la plantilla de la Administración General del Estado es todavía más acusado en los empleados públicos de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (28.355 efectivos pertenecientes a IMSERSO, INGESA, ISM, INSS, TGSS y Gerencia de Informática), con el 73,01% de sus asalariados con 50 años o más.

El porcentaje de mayores de 50 años para la AGE, respecto a los cuatro años anteriores, muestra una sostenida tendencia a la baja, pasando de un 66,15% en 2020 al 59,95% en 2024. Esto puede ser consecuencia de la incorporación de nuevo personal por las ofertas de empleo público de los últimos años.

No obstante, lo anterior debe considerarse en conexión con la ya comentada continua pérdida neta de efectivos en el seno de la AGE, especialmente en el periodo 2014-2023.

En el caso concreto de los funcionarios de carrera, la diferencia entre altas y bajas ha sido notable hasta el año 2018 y la falta de convocatoria de plazas ha contribuido a agravar el problema del déficit de personal, lo que no se ha revertido pese al aumento de plazas convocadas de los último 5 años.

La reducción de los empleados que integran las administraciones públicas y la externalización de servicios por parte de las entidades públicas ha llegado a una situación crítica que ha reducido de forma notable la capacidad de las administraciones para actuar las funciones que la sociedad les asigna, garantizar los derechos de la ciudadanía y proteger sus intereses.

La necesidad de reforzar la dotación de empleados públicos se ha vuelto urgente, especialmente en la Administración General del Estado dada esa situación crítica. Las Ofertas de Empleo Público, incrementadas notablemente en los últimos años, han supuesto un avance en esa dirección, pero los datos las revelan, insuficientes ante las consecuencias heredadas de los recortes practicados con motivo de la crisis económica de 2008, y un envejecimiento de las plantillas que obliga, ya de por sí, a un proceso de sustitución que también en este punto es apenas suficiente.

Es, a su vez, necesario analizar y transformar los procesos de selección para, garantizando la calidad de los profesionales de la administración, aproximar los requisitos de esta a los perfiles que se requieren en la actualidad del servicio público, además de un esfuerzo de atracción e información al talento que se quiere captar y que en buena medida se está perdiendo. Se debe continuar, además, terminando con la temporalidad y evitar que se reproduzcan procesos irregulares del pasado. Este aspecto afecta más a otras administraciones, especialmente autonómicas, pero para servicios esenciales como sanidad, educación, dependencia.

Los gestores públicos han de verse reforzados y reconocidos en su capacidad como tales y, al propio tiempo, han de adoptarse medidas que terminen con la externalización de servicios que suponen una disminución en la eficiencia económica y en la calidad de la actuación de las administraciones públicas y en la propia capacidad de estas para actuar.

Las Administraciones Pública podrán, de esta forma, recuperar la capacidad transformadora de la sociedad, su sentido de existencia y una cultura de actuación al servicio del interés general. 

Los empleados públicos cobrarán el 0,5 % de subida salarial adicional relativa a 2024, una vez que se ha conocido el dato revisado de la inflación de diciembre con el que se cumple la condición para que se aplique el citado incremento, informa EFE.

El acuerdo de subida salarial para 2022, 2023 y 2024, firmado por el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT, establecía que se aplicaría un incremento retributivo adicional al de 2024 y consolidable del 0,5 %.

Esta subida estaba condicionada al cumplimiento de un requisito macroeconómico: que la variación acumulada del IPC armonizado (14,6 % entre 2022 y 2024) superase el incremento retributivo fijo de ese periodo (8 %).

Este incremento será efectivo una vez sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se aplicará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023 y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.

Con este último incremento, el alza salarial acumulada para los empleados públicos entre 2022 y 2024 será del 9,5 %, aunque el efecto real será mayor porque cada aumento se aplica sobre la subida previa.

El acuerdo recogía un incremento salarial para 2022 del 3,5 %; para 2023, el 2,5 % fijo más un 0,5 % adicional vinculado al IPC y un 0,5 % adicional vinculado al PIB; y para 2024, un 2 % fijo más un 0,5 % adicional vinculado al IPC.

En un comunicado, CCOO y UGT recuerdan que con este incremento se pone fin al acuerdo salarial pactado por ambos sindicatos con el Gobierno, al que instan a iniciar la negociación de un nuevo pacto para los próximos años.

Este nuevo acuerdo, añaden, debe avanzar "en áreas esenciales como empleo, derechos y retribuciones para mejorar las condiciones laborales de las empleadas y los empleados públicos y el servicio que se presta a la ciudadanía".

CSIF, que no firmó el anterior acuerdo salarial, calcula que ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos del 5,8 % desde 2022, que elevan al 20 % desde 2010.

"Exigimos la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas para negociar la subida salarial para 2025", añade el sindicato.

Cuesta que respondan al teléfono en una de las academias más conocidas para preparar oposiciones en España. “Es el inicio de año, son muchos propósitos y estamos con muchas llamadas”, se adelanta a las preguntas una trabajadora de Adams. Los centros veteranos y las plataformas nativas digitales que asesoran y preparan a los opositores viven a principios de año un momento pico. Entre los propósitos clásicos de ir al gimnasio y comer más sano se cuela cada vez más uno que puede suponer un cambio de vida permanente: preparar oposiciones para conseguir plaza en la administración pública. La precariedad que arrastra el sector privado desde la crisis de 2008 y el punto de inflexión que representó la pandemia del covid-19 en 2020 para muchas personas son dos de los pilares de este auge histórico en el atractivo social de ser funcionario.

Cuando Daniel Busto hizo en 2003 su primer examen para una bolsa de empleo de auxiliar administrativo en el servicio de salud de Asturias eran unas 500 personas. Cuando hizo el último, para la misma bolsa de empleo, eran más de 10.000. “En aquella época decían que España iba bien... Y apuntarse a una bolsa de empleo no era atractivo para nada. Pero en 2019 la gente ya buscaba otra cosa. Ya buscaban un trabajo con buenas condiciones laborales, y estabilidad”, explica a infoLibre este antiguo periodista, que en la pandemia tomó la decisión definitiva de dejar de ser autónomo en un diario para volverse a dar de alta en la bolsa de empleo a la que accedió gracias a que sus padres le empujaron a presentarse a aquel examen de 2003.

“Cada vez existe un mayor interés por opositar y acceder al empleo público. Entre 2019 y 2024, el empleo público aumentó un 18,7%, frente al 8,2% del empleo privado. El volumen de opositores en España sigue alcanzando máximos históricos. Cada año se baten nuevos récords, y 2024 no fue una excepción, con más de 100.000 ofertas impulsadas por el relevo generacional y los presupuestos estatales”, indica a infoLibre Gloria Oliveros, directora de empleo público de la academia Adams, un negocio familiar que comenzó en 1957. La numerosa generación de los baby boomers ha comenzado a jubilarse y, según el último estudio de Función Pública, entre 2024 y 2034 se retirará el 54,85% de la plantilla actual de la Administración General del Estado. El 58% de los funcionarios de la AGE tienen más de 50 años y los menores de 40 son un 19%, con datos de enero de 2024, lo que supone no obstante un rejuvenecimiento de la plantilla respecto al año anterior, cuando los mayores de 50 superaban el 61% y los menores de 40 no llegaban al 17%. La edad media del personal de la AGE lleva cuatro años disminuyendo, hasta los 50,48 de enero de 2024.

El momentum de las oposiciones responde a un cúmulo de circunstancias. “El número de plazas que se convoca ahora es muy alto, y no sólo en las últimas, sino en lo que se prevé. Va a haber muchísimas jubilaciones en los próximos años”, dice a infoLibre Jacobo Fariña, director de comunicación de OpositaTest, una plataforma nativa digital que ayuda a opositores desde 2015. “El cambio de percepción empezó con la crisis de 2008. Antes se consideraba que en lo público cobrabas poco, pero ahora todo es al revés. El funcionario es el que lo tiene más fácil para conseguir una hipoteca, quien tiene sueldo fijo, conciliación familiar, un mejor horario, estabilidad”, apunta. Este cambio de tendencia se aprecia sobre todo en el interés por las plazas de la administración general, las que suelen estar guiadas más por estos factores que por una vocación específica, como sí suele ser el caso de los docentes o los sanitarios.

La edad media del próximo opositor es de 34 años, frente a los 41 del opositor actual, según el estudio El peso del opositor en España en 2024, elaborado por OpositaTest. El 56% de quienes se plantean opositar próximamente tienen entre 18 y 34 años, y los más jóvenes de ese grupo, quienes tienen entre 18 y 24 años, suponen más de la mitad. A los 24 años, cuando estaba terminando su Máster de Derecho Internacional en Madrid, fue cuando Paula Largo decidió opositar. “Me pilló la pandemia cuando lo estaba acabando, no sabía qué hacer y, como estaba todo el tema de trabajo parado y tenía dos amigas del instituto que ya estaban con esa oposición, me animé a hacerlo”, cuenta a infoLibre. Había tenido que volver a su casa en Zamora por la pandemia, así que siguió allí para poder estudiar la oposición de gestión de la administración civil del Estado, de la que ahora, con 28 años, trabaja con plaza propia en la Oficina de Extranjería de León. “En mi caso mis compañeros tienen más edad, al ser en provincias, suele ser gente que ya quiere instalarse en casa, que tiene familia. Pero mis amigas están en ministerios y allí sí está entrando mucha gente joven”, relata. En la academia coincidió con gente aún menor que ella y de ramas diversas, como la biología o la arquitectura.

Más de 6,3 millones de mujeres ha opositado, está opositando o piensa opositar, lo que supone un 53% de las que tienen entre 18 y 55 años. Y entre las que están opositando, 3 de cada 4 son nuevas opositoras, es decir, han empezado a prepararse en el último año, según el citado estudio de OpositaTest. El perfil de la madre que recurre a las oposiciones para volver al mercado laboral después de la crianza de sus hijos pequeños es uno de los más comunes.

Valeria Pérez, uruguaya afincada ahora en un pueblo de Palencia, no pudo mantener su vida laboral de horarios eternos en el sector servicios cuando fue madre y ahora prepara oposiciones para la Junta de Castilla y León. Sandra Martín, de Cartagena, había trabajado siempre en la empresa privada hasta que en 2023 se vio “en la calle”. Con un hijo de 11 años, no quiso volver a tener que pasar por esa inestabilidad y ha apostado por unas oposiciones de auxiliar administrativo.

Elisa D’Errico, de Barcelona, dejó de trabajar como directora de comunicación corporativa para poder cuidar a sus hijas y ahora prepara una oposición de gestión de la administración civil del Estado porque cree que el empleo público es la única forma de conciliar. Azahara Hernández, madrileña residente en Granollers, vio imposible seguir como agente de seguros autónoma, un trabajo de mañana, tarde y fines de semana, tras ser madre y decidió prepararse una oposición, inspirada por las buenas condiciones que conoce bien al ser su marido funcionario.

Verónica Estevan se tuvo que mudar de València a Madrid y no encontraba trabajo de recursos humanos, por lo que estuvo a turnos en una gasolinera. “¿Y cuándo ves a tus hijos trabajando en el sector privado?”, dice. Con más de 40 años, comenzó a hacer oposiciones desde el nivel más básico hasta estar ahora a uno de los más altos en el Ministerio de Hacienda. “Todo se consigue, nunca es tarde, muchísima gente está entrando con esta y todas las edades, y no pasa nada”, comenta.

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2024, que consta de un total de 40.146 plazas, de las que reservará un 10% a personas con discapacidad. "Con esto, triplicamos en los últimos años el aumento anual de plantillas respecto a lo que ocurrió entre el periodo 2012 y 2017", ha afirmado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, que ha recogido Europa Press.

De esta manera, del total de las plazas ofertadas en 2024, 27.360 se destina al turno libre y 12.786 a la promoción interna, lo que supone el "cuarto récord consecutivo". Además, la OEP de este año en la Administración General del Estado (AGE) alcanza las 31.465 plazas, de las que 20.840 son de acceso libre, lo que acelera "la recuperación de empleo público iniciada en 2018 y revierte el proceso paulatino de envejecimiento de las plantillas", según Función Pública.

Otros aspectos de la oferta es que contempla un total de 10.625 plazas de promoción interna en la AGE, impulsa a los habilitados nacionales con 501 plazas de nuevo ingreso y crea 8.440 plazas de turno libre (C1 y C2) para mejorar la atención a los ciudadanos. También incluye 2.520 plazas de turno libre en la Administración de Justicia.

El real decreto de oferta creará 9.102 empleos netos, de los que 4.940 serán plazas adicionales en sectores prioritarios y otras 4.162 más utilizando instrumentos de planificación para dotar de nuevos servicios públicos a la ciudadanía. Dentro de este capítulo se encuentran las 1.098 plazas para Seguridad Social, Base Logística Defensa, Aesia, CNMC, Museo del Prado y Puertos del Estado. Además, se cubrirán las 11.738 bajas de 2023 con nuevos empleados, según informan desde Función Pública.

Por su parte, Escrivá ha confirmado que se han reservado 3.147 plazas para el turno de discapacidad, de las que 629 de son para personas con discapacidad intelectual, un grupo que "siendo de los más vulnerables, (son con los que) es más difícil trabajar en la empleabilidad".

"Las personas con discapacidad intelectual pueden tener acceso al mercado de trabajo y pueden hacer tareas y las pueden hacer muy bien", ha recalcado el titular de Función Pública.

Durante la rueda de prensa, Escrivá ha reconocido que la oferta de empleo público mantiene este año la tasa de reposición, pero que se está trabajando para que el próximo año no forme parte de la OEP, tal y como se comprometió el Gobierno hace unos meses. De esta manera, ha afirmado que la Oferta de Empleo Público de este año no ha podido configurarse con toda la flexibilidad que le hubiera gustado, ya que este 2024 es un año de "transición".

"Todavía este año de transición hemos tenido que funcionar con instrumentos no suficientemente flexible que nos empujan a un foco excesivamente en el corto plazo y a una estructura de recursos humanos que todavía tiene demasiada inercia y que, por tanto, no abunda en lo que debe ser el elemento central del nuevo modelo que es poner el centro a los trabajadores públicos", ha detallado.

No obstante, ha asegurado que durante este año se están desarrollando todas las herramientas para que en 2025 se consiga una oferta de empleo público que también será "muy grande" pero, además, flexible.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha mostrado su rechazo a esta oferta de empleo público porque mantiene la tasa de reposición, reduce la creación de empleo neto y no garantiza la ejecución de los plazos. En concreto, considera que supone un freno a la renovación de las plantillas, ya que reduce en un 6,10% la creación de empleo neto en la Administración del Estado. Además, el sindicato cree que debe valorarse que "en los próximos ocho años se jubilará previsiblemente el 60% de la plantilla".

Ante esta situación, CSIF ha reclamado "desde ya" iniciar la negociación en la parte que afecta a las administraciones públicas, aprovechando que Hacienda ha pedido a los ministerios que hagan sus cuentas para el próximo ejercicio para la elaboración de los Presupuestos Generales de 2025 por la cual.

Por otro lado, CSIF ha denunciado el retraso en los procesos de oferta de empleo público desde 2019, con "cerca de 50.000 plazas sin cubrir", y destaca que el Ministerio de Función Pública ha reconocido que hay miles de plazas que han caducado "por una mala gestión y que no podrán volver a convocarse". El sindicato cree que la oferta de empleo presentada este martes tampoco garantiza los plazos y la convocatoria se puede retrasar hasta 2025.

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta diputados de Vox en el Congreso de los Diputados contra el real decreto impulsado por el Gobierno en 2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

En una nota informativa del TC, recogida por Europa Press, se explica que los diputados de Vox solicitaban que se declarara la inconstitucionalidad de ese decreto al considerar que infringía el artículo 86.1 de la Constitución, por no concurrir la situación de "extraordinaria y urgente necesidad" que justificaría el dictado de esta norma excepcional.

Entendían asimismo que la regulación que contenía vulneraba los limites materiales del decreto-ley al afectar al derecho fundamental previsto en el artículo 23.2 de la Carta Magna.

Pero la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado César Tolosa, descarta que el Real Decreto-ley 14/2021, haya infringido el la Constitución, pues el Gobierno en la memoria de impacto normativo, en la exposición de motivos de la norma y posteriormente en el debate de convalidación, ha satisfecho suficientemente la carga de explicitar y razonar la concurrencia de la situación de extraordinaria y urgente necesidad que le llevó a dictarlo.

Por otra parte, el tribunal aprecia la existencia de una relación de adecuación de las medidas adoptadas y la situación de urgencia a cuya solución sirven. Además, argumenta que del contenido del precepto impugnado resulta que la norma recurrida no lleva a cabo una regulación general del derecho fundamental de acceso a la función pública (art. 23.2 CE), ni de su contenido esencial.

Cabe recordar que este Real Decreto de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el sector público entró en vigor en julio de 2021 tras aprobación en Consejo de Ministros y, según anunciaba el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez, las medidas que contemplaba afectaban a todas las plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020 y que no se hubieran visto incluidas en los procesos de estabilización previstos en los acuerdos para la mejora del empleo público de los años 2017 y 2018.

Según el cálculo del propio Gobierno y gracias a este Real-Decreto, más de 300.000 plazas estructurales ocupadas por interinos se convertirán en fijas antes del 31 de diciembre de 2024 como fecha límite improrrogable.

Indicaban por otro lado que los procesos se desarrollarían a través de concurso-oposición, con una valoración de la fase de concurso, por primera vez en la historia de las ofertas de empleo público, de un 40% en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente.

La norma recogía además que los mecanismos de movilidad o de promoción interna previos de cobertura de plazas son compatibles con los procesos de estabilización. Y para quienes no superen los procesos de estabilización, las convocatorias de estabilización podrán prever su inclusión en bolsas de interinos específicas o su integración en bolsas ya existentes.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la mayor oferta ordinaria de empleo público (OEP) de la historia, compuesta por 39.574 plazas, un 15,8% más respecto a las 34.151 de 2022, de las que 27.246 corresponden al turno libre y 12.328 a la promoción interna.

"La cifra récord se establece por la necesidad objetiva de fortalecer unas plantillas que se debilitaron por años de recortes y por tasas de reposición cero", ha apuntado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Cabe recordar que el año pasado se aprobaron un total de 44.787 plazas, de las que 34.151 plazas correspondían a la oferta ordinaria y otras 10.636 a la oferta de estabilización de personal interino.

Este año, del total de 39.574 plazas, 27.246 corresponden al turno libre y 12.328 a la promoción interna. Dentro del turno libre, 18.621 plazas van ligadas a la reposición de efectivos y 8.625 a empleo neto. Así, la creación de empleo neto se fija en 8.625 plazas, lo que supone el 31,6% de las plazas de turno libre.

El acuerdo para esta oferta de empleo público ha sido firmado por CSIF y UGT, mientras que CCOO se ha negado a suscribirlo por carecer de cifras concretas en el momento de la negociación y porque el documento presentado por el Ejecutivo "no garantiza el servicio público a la ciudadanía".

Del total de plazas de 2023, unas 29.818 plazas corresponden a la Administración General del Estado y de ellas, 19.947 son de libre ingreso y 9.871 de promoción interna. Para la Administración de Justicia se destinarán 1.907 plazas, de las que 1.215 nuevo ingreso.

Para el Cuerpo Nacional de Policía se abren 2.833 plazas, de las que 2.600 son de nuevo ingreso, mientras que para la Guardia Civil se habilitan 2.875 plazas, 2.520 de nuevo ingreso.

Otras plazas incluidas a destacar son 57 para personal docente, 66 para el personal del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) o 236 para personal estatutario de la Red Hospitalaria de la Defensa. Junto a lo anterior, cabe destacar que en el pasado mes de mayo ya se aprobaron 2.141 plazas para las Fuerzas Armadas y la Escala de Oficiales de la Guardia Civil.

También se incluyen 1.025 plazas que corresponden a la Seguridad Social para gestionar el ingreso mínimo vital, 500 plazas en la escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional que fundamentalmente desarrollan su trabajo en la administración local, y otras 2.500 plazas más para entidades gestoras de la Seguridad Social que faciliten la atención presencial y asistencial a la ciudadanía.

También se incluyen 600 puestos para efectivos de los Cuerpos de Sistemas y Tecnologías de la Información (TIC) para profundizar en una transición digital y otras 254 se repartirán entre los entes públicos del sector portuario, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Museo del Prado.

CSIF ha defendido haber acordado con el Gobierno esta oferta de empleo público "sin precedentes", por "responsabilidad" ante el deterioro que han sufrido los servicios públicos en los últimos años.

"Nuestras administraciones estuvieron al límite en pandemia y siguen en una situación muy delicada por falta de personal", han alertado a través de un comunicado.

En la rueda de prensa, Montero ha puesto en valor que, mientras entre 2012 y 2018 se perdieron 124.454 empleos públicos, entre 2018 y 2022 —durante el Gobierno de Pedro Sánchez— se han ganado 169.734 puestos.

Con el objetivo de agilizar los plazos este año, el Ejecutivo ha incluido en la normativa la obligatoriedad de que las convocatorias estén publicadas antes del 31 de diciembre de 2023. "En estos meses que quedan todos y cada uno de los órganos directivos deben tener convocadas sus ofertas de empleo", ha asegurado la ministra, tras señalar que los procesos deben estar culminados antes de que transcurran dos años.

Además, se pretenden impulsar unos procesos selectivos más ágiles y eficaces, con una duración máxima de 9 meses de la fase deoposición y un máximo de 4 pruebas.

También se quiere dar empuje a la profesionalización de los órganos de selección y a la democratización del acceso al empleo público, continuando con la descentralización de las pruebas y posibilidad de convocar con una distribución territorial de plazas.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la mayor oferta de empleo público (OEP) de la historia, compuesta por 44.787 plazas, de las que 34.151 plazas corresponden a la oferta ordinaria, un 12,2% más que en 2021, y 10.636 a la oferta de estabilización de personal interino.

Según ha destacado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta oferta es superior a la de 2021 y casi duplica la de 2017, la última que promovió el Gobierno de Mariano Rajoy, ha recordado Europa Press.

Montero ha asegurado que desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, se han aprobado más de 143.000 plazas en cinco ofertas, "más del doble que las que acordó Rajoy en siete años".

La ministra ha explicado que las 34.151 plazas que componen la oferta ordinaria de empleo público para este año se dividen en 25.471 plazas para la Administración General del Estado (15.880 de ingreso libre y 9.591 de promoción interna); 4.992 plazas para Policía Nacional y Guardia Civil (4.342 de ingreso libre y 650 de promoción interna), y 1.737 para la Administración de Justicia (945 de ingreso libre y 792 de promoción interna).

Por su parte, de las más de 10.600 plazas que componen la oferta de estabilización de personal interino, 4.692 plazas son para la Administración General del Estado y 5.945 para la Administración de Justicia.

Montero ha explicado que el 27,5% de las plazas que integran la OEP de 2022 van dirigidas a la cohesión social y servicios a la ciudadanía; el 19% a economía verde y sostenible y el 14,6% a la transformación digital. Además, el 20% de la oferta libre de la AGE se destinará a perfiles STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

La ministra ha resaltado que la OEP para 2022 es fruto del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos de la Función Pública y "refleja la voluntad del Ejecutivo" de que las Administraciones Públicas dispongan de los recursos necesarios y de estabilidad laboral.

"El Gobierno, dentro de su ADN más íntimo, tiene el de fortalecer las políticas públicas y para eso se necesitan trabajadores y estabilidad laboral", ha subrayado.

Montero ha defendido que, desde que Sánchez es presidente, se ha ido aumentando progresivamente la dotación de personal para "revertir los recortes que práctico el PP con la imposición de una tasa de reposición que ha impedido renovar de forma adecuada el personal que se jubilaba, y que ha dado lugar a un enorme precariedad".

En este sentido, ha recordado que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establece una tasa de reposición del 110% con carácter general, que se eleva al 120% para los servicios esenciales y al 125% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sábado, 27 de abril de 2019. Un rumor permanente rompe por completo la tranquilidad propia del fin de semana en la Politécnica y la Complutense de Madrid. Miles de personas esperan ansiosas, con su documento de identidad en mano, esa llamada que les permita acceder a una de las muchas aulas en las que esperan, después de tanto esfuerzo, poder amarrar su futuro. María Jesús Durán es una de ellas. Trabaja desde 2008 en el Hospital La Paz. Afortunadamente, ya ha dejado atrás aquellos contratos temporales que fue encadenando durante casi una década. Ahora es interina. Disfruta de algo más de estabilidad laboral, sí. Pero es consciente de que no tiene el futuro asegurado. Por eso está, a primera hora de la mañana, frente a esa pequeña puerta, esperando oír su nombre para enfrentarse a la oposición de técnico auxiliar de cuidados de enfermería (TCAE) del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Cuando el reloj aún no ha marcado las diez, el campus queda completamente mudo. Y Durán agarra el cuadernillo de 16 páginas que reposa sobre su pupitre. "En un paciente con desnutrición y riesgo de úlceras por presión, la dieta que debemos aplicar será con un alto contenido en:", reza la primera del centenar de cuestiones que conforman el examen. Poco a poco, va respondiendo las preguntas. Y no sale mal parada de la prueba. Consigue colarse entre las mil mejores notas en un proceso en el que están en liza 4.387 plazas. Con 34,7 puntos, supera la fase de oposición. Siete meses después, se abre la puerta a la presentación de méritos, la segunda parte del proceso. Son los últimos días de noviembre. Y desde China están a punto de llegar noticias sobre un nuevo coronavirus: el Sars-CoV-2.

Han pasado ya dos años y dos meses desde que Durán enviase toda la documentación. Y no ha vuelto a tener noticias del concurso oposición. "Ni siquiera han salido todavía los listados provisionales de esa fase", cuenta la sanitaria al otro lado del teléfono. No es un problema que afecte exclusivamente a su proceso. Ni mucho menos. Decenas de miles de aspirantes llevan dos años esperando a que se resuelva definitivamente el proceso al que se presentaron. En algunos casos, ya conocen los resultados de la prueba de méritos, aunque de momento sean provisionales. En otros, ni siquiera tienen esa lista que permite a los sanitarios ir haciéndose una idea de si tienen o no posibilidades de quedarse con una de las plazas en liza.

En la misma situación que Durán se encuentra, ahora mismo, Víctor Jiménez. Desde que salió de la facultad hace casi una década, la vida de este enfermero se ha resumido en un continuo ir y venir de nuevos destinos y contratos. Se buscó las castañas en Guadalajara. También lo hizo en Barcelona. Y ahora está haciendo una sustitución en un hospital de su Madrid natal. Siempre, por supuesto, con el lastre de una temporalidad sobre sus espaldas que convertía en imposible la construcción de cualquier proyecto vital a largo plazo. Por eso, recibió con ilusión la oposición convocada para cubrir más de cinco millares de plazas de su especialidad en el Sermas. Durante meses, hincó codos y se machacó en la academia, lo que le permitió superar la fase de oposición con un notable.

Pero, de nuevo, el proceso se quedó empantanado en la fase de méritos. El joven, que ahora tiene 33 años, presentó los papeles en enero de 2020. Pocas semanas antes de que el coronavirus frenase en seco medio mundo. Y hasta ahora. "Seguimos en la misma situación, sin noticias de ningún tipo", se queja. Un retraso que, cuenta, la administración achaca a la parálisis que provocó la pandemia. Una explicación que, sin embargo, no convence al sanitario. "El resto de regiones han resuelto ya sus procesos selectivos", resalta. Castilla y León, por ejemplo, hizo pública hace algo más de un año la valoración definitiva de los méritos de los aspirantes. Y en Galicia, los enfermeros que se impusieron en la oposición tienen destino adjudicado desde septiembre de 2020.

En las oposiciones a TCAE son 11.250 los sanitarios que superaron la primera parte y aún están a la espera de conocer la puntuación de la segunda. En las de enfermería, esa cifra se sitúa en los 19.930. Todavía sin resolución definitiva se encuentran, del mismo modo, los procesos para la incorporación de 1.513 celadores y 130 técnicos auxiliares de cuidados de enfermería para el Summa 112. En este último caso, 350 aspirantes están pendientes de la resolución de la fase de méritos. Una valoración que ya se ha producido, sin embargo, en el primero. El pasado verano, el tribunal calificador hizo público el listado provisional de la fase de concurso, la segunda parte del proceso selectivo. En este caso, están a la espera de la resolución definitiva 8.270 personas.

"La propia Dirección General de Recursos Humanos del Sermas se parapeta ante los sindicatos en que no tiene recursos humanos suficientes ni sistemas informáticos que soporten la gestión de estos procesos de oferta pública de empleo y las baremaciones que cada opositor requiere", señalan desde CCOO. El sindicato reclama que parte de los fondos europeos que lleguen a la región se utilicen para contratar, al menos, dos centenares de profesionales de carácter administrativo que den cobertura "a la ingente carga de trabajo" y para renovar el actual sistema informático, que "no tiene suficiente capacidad para desatascar todo el trámite de los procesos". Unas oposiciones necesarias en una región con una temporalidad disparada. A cierre del año pasado, solo un 44% de la plantilla del Servicio Madrileño de Salud era fija.

A pesar de que esta última oposición sigue abierta, el Ejecutivo regional no ha dudado en sacar una nueva convocatoria. Lo hizo el pasado mes de diciembre, a través de una resolución en la que ponía sobre la mesa 657 nuevas plazas. Algo que también se ha hecho con los técnicos auxiliares de cuidados de enfermería. Una convocatoria a la que a Durán no le ha quedado más remedio que presentarse. "Como todavía no sé si estoy dentro o no, porque la de 2018 no hay manera de que la resuelvan y la fase de concurso puede cambiarlo todo aunque tengas buena nota en el examen, me he inscrito en esta", explica. Está molesta. No por el precio de las tasas que va a tener que abonar, que no es elevado. "Lo que me sabe mal es tener que pagarlo por la ineptitud de la administración", dice.

Ahora, con dos niñas a las que atender y un trabajo que le roba parte de la jornada, la TCAE no sabe si meterse o no de nuevo en una academia, que cuando se preparó las anteriores le suponía un desembolso de casi cien euros mensuales. "La incertidumbre es terrible", reflexiona. Es cierto que sacó buena nota en el examen. Y que, probablemente, salga también de la fase de méritos con una puntuación elevada. Pero nunca se sabe. Y mientras espera a que se resuelva su futuro, no huele un solo euro de la carrera, ese plus que el Sermas abona a los sanitarios para reconocer su desarrollo profesional. De cuatro niveles, ella está en el segundo. Le corresponderían, dice, unos 1.500 euros anuales extra. "Pero solo se lo están pagando a los fijos, no a los interinos", explica.

Jiménez, por su parte, sigue moviéndose. "Mientras esto sigue así, me voy presentando en otros sitios", cuenta. Lo hizo en la Comunitat Valenciana. Ahora, señala, está pendiente de Andalucía, donde la nota de corte se situó en un 4,2 y él salió del examen con un 5,7. "Mientras Madrid resuelve una, la administración andaluza va camino de su segunda en el mismo periodo de tiempo", explica. Y tiene también en el punto de mira un proceso selectivo en Castilla-La Mancha. "Si me saco una plaza en otro sitio, me voy. Y, como yo, mucha otra gente", apunta. Lo hace porque ya va siendo hora, dice, de encarrilar su vida. "Con 33 años empiezas a estar harto. ¿Cómo vas a plantearte comprar o alquilar un piso si no sabes si vas a seguir trabajando en Madrid?", señala el enfermero, que sigue viviendo en casa de sus padres.

De algo más de estabilidad laboral disfruta Sergio Fernández. En su caso, lleva como interino desde 2005 en el Centro de Salud Mental de Puente de Vallecas, que corresponde al Hospital Universitario Infanta Leonor. "También sin poder cobrar la carrera profesional, que supondría un incremento salarial de 2.500 euros al año, unos 200 euros al mes", apunta. Fernández no es sanitario, sino auxiliar administrativo. Sin embargo, se encuentra, como el resto, en el limbo por una oposición cuya resolución se eterniza. "Tengo 39 años. En la vida te marcas una serie de objetivos, como comprar una casa o formar una familia, que pasan por tener una seguridad laboral. Por eso esta oposición es tan importante, sobre todo si tienes en cuenta que sale cada muchos años", reflexiona.

Fernández se enfrentó al examen para ocupar una de las 1.747 plazas de administrativistas en el Sermas a comienzos de abril de 2019. Consiguió 26,8 puntos. Luego, cerró la fase de méritos con 44,76 sobre 50. Según sus cálculos, está por el puesto 900. "¡Espero conseguir una!", dice. Pero, por el momento, no son más que especulaciones. Mientras no haya una resolución definitiva, sus planes a largo plazo seguirán en stand by. Y, como los suyos, los de otras 4.825 personas que lograron superar el primer filtro y que llevan más de dos años en vilo.

El Gobierno ha llegado este jueves a un acuerdo con ERC y PNV para que los trabajadores de la Administración Pública con carácter de interinidad con más de cinco años en el mismo puesto consigan una plaza fija, sin necesidad de opositar, mediante un concurso de méritos amparado en el artículo 61.6 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), ha informado Europa Press.

El acuerdo, al que llegaron los grupos de PSOE y Unidas Podemos con ERC y PNV, incluye dos disposiciones adicionales que obligan a las Administraciones a convocar "por el sistema de concurso aquellas plazas de carácter estructural que han estado ocupadas por personal temporal" al menos desde el 1 de enero de 2016, a contar cinco años desde el 31 de diciembre de 2020, han informado fuentes parlamentarias.

Esto supone una rebaja a cinco años tras los diez exigidos inicialmente por el Ministerio de Hacienda para rebajar la temporalidad en la Administración, dejando así la puerta abierta a que puedan consolidar su plaza de forma automática.

Las mismas fuentes han explicado que a los interinos de tres a cinco años se exigirá un "concurso-oposición en los cuales los ejercicios de la fase de oposición pueden no ser eliminatorios", mientras que de cinco años para adelante habrá un concurso de méritos amparado en artículo 61.6 del EBEP. "Las plazas que pueden salir por concurso no están condicionadas a no haber sido previamente convocadas", han añadido.

Por otra parte, el acuerdo también incluye que se extienden "explícitamente" a las sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios del sector público.

Asimismo, se modifica la disposición transitoria que aborda los procesos de 2017 y 2018. "Se sigue hablando de que tienen que estar resueltas antes de 31 de diciembre de 2024 pero se elimina la referencia explícita a que "seguirán ejecutándose con arreglo a las previsiones de las respectivas convocatorias"", han indicado.

El Gobierno ha propuesto subir el salario de los empleados públicos un 2% para 2022 durante la reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas convocada para este martes, según han informado a Europa Press varias fuentes presentes en este encuentro.

El Ejecutivo también ha planteado una tasa ordinaria de reposición de vacantes del 105%, que alcanzaría el 115% en sectores prioritarios y el 120% en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y en la Administración Local. Además, el Gobierno ha trasladado a la Mesa su intención de que la puesta en marcha de nuevos servicios no afecte a la tasa de reposición, según las mismas fuentes.

Presidida por la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, la Mesa General inició su reunión hacia las 9.00 horas de este martes y a ella estaban convocadas las organizaciones sindicales más representativas, así como los directores generales de Función Pública de las comunidades autónomas, representantes de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El aumento del 2% planteado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública coincide con el que inicialmente se introdujo en el presupuesto del Congreso de cara a la subida salarial de los diputados. Sin embargo, la Mesa del Congreso aprobó el pasado 21 de septiembre su Presupuesto para 2022 eliminando por unanimidad la partida de 294.000 euros que había previsto para aumentar en un 2% el salario de los diputados. No obstante, éste sí se aplicará al personal de la institución si finalmente los Presupuestos Generales del Estado de 2022 contemplan esa subida para todos los empleados públicos, como así ha propuesto el Gobierno.

Este incremento salarial del 2% coincide con el objetivo de IPC del Banco Central Europeo (BCE) y supera el 0,9% en el que subieron los sueldos de los funcionarios este año. No obstante, no colma las expectativas sindicales, que reclamaban al Gobierno una subida mayor ante el alza de los precios (el IPC está en un 4%) y el poder adquisitivo perdido por el colectivo desde 2010.

Fuentes de UGT han indicado a Europa Press que no aceptarán ninguna subida salarial que ahonde en la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos. Tampoco CSIF está dispuesto a aceptar esta subida. Fuentes del sindicato han asegurado a Europa Press que este incremento salarial propuesto, además de no compensar la subida de los precios, "no está a la altura y la dedicación" que han mostrado los empleados públicos durante la pandemia.

El sindicato de Miguel Borra quiere que el Gobierno compense a los empleados públicos por la pérdida acumulada de poder adquisitivo desde 2010, por lo que pide que los salarios de los funcionarios crezcan el IPC más "algún punto".

Malestar entre los sindicatos y rechazo al 2%

Los sindicatos están molestos con el Gobierno por las "formas" en las que se ha convocado la Mesa General y se oponen a una subida salarial de sólo el 2%. CCOO ya anunció este lunes que no asistiría a la reunión al considerar esta convocatoria como "una farsa de negociación", pues, según denunció, el Ejecutivo llegará a la cita con "una decisión inamovible" sobre las reivindicaciones de los trabajadores de las Administraciones Públicas. Por su parte, UGT y CSIF, aunque también estaban molestos con las "formas" de la convocatoria de la Mesa, sí han acudido a la reunión, como confirmaron a primera hora de este martes ambos sindicatos a Europa Press.

La subida salarial de los funcionarios se recoge en los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno está intentando ultimar un acuerdo con Unidas Podemos para sacar adelante las cuentas públicas de 2022, que luego necesitarán también del apoyo de más grupos políticos cuando lleguen al Congreso.

La mayor oferta de empleo público de la historia promovida por un Gobierno central en España verá la luz previsiblemente este martes 27 de julio. Se trata de 30.445 plazas destinadas íntegramente a la Administración General del Estado (AGE), "la [convocatoria] más elevada en términos históricos, basada en una Administración más profesionalizada", apuntan en el Ministerio de Función Pública. No obstante, hay un matiz ante la grandilocuencia del anuncio: es la oferta más grande "sin tener en cuenta la oferta creada con Reales Decretos-ley o con procesos de estabilización". Por ejemplo, en marzo de 2019, una oferta previa a las elecciones que vio la luz a través de varios reales decretos lanzó casi 33.800 plazas.

La cifra, un 8,5% más que en 2020 (28.055), fue adelantada por El País el lunes y confirmada a este medio por el ministerio de la también titular de Hacienda. En la convocatoria hay un impulso importante a algunos sectores, como el denominado CTIM (o STEM, en inglés: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas); también a la lucha contra el fraude a través de la Agencia Tributaria o a la consolidación del personal interino en las Administraciones Públicas, una lacra que el actual Ejecutivo ha prometido combatir; en cambio, se ofertarán menos puestos que en 2020 en otros departamento como el de Justicia o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil, Policía Nacional y Ejército). 

infoLibre explica a continuación las líneas básicas de la Oferta Pública de Empleo (OPE) extraordinaria que prevé aprobar el Consejo de Ministros. Los sindicatos rechazaron la propuesta del ministerio a finales de la semana pasada (con algo menos de 20.000 nuevas plazas sin incluir a interinos) y aseguran que prefieren esperar al anuncio para valorar la convocatoria. 

Personal interino

En términos absolutos, las cifras más altas: Función Pública prevé la promoción interna de hasta 9.509 plazas, que en términos porcentuales supone un 5,7% más que los 8.996 puestos de promoción interna lanzados en octubre de 2020, la convocatoria del curso pasado. El asunto de los interinos está precisamente candente: la semana pasada el Gobierno aprobó un decreto de estabilización por solo un voto (170 a 169) que, entre otras cosas, permite a este colectivo consolidar su plaza fija si esta nunca ha salido a concurso durante 10 o más años, además de suprimir el carácter eliminatorio del concurso-oposición, en caso de que no aprueben el examen. Este decreto afecta a todas las Administraciones Públicas, donde la temporalidad es la más alta del país, con una media superior al 25%. Es decir, más que en el sector privado.

Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas

El mayor aumento –en porcentaje– de los nuevos ingresos se da en el sector STEM: 2.924 plazas frente a 2.128 el ejercicio anterior, un 37% más. "Es importante el número, la cantidad de plazas que se plantean, pero también saber qué profesionales queremos seleccionar y qué talento queremos atraer para hacer frente a nuestras necesidades", destacan portavoces del ministerio que dirige María Jesús Montero. E igualmente defienden que la convocatoria "está alineada con el Plan de Recuperación y atiende a las políticas palanca, desde la transformación digital a la inversión en I+D+i". Este último capítulo juega un rol central con los fondos europeos. 

Agencia Tributaria

Con un crecimiento del 20% en los nuevos puestos de la agencia (AEAT, por sus siglas), la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida recibe un impulso notable. De acuerdo con datos de la propia AEAT facilitados a este periódico, la oferta de empleo en 2020 fue de 1.202 plazas para "algo más de 1.450 plazas con el objetivo de avanzar en la actualización del sistema fiscal", destaca El País. 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Se reducen un 5,9% con relación a 2020, pero en números absolutos sigue siendo de las convocatorias más altas: 6.954 plazas que, según Función Pública, se repartirán de la siguiente manera: 1.920 para las Fuerzas Armadas y 5.034 para las FCSE, a distribuir entre Guardia Civil y Policía Nacional. Cómo se dividirán estas últimas plazas es algo que el Gobierno tendrá que despejar. En 2020 se convocaron 7.397 sumando ambas partes. Y en 2019, 7.375 vacantes.

Justicia

Uno de los propósitos de Función Pública con la convocatoria extraordinaria es "modernizar el sistema de Justicia", pero lo anunciado en prensa ("se reservarán algo menos de 1.200 plazas") y confirmado por este medio supone una reducción de plazas respecto a 2020: entonces se lanzaron 1.452, según publicó el propio Ejecutivo en octubre del año pasado. La caída porcentual tendrá que esperar a la cifra definitiva de nuevos puestos para este año. 

Instituciones Penitenciarias

A priori, se mantienen los números, puesto que se asignarán algo más de 1.000 vacantes para el sistema penitenciario. En 2020 se aprobaron 1.063 plazas en Prisiones. 

Otros cuerpos y sectores de la AGE

Permanece la incógnita en el Sepe, el Servicio Público de Empleo Estatal, un servicio que ha atravesado muchos problemas durante la pandemia y que en los últimos meses han abandonado más de un millar de interinos que ejercieron durante lo más duro del covid-19. Función Pública no ha querido adelantar estos datos. Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF estarán muy atentos a todos estos detalles.

El Gobierno prevé aprobar este martes en Consejo de Ministros una Oferta de Empleo Público (OPE) de más de 30.000 plazas, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio que dirige María Jesús Montero.

Esta oferta, adelantada por El País, será la más elevada de su historia. De hecho, estaría por encima de la ofertada en los Presupuestos Generales del Estado de este año, de 28.055 plazas.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha destacado que la oferta de empleo seguiría siendo "insuficiente". "Veremos a ver la oferta que sale publicada finalmente. Si fuese así, seguiría siendo insuficiente", han afirmado fuentes del sindicato a Europa Press.

CSIF ha recordado que hay un déficit estructural de plazas "muy importante" y que, además de las pérdidas de los últimos años, se van a jubilar el 50% de los efectivos.

"Reclamamos una oferta plurianual y que se acabe con la tasa de reposición. Estamos en una situación muy complicada", han destacado, tras señalar que "el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) está muy tensionado y la Seguridad Social también tiene demoras en la gestión de prestaciones". "La Administración General del Estado (AGE) está muy mal y, aunque es una oferta muy grande, se ha perdido mucho en los últimos años", ha añadido.

De igual forma, desde la Federación de Servicios Públicos de UGT, se ve necesario que haya un plan plurianual para hacer frente a la pérdida de empleo de la AGE y para dar respuesta a ciertos servicios que están colapsados, como el SEPE, la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.

La semana pasada, CCOO lamentó que se frenase la negociación de la OPE y señaló que es posible salvar la actual situación de bloqueo con la aprobación de una oferta de empleo público extraordinaria, dirigida a algunos ámbitos en los que peligra la atención directa a la ciudadanía, como son la Seguridad Social, AEAT, Protección Internacional, Instituciones Penitenciarias, Policía o Muface, entre otras.