El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, lleva desde enero en campaña contra los grandes operadores internacionales del comercio electrónico, encarnados en el gigante Amazon. Comenzó el año levantando la voz en el Foro Económico de Davos (Suiza) y a partir de ese momento ha aprovechado cada ocasión en que se le ofrecía una tribuna para reclamar competencia “en igualdad de condiciones” y “reglas homogéneas” de juego para todos. “Los operadores on line no están sujetos a restricciones de horarios comerciales ni de establecimiento, y su fiscalidad no se asemeja al marco en que nos movemos las empresas de distribución tradicionales”, se quejaba Dimas Gimeno en la Cámara de Comercio de Barcelona en marzo.

El mismo discurso repitió un mes más tarde en Madrid ante 200 directivos de la confederación que los agrupa. “No puede ser que nosotros paguemos impuestos cuando ellos no lo hacen, o que no se tenga en cuenta la cantidad de riqueza que generamos en un país”, planteó. Según la clasificación que elabora la feria de comercio electrónico y marketing digital eShow Barcelona, Amazon facturó en España 4.241,1 millones de euros en 2017, mientras que las ventas on line de El Corte Inglés se quedaron en 683,8 millones. Es decir, la compañía de Jeff Bezos multiplica por seis las que hace Dimas Gimeno por internet. Si Amazon consiguió el año pasado 53 millones de pedidos en España, El Corte Inglés sólo gestionó 3,7 millones.

Se entiende, pues, la preocupación por el futuro del presidente del hasta ahora gigante español de la distribución –con el permiso de Mercadona–: la cuota de mercado de los operadores on line alcanza el 5% en España, pero en los próximos tres años se duplicará.  Y en otros países de la UE ya es del 15%, según las previsiones que el propio Dimas Gimeno ofreció en Barcelona.

De ahí también que El Corte Inglés esté cubriendo todos los frentes. Lo mismo ofrece a los pequeños comercios salir a la búsqueda de “puntos en común que permitan consolidar la posición y aumentar la competitividad” de todo el sector, como propone al enemigo una “vía de colaboración” para crear una plataforma europea que agrupe a operadores convencionales y tecnológicos, al estilo de como ha hecho Google con Walmart en Estados Unidos o el mismo Corte Inglés con Samsung para compras con móvil y con Alipay –el sistema de pago de Alibaba– para sus clientes chinos.

Todo el sector se siente amenazado

“El comercio electrónico es la cuestión que más inquieta al sector, sin distinción de formatos”, explica José Guerrero, secretario general de la Confederación Española de Comercio (CEC), que agrupa a 450.000 minoristas. Así que aceptan el puente que les tiende Dimas Gimeno. “Si Anged [la patronal de las mayores cadenas de distribución] nos plantea alguna estrategia común, la analizaremos con ánimo de colaborar”, concede, más allá de la batalla que han mantenido históricamente pequeños y grandes minoristas. La CEC no quiere hacer sangre con sus competidores, aunque reconoce entre dientes que ahora Amazon está aplicando a los grandes distribuidores casi la misma medicina que éstos hicieron tragarse a los pequeños comercios en su día.

Dimas Gimeno se queja de que Amazon puede vender las 24 horas y las tiendas físicas no pueden permanecer abiertas siempre. Hay que recordar que las grandes superficies han conseguido extender la liberalización de los horarios comerciales y la apertura en domingos y festivos, frente a los reparos del pequeño comercio, incapaz de competir manteniendo abiertas las puertas de las tiendas casi los 365 días del año y casi a cualquier hora.

Además, los operadores on line están por encima de las fronteras, venden desde otros países y carecen de tiendas físicas, por lo que no les afectan las restricciones de establecimiento –licencias de apertura, impuestos– que sí sufren las cadenas tradicionales. También las tiendas pequeñas.

Ahora Gimeno hace valer también su “proximidad” al cliente frente a Amazon. “Estamos a menos de dos horas de casi toda la población española”, presume el presidente de El Corte Inglés de sus establecimientos en el centro de las principales ciudades –“Ofrecemos cercanía”–, al tiempo que Anged promete “experiencias de compra” en las tiendas físicas de sus asociados –Carrefour, Ikea, Fnac, Cortefiel, Eroski, Media Market–.

Impuestos mínimos

El presidente de El Corte Inglés también protesta por los impuestos mínimos que paga Amazon. Pese a sus millonarios beneficios, El Corte Inglés disfruta de las mismas exenciones y deducciones que benefician a las mayores compañías en el impuesto de sociedades. En 2016 pagó al fisco 15,48 millones de euros, un 8,7% de sus beneficios. Ese ejercicio ha sido el primero desde 2011 en que la compañía presidida por Dimas Gimeno ha hecho un ingreso a Hacienda por este concepto. Aunque en todo este tiempo no dejó de ganar dinero, el líder nacional de la distribución no tributó por sus beneficios durante cinco años consecutivos, al tiempo que Hacienda le devolvía un total de 343,33 millones de euros gracias a deducciones y compensaciones de pérdidas de años anteriores.

En unas polémicas declaraciones el año pasado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sorprendió a muchos criticando que las grandes empresas tributen en España a un tipo efectivo de sólo el 7%, mientras que las pymes soporten una carga del 18%. Unas cifras que coinciden con las que suele airear el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha).

Claro que, en comparación, Amazon, al igual que otros gigantes tecnológicos transnacionales como Google, Facebook o Apple, pagan aún menos impuestos, y no sólo en España sino también en toda Europa. Tan escandalosamente escasos que Bruselas lleva ya un tiempo empeñada en conseguir que tributen por sus multimillonarios beneficios allí donde se producen. La última propuesta es un impuesto del 3% sobre las ganancias, que apoyan España, Alemania, Francia e Italia. Además, la UE no ha dudado en reclamarle a Amazon los 250 millones de euros en ventajas fiscales ilegales obtenidas por el gigante gracias a los acuerdos que firmó con Luxemburgo. Allí es donde está radicada Amazon EU Sarl. Según destacó la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, esos pactos permiten a la empresa de Bezos pagar cuatro veces menos impuestos que el resto de las empresas.

En España, la empresa declara que en 2017 pagó cuatro millones de euros por el impuesto de sociedades, el triple que un año antes –1,17 millones–. Pero casi cuatro veces menos de lo que abonó en 2016 El Corte Inglés. Lo hizo a través de las cuatro sociedades con que cuenta en el país: Amazon Spain Services, Amazon Spain Fulfillment, Amazon Web Services y Amazon Online Spain. “Amazon paga todos los impuestos que se requieren en cada país donde opera”, explica la compañía. “Los beneficios se han mantenido bajos debido a las fuertes inversiones y al hecho de que el comercio minorista es una actividad altamente competitiva y de bajo margen”, añade en la respuesta que Amazon facilita a este periódico cuando se le pregunta por las declaraciones de Dimas Gimeno durante los últimos meses, la misma que ha venido repitiendo cada vez que un medio de comunicación le ha pedido un comentario. El gigante on line cifra en 500 millones el dinero que ha invertido en España desde 2011, pero no proporciona ni su volumen de facturación ni la cifra de sus “bajos” beneficios.

Precarización laboral

Aunque Gimeno no habló de ellas, Amazon también le ha ganado la partida en la flexibilización, o precarización, de las condiciones de trabajo precarización, de las condiciones de trabajo de sus plantillas. El gigante de Bezos vivió el pasado marzo su primera huelga en España, que los trabajadores estudian extender al resto de Europa. Protestan porque la multinacional quiere aplicarles un convenio colectivo que rebaja sus actuales condiciones. En represalia por la huelga, aseguran los sindicatos convocantes, la empresa se ha deshecho este mes de 100 empleados temporales. Amazon cifra en 1.600 el número de sus trabajadores fijos y en 10.000 los empleos indirectos que genera. Pero no precisa cuántos temporales tiene. Los contrata a través de ETT y encadenan contratos semana tras semana para mover paquetes en sus almacenes. Amazon cuenta con seis centros logísticos en Madrid y Barcelona, así como un centro de desarrollo de software y otro de apoyo a las pymes europeas.

La crisis, que aumentó el paro y, por tanto, hundió el consumo, golpeó también a El Corte Inglés, que reaccionó, junto al resto del sector, recortando las condiciones de trabajo de su plantilla. El convenio del sector aprobado en 2013 congeló salarios, aumentó jornadas laborales, eliminó el pago del trabajo obligatorio en domingos y festivos, redujo comisiones de venta… El malestar se tradujo en una cuantiosa pérdida de plantilla: si se retrotrae hasta 2010 alcanza los 11.000 trabajadores. En 2017 ejecutó un plan de bajas voluntarias que supuso la salida de 1.340 empleados de más de 58 años. Según CCOO, en todo el sector de grandes almacenes la pérdida de trabajadores ha sido de 70.000 personas entre 2013 y 2016.

En este tiempo también ha reducido El Corte Inglés su porcentaje de empleo indefinido, que llegó a ser del 94% en 2012 y 2013, y ahora se encuentra en el 88%. Por el contrario, ha crecido el porcentaje de sus trabajadores a tiempo parcial, que alcanzó un mínimo del 27% en 2009 y en 2014 se elevó hasta el 32% –la empresa ha dejado de publicar los dos últimos ejercicios en su informe de responsabilidad social corporativa el porcentaje de trabajadores a jornada completa–. Atendiendo a la plantilla media con empleo a tiempo completo, ésta se ha recortado en un 9,2% desde 2011 hasta 2016: 8.180 trabajadores menos.Rajoy y Bruselas, al rescate

El caso es que, tras la penúltima intervención de Dimas Gimeno, Mariano Rajoy pareció echarle un capote al sector en plena ofensiva contra Amazon. “Estamos trabajando en el seno de la UE y de la OCDE para tener un marco regulatorio eficaz y justo que se adapte a la era digital. Por ello, nos hemos comprometido a trabajar conjuntamente para que todas las empresas compitan en igualdad de condiciones”, adelantó el presidente en el World Retail Congress en Madrid.

“Los gobiernos y los políticos han sufrido una especie de síndrome de Estocolmo con Amazon, les han abierto las puertas y ahora ven la realidad de lo que significan estos marketplaces [el neologismo con que se conocen las plataformas tecnológicas donde, a modo de mercados virtuales, terceros pueden vender sus productos]”, se queja el dirigente de la CEC. Para José Guerrero, la cantidad que los Presupuestos del Estado dedica al comercio minorista es “ridícula” y “decepcionante”. Para que los pequeños comercios puedan aumentar su actividad en internet, éstos necesitan “más apoyo financiero para inversiones: ayudas, créditos, formación, jornadas de sensibilización…”, puesto que sus dificultades son mayores que las que deben afrontar las grandes cadenas. “Y no tenemos la sensación de que el Gobierno tenga la sensibilidad que sí muestra con el taxi, por ejemplo”, apunta el responsable patronal.

Pero no sólo Rajoy parece estar en sintonía con las demandas de El Corte Inglés, sino también Bruselas. Anged acaba de difundir un informe de la Comisión Europea que, además de pedir una tributación “justa y efectiva” de la economía digital, critica el “impacto negativo” que tiene la “acumulación de regulaciones” sobre el sector y defiende “un entorno empresarial favorable”. Los hábitos de consumo han cambiado y las tiendas físicas tienen muchas más dificultades para adaptarse a ellos por culpa de las “restricciones” que sólo les afectan a ellas, y no a los operadores on line, explica el documento.

Entre ellas, la Comisión Europea cita las licencias de apertura, a veces condicionadas al tamaño del establecimiento o a determinadas zonas de las ciudades, los límites horarios, los calendarios de rebajas y los impuestos a los grandes centros comerciales. Así, España resultar ser el segundo país con más restricciones de funcionamiento para el comercio minorista, sólo por detrás de Francia, y el noveno con mayores limitaciones al establecimiento de nuevos negocios de este tipo. “Muchas de estas restricciones pueden justificarse por objetivos legítimos de las políticas públicas; sin embargo, su acumulación puede levantar barreras desproporcionadas para los nuevos negocios y, por tanto, afectar negativamente a la productividad del sector”, argumenta la Comisión.

El documento, en cualquier caso, también apoya las quejas de los pequeños comerciantes reconociendo los mayores obstáculos que deben superar para digitalizarse: “No siempre adoptan con facilidad las nuevas tecnologías y, en general, tienen menos recursos, menos conocimientos y menos capacidad para diseñar y aplicar cambios estructurales”.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de apoyar la legalidad de los impuestos autonómicos españoles a las grandes superficies. El TJUE ha contestado a la cuestión prejudicial que le planteó el Tribunal Supremo tras impugnar Anged los impuestos de Cataluña, Asturias y Aragón. Según el tribunal europeo, esos gravámenes no vulneran “ni la libertad de establecimiento ni el derecho en materia de ayudas de Estado”, tampoco establecen “ninguna discriminación directa”. Por el contrario, el TJUE considera “innegable que el impacto medioambiental de los establecimientos comerciales depende en gran medida de sus dimensiones”. 

A toda velocidad

“No es una cuestión de peleas entre grandes y pequeños”, responde un portavoz de Anged a infoLibre, “sino de repensar una regulación anacrónica que se diseñó en los años 80 y de crear un marco equiparable para todos”. La patronal de los grandes almacenes calcula que en la última década el sector ha invertido 14.000 millones de euros en digitalizarse. “Si el consumidor compra desde el móvil, el comercio tendrá que estar ahí donde esté el consumidor”, resume.

En la Unión Europea, el 68% de los usuarios de internet –que representan el 81% de la población– compraron on line en 2017on line. De ellos, el 33% compraron a vendedores de otros estados miembros y el 23% de fuera de la UE, indica la Comisión.

Pero, aun sin guerra, será difícil superar intereses contrapuestos. Para empezar, las grandes cadenas pugnan por acabar con las limitaciones a los periodos de rebajas; los pequeños no quieren ni oír hablar de liberalización. “Es una cuestión prioritaria: si queremos mantener la oferta diversificada de que disfrutamos ahora, el modelo equilibrado que tenemos en España, debe haber cierta regulación”, subraya José Guerrero. Pero también reclama una reacción “rápida e inmediata” al desafío del comercio electrónico. “Porque si no, entramos en una dinámica peligrosa”, advierte el secretario general de la CEC, “ya estamos volviendo a cifras de cierre de tiendas asimilables a las del comienzo de la crisis, en 2008 y 2009, cuando en teoría estamos saliendo de ella, y corremos el peligro de terminar con las calles comerciales desiertas”. Según las últimas cifras que ofrece la CEC al respecto, en su memoria de 2016, ese año cerraron 58.365 comercios minoristas, 5.594 más de los que abrieron. En los últimos 12 meses, sólo los comercios más pequeños han perdido ventas, un 2,5%, mientras que las pequeñas cadenas las han aumentado un 2,5%, las grandes cadenas las disparan un 5,4% y las grandes superficies ganan un 2,6% en facturación, según las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). ¿Qué parte de culpa en esas diferencias tiene la competencia on line? Un dato final: el comercio electrónico creció el año pasado a un ritmo del 25%, revelan las estadísticas de Anged; el comercio tradicional no superó el 3,3%.

Cientos de denuncias a la Inspección de Trabajo con sus consiguientes multas y tres sentencias de la Audiencia Nacional después, el Sabadell es el primer banco español que reconoce que sus trabajadores hacen horas extraordinariasSabadell. Que no se les pagan. En concreto, admite que en el primer trimestre de este año su plantilla, 17.000 empleados, ha trabajado 3.047,44 horas de más. Hasta ahora, todas las entidades financieras nacionales negaban la existencia de excesos de jornada. Ni muchas ni pocas, ni retribuidas ni compensadas con horas libres. En sus oficinas no se trabajaba más allá de las ocho horas diarias porque no existía registro alguno que lo acreditara.

Por el contrario, los sindicatos no se han cansado de denunciar ante la Inspección de Trabajo las prolongaciones de jornada en las sucursales: las puertas al cliente se cierran a las dos o dos y media de la tarde, pero dentro la tarea se extiende hasta las seis o las siete de la tarde. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), en el sector financiero se hacen 381.300 horas extras cada semana, un 23,6% más que hace un año y el doble que en diciembre de 2011. De ellas, sólo fueron remuneradas el 5,3%, cuatro veces menos que hace cinco años.

La campaña sindical llegó a la Audiencia Nacional de la mano del Banco Sabadell. CGT presentó un conflicto colectivo en marzo de 2015, al que se adhirió CCOO y que terminó en un acuerdo de conciliación donde la entidad se comprometía a llevar un registro diario de la jornada de todos sus trabajadores y a informar cada mes a sus representantes sindicales de las horas extras. El banco lo incumplió, los sindicatos tuvieron que seguir reclamando ante la Audiencia Nacional y finalmente ésta, el pasado 6 de mayo, falló contra el Sabadell, anulando las instrucciones que limitaban el registro de jornada a los administrativos. Esa sentencia repite la argumentación utilizada en dos demandas posteriores que, sin embargo, se resolvieron antes: las que obligan a Bankia –diciembre de 2015– y a Abanca –febrero de 2016– a registrar jornada y horas extraordinarias.

Sin embargo, ninguna de las entidades condenadas cumplió lo que la Audiencia Nacional les ordenaba. Recurrieron ante el Tribunal Supremo. Así que los sindicatos han tenido que instarles a hacerlo reclamando de nuevo ante la Audiencia Nacional la ejecución de las sentencias. Los bancos solicitaron a continuación una prórroga hasta el próximo mes de octubre para poner en marcha sus sistemas de control horario. Mientras, las denuncias han continuado llegando a la Inspección de Trabajo.

Hasta el momento, pues, sólo el Banco Sabadell ha informado a los representantes sindicales de las horas extras, aunque en un número que a la CGT le parece muy por debajo del real. Según las cifras de la entidad, sus trabajadores sólo prolongan sus jornadas en 25 de las 52 provincias españolas. Y, por ejemplo, en Melilla, donde el Sabadell sólo posee una oficina, se hacen más horas extraordinarias que en Murcia o Valencia, “donde hay más de 100 sucursales”, advierte José Juan Miranzo, responsable del sindicato. En Gipuzkoa o Bizcaia, por el contrario, no se trabaja ni una sola hora de más.

Una hoja de papel que firma el jefe

Según el banco de Josep Oliu, el 80% de las más de 3.000 horas registradas corresponden únicamente a “puntas de trabajo y ausencias de compañeros no sustituidos”, lo que a juicio de la CGT “pone en entredicho los excedentes de plantilla” calculadas por la dirección de la entidad.

En realidad, calcula Miranzo, la plantilla del Sabadell ha dejado de cobrar unos 100 millones de euros anuales por las horas extra realizadas. Y la Seguridad Social ha dejado de ingresar en cotizaciones casi 30 millones de euros.

La ley obliga a las empresas a compensar las horas extraordinarias con horas libres en los cuatro meses siguientes, según el Estatuto de los Trabajadores, un plazo que el Sabadell reduce a tres. Si no se hace, deben pagarse en la nómina, con un recargo del 75% sobre el precio de la hora ordinaria. Sin embargo, la CGT ha comprobado con la plantilla que sólo al 20% de los afectados se les ha compensado el exceso de jornada. El sindicato ha tenido que preguntar a los trabajadores porque el banco se niega a facilitarles información al respecto. Así que le han denunciado de nuevo ante la Inspección de Trabajo en las 25 provincias antes citadas.

En cualquier caso, la CGT desconfía del número de horas ofrecido por el Sabadell porque el sistema de registro tampoco es fiable. No existe un sistema mecánico o informático que acredite la jornada cumplida por cada trabajador. Si prolonga la jornada por encima de las ocho horas, debe rellenar una hoja de papel que firma su jefe. “No todo el mundo se atreve a hacerlo, no está bien visto”, lamenta José Juan Miranzo.

Bankia presenta su sistema de control horario

Como queda dicho ninguna de las entidades condenadas ha implantado aún un sistema de control horario. Tampoco el Santander y el BBVA, que comenzaron a negociar con sus sindicatos tras publicarse las sentencias de la Audiencia Nacional. No obstante, este viernes Bankia presentará a los representantes sindicales los mecanismos de control que tiene pensado introducir. Según han explicado fuentes sindicales, serán tornos en los accesos de los servicios centrales y un sistema informático, en los ordenadores, para las sucursales. El BBVA mantuvo el pasado martes una reunión con los sindicatos para explicarles qué sistema va a instalar.

UGT cifró en su día en 30.000 horas extras ilegales las realizadas por la plantilla del Santander –23.000 empleados– cada día. El banco de Ana Patricia Botín también acumula cientos de reclamaciones sindicales ante la Inspección de Trabajo.

Por ejemplo, fue denunciada por la CGT por las horas extraordinarias realizadas durante cuatro años por los trabajadores de dos sucursales de Barcelona. Ubicadas en centros comerciales, tuvieron hasta enero de 2014 un horario comercial de 10 de la mañana a 10 de la noche. Desde esa fecha, cierran a las ocho y media de la tarde. De forma que algunos de los empleados hicieron más de 600 horas extra al año, cuando la ley prohíbe superar las 80 horas anuales.

Finalmente, en Abanca siguen a la espera de que el Supremo resuelva el recurso de la entidad, mientras no hay semana que su personal trabaje menos de ocho a 10 horas extras y siguen lloviendo las denuncias ante la Inspección, apunta Cloro Montero, secretario nacional de CIG Banca. A su juicio, la culpa hay que echársela al cambio en los sistemas de organización del trabajo impuestos en el sector: se fijan unos objetivos demasiado altos que es imposible alcanzar con un horario normal.

Según CCOO, en toda la banca española se hacen 57 millones de horas extras ilegales, que suponen un ahorro en salarios para las entidades financieras de 8.600 millones de euros. Y una pérdida de cotizaciones para la Seguridad Social de otros 2.300 millones. UGT cifra en 25.249 el número de puestos de trabajo al que equivalen las horas extras ilegales de la banca española.

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, sacó de la chistera el pasado sábado una propuesta que ha causado sorpresa: que la jornada laboral acabe a las seis de la tarde y España cambie de huso horario, de forma que tenga el mismo que Portugal o Reino Unido. Idéntica a la que ya habían formulado el PSOE y Ciudadanos en su programa de gobierno. La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE), que lleva años en España abogando por medidas que favorezcan la conciliación y la eficiencia laborales, ha saludado la iniciativa. Pero reclama que, efectivamente, los responsables políticos pasen de “las generalidades” a las medidas “de fondo”, en palabras de su presidente, José Luis Casero. Por el contrario, el anuncio ha sido recibido con escepticismo por los sindicatos CCOO y UGT, que por una vez coinciden en sus planteamientos con la patronal CEOE: “Los horarios laborales se negocian en los convenios colectivos de cada empresa o de cada sector, sin intervención de la ley”.

Casero asegura que la ARHOE ha explicado sus planteamientos para racionalizar los horarios españoles a los partidos y que todos están de acuerdo. “Hay voluntad [para cambiarlos]”, resume. La asociación propone un “pacto nacional” al que puede adherirse todo el que quiera, pero al que deberían acompañar medidas concretas. Algunas de ellas, negociadas con empresarios y sindicatos. Otras, decididas por el Gobierno. Así, Casero se declara a favor del cambio de huso horario. “Lo primero, que en marzo de 2017 no se cambiara la hora y nos quedáramos con la del meridiano de Greenwich”, plantea, “no sé cómo se puede discutir que España no está en ese huso horario”.

Sin embargo, se discute. Cuando hace ya más de una década el Bloque Nacionalista Galego (BNG) planteó que Galicia tuviera la misma hora que Portugal, la reacción política fue casi unánime: ridiculizar la propuesta. Alberto Núñez Feijóo, entonces en la oposición, acusó a los nacionalistas gallegos de pedir “la autodeterminación horaria” e incluso de “deteriorar la imagen de Galicia”. Y el ministro de Fomento, José Blanco, descalificó la idea como una “chorrada”. En 2008 el Gobierno socialista descartó el cambio con el argumento de que la “tendencia en la UE” es ir hacia un horario común para facilitar las conexiones aéreas y marítimas.

Pero algo debió de cambiar para que en 2013 la Comisión de Igualdad del Congreso aprobara, con los votos del PP, un informe donde se instaba al Gobierno a estudiar el cambio tanto de huso horario como de las jornadas laborales en España.

De los informativos al teletrabajo

José Luis Casero recalca que estas modificaciones “siempre han sido una prioridad”. “Afectan a los derechos fundamentales, a la igualdad del hombre y la mujer, a la conciliación de la vida laboral y familiar, a la productividad y competitividad de la economía…”, se explaya.

Así que, además de adelantar los relojes, la ARHOE pide que se adelanten también los informativos en las televisiones públicas y privadas, así como el prime time, o las hora desde los oficios religiosos hasta los encuentros de la Champions League. También reclama que se incentive el teletrabajo a tiempo parcial, se aumenten los permisos de paternidad y se pongan en marcha los bancos o créditos de horas.

Es lo que acaba de proponer Mariano Rajoy, quien habló incluso de crear un sello o certificado de calidad para las empresas con horario racionales, que obtendrían así beneficios fiscales. Además, quiere aumentar en 10 días más los permisos de paternidad a padres con discapacidad o que tengan hijos discapacitados. El PSOE y Ciudadanos añaden medidas en los centros escolares para ayudar a los padres con sus jornadas de trabajo. Ninguno habla, en cambio, de las horas extraordinarias ilegales, un mal endémico en algunos sectores y de muy difícil control y erradicación por la autoridad laborale.

Liberalización de horarios comerciales

Sin embargo, los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Pepe Álvarez, consideran “cínica” y “electoralista” la idea del presidente del Gobierno. “A Rajoy le sale gratis esa propuesta, está jugando con el electoralismo”, remarca a infoLibre el número dos de CCOO, Ramón Górriz. Debe ser la negociación colectiva la que decida, explica. “Hay sectores que sí podrán concluir sus jornadas a las seis de la tarde y otros que no”, precisa. Aunque también defiende la necesaria conciliación entre vida familiar y laboral. De hecho, Álvarez reprocha a Rajoy que sea precisamente su partido el que ha permitido la “absoluta desregulación” de los horarios comerciales. “Podría empezar por no obligar a los comercios a abrir a cualquier hora y cualquier día”, apuntó. Igualmente le acusan ambos de anunciar esa medida en funciones después de haberla obviado durante toda la legislatura.

Para la CEOE, explica un portavoz, son los representantes de las empresas y de los trabajadores quienes “mejor conocen las necesidades concretas de cada sector o de cada empresa”; por tanto, son ellos quienes deben decidir cómo se organizan. De ahí que la patronal considere que va a ser “difícil encontrar una única regulación”. “Hay muchas realidades y muchas necesidades diferentes”, objetan.

José Luis Casero, no obstante, recuerda que su asociación ya ha firmado un convenio con la patronal, UGT, CCOO y USO para racionalizar horarios. También asegura que la conciliación de la vida familiar y laboral puede aumentar la productividad hasta en un 19%. Y aboga por extender el trabajo a turnos para cubrir actividades que se extiendan las 24 horas. A su juicio, con el cambio de horarios ocurrirá lo mismo que con la Ley Antitabaco: los miedos iniciales darán paso a la normalidad y a la celebración de los nuevos hábitos.

Los ciudadanos de Sao Paulo, en Brasil, pudieron ver antes de Navidad una imagen muy poco frecuente en España: una protesta de trabajadores del Banco Santander a pie de sucursal. Denunciaban a la primera entidad financiera española por acoso moral. Los objetivos comerciales “exagerados y abusivos” impuestos a la plantilla han deteriorado el clima de trabajo y acabado con la salud de algunos de los empleados. En Brasil, el Santander obtiene el 20% de su beneficios, tantos como en Reino Unido y seis puntos más de los que consigue en España. “Presionan a los comerciales para que vendan lo que es invendible”, explican fuentes de UGT. Esas prácticas abusivas, aseguran, no son más que una copia de las habituales en España. También sus consecuencias.

El sindicato denuncia que en el Banco Santander sus trabajadores hacen 30.000 horas extra diarias. Que no se pagan a la plantilla ni cotizan a la Seguridad Social ni tributan por el IRPF. Según el Estatuto de los Trabajadores, son ilegales todas las horas extraordinarias que superen las 80 anuales. La entidad que dirige Ana Patricia Botín no declara hacer ni una sola hora extra. Así que UGT ha presentado más de un centenar de denuncias ante la Inspección de Trabajo, muchas de las cuales han terminado con la correspondiente sanción. Sin embargo, “el banco paga las multas y continúa con las prolongaciones de jornada”, se queja el sindicato.

El Santander ha obtenido 4.361 millones de euros de beneficios en los tres primeros trimestres del año, un 31,7% más que en el mismo periodo de 2013. Las horas extra realizadas por su plantilla en un solo día equivalen a la jornada anual de 18 trabajadores, cuyas nóminas se ahorra la entidad. Según los cálculos de UGT, unos 15.000 de los 23.602 empleados del Santander prolongan sus horarios. “No da tiempo a hacer todo el trabajo de ocho a tres y media, así que lo normal es continuar de cinco a ocho de la tarde, y sin remunerar”, protesta el sindicato. “Es un fraude no sólo al trabajador, sino también a la Seguridad Social y la Hacienda Pública”. infoLibre ha intentado, sin éxito, recabar la opinión del banco sobre la denuncia sindical.

El 77% hace horas extra sin remunerar

Santander es el primer banco de España y uno de los primeros del mundo. Pero, al igual que el resto del sector financiero nacional, ha sufrido una cura de adelgazamiento brutal durante la crisis. Tras la integración con Banesto en 2013, la plantilla se ha reducido en 3.000 personas gracias a un generoso plan de prejubilacionesla plantilla se ha reducido a partir de los 58 años –de los 55 años en Madrid– y a otro de bajas incentivadas. Ha cerrado 900 oficinas en un año. “Han menguado las plantillas, pero no el número de clientes”, advierten las fuentes de UGT. El recorte de personal, sumado a unos objetivos comerciales inalcanzables, destacan, han disparado el número de horas extra. Por otra parte, un mal histórico del sector: “No son necesarias, responden a la cultura del presentismo y de estar disponibles al máximo”.

Ésa es una de las conclusiones de una encuesta elaborada por UGT entre trabajadores de banca. El 77,67% de los preguntados declaraba hacer horas extra. El 40,34% de ellos, por culpa del exceso de trabajo, y otro 34,5%, por presiones de sus superiores. Según un estudio de CCOO sobre el mismo asunto, las horas extra en el sector financiero se han disparado un 47% sólo en el primer trimestre del año respecto a 2013.

CCOO calcula que en toda la banca española se hacen 57 millones de horas extra ilegales, que suponen un ahorro en salarios para las entidades financieras de 8.600 millones de euros. Y una pérdida de cotizaciones para la Seguridad Social de otros 2.300 millones. UGT cifra en 25.249 el número de puestos de trabajo al que equivalen las horas extra ilegales de la banca española. De ellos, se pueden considerar déficit real de plantilla entre 10.000 y 14.600.

Plantillas mermadas por los ERE, ampliación de horario comercial

Desde 2008, el sector financiero ha perdido 63.500 puestos de trabajo y cerrado 12.000 oficinasel sector financiero ha perdido 63.500 puestos de trabajo. Los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) han superado la decena. Entre ellos, destaca el más voluminoso de la crisis, los 4.500 despidos de Bankia. Pero también ha recortado su plantilla en 1.537 personas el Banco Sabadell, y en 2.349 Catalunya Caixa. Novagalicia, hoy Abanca tras su compra por el venezolano Banesco, firmó en 2013 un ERE para 1.850 trabajadores, pero desde la fusión de Caixanova y Caixa Galicia los sucesivos despidos colectivos han dejado la plantilla en la mitad de sus 8.000 empleados iniciales.Caixabank (2.900 trabajadores) y Banco Ceiss (1.230) son otras entidades cuyos ERE han superado el millar de despidos.

Claro que, a continuación, Bankia decidió abrir “oficinas ágiles” para atender a los clientes con horario ininterrumpido hasta las seis de la tarde. Y Abanca acaba de firmar un acuerdo con parte de los sindicatos para abrir sus sucursales en horario de tarde, hasta las siete. Mientras, resaltan las fuentes de UGT, lo habitual en cualquier oficina es encontrar colas de clientes esperando ante el único empleado que atiende la caja, por ejemplo.

Estrés, medicamentos, sin conciliación familiar

No es de extrañar, pues, que hasta el 68% de los trabajadores encuestados por UGT confiesen que padecen estrés. Casi el 75% rechaza los objetivos que les marca la dirección por inalcanzables. Y el 64% ha advertido que la “actitud negativa de los clientes” –por los abusos de la banca, a la que culpan de la crisis, y por las ayudas económicas recibidas por algunas entidades– ha aumentado e influye en su trabajo. El 30% de los empleados culpa a la presión de los jefes de su estrés laboral. Otro 23%, a esos objetivos tan poco creíbles, y un 21%, al excesivo volumen de trabajo. CCOO revela que entre el 15% y el 20% de los empleados de banca se medica de forma habitual. Y por si fuera poco, UGT asegura que los bancos están utilizando el absentismo laboral como motivo para ejecutar despidos disciplinarios y adelgazar aún más las plantillas.

El sindicato precisa que en las horas extra ilegales no incluyen ni las reuniones convocadas fuera de horario ni las horas de formación. Por lo que no es de extrañar que cunda el ejemplo de una trabajadora de Bankia. Convocada por sus jefes a una reunión a las cinco de la tarde, acudió con su hijo de cuatro años y lo sentó en una silla junto a ella, en la misma mesa donde debatía con sus superiores. A la espera de que alguno de ellos captara los perjuicios de su “cultura horaria”.

La patronal de las grandes superficies (Anged) y las mayores ETT auguran la mejor campaña navideña para el comercio de los últimos siete años. Dicen las cadenas líderes que la recuperación ha llegado al consumo, con un aumento de las ventas del 0,6% en lo que va de año, y que en diciembre el alza será del 1%. Traducidos en empleo, esos porcentajes equivaldrán a 38.000 afiliados más a la Seguridad Social.

Adecco y Randstad, dos de las mayores Empresas de Trabajo Temporal del mundo, son mucho más optimistas. La primera predice que la contratación aumentará estas navidades un 10% respecto a 2013, con 110.000 nuevos contratos de noviembre a enero. La cifra es el resultado de aplicar su previsión de crecimiento al número de contratos que firmaron en 2013 las ETT asociadas a la patronal del sector (Asempleo). La segunda dispara el número de contratos hasta 641.000, aunque reduce el alza anual al 2%. Randstad utiliza para hacer sus cuentas la cifra de contratos de puesta a disposición –los que utilizan las ETT– registrados en el Ministerio de Empleo en noviembre y diciembre de 2013 y enero de 2014, de todos los sectores, no sólo del comercio.

CCOO, sin embargo, enfría estas previsiones. Según las cifras de afiliación a la Seguridad Social, la campaña navideña de 2013 acabó con una pérdida neta de empleo en el comercio y la hostelería de 46.650 personas. Porque si en diciembre el número de cotizantes creció en 14.702 personas, en enero se dieron de baja 61.531. Las cifras fueron parecidas, explica el sindicato, en las navidades de 2011 –una pérdida neta de 69.617 afiliados– y de 2012 –66.053 afiliados menos–.

También UGT desconfía. “Grandes cadenas como Decathlon o Carrefour nos dicen que noviembre ha sido un mes muy flojito en ventas, y nosotros mismos no hemos notado ningún repunte en contratación”, advierte Cristina Estévez, secretaria federal de Comercio de UGT.

Además, el último convenio colectivo convenio colectivodel sector, que no sólo ha aumentado las jornadas sino también la distribución irregular de las horas anuales de trabajo, permite a las empresas reducir al mínimo los nuevos contratos. Lo habitual es contratar por días o por campaña. Pero si antes el contrato de navidad se prolongaba de 1 de diciembre a 9 de enero, ahora ha encogido: de 24 de diciembre a 6 de enero, explica Cristina Estévez. Porque son los trabajadores de plantilla los que soportan, con el aumento de sus jornadas, o la concentración de sus días de trabajo, el auge de la actividad comercial. “Como mucho”, concluye, “creemos que se contratarán empaquetadores por horas; es decir puestos muy puntuales”.

Plantillas al mínimo, jornadas al máximo

En efecto, la liberalización de los horarios comerciales, con la apertura en casi todos los domingos y festivos del año en 24 ciudades, y las jornadas hiperflexibles permitidas por el nuevo convenio han cambiado el rostro de las plantillas en las grandes superficies. Si a ello se añaden los recortes salariales –supresión de complementos por trabajar esos festivos y domingos de más, o la rebaja de las comisiones de venta–, se explica por sí sola la pérdida de empleo que ha sufrido el sector durante la crisis. Unos 40.000 trabajadores han abandonado sus empresas desde el primer semestre de 2009 o se han jubilado y no han sido sustituidos, revela Cristina Estévez. El 13% de unas plantillas que en los mejores años del consumo alcanzaron los 310.000 trabajadores.

En El Corte Inglés han dejado sus empleos 3.000 personas en los dos últimos años. En Alcampo, el 10% de sus más de 10.000 empleados han preferido irse debido al deterioro de las condiciones laborales, calcula Raquel Blanco, secretaria de Acción Sindical para el Empleo de la Federación de Servicios de CCOO. También Carrefour ha encogido su plantilla. “Sólo en el centro de Alcobendas [Madrid]”, detalla, “trabajan ahora 100 personas menos; en otros, los comités de empresa que se acaban de elegir se han reducido de 13 a nueve delegados por los recortes de personal”.

En resumen, la burbuja de contratos durante las próximas semanas se posa sobre un sector que no ha dejado de perder músculo laboral durante la crisis. Por ejemplo, Alcampo sólo ha contratado cajeras desde septiembre, y únicamente porque le obligó la Audiencia Nacional en una sentencia del pasado mes de febrero. Hasta entonces estas trabajadoras a tiempo parcial hacían más horas complementarias de las legalmente permitidas. Raquel Blanco recalca que son las únicas contrataciones que ha firmado el hipermercado en cuatro años de caída continuada de la plantilla.

Cristina Estévez, por su parte, recuerda cómo han desaparecido, además, los contratos de fin de semana, que antes firmaban muchos estudiantes. No volverán: son jornadas que han recaído sobre las plantillas habituales, cuyas horas de trabajo se estiran hasta el punto de no respetar ni los días de descanso legalmente establecidos. “De todos los sectores, el de las grandes superficies es el que más ha desregulado la jornada”, resalta.

Empleo muy temporal

En lo que no entran ni las ETT ni la patronal es en el tipo de empleo que va a surgir, y morir, en la campaña navideña. CCOO y UGT coinciden en que será “escaso y muy precario, basado en contratos formalizados por pocos días y a tiempo parcial”. Contratos de un mes que terminarán después de Reyes o, en el mejor de los casos, se prolongarán durante las rebajas de enero, explica Raquel Blanco. No es de extrañar en un sector donde el contrato a tiempo completo, asegura la responsable de CCOO, desapareció ya hace cinco o seis años. El 95% son a tiempo parcial.

“Y nadie se queda”, admite Santos Nogales, secretario de Acción Sindical de la Federación de Comercio de UGT, “te contratan para las navidades y punto”. Todo lo más, “estos trabajadores entran en la rueda de las campañas”, describe Nogales; es decir, pasan a formar parte de las bolsas de empleo de estas grandes empresas. Ninguna de ellas necesita ni quiere acudir a las ETT. Prefieren hacer su propia selección de personal y para ello tiran de sus listas de empleados temporales de otros años, explican los sindicatos. La rotación de trabajadores es tan grande que no les hace falta buscar más allá de sus propios ficheros.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que el Alto Tribunal tumba un recurso de casación interpuesto por Carrefour contra una sentencia dictada por el TSJM. Esta resolución daba la razón a la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO tras impugnar la modificación sustancial de condiciones de trabajo.

En concreto, la empresa cambió el número de días trabajados en domingos y festivos como consecuencia de la ampliación por ley de los horarios comerciales en la Comunidad de Madrid. La sentencia de instancia declaraba no ajustada a derecho esa decisión, ya que esa modificación requería un previo procedimiento de consultas, tal y como establece el Estatuto de los Trabajadores.

De este modo, el tribunal declaró nulas las decisiones empresariales relacionadas con esa modificación del calendario laboral, por haber cambiado el convenio colectivo y haberse llevado a cabo de forma unilateral y sin seguir el procedimiento de descuelgue establecido en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.

La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobará previsiblemente este jueves el informe por el que pide al Gobierno un estudio socioeconómico para conocer en detalle cuál sería la incidencia económica global de un posible cambio de huso horario en España, recuperando la antigua vinculación al huso horario de Greenwich (una hora menos), que además apuesta por las jornadas continuas de trabajo, con una breve pausa para comer, así como que los niños vayan antes al colegio para favorecer la vida personal y laboral.

Fue el pasado jueves cuando la subcomisión o grupo de trabajo del Congreso cerró este estudio con recomendaciones y observaciones al Gobierno para favorecer la racionalización de horarios y la conciliación en España, un texto en el que los diputados han trabajado durante cerca de nueve meses, gracias a la aportación de unos 60 expertos. Posteriormente deberá ser ratificado en Pleno.

Según han informado a Europa Press en fuentes parlamentarias, este informe contará con el respaldo del PP, CiU, UPyD y PNV. El PSOE no lo apoyará (se abstendrá o votará en contra), y además presentará un voto particular porque quieren hacer constar que los recortes en educación, sanidad, atención a la dependencia y servicios sociales inciden directamente con el ejercicio efectivo de los derechos de conciliación y corresponsabilidad, así como denunciar el impacto de la reforma laboral.

Volver al huso horario británico

Así, una de las recomendaciones dirigidas al Gobierno es el cambio de horarios a Greenwich porque, a su juicio, incidiría "favorablemente" en la conciliación de todas las personas, permitiendo disponer de más tiempo para la familia, la formación, la vida personal, el ocio, y evitando tiempos muertos en la jornada laboral diaria.

"Se trata de una tarea compleja, puesto que implica una transformación de nuestros usos y costumbres diarios, pero es innegable que los resultados nos harían converger con Europa en muchos aspectos en los que hoy estamos sumamente alejados, y muy particularmente en productividad, en competitividad, en conciliación y corresponsabilidad", reza el texto.

Es más, sostiene que España vive una situación "anómala" puesto que se encuentra en el huso horario de Europa central, cuando debería estar en el Europeo occidental. "Por esta razón nuestro horario se rige más por el Sol que por el reloj", añade el texto, que también indica que a esta situación hay que unírsele una organización horaria laboral "también singular" y que en nada se parece al resto de Europa.

Los niños más tarde al cole

El trabajo propone también que los escolares empiecen un poco más tarde el colegio y se establezca la jornada partida, dada la imposibilidad de una adecuada conciliación con la divergencia existente entre los horarios laborales y escolares.

El texto constata que la jornada continua no se considera adecuada ni para la conciliación, ni para la igualdad de género, ni para atender las necesidades de los menores. "Es necesario adaptar tanto los horarios, como las vacaciones y el resto del calendario escolar a las jornadas de trabajo", apunta.

"La necesidad de un esfuerzo mayor para ajustarlo y ampliar la oferta de servicios complementarios o extraescolares, como acogida matinal o servicios escolares en vacaciones, es clave para una adecuada conciliación, al menos en el periodo que va del nacimiento hasta los 12 años, edad en la que el menor tiene autonomía", añade.

Permisos parentales igualitarios

Por otro lado, de entre las conclusiones se desprende la necesidad de modificar los actuales permisos de paternidad y maternidad, con el objetivo de favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral e ir encaminado hacia unos permisos parentales iguales e intransferibles, además de ampliar el permiso de paternidad a cuatro semanas.

El informe constata a su vez que el permiso de lactancia debería reformularse puesto que ahora mismo no está funcionando como tal, sino que existe la posibilidad de acumularlo en días adicionales que se anexan al permiso parental.

Otro de los puntos que refleja este informe es que al ampliarse la edad de jubilación de los 65 a los 67 se va a perjudicar fundamentalmente a las mujeres, haciendo que la brecha pensional "sea más elevada", dado que éstas no han seguido "carreras lineales" teniendo que dejar el trabajo en muchas ocasiones por cuidado de hijos o familiares.

Según este informe, la reforma laboral ha sido "objeto de críticas" por varias personas expertas, pero fundamentalmente por la flexibilidad aportada a la empresa. De hecho, señala que, "en ocasiones, distintas intervenciones y posicionamientos en esta Subcomisión han subrayado que la reforma laboral no ha contribuido a la necesaria interrelación y colaboración entre la negociación colectiva y en los Planes de Igualdad".

Horarios comerciales y televisivos

Por otro lado, se solicita un marco de horarios comerciales donde el comerciante y los trabajadores y trabajadoras tengan derecho a conciliar su vida personal, familiar y laboral y que respete el equilibrio entre los distintos formatos comerciales.

Este trabajo elaborado por el Congreso recoge a su vez la necesidad de que las televisiones adelanten los horarios de emisión de los informativos, para conseguir adelantar sus horarios 'prime time', antes de las 23.00 horas, además de que erradiquen los contenidos sexistas y que contribuyan a la perpetuación de estereotipos en el rol de la mujer, fomentar la autoestima y la dignificación de ésta y adoptar las medidas necesarias para la equiparación en la toma de decisiones en aspectos domésticos y familiares del hombre y de la mujer.

Una nueva ley de conciliación

Además, el trabajo de estos diputados y miembros de la Comisión de Igualdad del Congreso destaca la necesidad de que el Ejecutivo elabore una nueva Ley de Conciliación y Corresponsabilidad que profundice en todas estas temáticas y corrija aquellas disfunciones recogidas en el citado informe.

El informe constata la dificultad para conciliar en España actualmente y especialmente la mujer, quien no concibe su realización personal sin la participación en el mercado de trabajo y, de la misma manera, no desea abandonar su carrera profesional en el caso de querer convertirse en madre.

Esta iniciativa, que ha sido puesta en marcha a instancia de PP, PSOE y CiU, esta integrada por tres representantes de cada uno de los grupos parlamentarios con más de cien diputados en la Cámara, dos representantes de cada uno de los grupos con más de diez diputados y un representante de los restantes.

En concreto, entre las medidas acordadas figuran la reducción durante un año del 35% de la retribución variable mensual, la reducción del 50% en el bono de 2013 destinado a mandos intermedios y directivos, el copago del seguro médico y la realización por parte de la empresa de un estudio de adecuación de los horarios comerciales de apertura y cierre para ajustarlos a la afluencia de clientes y ventas.

La compañía había presentado inicialmente a los sindicatos unas medidas de reducción de la jornada y salario del 12% de sus empleados y la eliminación del seguro médico privado.

Según informaron a Europa Press fuentes sindicales, en la tercera reunión ambas partes alcanzaron un acuerdo por el que la cadena francesa no plantearía estas medidas de recortes, así como la eliminación del seguro médico que habían planteado hace unos meses.

"Un éxito"

Por su parte, la compañía gala calificó de "éxito" este acuerdo con los sindicatos. "El objetivo de la negociación ha sido consensuar una serie de medidas que sitúen a la empresa en una posición de alta competitividad contando con las aportaciones de sus trabajadores y que contribuya a soportar el devenir de un año incierto con la clara finalidad de mantener el empleo", informó en un comunicado.

Desde los sindicatos, que ya habían presentado un calendario de huelgas en diferentes centros en España, consideran esta decisión una "buenísima noticia", ya que "lo más importante era mantener el empleo estable" y "las condiciones salariales" de los trabajadores.

Respecto al copago del seguro médico, los sindicatos, conscientes de la "actual situación económica", hicieron propuestas "responsables para mantener los puestos de trabajo", y llegaron a un acuerdo por el que abonarán cerca de 12 euros al mes de su seguro médico, revisable en un año, y con el compromiso verbal de la empresa, que una vez mejore la situación económica, asumirán el 100% del seguro.

El conseller de Empresa y Empleo de la Generalitat de Cataluña, Felip Puig, ha anunciado que el Govern presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el real decreto ley de liberalización del comercio por considerar que invade competencias catalanas.

"Tiene una clara voluntad de uniformización que intentaremos resistir", ha manifestado Puig, quien avanzó que el recurso de inconstitucionalidad se presentará posiblemente la próxima semana, informa Europa Press.

El 1 de febrero, el Gobierno presentó un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos referentes a los horarios comerciales y determinadas actividades de promoción del decreto ley que la Generalitat aprobó para blindar el modelo de comercio catalán ante el real decreto que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó en verano del año pasado.

El 27 de febrero, el TC lo admitió a trámite, por lo que suspendió los artículos recurridos, y ahora la Generalitat paga con la misma moneda con otro recurso de inconstitucionalidad, después de que CiU y ERC presentaran el viernes en el Parlament una proposición de ley de horarios comerciales para salvaguardar el modelo catalán.

La Generalitat defiende que el máximo de horas semanales sean 72 frente a las 90 del Estado, ocho festivos de apertura frente a los 10 del Gobierno, y excluir del horario comercial general los establecimientos de alimentación de hasta 150 metros cuadrados.

Puig ha criticado la falta de voluntad de diálogo del Estado, e insiste en que el Govern seguirá defendiendo "sin desfallecer" el modelo comercial de Cataluña, que considera que va más allá de una actividad económica porque otorga una identificación de país, ha dicho en el Forum Europa.